Sentencia CP-225-15 — Registro 9763
Resumen
En primera instancia se absuelve al imputado por el delito de Asesinato en su Grado de Ejecución de Tentativa, se declara sin lugar el recursi interpuesto por el Ministerio Público.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Se hace en principio necesario resaltar que el acusador público no hace uso de una buena técnica casacional para recurrir el fallo de instancia, adoptando como metodología recursiva transcribir el contenido de lo aportado por los medios de prueba evacuados en juicio, para luego concluir que con esa prueba debió dictarse un fallo condenatorio en lugar de un fallo absolutorio, no está ni por cerca de cumplir con el deber que tiene el recurrente de identificar, explicar y, en definitiva, comprobar el vicio denunciado; así como también la obligación que tiene de demostrar como ese vicio tiene trascendencia en el dictado del fallo absolutorio. El Ministerio Público afirma que de la prueba evacuada en juicio se acreditó sin lugar a dudas, que el señor E. F. M. P. ha tenido participación en el delito de Asesinato y Uso de Material de Guerra, luego de lo cual denuncia la violación a la regla lógica de derivación en su principio de razón suficiente como consecuencia de que tras la valoración de la prueba se emitió una sentencia absolutoria en lugar de una condenatoria, remarcando que con dicha prueba se demostraba la responsabilidad del acusado; el recurrente entonces no hace más que presentar una queja sobre la valoración, no porque plantee una mala construcción del razonamiento judicial, o porque confronte la valoración intelectiva del juzgador con el contenido de la regla citada como infringida, sino porque no está de acuerdo con ella, lo que es un alegato que no es propio para un recurso de casación. No existe en el escrito del recurso identificación de un silogismo judicial, análisis de premisas y demostración de una mala inferencia que termine en una indebida conclusión derivada. No habiéndose presentado de manera adecuada el recurso, esta Sala de lo Penal no tiene ninguna guía de cuáles son los razonamientos judiciales que vulneran el principio alegado, ni el porqué, pues solo se cuenta con el señalamiento de que la sentencia absolutoria es indebida a causa de que existía suficiente carga probatoria para acreditar la participación del acusado E. F. M. P. y la intencionalidad de éste para darle muerte a L. M. S. R. con una granada de fragmentación M-67 de uso militar, más ello no determina cuales fueron las conclusiones valorativas, en cada caso, que fueron indebidamente derivadas y por ende sin correspondencia con determinadas premisas, las que también debieron ser identificadas. Por todo lo anterior, deviene desestimar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo...."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, Numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha dos de abril del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “
SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de abril del año dos mil diecinueve, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha seis de enero de dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, Departamento de Comayagua, mediante la cual falló: Primero: Absolviendo por falta de prueba al justiciable E. F. M. P. como autor responsable penalmente del delito de Asesinato en su Grado de Ejecución de Tentativa en perjuicio de L. M. S. R. Segundo: Absolviendo por falta de prueba al justiciable E. F. M. P. como autor responsable penalmente del delito de Uso de Material de Guerra en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. Tercero: No procede condenar en Costas al Ministerio Público. Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, el Abogado R. A. en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público. Son Partes En Única Instancia: La Abogada Y. M. M. L. Agente Fiscal del Ministerio Público, en su condición de Recurrente y J. H. S. V. Defensor Privado, en su condición de Recurrido. