Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CP-224-16 — Registro 9684

Resumen

En primera instancia se condeno al imputado por el delito de homicidio.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...En el presente caso, el Tribunal de Sentencia deriva que el acusado S.A.R.I., es la persona responsable de dar muerte al señor R. L. E., basado en la declaración testifical del testigo protegido B, mismo que manifestó no presenciar cuando le dispararon al señor R.L.E., lo que hace que el pronunciamiento condenatorio sea dubitativo, no categórico, ni tampoco necesario, debiendo por tanto declararse ha lugar el recurso de casación por infracción de precepto constitucional en su único motivo interpuesto por la defensa pública.Se afirma que hay prueba suficiente para acreditar la muerte violenta del señor R. L. E.; más para acreditar la participación del acusado S.A. R. I. a título de autor, el Tribunal de Sentencia formó su convicción de culpabilidad a partir de la declaración del testigo protegido B, emplea un discurso deficiente de logicidad para alcanzar tal convicción. No se trata, en todo caso, de hacer una evaluación cuantitativa para acreditar la participación del acusado en los hechos objetos de juzgamiento, se trata de hacer una evaluación cualitativa, pues lo importante es que la prueba permita la construcción de un silogismo categórico y necesario, por mostrar una verdad única donde el acusado se vea necesariamente como la persona responsable del delito, sin la posibilidad que al mismo tiempo admita verdades alternas, siendo éste el contenido del concepto de la suficiencia probatoria (Sentencia de la Sala de lo Penal de fecha 18 de septiembre de 2018, recaída en el expediente SP 480-2014).Cuando de infracción al estado de inocencia se trata, debe examinarse que exista prueba de cargo válida, suficiente, debidamente razonada y motivada. De no existir alguna de estas exigencias se quebranta indebidamente dicho estado constitucional. En el presente caso ha ocurrido así, pues el Tribunal de Sentencia no precisa de suficiente actividad probatoria para hacer la afirmación fáctica contenida en su sentencia; no hubo recolección del arma de fuego con la cual se lesionó el bien jurídico protegido, no existió declaración por parte de las cuatro mujeres que alertaron al hoy occiso R. L.E. no existió, en definitiva, una eficiente investigación. Igualmente cabe destacar que la sentencia se funda en elementos probatorios de carácter pericial como ser el dictamen de autopsia número 1839-2013, realizado al cuerpo de R. L. E., ratificado en juicio por el Dr. R. M. G., que no constituye por sí solo, prueba de cargo suficiente e idónea para establecer inequívocamente la ejecución por parte del imputado de la conducta típica regulada en el artículo 116 del Código Penal. Adicionalmente, se determina que también existe otra exigencia del estado material de inocencia conculcada, y es que el Tribunal de Sentencia no se dio a la tarea de elaborar un discurso valorativo razonable para considerar la condena, afirmando escuetamente que a partir de los testimonios se puede adjudicar la participación del acusado en los hechos. A partir de lo expuesto, esta Sala de lo Penal no puede adverar el fallo condenatorio, pues se constata que existe una deficiente actividad probatoria de cargo para hacer la afirmación fáctica contenida en los hechos probados de la sentencia y también porque existe un deficiente discurso argumentativo por parte del sentenciador para sustentar el veredicto condenatorio; por consiguiente, corresponde dictar en su lugar un fallo absolutorio al considerar la infracción al estado material de inocencia en su vertiente de suficiencia probatoria..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha treinta y uno de octubre del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta y un días del mes de octubre del año dos mil diecinueve, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de Coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el expediente SP 224-2016, conociendo del recurso de casación por infracción del precepto constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha quince de enero del año dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, mediante la cual falló: Primero: Condenar al señor S.A. R.I., como autor del delito de homicidio, en perjuicio de R. L. E., a la pena de dieciséis años de reclusión. Segundo: Condenar al señor S. A. R. I., a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la pena principal. Tercero: Declarar al condenado S. A. R. I., responsable civilmente de la compensación e indemnización de los daños y perjuicios causados por el delito. Cuarto: No procede condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Interpuso el recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, la Abogada X. P., actuando en su condición de defensora pública. Son partes en única instancia: Los Abogados A. R. P. y A. A.G., defensores públicos, como recurrentes; y, la Abogada M. E. G., fiscal del Ministerio Público, como recurrida. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA“Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, de acuerdo a los criterios de la sana crítica, este Tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: ÚNICO: El siete (07) de octubre del año dos mil trece, a eso de las seis de la tarde, se encontraba el señor R. L.E., realizando sus labores como jefe de vigilancia en la Colonia Villa Olímpica de la Ciudad de Tegucigalpa, cuando venía saliendo por la calle principal le salieron cuatro mujeres que le alertaron que varios individuos estaban asaltando el mercadito Martínez de la misma Colonia, por lo que se dirigió al lugar, a cumplir como su deber, encontrándose en el lugar a varios individuos entre ellos S. A. R. I., quien le disparó en cuatro ocasiones, las que impactaron en diferentes partes del cuerpo que le provocaron la muerte inmediata.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOSLa parte recurrente, Abogada X. P., defensora pública, procedió a formalizar su recurso de casación por infracción de precepto constitucional de la manera siguiente: “EXPRESIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN POR PRECEPTO CONSTITUCIONAL. MOTIVO ÚNICO: Infracción de los Preceptos Constitucionales contenidos en los artículos 89, 90 en relación con los artículos 1,2 y 202 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal EXPOSICIÓN DEL MOTIVO PRIMERO: Las normas que ha violentado gravemente el Juzgador, son los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República que dicen: Artículo 89. “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”. Artículo 90: “Nadie puede ser Juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece “Estas normas Constitucionales en relación a lo que establecen los artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal que dice: Artículo 1. “Juicio Previo: Ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haberse probado los hechos en un juicio oral y público llevado a cabo conforme los principios establecidos en la Constitución de la República, los tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte y el presente código y con respeto estricto de los derechos del imputado”. Artículo 2. “Estado de inocencia. Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente de conformidad con las normas de este código…”. SEGUNDO: El Juzgador al dictar sentencia condenatoria en contra el señor S. A. R. I., a quien se le sigue proceso por el Delito de HOMICIDO en perjuicio del R. L.E., infringe gravemente los fundamentales derechos referidos en el numeral anterior, afectando con ello la presunción de inocencia y al debido proceso que le asisten al imputado por mandato Constitucional, porque el ente acusador no obstante estar obligado a demostrar, fuera de toda duda, la imputación en contra del señor S.A. R. I. ,produjo un mínimo de actividad probatoria. TERCERO: En el presente caso, la probanza utilizada para declarar el cuadro fáctico de la sentencia se extrajo de la prueba de cargo, como ser la declaración del TESTIGO PROTEGIDO B, que manifiesta que vio al acusado con pistola en mano instantes después de haber escuchado los disparos en el lugar donde fue encontrado el occiso, Y las policías T. I. C., M.D. C. siendo testigos de referencia, porque todo lo que relataron es lo que manifestó el testigo protegido B, y que es la única fuente informativa que aportó el Ministerio Público, esta prueba de cargo traída a juicio, resulta insuficiente e incompleta y no certera para inculpar a mi representado de la acusación que se le imputa, pues no aporta nada, pues no existe en el presente juicio pruebas periciales, pruebas fundamentales que hubieran aportado elementos suficientes para esclarecer el hecho que se investiga. O sea que en el juicio penal no basta solamente la obtención de la sentencia condenatoria desde el punto de vista formal, para lograr el quebrantamiento del Estado de inocencia del imputado, sino que durante el proceso deben satisfacerse unas condiciones mínimas de juzgamiento que garanticen que esa sentencia condenatoria está legitimada. Algunas de las manifestaciones del presente principio o sea el Estado de inocencia consiste en: a) Que a la acusación le corresponde, mediante presentación de pruebas, demostrar culpabilidad del imputado, lo que implica que el acusado no está obligado a probar su inocencia, b) la obligación en el órgano jurisdiccional de absolver, cuando no se haya probado culpabilidad del