Sentencia CP-215-16 — Registro 13596
Resumen
En primera instancia se condenó al imputado por los delitos de asesinato y robo agravado, resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...De la Procedencia del Recurso EL RECURSO ES PARCIALMENTE DE RECIBO.- El Recurso que ahora nos ocupa está construido con una escasa base científica; el recurrente no solo erra al fijar conceptos del derecho probatorio (como la formulación de los diversos principios de la lógica), sino que además es falto de entendimiento del derecho de impugnación en lo que se refiere a casación.- Así entonces se plantea un recurso por infracción de precepto constitucional invocando como precepto autorizante la norma que regula el recurso por quebrantamiento de forma, lo que le sigue a la exposición de una serie de motivos, algunos de ellos requirentes de planteamiento individual; motivos que en su mayoría tienen la apariencia de ajustarse al fundamento de un recurso por quebrantamiento de forma, pero que al ser leídos con detenimiento revelan que éstos son atípicos a las causas taxativas que prevé el artículo 362 del Código Procesal Penal, porque buscan reconstruir los hechos declarados probados (lo que sería la violación al Principio de Intangibilidad de los hechos probados), y además porque buscan que esta Sala de lo Penal realice un reexamen de la prueba, asignando una nueva valoración (lo que es una violación al propósito de la única instancia).- En conclusión, de las seis argumentaciones recursivas que logró identificar este Ad-Quem (algunas de ellos con esfuerzo), solo dos de ellas se ajustan al marco del recurso planteado, las cuales son: i.- Insuficiencia probatoria y; ii.- Falta de motivación probatoria suficiente. Recordemos que el Estado Material de Inocencia tiene como centro de estudio la prueba, por ello cuando se alega su violación en un recurso de casación, el recurrente deberá solicitar la revisión concreta de uno o varios de los siguientes aspectos: *Licitud de la Prueba: Si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos; *Debido Proceso Probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal; *Debida Motivación: Si las conclusiones probatorias del tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad (Art. 141 CPP); *Debido Razonamiento Probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada, sin involucrar los aspectos que exigen inmediación, de la cual carece el tribunal de casación; y *Suficiente Carga Probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación en el hecho del acusado y su grado de culpabilidad en ellos, con la virtualidad de arrebatarle el estado material de inocencia a la persona acusada. En el alegato de insuficiencia probatoria el recurrente solicita al Tribunal de Casación establecer que la prueba no produjo la acreditación de hechos que señaló el A-Quo; empero, la suficiencia probatoria no es evaluada por este Tribunal de Casación desde la suficiencia probatoria, es decir una constatación valorativa de cada uno de los medios de prueba a fin de determinar que hechos acredita cada uno de ellos y si éstos en conjunto logran sostener aquello que se declara probado, pues ello no es más que realizar de nueva cuenta el proceso de valoración de prueba; la tarea casacional que corresponde con este alegato es la verificación de que el factum que soporta el pronunciamiento condenatorio esté cimentado en prueba suficiente y obtenida de manera regular con la calidad para arrebatar la condición interina de inocencia; por suficiente interesa que la prueba esté destinada a acreditar los aspectos básicos de acreditación del delito; comprobación de una conducta humana, elementos objetivos y subjetivos del delito, aspectos de antijuricidad y culpabilidad que deben verse reflejados en el contenido que dice el Tribunal de Sentencia fueron identificados en la prueba.- Es por ello que este alegato no es de recibo. Resta entonces establecer la propiedad de la alegación sobre insuficiente motivación probatoria. - La sentencia venida en casación trata de un pronunciamiento condenatorio en donde se declara responsable penalmente a una persona por tres delitos distintos, imponiéndole un acumulado de 36 años de reclusión. Como toda resolución judicial, las sentencias deben ser amplia y suficientemente fundadas y motivadas, para que éstas puedan dar respuesta a todas las cuestiones debatidas y además justificar la decisión judicial, pues la falta de motivación se traduce en un uso abusivo de poder, cuyas decisiones son arbitrarias. La exigencia se eleva aun más cuando se trata de una sentencia condenatoria, pues con ésta el Estado de Honduras priva de derechos a la persona encontrada culpable, normalmente el derecho a la libertad ambulatoria que se traduce en la privación de otros derechos personales que le son inherentes. El artículo 141 del Código Procesal Penal señala, que la motivación es la expresión de los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa una resolución judicial, y en el caso particular de las sentencias, de las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido. El artículo citado establece -como antagónico al concepto de motivación- la simple relación de las actuaciones que se hayan realizado en el proceso, la mención de los requerimientos o petitorias formuladas por las partes o sus apoderados legales o la cita o transcripción de preceptos legales. Ampliando lo anterior, la Sala de lo Penal, hace eco al Código Iberoamericano de Ética Judicial, el que en su Capítulo III de la Parte I, señala que la obligación de motivar las decisiones se orienta a asegurar la legitimidad del juez, el buen funcionamiento de un sistema de impugnaciones procesales, el adecuado control del poder del que los jueces son titulares y, en último término, la justicia de las resoluciones judiciales; señala que motivar es expresar, de manera ordenada y clara, razones jurídicamente válidas, aptas para justificar la decisión; indica que una decisión carente de motivación es una decisión arbitraria. El Código Iberoamericano de Ética Judicial además establece, que el deber de motivar adquiere una intensidad máxima en relación con decisiones privativas o restrictivas de derechos, o cuando el juez ejerza poderes discrecionales que le otorga la ley. Entonces, la motivación insuficiente se presenta en los casos en que los juzgadores hacen un esfuerzo limitado en razonar su decisión y por ende, no sea posible con la lectura de la sentencia, retomar los pasos seguidos por los juzgadores, develar sus razonamientos y análisis, que desembocaron en los pronunciamientos del fallo. Son ejemplos de este vicio, cuando se hace una descripción de los medios de prueba, mas no se consigna el proceso de valoración intelectivo; cuando dicha valoración se limita a manifestar que tal o cual prueba merece crédito o no merece crédito, sin expresar las razones de dicha conclusión; o cuando en la fundamentación jurídica solo se hace la cita de las normas legales o se transcriben las mismas, sin ninguna explicación del porqué éstas están vinculadas al caso concreto y del porqué, en su caso, las normas invocadas por las partes no son aplicables. La insuficiencia de motivación también se presenta cuando los juzgadores, en la individualización de la pena concreta, no justifican la necesidad de la aplicación de la pena a imponer y su extensión (Art. 2-D del Código Penal). Retornando al caso de marras, el recurrente denuncia falta de motivación probatoria, que es una exigencia del Estado de Inocencia, lo que obliga a hacer un estudio de la sentencia.- De esta forma la Sala de lo Penal encuentra una generalizada falencia de insuficiencia de motivación; como ejemplo: en el numeral Segundo de la Fundamentación Jurídica los juzgadores anuncian que realizarán un “análisis pormenorizado del tipo penal” de asesinato, lo que genera en cualquier lector de la sentencia una alta expectativa del discurso judicial, con la profunda decepción de constatar que ese profundo análisis se limita a la simple transcripción del artículo 117 del Código Penal que contiene la figura penal mencionada; aún más, en el numeral tercero los juzgadores refieren sobre el delito de robo como el delito que contiene como elemento típico: el apoderamiento de bienes muebles empleando violencia o intimidación de las personas, sin ulterior consideración a dicho tipo penal y el porqué es aplicable al caso concreto (f. 178 v.); tampoco se aprecia motivación en cuanto a la individualización de la pena concreta, que es el aspecto más importante a justificar por los sentenciadores, pues es en ese punto que se debe explicar la legitimación del Estado para sancionar con una pena concreta a una persona encontrada culpable. Después de tales ejemplos sobre la generalizada insuficiencia de motivación, corresponde trasladar el estudio al punto cuestionado con el Recurso de Casación que es la motivación probatoria. - El Tribunal de Sentencia declaró en su resolución que “después de ser analizados concienzudamente” los medios de prueba se logró establecer la participación del acusado en los hechos (f. 175), más tal análisis es ausente respecto a cierta prueba e insuficiente en cuanto a otra. En la Fundamentación Probatoria el A-Quo optó por hacer una descripción de los medios de prueba en los numerales primero al cuarto y una valoración