Sentencia CP-21-16 — Registro 9610
Resumen
En primera instancia se condeno al imputado como autor del delito de portación ilegal de arma de fuego comercial en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...De la procedencia del recurso. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. La censora denuncia infringido el precepto constitucional que contiene el principio de retroactividad de la ley penal establecido en el artículo 96 de la Constitución de la República. El hecho probado objeto de juzgamiento establece queen fecha veintitrés de febrero del año dos mil doce, en horas de la tarde, en el sector de Calpules, calle que conduce a Ticamaya, del Municipio de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, fueron aprehendidos por agentes de la Policía Nacional, los señores I. O.P. M., quien se conducía en un motocicleta y los señores P. A.C. y N. B. L.M., estos últimos se transportaban en vehículo tipo camioneta, marca Mazda, modelo Tribute color rojo, mismo que era conducido por el señor N. B. L. M., encontrando al momento de realizar el respectivo registro del automóvil, afuera del mismo un arma de fuego, tipo revólver, serie CBL1920, modelo 10-10, calibre .38 especial, marca Smith & Wesson, la cual tenía buen funcionamiento, tanto mecánico como operativo, sin contar el señor B. L. M.con el respectivo permiso expedido por la autoridad, instrumento que había sido expulsado por la ventanilla del conductor.Por este hecho, el señor J. D.G.R. fue condenado por el delito de portación ilegal de arma de fuego comercial, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de tres (03) años de reclusión más las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil. Sucede que para la fecha del dictado de la sentencia condenatoria, el dieciséis de febrero de dos mil quince, se encontraba en vigencia el decreto legislativo número 63-2014, el cual prorroga la vigencia del decreto legislativo número 184-2013, por un período de seis meses a partir del vencimiento de dicho decreto, con el objetivo de que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego proceda a realizar los trámites de registro, debiendo presentar toda la documentación pertinente a excepción de la factura de compra en La Armería, como excepción. El término de prorroga comenzó a correr el día siguiente al vencimiento del plazo señalado en el Decreto 184-2013, es decir el 06 de octubre de 2014, y venció el 06 de abril de 2015, quedando en suspenso –pero no derogando- la positividad de las normas que establecen sanciones administrativas contenidas en la Ley de Armas y algunos de los verbos rectores del delito contenido en el artículo 332-B del Código Penal, quedando excluidas, por tanto, las conductas (punibles) relacionadas con las armas de guerra, reservadas para uso exclusivo de los cuerpos de seguridad del Estado de Honduras. No obstante lo anterior, la Sala de lo Penal ha sido del firme criterio que el decreto en cuestión se trata de una ley temporal y no una ley intermedia, es decir, para que tenga aplicación debe estar vigente al momento de la comisión de la conducta reprochada; la ley temporal deja en suspenso, con la concurrencia de otras condiciones, algunos de los verbos rectores del artículo 332 B, pero tiene un plazo taxativo de vigencia y tiene como principio fundamentador que no se aplicará a supuestos ni en momentos distintos de los comprendidos expresamente en ellas. En cambio, la ley intermedia al ser una ley posterior deroga la ley anterior, se da identidad plena en cuanto al hecho regulado y se viene a dar una sucesión de leyes penales. Sucede en el caso actual, que se pretende la retroactividad de un decreto temporal, lo cual no es abarcado por el principio de retroactividad de la ley penal, como erróneamente expone la recurrente. Por estas razones, deviene improcedente el recurso de casación por infracción de precepto constitucional en su único motivo.ecisión. No ha lugar el recurso de casación por infracción de precepto constitucional en su único motivo interpuesto por la Abogada G H A..