imputado, de ello se sigue que se debe absolver en caso de duda, o cuando los hechos no hayan quedado suficientemente probados, y c) Certeza de culpabilidad, que las pruebas del proceso se hayan recibido con las debidas garantías. Así que en el presente caso además de la falencia probatoria mostrada en la sentencia sobre la prueba de cargo analizada, no se encuentra respaldo probatorio en sí mismo, ni en los restantes medios de prueba, evacuados en el juicio. Si se observa el testigo protegido no vio disparar a mi representado, lo que él vio fue que éste andaba con un arma, con estos medios de prueba lo único que se acredita es que efectivamente resultó una persona muerta, pero en ningún momento que haya sido mi representado. CUARTO: De lo antes expuesto y que siendo que es en el juicio oral y público donde los medios de prueba de cargo deben dotar al Tribunal de sentencia de la certeza de la existencia de un hecho, dentro del cual se enmarquen todos los elementos de tipificación legal de un delito, así como la participación del acusado, si esto no se logra con la práctica de dicha prueba solamente procede dictar sentencia absolutoria, porque no existe prueba de cargo válida para condenar al imputado. El derecho fundamental a la presunción de inocencia, además de encontrarse reconocido en nuestra Constitución y normas legales secundarias, también lo está en instrumentos jurídicos internacionales suscritos por el Estado de Honduras, como son entre otras, la Declaración Universal de los Derechos Humanos art. 11.1, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 19 de diciembre de 1966 (art. 14.2). De todo lo anterior, concluyo que en el presente caso el Ministerio Público no presentó elementos probatorios suficientes y contundentes o pruebas de cargo válidas, para lograr enervar el estado de inocencia de mí representado, por lo que solicitamos se case la sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa penal citada.”FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de casación por infracción de precepto constitucional.El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior.[1] En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe de seleccionar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial.Recurso de casación por infracción de precepto constitucional. Único Motivo. *Precepto Autorizante: 361 del Código Procesal Penal. *Normas constitucionales que se denuncian infringidas: 89 y 90 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal. *Concepto de la Infracción: Violación al estado de inocencia y al debido proceso; *Pretensión: declarar la absolución del acusado por el delito de homicidio simple. La defensa pública denuncia la infracción al estado material de inocencia y al debido proceso, contenidos respectivamente en los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República. Argumenta que no existe suficiente prueba de signo incriminatorio para acreditar la responsabilidad penal de S.A. R. I. F., en el delito de homicidio simple en perjuicio de R. L. E.; asimismo, refiere, que el Tribunal de Sentencia se fundamentó únicamente en la declaración del testigo protegido B, y la de las agentes de policía T.I.C. y M. D. C., para dar por acreditada la culpabilidad de su representado, prueba que resulta insuficiente pues no existe prueba pericial que la corrobore. Del estado material de inocencia.El principio al estado de inocencia, proclamado y reconocido por la Constitución de la República en su artículo 89 establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente; este principio constituye una regla de juicio, pues opera en el ámbito de la jurisdicción penal, endosando el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías; por su importancia, tal principio ha sido plasmado en el Estatuto de Roma, que establece la necesidad de que los Magistrados de la Corte Penal Internacional estén convencidos, más allá de toda duda razonable, de la culpabilidad que se imputa para dictar una sentencia condenatoria (Artículo 66.3 del Estatuto de Roma). De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de delito será válida, sin infracción del derecho al estado de inocencia, cuando se sustente en al menos una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar certeza de la culpabilidad del acusado o acusada. El principio de inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. (Ver al respecto el fallo de fecha 04 de octubre del 2005 en Exp. 2597-2004 de la Sala de lo Penal). El principio de inocencia está íntimamente relacionado con el debido proceso probatorio: El proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad; para el pronunciamiento de la sentencia condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al juzgador, sin