intelectiva de los numerales quinto al sexo: i) En cuanto a la motivación descriptiva ésta es bastante escueta respecto a las declaraciones del testigo protegido Alfa, testigo Lázaro Escobar Hernández y testigo Maximina Euceda, e inexistente en relación a los tres medios de prueba documental (Informe de Investigación, Certificación de Acta de Defunción y documento de traspaso de dominio de un vehículo), los que solamente fueron enumerados sin que el lector de la sentencia pueda saber cual es su contenido; ii) En cuanto a la motivación intelectiva los juzgadores señalan en el numeral Tercero (f. 177 v) que la prueba documental acredita la muerte legal del ofendido y las primeras investigaciones del caso, sin compartir no solo porqué se llega a la conclusión de que dicha muerte está acreditada legalmente o cuales fueron esas primeras investigaciones primarias, sino que, y principalmente, cómo contribuyeron estas consideraciones a la formación de la convicción de la existencia de tres hechos delictivos diferentes y que de ellos era responsable el acusado; en el numeral Quinto (f. 177 v.) los juzgadores hacen valoración de las pruebas testificales, compartiendo primero la conclusión de que la prueba es “directa y/o perfecta suficiente” para acreditar la muerte del ofendido y para acreditar la sustracción de bienes propiedad de los ofendidos, derivado de las declaraciones de cargo, procediendo posteriormente a realizar un resumen de la declaración del testigo Alfa; es así que los juzgadores no hacen un análisis individual de las dos declaraciones testificales (testigo Alfa y testigo Lázaro), señalando cuales elementos fueron aportados por cada una de ellas, tampoco el análisis se realiza en relación a cada uno de los delitos, pues se limitan a establecer que se acreditó la sustracciones de objetos, sin señalar cuales, ni como se hizo tal acreditación, aspectos necesarios porque la imputación está formada por dos delitos en contra de la propiedad en perjuicio de dos personas distintas, lo que exige pronunciamiento separado de cómo la prueba acredita cada una de las figuras delictivas. Nada queda al lector del por qué los juzgadores decidieron darle valor a dichas declaraciones, ni cuales son los datos de hecho que extrajeron de ellas, tampoco cuales fueron las reflexiones que formaron el convencimiento sobre la existencia de cada uno de los delitos y la participación del acusado en cada uno de ellos, no hay respuesta de aspectos tan esenciales como el hecho de por qué los juzgadores dieron por cierto que el testigo Alfa supo que las personas agresoras tomaron dinero y un arma de fuego del interior de la vivienda, aun cuando él se encontraba afuera de ésta a una distancia de 30 varas según lo dijo; en su lugar, los juzgadores plasmaron formulas redundantes que son vacías de contenido reflexivo, sumado a la mera transcripción de una de las declaraciones (testigo Alfa) lo que no constituye valoración intelectiva.- En el numeral Sexto (g. 178), el error no es corregido y los juzgadores de nueva cuenta hacen abuso de formulas vacías (“se le da a la prueba relacionada […] un total y absoluto crédito…”) carentes de reflexión intelectiva que explique todos los aspectos relacionados con un delito de asesinato, un delito de robo agravado y un delito de robo de vehículo; finalmente en el numeral Séptimo, último consignado en la fundamentación probatoria, se replica el defecto en la motivación intelectiva, pues el A-Quo insiste en señalar que logró convencimiento de culpabilidad, pero absteniéndose de compartir los motivos de éste. El recurrente, de todas las argumentaciones, acertó respecto a que la sentencia violenta el estado de inocencia, al carecer de una motivación probatoria suficiente, solvente y clara respecto a todos los aspectos de hecho que la prueba aportó y que llevaron al convencimiento de que se habían cometido tres delitos distintos y que de todos ellos tiene responsabilidad el acusado; esa falencia es importante pues convirtió la decisión judicial en arbitraria, dado que las razones quedaron en el arbitrio de los jueces comprometiendo la debida aplicación de la potestad jurisdiccional. .."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha nueve de septiembre del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los nueve días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García pronuncian En Nombre Del Estado De Honduras La siguiente sentencia conociendo del Recurso de Casación SP 215-2016, por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma interpuesto contra la sentencia de fecha diecinueve de noviembre del año dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia del Departamento de Olancho, con sede en la ciudad de Juticalpa mediante la cual, Primero: Condenó al señor Roberto Carlos Guifarro Soto, como autor del delito de Asesinato, en perjuicio del señor Oscar Geovany Escobar Cruz a la pena de veinte años de reclusión.- Segundo: Condenó al señor Roberto Carlos Guifarro Soto, como autor del delito de Robo Agravado, en perjuicio de los señores Reina Anabel Molina Bonilla y Oscar Geovany Escobar Cruz a la pena de seis años, ocho meses de reclusión.- Tercero: Condenó al señor Roberto Carlos Guifarro Soto, como autor del delito de Robo de vehículo automotor, en perjuicio de la señora Reina Anabel Molina Bonilla a la pena de diez años de reclusión, haciendo un total de treinta y seis años, ocho meses de reclusión.- Cuarto: Condenó al señor Roberto Carlos Guifarro Soto, a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil durante todo el tiempo que dure la condena.- Quinto: Se le declara la Responsabilidad Civil del señor Roberto Carlos Guifarro Soto.- No procede condenar al señor Roberto Carlos Guifarro Soto en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Son Partes En Única Instancia: El Abogado Pompilio Banegas Euceda, apoderado defensor privado del acusado Roberto Carlos Guifarro Soto, en su condición de recurrente y la Abogada Miriam Emilda García, Agente Fiscal del Ministerio Público en su condición de recurrida. Hechos Probados En La Primera Instancia “Primero: A eso de las seis de la mañana, del día viernes veinticuatro (24) de febrero del año dos mil doce (2012), cuando se encontraban los señores Oscar Geovany Escobar Cruz Y Reyna Anabel Molina Bonilla, junto a su menor hija, en su casa de habitación ubicada en la Aldea Nueva Esperanza, Cuyamel, jurisdicción del municipio de Catacamas, departamento de Olancho, realizando los quehaceres cotidianos, la señora Reyna Anabel Molina Bonilla, escuchó varios disparos provenientes de una de las cercas de la casa; observando que su esposo Oscar Geovany Escobar Cruz, caía herido producto de los disparos que recién había escuchado, mirando en ese preciso momento que de ese lugar salían varias personas entre ellas el acusado Roberto Carlos Guifarro Soto. Segundo: Posteriormente la señora Reyna Anabel Molina Bonilla, fue obligada por los malhechores entre los cuales figura el señor Roberto Carlos Guifarro Soto, a ingresar hasta el interior de la vivienda específicamente a su habitación donde la obligaron a que les entregara la cantidad de Diez Mil Lempiras (Lps.10,000.00) en efectivo, un arma de fuego tipo fusil calibre 22 y una motosierra marca Stihll, objetos éstos propiedad de su esposo Oscar Geovany Escobar Cruz, no siendo suficiente lo anterior procedieron a tomar un vehículo tipo Pick-Up, color Azul oscuro propiedad de la señora Molina Bonilla, en el cual salieron con rumbo desconocido. Tercero: Posteriormente Roberto Carlos Guifarro Soto, fue capturado y puesto a la orden de las autoridades competentes para su enjuiciamiento.” Recurso De CASACIÓN. - Motivos Y Argumentos Casación por infracción de precepto constitucional. “Primer motivo: infracción de precepto constitucional, artículo 89 constitucional, en relación con el artículo 2 código procesal penal” precepto autorizante: “el presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 3 del artículo 362 del código procesal penal” exposición del motivo el precepto constitucional que se invoca como infringidas son las siguientes: “artículo 89, toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente.” La norma que se cita como infringido artículo 2 del código procesal penal estado de inocencia “todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente de conformidad con las normas de este código. El tribunal sentenciador en la presente causa, ha tenido como probados los hechos siguientes: primero: a eso de las seis de la mañana, del día viernes veinticuatro (24) de febrero del año dos mil doce (2012), cuando se encontraban los señores Oscar Geovany Escobar Cruz y reina anabel molina bonilla, junto a su menor hija, en su casa de habitación ubicada en la aldea nueva esperanza, cuyamel, jurisdicción del municipio de Catacamas, departamento de Olancho, realizando los quehaceres cotidianos, la señora reina anabel molina bonilla, escuchó varios disparos provenientes de una de las cercas de la casa; observando que su esposo Oscar Geovany Escobar Cruz, caía herido producto de los disparos que recién había escuchado, mirando en ese preciso momento que de ese lugar salían varias personas entre ellas el acusado Roberto Carlos Guifarro Soto. Esto violentó la ley de tercero excluido, esta se vulnera cuando los hechos que el tribunal estima