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha nueve de septiembre del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el expediente SP21-2016, conociendo del recurso de casación por infracción de precepto constitucional interpuesto contra la sentencia de fecha nueve de abril del año dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, mediante la cual falló: Primero: Absolver a los señores P. A. C., I. O. P. M. y N. B. L.M., del delito de Asociación Ilícita, en perjuicio de la Seguridad interior del Estado de Honduras, por el que venían siendo acusados por el Ministerio Público. Segundo: Absolver a los señores P. A. C. y N. B.L. M., del delito de Extorsión, en perjuicio de L.G. L., del que venían siendo acusados por el Ministerio Público. Tercero: Condenar al señor N. B. L. cuyas menciones generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autor del delito de portación ilegal de arma de fuego comercial en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de tres (03) años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil por el tiempo que dure la pena principal. Cuarto :Otorgar el beneficio de suspensión condicional de la ejecución de la pena al condenado N.B. L..M. estableciéndose un periodo de prueba de cinco años, suspensión que no se extiende a las obligaciones civiles derivadas del delito y tampoco a las penas accesorias y demás efectos de la condena. Quinto: Se declara la responsabilidad civil del condenado N. B. L. M., la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de esta sentencia. Sexto: No procede condenar en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. Séptimo: No procede el comiso. Interpuso el recurso de casación por infracción de precepto constitucional, la Abogada G. H.A., defensora pública del señor N. B.L. M.Son partes en única instancia:El Abogado M.R. A. y J. R. I., defensores públicos del señor N. B.L. M.; y, el Abogado S.C.A., fiscal del Ministerio Público, como recurrida.Hechos Probados de la instancia“Valorando las pruebas practicadas en juicio, este Tribunal declara expresa terminantemente probados los hechos siguientes: ÚNICO.- En fecha veintitrés de febrero del año dos mil doce, en horas de la tarde, en el sector de Calpules, calle que conduce a Ticamaya, del municipio de San Pedro Sula, departamento de Cortés, fueron aprehendidos por agentes de la Policía Nacional, los señores I. O.P.M., quien se conducía en un motocicleta y los señores Pelayo A. C. y N.B. L. M., éstos últimos se transportaban en vehículo tipo camioneta, marca Mazda, modelo Tribute color rojo, mismo que era conducido por el señor N. B.L. M. encontrando al momento de realizar el respectivo registro del automóvil, afuera de mismo un arma de fuego, tipo revólver, serie CBL1920, modelo 10-10, calibre .38 especial, marca Smith & Wesson, la cual tenía buen funcionamiento, tanto mecánico como operativo, sin contar el señor B. L.M. con el respectivo permiso expedido por la autoridad, instrumento que había sido expulsada por la ventanilla del conductor.”Recurso de Casación. Motivos y Argumentos.La recurrente, Abogada G. H. A., en su condición de defensora pública del señor N. B. L.M., procedió a formalizar su recurso de casación por infracción de precepto constitucional de la siguiente manera: “MOTIVO UNICO: Infracción del artículo 96 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 221 del mismo cuerpo legal.- PRECEPTO AUTORIZANTE El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal.- EXPOSICION DEL MOTIVO Los preceptos Constitucionales citados como infringidos textualmente dicen: Artículo 96 de la Constitución de la República de Honduras: “La ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado.” Por su parte el artículo 221 de la Constitución de la República de Honduras dispone: “La ley es obligatoria en virtud de su promulgación y después de haber transcurrido (20) veinte días de terminada su publicación en el Diario Oficial la Gaceta….” En fecha veintitrés (23) de febrero del dos mil doce, se le decomisa al señor N. B. L.M. un arma de fuego, tipo revólver, serie CBL1920, modelo 10-10, calibre .38 especial, marca Smith & Wesson, al momento de la detención no contaba con permiso alguno; en fecha dieciséis (16) de febrero del dos mil quince (2015) se realiza Juicio Oral y Público donde se emite fallo condenatorio; sin embargo el artículo 1 del Decreto Legislativo numero 63- 2014 de fecha 19 de agosto del dos mil catorce (2014), publicado en el diario oficial la Gaceta el 06 de noviembre del mismo año establece: “Prorrogar la vigencia de lo depuesto en el Decreto No-184-2013 de fecha 1 de septiembre de 2013, el cual establece un período de veda por (1) año, para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de la Armería, proceda con la documentación respectiva a excepción de dicha factura, realizar los trámites correspondientes para dicho registro, por un período de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del decreto referido” De ahí pues que resulta claro que al cobrar vigencia el artículo 1 del decreto en mención, deja en suspenso la aplicación de la norma contenida en el artículo 332-B, del Código Penal, y de manera retroactiva con fundamento en el principio de retroactividad de la ley penal (artículo 96 de la Constitución de la República de Honduras), debió el Tribunal de Sentencia aplicar la norma prescrita en el artículo 1 arriba indicado, por cuanto esa nueva ley al momento de sentenciar a mi defendido es la más favorable.