Sentencia CP-222-18 — Registro 13597
Resumen
En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Lavado de Activos, resolviendo de segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...A.3) DE LA PROCEDENCIA RECURSO. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. A.4) Opinión de la Sala sobre el caso específico Argumenta el recurrente que la sentencia recurrida incurre en infracción de ley, por falta de aplicación del artículo 39 de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos, contentiva en el Decreto 144-2014, en relación con el artículo 388, numeral 6 del Código Penal. Argumenta que el señor Mario Antonio Rojas Rodriguez, si bien otorgo a Michelle Alejandra Rojas Flores y Jose Alberto Zelaya Guevara tarjetas de crédito adicionales a la principal que él ya tenía con anterioridad, o “facilitó a sus familiares la disponibilidad de su crédito, que era saldado con los dineros sustraídos del Instituto Hondureño de Seguridad Social” y que si no hubiere otorgado esas tarjetas adicionales a sus familiares, no hubiere recibido esos cheques de las empresas para pagar los consumos que hicieron los adicionales de la tarjeta de crédito, por lo que considera que la participación que este en los hechos declarados probados, se subsume en el tipo penal de Encubrimiento. Esta Sala de lo Penal, considera que los bienes jurídicos protegidos con la incriminación del delito de Lavado de Activos, de que se acusa al señor Mario Antonio Rojas Rodriguez, es sometida a juzgamiento por aplicación del Decreto Legislativo No. 45-2002, del 5 de marzo de 2002 (Ley Contra el Delito de Lavado de Activos), publicado en el Diario Oficial La Gaceta, de fecha 15 de mayo de 2002, por lo que no es aplicable a su accionar el Decreto 144-2014 de la nueva Ley contra el delito de Lavado de Activos, que contiene el tipo penal de Encubrimiento, a que alude el recurrente, que en su artículo 39 dispone: “Delito de Encubrimiento. Al autor del delito de encubrimiento de lavado de activos, se le debe sancionar con la pena señalada en el artículo 38 de esta Ley, rebajada en un tercio 1/3”, en relación con el artículo 388, numeral 6 del Código Penal, que determina: “Incurrirá en reclusión de tres (3) a cinco (5) años, quien sin concierto previo con los autores o cómplices de un delito, pero con motivos suficientes para suponer la comisión de este: 1) ... 2)... 3)... 4)... 5)… 6) Auxilia a los autores o cómplices para que se beneficien del producto o precio de los objetos provenientes del delito o se aprovecha personalmente del producto o precio mencionado....”. Esta Sala considera que, al resolver el motivo de casación de Infracción de ley anterior, ha dejado establecido con claridad que el señor Mario Antonio Rojas Rodriguez al recibir 46 cheques emitidos por las empresas fachadas supra mencionadas, por un total de Tres Millones Cuatrocientos Dieciséis Mil Seiscientos Sesenta y Siete Lempiras Con Cuarenta Y Cinco Centavos (L 3,416, 667.45), se benefició directamente con fondos sustraídos fraudulentamente del Instituto Hondureño de Seguridad Social (HSS), fondos que contribuye a poner en circulación en el comercio nacional e internacional, y aun y cuando no tenia ningún tipo de relación comercial o laboral con dichas empresas de fachada recibió sin justificación o causa legal dichos fondos, conociendo o debiendo conocer la procedencia ilícita del dinero, fondos públicos que el acusado recibe y utiliza para saldar cuentas personales por gastos exorbitantes realizados con sus tarjetas de crédito, y con las tarjetas de crédito adicionales solicitadas por el propio señor Mario Antonio Rojas Rodriguez a las entidades bancarias Ficohsa y City Bank a favor de su sobrina Michelle Alejandra Rojas Flores, quien a su vez es prima del señor Mario Roberto Zelaya Rojas, Director Ejecutivo del Instituto Hondureño de Seguridad Social, y a favor del esposo de esta, señor Jose Alberto Zelaya Guevara, quien ocupa el cargo de Sub Gerente de Suministros, Materiales y Compras del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), por lo que la Sala considera que el acusado Mario Antonio Rojas Rodriguez formó parte activa de la red delictiva organizada creada para el blanqueo de capitales de fondos de origen ilícito provenientes del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) por lo que los actos realizados por el acusado son propios del delito de Lavado de Activos en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras. Esta Sala considera que la conducta desplegada por el encausado no constituye un delito autónomo de Encubrimiento, dado que para ello es requisito no haber participado en la acción de Lavado de Activos. En este caso al haber facilitado a sus familiares la disponibilidad de su crédito y saldado gastos exorbitantes de estos con dineros sustraídos del Instituto Hondureño de Seguridad Social, provenientes de cheques girados a él por empresas de fachada, fondos que el acusado utiliza para saldar consumos de sus tarjetas de crédito, el acusado señor Mario Antonio Rojas Rodriguez se beneficia con lo que participa directamente en la fase de ocultamiento, e integración de fondos de origen ilícito, sustraídos fraudulentamente del Instituto Hondureño de Seguridad Social (HSS), hasta por un monto de Tres Millones Cuatrocientos Dieciséis Mil Seiscientos Sesenta y Siete Lempiras con Cuarenta y Cinco Centavos (L.3,416,667.45), dado que conoce o debe conocer la procedencia ilícita del dinero. Por lo anterior esta Sala considera que el acusado Mario Antonio Rojas Rodriguez al haber participado activamente en el blanqueo de capitales de fondos de origen ilícito provenientes del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), no comete el delito de Encubrimiento. Por lo anterior, esta Sala concluye que el hecho declarado probado no se subsume en el artículo 39 de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos, contentiva en el Decreto 144-2014, por no ser aplicable al caso concreto, ni en el artículo 388, numeral 6 del Código Penal, por las razones expuestas..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"...Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional por falta de aplicación del artículo 96 de la Constitución de la República. Motivo único: Normas Autorizantes: Artículo 361 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: falta de aplicación del artículo 96 de la Constitución de la República. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la Pretensora. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia que se impugna, y se dicte de inmediato la sentencia que corresponda conforme a derecho. Resumen Recurso de casación de Infracción de Precepto Constitucional por falta de aplicación del artículo 96 de la Constitución de la República, que se lee: “Artículo 96: La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado”. Consta en las diligencias que los hechos por los cuales se enjuicia al acusado señor Mario Antonio Rojas Rodriguez, tuvieron lugar entre el año 2012 y 2013, siendo la ley vigente la contenida en el Decreto 45-2002, de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos. El Tribunal Sentenciador determino que la nueva Ley Especial Contra el Lavado de Activos, contentiva en el Decreto 144-2014 no le beneficia al acusado ya que no se trata de una pena más baja, ni despenaliza alguna de las conductas cometidas, Los argumentos que esgrimidos por el tribunal van en contra de la garantía constitucional de la retroactividad de la Ley en materia penal cuando favorece al procesado. El articulo 9 la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, del Decreto 45-2002, establece la pena para el delito de Encubrimiento de Lavado de Activos, como la rebaja de un tercio de la pena de lavado de activos, es decir de 15 a 20 años, menos un tercio. Por otro lado, el artículo 39 de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos del Decreto 144-2014, establece la pena para el delito de Encubrimiento de Lavado de Activos, como la que resulte de la rebaja de un tercio, a la reclusión 6 años a 10, relacionándolo con el artículo 38. La Ley actual favorece al acusado Mario Antonio Rojas Rodriguez, por lo que se ha infringido el precepto constitucional invocado, de conformidad a los hechos probados de los que resulta que la conducta de Mario Antonio Rojas Rodriguez se subsume en el tipo penal de Encubrimiento de Lavado de Activos. A.1) Concepto General Al respecto del Recurso de Casación por Infracción del Precepto Constitucional en Honduras, el Consultor Internacional Don Jose Luis Leyva Muñoz, considera que: “Es un motivo de casación bastante amplio, por lo que será necesario que, previamente, se delimite con precisión lo que es la interpretación legal de la Constitución, si no quiere que cualquier incorrección producida en el seno del proceso se constituya en motivo de casación. Bien es cierto que la Constitución de la República de Honduras, como todas las constituciones actualmente vigentes, contiene algunos preceptos en su articulado que simplemente establecen un principio general, y que como tales, no pueden ser invocadas en este tipo de recursos. Así ocurre con la presunción de inocencia del artículo 89, o el derecho a ser juzgado por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece” del artículo 90 de la Constitución, que podrían ser interpretados como una constitucionalización de todas y cada una de las garantías procesales establecidas en el CPP, que se traduciría en una petición a la Corte Suprema para que revisara toda la prueba incorporada a la causa, convirtiendo a la casación en una segunda instancia que en la actualidad no es, al no tratarse de un recurso ordinario, sino extraordinario. Por ello, solo cabra alegar como fundamento de este recurso la infracción de aquellas normas constitucionales que tienen estrecha y directa relación con el proceso en el que son invocados. Lo habitual es que la invocación de preceptos constitucionales se dé en los supuestos de casación de fondo, es decir, por infracción de infracción de ley o de doctrina legal, pero no siempre se le dará dicho tratamiento, puesto que es posible que mediante la infracción de algún precepto constitucional, como ocurriría con la posible vulneración de la presunción de inocencia originada en una falta de motivación de la sentencia, en la aceptación de pruebas ilícitas o en el dictado de una sentencia condenatoria sin existencia de una mínima prueba de cargo que desvirtúe la presunción de inocencia, se haya producido alguna irregularidad en el desarrollo del proceso, que dará lugar a la anulación de dicho acto irregular y la correspondiente remisión de la causa al Tribunal de Sentencia para que, una vez subsanado, la continúe con arreglo a derecho. Es decir, la infracción producida a través de cualquiera de los supuestos enunciados anteriormente deberá ser invocada mediante su encuadre en cualquiera de los supuestos de casación por quebrantamiento de forma del artículo 362 CPP. Con ello se evitaría la posibilidad de que la Corte Suprema, al estimar el recurso de casación por un vicio de procedimiento que ha dado lugar a la vulneración de alguno de los derechos que la constitución reconoce a los sujetos del proceso penal, case la sentencia impugnada y dicte la que proceda con arreglo a derecho, debiendo optarse por la remisión de las actuaciones al Tribunal de Sentencia para que reponga la causa al estado que tenía cuando se cometió la falta, sustanciándola de nuevo y terminándola con arreglo a derecho”.[15] A.2) Concepto especifico “La ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad reales de bienes, o de derechos relativos a tales bienes, a sabiendas de que proceden de alguno o algunos de los delitos en materia de narcotráfico o de un acto de participación en tal delito o delitos. En el segundo grupo, el artículo 3.1.c) incluye la conducta consistente en la adquisición, la posesión o la utilización de bienes, a sabiendas, en el momento de recibirlos, de que tales bienes proceden de alguno o algunos de los delitos en materia de narcotráfico o de un acto de participación en tal delito o delitos. B) Derecho positivo hondureño En lo que concierne a Honduras, el proceso de adaptación de su legislación al Convenio de Viena culminó con la «Ley contra el delito de lavado de dinero o activos» (Decreto n.º 202/97, más tarde sustituido por el Decreto 45/2002, hoy en vigor). El legislador pretende abarcar en esta ley todos los aspectos relativos a esta materia y no sólo la tipificación del delito de lavado de dinero. Ya el artículo 1 nos adelanta que la finalidad de la ley es la represión y el castigo del delito de lavado de activos, pero también fijar medidas precautorias para asegurar la disponibilidad de los bienes, productos o instrumentos de dicho delito. Desde la perspectiva penal sustantiva, nos interesa el Capítulo III, que lleva por rúbrica «Del delito de lavado de activos» (arts. 3 a 12). Es importante retener que las actividades tipificadas en esta ley son punibles no sólo cuando tengan su origen en la comisión de un delito de tráfico ilícito de drogas, que es el que ahora nos interesa, sino también cuando el lavado de dinero afecte a otras formas de delincuencia organizada como el tráfico de personas, tráfico de influencias, tráfico ilegal de armas, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros en las actividades públicas o privadas, secuestro, terrorismo y delitos conexos o que no tengan causa o justificación económica legal de su procedencia (arts. 1, 3 y 4 de la Ley contra el lavado de dinero). Las dos figuras básicas del delito están tipificadas en los artículos 3 y 4, con el siguiente tenor: El artículo 3 de la Ley contra el delito de lavado de dinero o activos sanciona, con penas de 15 a 20 años de reclusión, a quien «por sí o por interpósita persona, adquiera, posea, administre, custodie, utilice, convierta, transfiera, traslade, oculte o impida la determinación del origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de activos, productos o instrumentos que procedan directa o indirectamente de los delitos tráfico ilícito de drogas [?] y delitos conexos o que no tengan causa o justificación económica legal de su procedencia». Con las mismas penas sanciona el artículo 4 a quien «por sí o por interpósita persona, participe en actos o contratos reales o simulados que se refieran a la adquisición, posesión transferencias o administración de bienes o valores para encubrir o simular los activos, productos o instrumentos que procedan directa o indirectamente de los delitos tráficos ilícito de drogas [?] y delitos conexos o que no tengan causa o justificación económica legal de su procedencia». C) Bien jurídico protegido Es un delito pluriofensivo. Los bienes tutelados son varios: de modo directo e inmediato se tutela el orden socioeconómico (por cuanto se dificulta la transparencia del sistema financiero y la seguridad del tráfico comercial) y la Administración de Justicia (en cuanto modalidad de encubrimiento) y, de modo indirecto, también la salud pública. El sistema financiero se resiente por la presencia de ingentes flujos económicos que se originan al margen de aquél; al propio tiempo, la financiación ilegal de numerosas empresas y sociedades que actúan en el sector industrial y