vacilaciones y sin dudas establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable.En el informe No. 50/00 del caso 11,298 del 13 de abril de 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha señalado que: “118 […] De todas las garantías judiciales propias del ámbito penal, la más elemental es, quizás, la presunción de inocencia […].”;por su parte este Tribunal de Casación en fallo de fecha 14 de mayo del 2007 del expediente 312-2006, declaró que el estado de inocencia “… es un estado inherente a la persona humana …”, este derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art.14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8.2), además es norma pilar de la Constitución de la República (Art. 89 Superior) que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (Arts. 1 y 2 CPP), y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto sino se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la Sentencia de fecha 01 de septiembre de 2011, dictada con ocasión del caso López Mendoza vs. Venezuela ha indicado:“128.- En el ámbito penal esta Corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales. La presunción de inocencia implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probando corresponde a quien acusa. Así, la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado. Además, la falta de prueba plena de la responsabilidad en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de presunción de inocencia, el cual es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho de defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme […].”.Es de considerar además que esta Sala de lo Penal ha señalado en sentencia del 30 de mayo de 2011, en el expediente 304-2010:“La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.” .En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal tendrá la tarea de verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que aunque mínima, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el tribunal de sentencia según las reglas de la sana crítica, así pues en casación se deberá de examinar (Ver al respecto el fallo de fecha 05 de abril del 2011, en el Exp. 042-2009 de la Sala de lo Penal): a) Licitud de la prueba: Si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos; b) Debido proceso probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; Incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal; c) Debida motivación: Si las conclusiones probatorias del Tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad; d) Debido razonamiento probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada; y e) Suficiente carga probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación en el hecho del acusado y su grado de culpabilidad en ellos.Al respecto la Corte IDH en sentencia de fecha 26 de noviembre de 2010, en el caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, determinó que:“183. Asimismo, el Tribunal ha sostenido que tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención, dicho principio exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla. Así, la falta de prueba plena de la responsabilidad penal en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de inocencia, […].”.Del debido proceso legalLa garantía genérica del debido proceso, invocada por el censor como aquélla que ha inobservada por el Tribunal de Sentencia, se encuentra regulada en los artículos 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República; el debido proceso legal refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (con independencia de su naturaleza).La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Informe No. 1/95 de fecha 07 de febrero de 1995, del caso 11,006, referente al proceso de Alan García vs. Perú, indicó: “El artículo 8 de la Convención Americana en su inciso primero establece que toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra. Así mismo, el mencionado artículo en su inciso segundo prevé que durante el trámite del proceso toda persona tiene derecho a que se respeten ciertas garantías mínimas. La enumeración contenida en esta cláusula ha sido interpretada como una nómina de garantías mínimas no taxativas. De este modo, se ha considerado que existen otras garantías reconocidas en el derecho interno de los Estados que, si bien no están incluidas explícitamente en el texto de la Convención, igualmente se encuentran amparadas por el contenido amplio del inciso 1 del artículo 8 de la Convención” .La garantía del debido proceso legal más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez o jueza natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que éste juez o jueza además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues los llamados principios procesales o principios informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento; entre estas encontramos: 1. Prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; 2. Derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; 3. Derecho a un juez predeterminado por la ley; 4. Derecho a la imparcialidad e independencia del juez; 5. Derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; 6. Derecho a la igualdad de armas procesales; 7. Derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas; 8. Respeto al principio de presunción de inocencia; 9. Posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; 10. Derecho a ser oído en un plazo razonable; 11. Deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; 12. Derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; 13. Derecho a una justicia gratuita; y en fin, el derecho a un debido proceso exige la materialización del principio de legalidad. La CIDH, en su informe No. 30/97 del caso 10,087 de fecha 30 de septiembre de 1997, referente a Gustavo Carranza, Argentina, indicó: “67. El artículo 8 de la Convención Americana impone la existencia de “debidas garantías” durante el proceso de determinación de derechos […] En efecto, el mencionado artículo no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales. Este artículo reconoce el llamado “Debido proceso legal” que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.” .Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en sentencia de 02 de febrero de 2001, en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, afirmó que: “Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto “sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, deben respetar el debido proceso legal.”. El debido proceso legal se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero de cómo debe de substanciarse la etapa de juicio y en particular el debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. Con conclusión la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado. De la procedencia del recurso. El recurso es de recibo. Previamente debemos recordar que el derecho al estado de inocencia se configura como una regla de juicio y desde la perspectiva constitucional, como el derecho a no ser condenado sin prueba de cargo válida, lo que implica que exista una mínima actividad probatoria, realizada con las garantías necesarias, referida a todos los elementos esenciales del delito y que de la misma se infiera razonablemente los hechos y la participación del acusado en ellos. De modo que, se vulnerará el estado material de inocencia, cuando no haya prueba de cargo válida, es decir, cuando el juzgador haya valorado una actividad probatoria lesiva de derechos fundamentales o lesiva de garantías, o cuando el resultado de dicha valoración no sea debidamente motivado, o cuando por ilógico o insuficiente no sea razonable el discurso que conduce de la prueba al hecho probado de la sentencia. También ha sido criterio consolidado de esta Sala de lo Penal (Sentencia de la Sala de lo Penal de fecha 8 de noviembre de 2012, recaída en el expediente SP 142-2011), que a través de un recurso como el planteado, no le corresponde a este órgano judicial alcanzar su personal convicción a partir de unas pruebas que no presenció y realizar una valoración probatoria alternativa o sustitutiva de la que ha efectuado el juzgador de instancia, pues esta facultad le es exclusiva según nuestra norma procesal (Artículos 336 y 338 regla 4ta párrafo segundo del Código Procesal Penal). En todo caso, la función de este Tribunal de Casación, consiste en hacer un control externo de la racionalidad de las conclusiones alcanzadas por el Tribunal de Sentencia, verificar que las mismas no sean arbitrarias, ilógicas e irrazonables, y que, en todo caso, el a quo ha actuado con una convicción razonable y respetuosa de las reglas de la sana crítica; así como a constatar la suficiencia probatoria para acreditar los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal imputado. Sucede, en el caso actual, que la censora del fallo denuncia que existe insuficiente actividad probatoria de signo incriminatorio para condenar por el delito de homicidio simple al señor S. A.R. I., pues refiere que el Ministerio Público presentó prueba para acreditar la muerte violenta del señor R. L. E., más no así la suficiente para acreditar la participación del acusado en tales hechos. La Sala de lo Penal al hacer un recuento de la actividad probatoria, identifica que se evacuó como prueba de cargo la siguientes: 1. Dictamen pericial de autopsia No. 1839-2013 (f. 10 y 11), ratificado en juicio por el perito R.M. G.. 2. Declaración testifical de T.I. C., agente de investigación asignada al caso. 3. Declaración testifical de M. D. C., agente de la policía que participó en la captura del acusado. 