probados, no son congruentes con prueba vertida en juicio. Segundo: posteriormente la señora Reyna Anabel Molina Bonilla, fue obligada por los malhechores entre los cuales figura el señor Roberto Carlos Guifarro Soto, a ingresar hasta el interior de la vivienda específicamente a su habitación donde la obligaron a que les entregara la cantidad de diez mil lempiras (lps.10,000.00) en efectivo, un arma de fuego tipo fusil calibre 22 y una motosierra marca sthill, objetos éstos propiedad de su esposo Oscar Geovany Escobar Cruz, no siendo suficiente lo anterior procedieron a tomar un vehículo tipo pick-up, color azul oscuro propiedad de la señora molina bonilla, en el cual salieron con rumbo desconocido. Esto violentó la ley de tercero excluido, esta se vulnera cuando los hechos que el tribunal estima probados, no son congruentes con prueba vertida en juicio. Tercero: posteriormente Roberto Carlos Guifarro Soto, fue capturado y puesto a la orden de las autoridades competentes para su enjuiciamiento (los numerales antes expuestos son una transcripción literal de hechos que dio por probados por el tribunal sentenciador, que no es reflejo de la prueba vertida en juicio art 336 párrafo primero del código procesal penal, esto violentó la ley de tercero excluido, esta se vulnera cuando los hechos que el tribunal estima probados, no son congruentes con prueba vertida en juicio. Cuarto: en cuanto el hecho primero de la sentencia condenatoria, el tribunal sentenciador adecuó los hechos probados en la sentencia conforme su criterio subjetivo, en virtud que el testigo protegido con la clave alfa, manifestó que el día 24 de febrero del año 2012, fecha de la muerte trágica del señor Oscar Geovany Escobar Cruz, en el sitio se encontraban reina anabel molina bonilla, la cual estaba con sus hijos. Pero en cambio el tribunal por su falta de interés en desarrollo del juicio como pudimos apreciar y que consta en la grabaciones en juicio, dio como probado otro hecho que no fue evacuado en juicio ya que se desprende el testigo protegido en ningún momento de su declaración estableció que la señora reina anabel molina bonilla, se encontraba junto a su menor hija fatal apreciación, folio 51 frente, renglones número 14, 15, de la primera pieza del proceso, esto discrepa con lo expuesto por el testimonio del testigo protegido. El tribunal establece en el mismo hecho probado que el señor Oscar Geovany Escobar Bonilla, había caído al suelo producto de disparos de arma de fuego, hecho que es falso, ya que en la evacuación de debate no se acreditó la causa de manera de muerte del señor Oscar Geovany Escobar Bonilla, en virtud que no se realizó el levantamiento legal, (no existe autopsia, ni algún diligencia relativos a manera y causa la muerte del señor bonilla, por ello la doctrina actualmente, que la determinación del valor decisivo de la prueba debe extraerse del método denominado “supresión hipotética, pues en ese sentido consiste en que su validez afecte de manera fundamental a la motivación, de estas aseveraciones legales expuestas es claro que el valor probatorio decisivo debe ser excluido. Dicha valoración es contraria a reglas de la lógica (la ley de tercero excluido), esta se vulnera cuando los hechos que el tribunal estima probados, no son congruentes con prueba vertida en juicio. Quinto: en cuanto si hecho segundo de la sentencia condenatoria, no es el resultado de lo manifestado por el testigo protegido alfa, porque este únicamente relato lo que había contado la señora reina anabel molina bonilla por ello tan mal al analizar la prueba en su conjunto se infringe la ley de identidad conforme a la misma el tribunal debe apreciar las pruebas relacionadas a todo lo relativo al delito piezas de ejecución, los participantes, como autores, cómplices debe de identificarse plenamente al autor material, grado de participación, por consiguiente dicho hecho probado no es producto del análisis de las reglas del entendimiento humano, por consiguiente si el tribunal hubiese respetado los principios de la recta razón como son la lógica, la psicología y la experiencia común se hubiera dado cuenta que no tomó en consideración la ley de razón suficiente que estar y en materia de apreciación de prueba indiciaria, donde cada indicio debe de estar probado por otros un pluralidad indicio, así uno sirve de soporte al otro. Sexto: el tribunal sentenciador adecuó los hechos conforme su criterio, en virtud que el testigo protegido con la clave alfa, manifestó que el día 24 de febrero del año 2012 fecha de la muerte trágica del señor Oscar Geovanni Escobar Cruz, en el sitio se encontraban reina anabel molina bonilla. El cual estaba con sus hijos, pero el tribunal por su falta de interese en juicio dio como probado que la señora reina anabel molina bonilla se encontraba junto a su menor hija fatal apreciación, ver folio 51 frente, renglones número 14, de la primera pieza, esto violentó la ley de tercero excluido, esta se vulnera cuando los hechos que el tribunal estima probados, no son congruentes con prueba vertida en juicio. La pruebas evacuadas en fecha 17 de septiembre del año 2014, no es acta o suficiente para destruir el estado de inocencia que les ha favorecido en todo el proceso a mi representado, el tribunal recurrido le ha dado crédito a unos indicios que solo constituyen sospechas sobre la participación de los acusados, ya que como se ha explicado anteriormente la prueba indiciaria en la cual se sustenta el fallo de condena, no es apta para destruir el estado de inocencia de mis representados, por no reunir los requisitos o condiciones necesarias de variedad, precisión, gravedad, probanza y concordancia, esto se afirma porque como lo hemos dejado al descubierto los indicios que el tribunal recurrido. Séptimo: honorables magistrados de la corte suprema de justicia, es inaudito que un tribunal colegiado se invente hechos probados como sucedió en el numeral tercero de la presente sentencia, mi representado se presentó voluntariamente a policía” la testigo Maximina Euceda en la audiencia de debate declaró de manera textual “no lo agarrón a él fue porque le hicieron un atentado y buscamos ayuda a la policía y más bien lo agarraron” esto consta en página 14 del acta de debate de fecha 18 de septiembre del año 2014, reglones número 15, 16, 17, esto violentó nuevamente la ley de tercero excluido. Noveno: la sentencia recurrida, adolezca del vicio de insuficientes motivaciones, nos basta con decir que son coincidentes, sino que debió establecer también cuales fueron esos puntos (hecho que acredita con los números 1, 2, 3 de los hechos probados) y de qué forma coincidieron, al omitirlo, incurrió en el vicio alegado en el presente recurso. Los juristas costarricenses José Manuel Arroyo Y Alexander Rodríguez en su obra “lógica jurídica y motivación de la sentencia penal” página 135 y 136, nos ilustra acerca de la motivación que debe contener toda sentencia penal, es así que nos explican en qué consiste la “fundamentación o analítica o intelectiva” que debe realizar el juez en cada uno de sus razonamientos, al respecto nos dicen: “en tercer lugar, debe el juzgador dedicarse a la valoración propiamente dicha de la prueba. Aquí, no se trata de apreciar cada elemento de juicio en su individualidad, si no de extrapolar esa apreciación en el conjunto de la masa probatoria. No basta, por ejemplo, expresar que el testimonio fue incoherente, contradictorio o falaz, como tampoco basta decir, al contrario que el declarante se mostró coherente, consistente o verás. En ambos casos, si no se quiere navegar en un mar de frases huecas, hay que dejar constando los aspectos en que consistió la coherencia o incoherencia, la consistencia o inconsistencia, la veracidad o falsedad del deponente.” Tal como lo afirman los juristas arroyo y rodríguez, al juez no debe bastarle decir que “son conteste sus afirmaciones”, o que “todo coincide con la prueba documental”, porque está incurriendo en frases huecas que no tienen sentido y que no plasma de ninguna manera en qué consistieron esas coincidencias o afirmaciones, tal como lo realizó el sentenciador lo que ha ocasionado incurrir en motivación insuficiente del presente fallo. Décimo : con lo anterior honorable tribunal de alzada he tratado de ilustrar en qué consiste la flagrante violación por parte del tribunal de sentencia al principio-derecho de inocencia, que consagra el artículo 89 de la constitución de la república, y el artículo 2 del código procesal penal, que determina que ninguna persona podrá ser condenada a una pena, sino en virtud de sentencia firme después de haberse probado los hechos en un juicio oral, conforme los principios constitucionales, los tratados internacionales de los que honduras forma parte y el presente código. Cierto es la declaración constitucional y de la ley procesal en su artículo 2, al establecer que todo imputado será considerado como inocente hasta que se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente; pero esa declaratoria tiene que estar sustentada en auténticos medios de prueba, de tal suerte que no quede ningún margen de duda sobre la participación del indiciado, y es el caso de autos honorable supremo tribunal, en la cual el a quo basándose en una prueba indiciaria que no reúne las condiciones de tal, sin haber una certeza de participación, ha