comercial, supone una grave quiebra del normal funcionamiento del mercado comercial y financiero, pues el hecho de disponer de esas fuentes de ingresos les permite competir en situación ventajosa y perjudica notablemente al resto de los operadores económicos. Dicho esto, resulta fácil entender hasta qué punto el lavado de activos cuestiona no sólo los cimientos del orden socioeconómico, sino incluso, por la importancia que la estabilidad económica tiene en el orden social y político, la propia esencia del sistema democrático. Por otra parte, su naturaleza encubridora pone también de manifiesto que con estos comportamientos se lesiona la Administración de Justicia. Destaca, en este aspecto, la inclusión, como una de las modalidades del delito de lavado de activos, realizar cualquier acto para ocultar o impedir determinar el origen ilícito de los bienes (art. 3), y también participar en contratos para encubrir los activos. Por último, el blanqueo o lavado de los beneficios o ganancias procedentes de esos delitos no es sino una parte de la actividad global del tráfico de drogas y de las organizaciones que a ello se dedican, las cuales necesitan de la dinámica característica del blanqueo para dar apariencia de licitud a esos beneficios, no sólo para su disfrute sino, lo que es más importante, para potenciar la organización contribuyéndose por tanto con esta conducta al auge y crecimiento de ese criminal y lucrativo negocio. En consecuencia, parece razonable concluir que el bien jurídico que se trata de proteger con el tipo en cuestión no es diferente, dejando en principio al margen los aspectos socioeconómicos del problema, del que inspira la punición de los específicos delitos de tráfico de drogas. D) Objeto material de la acción El objeto sobre el que recae la acción lo constituyen los «activos, productos o instrumentos» que procedan de delitos de narcotráfico u otros negocios ilícitos conexos; son expresiones que, en algunos casos se solapan, y pueden sintetizarse como toda ventaja económica derivada del delito. En efecto, por activos entiende el legislador los bienes de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o raíces, tangibles o intangibles, títulos valores, y los documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos activos (art. 2, numeral 1); define como productos los bienes obtenidos o derivados directa o indirectamente de la comisión de los delitos tipificados esta Ley, o que carezcan de fundamento económico o soporte legal para su posesión (art. 2, numeral 11); y, entiende por instrumentos, las cosas u objetos utilizados o destinados para ser usados, o respecto de los que hubiere indicio que se han de utilizar de cualquier manera, total o parcialmente en la comisión de los delitos tipificados en esta Ley. Tal amplitud conceptual y la mera exigencia de una procedencia inconcreta, posibilita la llamada receptación sustitutiva([16]); es decir, que la ocultación o encubrimiento puede recaer tanto sobre los productos directos del delito como sobre las sucesivas sustituciones que en virtud del diverso tráfico económico hayan tenido lugar; es precisamente la receptación sustitutiva la que constituye la forma más habitual de producirse las conductas de blanqueo”
DE LA PROCEDENCIA RECURSO. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. A.4) Opinión de la Sala sobre el Caso EspecíficoEl recurrente argumenta que la sentencia que se impugna incurre en infracción de Precepto Constitucional por falta de aplicación del artículo 96 de la Constitución de la República, que establece: “Artículo 96: La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado”. Los hechos por los que se enjuicia al acusado señor Mario Antonio Rojas Rodriguez, tienen lugar entre el año 2012 y 2013, durante la vigencia del Decreto 45-2002, que contiene la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos. El Tribunal Sentenciador determino que la nueva Ley Especial Contra el Lavado de Activos, establecida en el Decreto 144-2014 no le beneficia al acusado ya que no se trata de una pena más baja, ni despenaliza alguna de las conductas cometidas. Cuestiona el recurrente que los argumentos esgrimidos por el tribunal se oponen a la garantía constitucional de retroactividad de la ley penal cuando favorece al procesado. Lo anterior por entender que el articulo 9 la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, del Decreto 45-2002, establece la pena para el delito de Encubrimiento de Lavado de Activos, como la rebaja de un tercio de la pena de lavado de activos, es decir de 15 a 20 años, menos un tercio. Pero el artículo 39 de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos del Decreto 144-2014, establece la pena para el delito de Encubrimiento de Lavado de Activos, es rebaja de un tercio a la reclusión 6 años a 10 años, relacionándolo con el artículo 38 del Código Penal, que es la ley más favorable, dado que los hechos probados se subsumen en el tipo penal de Encubrimiento de Lavado de Activos. Esta Sala, congruente con lo resuelto por esta sala al resolver el segundo motivo de casación por infracción de ley, considera que la conducta desplegada por el acusado Mario Antonio Rojas Rodriguez, no es constitutiva de Encubrimiento por cuanto el acusado a participado activamente, en actos de ocultamiento e integración de fondos de procedencia ilícita, propios del delito de Lavado de activos, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley contra el Delito de Lavado de Activos, contenida en el Decreto 45-2002. En este caso no procede la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal debido a que respecto al delito de Lavado de Activos el Decreto 144-2014 no le beneficia al acusado, ya que no establece una pena más baja, ni despenaliza alguna de las conductas cometidas. Al no haberse condenado al acusado Mario Antonio Rojas Rodriguez como autor del tipo penal de Encubrimiento, conforme al Decreto 45-2012, no es posible aplicar retroactivamente la ley penal más favorable al acusado. Por lo expuesto, el motivo de casación de Infracción de Precepto Constitucional, invocado por el recurrente, es desestimado..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha treinta y uno de octubre del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “I. SENTENCIA. Tegucigalpa, Municipio Del Distrito Central, a los treinta y un (31) de octubre del año dos mil diecinueve. El Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, ha pronunciado: EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La Sentencia en el Recurso de Casación S.P.222-2018 por Infracción de Ley y por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto contra la sentencia de fecha catorce de marzo del año dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, mediante la cual falló: Primero: Condenó al señor Mario Antonio Rojas Rodríguez, como autor del delito de Lavado de Activos, en perjuicio de La Economía del Estado de Honduras, a la pena de quince años de reclusión, asimismo se le condenó a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la pena principal; Segundo: Se declaró al señor Mario Antonio Rojas Rodríguez, responsable civilmente; Tercero: No procede condenar en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio; Cuarto: No procede pronunciarse sobre el comiso. SON PARTES: El abogado Ricardo Arturo Interiano Sabillón, en su condición de Defensor Privado del señor Mario Antonio Rojas Rodríguez, como parte recurrente y la abogada Karen Lizeth Martínez, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. II. HECHOS PROBADOS. “Primero: Desde el año 2012, miembros de la cúpula directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social en adelante el IHSS, encabezada por su Director Ejecutivo, Gerente Financiero y Sub Gerente del Departamento de Compras y Suministros, de manera continua y sistemática, desviaron fondos de dicha institución pública, provenientes de líneas de crédito que fueron aperturadas a favor del Instituto Hondureño de Seguridad Social, por entidades del Sistema Financiero Nacional para adquirir suministros médicos. Para sustraer dichos recursos económicos, se promovió desde la red de funcionarios del IHSS, la creación de las empresas de fachada y/o portafolio siguientes: IMPORTADORA DE PRODUCTOS MEDICOS (IMPROME) constituida mediante escritura pública # 582 de fecha 01-07-2013, siendo su propietaria la señora SANDRA YAMILETH SIERRA SILVA, COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS (COPROMEDH) constituida mediante escritura pública # 583 de fecha 01-07-201 3, siendo su propietaria la señora MAGDA KAROLINA BEJARANO VASQUEZ, DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS (DIPROMEH) constituida mediante escritura pública #260 de fecha 03-05-2012, siendo sus socios los señores MARIANO ARGUETA REYES Y GLORIA MENDOZA PEREZ Y SUMINISTROS MEDICOS (SUMIMED) constituida mediante escritura pública # 99 de fecha 10-05-2012, siendo su propietaria la señora CINTHIA MARIELA VELASQUEZ ROSALES. Todas ellas siendo administradas por personas de confianza de los funcionarios del Instituto Hondureño de Seguridad Social involucrados. Segundo: De las empresas mencionadas solo DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARIOS (DIPROMEH) fue registrada ante la Oficina Normativa de Compras y Adquisiciones del Estado, como requisito previo para tenerlas por compañías autorizadas a fin suplir de suministros al Instituto Hondureño de Seguridad Social, sin embargo el señor MARIO ROBERTO ZELAYA ROJAS en calidad de Director Ejecutivo del Instituto de Seguridad Social, libró la cantidad de trece oficios (13) que fueron remitidos a los bancos comerciales: FICOHSA, ATLANTIDA, BAC HONDURAS Y LAFISE, solicitándoles a estos bancos el libramiento de 14 cheques de caja y 5 créditos a cuenta, representando un total de ciento seis millones, quinientos cincuenta y un mil, cuatrocientos trece lempiras con dos centavos, (L 106,551,413.002) provenientes de las líneas de crédito habilitadas a favor del IHSS, que fueron pagados a las empresas fachada de la manera siguiente: A SUMINISTROS MEDICOS (SUMIMED) la cantidad de setenta y nueve millones novecientos ochenta y ocho mil, ciento noventa y siete lempiras, (L 79,988,197.00), a COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS (COPROMEDH) la cantidad de dieciséis millones doscientos sesenta y cinco mil, doscientos dieciséis lempiras con dos centavos (L 16,265,216.02), a IMPORTADORA DE PRODUCTOS MEDICOS IMPROME la cantidad de nueve millones trescientos dos lempiras (L 9,000,302.00) y a DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS (DIPROMEH) la cantidad de novecientos noventa y seis mil lempiras (L 996,000.00). Sin embargo de estos pagos la cantidad de CIENTO TRES MILLONES NOVECIENTOS DIEIOCHO MIL, QUINIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON DOS CENTAVOS (103,918,576.02 L) no estaban respaldados de la correspondiente documentación soporte que amparara la adquisición de productos o suministros médicos que hayan sido recibidos en los almacenes del IHSS, por lo que se trató de una simulación de compras, que varios ejecutivos del IHSS, colaboraron para encubrir, ya que se vulneraron los procedimientos que establece la Ley de Contratación del Estado y las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para los años 2012 y 2013, para la adquisición de productos y servicios, empezando porque los valores de las supuestas compras, no fueron sometidos a licitación Pública, ni mucho menos se contaba con las solicitudes o requisiciones de productos, órdenes de compra, órdenes de pago, y comprobantes de recibido de suministros, entre otros documentos que eran requisitos necesarios para haber autorizado los pagos. Una vez que las empresas de fachada recibieron los fondos antes descritos, dispusieron de ellos distribuyéndolos entre diferentes personas naturales y jurídicas, sin que, entre las referidas empresas y los beneficiarios, existiere una relación, comercial, laboral o mercantil que justificara la entrega de los montos que fueron desviados. Tercero: Desde la fecha del 14 de septiembre del año 2012, hasta el 23 de diciembre del 2013, el señor MARIO ANTONIO ROJAS RODRIGUEZ, cuyo sobrino es el señor Mario Roberto Zelaya Rojas, quien fungió como Director Ejecutivo del Instituto Hondureño de seguridad Social, recibió la cantidad de 46 cheques emitidos por las empresas fachadas supra mencionadas, los cuales representaban un total de TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS (L 3,416, 667.45), desglosándose de la siguiente manera: De la empresa DISTRUBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS (DIPROMEH), recibió la cantidad de 21 cheques, que representaban un total de novecientos noventa y dos mil, doscientos cuarenta y cuatro mil lempiras con cuarenta y cinco centavos (L 992,244.45), de la empresa SUMINISTROS MEDICOS (SUMIMED), recibió la cantidad de 12 cheques, que representaban un total de un millón trescientos sesenta y un mil lempiras (L 1, 361,000.00), de la empresa COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS (COPROMEDH), recibió la cantidad de 9 cheques, que representaban un total de setecientos noventa y tres mil, cuatrocientos veintitrés mil lempiras (L 793,423.00), de la empresa IMPORTADORA DE PRODUCTOS MEDICOS (IMPROME) recibió la cantidad de 4 cheques, que representaban un total de doscientos setenta mil Lempiras (L 270,000.00), sin tener ninguna relación mercantil o laboral con dichas empresas. Cuarto: De los fondos antes descritos el señor MARIO ANTONIO ROJAS RODRIGUEZ, convirtió en efectivo la cantidad de dos millones cincuenta y cinco mil, cuatrocientos cuarenta y ocho lempiras con ochenta y nueve centavos (L 2,055,448.89) desconociéndose el destino de esta cantidad, depositó a sus cuentas personales la cantidad de quinientos veintidós mil, quinientos lempiras (L 522,500.), endosó la cantidad de ciento veinte mil lempiras (L 120,000) y abonó a tarjetas de crédito adicionales a su línea de crédito principal, la cantidad de setecientos dieciocho mil setecientos dieciocho lempiras con cincuenta y seis centavos (L 718, 718.56 L). Dichas tarjetas de crédito adicionales fueron solicitadas por el señor MARIO ANTONIO ROJAS a las entidades bancarias FICOHSA Y CITY BANK y proporcionadas a su sobrina MICHELLE ALEJANDRA ROJAS FLORES, quien a su vez es prima del Director Ejecutivo del Instituto Hondureño de Seguridad Social, así como a su esposo el señor JOSE ALBERTO ZELAYA GUEVARA quien fungió como Subgerente de Suministros, Materiales y Compras del IHSS. Por lo que de esa manera el señor MARIO ANTONIO ROJAS facilitó a sus familiares la disponibilidad de su crédito, que era saldado con los dineros sustraídos del mismo Instituto Hondureño de Seguridad Social, sin que ninguno de ellos contara con ingresos que les permitieran pagar los exorbitantes estados de cuenta que se generaban por las compras hechas en establecimientos comerciales, tanto dentro como fuera del territorio nacional de las tarjetas adicionales con número 43468300001044706 de banco CITY entregada por MARIO ANTONIO ROJAS a MICHELLE ALEJANDRA FLORES ROJAS, la tarjeta # 4327628 de banco Ficohsa entregada POR MARIO ANTONIO ROJAS a MICHELLE GUEVARA y la tarjeta #4346830902006910 entregada por MARIO ANTONIO ROJAS a JOSE ALBERTO ZELAYA GUEVARA; beneficiándose el señor MARIO ANTONIO ROJAS de estos fondos sustraídos fraudulentamente del IHSS, los cuales hizo circular en el comercio nacional e internacional.” III. RECURSO DE CASACIÓN: “El recurrente abogado Ricardo Arturo Interiano Sabillón, procedió a formalizar su recurso de casación por Infracción de Ley y por Infracción de Precepto Constitucional, de la manera siguiente: RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY 1. PRIMER MOTIVO DE CASACION: Infracción por aplicación indebida del artículo 3 de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos contentiva en el decreto 45-2002. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra contenido en el artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO DE CASACION: El precepto penal que se invoca como infringido por aplicación indebida estipula: Artículo 3: “Incurre en el delito de lavado de activos y será sancionado con quince (15) años a veinte (20) años de reclusión, quien por sí o por interpósita persona, adquiera, posea, administre, custodie, utilice, convierta, transfiera, traslade, oculte o impida la determinación del origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de activos, productos o instrumentos que procedan directa o indirectamente de los delitos de tráfico ilícito de drogas, tráfico de personas, tráfico de influencias, tráfico ilegal de armas, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros en las actividades públicas o privadas, secuestros, terrorismo y delitos conexos o que no tengan causa o justificación económica legal de su procedencia”.- El Tribunal sentenciador ha establecido como verdades intangibles e incontrovertibles los siguientes hechos: “PRIMERO: Desde el año 2012, miembros de la cúpula directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social en adelante IHSS, encabezada por su Director Ejecutivo, Gerente Financiero y Sub Gerente del Departamento de Comparas y Suministros, de manera continua y sistemática, desviaron fondos de dicha institución pública, provenientes de líneas de crédito que fueron aperturadas a favor del Instituto Hondureño de Seguridad Social, por entidades del Sistema Financiero Nacional para adquirir suministros médicos. Para sustraer dichos recursos económicos, se promovió desde la red de funcionarios del IHSS, la creación de las empresas de fachada y/o portafolio siguientes: IMPORTADORA DE PRODUCTOS MEDICOS (IMPROME) constituida mediante escritura pública #582 de fecha 01-07-2013, siendo su propietaria la señora SANDRA YAMILETH SIERRA SILVA, COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS (COPROMEDH) constituida mediante escritura pública # 583 de fecha 01-07-2013, siendo su propietaria la señora MAGDA KAROLINA BEJARANO VASQUEZ, DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS (DIPROMEH) constituida mediante escritura pública # 260 de fecha 03-05-2012, siendo sus socios los señores MARIANO ARGUETA REYES y GLORIA MENDOZA PEREZ Y SUMINISTROS MEDICOS (SUMIMED) constituida mediante escritura pública # 99 de fecha 10-05-2012, siendo su propietaria la señora CINTHIA MARIELA VELASQUEZ ROSALES. Todas ellas administradas por personas de confianza del Instituto Hondureño de Seguridad Social involucrados. SEGUNDO: De las empresas mencionadas solo DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS (DIPROMEH) fue registrada ante la Oficina Normativa de Compras y Adquisiciones del Estado, como requisito previo para tenerlas por compañías autorizadas a fin de suplir suministros al Instituto Hondureño de Seguridad Social, sin embargo el señor MARIO ROBERTO ZELAYA ROJAS en calidad de Director Ejecutivo del Instituto de Seguridad Nacional libro la cantidad de trece oficios (13) que fueron remitidos a los bancos comerciales: FICOHSA, ATLANTIDA, BAC HONDURAS y LAFJSE, solicitándoles a estos bancos el libramiento de 14 cheques de caja y 5 créditos a cuenta, representando un total de ciento seis millones, quinientos cincuenta y un mil, cuatrocientos trece lempiras con dos centavos (L. 106,551,413.02) provenientes de las líneas de crédito habilitadas a favor del IHSS, que fueron pagados a las empresas fachada de la manera siguiente: A SUMINISTROS MEDICOS (SUMIMED) la cantidad de setenta y nueve millones, novecientos ochenta y ocho mil, ciento noventa y siete lempiras, (L. 79,988,197.00) a COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS (COPROMEDH) la cantidad de dieciséis millones, dos cientos sesenta y cinco mil, doscientos dieciséis lempiras con dos centavos (L. 16,265,216.02) a IMPORTADORA DE PRODUCTOS MEDICOS IMPROME la cantidad de nueve millones trescientos dos lempiras (L. 9,000,302.00) y a DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS (DIPROMEH) la cantidad de novecientos noventa y seis mil (L. 996,000.00). Sin embargo, de estos pagos la cantidad CIENTO TRES MILLONES, NOVECIENTOS DIESIOCHO MIL, QUINIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS (103,918,576.03) no estaban respaldadas de la correspondiente documentación soporte que amparara la adquisición de productos o suministros médicos que hayan sido recibidos en los almacenes del IHSS, por lo que se trató de una simulación de compras, que varios ejecutivos del IHSS, colaboraron para encubrir, ya que se vulneraron los procedimientos que establece la Ley de Contratación del Estado y las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y egresos de la República para los años 2012 y 2013, para la adquisición de productos y servicios, empezando por que los valores de las supuestas compras, no fueron sometidos a licitación pública, ni mucho menos se contaba con las solicitudes o requisiciones de productos, órdenes de compra, órdenes de pago, y comprobantes de recibido de suministros, entre otros documentos que eran requisitos necesarios para haber autorizado los pagos. Una vez que las empresas de fachada recibieron los fondos antes descritos, dispusieron de ellos distribuyéndolos entre diferentes personas naturales o jurídica, sin que, entre las referidas empresas y los beneficiarios, existiere una relación, comercial, laboral o mercantil que justificara la entrega de los montos que fueron desviados. TERCERO: Desde la fecha del 14 de septiembre del año 2012, hasta el 23 de diciembre del 2013, el señor MARIO ANTONIO ROJAS RODRIGUEZ, cuyo sobrino es el señor Mario Roberto Zelaya Rojas, quien fungió como Director Ejecutivo del Instituto Hondureño de Seguridad Social, recibió la cantidad de 46 cheques emitidos por las empresas fachada supra mencionadas, los cuales representaban un total de TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS (L. 3,416,667.45) desglosándose de la siguiente manera: De la empresa DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS (DIPROMEH), recibió la cantidad de 21 cheques, que representaban un total de novecientos noventa y dos mil, doscientos cuarenta y cuatro lempiras con cuarenta y cinco centavos (L. 992,244.45), de la empresa SUMINISTROS MEDICOS (SUMIMED) recibió la cantidad de 12 cheques, que representan un total de un millón, trescientos sesenta y un mil lempiras (L. 1,361.000.00) de la empresa COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS (COPROMEDH) recibió la cantidad de 9 cheques, que representan un total de setecientos noventa y tres mil, cuatrocientos veintitrés lempiras (L. 793,423.00) de la empresa IMPORTADORA DE PRODUCTOS MEDICOS (IMPROME) recibió la cantidad de 4 cheques, que representaban un total de doscientos setenta mil lempiras (L. 270,000.00), sin tener ninguna relación mercantil o laboral con dichas empresas. CUARTO: De los fondos antes descritos el señor MARIO ANTONIO ROJAS RODRIGUEZ, convirtió en efectivo la cantidad de dos millones, cincuenta y cinco mil, cuatrocientos cuarenta y ocho lempiras con ochenta y nueve centavos (L. 2,055,448.89) desconociéndose el destino de esta cantidad, deposito a sus cuentas personales la cantidad de quinientos veintidós mil, quinientos lempiras (L. 522,500.00) endoso la cantidad de ciento veinte mil lempiras (L.120,000.00) y abono a las tarjetas de crédito adicionales a su línea de crédito principal, la cantidad de setecientos dieciocho mil, setecientos dieciocho lempiras con cincuenta y seis centavos (L. 718,718.56). Dichas tarjetas de crédito adicionales fueron solicitadas por el señor MARIO ANTONIO ROJAS a las entidades bancarias FICOHSA y CITY BANK y proporcionadas a su sobrina MICHELLE ALEJANDRA ROJAS FLORES, quien a su vez es prima del Director Ejecutivo del Instituto Hondureño de Seguridad Social, así como a su esposo el señor JOSE ALBERTO ZELAYA GUEVARA, quien fungió como subgerente de Suministros, Materiales y Compras del IHSS. Por lo que de esa manera el señor MARIO ANTONIO ROJAS facilito a sus familiares la disponibilidad de su crédito, que era saldado con los dineros sustraídos del mismo Instituto Hondureño de Seguridad Social, sin que ninguno de ellos contara con ingresos que les permitieran pagar los exorbitantes estados de cuenta que se generaban por las compras hechas en establecimientos comerciales, tanto dentro como fuera del territorio nacional con las tarjetas adicionales con número 43468300001044706 de banco CITY entregada por MARIO ANTONIO ROJAS a MICHELLE ALEJANDRA FLORES ROJAS, la tarjeta # 4327628 de banco Ficohsa entregada por MARIO ANTONIO ROJAS a MICHELLE GUEVARA y la tarjeta # 4346830902006910 entregada por MARIO ANTONIO ROJAS a JOSE ALBETO ZELAYA GUEVARA: beneficiándose el señor MARIO ANTONIO ROJAS de estos fondos sustraídos fraudulentamente del IHSS, los cuales hizo circular en el comercio nacional e internacional.” Con esta declaración de hechos probados se logra establecer que nuestro representado, el Señor MARIO ANTONIO ROJAS RODRIGUEZ, no figura como socio ni propietario de la empresas DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS (DIPROMEH), SUMINISTROS MEDICOS (SUMIMED), COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS (COPROMEDH) e IMPORTADORA DE PRODUCTOS MEDICOS (IMPROME), empresas estas que fueron las que recibieron los fondos del Instituto Hondureño de Seguridad Social IHSS, los que ascendieron a la cantidad de ciento seis millones, quinientos cincuenta y un mil, cuatrocientos trece lempiras con dos centavos (L. 106,551,413.02), mediante el libramiento de 14 cheques de caja y 5 créditos a cuenta. También afirma el Tribunal que estas empresas eran administradas por personas de confianza de los funcionarios involucrados del IHSS. De igual manera, establece la sentencia que hubo una red en el IHSS encabezada por el Director Ejecutivo, Gerente Financiero y Sub Gerente del Departamento de Comparas y Suministros, para promover la creación de empresas de fachada y así sustraer recursos económicos del IHSS, nuevamente el señor MARIO ANTONIO ROJAS RODRIGUEZ no figura en esa red, por no formar parte, ni siquiera ser empleado del IHSS y por nunca haberle vendido o suministrado algún bien o servicio al IHSS. Es importante recalcar que la cantidad de dinero que recibieron las empresas antes referidas fue de ciento seis millones, quinientos cincuenta y un mil, cuatrocientos trece lempiras con dos centavos (L. 106, 551,413.02), pero, por otro lado al señor MARIO ANTONIO ROJAS RODRIGUEZ se le imputa recibir las cantidad de tres millones cuatrocientos dieciséis mil seiscientos sesenta y siete lempiras con cuarenta y cinco centavos (L. 3,416,667.45), lo que evidencia que el procesado no tuvo injerencia en el manejo de esos fondos, ya que como lo dice el acápite segundo, la última oración, de los hechos probados de la sentencia, que una vez que las empresas de fechada recibieron los fondos dispusieron de ellos, es decir que las personas que manejaban dichas empresas dispusieron de esos fondos y que eran personas de confianza como lo establecen los hechos probados. Otro argumento utilizado por el tribunal en su sentencia, es que MARIO ANTONO ROJAS RODRIGUEZ no tenía ninguna relación mercantil o laboral con las empresas a que nos hemos referido antes, pero sí reconoce en el párrafo cuarto de los hechos probados, que el procesado les otorgo tarjeta de crédito adicional a MICHELLE ALEJANDRA ROJAS FLORES y a JOSE ALBERTO ZELAYA GUEVARA y que los consumos de estos últimos era saldado con fondos extraído del IHSS a través de las empresas de fachada, este extremo es importante porque ahí se encuentra la razón por la cual los cheques eran entregados al señor MARIO ROJAS, los cuales eran utilizados para pagar las tarjetas adicionales, esta defensa nunca pretendió justificar de forma comercial o laboral una relación con las empresas y nuestro representado. Al momento de librar los cheques, los fondos ya estaban circulando en la banca nacional y estaban a disposición de las empresas mencionadas, el señor MARIO ROJAS nunca recibió un cheque de una de las cuentas del IHSS, y tal como se establece en el hecho cuarto de los hechos probados, en su parte final, que los consumos con las tarjetas adicionales de MICHELLE ALEJANDRA ROJAS FLORES y JOSE ALBERTO ZELAYA GUEVARA eran exorbitantes y que sus compras eran dentro y fuera del territorio nacional, denotando claramente que los beneficiarios eran las personas con las tarjetas adicionales. El precepto penal que se considera infringido, establece una serie de acciones que realiza el sujeto activo del delito de lavado de activos, como ser el que adquiera, posea, administre, custodie, utilice, convierta, transfiera, traslade, oculte o impida la determinación del origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de activos, productos o instrumentos, de todos esos supuestos, ninguno calza en contra del señor MARIO ANTONIO ROJAS con la declaratoria de hechos probados, ya que ha quedado plenamente establecido quien obtuvo esos fondos provenientes del IHSS, que fueron empresas, en las que ni es socio ni dueño de ellas MARIO ROJAS, también da como verdad el Tribunal sentenciador que funcionarios del IHSS fueron los que promovieron esas empresas para la sustracción de los fondos de la Institución. Los hechos probados revelan que el actuar de nuestro representado, fue la de otorgar o facilitar unas tarjetas de crédito como adicionales a MICHELLE ALEJANDRA ROJAS FLORES y JOSE ALBERTO ZELAYA GUEVARA, que precisamente los cheques que le entregaron eran para cancelar los consumos de dichas tarjetas adicionales, consumos que hasta se realizaron en el exterior, y puesto que el titular de las tarjetas de crédito es el procesado, a él es que le interesaba que se cancelaran esos saldos o consumos porque si no las llamadas o cobros es a él donde repercutirían. Finalmente, en doctrina es aceptado, las tres fases o etapas del lavado de activos, como la etapa de colocación, la etapa de conversión y la etapa de integración, es un delito de compleja realización, por ello la finalidad de las conductas enunciadas en el precepto penal que se ha infringido es la de transformar un bien por otro, con la intención de legitimarlo; que el bien de origen ilegítimo se convierta o pase a la legalidad, a la licitud. También se ha considerado que la enunciación de distintos verbos rectores en la tipificación se realiza con la finalidad de remitirse a un concepto general de lavar dinero o activos, pudiendo poner el ejemplo del delito de Fraude o Estafa, en donde el legislador puede enumerar distintos verbos típicos con un mismo