4. Declaración del testigo protegido B, quien en su declaración manifestó haber visto correr al imputado con un arma de fuego en mano momentos después de encontrar el cuerpo sin vida de señor R.L. E. Al hacer una distinción de los anteriores medios probatorios para efecto de determinar cuáles de ellos fueron propuestos para acreditar la muerte violenta del R. L. E. y cuáles fueron propuestos para acreditar la participación del acusado en los hechos que se le imputan, nos damos cuenta que el Ministerio Público pretende acreditar este último extremo a partir de la declaración del testigo protegido B así como con la declaración de referencia de la agente de investigación T. I.C. El primero de ellos, manifestó en juicio que el día siete de octubre de dos mil trece, iba con rumbo a la cancha principal cuando de repente escuchó 2 o 4 disparos, entonces salió aproximadamente a los 30 segundos, llegando al lugar en donde encontró a un señor tendido, en ese momento miró a dos muchachos que salieron corriendo hacia el punto de taxis abordando un vehículo y que no recuerda el color; a preguntas del ente fiscal respondió que las personas que huían del lugar uno era de 26 a 27 años de edad y el otro era menor; el mayor era de tez blanca, pelo corto, fornido y alto y volvió a verlo el 28 de octubre de 2013 cuando asaltaba una casa y tenía secuestrada a dos muchachas. Por otra parte, la testigo de referencia T. I. C., manifestó que era la agente encargada de investigar el caso del señor R. E., y repitió lo manifestado por el testigo protegido B en el sentido del reconocimiento que hizo del acusado S. A. R. I. en fechas 7 y 28 de octubre de 2013. El asunto de los testigos de referencia, ya ha sido objeto de delimitación conceptual por parte de esta Sala de lo Penal (Sentencia de la Sala de lo Penal de fecha 27 de abril de 2017, recaída en el expediente SP 21-2014):“…Los testigos de referencia, conocidos también como “testigos de oídas”, son aquellos que informan respecto a lo que escucharon decir a otras personas; es pues que el conocimiento que comparten no es lo han percibido a través de sus propios sentidos, sino que es aquel del que saben por lo que otros les dijeron, de modo que los testigos de referencia se limitan a repetir lo que escucharon de otro. Los testigos de referencia, al ser creíbles, acreditan que una persona dijo algo, más no acreditan que ese “algo” efectivamente haya ocurrido, puesto que no lo han presenciado, por ello los testigos de referencia en el proceso penal son testigos de apoyo, de soporte en relación de los testigos presenciales, respecto a lo que éstos hayan manifestado; sirven para apuntalar la veracidad de los testigos presenciales y nunca para sustituirlos (Artículo 199 CPP) …”.Es así que se logra determinar que los testigos de referencia no aportan sobre el hecho sucedido mayor demostración que lo que se obtendría del propio testimonio referenciado, puesto que lo que aquellos conocen son las afirmaciones oídas de éste. La certeza de que se produjeron esas afirmaciones es lo único que resulta de la veracidad de lo declarado por aquéllos, siendo necesario, en todo caso, ponderar y valorar el testimonio directo para determinar el hecho que se pretende averiguar. Por esta razón, no es factible que se utilice al testigo de referencia para dar por acreditado un hecho delictivo, pues pasar directamente de lo declarado por el testigo de oídas a tener por probado sin más lo afirmado por el testigo directo, equivaldría a atribuir todo crédito probatorio privilegiando a una narración extraprocesal sustraída de los principios de inmediación y contradicción que gobiernan la formación de la prueba. Se identifica entonces por la Sala de lo Penal, que el Tribunal de Sentencia basa su condenatoria en la declaración testifical del testigo protegido B, lo que debe de implicar que ese medio de prueba debió haber pasado por un riguroso proceso de valoración, sorteando solventemente cualquier cuestionamiento concebible por muy insignificante que sea, demostrando su solidez probatoria al grado de no hacer factible ninguna otra realidad alterna más que la demostrada por el medio de prueba. Tal rigurosidad debe de ser aún mayor cuando se trate de un medio de prueba testifical, como consecuencia de la naturaleza de este particular medio probatorio, abatible por subjetividades derivadas de impresiones, sentimientos, prejuicios o capacidad de percepción de los hechos. En el presente caso, el Tribunal de Sentencia deriva que el acusado S.A.R.I., es la persona responsable de dar muerte al señor R. L. E., basado en la declaración testifical del testigo protegido B, mismo que manifestó no presenciar cuando le dispararon al señor R.L.E., lo que hace que el pronunciamiento