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “Único: En fecha once de enero del año 2011, aproximadamente a las 21 horas de la noche, se encontró un artefacto (granada M67) en el garaje de la propiedad de la señora M. I. R., ubicada en el lugar denominado Calle Empedrada del Barrio San Miguel del Municipio de Marcala, Departamento de La Paz, la que fue detonada el día siguiente.” RECURSO DE CASACIÓN. - MOTIVOS Y ARGUMENTOS “RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: ÚNICO MOTIVO: Que al haber dictado el Juzgador, sentencia absolutoria a favor de E. F. M. lo hizo valorando la prueba inobservando las Reglas de la Sana Crítica. PRECEPTOS AUTORIZANTES: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 3 del Artículo 362 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Al examinar la sentencia ya referida, observamos que adolece de vicio in procedendo, pues infringe el artículo 202 del Código Procesal Penal, que establece: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”, en virtud que el Juzgador al momento de dictar sentencia absolutoria en fecha seis (6) de enero del año dos mil quince (2015), respecto al imputado E. F. M. P. lo hizo vulnerando la Regla Lógica en su Principio de Derivación, en su apartado de Suficiencia, de la manera que a continuación desarrollamos: Para el Sentenciador no existe prueba de cargo suficiente que lleve de manera absoluta a establecer que el señor E. F. M. P. fue la persona que participó en la ejecución de los delitos de Asesinato en su grado de ejecución de Tentativa y uso de material de guerra o que cooperó en la comisión de los mismos con un acto sin el cual no se hubieran efectuado, como darle seguimiento al señor L. M. S. R. y conducir la motocicleta de donde le fue lanzado a este un artefacto militar, consistente en una granada, en el momento en que el ofendido entraba a su casa de habitación; concluyendo el a quo en el último apartado de la fundamentación jurídica del fallo impugnado. De lo anterior cabe citar entonces, que la razón por la cual el Tribunal de Sentencia, absuelve al encartado E. F. M. P. es porque considera que la prueba de cargo es insuficiente para establecer la responsabilidad del acusado. Ante esta premisa, no podemos obviar que el Juzgador posea cierto grado de incipiente valoración fáctica, si éste únicamente se enfoca en “que la prueba de cargo no es suficiente para establecer que el imputado participó en los hechos”; sin embargo, al Juzgador nuestra Norma Adjetiva le manda que debe ir más allá, debiendo revisar y valorar la probanza allegada al juicio en su conjunto y de manera armónica, lo cual en el caso de mérito a criterio del Ministerio Público no sucedió infringiéndose así el requisito de legalidad de la sentencia, lo cual se determina a continuación: Se presentó como prueba de cargo la siguiente: PRUEBA TESTIFICAL. 1-) Declaración de L. M. S. R. (Ofendido); quien manifestó: Que el día once enero del año dos mil once, aproximadamente a las seis de la tarde se encontraban (el diciente con otras personas) jugando en las canchas de “Sigamane” y como a las ocho y diez de la noche vio al acusado en su motocicleta, pero hizo caso omiso y después pasó a los diez minutos despacio y con la visera arriba; siguieron jugando y luego se vinieron para Marcala, pasaron por el Carwash y se bajaron las demás personas que venían con él y como a las ocho con cuarenta y cinco minutos de la noche se trasladó a su casa en compañía del testigo T-5, pero cuando iban por el Hotel Frishman, miró que atrás de él venía el acusado en su motocicleta y tuvo un mal presentimiento, por lo que subió los vidrios del carro y aceleró porque vio que le querían tirar algo y cuando iba entrando por la calle de tierra por la alcaldía le dijo al muchacho que venía con él que abriera el portón, porque los venían siguiendo y cuando metió el carro apagó las luces, pero en el momento en que iban a cerrar el portón, vio que una persona desconocida que venía atrás de la motocicleta conducida por el acusado le lanzó una granada, la cual no explotó y según el ofendido gracias a Dios está vivo, pero que identificó al doctor M. porque lo conoce de tiempo atrás; que en las canchas de Sigamane la luz es amplia, ya que hay un foco directo a la calle; en el momento en que ve al acusado y ocurren los hechos ve al acusado a una distancia de diez metros y que hay suficiente luz en ese lugar; el portón de su casa tenía rendijas en la parte de arriba; ve al Doctor M. en el momento en que cerraba la segunda hoja del portón del su garaje y lo reconoció porque llevaba la visera arriba; el origen de los problemas es porque R. el hijo del acusado habría violado a una muchacha en Tegucigalpa y él era testigo en el caso y por eso comenzaron los problemas, pero no denunció las amenazas porque su familia es tranquila y no querían problemas, pero nunca pensaron que pasaría algo así y después de lo ocurrido salió su madre y su hermano y pusieron en conocimiento a la Policía. (Lo resaltado es nuestro). 