dictado un fallo de condena para mi patrocinado violando como consecuencia el derecho de inocencia que constitucionalmente les sigue favoreciendo hasta que la misma adquiera el carácter de firme. En apoyo de lo que hemos expuesto anteriormente, la mayoría de los convenios internacionales que honduras a suscrito con la comunidad jurídica internacional, defienden enérgicamente la violación al derecho de inocencia, así la convención americana de derechos humanos, o Pacto De San José, en su artículo 8 inciso 2, señala: “que toda persona inculpada de un delito, tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad”. Por otra parte, la declaración universal de derechos humanos, en su artículo 11 determina. “toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en que se le haya asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”. Y el pacto internacional de derechos civiles y políticos, en su artículo 14 no 2, prescribe. “toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley” y así podemos citar una serie de instrumentos más, de los que Honduras forma parte por haberlos ratificado, como ser la convención americana de derechos humanos que establece lo siguiente: artículo 8, “toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas”. Décimo 1: por ello interesa a la defensa también referirse a la sentencia dictada por la corte internacional de derechos humanos, en el caso Cantoral Benavides, de fecha 18 de agosto del 2000, en el cual el estado del Perú condenó a dicho imputado a 20 años de reclusión por el delito de terrorismo, y entre otras cosas estableció: “los jueces que actuaron en el presente caso abordaron la causa con prejuicios y supusieron apriori que el acusado era culpable, por lo que el Perú violó el artículo 8.2 de la convención, corresponde al estado el onus probandi de la culpabilidad del imputado y no a este la prueba de su inocencia. Los indicios tenidos en cuenta para condenar el control casaciones queda limitado a dos aspectos: a) verificar el juicio sobre la prueba, es decir a constatar la existencia de prueba de cargo legalmente obtenida e incorporada a los autos. B) verificación de la racionalidad de los juicios de inferencia es de la mayor importancia en los casos de prueba indirecta o indiciaria en su caso, y todo ello en garantía de verificar que la conclusión alcanzada no es irrazonable o arbitraria desde las máximas de la experiencia, reglas de la lógica y principios científicos. Al respecto y para finalizar la exposición de este motivo, señalaremos lo que estableció el tribunal constitucional español, en su sentencia no 150/1989 de 25 de septiembre y dice: que la sentencia condenatoria debe fundamentarse en auténticos actos de prueba y que dicha actividad probatoria sea efectivamente incriminatoria, para que de su resultado se derive la evidencia del hecho punible, y la evidencia de la participación del acusado. Situación que recalcamos en la presente sentencia que se recurre no se dio por las razones que ya se han señalado; sabido es que el sentenciador tiene libertad para valorar en su conjunto las pruebas que se ejecuten en el juicio, pero respetando las reglas que la ley señala que deben ser observadas, ya que nuestro sistema procesal se basa en la sana crítica racional, es decir un conjunto de normas o reglas que el juzgador debe observar al momento de valorar la prueba, no siéndole permitido hacer valoraciones a su arbitrio, tal y como está permitido en el sistema de íntima convicción o de prueba libre que se practica en algunas legislaciones, donde el juzgador o jurado según el caso, valora a su propia conciencia las pruebas evacuadas, y no tiene ni la mínima obligación de explicar el porqué de su decisión; pero en el caso de nuestro sistema, que no es otro que la sana crítica racional, como su nombre lo indica aparte que el juzgador debe dar las razones válidas y verdaderas de su decisión, pero tales razones deben sustentarse como ya se dijo, en verdaderos o auténticos actos de prueba que no deje ningún margen de duda sobre la participación culpable de el o los acusados. Décimo ii: para establecer la certeza del hecho imputado, el tribunal aquí se basó un testimonio contradictorio, confuso, y alejado de la verdad de los hechos que se tomó en la etapa preparatoria del proceso como prueba anticipada del testigo identificado con clave alfa, sin realizar un análisis pormenorizado de la prueba en su conjunto de manera concienzuda es así que señalamos las diversas discrepancias en su testimonio brindado en etapa preparatoria proceso: 1- de la lectura autorizada del testimonio del testigo con la clave “alfa” manifestó, que él se encontraba en el hecho cuando llegaron los señores Juan Carlos Roberto Guifarro, Orlando Luis Soto, Frank Jiménez Vásquez, Oscar Bueso, Gabriel Jiménez, Toño Benítez, y que habían más pero que no los pudo reconocer, les dispararon al muchacho matándolo, Carlos Roberto disparó con al arma al difunto, Orlando agarró una piedra y se la tiró el difunto en la cabeza que terminó de matarlo, los otros muchachos quedaron mirándolo a los demás, vigilando el camino, a los disparos yo salí a la carrera, estaba, como 30 varas para poder observarlos, después del hecho a la doña la agarraron del pelo y la llevaron para adentro sustrajeron una pistola 22, dinerito que tenía y una motosierra el hombre, y luego se llevaron un carrito que tenía el hombre y luego salieron en el carro, hacia rumbo a aguas calientes en el vehículo, lo que le hicieron adentro de la casa yo no pude mirar, porque de afuera para adentro no pude mirar.(declaración textual consta folio 50, frente, reglones 15-31 primera pieza del proceso ), para ello el tribunal sentenciador tuvo que haber fundamentado su fallo en la ley de razón suficiente que estar y en materia de apreciación de prueba indiciaria, donde cada indicio debe de estar probado por otros un pluralidad indicio, así uno sirve de soporte al otro. En esta primera parte del testimonio en ningún momento arroja algún indicio de participación de mi representado Roberto Carlos Guifarro Soto, en virtud que supuestamente identifica a una persona con un nombre diferente refiriéndome a Juan Carlos Roberto Guifarro soto, el testigo inicia a dar otro nombre que no corresponde véase entonces que está faltando a la verdad. La lógica común indica que el mismo nunca estuvo presente en el lugar de los hechos, por tanto, su testimonio es orientado. Ver 50 vuelta, reglones del 29-al 34, porque si ya lo conocía a mi cliente cual fue la justificación de confundirlos (confundía los nombres), en momentos diversos de su testimonio atentando contra las reglas de la lógica la ley de razón suficiente, que estar y en materia de apreciación de prueba indiciaria, donde cada indicio debe de estar probado por otros una pluralidad indicio, así uno sirve de soporte al otro. Por consiguiente, la declaración producida en etapa preparatoria por el testigo clave “alfa “es un discurso premeditado, la mentira vertida lo convierte en un potencial mentiroso, situación que el tribunal no valoró. Un mentiroso puede que no haya pensado en todos los detalles de su historia. - pero del numeral anterior se desprende de situaciones contradictorias, al haber caído en varios errores en su testimonio, al traer un discurso preparado pero que por su escasa educación no pudo plasmarlo de la mejor manera. 2- en el interrogatorio el fiscal en la pregunta número cinco (5) textualmente le preguntó ¿señor, Roberto Carlos qué tipo de arman portaban?, por lo cual la defensa objetó en virtud que en ningún momento el testigo mencionó algún tipo de calibre en particular, objeción que el tribunal declaró con lugar. El testigo mencionó que mi representado Roberto Carlos Guifarro Soto, se dedica al trabajo y quien no tenía ningún tipo de enemistad con el finado, (folio 50 vuelta, renglones 25,26, de la primera pieza del proceso, con esto descartamos lo siguiente: a- indicios relativos al móvil. Descubrir que el imputado tenía un motivo para cometer el delito que se investiga, es un indicio para inferir que tuvo participación en la comisión del hecho delictivo (si analizamos conforme a la prueba vertida inicial con declaraciones de los testigos protegidos dicho indicio no se comprobó). B- indicio de oportunidad. Determinan la presencia del imputado en el lugar en la fecha o el momento de cometerse el delito. (esto se acredita con el testimonio que brindó la señora Maximina Euceda, folio 158 frente y vuelta, 159 frente del acta de debate) c- indicio de manifestación. Las actividades preparativas para llevar a cabo la comisión del ilícito o bien manifestaciones posteriores a la comisión del delito, ocultamiento de prueba, amenazas de testigos. 