fin, pero en última instancia lo que se busca es describir y sancionar aquellos actos que tienden a dar apariencia legal a lo ilícito, teniendo en cuenta esto, las personas de confianza que manejaban las empresas fachada y los funcionarios del IHSS, ya estaban en disposición de los fondos que habían sustraído, la pregunta es, qué papel desempeñó MARIO ANTONIO ROJAS en toda esa estructura que se utilizó para obtener esos fondos? En los hechos encontramos que solo facilitó como dice el acápite cuarto de los hechos probados, a MICHELLE ALEJANDRA ROJAS FLORES y JOSE ALBERTO ZELAYA GUEVARA, la disponibilidad de su crédito para que disfrutaran de los fondos que otros habían sustraído del IHSS. Se concluye que al haber el Tribunal de Sentencia condenado al encausado a la pena de quince años de reclusión por el delito de Lavado de Activos, se ha agraviado la Ley en la parte resolutiva de la sentencia impugnada, por haber infringido por aplicación indebida el artículo 3 de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, del decreto 45-2002, ya que la norma aplicable en el caso de autos es el artículo 39 de la Ley Especial Contra el Delito de Lavado de Activos, contentiva en el decreto 144-2014, por lo que solicitamos que oportunamente la Honorable Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Penal, declare Ha Lugar al Motivo planteado.” “II. SEGUNDO MOTIVO DE CASACION: Infracción por falta de aplicación del artículo 39 de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos, contentiva en el decreto 144-2014 en relación con el artículo 388, numeral 6 del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra contenido en el artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO DE CASACION: Para mayor claridad en la exposición de este motivo, nos permitimos transcribir los artículos señalados: Artículo 39 de la Ley Especial contra el Lavado de activos: “Delito de Encubrimiento. Al autor del delito de encubrimiento de lavado de activos, se le debe sancionar con la pena señalada en el artículo 38 de esta Ley, rebajada en un tercio 1/3”. Artículo 388 del Código Penal: “Incurrirá en reclusión de tres (3) a cinco (5) años, quien sin concierto previo con los autores o cómplices de un delito, pero con motivos suficientes para suponer la comisión de este: 1)... 2)... 3)... 4)... 5)… 6) Auxilia a los autores o cómplices para que se beneficien del producto o precio de los objetos provenientes del delito o se aprovecha personalmente del producto o precio mencionado....”.- En el caso que ahora nos ocupa, sabemos que MARIO ANTONIO ROJAS RODRIGUEZ, otorgo a MICHELLE ALEJANDRA ROJAS FLORES y JOSE ALBERTO ZELAYA GUEVARA tarjetas de crédito adicionales a la principal que él ya tenía con anterioridad. Hecho que se da como verdad en la sentencia, precisamente en el hecho cuarto, donde se consigna que el procesado “facilitó a sus familiares la disponibilidad de su crédito, que era saldado con los dineros sustraídos del Instituto Hondureño de Seguridad Social”. Si el señor MARIO ROJAS no hubiere otorgado esas tarjetas adicionales, el nunca hubiere recibido esos cheques de las empresas para pagar los consumos que hicieron los adicionales de la tarjeta de crédito. Por lo que queda evidenciado, la participación que ha tenido en los hechos declarados probados, conducta que se subsume en el tipo penal de Encubrimiento enunciado el artículo 39 de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos, contentiva en el decreto 144-2014, que antes transcribimos, y siendo que la Ley Especial solo nomina el delito de encubrimiento sin desarrollarlo, ello nos hace remitirnos al Código Penal, en su artículo 388 donde encontramos la definición del delito de encubrimiento, el cual también hemos transcrito y del cual extraemos los siguientes elementos de su tipificación legal: 1) Ausencia de concierto previo con los autores o cómplices de un delito, en los hechos probados no se encuentra ninguna acción de MARIO ROJAS en la sustracción de fondos del IHSS, ya que el tribunal ni lo menciona dentro de la red que operaba desde la cúpula de la Directiva del IHSS, el no formaba parte del IHSS, tampoco figuraba como un proveedor de algún bien o servicio para el IHSS, además no figura ni como dueño ni socio de las empresas DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS (DIPROMEH), SUMINISTROS MEDICOS (SUMIMED), COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS (COPROMEDH) e IMPORTADORA DE PRODUCTOS MEDICOS (IMPROME). El ente acusador no probo un acuerdo de voluntades entre MARIO ROJAS y las demás personas mencionadas en los hechos probados y que fueron las que sustrajeron fondos del IHSS, y que después de ese accionar MARIO ROJAS les facilitaría como utilizar el dinero, esa premeditación o acuerdo no existió, por ende el Juzgador no lo puede dar como hecho probado por que no existió, cuando nuestro representado aparece en los hechos, otras personas ya tenían a su disposición los fondos que obtuvieron del IHSS, por lo tanto es evidente que no hubo acuerdo previo entre MARIO ROJAS y las personas que sustrajeron los fondos de la Institución. 2) Motivos suficientes para suponer la comisión de un delito, este requisito se vuelve un tanto subjetivo ya que dependería de la madurez, sagacidad, experiencia, en fin muchas circunstancias que pudieran hacer inferir a alguien que otros han cometido un delito, en el caso que nos ocupa, como el hecho de los consumos elevados de las tarjetas adicionales, extremo este que pudo levantar sospechas de MARIO ROJAS, pero por ello el legislador, esta sospecha de la comisión de un delito está atada al hechos que no haya concierto previo, ya que de lo contrario se volvería cómplice o autor, por ello estas dos circunstancias las enuncia como fijos para luego analizar los supuestos en que se puede incurrir en encubrimiento, y este nos lleva al tercer requisito. 3) Auxilio a los autores y cómplices para que se benefician del producto u objetos provenientes del delito, la palabra auxilio tiene una acepción muy amplia, entendiéndose por ello como: ayuda, facilitar, amparo, apoyo, asistencia, colaboración cooperación, protección, favor, acogida, entre otras, ese auxilio o ayuda que se da es para que el cómplice o autor se beneficie del producto u objeto del delito cometido, de la descripción establecida por el tribunal de los hechos probados, específicamente en el apartado cuarto, que MARIO ROJAS facilito a sus familiares la disponibilidad de su crédito que era saldado con los dineros sustraídos del IHSS; un último supuesto del tipo penal de encubrimiento, establece que se aproveche, el que está encubriendo, personalmente del producto, sobre este particular el Tribunal de Sentencia estableció en la última oración, que MARIO ROJAS se benefició de los fondos sustraídos fraudulentamente del IHSS. De lo expuesto se estima que se ha infringido por falta de aplicación el precepto penal establecido en el artículo 39 de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos, contentiva en el decreto 144-2014 en relación con el artículo 388, numeral 6 del Código Penal, entendiéndose por falta de aplicación del precepto legal antes citado, esa violación se da cuando frente a una situación fáctica perfectamente determinada, el Juzgador no observa o ignora el precepto legal sustancial que concretamente regula la situación planteada, es decir, omite aplicarlo; dando lugar a este segundo motivo de casación por infracción de ley. Habiéndose causado los agravios, el error in judicando, cometido por el Tribunal sentenciador; solicitamos que oportunamente la Honorable Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Penal, declare Haber Lugar al Motivo, Case la Sentencia recurrida y acto seguido y por separado dicte la Sentencia correspondiente.” Continúa manifestando el recurrente en su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional: “RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. UNICO MOTIVO DE CASACION: Infracción por falta de aplicación del artículo 96 de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra contenido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO DE CASACION: El principio constitucional que se invoca como infringido por falta de aplicación garantiza: Artículo 96: “La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado”. El recurso de casación es un contralor de legalidad que actúa con independencia de lo salomónica que resulte la decisión final, lo que realmente importa es el control legal.- Consta en las diligencias que los hechos por los cuales se enjuicia a nuestro representado tuvieron lugar entre el año 2012 y 2013, la Ley vigente era la contenida en el decreto 45-2002, siendo la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, el Tribunal Sentenciador, determino que la nueva Ley Especial Contra el Lavado de Activos, contentiva en el decreto 144-2014 no le beneficia al acusado ya que no se trata de una pena más baja ni despenaliza alguna de las conductas cometidas. Argumentos que van en contra de la garantía constitucional de la retroactividad de la Ley en materia penal cuando favorece al procesado, el articulo 9 la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, del decreto 45-2002, establece la pena para el delito de encubrimiento de lavado de activos, como la rebaja de un tercio de la pena de lavado de activos, es decir de 15 a 20 años menos un tercio; por otro lado el artículo 39 de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos del decreto 144-2014, establece la pena para el delito de encubrimiento de lavado de activos, como la que resulte de la rebaja de un tercio a la reclusión 6 años a 10, relacionándolo con el artículo 38. Es evidente que la Ley actual favorece a nuestro representado, por lo cual se ha infringido el precepto constitucional invocado, por lo que al relacionar los motivos de Casación por Infracción de Ley que hemos expuesto, debiendo de conformidad a lo establecido por el Juzgador como hechos probados que la conducta de MARIO ROJAS se subsume en el tipo penal de Encubrimiento de Lavado de Activos, es que la norma aplicable es la actual ya que contiene una pena más benigna que la Ley vigente al momento de ocurrir los hechos que se le atribuyen. Por lo que finalmente pedimos que oportunamente la Honorable Corte Suprema de Justicia declare Haber Lugar al Motivo y case la sentencia.” III. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. 1) Recurso de Casación por infracción de ley, por aplicación indebida del artículo 3 de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos contentiva en el decreto 45-2002. Primer Motivo: Normas Autorizantes: artículo 360 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: aplicación indebida del artículo 3 de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos contentiva en el decreto 45-2002. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la Pretensora. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, ordenando se dicte la sentencia de fondo que corresponda conforme a derecho. Resumen Casación por infracción de ley, por aplicación indebida del artículo 3 de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos contentiva en el decreto 45-2002. Con esta declaración de hechos probados se establece que en acusado señor Mario Antonio Rojas Rodriguez, no figura como socio, ni propietario de la empresas Distribuidora de Productos Médicos Hospitalarios (DIPROMEH), Suministros Médicos (SUMIMED), Comercializadora de Productos Médicos Hospitalarios (COPROMEDH) e Importadora de Productos Médicos (IMPROME), empresas que fueron las que recibieron fondos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), por la cantidad de Ciento Seis Millones, Quinientos Cincuenta y Un Mil, Cuatrocientos Trece Lempiras con Dos Centavos (L. 106,551,413.02), mediante el libramiento de 14 cheques de caja y 5 créditos a cuenta. El señor Mario Antonio Rojas Rodriguez no figura en esa red por no formar parte, ni ser empleado del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y por nunca haberle suministrado o prestado ningún bien o servicio al Seguro Social. De la cantidad de dinero que recibieron las empresas antes referidas al acusado señor Mario Antonio Rojas Rodriguez se le imputa haber recibido la cantidad de Tres Millones Cuatrocientos Dieciséis Mil Seiscientos Sesenta y Siete Lempiras con Cuarenta y Cinco Centavos (L. 3,416,667.45), por lo que se evidencia que el acusado no tuvo ninguna injerencia en el manejo de dichos fondos, debido a que como lo dice el acápite segundo, última oración de los hechos probados de la sentencia, que una vez que las empresas de fechada recibieron los fondos dispusieron de ellos, o sea que fueras las personas que manejaban dichas empresas las que dispusieron de esos fondos, y que eran personas de confianza como lo establecen los hechos probados. Por lo anterior, los cheques entregados al acusado señor Mario Antonio Rojas Rodriguez, utilizados para pagar las tarjetas de crédito adicionales, no justifican que haya entre el acusado y dichas empresas una relación comercial o laboral. Al momento de librar los cheques, los fondos ya estaban circulando en la banca nacional a disposición de las empresas mencionadas. El acusado señor Mario Antonio Rojas Rodriguez nunca recibió un cheque de una de las cuentas del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), y como lo establece el hecho cuarto de los hechos probados en su parte final, los consumos exorbitantes de las tarjetas adicionales de Michelle Alejandra Rojas Flores y Jose Alberto Zelaya Guevara por compras efectuadas por estos dentro y fuera del territorio nacional, denotan que los beneficiarios fueron las personas con dichas tarjetas adicionales. El precepto penal que se considera infringido, establece una serie de acciones que realiza el sujeto activo del delito de Lavado de Activos, como el que adquiera, posea, administre, custodie, utilice, convierta, transfiera, traslade, oculte o impida la determinación del origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de activos, productos o instrumentos, de todos esos supuestos, y considera que ninguna de estas acciones calza en contra del acusado señor Mario Antonio Rojas. Con la declaratoria de hechos probados, ha quedado plenamente establecido que quien obtuvo esos fondos provenientes del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) fueron las empresas en las que el acusado no es socio, ni dueño de ellas, y como da también por probado que son los funcionarios del Seguro Social los que promovieron esas empresas para la sustracción de los fondos de la institución. Los hechos probados revelan que el actuar del acusado, fue la de otorgar o facilitar tarjetas de crédito adicionales a Michelle Alejandra Rojas Flores y Jose Alberto Zelaya Guevara, y que los cheques que le entregaron eran para cancelar los consumos de dichas tarjetas adicionales, consumos que se realizaron en el exterior, y puesto que el titular de las tarjetas de crédito es el procesado, a él era a quien le interesaba que se cancelaran esos saldos o consumos. El papel que desempeñó el acusado Mario Antonio Rojas en esa estructura utilizada para obtener los fondos, fue la de facilitar como dice el acápite cuarto de los hechos probados, a Michelle Alejandra Rojas Flores y Jose Alberto