Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CP-205-16 — Registro 9752

Resumen

Se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por la defensa de la imputada contra la sentencia de primera instancia que la condena como autora del delito de Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de Funciones Públicas

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

.."EL MOTIVO ES DE RECIBO.- Tal como lo refiere el Ministerio Público en su contestación de cargo, existe un error en el planteamiento del motivo por parte del Recurrente provocado al anunciar en el preámbulo tres motivos distintos, los que si bien todos refieren a un quebrantamiento de forma, cada uno de ellos atañe a un error procedimental diferente; sin embargo esto es mero error en la presentación del Recurso pues en el libelo se identifica claramente que el alegato descansa en un único motivo, sobre el cual se desarrolla el argumento recursivo, siendo éste: Violación al principio de congruencia entre la sentencia con la acusación.Es criterio de esta Sala de lo Penal que efectivamente ha existido una violación al debido proceso dado que el Tribunal de Sentencia inobservó los parámetros establecidos en el artículo 321 del Código Procesal penal y con ello violento el artículo 337 del mismo cuerpo legal, al admitir en la audiencia de debate una ampliación de acusación que en realidad consistió en la imputación de un nuevo delito, basado en hechos distintos a los que motivaron la elevación de la causa a juicio. Como ya se ha relacionado, el presente proceso inicio mediante requerimiento fiscal presentado en contra de la Señora A. S. T. V., por suponerla responsable a título de autora de un delito consumado de Enriquecimiento Ilícito, en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras, estableciendo como hechos de la imputación que la acusada durante los años como servidora pública del Estado se E. ció (acumulación de riqueza) más allá de lo que se esperaría en relación a los ingresos y egresos que tuvo en el tiempo de servicio y que omitió señalar cual era la fuente de ese Enriquecimiento (delito de omisión); hechos que no solo motivaron la presentación del requerimiento fiscal, sino que fueron intimados a lo largo de la Etapa preparatoria e Intermedia del Proceso, en especial fueron aquellos en base a los cuales se formalizo la acusación en la audiencia preliminar (Etapa Intermedia del Proceso) y que motivo la elevación del caso a juicio; así entonces las partes en el desarrollo de la Etapa de Juicio y con el conocimiento cierto sobre los hechos de la acusación se presentaron a la audiencia de proposición de pruebas ofertando los medios de prueba para acreditar (Ministerio Público) y desvirtuar (Defensa Privada) los hechos intimados, para luego afrontar la audiencia de debate. Sin embargo, llegado el día de esta audiencia el Ministerio Público señaló ampliar la acusación, imputando un nuevo delito a la acusada sobre la base de hechos distintos a aquellos fijados en la audiencia de formalización de cargos; indicó el Agente Fiscal que la acusada debía demás ser juzgada por ser autora material de un delito consumado de Negociaciones Incompatibles, en perjuicio de la Administración Pública, ello debido al supuesto de que ésta, por conducto de terceras personas, celebró contratos con el Estado en el tiempo en que era servidora pública, lo que procuró un Enrecimiento; ampliación que fue admitida por el Tribunal de Sentencia, generándose a partir de ese momento la violación al debido proceso y al derecho de defensa como consecuencia de: 1. La ampliación de la acusación debe de basarse en hechos nuevos o en hechos anteriores antes no conocidos que se relacionen con aquellos que fundan la acusación.- En el caso de mérito los hechos planteados en la ampliación de la acusación no solo no tiene relación con los hechos de la imputación, Conditio Sine Quanon del artículo 321 del Código de Rito, sino que más bien resultan ser contradictorios: Por una parte se señala que la acusada sin ningún tipo de fundamento en el tiempo en que fungió como servidora pública, pero por otra parte se señala que la acusada celebró contratos, a través de terceras personas, con el Estado y que ello le generó ganancia, mismas ganancias en que se funda la primera imputación y de las que se dice se omitió señalar su origen; recuérdese que el delito de Enriquecimiento ilícito la imputación se basa en la omisión del autor de justificar la fuente lícita de los activos durante su tiempo de servicio público, entretanto el delito de Negociaciones Incompatibles es un delito de acción en donde se increpa al autor haber contratado con el Estado aprovechando su condición de servidor público, generándose conflicto de intereses particulares con los intereses de la Administración Pública. 2. La ampliación, tal como lo señala el Artículo 321 del Código Procesal Penal tiene como propósito: i.- Modificar la calificación jurídica de los hechos fijados en la formalización de la acusación; o ii.- Modificar la pena del delito calificado en la formalización de la acusación; en realidad entonces lo que llamamos “ampliación” es una modificación a la acusación que ya se ha formulado.- En el caso de mérito el Ministerio Público con su ampliación de la acusación procuró juzgar a la acusada A. S. T. V., por un nuevo delito basado en hechos distintos a aquellos que fueron objeto de formalización, alejándose por mucho de cualquiera de los propósitos del artículo 321; delito nuevo que nunca fue intimado a la acusada, nunca se le dio oportunidad de ser escuchada sobre éste, de contestar cargos, de proponer prueba en descargo sobre esta imputación, de tener tiempo para preparase para enfrentar una audiencia de debate sobre estos hechos en particular y de desarrollar una teoría del caso en el debate. La petición de ampliación hecha por el Ministerio Público fue declarada con lugar por el Tribunal de Sentencia, sin establecer fundamento sobre el mérito legal de lo resuelto, sustituyéndolo con una interpretación errónea de subsanación por consentimiento tácito.