3- el testigo conocido con clave alfa declaró que conocía a mi representado, pero insistía que el mismo se llamaba Juan Carlos Roberto Guifarro Soto, (folio 51 frente reglones 8, y 9 de la primera pieza del proceso), además manifestó que la persona que disparó primero fue mi patrocinado pero no sabe en qué parte del cuerpo porque salió corriendo renglones número 10,11 del follo 51 frente de la primera pieza del proceso, el descaro, la malicia del engaño y la astucia y alguna promesa de incriminar a mi representado lleva el testigo a mentir, hecho que se desprende que el juez de instrucción al preguntarle, como puede decir que le quitaron el dinero a la señora sin haberlo visto, el cual contestó porque la señora le dijo, la experiencia común. Concluir que el testigo está mintiendo folio 51 vuelta, reglones 13, 14, relacionados con el folio 50 reglones 25, 26, 27, 28, 29 de la primera pieza, esta versión no pude ser acreditado con o en el desarrollo del debate en el juicio celebrado los días 18 y 19 septiembre del año 2014, por el simple hecho que la víctima señora reina anabel molina bonilla no dio su testimonio, violación de ley de tercero excluido: esta ley se viola cuando los hechos que el tribunal estima probados, no son congruentes con la prueba que se haya ejecutado en el juicio oral o debate, de tal manera que sería ilógica una sentencia donde se afirma que el imputado es inocente o culpable según el caso, cuando los elementos de prueba con que el juzgador sustento el fallo reflejan lo contrario de lo que determinó el decisor. 4- es poco confiable el testimonio de una persona en este caso del testigo alfa, ya que en el momento que escuchó los disparos salió corriendo, pero pudo distinguir a una distancia de 30 varas, quienes fueron las personas que dispararon, más aún por el momento del suceso pudo distinguir el tipo de armas que portaban los supuestos hechores, específicas, la de mi representado Roberto Carlos al describirlas como un arma calibre 9 mm, y fa1k. Más lamentable es la discrepancia que se produjo cuando se le preguntó por el tribunal lo siguiente: p: cuántas personas llegaron armados y el testigo contestó 11, personas; pregunta si sabe si Oscar andaba armado en ese momento, y contestó que no; pregunta que armas portaban Roberto Carlos y respondió, te digo una 9 mm y un fallo; preguntas del juez, que arma llevaba en la mano, contesta el arma larga y la pistola llevaba en la cintura; pregunta qué color es el rifle, contestó negro, la pistola cacha negra es así que se contradice como consta folio 51 frente renglones 15, 16, 17, esto discrepa con lo declarado a folio 51 renglones 39, 40, 41., ya que nunca declaró que mi representado andaba rifle, (otra mentira). Por ello cómo es posible que el testigo protegido pudo tener la visibilidad de dicha arma de fuego cuando estaba escondido en unos matorrales y la distancia que existía entre los supuestos autores del hecho eran 30 varas, será creíble este testimonio, por ello la doctrina como fuente auxiliar del derecho cita como deberán ser los indicios para ser tomado en consideración por el tribunal: dentro de las regla de la lógica está el principio de derivación que exige que cada pensamiento provenga de otro con el cual está relacionado, es decir, el razonamiento debe constituirse por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en base a ellas se vayan edificando, a cada conclusión o derivación afirmativa o negativa corresponde un elemento de convicción del cual ha de inferirse aquella. 1) los indicios deben ser plurales (muy excepcionalmente puede bastar uno sólo siempre que revista una singular importancia) en esta caso solo existe un testimonio del testigo protegido con la clave alfa, en cual en su exposición discrepo en muchas partes de su declaración, más aún cuando se dice que el occiso fue atacado con armas de fuego de diferentes calibre, y por último le lanzaron una piedra que pesaba como 30 libras, hecho que no se acreditó ya que realizó ni levantamiento de cadáver ni autopsia del señor Oscar Geovany Escobar Cruz, y solo se acreditó la muerte legal a través de acta de defunción. 2) deben estar acreditados mediante prueba directa, 3) deben estar estrechamente relacionados entre sí, (no existen) 4) deben ser concomitantes o, dicho de otro modo, unívocamente incriminatorios, y (no existe). 5) que entre los indicios y el hecho necesitado de prueba debe existir un enlace preciso y directo. Ver criterio de la sala de lo constitucional en relación a la prueba indicaría sentencia de fecha veintisiete de octubre de dos mil nueve, recaída en el recurso de casación penal número s.p.349=2o08. Si analizamos el material probatorio que el tribunal utilizó para declarar la culpabilidad del señor Roberto Carlos Guifarro Soto, nos damos cuenta que dicho fallo no es congruente con el elenco probatorio que la acusación incorporó al debate, ya que como se ha explicado en el motivo anterior, el juzgador con simples sospechas vertidas condenó. Casación por Infracción de Ley Segundo motivo: infracción una norma de carácter sustantiva contenida en los art 32, en relación a lo que cita los artículos 13, 117, 217, 218, y 219, del código penal. Precepto autorizante: “el presente motivo de casación se encuentra comprendido en art. 360 párrafo primero del código procesal penal. Explicación del motivo que fundamenta el recurso primero: para establecer el grado de participación es importante determinar el presupuesto que cita el art 32 código penal. “se consideran autores a quienes tomen parte directa en la ejecución del hecho, lo que fuerza inducen a otros directamente a otros a ejecutarlo y los que cooperen a la ejecución del hecho por un acto sin el cual no se hubiere efectuado” en relación a los artículos 13 del mismo cuerpo legal, ya que el delito puede ser realizado por acción u omisión y necesariamente tiene que ser doloso o culposo. Y fueron aplicados de manera indebidas en los tipos penales que señala los artículos 117, 217, 218, 219, 225 del código penal. Segundo: el tribunal limita su fundamentación jurídica solo en el elemento objetivo o precepto legal, mediante la consignación de los fundamentos jurídicos aplicables al tipo penal, pero no establece en qué consiste la conducta antijudía reprochable, ya que son responsables quienes toman parte directa en la ejecución del hecho, los que fuercen o induce directamente a otros a ejecutarlos de forma doctrina los mismo se enmarcan dentro de tipos de autoría. 1.- autores directos, que se definen como los que toman parte directa en la ejecución del hecho (cuál fue la participación de nuestro representado Roberto Carlos Guifarro Soto en los hechos sucedidos el día 24 de febrero del año 2012, en la comunidad de cuyamel, cuando no se estableció una prueba directa, útil y pertinente que diera certeza del hecho imputado. Se tuvo que individualizar la participación de cada uno de los supuestos responsables del hecho) 2.- los autores mediatos que son los que fuerzan a otros a ejecutarlo; 3.- inductores, que son los que inducen (convencen a otro a cometerlo) 4.- los cómplices necesarios, que son los que cooperan en la ejecución del hecho con un acto sin el cual el delito no se hubiera cometido. Si analizamos cada uno de los requisitos antes mencionados y en relación de prueba en su conjunto, se llegó a la conclusión existe duda razonable, ya que no se pudo determinar de manera científica cuál de las 11 personas que atacaron al occiso, fue la que provocó la herida mortal, ya que el testigo protegido alfa nunca estableció dicho extremo y dijo que todos dispararon, y no existe ningún otro medio probatoria que confirme su versión ( no autopsia, no levantamiento de cadáver, por ninguna autoridad) tercero: en relación al tipo penal de robo de vehículo donde ningún momento se acreditó en el debate del juicio en que consistió el apoderamiento de bienes muebles ajenos, cuando no existió ningún decomiso en evidencia algunas, y como se acreditó en el juicio la supuesta ofendida Reyna Anabel Molina Bonilla nunca declaró sobre tal extremo. Para probar dicho extremo debe de existir violencia, coacción, intimidación, como apoderamiento de bienes, hecho que no fue probado en juicio ante la ausencia de evidencia, que fue respalda por la víctima reina anabel molina bonilla, la cual no declaró en debate para acreditar el supuesto delito de robo, pero que a pesar de ello tribunal hizo una valoración subjetiva e irracional de los hechos (incongruencia omisiva). Cuarto: la figura penal del delito de asesinato como quedó plasmado en la sentencia debe existir tan solo uno de los requisitos que cita el art 117 del código penal para acreditar la alevosía debe de haber plan preconcebido cuando hay «una trama preparada con carácter previo, programada para la realización en varios actos», y en la que el dolo unitario «se va reflejando en cada uno de los actos fragmentarios en que se produce la ejecución del total plan preconcebido. Hay alevosía cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra la vida y la integridad corporal, empleando medios, modos o formas en la ejecución que tiendan directa y especialmente a asegurarla, sin riesgo para su persona que proceda de la defensa que pudiera hacer el ofendido. De acuerdo con esta definición, la alevosía se nos presenta como equivalente a cobardía, ya que la nota fundamental (aparte del aseguramiento de la ejecución), es el aprovechamiento de una situación de indefensión, y la falta por ello de riesgo para el sujeto activo al cometer su acción. El tribunal supremo español ha señalado reiteradamente con nitidez (por todas, sts de 22 de marzo de 2005) el núcleo de la alevosía se encuentra en el aniquilamiento de las posibilidades de defensa» (sts de 19 de octubre de 2001); o bien «en el aprovechamiento de una situación de indefensión, cuyos orígenes son indiferentes» (sts de 13 de febrero de 2001). partiendo de esta idea, la jurisprudencia del tribunal