Zelaya Guevara, la disponibilidad de su crédito para que disfrutaran de los fondos que otros habían sustraído del Seguro Social, por lo que el juzgador ha infringido por aplicación indebida el artículo 3 de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, del decreto 45-2002, ya que la norma aplicable en el caso de autos es el artículo 39 de la Ley Especial Contra el Delito de Lavado de Activos, contentiva en el decreto 144-2014, que sanciona el delito de Encubrimiento. A.1) Concepto General A través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. A la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. El artículo 360 del Código Procesal Penal establece, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. A.2) Concepto especifico “El tipo básico del artículo 3. a) Las acciones típicas Según determina el artículo 3 de la Ley contra el lavado de dinero, las conductas típicas son: «adquirir, poseer, administrar, custodiar, utilizar, convertir, transferir, trasladar, ocultar o impedir» la determinación del origen, el destino, el movimiento o la propiedad de activos, productos o instrumentos que procedan directa o indirectamente de los delitos tráfico ilícito de drogas. Es un catálogo cerrado, pero muy amplio([1]), en el que las acciones típicas a veces se solapan, de suerte que un mismo comportamiento puede participar o ser incluido en varias de ellas. Nos hallamos ante unas conductas autónomas que, por aplicación del principio de especialidad (art. 2A.1 del CP), excluyen el encubrimiento genérico previsto en el artículo 388 del Código Penal. Pese a su farragosa y deficiente redacción, puede decirse que el precepto castiga como autor de un delito de lavado de activos a quien: I) Adquiera, posea, administre, custodie o utilice bienes (en sentido amplio: activos, productos o instrumentos), a sabiendas o debiendo saber que proceden, directa o indirectamente, del narcotráfico u otros delitos conexos. Adquirir quiere decir «hacer propio un derecho o una cosa»; para completar el tipo habrá que acudir a las formas de adquirir la propiedad en el Código Civil. No es necesario que la adquisición produzca un incremento patrimonial. Frecuentemente se recurre al artificio de pagar por el bien que se adquiere más de lo que cuesta realmente. Por lo demás, el resto de comportamiento comprende una gran amplitud de acciones que van, por ejemplo, desde la simple posesión de los bienes, al traslado físico de capitales de un lugar a otro, la simulación de beneficios superiores a los reales([2]), la prestación de servicios inexistentes o sobrevalorados([3]), etc. II) Convierta, transfiera o traslade bienes (en sentido amplio: activos, productos o instrumentos), con conocimiento o debiendo conocer que proceden, directa o indirectamente, del narcotráfico u otros delitos conexos. Convertir quiere decir «mudar o volver una cosa en otra», es decir, transformar una cosa en otra, sustituir una cosa por otra, para hacer desaparecer la que tenía su origen en el delito de narcotráfico y traer en su lugar otra, total o parcialmente, distinta de origen completamente lícito o aparentemente lícito. No es preciso que la conversión se haga necesariamente por un bien de diferente naturaleza. Cabe, por tanto, que el delito se cometa, por ejemplo, cuando se produzca la conversión de dinero en asiento contable, mediante ingreso en cuenta corriente (STS de 21 de enero de 1993, 27 de diciembre de 1993), o activos financieros (STS de 15 de abril de 1998). También supone «conversión» de un bien en otro, aunque mantenga idéntica naturaleza la transformación de un asiento contable en otro asiento contable, la conversión de una moneda en otra distinta, de una joya en otra, etc. Transferir significa «pasar o llevar una cosa desde un lugar a otro» y también, «remitir fondos bancarios de una cuenta a otra». Además, es sinónimo de transmitir y este verbo significa enajenar, ceder o dejar a otro un derecho u otra cosa, tanto a título oneroso como lucrativo([4]). Trasladar es cambiar una cosa de lugar, por lo que viene a tener el mismo contenido que transmitir, en su primera acepción. III) Oculte o impida la determinación del origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de activos, productos o instrumentos que procedan, directa o indirectamente, de los delitos tráfico ilícito de drogas u otros delitos conexos. Se incorporan aquí tres tipos de conductas que deben considerarse lavado de dinero: 1.ª Comportamientos que tratan de crear la apariencia de que los bienes no proceden de un delito (ocultación o impedimento para determinar el origen del bien). El «origen» se entiende aquí como «procedencia o naturaleza o delictiva», de manera que la ocultación o impedimento vendría referida al origen delictivo de los bienes, dándoles la apariencia de haber sido legalmente conseguidos. 2.ª Comportamientos que tratan de impedir o dificultar la localización de un bien de procedencia delictiva (ocultación o impedimento para determinar la ubicación, destino y movimientos del bien). La ubicación es la situación de los bienes, su localización, el lugar en que se encuentran; pero no sólo es el lugar o espacio físico (ello supondría una limitación excesiva del tipo a determinados bienes y supuestos)([5]). El destino, en el curso de un proceso de movimiento, es la meta o punto físico de llegada; también es el fin a cuya satisfacción se aplica o afecta una cosa. Por movimiento hay que entender el proceso o curso de traslado de los bienes de un lugar a otro; el hecho en sí de su desplazamiento. Es éste un concepto más amplio que el de «origen» y «destino», que no son sino los puntos de partida y llegada de ese movimiento. 3.ª Comportamientos que tratan de evitar el comiso del bien de origen delictivo, ocultando o impidiendo determinar no ya el propio bien, sino la propiedad o los derechos sobre ese bien([6]). En cualquiera de estos casos se trata de la llamada segunda fase de la legitimación de capitales: aquélla en la que se persigue encubrir la previa transformación o sustitución de los bienes ilícitamente obtenidos. Por lo que atañe a la prueba en los delitos de blanqueo, será prácticamente imposible la existencia de prueba directa, dada la capacidad de camuflaje y hermetismo con que actúan las redes clandestinas de fabricación y distribución de drogas, así como de «lavado» del dinero procedente de aquella, por lo que la prueba indirecta será la más usual (STS 1637/1999, de 10 de enero). Su utilidad en estos supuestos ha sido expresamente reconocida por el artículo 3.3 de la Convención de Viena de 1988, en cuanto previene de la legalidad de la prueba indiciaria para obtener el juicio de certeza sobre el conocimiento, intención o finalidad requeridos como elemento de los delitos de blanqueo de dinero. La STS 266/2005, de 1 de marzo, enumera, como indicios más frecuentes en estos casos los siguientes: a) en primer lugar en el incremento inusual del patrimonio o el manejo de cantidades de dinero que por su elevada cantidad, dinámica de las transmisiones y tratarse de efectivo pongan de manifiesto operaciones extrañas a las prácticas comerciales ordinarias; b) en segundo lugar en la inexistencia de negocios lícitos que justifiquen el incremento patrimonial o las transmisiones dinerarias; y, c) en tercer lugar, en la constatación de algún vínculo o conexión con actividades de tráfico de estupefacientes o con personas o grupos relacionados con las mismas. b) Elemento intencional No se utiliza, en la definición de los tipos del artículo 3, elemento alguno de índole subjetiva o intencional. No parece importar la finalidad con la que se ejecuten tales conductas([7]). Del tenor literal de la norma resulta que el legislador hondureño las ha sancionado en todo caso; aunque no se lleven a cabo con intención de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes. La irrelevancia del ánimo en el artículo 3 contrasta con la exigencia de que los comportamientos típicos del artículo 4 sean «para encubrir o simular» los activos, productos o instrumentos que procedan directa o indirectamente de los delitos tráficos ilícito de drogas. Cabe pensar, no obstante, que las conductas relativas a convertir y transferir bienes, así como las de ocultar o impedir la determinación del origen, ubicación, etc., de los bienes procedentes del delito, sólo pueden tener, cabalmente, la finalidad de encubrir su origen ilícito. Precisamente, en el Convenio de Viena se establece expresamente, como elemento subjetivo del injusto, en cuanto a la «conversión» y la «transferencia» de bienes, que ello se haga «con objeto de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o de ayudar a cualquier persona que participe en la comisión de tal delitos o delitos a eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones» artículo 3.1.b).i)]. No aparece ese mismo elemento tendencial en lo relativo a la «adquisición», «posesión» y «utilización» [artículo 3.1.c).i) del Convenio de Viena]. c) El conocimiento del origen ilícito El autor ha de conocer la procedencia ilícita de los bienes (en nuestro caso, del narcotráfico). Desde luego, no bastarán las simples sospechas, sino que será preciso que el sujeto tenga certidumbre de ese origen delictivo, si bien no es necesario el conocimiento de la infracción precedente en todos sus pormenores o con todo detalle (STS 1070/2003, de 22 de julio). Se exige dolo, habiéndose admitido el dolo eventual como forma de culpabilidad (SSTS 1070/2003, de 22 de julio y 2545/2001, de 4 de enero). El elemento intelectual del dolo exigido para poder estimar realizado el tipo de cualquiera de las modalidades de lavado de dinero es, por consiguiente, un conocimiento no pormenorizado del ilícito penal del que proceden los efectos recibidos que se corresponde con lo que habitualmente se entiende como «valoración paralela en la esfera del profano». No implica, pues, un «saber» como el que podría derivarse de la observación científica de un fenómeno, o de la implicación directa, en calidad de protagonista, en alguna realización; sino conocimiento práctico, del que se tiene por razón de experiencia y que permite representarse algo como lo más probable en la situación dada. Es el que, normalmente, en las relaciones de la vida diaria permite a un sujeto discriminar, establecer diferencias, orientar su comportamiento, saber a qué atenerse respecto de alguien (STS 2545/2001, de 4 de enero). Así, la jurisprudencia del Tribunal Supremo español (entre otras muchas, SSTS de 27/01/1992, 20/02/1992, 12/04/1992, 22/04/1992, 17/10/1992, 30/11/1992, 23/04/1993, 9/06/1993 y 9/07/1993) concluye que no se exige una noticia cabal, exacta y completa del hecho delictivo previo sino un estado anímico de certeza, y que el conocimiento no es necesario que se extienda a otras particularidades o circunstancias de fecha, forma o lugar de comisión, bastando que lo sea el hecho delictivo en abstracto pudiendo ser inferido, al faltar normalmente la prueba directa, de datos externos y objetivos acreditados conforme a la prueba de indiciaria o de presunciones. ¿A partir de qué elementos puede llegar el Tribunal a la conclusión de que la actuación del acusado por delito de lavado de dinero ha estado acompañada del indicado elemento subjetivo de naturaleza cognoscitiva? En la práctica no será frecuente que exista prueba directa de este conocimiento, por lo que la prueba indirecta (indicios) será la más usual. Y, al respecto, no está de más recordar que el artículo 3.3 de la Convención de Viena dispone que «el conocimiento, la intención o la finalidad requeridos como elementos de los delitos enunciados en el párrafo 1 del presente artículo [entre los que está el blanqueo de dinero], podrán inferirse de las circunstancias objetivas del caso». Como elementos indiciarios será necesario valorar, entre otros datos, la utilización de identidades supuestas, la inexistencia de relaciones comerciales que justifiquen los movimientos de dinero, la utilización de testaferros sin disponibilidad económica real sobre los bienes, la vinculación con sociedades ficticias o carentes de actividad económica alguna, muy especialmente si radican en países conceptuados como paraísos fiscales, la realización de alteraciones documentales, el fraccionamiento de ingresos en depósitos bancarios para disimular su cuantía, la disposición de elevadas cantidades de dinero en efectivo sin origen conocido, y en definitiva cualesquiera otras circunstancias concurrentes en la ejecución de tales operaciones que sean susceptibles de ser calificadas como irregulares o atípicas desde una perspectiva financiera y mercantil (ver SSTS de 23 mayo 1997, 15 de abril de 1998)”[8]. A.3) DE LA PROCEDENCIA RECURSO. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. A.4) Opinión de la Sala sobre el caso específico Argumenta el recurrente que la sentencia recurrida incurre en infracción de ley, por aplicación indebida del artículo 3 de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos contentiva en el decreto 45-2002. Reprocha que de los hechos declarados probados se evidencia que el acusado señor Mario Antonio Rojas Rodriguez no tuvo injerencia en el manejo de dichos fondos, pues una vez que las empresas de fechada recibieron los fondos dispusieron de ellos, por ser personas de confianza de los funcionarios del Seguro Social, por lo que los cheques entregados al acusado señor Mario Antonio Rojas Rodriguez, por parte de dichas empresas, utilizados para pagar las tarjetas de crédito adicionales a favor de Michelle Alejandra Rojas Flores y Jose Alberto Zelaya Guevara, no justifican una relación comercial o laboral del acusado con dichas empresa. Esgrime que al librar dichos cheques los fondos ya estaban circulando en la banca nacional a disposición de las empresas mencionadas. Que el acusado Mario Antonio Rojas Rodriguez nunca recibió un cheque de una de las cuentas del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), y que los consumos de las tarjetas adicionales fueron por compras efectuadas por estos dentro y fuera del territorio nacional, siendo ellos los beneficiarios. Aprecia que, con la declaratoria de hechos probados, ha quedado plenamente establecido que quien obtuvo los fondos provenientes del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) fueron las empresas, que son los funcionarios del Seguro Social los que promovieron esas empresas para la sustracción de los fondos de la institución. Por lo anterior, asegura que los hechos declarados probados no se subsumen en el delito de Lavado de Activos, sino en el delito de Encubrimiento. Esta Sala de lo Penal, considera importante recordar que, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. Tratándose del motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. El artículo 360 del Código Procesal Penal establece, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Precisados los límites en los que puede desenvolverse la función revisora de esta Sala cuando del recurso de casación por infracción de ley se refiere, ahora es pertinente que indiquemos cuales son los elementos del tipo penal aplicado por el Tribunal de Instancia. En nuestro país, el delito de lavado de activos es tipificado En sintonía con la tendencia internacional de ampliar el catálogo de delitos previos, -en tanto que también son