Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CP-211-16 — Registro 9756

Resumen

En primera instancia se absuelve al acusado por el delito de homicidio simple, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Esta Sala de lo Penal, previo a referirse concretamente al caso que nos ocupa, recuerda que el artículo 202 del Código Procesal Penal establece que el sistema de valoración de la prueba, es el de la sana crítica, por el que la sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar lo resuelto en los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado el juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no y, además, por qué un elemento de prueba u otro le lleva a una conclusión determinada. En el caso actual, la censora del fallo cuestiona los aspectos por los cuales el tribunal de sentencia resta eficacia probatoria a las declaraciones testificales del testigo protegido “A”, C. A. V. R., B. A. V. C. y L. E.M. R.. Considera la peticionaria que estas declaraciones son contestes y concordantes en aspectos de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos objeto de juzgamiento, y que lo cuestionado en nada altera la esencia del hecho. Frente a tal argumento, la Sala de lo Penal procederá a identificar los argumentos esgrimidos por el sentenciador para demeritar las declaraciones testificales en cuestión, para luego evaluar si sus razones infringen o no la regla de la lógica de derivación en su principio de razón suficiente. Es así que al remitirnos a la valoración conjunta de la prueba llevada a juicio, el Tribunal de Sentencia considera que la declaración rendida por el testigo L. E. M. R., agente de la policía nacional, no ayuda al esclarecimiento de los hechos porque su relato refiere del conocimiento que obtuvo de dos personas que le pidieron ayuda porque habían presenciado la muerte de otra persona en la zona en donde ellos vivían y que temían por sus vidas, estas personas se presentan a interponer la denuncia dos meses después del hecho y manifestaron que han sido objeto de atentados por el acusado. De las premisas anteriores concluye el tribunal que la circunstancia manifestada por los declarantes evidencia un interés marcado en perjudicar al acusado, así como también la afectación de credibilidad por los dos meses aproximadamente de espera que tardaron para ir e interponer la denuncia, también concluye el sentenciador que existió poca investigación pues el declarante no obtuvo información suficiente que permitiese sustentar la tesis de la acusación. De los anteriores argumentos intelectivos, la Sala de lo Penal no identifica infracción alguna a la regla lógica de derivación, pues el Tribunal de Sentencia alcanza conclusiones que derivan del contenido de la declaración testifical rendida por el señor L. E. M. R., no falsea su contenido ni tampoco lo modifica o altera. En relación a las declaraciones testificales de los testigos protegidos “A”, C. V. y B. V., las tres incorporadas mediante lectura al debate, el sentenciador les resta credibilidad sobre la base de los argumentos siguientes: a la declaración del testigo protegido “A” le resta eficacia conviccional por dos razones: porque no existe otro medio de prueba que corrobore el reconocimiento que hizo del acusado, si fue al momento del hecho o después, si fue reconocimiento en rueda, qué tipo de procedimiento se siguió, dónde se obtuvieron las fotografías o padrones fotográficos y ante quién se realizó ese reconocimiento para valorar su validez. Así como que no existe otro medio de prueba que corrobore que denunció los hechos al instante, ya que según los otros dos testigos (C. V. y B. V.) y el señor L. E.M. R., los hechos se denunciaron aproximadamente dos meses después de haber sucedido. Los anteriores razonamientos, al igual que la valoración que hace el Tribunal de Sentencia del primer testigo, no infringen la regla lógica de derivación, pues valora dicha declaración de forma conjunta y armónica con todo el andamiaje probatorio, tal como lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. Tampoco se evidencia que se den por acreditados hechos o circunstancias que no emanen del testimonio valorado, como para que pueda concluirse que las conclusiones intelectivas inferidas por el sentenciador, transgreden la regla lógica de derivación. Como lo ha afirmado el tribunal, el testigo valorado se contradice con los demás testimonios en relación a la fecha en que se presentó la denuncia. Finalmente, en lo concerniente a las declaraciones de los señores C. V. y B. V., el sentenciador demerita su credibilidad por las razones siguientes: El testigo C. V. manifestó estar a un metro del lugar de los hechos, entretanto, el testigo protegido A manifestó estar a tres metros, el primero, V., declaró no haber escuchado lo que discutían el occiso y el apodado L., en cambio, el segundo, testigo protegido A, a pesar de narrar que estaba a tres metros manifestó sí escuchar lo que estos discutían; además ambos testigos no coinciden con el tipo de arma utilizada empleada para