supremo español distingue tres modalidades de alevosía. A) la llamada alevosía «proditoria», singularizada por el ataque «a traición y sobre seguro» y que incluye la asechanza, insidia, trampa, emboscada, celada, apostamiento, situaciones todas ellas en que el sujeto agresor se oculta y cae sobre la víctima en momento y lugar que aquélla no espera b) la alevosía súbita, inesperada o inopinada, llamada también «sorpresiva», en la que el sujeto activo, aun a la vista o en presencia de la víctima, no descubre sus intenciones y aprovechando la confianza de aquélla actúa de forma imprevista, fulgurante y repentina. La víctima es sorprendida totalmente desprevenida. La estructura del dolo ofrece una doble vertiente, y así el elemento intelectivo exige conocer que es lo que se hace y los elementos que caracterizan la acción como típica, refiriéndose obviamente a los elementos que caracterizan la acción objetivamente como típica., es decir el sujeto, la acción, el resultado, la relación causal y el objeto material. Que conozca lo ilícito de su hacer, como por ejemplo creer. El segundo elemento, siguiendo con la estructura es el volitivo, o lo que es lo mismo, que es necesario querer realizar la acción. No debemos confundirlo con los móviles del delito, normalmente ajenos al. Casación por Quebrantamiento de Forma Tercer motivo: “no haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la sana crítica” precepto autorizante: “el presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 3 del artículo 362 del código procesal penal.” Para los efectos del presente recurso de casación, se consideran violados el artículo 202 del código procesal penal, que literalmente dice: “las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica (principios de la recta razón) el órgano jurisdiccional formará su convicción valorando de forma conjunta y armónica toda la prueba producida”; así mismo el artículo 338 sección cuarta, numeral 2) que específicamente manda a los tribunales a dictar las sentencias, justificando según las reglas de la sana crítica el valor que le haya dado a las pruebas practicadas en juicio. Explicación del motivo que fundamenta el recurso primero: el recurso de casación por quebrantamiento de forma regulado en el artículo 362 del código procesal penal numeral 3, se establecen vicios formales que viabiliza el recurso y se origina que existe una clara violación al sistema de libre convicción o sana crítica racional, que permite al juzgador que valore la prueba con libertad; sin embargo, lo obliga a que respete los principios de la recta razón; es decir, las normas de la lógica, psicología y la experiencia común. Es así que analizar la sentencia condenatoria de fecha 19 noviembre del año 2014, dictada por el tribunal de sentencia de la ciudad de Juticalpa, departamento de Olancho, Roberto Carlos Guifarro Soto, violenta los elementos de la lógica formal, consistente en el principio de identidad, ley del tercero excluido, como también la ley de razón suficiente; en virtud, que se origina de una mala apreciación de cada elemento de prueba aportado por las partes en la audiencia del debate. No hicieron uso del razonamiento apoyado en la lógica y confrontándolo con una máxima de la experiencia. Segundo: el sistema de valoración de la regla de la sana crítica.- conforme al artículo 202 del código procesal penal, el sistema de valoración reconocido en el cpp, es de la sana crítica racional, reglas que de conformidad al artículo 338 del mismo cuerpo legal, debe ser observada por el sentenciador al momento de emitir el fallo.- es en la sentencia, donde el juez debe emitir un juicio de valor de forma clara, precisa y circunstanciada de los hechos debidamente acreditados, conocido este ejercicio intelectivo como fundamentación fáctica, sobre el cual debe hacer su ejercicio valorativo. Tercero: la defensa privada señalo de manera concreta las infracciones cometidas, por el tribunal a quo misma debidamente acreditadas de manera convincente en abierta confrontación con las reglas de la sana crítica, específicamente la regla de las máximas de la experiencia común ha soslayado ese límite que las mismas establecen, por cuanto extrajo conclusiones que no le informan la prueba evacuada en la vista pública, que de haberlas razonado como se debe; esto es, en respeto absoluto de estas reglas, la conclusión hubiera sido de inocencia y no de culpabilidad tal y como sucedió en el caso de mérito, y que explique de manera amplia en desarrollo del primer motivo: de casación. Cuarto: en audiencia del debate del juicio, la defensa evacuó la declaración de la señora Maximina Euceda, la cual relató lo sucedido el día 24 de febrero del año 2012, el cual fue valorado por el tribunal como consta en el numeral 4 de la sentencia condenatoria, de fecha 19 de noviembre del año 2014, del análisis del mismo dicho testimonio no fue desvirtuado por el tribunal, ya que si lo hubiera hecho estaba en la obligación de establecer de manera motivada tal situación, esto es contrario a reglas de lo lógico ley de contradicción, esta procede cuando en ella se afirma algo cierto y luego se niega. Como queda plasmado numeral 5 de la valoración de la prueba, al referirse que el señor Roberto Carlos Guifarro Soto fue quien le disparó con el arma de fuego al señor Oscar Geovany Escobar Bonilla. Se puede apreciar una grave infracción a las reglas del entendimiento humano por parte del tribunal sentenciador. La valoración de la prueba es el proceso que tiene que realizar el tribunal para determinar si son ciertos los hechos afirmados por las partes, por haber quedado suficientemente probados prueba vertida en juicio, examinado mediante un razonamiento fáctico confrontado con las máximas de la experiencia para decidir sin son creíbles o no. Las reglas de la sana crítica racional aseguran que el juzgador no llegue a juicios de valor en forma arbitraria, antojadiza o subjetiva; sino que las conclusiones sean tomando en consideración la lógica, la psicológica y la experiencia común a fin de evitar la arbitrariedad y el error lo cual puede suceder cuando se rechaza indebidamente elementos probatorios, como al darles a las pruebas recibidas un contenido inexacto o al dejar de darles el verdadero, o al otorgarles un valor probatorio del que razonablemente carecen o negarles el que razonablemente tienen, lesionando así los principios de la sana crítica propios para una correcta determinación de los hechos. Por ello se puede apreciar que el tribunal utilizó la sana crítica de manera antojadiza, en perjuicio del señor Roberto Carlos Guifarro Soto, a valorar prueba que no fue evacuada en juicio. Fundamentación Jurídica A.- Recurso de Casación por Infracción Precepto Constitucional El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional; esta Sala de lo Penal ha entendido que se trata de una tercera vía recursiva distinta a las tradicionales de fondo (infracción de ley) y forma (quebrantamiento de forma). Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[1]. En general, toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso deberá denunciar la infracción de un derecho fundamental, un derecho reconocido en el bloque constitucional o de doctrina legal constitucional, cuando dicha violación haya tenido una influencia decisiva en la decisión del órgano jurisdiccional; En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115): “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”. Entonces los motivos a plantear en este Recurso de Casación, presentados bajo Numerus Apertus, son: 1. Negación de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; 2. Aplicación restrictiva de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; 3. Interpretación errónea sobre la naturaleza y/o alcance de un derecho Constitucional del bloque Constitucional, o sobre una Doctrina Legal Constitucional, que atañe al derecho procesal penal o al derecho penal sustantivo. En una buena técnica recursiva, el recurrente debe hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplia aplicación (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Motivo Único.*Norma Autorizante citado: 362.2 del Código Procesal Penal; *Normas que se denuncian Infringidas: Artículos 89 de la Constitución de la República, en relación con el artículo 02 del Código Procesal Penal; *Concepto de la Infracción: Violación al estado material de Inocencia; *Reclamo Ex Ante al Recurso de Casación: Sin determinar por el recurrente; *Pretensión: Sin determinar por el recurrente. El recurrente explaya en el libelo diferentes argumentos recursivos, a saber: 1. Los hechos probados violentan el principio lógico de tercero excluido, ello porque no son congruentes con la prueba vertida en juicio; 2.El A-Quo dio por probado hechos que no fueron objeto de probanza lo que constituye violación al Principio Lógico de Tercero Excluido. - Individualiza que: i.- El testigo protegido Alfa declaró hechos diferentes a aquellos sentados por el tribunal; ii.- No se acreditó “causa de manera de muerte” (SIC) del ofendido, dado que no se realizó autopsia. 