2- ) Declaración de TESTIGO PROTEGIDO T-5; quien manifestó que el día de los hechos venían de las canchas de Sigamane y como a las siete u ocho de la noche que acompañaba al ofendido a su casa, éste le dijo que venía una moto atrás del carro, la que pudo observar ya que cuando L. metió el carro y él está terminando de cerrar el portón es cuando les lanzan una granada; L. le dijo que corriera que era una granada, porque él tenía medio abierto el portón; que solo sintió que pasó por el portón hacia la casa donde vivía L.; alguien levantó la mano en la moto y tiró la granada, eran dos personas y L. le dijo que una de ellas era el Doctor M.; la persona que iba atrás de la moto tiró la granada y la motocicleta ya la había visto unas dos veces y recuerda muy bien el día en que ocurrieron los hechos. (Lo resaltado es nuestro). 3.- Declaración de A. E. S. R. (hermano del ofendido, cuya declaración introducida por lectura autorizada); quien dijo que el día martes once de enero del año dos mil once, estaba con su hermano L. en las canchas de Sigamane y como a eso de las ocho y veinte le dijo que ahí iba M. y lo vio que iba en la moto Yamaha, color rojo con negro y logró identificar que era el imputado y le dijo que no se preocupara que lo dejara, pero si le dijo que tuviera cuidado en la calle y se vinieron en el carro para el negocio, los amigos se bajaron ahí y solo se vino con un trabajador (refiriéndose al Testigo Protegido T5) y luego L. le llamó y le dijo que el Doctor M. le acababa de lanzar una granada en el portón de la casa y se fue a ver y observó la granada, por lo que llamaron a la Policía; en el lugar que ve al doctor M. había bastante luz y cuando su hermano le dice que lo ve en la canchas es a las ocho y veinte de la noche (8:20 P.M), salieron de la cancha a las ocho y cuarenta (8:40 PM.) y le avisó lo ocurrido a las ocho con cincuenta y cinco de la noche (8:55). (Lo resaltado es nuestro). 4.- Declaración de M. I. R. (madre del ofendido, cuya declaración fue introducida por lectura); dijo que el día de los hechos su hijo L. le pidió permiso para ir a la cancha y le dijo que iría con A. su hermano y ella le dijo que fuera y ya tenían cerrada la casa y estaba acostada cuando escuchó una bulla y que su hijo L. le gritó y le dijo que saliera rápido y bajó a ver que pasaba y le dijo que le habían tirado una granada y que se la había lanzado el doctor M. y le dijo que si lo había visto en las canchas para Chinacla y luego pasó de nuevo y que estaba seguro que él era; le avisaron a la Policía y a A. su hijo e interpusieron la denuncia. (Lo resaltado es nuestro). 5.- Declaración de E. B. V.(testigo propuesto por la parte defensora) (Policía); manifestó que el día once de enero del año dos mil once, se encontraba patrullando en la ciudad de Marcala, en el departamento de La Paz a las diez de la noche y recibió una llamada de la Guardia para apoyar a la DNIC por una supuesta granada que había en un garaje de una casa, en una calle empedrada, por lo que se hicieron presente y acordonaron el área, luego fueron a la casa del Doctor F. M. quien sin oponer resistencia se subió a la patrulla y que como a las siete o siete treinta de la noche de ese día en que ocurrieron los hechos vio al acusado y a una Licenciada “A. M.” que estaban comiendo en el comedor de doña C. donde comen los policías y que el Doctor le decía que le sirviera de testigo, pero que le había dicho que no, pero que él no podía estar como testigo del Ministerio Público porque él había ido a traer unos policías al comedor indicado y había visto al imputado ahí. (Lo resaltado es nuestro). PRUEBA PERICIAL. 2.