susceptibles de generar ingentes cantidades de dinero otras actividades criminales cuya introducción en los cauces económicos legales pueden llegar a lesionar los bienes jurídicos protegidos con la incriminación del delito de lavado de activos, es como mediante el Decreto Legislativo No. 45-2002 del 5 de marzo de 2002 (Ley Contra el Delito de Lavado de Activos), que entrara en vigor, veinte días después de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, en su edición de fecha 15 de mayo de 2002, los bienes objeto de esa infracción penal, al tenor de lo establecido en sus artículo 3 y 4 pueden provenir directa o indirectamente, no solamente del delito de tráfico de drogas, sino también, del “…tráfico de personas, tráfico de influencias, tráfico ilegal de armas, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros en las actividades públicas o privadas, secuestro, terrorismo y delitos conexos o que no tengan causa o justificación económica legal de su procedencia”. Esta Sala entiende que pueden ser objeto idóneo de este delito, los bienes que tienen origen en cualquier actividad ilícita, ya que el legislador en la configuración de los tipos establece en principio un catálogo de delitos usualmente cometidos en el ámbito de la criminalidad organizada, luego se extiende a los delitos conexos para finalizar con una cláusula de cierre, indicando que se castigarán las acciones constitutivas de blanqueo sobre “bienes que no tengan causa o justificación económica legal”, por lo que hay que entender que siendo injustificada e ilegal la obtención de bienes, estos pueden ser objeto idóneo de un posterior delito de lavado o blanqueo. Es oportuno recordar que para una mejor comprensión del lavado de activos como un fenómeno de naturaleza dinámico, se dice que comprende una serie de etapas o fases[9]. Se han ideado muchos modelos que describen las fases en que se lleva a cabo el lavado de activos, los cuales han sido sistematizados por la doctrina, y por los organismos internacionales. Los más sencillos van desde los integrados solamente por dos momentos en los que se intenta abarcar todo el proceso de lavado de activos, hasta los complejos divididos en diez fases y muy detallados, pasando por otras clasificaciones intermedias de tres fases[10], mayoritarias en la doctrina: la de colocación, conversión (o placement),la de ocultación, encubrimiento y ensombrecimiento (layering) y la de integración o creación de legitimidad (integration). Como lo explica Blanco Cordero, estas fases o etapas pueden llevarse a cabo de forma separada o simultánea aunque con frecuencia también pueden superponerse[11]. Con lo cual si bien la segmentación del proceso de blanqueo mediante su división en fases es un recurso metodológico que facilita considerablemente el estudio del fenómeno y hace mucho más comprensible su exposición, éste tiene una utilidad limitada en la práctica puesto que en muchas ocasiones tales etapas se solapan o incluso pueden llegar a coincidir[12]. De este modo, si bien es cierto que la integración de los capitales o bienes de origen ilícito en los cauces económicos oficiales podría decirse que constituye el último peldaño de una hipotética escalera cuya completa ascensión permitiría desvincularlos por completo de su origen y hacerlos abandonar definitivamente la sombra de la ilegalidad, tal hecho no permite autorizar a encontrar en esa introducción una naturaleza distinta a la de las fases anteriores. No debemos olvidar que el blanqueo o lavado es un proceso y no el resultado de un proceso, dado que difícilmente se puede hablar con propiedad de una meta: la total y absoluta desaparición de las trazas en esos bienes que pudieran revelar su origen ilícito. Y es que sabemos cuál es el punto de partida de una hipotética ascensión, la comisión de un hecho ilícito económicamente productivo, pero no es posible determinar donde se encuentra su fin, dado que siempre será posible avanzar un nuevo paso, es decir, realizar una nueva operación de lavado que favorezca un poco más el distanciamiento de los bienes respecto de su remota procedencia[13]. Del caso que nos ocupa, podemos afirmar que el comportamiento del acusado del señor Mario Antonio Rojas Rodriguez, desde el 14 de septiembre del año 2012 hasta el 23 de diciembre del 2013, sobrino del Mario Roberto Zelaya Rojas, Director Ejecutivo del Instituto Hondureño de seguridad Social, consistente en haber recibido 46 cheques emitidos por las empresas fachadas supra mencionadas, por un total de Tres Millones Cuatrocientos Dieciséis Mil Seiscientos Sesenta y Siete Lempiras Con Cuarenta Y Cinco Centavos (L 3,416, 667.45), desglosados así: de la empresa Distribuidora de Productos Médicos Hospitalarios (DIPROMEH), recibió la cantidad de 21 cheques, por un valor total de novecientos noventa y dos mil, doscientos cuarenta y cuatro mil lempiras con cuarenta y cinco centavos (L 992,244.45); de la empresa Suministros Médicos (SUMIMED), recibió la cantidad de 12 cheques, por un valor total de un millón trescientos sesenta y un mil lempiras (L 1, 361,000.00); de la empresa Comercializadora de Productos Médicos Hospitalarios (COPROMEDH), recibió la cantidad de 9 cheques, con valor total de setecientos noventa y tres mil, cuatrocientos veintitrés mil lempiras (L 793,423.00); de la empresa Importadora De Productos Médicos (IMPROME) recibió 4 cheques, por un valor total de doscientos setenta mil Lempiras (L. 270,000.00), sin tener relación mercantil o laboral alguna con dichas empresas. De los hechos declarados probados se deriva que los fondos antes descritos el señor Mario Antonio Rojas Rodriguez, convirtió en efectivo la cantidad de dos millones cincuenta y cinco mil, cuatrocientos cuarenta y ocho lempiras con ochenta y nueve centavos (L 2,055,448.89) desconociéndose el destino de esta cantidad, depositó a sus cuentas personales la cantidad de quinientos veintidós mil, quinientos lempiras (L 522,500.), endosó la cantidad de ciento veinte mil lempiras (L 120,000) y abonó a tarjetas de crédito adicionales a su línea de crédito principal, la cantidad de setecientos dieciocho mil setecientos dieciocho lempiras con cincuenta y seis centavos (L 718, 718.56 L). Tarjetas de crédito adicionales solicitadas por el señor Mario Antonio Rojas a las entidades bancarias Ficohsa y City Bank y proporcionadas a su sobrina Michelle Alejandra Rojas Flores, quien a su vez es prima del Director Ejecutivo del Instituto Hondureño de Seguridad Social, así como al esposo de esta señora Jose Alberto Zelaya Guevara quien fungía como Subgerente de Suministros, Materiales y Compras del Seguro Social. Que el señor Mario Antonio Rojas facilitó a sus familiares la disponibilidad de su crédito, que era pagado con los dineros sustraídos del Instituto Hondureño de Seguridad Social, dado que ninguno de ellos contaba con ingresos que les permitieran pagar los exorbitantes estados de cuenta que se generaban por las compras hechas en establecimientos comerciales, tanto dentro como fuera del territorio nacional de las tarjetas adicionales con número 43468300001044706 de banco City entregada por Mario Antonio Rojas A Michelle Alejandra Flores Rojas, la tarjeta # 4327628 de banco Ficohsa entregada por Mario Antonio Rojas a Michelle Guevara y la tarjeta #4346830902006910 entregada por Mario Antonio Rojas A Jose Alberto Zelaya Guevara y beneficiándose el señor Mario Antonio Rojas Rodriguez con fondos sustraídos fraudulentamente del Instituto Hondureño de Seguridad Social (HSS), los que contribuye a poner en circulación en el comercio nacional e internacional, siendo estos actos propios del delito de Lavado de Activos en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras, con independencia de que no sea socio o forme parte de ninguna de las empresas de fachada enunciadas, debido a que el acusado Mario Antonio Rojas Rodriguez, sin tener relación de tipo comercial, ni laboral con dichas empresas de fachada, recibe sin justificación legal alguna, y por el solo hecho de ser tío del señor Mario Roberto Zelaya Rojas, Director Ejecutivo del Instituto Hondureño de Seguridad Social, 46 cheques provenientes de dichas empresas ficticias, hasta por un monto de Tres Millones Cuatrocientos Dieciséis Mil Seiscientos Sesenta y Siete Lempiras con Cuarenta y Cinco Centavos (L.3,416,667.45), conociendo o debiendo conocer la procedencia ilícita del dinero, por provenir dichos fondos de empresas de fachada contratadas por el Instituto Hondureño de Seguridad Social, para cumplir con contratos de suministro de medicamentos y/o de equipos médicos, fondos públicos que el acusado recibe y utiliza para saldar cuentas personales por gastos exorbitantes realizados con sus tarjetas de crédito, y con las tarjetas de crédito adicionales solicitadas por el propio señor Mario Antonio Rojas a las entidades bancarias Ficohsa y City Bank a favor de su sobrina Michelle Alejandra Rojas Flores, quien a su vez es prima del señor Mario Roberto Zelaya Rojas, Director Ejecutivo del Instituto Hondureño de Seguridad Social, y a favor del esposo de esta, señor Jose Alberto Zelaya Guevara, quien ocupa el cargo de Sub Gerente de Suministros, Materiales y Compras del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Por todo lo anterior, esta Sala considera que el acusado Mario Antonio Rojas Rodriguez formó parte de la organización creada desde adentro Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) para el blanqueo de capitales de fondos de origen ilícito. Por lo anterior, esta Sala concluye que el hecho declarado probado se subsume perfectamente en el artículo 3 de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, contenido en el Decreto 45-2002, por lo que se desestima el motivo de casación de infracción de ley, invocado por el recurrente.
- Recurso de Casación por Infracción de Ley, por falta de aplicación del artículo 39 de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos, contentiva en el decreto 144-2014 en relación con el artículo 388, numeral 6 del Código Penal. Primer Motivo: Normas Autorizantes: artículo 360 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: falta de aplicación del artículo 39 de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos, contentiva en el decreto 144-2014 en relación con el artículo 388, numeral 6 del Código Penal.
Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la Pretensora. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, ordenando se dicte la sentencia de fondo que corresponda conforme a derecho. Resumen Infracción por falta de aplicación del artículo 39 de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos, contentiva en el decreto 144-2014 en relación con el artículo 388, numeral 6 del Código Penal. El artículo 39 de la Ley Especial contra el Lavado de activos: “Delito de Encubrimiento. Al autor del delito de encubrimiento de lavado de activos, se le debe sancionar con la pena señalada en el artículo 38 de esta Ley, rebajada en un tercio 1/3”. Y el artículo 388 del Código Penal: “Incurrirá en reclusión de tres (3) a cinco (5) años, quien sin concierto previo con los autores o cómplices de un delito, pero con motivos suficientes para suponer la comisión de este: 1) ... 2)... 3)... 4)... 5)… 6) Auxilia a los autores o cómplices para que se beneficien del producto o precio de los objetos provenientes del delito o se aprovecha personalmente del producto o precio mencionado....”. El señor Mario Antonio Rojas Rodriguez, otorgo a Michelle Alejandra Rojas Flores y Jose Alberto Zelaya Guevara tarjetas de crédito adicionales a la principal que él ya tenía con anterioridad, por lo que “facilitó a sus familiares la disponibilidad de su crédito, que era saldado con los dineros sustraídos del Instituto Hondureño de Seguridad Social”. Si el señor Mario Rojas no hubiere otorgado esas tarjetas adicionales, nunca hubiere recibido esos cheques de las empresas para pagar los consumos que hicieron los adicionales de la tarjeta de crédito, por lo que la participación que este ha tenido en los hechos declarados probados, se subsume en el tipo penal de Encubrimiento enunciado el artículo 39 de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos (Decreto 144-2014) ya transcrito, y siendo que la Ley Especial solo nomina el delito de encubrimiento sin desarrollarlo, nos hace remitirnos al Código Penal, que en su artículo 388 define el delito de Encubrimiento ya transcrito, con los siguientes elementos de su tipificación legal: 1) Ausencia de concierto previo con los autores o cómplices de un delito, pues en los hechos probados no se encuentra acción alguna de Mario Rojas en la sustracción de fondos del IHSS, ni el tribunal lo menciona dentro de la red que operaba desde la cúpula de la Directiva del IHSS, no formaba parte del IHSS, no figuraba como un proveedor de algún bien o servicio para el IHSS, no figura como dueño, ni socio de las empresas Distribuidora de Productos Médicos Hospitalarios (Dipromeh), Suministros Médicos (Sumimed), Comercializadora de Productos Médicos Hospitalarios (Copromedh) e Importadora de Productos Médicos (Improme). El ente acusador no probo un acuerdo de voluntades entre Mario Rojas y las personas que sustrajeron fondos del IHSS, y que después de ese accionar Mario Rojas les facilitaría como utilizar el dinero, esa premeditación o acuerdo no existió; 2) Motivos suficientes para suponer la comisión de un delito, vuelve un tanto subjetivo dado que depende de la madurez, sagacidad, experiencia, o circunstancias que pudieran hacer inferir a alguien que otros han cometido un delito, en el caso que nos ocupa, como el hecho de los consumos elevados de las tarjetas adicionales, extremo este que pudo levantar sospechas de Mario Rojas; 3) Auxilio a los autores y cómplices para que se benefician del producto u objetos provenientes del delito, la palabra auxilio tiene una acepción muy amplia, entendiéndose por ello como: ayuda, facilitar, amparo, apoyo, asistencia, colaboración cooperación, protección, favor, acogida, entre otras, ese auxilio o ayuda que se da es para que el cómplice o autor se beneficie del producto u objeto del delito cometido. De la descripción establecida por el tribunal de los hechos probados, específicamente en el apartado cuarto, un último supuesto del tipo penal de Encubrimiento, establece que se aproveche, el que está encubriendo, personalmente del producto. Sobre este particular el Tribunal de Sentencia estableció en la última oración, que Mario Rojas se benefició de los fondos sustraídos fraudulentamente del IHSS, por lo que se ha infringido por falta de aplicación el precepto penal establecido en el artículo 39 de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos, contentiva en el decreto 144-2014 en relación con el artículo 388, numeral 6 del Código Penal. A.1) Concepto General A través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. A la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. El artículo 360 del Código Procesal Penal establece, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. A.2) Concepto especifico “Encubrimiento El encubrimiento es tratado por el Código Penal como un delito autónomo dentro de los delitos contra la Administración Pública (arts. 388 y 389 del CP), con pena de 3 a 5 años de reclusión; pena que se aumentará en un tercio si el encubrimiento se ejecuta con ánimo de lucro, y en un cincuenta por ciento (50%) si el encubridor lo es en forma habitual. Cuando el encubrimiento lo es respecto de quien ha cometido el delito de lavado de activos, el encubridor será castigado, en todo caso, con la pena prevista para el autor rebajada en un tercio (1/3), tal y como dispone el artículo 9 de la Ley contra el delito de lavado de activos. No hubiera estado de más mantener los tipos agravados del encubrimiento: el realizado con ánimo de lucro y el habitual, con los consiguientes incrementos de pena. La dicción categórica del artículo 9 de la Ley especial excluye la aplicación de lo dispuesto sobre tipologías agravadas por el artículo 388 del CP. Naturalmente, es de aplicación la excusa absolutoria del artículo 389 del CP, respecto de quienes sean encubridores de su cónyuge o de la persona con quien hacen vida marital, o de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, salvo que se hayan aprovechado por si mismos o hayan auxiliado personalmente a los delincuentes para que se aprovechen de los efectos del delito”[14] A.3) DE LA PROCEDENCIA RECURSO. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. A.4) Opinión de la Sala sobre el caso específico Argumenta el recurrente que la sentencia recurrida incurre en infracción de ley, por falta de aplicación del artículo 39 de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos, contentiva en el Decreto 144-2014, en relación con el artículo 388, numeral 6 del Código Penal. Argumenta que el señor Mario Antonio Rojas Rodriguez, si bien otorgo a Michelle Alejandra Rojas Flores y Jose Alberto Zelaya Guevara tarjetas de crédito adicionales a la principal que él ya tenía con anterioridad, o “facilitó a sus familiares la disponibilidad de su crédito, que era saldado con los dineros sustraídos del Instituto Hondureño de Seguridad Social” y que si no hubiere otorgado esas tarjetas adicionales a sus familiares, no hubiere recibido esos cheques de las empresas para pagar los consumos que hicieron los adicionales de la tarjeta de crédito, por lo que considera que la participación que este en los hechos declarados probados, se subsume en el tipo penal de Encubrimiento. Esta Sala de lo Penal, considera que los bienes jurídicos protegidos con la incriminación del delito de Lavado de Activos, de que se acusa al señor Mario Antonio Rojas Rodriguez, es sometida a juzgamiento por aplicación del Decreto Legislativo No. 45-2002, del 5 de marzo de 2002 (Ley Contra el Delito de Lavado de Activos), publicado en el Diario Oficial La Gaceta, de fecha 15 de mayo de 2002, por lo que no es aplicable a su accionar el Decreto 144-2014 de la nueva Ley contra el delito de Lavado de Activos, que contiene el tipo penal de Encubrimiento, a que alude el recurrente, que en su artículo 39 dispone: “Delito de Encubrimiento. Al autor del delito de encubrimiento de lavado de activos, se le debe sancionar con la pena señalada en el artículo 38 de esta Ley, rebajada en un tercio 1/3”, en relación con el artículo 388, numeral 6 del Código Penal, que determina: “Incurrirá en reclusión de tres (3) a cinco (5) años, quien sin concierto previo con los autores o cómplices de un delito, pero con motivos suficientes para suponer la comisión de este: 1) ... 2)... 3)... 4)... 5)… 6) Auxilia a los autores o cómplices para que se beneficien del producto o precio de los objetos provenientes del delito o se aprovecha personalmente del producto o precio mencionado....”. Esta Sala considera que, al resolver el motivo de casación de Infracción de ley anterior, ha dejado establecido con claridad que el señor Mario Antonio Rojas Rodriguez al recibir 46 cheques emitidos por las empresas fachadas supra mencionadas, por un total de Tres Millones Cuatrocientos Dieciséis Mil Seiscientos Sesenta y Siete Lempiras Con Cuarenta Y Cinco Centavos (L 3,416, 667.45), se benefició directamente con fondos sustraídos fraudulentamente del Instituto Hondureño de Seguridad Social (HSS), fondos que contribuye a poner en circulación en el comercio nacional e internacional, y aun y cuando no tenia ningún tipo de relación comercial o laboral con dichas empresas de fachada recibió sin justificación o causa legal dichos fondos, conociendo o debiendo conocer la procedencia ilícita del dinero, fondos públicos que el acusado recibe y utiliza para saldar cuentas personales por gastos exorbitantes realizados con sus tarjetas de crédito, y con las tarjetas de crédito adicionales solicitadas por el propio señor Mario Antonio Rojas Rodriguez a las entidades bancarias Ficohsa y City Bank a favor de su sobrina Michelle Alejandra Rojas Flores, quien a su vez es prima del señor Mario Roberto Zelaya Rojas, Director Ejecutivo del Instituto Hondureño de Seguridad Social, y a favor del esposo de esta, señor Jose Alberto Zelaya Guevara, quien ocupa el cargo de Sub Gerente de Suministros, Materiales y Compras del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), por lo que la Sala considera que el acusado Mario Antonio Rojas Rodriguez formó parte activa de la red delictiva organizada creada para el blanqueo de capitales de fondos de origen ilícito provenientes del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) por lo que los actos realizados por el acusado son propios del delito de Lavado de Activos en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras. Esta Sala considera que la conducta desplegada por el encausado no constituye un delito autónomo de Encubrimiento, dado que para ello es requisito no haber participado en la acción de Lavado de Activos. En este caso al haber facilitado a sus familiares la disponibilidad de su crédito y saldado gastos exorbitantes de estos con dineros sustraídos del Instituto Hondureño de Seguridad Social, provenientes de cheques girados a él por empresas de fachada, fondos que el acusado utiliza para saldar consumos de sus tarjetas de crédito, el acusado señor Mario Antonio Rojas Rodriguez se beneficia con lo que participa directamente en la fase de ocultamiento, e integración de fondos de origen ilícito, sustraídos fraudulentamente del Instituto Hondureño de Seguridad Social (HSS), hasta por un monto de Tres Millones Cuatrocientos Dieciséis Mil Seiscientos Sesenta y Siete Lempiras con Cuarenta y Cinco Centavos (L.3,416,667.45), dado que conoce o debe conocer la procedencia ilícita del dinero. Por lo anterior esta Sala considera que el acusado Mario Antonio Rojas Rodriguez al haber participado activamente en el blanqueo de capitales de fondos de origen ilícito provenientes del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), no comete el delito de Encubrimiento. Por lo anterior, esta Sala concluye que el hecho declarado probado no se subsume en el artículo 39 de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos, contentiva en el Decreto 144-2014, por no ser aplicable al caso concreto, ni en el artículo 388, numeral 6 del Código Penal, por las razones expuestas. 3) Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional por falta de aplicación del artículo 96 de la Constitución de la República. Motivo único: Normas Autorizantes: Artículo 361 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: falta de aplicación del artículo 96 de la Constitución de la República. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la Pretensora. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia que se impugna, y se dicte de inmediato la sentencia que corresponda conforme a derecho. Resumen Recurso de casación de Infracción de Precepto Constitucional por falta de aplicación del artículo 96 de la Constitución de la República, que se lee: “Artículo 96: La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado”. Consta en las diligencias que los hechos por los cuales se enjuicia al acusado señor Mario Antonio Rojas Rodriguez, tuvieron lugar entre el año 2012 y 2013, siendo la ley vigente la contenida en el Decreto 45-2002, de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos. El Tribunal Sentenciador determino que la nueva Ley Especial Contra el Lavado de Activos, contentiva en el Decreto 144-2014 no le beneficia al acusado ya que no se trata de una pena más baja, ni despenaliza alguna de las conductas cometidas, Los argumentos que esgrimidos por el tribunal van en contra de la garantía constitucional de la retroactividad de la Ley en materia penal cuando favorece al procesado. El articulo 9 la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, del Decreto 45-2002, establece la pena para el delito de Encubrimiento de Lavado de Activos, como la rebaja de un tercio de la pena de lavado de activos, es decir de 15 a 20 años, menos un tercio. Por otro lado, el artículo 39 de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos del Decreto 144-2014, establece la pena para el delito de Encubrimiento de Lavado de Activos, como la que resulte de la rebaja de un tercio, a la reclusión 6 años a 10, relacionándolo con el artículo 38. La Ley actual favorece al acusado Mario Antonio Rojas Rodriguez, por lo que se ha infringido el precepto constitucional invocado, de conformidad a los hechos probados de los que resulta que la conducta de Mario Antonio Rojas Rodriguez se subsume en el tipo penal de Encubrimiento de Lavado de Activos. A.1) Concepto General Al respecto del Recurso de Casación por Infracción del Precepto Constitucional en Honduras, el Consultor Internacional Don Jose Luis Leyva Muñoz, considera que: “Es un motivo de casación bastante amplio, por lo que será necesario que, previamente, se delimite con precisión lo que es la interpretación legal de la Constitución, si no quiere que cualquier incorrección producida en el seno del proceso se constituya en motivo de casación. Bien es cierto que la Constitución de la República de Honduras, como todas las constituciones actualmente vigentes, contiene algunos preceptos en su articulado que simplemente establecen un principio general, y que como tales, no pueden ser invocadas en este tipo de recursos. Así ocurre con la presunción de inocencia del artículo 89, o el derecho a ser juzgado por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece” del artículo 90 de la Constitución, que podrían ser interpretados como una constitucionalización de todas y cada una de las garantías procesales establecidas en el CPP, que se traduciría en una petición a la Corte Suprema para que revisara toda la prueba incorporada a la causa, convirtiendo a la casación en una segunda instancia que en la actualidad no es, al no tratarse de un recurso ordinario, sino extraordinario. Por ello, solo cabra alegar como fundamento de este recurso la infracción de aquellas normas constitucionales que tienen estrecha y directa relación con el proceso en el que son invocados. Lo habitual es que la invocación de preceptos constitucionales se dé en los supuestos de casación de fondo, es decir, por infracción de infracción de ley o de doctrina legal, pero no siempre se le dará dicho tratamiento, puesto que es posible que mediante la infracción de algún precepto constitucional, como ocurriría con la posible vulneración de la presunción de inocencia originada en una falta de motivación de la sentencia, en la aceptación de pruebas ilícitas o en el dictado de una sentencia condenatoria sin existencia de una mínima prueba de cargo que desvirtúe la presunción de inocencia, se haya producido alguna irregularidad en el desarrollo del proceso, que dará lugar a la anulación de dicho acto irregular y la correspondiente remisión de la causa al Tribunal de Sentencia para que, una vez subsanado, la continúe con arreglo a derecho. Es decir, la infracción producida a través de cualquiera de los supuestos enunciados anteriormente deberá ser invocada mediante su encuadre en cualquiera de los supuestos de casación por quebrantamiento de forma del artículo 362 CPP. Con ello se evitaría la posibilidad de que la Corte Suprema, al estimar el recurso de casación por un vicio de procedimiento que ha dado lugar a la vulneración de alguno de los derechos que la constitución reconoce a los sujetos del proceso penal, case la sentencia impugnada y dicte la que proceda con arreglo a derecho, debiendo optarse por la remisión de las actuaciones al Tribunal de Sentencia para que reponga la causa al estado que tenía cuando se cometió la falta, sustanciándola de nuevo y terminándola con arreglo a derecho”.[15] A.2) Concepto especifico “La ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad reales de bienes, o de derechos relativos a tales bienes, a sabiendas de que proceden de alguno o algunos de los delitos en materia de narcotráfico o de un acto de participación en tal delito o delitos. En el segundo grupo, el artículo 3.1.c) incluye la conducta consistente en la adquisición, la posesión o la utilización de bienes, a sabiendas, en el momento de recibirlos, de que tales bienes proceden de alguno o algunos de los delitos en materia de narcotráfico o de un acto de participación en tal delito o delitos. B) Derecho positivo hondureño En lo que concierne a Honduras, el proceso de adaptación de su legislación al Convenio de Viena culminó con la «Ley contra el delito de lavado de dinero o activos» (Decreto n.