- “En estricto derecho el Juez no está obligado más que a decidir, entre la ley vigente en la fecha de la comisión del delito y la vigente en la fecha de la sentencia, porque solo ésta y no una ya derogada puede aplicarse retroactivamente…”[1] si bien es cierto la sentencia tiene fecha nueve de abril del 2015, ya anteriormente se había decretado la culpabilidad de mi defendido en la primera fase de la sentencia condenatoria es decir en el acto del Juicio Oral y Público, por lo tanto al momento de materializarse el fallo (sentencia) ya el señor N.B.L. M. había sido declarado responsable del delito de Portación Ilegal de Arma Comercial.- Así las cosas, que el Tribunal Sentenciador al momento de condenar a mi representado a la pena de TRES (3) años de reclusión por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS, lo hace violentando el artículo 96 de la Constitución de la República de Honduras en relación con el artículo 221 del mismo cuerpo legal.- Por lo anterior, resulta procedente que la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, declare Con Lugar el presente recurso, absolviendo de toda responsabilidad al señor N. B.L. M. por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.”Fundamentación Jurídica Recurso de casación por infracción de precepto constitucional.El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior.[2] En general toda norma legal puede enlazarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar; la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe seleccionar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro (recurso ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (recursos extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández de la Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”La esencia del recurso de infracción de precepto constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial.Recuso de casación por infracción de precepto constitucional interpuesto por la Defensa Pública. Único motivo. *Precepto Autorizante: 361 del Código Procesal Penal. *Normas que se denuncian infringidas: artículo 96 de la Constitución de la República. *Concepto de la Infracción: violación al principio de retroactividad de la ley penal; y, *Pretensión: declarar Ha Lugar el recurso .Alega la defensa pública que en fecha 23 de febrero del año 2012, se le decomisó al acusado N. B. L. M., un arma de fuego tipo revolver, serie BL1920, modelo 10-10, calibre 38 especial, marca Smith & Wesson, y al momento de la detención no contaba con permiso alguno. Posteriormente, en fecha 16 de febrero de 2015, se realizó el juicio oral y público en donde se emitió el fallo condenatorio. No obstante lo anterior, en decreto legislativo de 19 de agosto de 2014 se prorroga la vigencia del decreto 184-2013, mediante el cual se establece el plazo de veda de un año para que toda persona que tenga en su poder un arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de La Armería, proceda a realizar los trámites de registro. Lo anterior –considera- deja en suspenso la aplicación de la norma contenida en el artículo 332-B del Código Penal y en consecuencia debe aplicarse el principio de retroactividad en materia penal contenido en el artículo 96 de la Constitución de la República. Del principio de retroactividad de la ley penalLa exigencia para que un hecho pueda castigarse como delito es preciso, de modo ineludible, que previamente haya sido declarado como tal por una ley, así se refleja en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre del 10 de Diciembre de 1948; artículo 11.2: "Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.”.Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, esto se le llama el principio de identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigencia una nueva ley, que regula en forma distinta las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, por lo que el tribunal de justicia deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. {El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que ninguna persona debe ser castigada por una conducta que al momento de la comisión era lícita, de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello. Haseemer señala que "una ley que pretenda ser aplicable a un caso que haya ocurrido antes de que la ley haya entrado en vigor, es un fantasma del Estado Policía (Hassemer, Winfried, Fundamentos del Derecho Penal, Bosh, Casa Editorial S.A., 1984., Pág. 320)", en virtud de que el daño que se pretende evitar por parte de la comunidad, ya ha sido producido antes de su promulgación, cuando la