3.La sentencia condenatoria no es resultado de lo que manifestó el testigo protegido Alfa, pues éste “únicamente relató lo que había contado la Señora Reyna Anabel Molina Bonilla” (SIC), lo que infringe el Principio Lógico de Identidad; 4. Se indica que el testigo Alfa brindó testimonio contradictorio, confuso y alejado a la verdad, agregando lo que el recurrente considera que son discrepancias en dicho testimonio, luego de lo cual señala que el testigo mintió; 5. Las pruebas evacuadas no son suficientes para destruir el estado de inocencia del acusado; el A-Quo ha dado crédito a indicios que solo constituyen sospechas sobre la participación de aquel, pero la prueba no reúne las condiciones de variedad, precisión, gravedad, y concordancia; y 6. La sentencia adolece del vicio de insuficiente motivación; se señala que la prueba es coincidente, más ello no basta pues se debió establecer también cuales fueron esos puntos (coincidentes). Concluye el recurrente que existe una flagrante violación por el Tribunal de Sentencia al Principio del Derecho de Inocencia, consagrado en el artículo 89 de la Constitución de la República y artículo 02 del Código Procesal Penal. De la Procedencia del Recurso El recurso es Parcialmente de Recibo.- El Recurso que ahora nos ocupa está construido con una escasa base científica; el recurrente no solo erra al fijar conceptos del derecho probatorio (como la formulación de los diversos principios de la lógica), sino que además es falto de entendimiento del derecho de impugnación en lo que se refiere a casación.- Así entonces se plantea un recurso por infracción de precepto constitucional invocando como precepto autorizante la norma que regula el recurso por quebrantamiento de forma, lo que le sigue a la exposición de una serie de motivos, algunos de ellos requirentes de planteamiento individual; motivos que en su mayoría tienen la apariencia de ajustarse al fundamento de un recurso por quebrantamiento de forma, pero que al ser leídos con detenimiento revelan que éstos son atípicos a las causas taxativas que prevé el artículo 362 del Código Procesal Penal, porque buscan reconstruir los hechos declarados probados (lo que sería la violación al Principio de Intangibilidad de los hechos probados), y además porque buscan que esta Sala de lo Penal realice un reexamen de la prueba, asignando una nueva valoración (lo que es una violación al propósito de la única instancia).- En conclusión, de las seis argumentaciones recursivas que logró identificar este Ad-Quem (algunas de ellos con esfuerzo), solo dos de ellas se ajustan al marco del recurso planteado, las cuales son: i.- Insuficiencia probatoria y; ii.- Falta de motivación probatoria suficiente. Recordemos que el Estado Material de Inocencia tiene como centro de estudio la prueba, por ello cuando se alega su violación en un recurso de casación, el recurrente deberá solicitar la revisión concreta de uno o varios de los siguientes aspectos: *Licitud de la Prueba: Si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos; *Debido Proceso Probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal; *Debida Motivación: Si las conclusiones probatorias del tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad (Art. 141 CPP); *Debido Razonamiento Probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada, sin involucrar los aspectos que exigen inmediación, de la cual carece el tribunal de casación; y *Suficiente Carga Probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación en el hecho del acusado y su grado de culpabilidad en ellos, con la virtualidad de arrebatarle el estado material de inocencia a la persona acusada. En el alegato de insuficiencia probatoria el recurrente solicita al Tribunal de Casación establecer que la prueba no produjo la acreditación de hechos que señaló el A-Quo; empero, la suficiencia probatoria no es evaluada por este Tribunal de Casación desde la suficiencia probatoria, es decir una constatación valorativa de cada uno de los medios de prueba a fin de determinar que hechos acredita cada uno de ellos y si éstos en conjunto logran sostener aquello que se declara probado, pues ello no es más que realizar de nueva cuenta el proceso de valoración de prueba; la tarea casacional que corresponde con este alegato es la verificación de que el factum que soporta el pronunciamiento condenatorio esté cimentado en prueba suficiente y obtenida de manera regular con la calidad para arrebatar la condición interina de inocencia; por suficiente interesa que la prueba esté destinada a acreditar los aspectos básicos de acreditación del delito; comprobación de una conducta humana, elementos objetivos y subjetivos del delito, aspectos de antijuricidad y culpabilidad que deben verse reflejados en el contenido que dice el Tribunal de Sentencia fueron identificados en la prueba.- Es por ello que este alegato no es de recibo. Resta entonces establecer la propiedad de la alegación sobre insuficiente motivación probatoria. - La sentencia venida en casación trata de un pronunciamiento condenatorio en donde se declara responsable penalmente a una persona por tres delitos distintos, imponiéndole un acumulado de 36 años de reclusión. Como toda resolución judicial, las sentencias deben ser amplia y suficientemente fundadas y motivadas, para que éstas puedan dar respuesta a todas las cuestiones debatidas y además justificar la decisión judicial, pues la falta de motivación se traduce en un uso abusivo de poder, cuyas decisiones son arbitrarias. La exigencia se eleva aun más cuando se trata de una sentencia condenatoria, pues con ésta el Estado de Honduras priva de derechos a la persona encontrada culpable, normalmente el derecho a la libertad ambulatoria que se traduce en la privación de otros derechos personales que le son inherentes. El artículo 141 del Código Procesal Penal señala, que la motivación es la expresión de los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa una resolución judicial, y en el caso particular de las sentencias, de las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido. El artículo citado establece -como antagónico al concepto de motivación- la simple relación de las actuaciones que se hayan realizado en el proceso, la mención de los requerimientos o petitorias formuladas por las partes o sus apoderados legales o la cita o transcripción de preceptos legales. Ampliando lo anterior, la Sala de lo Penal, hace eco al Código Iberoamericano de Ética Judicial, el que en su Capítulo III de la Parte I, señala que la obligación de motivar las decisiones se orienta a asegurar la legitimidad del juez, el buen funcionamiento de un sistema de impugnaciones procesales, el adecuado control del poder del que los jueces son titulares y, en último término, la justicia de las resoluciones judiciales; señala que motivar es expresar, de manera ordenada y clara, razones jurídicamente válidas, aptas para justificar la decisión; indica que una decisión carente de motivación es una decisión arbitraria. El Código Iberoamericano de Ética Judicial además establece, que el deber de motivar adquiere una intensidad máxima en relación con decisiones privativas o restrictivas de derechos, o cuando el juez ejerza poderes discrecionales que le otorga la ley. Entonces, la motivación insuficiente se presenta en los casos en que los juzgadores hacen un esfuerzo limitado en razonar su decisión y por ende, no sea posible con la lectura de la sentencia, retomar los pasos seguidos por los juzgadores, develar sus razonamientos y análisis, que desembocaron en los pronunciamientos del fallo. Son ejemplos de este vicio, cuando se hace una descripción de los medios de prueba, mas no se consigna el proceso de valoración intelectivo; cuando dicha valoración se limita a manifestar que tal o cual prueba merece crédito o no merece crédito, sin expresar las razones de dicha conclusión; o cuando en la fundamentación jurídica solo se hace la cita de las normas legales o se transcriben las mismas, sin ninguna explicación del porqué éstas están vinculadas al caso concreto y del porqué, en su caso, las normas invocadas por las partes no son aplicables. La insuficiencia de motivación también se presenta cuando los juzgadores, en la individualización de la pena concreta, no justifican la necesidad de la aplicación de la pena a imponer y su extensión (Art. 2-D del Código Penal). Retornando al caso de marras, el recurrente denuncia falta de motivación probatoria, que es una exigencia del Estado de Inocencia, lo que obliga a hacer un estudio de la sentencia.