- Informe Técnico del Escuadrón Antibombas de las Fuerzas Armadas de Honduras; ratificado por el Teniente de Infantería C. E. A. S. en el que se describe el artefacto como granada de fragmentación mano M-67; fabricación norteamericana; peso de una libra; carga explosiva composición B; diámetro de de 2.5 pulgadas; color verde olivo; tiempo de detonación 4 a 5 segundos y que en el momento de ser lanzada dicha granada solamente le quitaron el seguro principal, quedando el seguro auxiliar semiquitado; se trasladó dicha granada a un lugar seguro para neutralizarla colocando una contra carga explosiva sin quedar evidencia. En Debate el Perito dijo que todo artefacto explosivo es de uso militar; el componente que lleva el explosivo y las especificaciones se maneja en manuales; si la granada explota en un lugar cerrado todas las personas pueden perecer, se supone que tiene fulminante adentro, no puede decirlo porque no se iba a poner a desarmarla, ya que hubiera puesto en peligro al técnico. (Lo resaltado es nuestro). 2.- Informe Técnico del Artefacto del Décimo Batallón de Infantería con sede en Marcala, La Paz; de fecha veinte de enero del año dos mil once; ratificado por el Coronel Gustavo Adolfo Amador Fúnez, en el que igual que en el informe anterior se establece que la granada de fragmentación M-67 es de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas; la granada M-67 con espoleta M213 efectivamente es considerada como material de guerra y cubre un radio de 15 a 360 metros e indicó el Perito en juicio que por la peligrosidad que representa el artefacto el fabricante le puso dos seguros. 3.- Acta de Inspección Ocular (con Álbum fotográfico), de fecha once de enero del año dos mil once, en el lugar donde ocurrieron los hechos, propiedad de la señora M. I. R. (madre del ofendido), en la que se describe un garaje en el que se encuentra un vehículo tipo Pick Up, color azul, marca Isuzu y se observó cerca del portón un objeto explosivo (granada). PRUEBA DOCUMENTAL. 1- ) Certificación de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, en la que se hace constar que la motocicleta marca Yamaha, motor 3C125070, chasis MH33C123894, marca 619 CC 150, es propiedad de R. E. M. V.. 2- Acta de destrucción de granada de fecha doce de enero del año dos mil once; en el que se describe que el artefacto descrito en los peritajes anteriores es efectivamente una granada de fragmentación norteamericana de uso militar tipo M-67, la cual se encontraba en una situación de riesgo, ya que aparentemente se encontraba sin seguro principal y sostenida con un seguro en la espoleta, el cual aparentemente estaba a punto de ceder.- Por recomendación de los especialistas se precedió a levantar el explosivo sin poder obtener la numeración de identificación de la misma, tampoco se podía manipular para posible extracción de huellas. Por su parte la Defensa del acusado presentó los medios de prueba siguientes: TESTIFICAL. 1.- Declaración de R. M. Z. quien manifestó que el día de los hechos se encontraba en su casa de habitación y se sentía mal de salud, por lo que decidió ir a la clínica del imputado entre ocho a ocho y cuarenta de la noche y que el Doctor le tomó la presión y le puso una inyección. 2.- Declaración de M. E. V. dijo que el día de los hechos como a las siete y treinta de la noche fue a la clínica del Doctor M. porque estaba mal de salud, el doctor llegó a la clínica como a las ocho y treinta de la noche acompañado de dos personas un joven y una señora y luego la atendió. 3.- Declaración de E. T. G. V. dijo que el once de enero del año dos mil once se encontraba en la parte de afuera del centro de salud en la caseta, en eso vio que venía la Abogada A. M. y el Doctor M. lo invitó a comer y al llegar al comedor de Doña C. vieron que estaba lleno de policías, él decidió esperar en el carro y se demoraron una hora, luego hicieron otras diligencias y llegaron a la clínica como a las ocho y treinta de la noche. Asimismo el imputado E. F. M. ofreció su declaración en la condición indicada, en la que manifestó lo siguiente: Que el día de los hechos como a las seis treinta de tarde él venía con la abogada A. M. P. de una construcción que se estaba realizando frente al Restaurante El Mirador y tomaron la decisión de ir a cenar al comedor de doña C. e invitó a un muchacho llamado E. para que los acompañara, pero el comedor estaba lleno con bastantes policías, estuvieron como media hora ahí y luego fueron a otro restaurante e hicieron varias diligencias y después se fue a su clínica donde le esperaba una paciente y como a las diez de la noche fue capturado; posteriormente comenzaron aparecer varias amenazas en