quitarle la vida al señor F.. De estas premisas concluye el sentenciador que no es posible que el testigo C. V. haya estado tan próximo al lugar de los hechos (un metro) sin haber sido descubierto por los atacantes y sin que hayan atentado contra su integridad física, así como que no existió prueba objetiva que permitiese determinar el tipo de arma que se utilizó en el hecho y saber el arma implementada. Asimismo, en relación a la declaración del señor B. V., el sentenciador resta credibilidad por la misma circunstancia evidenciada al momento de valorar la declaración testifical del señor L. E. M. R., considera que existe incredibilidad subjetiva y más considera que la denuncia en contra del acusado obedece a los atentados que dijeron haber sido objeto, así como también la dilación en la interposición de la denuncia de los hechos objetos de juzgamiento. La Sala de lo Penal concluye que el Tribunal de Sentencia se ha dado a la tarea de valorar la prueba de forma pormenorizada y responsable, observando siempre las reglas de la sana crítica, la dinámica narrada por los testigos resultó inverosímil para el sentenciador y argumenta las razones de su apreciación sin apartarse del contenido aportado por los medios de prueba valorados. Ante esa circunstancia, la Sala de lo Penal concluye que no se infringe la regla de la lógica de derivación en su principio de razón suficiente, pues las conclusiones existen porque hay razón para que así sea y no de otra manera, no han sido inferidas por el sentenciador de forma arbitraria y antojadiza, las mismas derivan del propio contenido probatorio. Además de lo anterior, la Sala de lo Penal reitera que no le corresponde realizar una valoración probatoria alternativa o sustitutiva de la que realiza el sentenciador, pues a este Tribunal de Casación únicamente le compete verificar el respeto de las reglas que componen la sana crítica racional en dicha valoración, lo cual, ha ocurrido en la presente causa. Por las razones antes expuestas, deviene desestimar el recurso de casación por quebrantamiento de forma interpuesto..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Esta Sala de lo Penal, previo a referirse concretamente al caso que nos ocupa, recuerda que el artículo 202 del Código Procesal Penal establece que el sistema de valoración de la prueba, es el de la sana crítica, por el que la sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar lo resuelto en los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado el juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no y, además, por qué un elemento de prueba u otro le lleva a una conclusión determinada. En el caso actual, la censora del fallo cuestiona los aspectos por los cuales el tribunal de sentencia resta eficacia probatoria a las declaraciones testificales del testigo protegido “A”, C. A. V. R., B. A. V. C. y L. E.M. R.. Considera la peticionaria que estas declaraciones son contestes y concordantes en aspectos de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos objeto de juzgamiento, y que lo cuestionado en nada altera la esencia del hecho. Frente a tal argumento, la Sala de lo Penal procederá a identificar los argumentos esgrimidos por el sentenciador para demeritar las declaraciones testificales en cuestión, para luego evaluar si sus razones infringen o no la regla de la lógica de derivación en su principio de razón suficiente. Es así que al remitirnos a la valoración conjunta de la prueba llevada a juicio, el Tribunal de Sentencia considera que la declaración rendida por el testigo L. E. M. R., agente de la policía nacional, no ayuda al esclarecimiento de los hechos porque su relato refiere del conocimiento que obtuvo de dos personas que le pidieron ayuda porque habían presenciado la muerte de otra persona en la zona en donde ellos vivían y que temían por sus vidas, estas personas se presentan a interponer la denuncia dos meses después del hecho y manifestaron que han sido objeto de atentados por el acusado. De las premisas anteriores concluye el tribunal que la circunstancia manifestada por los declarantes evidencia un interés marcado en perjudicar al acusado, así como también la afectación de credibilidad por los dos meses aproximadamente de espera que tardaron para ir e interponer la denuncia, también concluye el sentenciador que existió poca investigación pues el declarante no obtuvo información suficiente que permitiese sustentar la tesis de la acusación. De los anteriores argumentos intelectivos, la Sala de lo Penal no identifica infracción alguna a la regla lógica de derivación, pues el Tribunal de Sentencia alcanza conclusiones que derivan del contenido de la declaración testifical rendida por el señor L. E. M. R., no falsea su contenido ni tampoco lo modifica o altera. En relación a las declaraciones testificales de los testigos protegidos “A”, C. V. y B. V., las tres incorporadas mediante lectura al debate, el sentenciador les resta credibilidad sobre la base de los argumentos siguientes: a la declaración del testigo protegido “A” le