condenatorio sea dubitativo, no categórico, ni tampoco necesario, debiendo por tanto declararse ha lugar el recurso de casación por infracción de precepto constitucional en su único motivo interpuesto por la defensa pública.Se afirma que hay prueba suficiente para acreditar la muerte violenta del señor R. L. E.; más para acreditar la participación del acusado S.A. R. I. a título de autor, el Tribunal de Sentencia formó su convicción de culpabilidad a partir de la declaración del testigo protegido B, emplea un discurso deficiente de logicidad para alcanzar tal convicción. No se trata, en todo caso, de hacer una evaluación cuantitativa para acreditar la participación del acusado en los hechos objetos de juzgamiento, se trata de hacer una evaluación cualitativa, pues lo importante es que la prueba permita la construcción de un silogismo categórico y necesario, por mostrar una verdad única donde el acusado se vea necesariamente como la persona responsable del delito, sin la posibilidad que al mismo tiempo admita verdades alternas, siendo éste el contenido del concepto de la suficiencia probatoria (Sentencia de la Sala de lo Penal de fecha 18 de septiembre de 2018, recaída en el expediente SP 480-2014).Cuando de infracción al estado de inocencia se trata, debe examinarse que exista prueba de cargo válida, suficiente, debidamente razonada y motivada. De no existir alguna de estas exigencias se quebranta indebidamente dicho estado constitucional. En el presente caso ha ocurrido así, pues el Tribunal de Sentencia no precisa de suficiente actividad probatoria para hacer la afirmación fáctica contenida en su sentencia; no hubo recolección del arma de fuego con la cual se lesionó el bien jurídico protegido, no existió declaración por parte de las cuatro mujeres que alertaron al hoy occiso R. L.E. no existió, en definitiva, una eficiente investigación. Igualmente cabe destacar que la sentencia se funda en elementos probatorios de carácter pericial como ser el dictamen de autopsia número 1839-2013, realizado al cuerpo de R. L. E., ratificado en juicio por el Dr. R. M. G., que no constituye por sí solo, prueba de cargo suficiente e idónea para establecer inequívocamente la ejecución por parte del imputado de la conducta típica regulada en el artículo 116 del Código Penal. Adicionalmente, se determina que también existe otra exigencia del estado material de inocencia conculcada, y es que el Tribunal de Sentencia no se dio a la tarea de elaborar un discurso valorativo razonable para considerar la condena, afirmando escuetamente que a partir de los testimonios se puede adjudicar la participación del acusado en los hechos. A partir de lo expuesto, esta Sala de lo Penal no puede adverar el fallo condenatorio, pues se constata que existe una deficiente actividad probatoria de cargo para hacer la afirmación fáctica contenida en los hechos probados de la sentencia y también porque existe un deficiente discurso argumentativo por parte del sentenciador para sustentar el veredicto condenatorio; por consiguiente, corresponde dictar en su lugar un fallo absolutorio al considerar la infracción al estado material de inocencia en su vertiente de suficiencia probatoria.DECISIÓN Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la defensa pública. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 360, 361 y 363 del Código Procesal Penal, FALLA:1) Declara HA LUGAR el recurso de casación por infracción de precepto constitucional, en su único motivo, interpuesto por la Abogada X.P., actuando en su condición de defensora pública del señor S. A. R. I.; 2) CASA la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, de fecha quince (15) de enero de dos mil dieciséis (2016), mediante la cual condena al señor S. A.R. I., por el delito de homicidio en perjuicio de R. L.E., a la pena de dieciséis (16) años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la pena principal; 3)ABSUELVE de toda responsabilidad criminal al acusado S. A. R. I., por el delito de homicidio simple que se le venía atribuyendo, en perjuicio de R. L. E.;Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a derecho. NOTIFÍQUESE.FIRMAS Y SELLO.JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. Magistrado Coordinador. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. Magistrado. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.Magistrada. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. Receptora Adscrita. Sala de lo Penal.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve. Certificación de la Sentencia de treinta y uno de octubre del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-224-2016.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

1 de 17

[1]El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.