su perjuicio por las que se interpusieron denuncias en la Dirección Nacional de Investigación Criminal y no se les dio trámite; que él en ningún momento ha amenazado a nadie sino que él es la víctima; en ningún momento se probó el funcionamiento de la granada, no se le tomaron huellas para ver quien la había lanzado y él es inocente de lo que se le está acusando. (Lo resaltado es nuestro). DOCUMENTAL. Constancia de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, donde se indica que aproximadamente hace dos meses se repararon los postes del alumbrado público que iluminan la calle empedrada del mercado municipal; que es la calle contigua a la vivienda del ofendido. INSPECCION JUDICIAL. Inspección en las canchas de Sigamane ubicadas a mano izquierda de la carretera pavimentada, en la que se describe que la visibilidad es muy poca, no hay luz; una vez ubicados al frente se observa un poste de luz con un foco, pero no está funcionando. De lo anterior podemos apreciar que la declaración rendida por el ofendido L. M. S. es congruente es establecer que el día once de enero del año dos mil once aproximadamente a las ocho y diez de la noche, mientras se encontraba en las canchas de Sigamane, en el municipio de Marcala; departamento de La Paz, observó al acusado, conduciéndose en una motocicleta y rondando el lugar; no le dio importancia en ese momento y siguió jugando, luego se vino con su hermano y otros muchachos que andaban con ellos para un Carwash, en el cual se quedaron estos y A. su hermano, pero se vino acompañado por uno de sus trabajadores hacia su casa de habitación y cuando iban por la calle empedrada por el Hotel Frishman observó dos personas que venían en una motocicleta, de las que pudo identificar al Doctor E. F. M. P. quien conducía la misma y es en ese momento que él siente temor, por lo que le dice a su acompañante que abra el portón para introducir rápido el vehículo al garaje de su casa, pero cuando estaban terminando de cerrar el portón la persona que iba de pasajero con el acusado les lanzó una granada y como bien lo indica el ofendido se salvó de milagro; esa acción es corroborada por el dicho del testigo protegido T5, quien manifestó que pudo ver a esas dos personas que se conducían en la motocicleta y que L. le dijo que una de ellas era el imputado; asimismo cuando les lanzan la granada que cayó frente al carro de L., por otra parte con la declaración de A. E. S. R. hermano de la víctima se confirma que el acusado si anduvo siguiendo previamente a L. S. R. ya que el testigo dijo haberlo visto en las canchas de Sigamane cuando su hermano se lo comentó, indicando que le dijo que tuviera cuidado cuando iba para su casa y que el ofendido se fue acompañado de un trabajador de ellos; la madre de los jóvenes, la señora M. I. R. manifestó que sus hijos estaban juntos en las canchas de Sigamane, ya que L. le pidió permiso para ello y le dijo que iría con A. no obstante a que el acusado declarara su inocencia y que los testigos de descargo dijesen que se encontraba en un lugar diferente a los dos escenarios de los hechos, el testigo A. S. fue contundente al decir que como a las ocho y veinte de la noche lo vieron por las canchas de Sigamane y que su hermano le llamó a las ocho con cincuenta y cinco minutos para contarle lo ocurrido; es preciso señalar que como lo indicó él L. S. R. la acción del acusado tiene su motivo en un problema de carácter personal, ya que el ofendido sabía de una acción de violación en perjuicio de una muchacha que éste conocía y en la que estaría vinculado “R.” el hijo del acusado; asimismo la prueba pericial que fue evacuada en juicio consistente en dictamen técnico del Escuadrón Antibombas de las Fuerzas Armadas de Honduras se estableció que el artefacto que fue encontrado en la vivienda del ofendido, como se acredita con la respectiva acta de inspección ocular es una granada de fragmentación M-67, de fabricación norteamericana y el Perito C. E. A. S. dijo que el artefacto explosivo es de uso militar y que al momento de ser lanzado le quitaron el seguro principal, quedando solamente el seguro auxiliar semiquitado, a la vez el Perito G. . A. F. del Décimo Batallón de Infantería con sede en Marcala, La Paz dijo que el radio de acción del artefacto en mención cubre un radio de aproximadamente quince metros en trescientos