resta eficacia conviccional por dos razones: porque no existe otro medio de prueba que corrobore el reconocimiento que hizo del acusado, si fue al momento del hecho o después, si fue reconocimiento en rueda, qué tipo de procedimiento se siguió, dónde se obtuvieron las fotografías o padrones fotográficos y ante quién se realizó ese reconocimiento para valorar su validez. Así como que no existe otro medio de prueba que corrobore que denunció los hechos al instante, ya que según los otros dos testigos (C. V. y B. V.) y el señor L. E.M. R., los hechos se denunciaron aproximadamente dos meses después de haber sucedido. Los anteriores razonamientos, al igual que la valoración que hace el Tribunal de Sentencia del primer testigo, no infringen la regla lógica de derivación, pues valora dicha declaración de forma conjunta y armónica con todo el andamiaje probatorio, tal como lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. Tampoco se evidencia que se den por acreditados hechos o circunstancias que no emanen del testimonio valorado, como para que pueda concluirse que las conclusiones intelectivas inferidas por el sentenciador, transgreden la regla lógica de derivación. Como lo ha afirmado el tribunal, el testigo valorado se contradice con los demás testimonios en relación a la fecha en que se presentó la denuncia. Finalmente, en lo concerniente a las declaraciones de los señores C. V. y B. V., el sentenciador demerita su credibilidad por las razones siguientes: El testigo C. V. manifestó estar a un metro del lugar de los hechos, entretanto, el testigo protegido A manifestó estar a tres metros, el primero, V., declaró no haber escuchado lo que discutían el occiso y el apodado L., en cambio, el segundo, testigo protegido A, a pesar de narrar que estaba a tres metros manifestó sí escuchar lo que estos discutían; además ambos testigos no coinciden con el tipo de arma utilizada empleada para quitarle la vida al señor F.. De estas premisas concluye el sentenciador que no es posible que el testigo C. V. haya estado tan próximo al lugar de los hechos (un metro) sin haber sido descubierto por los atacantes y sin que hayan atentado contra su integridad física, así como que no existió prueba objetiva que permitiese determinar el tipo de arma que se utilizó en el hecho y saber el arma implementada. Asimismo, en relación a la declaración del señor B. V., el sentenciador resta credibilidad por la misma circunstancia evidenciada al momento de valorar la declaración testifical del señor L. E. M. R., considera que existe incredibilidad subjetiva y más considera que la denuncia en contra del acusado obedece a los atentados que dijeron haber sido objeto, así como también la dilación en la interposición de la denuncia de los hechos objetos de juzgamiento. La Sala de lo Penal concluye que el Tribunal de Sentencia se ha dado a la tarea de valorar la prueba de forma pormenorizada y responsable, observando siempre las reglas de la sana crítica, la dinámica narrada por los testigos resultó inverosímil para el sentenciador y argumenta las razones de su apreciación sin apartarse del contenido aportado por los medios de prueba valorados. Ante esa circunstancia, la Sala de lo Penal concluye que no se infringe la regla de la lógica de derivación en su principio de razón suficiente, pues las conclusiones existen porque hay razón para que así sea y no de otra manera, no han sido inferidas por el sentenciador de forma arbitraria y antojadiza, las mismas derivan del propio contenido probatorio. Además de lo anterior, la Sala de lo Penal reitera que no le corresponde realizar una valoración probatoria alternativa o sustitutiva de la que realiza el sentenciador, pues a este Tribunal de Casación únicamente le compete verificar el respeto de las reglas que componen la sana crítica racional en dicha valoración, lo cual, ha ocurrido en la presente causa. Por las razones antes expuestas, deviene desestimar el recurso de casación por quebrantamiento de forma interpuesto..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha treinta y uno de octubre del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta y un días del mes de octubre del año dos mil diecinueve, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de Coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el expediente SP 211-2016, conociendo del recurso de casación por quebrantamiento de forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veinticinco de noviembre del año dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, mediante la cual falló: Primero: Absolver al señor V. A. F. C., por el delito de homicidio simple, en perjuicio de la vida del señor F. J. D. G.. Segundo: No procede condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio al Ministerio Público. Tercero: Se ratifica el cese de las medidas cautelares impuestas al señor V. A. F. C., en este proceso. Interpuso el recurso de casación por quebrantamiento de forma, la Abogada I. A. F., fiscal del Ministerio Público.Son partes en única instancia: La Abogada I. A. F., fiscal del Ministerio Público, como recurrente; y el Abogado M. J. A., apoderado defensor, como recurrida. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA“Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, de acuerdo a los criterios de la sana critica, este Tribunal declara expresa y terminantemente probado el hecho siguiente: ÚNICO: El día sábado doce de diciembre de dos mil once, (12-12-2011), aproximadamente a las tres de la tarde, a inmediaciones de las canchas de la Colonia San Miguel, se encontraba en la calle el señor F. J. D. G., cuando fue agredido por disparos de arma de fuego, por lo que fue trasladado al Hospital Escuela, donde falleció a consecuencia de las heridas recibidas por tales disparos.”RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS.La recurrente, Abogada I. A. F., fiscal del Ministerio Público, procedió a formalizar su recurso de casación por quebrantamiento de forma de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN. MOTIVO ÚNICO: “No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El fallo que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave al observarse que la conclusión a la que arribó el sentenciador no corresponde a una valoración de la prueba realizada conforme a las reglas de la sana crítica. En el presente proceso, con la finalidad de acreditar los hechos, se evacuó durante la Audiencia de Juicio, entre otras, la prueba de cargo que se describe a continuación: PRUEBA: 1. TESTIGO PROTEGIDO “A”, (Presencial) que fuera rendida en Audiencia Inicial e incorporada a juicio mediante lectura, quien manifestó: “Los hechos ocurrieron el 12 de Febrero de 2011, por las canchas vio a dos personas discutiendo... llegó un carro Mitsubishi Montero, sin placa, vidrios polarizados, él se escondió en un árbol, a unos 3 metros, vino A. y le dijo a C. que le diera y escuchó el disparo y él cayó, se quiso levantar y vino el T. (A.) y le disparó y C. le hizo otro disparo”. El testigo agregó que él llevó al herido al hospital y que los hechos sucedieron entre 3:30 a 4:00 de la tarde. Aclaró que quienes discutían eran “La L.”, de quien dijo no saber su nombre y F.; los que llegan en la camioneta eran El N., cuyo nombre es R.; C. a quien identificó con el nombre L. y T., quien es V. A. (el acusado); manifestó que escuchó tres disparos en total. 2. TESTIGO C.A.V. R.. (Presencial), rendida en audiencia inicial e incorporada mediante lectura al demostrarse en juicio su muerte producto de atentado en su contra antes de llevarse a cabo la Audiencia del Debate. Manifestó: “El 12 de febrero de 2011, F. y L. discutían, llegó una camioneta de la cual se bajaron El N., El T. y El C.; escucha un disparo y cae F. y V. le decía “mátalo” y C. le hizo un disparo. El primer disparo lo hizo C., el segundo V. y el tercero C.. Él estaba estacionado detrás de la camioneta, él se conducía en una moto, los hechos sucedieron entre 3:30 a 4:00 de la tarde... V. tenía una banda bien organizada, a él le hicieron el primer atentado después que la DNIC llegó y después le hicieron otro atentado que fueron 74 disparos”. 3. TESTIGO B. A. V.C. (Presencial), rendida en Audiencia Inicial e incorporada mediante lectura al demostrarse en juicio su muerte producto de atentado en su contra antes de llevarse a cabo la Audiencia del Debate. Quien declaró: “Conoce a V. y a F. del cual era amigo, el 12 de febrero de 2012 él estaba en la Pulpería Mingo, La L. y F. discutían, vio un carro montero que llegó con t., el n. y C.; T. le dijo que lo mataran y C. le dispara y después le disparó T.; a F. lo llevaron al hospital y fueron a la DNIC y por eso sufrió atentados. Agregó que el nombre de T. es V. A. F. C., que el hecho sucedió entre 4:00 a 4:30 en la calle principal de la Colonia San Miguel, oyó tres disparos”. 4. TESTIGO L. E. M. R. Oficial de Policía quien declaró: “En Febrero de 2012 nos abordó una familia de apellido V., padre y sus dos hijos, para que les ayudaran porque ellos temían por sus vidas, porque eran testigos de un homicidio, se inició la investigación tomándoles la declaración a cada uno de ellos, relataban que un grupo de personas había dado muerte a un amigo de ellos, sólo recuerdo los nombres La L.” y “T.”, no recuerdo los otros dos, en resumen fueron 4 personas las que cometieron este homicidio; la motivación de estos testigos era mover el caso porque ya habían sufrido dos atentados, con la ayuda de estas personas (que tengo entendido que ya fallecieron) lograron identificar a dos personas, a raíz de la información que ellos proporcionaron lograron tomar fotografías, padrones fotográficos, números de identidad, etc.” Agregó que él estaba asignado a la Unidad de Análisis y Tratamiento de la Información de la Dirección Nacional de Investigación Criminal y que los testigos llegaron pidiendo colaboración por considerar que Homicidios no había hecho bien su trabajo. 