- De esta forma la Sala de lo Penal encuentra una generalizada falencia de insuficiencia de motivación; como ejemplo: en el numeral Segundo de la Fundamentación Jurídica los juzgadores anuncian que realizarán un “análisis pormenorizado del tipo penal” de asesinato, lo que genera en cualquier lector de la sentencia una alta expectativa del discurso judicial, con la profunda decepción de constatar que ese profundo análisis se limita a la simple transcripción del artículo 117 del Código Penal que contiene la figura penal mencionada; aún más, en el numeral tercero los juzgadores refieren sobre el delito de robo como el delito que contiene como elemento típico: el apoderamiento de bienes muebles empleando violencia o intimidación de las personas, sin ulterior consideración a dicho tipo penal y el porqué es aplicable al caso concreto (f. 178 v.); tampoco se aprecia motivación en cuanto a la individualización de la pena concreta, que es el aspecto más importante a justificar por los sentenciadores, pues es en ese punto que se debe explicar la legitimación del Estado para sancionar con una pena concreta a una persona encontrada culpable. Después de tales ejemplos sobre la generalizada insuficiencia de motivación, corresponde trasladar el estudio al punto cuestionado con el Recurso de Casación que es la motivación probatoria. - El Tribunal de Sentencia declaró en su resolución que “después de ser analizados concienzudamente” los medios de prueba se logró establecer la participación del acusado en los hechos (f. 175), más tal análisis es ausente respecto a cierta prueba e insuficiente en cuanto a otra. En la Fundamentación Probatoria el A-Quo optó por hacer una descripción de los medios de prueba en los numerales primero al cuarto y una valoración intelectiva de los numerales quinto al sexo: i) En cuanto a la motivación descriptiva ésta es bastante escueta respecto a las declaraciones del testigo protegido Alfa, testigo Lázaro Escobar Hernández y testigo Maximina Euceda, e inexistente en relación a los tres medios de prueba documental (Informe de Investigación, Certificación de Acta de Defunción y documento de traspaso de dominio de un vehículo), los que solamente fueron enumerados sin que el lector de la sentencia pueda saber cual es su contenido; ii) En cuanto a la motivación intelectiva los juzgadores señalan en el numeral Tercero (f. 177 v) que la prueba documental acredita la muerte legal del ofendido y las primeras investigaciones del caso, sin compartir no solo porqué se llega a la conclusión de que dicha muerte está acreditada legalmente o cuales fueron esas primeras investigaciones primarias, sino que, y principalmente, cómo contribuyeron estas consideraciones a la formación de la convicción de la existencia de tres hechos delictivos diferentes y que de ellos era responsable el acusado; en el numeral Quinto (f. 177 v.) los juzgadores hacen valoración de las pruebas testificales, compartiendo primero la conclusión de que la prueba es “directa y/o perfecta suficiente” para acreditar la muerte del ofendido y para acreditar la sustracción de bienes propiedad de los ofendidos, derivado de las declaraciones de cargo, procediendo posteriormente a realizar un resumen de la declaración del testigo Alfa; es así que los juzgadores no hacen un análisis individual de las dos declaraciones testificales (testigo Alfa y testigo Lázaro), señalando cuales elementos fueron aportados por cada una de ellas, tampoco el análisis se realiza en relación a cada uno de los delitos, pues se limitan a establecer que se acreditó la sustracciones de objetos, sin señalar cuales, ni como se hizo tal acreditación, aspectos necesarios porque la imputación está formada por dos delitos en contra de la propiedad en perjuicio de dos personas distintas, lo que exige pronunciamiento separado de cómo la prueba acredita cada una de las figuras delictivas. Nada queda al lector del por qué los juzgadores decidieron darle valor a dichas declaraciones, ni cuales son los datos de hecho que extrajeron de ellas, tampoco cuales fueron las reflexiones que formaron el convencimiento sobre la existencia de cada uno de los delitos y la participación del acusado en cada uno de ellos, no hay respuesta de aspectos tan esenciales como el hecho de por qué los juzgadores dieron por cierto que el testigo Alfa supo que las personas agresoras tomaron dinero y un arma de fuego del interior de la vivienda, aun cuando él se encontraba afuera de ésta a una distancia de 30 varas según lo dijo; en su lugar, los juzgadores plasmaron formulas redundantes que son vacías de contenido reflexivo, sumado a la mera transcripción de una de las declaraciones (testigo Alfa) lo que no constituye valoración intelectiva.- En el numeral Sexto (g. 178), el error no es corregido y los juzgadores de nueva cuenta hacen abuso de formulas vacías (“se le da a la prueba relacionada […] un total y absoluto crédito…”) carentes de reflexión intelectiva que explique todos los aspectos relacionados con un delito de asesinato, un delito de robo agravado y un delito de robo de vehículo; finalmente en el numeral Séptimo, último consignado en la fundamentación probatoria, se replica el defecto en la motivación intelectiva, pues el A-Quo insiste en señalar que logró convencimiento de culpabilidad, pero absteniéndose de compartir los motivos de éste. El recurrente, de todas las argumentaciones, acertó respecto a que la sentencia violenta el estado de inocencia, al carecer de una motivación probatoria suficiente, solvente y clara respecto a todos los aspectos de hecho que la prueba aportó y que llevaron al convencimiento de que se habían cometido tres delitos distintos y que de todos ellos tiene responsabilidad el acusado; esa falencia es importante pues convirtió la decisión judicial en arbitraria, dado que las razones quedaron en el arbitrio de los jueces comprometiendo la debida aplicación de la potestad jurisdiccional. B.- Recurso de Casación por Infracción de ley y por Quebrantamiento de Forma Motivo Por Infracción de Ley *Norma Autorizante citado: 360 del Código Procesal Penal; *Normas que se denuncian Infringidas: Artículos 13, 117, 217, 218 y 219 del Código Penal; *Concepto de la Infracción: Sin determinar por el recurrente; *Pretensión: Sin determinar por el recurrente. En relación al delito de Asesinato, el recurrente formula protesta en contra de la decisión condenatoria, pues considera que la participación del acusado Roberto Carlos Guifarro Soto, en los delitos no fue establecida con prueba directa, útil y pertinente que diera certeza de ello; arguye que la prueba dio margen a la existencia de duda razonable pues no se determinó de manera científica cual de las 11 personas que atacaron al ofendido fue la que provocó la herida mortal. Sobre el delito de Robo de vehículo, el recurrente comparte su opinión de que en ningún momento se acreditó el apoderamiento de bienes muebles ajenos, ello porque no existió ningún decomiso de evidencia, más aún con ello el A-quo realizó una valoración subjetiva e irracional de los hechos lo que constituye incongruencia omisiva (SIC). El recurso esta incompleto, pues el libelo se interrumpe abruptamente sin terminar la exposición de ideas. Motivo por Quebrantamiento de Forma *Norma Autorizante citado: 362.3 del Código Procesal Penal; *Normas que se denuncian Infringidas: Artículos 202 y 338 del Código Procesal penal; *Concepto de la Infracción: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la sana crítica; *Reclamo Ex Ante: Sin determinar por el recurrente; *Pretensión: Sin determinar por el recurrente. Denuncia el recurrente que el A-Quo violentó los elementos de la lógica formal (SIC), consistente en el principio de identidad, ley de tercero excluido, como también la ley de la razón suficiente, originado por la mala apreciación de cada elemento de prueba aportado por las partes. Explica que -en el libelo del recurso- cuando se desarrolló la Casación por Infracción de Precepto Constitucional, se señalaron las diversas infracciones cometidas por el Tribunal de Sentencia. De la Procedencia de los Recursos La Sala de lo Penal observa que el recurrente presenta los recursos de casación por infracción de ley y por quebrantamiento de forma con bastante desatino por inobservancia de la debida técnica recursiva; empero, al haberse otorgado parcialmente el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional, no resulta fructífero referirse a éstos, pues el otorgamiento del recurso conlleva la orden de reenvió del caso con la consecuencia celebración de un nuevo juicio. Decisión Ha Lugar parcialmente el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360 del Código Procesal Penal.- Falla: Primero: Declara Ha Lugar parcialmente el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto por el Abogado Hermes Ulises Márquez Zelaya, en su condición de apoderado legal privado del acusado Roberto Carlos Guifarro Soto.- Segundo: Se casa la sentencia de fecha diecinueve (19) de noviembre del año dos mil catorce (2014) (f. 176), dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Juticalpa, Departamento de Olancho, decretando su nulidad, así como la nulidad de la audiencia de debate de fecha dieciocho (18) de septiembre de dos mil catorce (2014) (f. 159), y de la audiencia de individualización de la pena concreta de fecha veinte (20) de octubre del mismo año (f. 175).- Y Manda: Primero: Observando estrictamente los términos señalados en el Código Procesal Penal, que el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Juticalpa, Departamento de Olancho, proceda a celebrar un nuevo juicio para resolver la acusación penal incoada por el Ministerio Público en contra del Señor Roberto Carlos Guifarro Soto, en el cual deberán participar jueces distintos a aquellos que concurrieron a la audiencia de juicio que tuvo como resultado la sentencia casada de fecha diecinueve (19) de noviembre de dos mil catorce (2014).- Segundo: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de febrero del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha nueve de septiembre del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-215-2016.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
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[1] El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que, durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.