sesenta grados, con lo cual se puede establecer la intencionalidad del acusado al lanzar con su acompañante el señalado artefacto, ya que como antes se indicó por parte del ofendido milagrosamente el mismo no explotó, pero al encontrarse con el seguro principal quitado y el auxiliar semiquitado no queda duda de que el objetivo no era otro que el de dar muerte a L. S. R. sin embargo las máximas de la experiencia nos orientan a determinar que por la impericia o por la premura y temor a que les explotase a los agresores no se les abrió correctamente el segundo seguro y es lo que impide que el artefacto explote, como bien se indicó en el acta de destrucción del mismo, que solamente estaba siendo sostenida con el segundo seguro en la espoleta, el cual aparentemente estaba a punto de ceder, artefacto que es considerado material de guerra y ante la negativa del sentenciador en reconocer a través de una valoración probatoria ajustada a la sana crítica, específicamente a la característica de suficiencia que conforma el principio de razón suficiente y con ello el postulado de derivación que la persona que participó en los hechos es el acusado, indicando a través de la inspección judicial a instancia de la Defensa del acusado que el foco que tenía el poste que se encontraba en la cancha de Sigamane que el foco era directo y la luz era amplia, de igual forma no obstante a una constancia de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica que indica que se había instalado lámpara a inmediaciones de donde fue lanzado el artefacto, es decir la casa del ofendido, dos meses atrás; carece de relevancia, ya que el ofendido identifica al acusado no solo porque lo ve en esos momentos, sino porque lo conoce previamente y eso hace que le identifique plenamente, lo que contrasta con la valoración probable practicada por el a quo y que está consignada en el numeral primero del acápite de valoración probatoria de la sentencia en estudio. Y No obstante a que el testigo protegido y acompañante del ofendido no refiriese en juicio que la persona que conducía la motocicleta era el acusado, es importante señalar que mencionó haber visto dos personas y que L. le dijo en ese momento que una de ellas era el Doctor E. F. M. como se indicó anteriormente, lo cual aunado a los demás elementos probatorios sindican la responsabilidad de éste; asimismo a través de fallo de fecha 16 de agosto del 2012 (Casación Penal SP 263-2010), la Sala de Lo Penal ha señalado que: “...en prueba indiciaria que, el control de la casación debe efectuarse y ser riguroso comprobando una serie de parámetros exigibles para la aplicación correcta de los mismos, entre ellos; “desde un punto de vista formal: la sentencia debe expresar cuales son los hechos base o indicio acreditados en los cuales se fundamenta para las deducciones o inferencias y debe hacer explícito el razonamiento a través del cual partiendo de los indicios llega a la convicción del hecho punible y la participación del imputado, para poder permitir el control casacional de la correcta racionalidad de la inferencia. Desde un punto de vista material: los indicios deben estar acreditados, ser plurales o muy excepcionalmente uno, pero con una singular potencia acreditativa, ser concomitantes al hecho que se trata de probar y deben interrelacionarse cuando son varios de modo que se refuercen entre si todo a efectos de que la inducción o inferencia sea razonable y se pueda excluir así la posibilidad de ser arbitraria, ilógica o infundada...”. Posición que es respalda en el la Sentencia de Casación Penal 120-08 del 26 de agosto del 2009 al establecer que “... Ciertamente, es válido poder sustentar una sentencia condenatoria con prueba indiciaria, es decir, cuando se está ante la ausencia de prueba directa capaz de destruir la presunción de inocencia inherente a todo y toda ciudadano (a) imputado de un ilícito penal, se puede acudir a la prueba por indicios, teniéndose en cuenta que al indicio se llega a través de testimonios, peritajes, inspecciones y otros medios de prueba con los cuales se acredita la realidad del hecho base concreto, permitiendo a la vez realizar una inferencia determinada, siendo la inferencia la depuración de la prueba indiciaria.” Por todo lo anterior, concluimos que el A quo, en la sentencia vulnera la regla lógica de la Derivación