5. DICTAMEN DE AUTOPSIA N°A-313-11realizado en fecha 12 de febrero de 2011 al cuerpo del señor F. J. D. G., mediante el cual se estableció como causa de la muerte Hemoperitoneo (Acumulo de sangre en cavidad abdominal). Describiendo tres lesiones encontradas; produciendo, respectivamente, laceración de músculos del abdomen, intestinos y vena ilíaca izquierda; laceración de músculo y fractura de hueso del brazo izquierdo y laceración de músculos del antebrazo derecho. 6. ACTA DE RECONOCIMIENTO O LEVANTAMIENTO DE CADÁVER Y RECOLECCIÓN DE INDICIOS, practicada en fecha 12 de febrero de 2011, con su respectivo plano; mediante el cual se describe el levantamiento del cadáver de la víctima F. J. D. G. en el Hospital Escuela, así como el lugar de la escena del crimen en la Colonia San Miguel. Al hacer la valoración de la prueba, el sentenciador rechazó la valía acreditativa de los dichos de los testigos presenciales Protegido “A”, C.A. V. R. y B. A. V. C.; al considerar los siguientes aspectos: • Que los testigos hayan procedido a denunciar hasta que habían transcurrido dos meses después de ocurrido el crimen y después de haber sido víctimas de atentados, lo cual, a criterio del sentenciador, sólo denota un interés en perjudicar a los acusados. • Que la afirmación por parte del testigo Protegido A, de haber reconocido a los autores del crimen, no fue corroborada con otro medio de prueba que se haya evacuado en juicio. • Que el testigo C. V., quien estaba a un metro de distancia de los hechos, haya manifestado que no escuchó lo que decían; mientras que el testigo B. V., quien estaba a tres metros de distancia si describe lo que manifestaron el ahora occiso y L. en la discusión; lo que, señala el sentenciador, le resta credibilidad al testigo C.. • Al Juzgador no le resulta la creíble la versión de los testigos C. y B. V .l, pues considera que no es posible que estando ubicados a tan corta distancia de los hechos, no fueran descubiertos por los autores del crimen, ni atentaron contra ellos. • La descripción del arma que hacen los testigos no coincide, puesto que el testigo “A” manifiesta que era una escuadra y los testigos V., que era arma 9 mm y esto, a criterio del Juzgador, le resta credibilidad a sus dichos. (Ver valoración conjunta de la prueba traída a juicio, página 7 de la sentencia). Las anteriores apreciaciones hechas por el Juzgador, las consideramos como una infracción a la regla lógica de la derivación integrado por el Principio de Razón Suficiente, en su característica de suficiencia, así como las reglas de la experiencia común, el cual como sabemos, debe estar constituido por inferencias que se desprenden de pruebas allegadas al debate en legal y debida forma así como de conclusiones razonables deducidas de las pruebas y la sucesión de estas que se vayan determinando, principio que se encuentra vulnerado al establecer el Juzgador como conclusión que se extrae de las pruebas aportadas, que no se puede vincular al acusado con el hecho criminal por no existir probanza que sirva para acreditar éste hecho fehacientemente. El que los testigos hayan hecho o no una descripción exacta del tipo de arma utilizada por el acusado para disparar a F. D., es irrelevante, de la misma manera que lo es el haber escuchado o no la discusión, pues en nada alteran la esencia misma del hecho y en cuanto a la dinámica de cómo se ejecutó el crimen los tres testigos son absolutamente coincidentes. En cuanto a la afirmación por parte del testigo Protegido A, de haber reconocido a los autores del crimen, es corroborada justamente por las declaraciones de los demás testigos quienes no sólo coinciden en la identificación de los autores, sino en las acciones que realizaron cada uno de ellos, pues señalan que en primer lugar disparó “C.” es decir L., luego “T.” quien es V. A. F. (Acusado) y luego volvió a disparar L., infiriéndole el tercer disparo; descripción en la que no habrían sido capaces de coincidir los testigos si no hubiesen presenciado el crimen. El que los testigos C. y B. V. estuvieran ubicados a tan corta distancia de los hechos, fue justamente lo que provocó que fueran víctimas de atentados, aunque éstos no sucedieron de forma inmediata, sino después, lo que les impulsó lógicamente a interponer la denuncia correspondiente, de lo que se deduce que los testigos temían por sus vidas y éste temor no tendría sentido si no hubiesen presenciado el crimen, finalmente a los testigos les dieron muerte antes de que pudiesen comparecer a rendir sus declaraciones en la Audiencia del Debate, tal y como fue acreditado en juicio. La correcta apreciación de la prueba en su conjunto, nos lleva a dejar claramente establecidos detalles concretos y exactos que evidencian la responsabilidad del acusado como autor de la muerte de F. J. D. G., entre ellos los siguientes: 1) El lugar de ocurrencia del hecho. Los testigos de cargo coinciden en el lugar donde ocurrió el crimen, todos afirmaron que el hecho sucedió en la calle principal de la Colonia San Miguel; sin presentar contradicciones en ese sentido. 