º 202/97, más tarde sustituido por el Decreto 45/2002, hoy en vigor). El legislador pretende abarcar en esta ley todos los aspectos relativos a esta materia y no sólo la tipificación del delito de lavado de dinero. Ya el artículo 1 nos adelanta que la finalidad de la ley es la represión y el castigo del delito de lavado de activos, pero también fijar medidas precautorias para asegurar la disponibilidad de los bienes, productos o instrumentos de dicho delito. Desde la perspectiva penal sustantiva, nos interesa el Capítulo III, que lleva por rúbrica «Del delito de lavado de activos» (arts. 3 a 12). Es importante retener que las actividades tipificadas en esta ley son punibles no sólo cuando tengan su origen en la comisión de un delito de tráfico ilícito de drogas, que es el que ahora nos interesa, sino también cuando el lavado de dinero afecte a otras formas de delincuencia organizada como el tráfico de personas, tráfico de influencias, tráfico ilegal de armas, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros en las actividades públicas o privadas, secuestro, terrorismo y delitos conexos o que no tengan causa o justificación económica legal de su procedencia (arts. 1, 3 y 4 de la Ley contra el lavado de dinero). Las dos figuras básicas del delito están tipificadas en los artículos 3 y 4, con el siguiente tenor: El artículo 3 de la Ley contra el delito de lavado de dinero o activos sanciona, con penas de 15 a 20 años de reclusión, a quien «por sí o por interpósita persona, adquiera, posea, administre, custodie, utilice, convierta, transfiera, traslade, oculte o impida la determinación del origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de activos, productos o instrumentos que procedan directa o indirectamente de los delitos tráfico ilícito de drogas [Ό] y delitos conexos o que no tengan causa o justificación económica legal de su procedencia». Con las mismas penas sanciona el artículo 4 a quien «por sí o por interpósita persona, participe en actos o contratos reales o simulados que se refieran a la adquisición, posesión transferencias o administración de bienes o valores para encubrir o simular los activos, productos o instrumentos que procedan directa o indirectamente de los delitos tráficos ilícito de drogas [Ό] y delitos conexos o que no tengan causa o justificación económica legal de su procedencia». C) Bien jurídico protegido Es un delito pluriofensivo. Los bienes tutelados son varios: de modo directo e inmediato se tutela el orden socioeconómico (por cuanto se dificulta la transparencia del sistema financiero y la seguridad del tráfico comercial) y la Administración de Justicia (en cuanto modalidad de encubrimiento) y, de modo indirecto, también la salud pública. El sistema financiero se resiente por la presencia de ingentes flujos económicos que se originan al margen de aquél; al propio tiempo, la financiación ilegal de numerosas empresas y sociedades que actúan en el sector industrial y comercial, supone una grave quiebra del normal funcionamiento del mercado comercial y financiero, pues el hecho de disponer de esas fuentes de ingresos les permite competir en situación ventajosa y perjudica notablemente al resto de los operadores económicos. Dicho esto, resulta fácil entender hasta qué punto el lavado de activos cuestiona no sólo los cimientos del orden socioeconómico, sino incluso, por la importancia que la estabilidad económica tiene en el orden social y político, la propia esencia del sistema democrático. Por otra parte, su naturaleza encubridora pone también de manifiesto que con estos comportamientos se lesiona la Administración de Justicia. Destaca, en este aspecto, la inclusión, como una de las modalidades del delito de lavado de activos, realizar cualquier acto para ocultar o impedir determinar el origen ilícito de los bienes (art. 3), y también participar en contratos para encubrir los activos. Por último, el blanqueo o lavado de los beneficios o ganancias procedentes de esos delitos no es sino una parte de la actividad global del tráfico de drogas y de las organizaciones que a ello se dedican, las cuales necesitan de la dinámica característica del blanqueo para dar apariencia de licitud a esos beneficios, no sólo para su disfrute sino, lo que es más importante, para potenciar la organización contribuyéndose por tanto con esta conducta al auge y crecimiento de ese criminal y lucrativo negocio. En consecuencia, parece razonable concluir que el bien jurídico que se trata de proteger con el tipo en cuestión no es diferente, dejando en principio al margen los aspectos socioeconómicos del problema, del que inspira la punición de los específicos delitos de tráfico de drogas. D) Objeto material de la acción El objeto sobre el que recae la acción lo constituyen los «activos, productos o instrumentos» que procedan de delitos de narcotráfico u otros negocios ilícitos conexos; son expresiones que, en algunos casos se solapan, y pueden sintetizarse como toda ventaja económica derivada del delito. En efecto, por activos entiende el legislador los bienes de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o raíces, tangibles o intangibles, títulos valores, y los documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos activos (art. 2, numeral 1); define como productos los bienes obtenidos o derivados directa o indirectamente de la comisión de los delitos tipificados esta Ley, o que carezcan de fundamento económico o soporte legal para su posesión (art. 2, numeral 11); y, entiende por instrumentos, las cosas u objetos utilizados o destinados para ser usados, o respecto de los que hubiere indicio que se han de utilizar de cualquier manera, total o parcialmente en la comisión de los delitos tipificados en esta Ley. Tal amplitud conceptual y la mera exigencia de una procedencia inconcreta, posibilita la llamada receptación sustitutiva([16]); es decir, que la ocultación o encubrimiento puede recaer tanto sobre los productos directos del delito como sobre las sucesivas sustituciones que en virtud del diverso tráfico económico hayan tenido lugar; es precisamente la receptación sustitutiva la que constituye la forma más habitual de producirse las conductas de blanqueo”.[17] A.3) DE LA PROCEDENCIA RECURSO. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. A.4) Opinión de la Sala sobre el Caso EspecíficoEl recurrente argumenta que la sentencia que se impugna incurre en infracción de Precepto Constitucional por falta de aplicación del artículo 96 de la Constitución de la República, que establece: “Artículo 96: La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado”. Los hechos por los que se enjuicia al acusado señor Mario Antonio Rojas Rodriguez, tienen lugar entre el año 2012 y 2013, durante la vigencia del Decreto 45-2002, que contiene la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos. El Tribunal Sentenciador determino que la nueva Ley Especial Contra el Lavado de Activos, establecida en el Decreto 144-2014 no le beneficia al acusado ya que no se trata de una pena más baja, ni despenaliza alguna de las conductas cometidas. Cuestiona el recurrente que los argumentos esgrimidos por el tribunal se oponen a la garantía constitucional de retroactividad de la ley penal cuando favorece al procesado. Lo anterior por entender que el articulo 9 la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, del Decreto 45-2002, establece la pena para el delito de Encubrimiento de Lavado de Activos, como la rebaja de un tercio de la pena de lavado de activos, es decir de 15 a 20 años, menos un tercio. Pero el artículo 39 de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos del Decreto 144-2014, establece la pena para el delito de Encubrimiento de Lavado de Activos, es rebaja de un tercio a la reclusión 6 años a 10 años, relacionándolo con el artículo 38 del Código Penal, que es la ley más favorable, dado que los hechos probados se subsumen en el tipo penal de Encubrimiento de Lavado de Activos. Esta Sala, congruente con lo resuelto por esta sala al resolver el segundo motivo de casación por infracción de ley, considera que la conducta desplegada por el acusado Mario Antonio Rojas Rodriguez, no es constitutiva de Encubrimiento por cuanto el acusado a participado activamente, en actos de ocultamiento e integración de fondos de procedencia ilícita, propios del delito de Lavado de activos, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley contra el Delito de Lavado de Activos, contenida en el Decreto 45-2002. En este caso no procede la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal debido a que respecto al delito de Lavado de Activos el Decreto 144-2014 no le beneficia al acusado, ya que no establece una pena más baja, ni despenaliza alguna de las conductas cometidas. Al no haberse condenado al acusado Mario Antonio Rojas Rodriguez como autor del tipo penal de Encubrimiento, conforme al Decreto 45-2012, no es posible aplicar retroactivamente la ley penal más favorable al acusado. Por lo expuesto, el motivo de casación de Infracción de Precepto Constitucional, invocado por el recurrente, es desestimado. IV. DECISIÓN. La Sala declara NO HA LUGAR los motivos de Casación por Infracción de Ley Sustantiva, y el motivo único de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, interpuestos por el abogado Ricardo Arturo Interiano Sabillón, en su condición de Defensor Privado del acusado señor Mario Antonio Rojas Rodríguez. V. POR TANTO:
La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 360 y 361 del Código Procesal Penal. FALLA: PRIMERO: DECLARA NO HA LUGAR los dos motivos de Casación por Infracción de Ley Sustantiva, y el motivo único de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto por el abogado Ricardo Arturo Interiano Sabillón, en su condición de Defensor Privado del señor Mario Antonio Rojas Rodríguez; SEGUNDO: DECLARAR FIRME Y EJECUTABLE la sentencia de fecha catorce de marzo del año dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, mediante la cual fue condenado al señor Mario Antonio Rojas Rodríguez, como autor del delito de Lavado de Activos, en perjuicio de La Economía del Estado de Honduras; Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de enero del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha treinta y uno de octubre del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-222-2018.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
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[1] () Muy útil al respecto es la monografía elaborada por Juan Manuel Palma Herrera, Los delitos de blanqueo de capitales, Publicaciones del Instituto de Criminología de la Universidad Complutense, Edersa, Madrid, 2000.
[2] () Operación que se lleva a cabo normalmente en negocios que operan con caja y sin facturas. Diariamente se incluye en la caja una cantidad de dinero de origen delictivo para declarar luego que ese dinero se ha obtenido en el ejercicio ordinario del negocio en cuestión. Se tributará a la Hacienda Pública por ese dinero, aparentando un origen lícito. Puede emplearse también esta técnica con negocios que facturen expidiendo facturas falsas.
[3] () Una empresa (A) dedicada a actividades legales encarga a otra (B) la elaboración de un informe. Ésta última, que opera en el lavado de dinero, le ofrece a la primera la posibilidad de obtener el informe de manera gratuita. Para ello, la empresa (B) que va a elaborar el informe, pone a disposición de la empresa (A) el dinero con que pagarlo. De este modo la empresa (B) que realiza el informe consigue blanquear ese dinero procedente de operaciones de narcotráfico pues lo recibe, de cara al exterior, como pago que le efectúa, por la elaboración de un informe, una empresa completamente legal.
[4] () Por ejemplo: Empresas de la organización encargan la prestación de servicios a otras empresas constituidas por la propia organización. Los servicios nunca se llegan a prestar o se sobrevaloran. El dinero pagado por los mismos (transmitido), de origen delictivo, es el capital que se blanquea.
[5] () Así, cuando se trata de dinero que se transfiere de un lugar a otro a través de un banco, el dinero permanece físicamente en el lugar de origen. La transferencia tiene lugar a través de un sistema de anotaciones en cuenta y compensaciones. Aquí, ocultar o impedir determinar la ubicación de ese dinero significa omitir toda referencia o proporcionar referencias falsas tanto sobre el lugar en que el bien se encuentra físicamente o mediante la anotación contable.
[6] () En su redacción anterior, la Ley contra el Lavado de Dinero (Decreto núm. 202/97), se refería a la ocultación de la «propiedad de bienes o derechos relativos a tales bienes». Estaba entonces de sobra aludir expresamente a la propiedad, como si no fuera uno de los derechos relativos a tales bienes; y, además, ocultar quién era el titular del derecho a la posesión de los mismos podía incluirse en el tipo. Con su nueva redacción, el comportamiento punible se limita, exclusivamente, a ocultar o impedir determinar quién es el propietario de los bienes.
[7] () La finalidad es indiferente: eludir el pago de tributos, perjudicar a un tercero u ocultar el bien. El orden socioeconómico se vería afectado de todos modos al recibir el flujo monetario del dinero o bienes ilícitamente obtenidos. Cfr. Vives Antón/González Cussac, Derecho Penal. Parte especial, 2.ª ed., Valencia, Tirant lo Blanch, 1996, pág. 517.
[8] Manual de Derecho Penal. Parte Especial. Volumen I. Alfredo de Diego Diez. Proyecto de Fortalecimiento de la carrera Judicial de Honduras. Corte Suprema de Justicia de Honduras. Agencia Española de Cooperación Internacional. Consejo General del Poder Judicial de España. Páginas 234 a 250.
[9] En este sentido BLANCO CORDERO, I., El delito de blanqueo de capitales, op. cit., Págs. 98 y 99, señala que de acuerdo a un sector importante de la doctrina el blanqueo de capitales es siempre un proceso, ello significa que no es un hecho puntual mediante el que instantáneamente los bienes de origen ilícito pasan a tener una apariencia de legalidad. Consiste por lo contrario en una serie de actuaciones, doctrinalmente sistematizadas en fases o etapas, realizadas progresivamente hasta conseguir el resultado perseguido por los blanqueadores: poder disfrutar de los bienes sin despertar sospechas de su origen
[10] Ampliamente y sobre los diversos modelos del proceso de blanqueo, puede verse BLANCO CORDERO, ISIDORO., El delito de blanqueo de capitales, cit, Págs. 60 y ss, obra en la que se describen modelos elaborados por BERNASCONI, considerado el padre de la normativa penal suiza relativa al blanqueo de capitales, el modelo de ciclos de ZÜND, en el que de manera metafórica se pretende adecuar las fases del blanqueo de capitales al ciclo del agua, el modelo de objetivos de ACKERMAN basado en la doctrina norteamericana en función de los objetivos pretendidos por el blanqueador, el modelo de los cuatro sectores propuesto por MULLER, sobre la base de las ideas del proceso de ciclos de ZÜND, la clasificación del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
[11] Vid. BLANCO CORDERO I., El delito de blanqueo de capitales, cit, Pág. 71-72, explicando dicho autor que la elección de alguna de estas tres etapas fundamentales, depende de los mecanismos de blanqueo disponibles en un determinado momento y de las necesidades de la organización criminal. Sobre otros criterios que los delincuentes toman en consideración para elegir entre la variada gama de técnicas de blanqueo, vid: BLUM, J. A. / LEVI, M./ NAYLOR, T./ WILLIAMS, P. Refugios financieros, secreto bancario y blanqueo de dinero, Oficina de las Naciones Unidas de Fiscalización de Drogas y de Prevención del Delito, Nueva York, 1999, Págs. 8-9
[12] Vid en este sentido: FABIAN CAPARROS, E. A. El delito de blanqueo de capitales, Colex, Madrid, 1998, Pág.53, explicando que en el ámbito de la criminalidad organizada los instrumentos que son utilizados para obtener un enriquecimiento ilícito también pueden ser empleados como medios para facilitar la circulación de ese patrimonio, distanciarlo de su origen delictivo o procurar su reintroducción en el mercado legal.
[13] Vid. FABIAN CAPARROS, EDUARDO A., El Delito de Blanqueo de Capitales, Editorial Colex, 1998, Madrid, Pág. 54.
[14] Manual de Derecho Penal. Parte Especial. Volumen I. Alfredo de Diego Diez. Proyecto de Fortalecimiento de la carrera Judicial de Honduras. Corte Suprema de Justicia de Honduras. Agencia Española de Cooperación Internacional. Consejo General del Poder Judicial de España. Páginas 254 a 255.
[15] Modulo Instruccional. Recurso de Casación. Consultor internacional Don José Luis Leyva Muñoz, Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, España. Equipo Nacional: Abogadas Celeste Cerrato, Ana Narváez y Sonia Gálvez. Revisión del Dr. Rigoberto Cuellar Cruz, Fiscales del Ministerio Público. Páginas 31 y 32.
[16] () Cfr. sobre este tema el trabajo de Andrés Palomo del Arco, «Receptación y figuras afines», en Estudios sobre el Código Penal de 1995 (Parte especial), colección «Cuadernos de Derecho Judicial», CGPJ, Madrid, 1996‑2, págs. 369‑468.
[17] Manual de Derecho Penal. Parte Especial. Volumen I. Alfredo de Diego Diez. Proyecto de Fortalecimiento de la carrera Judicial de Honduras. Corte Suprema de Justicia de Honduras. Agencia Española de Cooperación Internacional. Consejo General del Poder Judicial de España. Páginas 239 a 243.