en su apartado de Suficiencia que exige que el proceso intelectivo de valoración de las probanzas se fundamente en una serie de inferencias que se desprendan del contenido de dichas probanzas y cuyo cúmulo indefectiblemente desembocan en una conclusión de absolver o condenar al enjuiciado; pues de la prueba evacuada se desprende que el señor E. F. M. P. fue la persona que vigiló previamente el lugar donde se encontraba el ofendido y lo siguió en una motocicleta en compañía de otra persona, la cual le lanzó a L. S. R. un artefacto explosivo de uso militar, mismo que no tenía el seguro principal y el auxiliar estaba semipuesto, razón por la que no explotó dicho artefacto, poniendo de esta forma en riesgo la vida del ofendido, en virtud de tener un problema personal contra éste; siendo evidente que del andamiaje probatorio se acreditó sin lugar a dudas, que el señor E. F. M. P. ha tenido participación en el delito de ASESINATO y USO DE MATERIAL DE GUERRA, establecido en el artículo 117 numeral 2, en relación al 15, 332 A y 32 del Código Penal. En consecuencia, el Ministerio Público como recurrente es del firme criterio, que se violentaron en todos sus alcances las reglas de la Sana Crítica que debe observar el juzgador al momento de valorar la prueba antes señalada, tal y como lo expresa él artículo 202 del Código Procesal Penal, dejando de lado la valoración de prueba de una manera armónica y concatenada, pues se dedica a efectuar apreciaciones que se encuentran fuera del marco legal, ya que las declaraciones de los testigos fueron complementarias entre sí en relación a establecer la participación del acusado en los hechos; no habiéndose reclamado previamente este vicio, pues se produce en el acto de la sentencia.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma Interpuesto por el Ministerio Público. - Único Motivo. • Normas Autorizantes Citadas: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. • Normas Procesales que se denuncian Infringidas Citadas: Artículo 202 de Código Procesal Penal. • Concepto de la Infracción Expuesto: Al haber dictado el Juzgador, sentencia absolutoria a favor de E. F. M., lo hizo valorando la prueba, inobservando las reglas de la sana crítica. • Acciones de Saneamiento o Subsanación del Vicio Denunciado: No habiendo reclamado previamente, pues se produce en el acto de la sentencia; • Pretensión: Sin determinar por el recurrente. El Censor, luego de transcribir el contenido de los medios de prueba evacuados en juicio, denuncia la infracción a la regla lógica de derivación en su postulado de razón suficiente, por considerar que con el andamiaje probatorio se puede apreciar que la declaración del ofendido L. M. S. R. es congruente, que lo confirma la declaración de A. E. S. R. que con la prueba pericial consistente en dictamen técnico del Escuadrón Antibombas de las Fuerzas Armadas de Honduras, se estable que el artefacto encontrado en la vivienda del ofendido es una granada de fragmentación M-67 de uso militar, que al momento de ser lanzado le quitaron el seguro principal, quedando solamente el seguro auxiliar, el cual tiene un radio de acción aproximadamente de quince metros en trescientos sesenta grados con lo cual, a criterio del Censor, se puede establecer la intencionalidad del acusado era más que darle muerte a L. S. R. pero debido a la impericia o por la premura y temor a que les explotara a los agresores no se les abrió el segundo seguro; concluye el Recurrente que de la prueba evacuada se acreditó sin lugar a dudas, que el señor E. F. M. P. ha tenido participación en el delito de Asesinato y Uso de Material de Guerra. De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los Jueces de Sentencia para la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de la Sana Crítica en la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia de convicción de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal); De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia. Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos por qué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología. Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las Reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica. La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del Juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Que exige que toda noción empleada en el razonamiento debe tener una sola y única significación en el todo contextualizado, es decir: una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí: una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento debe provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero, además, la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia. ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes; o iv. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleve a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí. 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella. 3. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles. 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la Procedencia del Recurso El Recurso no es de RECIBO. - Se hace en principio necesario resaltar que el acusador público no hace uso de una buena técnica casacional para recurrir el fallo de instancia, adoptando como metodología recursiva transcribir el contenido de lo aportado por los medios de prueba evacuados en juicio, para luego concluir que con esa prueba debió dictarse un fallo condenatorio en lugar de un fallo absolutorio, no está ni por cerca de cumplir con el deber que tiene el recurrente de identificar, explicar y, en definitiva, comprobar el vicio denunciado; así como también la obligación que tiene de demostrar como ese vicio tiene trascendencia en el dictado del fallo absolutorio. El Ministerio Público afirma que de la prueba evacuada en juicio se acreditó sin lugar a dudas, que el señor E. F. M. P. ha tenido participación en el delito de Asesinato y Uso de Material de Guerra, luego de lo cual denuncia la violación a la regla lógica de derivación en su principio de razón suficiente como consecuencia de que tras la valoración de la prueba se emitió una sentencia absolutoria en lugar de una condenatoria, remarcando que con dicha prueba se demostraba la responsabilidad del acusado; el recurrente entonces no hace más que presentar una queja sobre la valoración, no porque plantee una mala construcción del razonamiento judicial, o porque confronte la valoración intelectiva del juzgador con el contenido de la regla citada como infringida, sino porque no está de acuerdo con ella, lo que es un alegato que no es propio para un recurso de casación. No existe en el escrito del recurso identificación de un silogismo judicial, análisis de premisas y demostración de una mala inferencia que termine en una indebida conclusión derivada. No habiéndose presentado de manera adecuada el recurso, esta Sala de lo Penal no tiene ninguna guía de cuáles son los razonamientos judiciales que vulneran el principio alegado, ni el porqué, pues solo se cuenta con el señalamiento de que la sentencia absolutoria es indebida a causa de que existía suficiente carga probatoria para acreditar la participación del acusado E. F. M. P. y la intencionalidad de éste para darle muerte a L. M. S. R. con una granada de fragmentación M-67 de uso militar, más ello no determina cuales fueron las conclusiones valorativas, en cada caso, que fueron indebidamente derivadas y por ende sin correspondencia con determinadas premisas, las que también debieron ser identificadas. Por todo lo anterior, deviene desestimar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo. DECISIÓN No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 362 numeral 3 del Código Procesal Penal Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por el Abogado R. A. en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público.- Segundo: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha seis de enero de dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, Departamento de Comayagua, que contiene el pronunciamiento absolutorio a favor del señor E. F. M. P. por suponerlo responsable penalmente del delito de Asesinato en su Grado de Ejecución de Tentativa en perjuicio de L. M. S. R. y del delito de Uso de Material de Guerra en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras..- Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de julio del año dos mil diecinueve. Certificación de la Sentencia de fecha dos de abril del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-225-2015.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
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