2) La fecha y hora de la muerte. Los testigos de cargo también son contestes en relación a la fecha y hora en que dispararon a F. D., pues afirmaron que fue el 12 de febrero de 2011, entre 3:00 y 4:00 de la tarde; la veracidad de sus dichos se evidencia al contrastarlos con el Dictamen de Autopsia y el Acta de Levantamiento de Cadáver que señala como fecha y hora de la muerte las antes señaladas. 3) Cantidad de disparos en concordancia con cantidad de lesiones. De igual manera los testigos presenciales afirmaron que el acusado en compañía de otra persona a la que identifican con el nombre L., le infirió tres disparos de arma de fuego a F., aspecto que también fue corroborado con el Dictamen de Autopsia y el Acta de Levantamiento de Cadáver, pues el cuerpo de la víctima presentaba tres orificios de entrada en abdomen y brazos. Como podemos observar, los relatos de los tres testigos de cargo son totalmente coincidentes entre sí y de igual manera con la prueba científica, ya que afirman aspectos que no pudieron saber a menos que hayan observado con sus propios sentidos la ocurrencia de los hechos; los testigos no podían inventar de su propia imaginación la hora exacta en que el hecho se produjo y la cantidad de lesiones que presentaba la víctima; de igual manera fueron contundentes al señalar que estaban sufriendo atentados producto de lo que conocían de los hechos, lo cual tuvo como resultado la muerte de dos de ellos, evidenciándose la veracidad de sus dichos. Consideramos que la prueba debió valorarse de forma conjunta y siendo así, la conclusión a la que hubiese llegado el juzgador sería definitivamente opuesta, es decir, declarando la responsabilidad de V. A. F. C. como autor directo de un delito de Asesinato en perjuicio de F. J. D. G.. En consecuencia, no existe razón para dudar de las declaraciones vertidas por los testigos presenciales de cargo; pues éstos no tenían motivo alguno para incriminar falsamente al acusado. La prueba antes descrita nos conduce a tener por acreditada sin lugar a dudas la existencia del delito, lo que no ha sido negado por el Juzgador, pero asimismo la participación del acusado como autor del hecho tipificado como delito de ASESINATO. En este orden de resultados obtenidos de la prueba evacuada en el proceso, el Ministerio Público no logra extraer la razón por la cual el sentenciador dejó de valorar el contenido de la misma, ya que los testimonios son congruentes, precisos y claros, la prueba fue legalmente incorporada, y al ser analizada de manera conjunta y armónica, conduce toda ella a la inexorable conclusión de la responsabilidad del imputado como autor del hecho delictivo por el cual fue enjuiciado; por ende, con el proceso intelectivo de valoración del material probatorio de cargo, se vulneró, como antes se expuso, las reglas de la sana crítica que debió observar el juzgador al momento de valorar la prueba antes señalada, infringiendo el postulado de la Derivación integrado por el principio de Razón Suficiente, en sus características tanto de veracidad como de suficiencia, así como las reglas de la experiencia común .Por lo anteriormente expuesto, solicitamos se declare procedente el presente motivo, anulando el fallo recurrido y ordenando la devolución de los antecedentes al respectivo Tribunal de Sentencia, para que el trámite de que se trate sea substanciado de conformidad con la ley. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del mismo.”FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de casación por quebrantamiento de forma. El proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El recurso de casación por quebrantamiento de las formas procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas fijadas en la ley. Recurso de casación por quebrantamiento de forma. Único motivo. *Normas autorizantes citadas: artículo 362 numerales 3 del Código Procesal Penal. *Normas procesales que se denuncian infringidas: no determinado por la recurrente. *Concepto de la infracción: violación a las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba. *Acciones de saneamiento: imposibilidad de reclamo previo porque el vicio consta en la sentencia. *Pretensión: darle el curso legal al presente recurso.Luego de citar los medios de prueba evacuados en juicio, y resaltar lo que a su parecer es lo más relevante, la censora del fallo identifica los postulados intelectivos que le resultan infractores de la regla de la lógica de derivación en su principio de razón suficiente, pues considera que a pesar de que los testigos no dieron una descripción exacta del tipo de arma utilizada por el acusado para disparar a F. D., no es algo relevante, así como que si los testigos escucharon o no la discusión, en nada alteran la esencia del hecho. Considera, finalmente, que la declaración del testigo protegido “A” es corroborada con las otras dos declaraciones y que los testigos C. y B. V. estuvieran ubicados a tan corta distancia de los hechos, fue justamente lo que provocó que fueran víctimas de atentados, lo que los orilló a interponer la denuncia tiempo después. De las reglas de la sana crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que:“… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal).En el apartado de la valoración intelectiva, el juzgador debe valorar la prueba conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: Íntima Convicción (propio del sistema de juzgamiento por jurados), Prueba Legal o tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de sana crítica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp. 