misma era de carácter lícito y no reprochable. Claus Roxin (Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civitas A.S., España, p. 141) explica los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión, sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible, sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo: prisión en vez de pena de multa); y 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo subir de cinco a diez años de prisión una pena).Tales tipos de retroactividad no son posibles ya que el Estado debe determinar ante fáctum los hechos que consienta prohibidos, de modo que los ciudadanos tengan confianza en que los límites de su libertad están determinados y que pueden actuar dentro de esos límites establecidos sin que posteriormente puedan ser objetos de algún reproche por los mismos. Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva o innecesaria, lo que debe ser apreciado no solo en procesos penales pendientes, como el caso que nos ocupa, sino además en los procesos con resoluciones firmes, antes o durante el cumplimiento de las penas. "Una ley más favorable no es una ley abusiva, por el contrario, significa el reconocimiento de mayores ámbitos de libertad, luego la retroactividad de la ley más favorable no niega el principio de legalidad, si no que más bien lo afirma." (Bustos Ramírez Juan, Manual de Derecho penal, Parte General, Barcelona, Edit. Ariel S.A, 3° Edición, 1989, pg. 82).Lo anterior crea la necesidad de determinar cundo una ley entra en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente, "esta exigencia es inseparable del principio de legalidad penal; si debe existir una ley que defina las conductas delictivas para poder perseguirlas, dicha ley debe estar vigente en el momento en que se cometen los hechos, por eso la ley penal es irretroactiva y no puede aplicarse a hechos anteriores a su entrada en vigor (Muñoz Conde, Francisco. Derecho Penal, parte general, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia España, 1° edición, 1993, pg. 98.)", salvo el caso mencionado, cuando sea más beneficiosa. Ante una nueva regulación penal corresponde al juzgador determinar cuál es la ley que es más favorable al acusado o condenado: la vigente al momento del hecho o la vigente al momento de juzgamiento o ejecución de la pena, dándose tal respuesta a depender de: 1. Si la ley penal vigente al momento de los hechos ha sido derogada por una nueva ley, lo que sin dificultad se concluye que la nueva ley es más beneficiosa por despenalizar lo que la anterior tipificaba como delito; 2. Si la ley penal vigente al momento del hecho contemplaba una pena de la misma naturaleza más grave que la prevista en la ley penal vigente al momento del juzgamiento o ejecución de la pena, entonces se debe aplicar la ley penal vigente (ley nueva), por ser más beneficiosa; o 3. Si la ley penal vigente al momento del hecho contemplaba una pena de distinta naturaleza a la prevista en la ley penal vigente al momento de juzgamiento o ejecución de la pena, el órgano jurisdiccional decidirá conforme al caso concreto y en la eventual situación de duda podrá consultar a la persona condenada cuál de las normas le resulta más beneficiosa, pues a la postre el destinatario de las mismas es ella, y el principio lo que busca es su beneficio. Lo anterior nos lleva a otra posibilidad, existirán casos en que la nueva ley contenga aspectos que le beneficie al reo o procesado, pero que a su vez también le perjudique, lo que obliga, como en el caso anterior, a que el juez realice un estudio del caso concreto, a fin de determinar cuál de las normas es la más beneficiosa en su totalidad, es decir, tomando en cuenta tanto los beneficios como los perjuicios de su aplicación, no siendo posible aplicar los aspectos más beneficiosos de la nueva ley sin aplicar los perjudiciales, ya que, como señala Muñoz Conde, "el Tribunal estaría creando una nueva norma (…) y desempeñando con ello funciones legislativas que no le competen." (Muñoz Conde; Francisco; García Arán, Mercedes. Derecho Penal Parte General, 3° Edición. Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 1998, Pág. 159 y 160).En definitiva, el texto del artículo 96 de la Constitución de la República establece que "la ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", lo cual está desarrollado en el artículo 9 del Código Penal, que indica que: “Las leyes penales tienen efecto retroactivo en cuanto favorezcan al procesado, aunque al entrar en vigencia aquellas hubiere recaído sentencia firme y el reo estuviere cumpliendo la condena.”