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp. 88-09). Componen la sana crítica: 1) Reglas de la experiencia común o máximas de la experiencia: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: I. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. II. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o, III. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porque lo considera así.2) Las reglas de la psicología: Están referidas no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y,3) Las reglas de la lógica: La lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “lógica no formal”, llamada en el ámbito como razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber: 1. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la ley de la coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: I. El principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” II. El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. III. El principio de tercero excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. 2. La derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella .Existirá omisión al principio lógico de derivación: I. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; II. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. III. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. IV. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido esté falseado. De la derivación se extrae el principio de razón suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando las siguientes características: I. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; II. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; III. No Contradictoria: por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; IV. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y V. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit., pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. Esta Sala de lo Penal, previo a referirse concretamente al caso que nos ocupa, recuerda que el artículo 202 del Código Procesal Penal establece que el sistema de valoración de la prueba, es el de la sana crítica, por el que la sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar lo resuelto en los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado el juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no y, además, por qué un elemento de prueba u otro le lleva a una conclusión determinada. En el caso actual, la censora del fallo cuestiona los aspectos por los cuales el tribunal de sentencia resta eficacia probatoria a las declaraciones testificales del testigo protegido “A”, C. A. V. R., B. A. V. C. y L. E.M. R.. Considera la peticionaria que estas declaraciones son contestes y concordantes en aspectos de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos objeto de juzgamiento, y que lo cuestionado en nada altera la esencia del hecho. Frente a tal argumento, la Sala de lo Penal procederá a identificar los argumentos esgrimidos por el sentenciador para demeritar las declaraciones testificales en cuestión, para luego evaluar si sus razones infringen o no la regla de la lógica de derivación en su principio de razón suficiente. Es así que al remitirnos a la valoración conjunta de la prueba llevada a juicio, el Tribunal de Sentencia considera que la declaración rendida por el testigo L. E. M. R., agente de la policía nacional, no ayuda al esclarecimiento de los hechos porque su relato refiere del conocimiento que obtuvo de dos personas que le pidieron ayuda porque habían presenciado la muerte de otra persona en la zona en donde ellos vivían y que temían por sus vidas, estas personas se presentan a interponer la denuncia dos meses después del hecho y manifestaron que han sido objeto de atentados por el acusado. De las premisas anteriores concluye el tribunal que la circunstancia manifestada por los declarantes evidencia un interés marcado en perjudicar al acusado, así como también la afectación de credibilidad por los dos meses aproximadamente de espera que tardaron para ir e interponer la denuncia, también concluye el sentenciador que existió poca investigación pues el declarante no obtuvo información suficiente que permitiese sustentar la tesis de la acusación. De los anteriores argumentos intelectivos, la Sala de lo Penal no identifica infracción alguna a la regla lógica de derivación, pues el Tribunal de Sentencia alcanza conclusiones que derivan del contenido de la declaración testifical rendida por el señor L. E. M. R., no falsea su contenido ni tampoco lo modifica o altera. En relación a las declaraciones testificales de los testigos protegidos “A”, C. V. y B. V., las tres incorporadas mediante lectura al debate, el sentenciador les resta credibilidad sobre la base de los argumentos siguientes: a la declaración del testigo protegido “A” le resta eficacia conviccional por dos razones: porque no existe otro medio de prueba que corrobore el reconocimiento que hizo del acusado, si fue al momento del hecho o después, si fue reconocimiento en rueda, qué tipo de procedimiento se siguió, dónde se obtuvieron las fotografías o padrones fotográficos y ante quién se realizó ese reconocimiento para valorar su validez. Así como que no existe otro medio de prueba que corrobore que denunció los hechos al instante, ya que según los otros dos testigos (C. V. y B. V.) y el señor L. E.M. R., los hechos se denunciaron aproximadamente dos meses después de haber sucedido. Los anteriores razonamientos, al igual que la valoración que hace el Tribunal de Sentencia del primer testigo, no infringen la regla lógica de derivación, pues valora dicha declaración de forma conjunta y armónica con todo el andamiaje probatorio, tal como lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. Tampoco se evidencia que se den por acreditados hechos o circunstancias que no emanen del testimonio valorado, como para que pueda concluirse que las conclusiones intelectivas inferidas por el sentenciador, transgreden la regla lógica de derivación. Como lo ha afirmado el tribunal, el testigo valorado se contradice con los demás testimonios en relación a la fecha en que se presentó la denuncia. Finalmente, en lo concerniente a las declaraciones de los señores C. V. y B. V., el sentenciador demerita su credibilidad por las razones siguientes: El testigo C. V. manifestó estar a un metro del lugar de los hechos, entretanto, el testigo protegido A manifestó estar a tres metros, el primero, V., declaró no haber escuchado lo que discutían el occiso y el apodado L., en cambio, el segundo, testigo protegido A, a pesar de narrar que estaba a tres metros manifestó sí escuchar lo que estos discutían; además ambos testigos no coinciden con el tipo de arma utilizada empleada para quitarle la vida al señor F.. De estas premisas concluye el sentenciador que no es posible que el testigo C. V. haya estado tan próximo al lugar de los hechos (un metro) sin haber sido descubierto por los atacantes y sin que hayan atentado contra su integridad física, así como que no existió prueba objetiva que permitiese determinar el tipo de arma que se utilizó en el hecho y saber el arma implementada. Asimismo, en relación a la declaración del señor B. V., el sentenciador resta credibilidad por la misma circunstancia evidenciada al momento de valorar la declaración testifical del señor L. E. M. R., considera que existe incredibilidad subjetiva y más considera que la denuncia en contra del acusado obedece a los atentados que dijeron haber sido objeto, así como también la dilación en la interposición de la denuncia de los hechos objetos de juzgamiento. La Sala de lo Penal concluye que el Tribunal de Sentencia se ha dado a la tarea de valorar la prueba de forma pormenorizada y responsable, observando siempre las reglas de la sana crítica, la dinámica narrada por los testigos resultó inverosímil para el sentenciador y argumenta las razones de su apreciación sin apartarse del contenido aportado por los medios de prueba valorados. Ante esa circunstancia, la Sala de lo Penal concluye que no se infringe la regla de la lógica de derivación en su principio de razón suficiente, pues las conclusiones existen porque hay razón para que así sea y no de otra manera, no han sido inferidas por el sentenciador de forma arbitraria y antojadiza, las mismas derivan del propio contenido probatorio. Además de lo anterior, la Sala de lo Penal reitera que no le corresponde realizar una valoración probatoria alternativa o sustitutiva de la que realiza el sentenciador, pues a este Tribunal de Casación únicamente le compete verificar el respeto de las reglas que componen la sana crítica racional en dicha valoración, lo cual, ha ocurrido en la presente causa. Por las razones antes expuestas, deviene desestimar el recurso de casación por quebrantamiento de forma interpuesto. DECISIÓN No Ha Lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo. POR TANTO : La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales 362 y 363 del Código Procesal Penal. FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el recurso de casación por quebrantamiento de forma, en único motivo, interpuesto por el Ministerio Público; 2) Declara firme y ejecutable la sentencia condenatoria de fecha veinticinco de noviembre del año dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.Y MANDA: Con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a derecho. NOTIFÍQUESE.FIRMAS Y SELLO.JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de enero del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha treinta y uno de octubre del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-211-2016.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

8 de 8