.De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. La censora denuncia infringido el precepto constitucional que contiene el principio de retroactividad de la ley penal establecido en el artículo 96 de la Constitución de la República. El hecho probado objeto de juzgamiento establece queen fecha veintitrés de febrero del año dos mil doce, en horas de la tarde, en el sector de Calpules, calle que conduce a Ticamaya, del Municipio de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, fueron aprehendidos por agentes de la Policía Nacional, los señores I. O.P. M., quien se conducía en un motocicleta y los señores P. A.C. y N. B. L.M., estos últimos se transportaban en vehículo tipo camioneta, marca Mazda, modelo Tribute color rojo, mismo que era conducido por el señor N. B. L. M., encontrando al momento de realizar el respectivo registro del automóvil, afuera del mismo un arma de fuego, tipo revólver, serie CBL1920, modelo 10-10, calibre .38 especial, marca Smith & Wesson, la cual tenía buen funcionamiento, tanto mecánico como operativo, sin contar el señor B. L. M.con el respectivo permiso expedido por la autoridad, instrumento que había sido expulsado por la ventanilla del conductor.Por este hecho, el señor J. D.G.R. fue condenado por el delito de portación ilegal de arma de fuego comercial, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de tres (03) años de reclusión más las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil. Sucede que para la fecha del dictado de la sentencia condenatoria, el dieciséis de febrero de dos mil quince, se encontraba en vigencia el decreto legislativo número 63-2014, el cual prorroga la vigencia del decreto legislativo número 184-2013, por un período de seis meses a partir del vencimiento de dicho decreto, con el objetivo de que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego proceda a realizar los trámites de registro, debiendo presentar toda la documentación pertinente a excepción de la factura de compra en La Armería, como excepción. El término de prorroga comenzó a correr el día siguiente al vencimiento del plazo señalado en el Decreto 184-2013, es decir el 06 de octubre de 2014, y venció el 06 de abril de 2015, quedando en suspenso –pero no derogando- la positividad de las normas que establecen sanciones administrativas contenidas en la Ley de Armas y algunos de los verbos rectores del delito contenido en el artículo 332-B del Código Penal, quedando excluidas, por tanto, las conductas (punibles) relacionadas con las armas de guerra, reservadas para uso exclusivo de los cuerpos de seguridad del Estado de Honduras. No obstante lo anterior, la Sala de lo Penal ha sido del firme criterio que el decreto en cuestión se trata de una ley temporal y no una ley intermedia, es decir, para que tenga aplicación debe estar vigente al momento de la comisión de la conducta reprochada; la ley temporal deja en suspenso, con la concurrencia de otras condiciones, algunos de los verbos rectores del artículo 332 B, pero tiene un plazo taxativo de vigencia y tiene como principio fundamentador que no se aplicará a supuestos ni en momentos distintos de los comprendidos expresamente en ellas. En cambio, la ley intermedia al ser una ley posterior deroga la ley anterior, se da identidad plena en cuanto al hecho regulado y se viene a dar una sucesión de leyes penales. Sucede en el caso actual, que se pretende la retroactividad de un decreto temporal, lo cual no es abarcado por el principio de retroactividad de la ley penal, como erróneamente expone la recurrente. Por estas razones, deviene improcedente el recurso de casación por infracción de precepto constitucional en su único motivo.ecisión. No ha lugar el recurso de casación por infracción de precepto constitucional en su único motivo interpuesto por la Abogada G H A .POR TANTO :La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 361, 362 y 363 del Código Procesal Penal. FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR elrecurso de casación por infracción de precepto constitucional, en su único motivo, interpuesto por la Abogada G H A , en su condición de defensora pública del señor N B L M ; 2) Declara firme y ejecutable la sentencia condenatoria de fecha nueve de abril del año dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés.Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a derecho. NOTIFÍQUESE.FIRMAS Y SELLO.JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve. Certificación de la Sentencia de fecha nueve de septiembre del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-21-2016.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
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[1] Sentencia de la Sala Penal, de la Honorable C.S.J, número 48-2009, de fecha 25 de noviembre del 2010.
[2]El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.