- En la audiencia de debate y ante la petición de ampliación, el A-Quo le dio la palabra a la Defensa privada para que expresara su parecer pero en lugar de ello la Defensa solicitó suspensión de la audiencia de debate para poder estudiar la petición y pronunciarse sobre ella, a lo que accedió el Tribunal de Sentencia, bajo el claro entendimiento que aún no había respuesta de dicha representación sobre la solicitud de la ampliación y fue por ello que al reiniciarse la audiencia fue el propio Tribunal de Justicia el que le volvió a pedir a la Defensa se pronunciara, lo que hizo la defensa manifestándose en desacuerdo; por ello es contradictorio que de manera posterior los Jueces señalasen que había una aceptación tácita de la defensa sobre la ampliación, dado que: i.- La suspensión de la audiencia no fue para preparar la defensa sobre una ampliación de acusación admitida, sino que con claridad la defensa señaló que era para estudiar la petición y bajo tal parámetro fue concedido por el Tribunal de Sentencia; ii.- El Tribunal de Sentencia, entendiendo el objeto de la suspensión, al reanudar la audiencia dio la palabra a la Defensa para que se pronunciase sobre la ampliación, lo que no hubiese hecho en caso de haber entendido de que estaba de acuerdo. Concluyendo, el Tribunal de Sentencia al acceder a lo solicitado, violentó: i.- Derecho Fundamental a un debido proceso, pues la ampliación de la acusación no se ajusta a los requisitos previstos en el artículo 321 del Código Procesal Penal; ii.- Derecho Fundamental a un debido proceso, pues se dictó sentencia en violación al Principio de Correlación entre la Sentencia con la Acusación, como consecuencia de que el delito por el cual se emitió sentencia condenatoria no fue aquel por el cual se formalizó en la audiencia preliminar y por el cual se elevó la causa a juicio; iii.- Derecho Fundamental a la Defensa, pues la acusada no fue intimada, no tuvo oportunidad de proponer prueba y de preparar defensa sobre unos hechos por los cuales fue declarada responsable penalmente. El último párrafo del artículo 321 del Código Procesal Penal señala que en caso de que los hechos nuevos puedan constituir otro delito distinto a aquel que motivo el juzgamiento, el Ministerio Público deberá de iniciar procedimiento diferente para su investigación y eventual Juzgamiento; por tanto en el caso de mérito si el Agente Fiscal consideraba que se había revelado la existencia de un delito distinto, aun cuando fuese conexo, debió iniciar Investigación Preliminar y, en su caso, presentar un nuevo requerimiento fiscal en contra de la acusada, para garantizarle a ésta el debido proceso y el derecho de defensa; empero el Agente Fiscal formuló una indebida ampliación de la acusación, la que el Tribunal de Sentencia admitió, inobservado lo ordenado en el artículo 321 último párrafo del Código Procesal Penal, procediendo a juzgar a la acusada por hechos y delitos no contemplados en la formalización de cargos, por lo que procede declarar con lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma que se ha presentado..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha nueve de septiembre del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “I. SENTENCIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve (9) días del mes de septiembre de dos mil diecinueve (2019), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez en su condición de Coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian: EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, La sentencia en el Recurso de Casación número S.P.205-2016 por Quebrantamiento de Forma, Infracción de Ley e Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la Sentencia de fecha dieciocho de febrero del año dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual Primero: Condenó a la señora A. S. T. V., como autora del delito de Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de Funciones Públicas, en perjuicio de La Administración Pública a la pena de cuatro años, seis meses de reclusión, y la Inhabilitación Absoluta por el doble del tiempo que dure la condena, la cual se impone también como pena principal por la naturaleza del delito, más las penas accesorias de Inhabilitación Especial e Interdicción Civil por el tiempo que dure la condena principal.- Segundo: No procede a condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio.- Tercero: Se le declara la Responsabilidad Civil de la señora A. S. T. V. a favor del Estado de Honduras.- Cuarto: Absolvió a la señora A. S. T. V. por el delito de Enriquecimiento Ilícito en perjuicio del Estado de Honduras.- Interpuso el Recurso por Infracción de Ley, Infracción de Precepto Constitucional y Quebrantamiento de Forma, el Abogado J. E. V. A. en su condición de Apoderado Defensor de la señora A. S. T. V.. SON PARTES: El Abogado J. E. V. A. apoderado defensor privado de la acusada A. S. T. V., en su condición de Recurrente y la Abogada Y.M. M. L., Agente Fiscal del Ministerio Público, en su condición de Recurrida. II. HECHOS PROBADOS: Primero: La señora A. S. T. V. laboró para la Secretaría de Educación desde el año mil novecientos noventa y cinco hasta el mes de septiembre del año dos mil uno, desempeñándose en los cargos de Contador II de la Dirección y Administración de Primaria; Contador II de la Subgerencia de Presupuesto y Programación; Contador II del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de Educación Primaria; Contador II de la Gerencia Administrativa, y Contador II del Departamento de Programación, devengando un salario máximo de Cinco Mil Doscientos Cincuenta Lempiras (Lps.5,250.00). Segundo: Durante el período antes mencionado, la señora A. S. T. V. tenía en funcionamiento una empresa que se dedicaba a la confección de banderas, uniformes escolares, pabellones, estandartes, banderines, monogramas, stickers, cortinas, ropa deportiva, siendo sus empleadas las señoras C. E. A. A. Y.C.E. N. R. a través de quienes realizaba las negociaciones con la Secretaría de Educación para la venta de dicho producto lo cual se le facilitaba por los cargos que ella ostentaba dentro de dicha Secretaría, siendo emitidos cheques a favor de dichas empleadas, quienes a su vez le depositaban el dinero a sus cuentas en Banco Ficohsa y La Vivienda, llegando a acumular ingresos hasta por Un Millón Ciento Veintiún Mil Ciento Ochenta Lempiras (Lps.1,121,180.00). III.RECURSO DE CASACIÓN. - MOTIVOS Y ARGUMENTOS. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Exposición De Los Motivos: I. No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la sana crítica. II. Que en la sentencia no podrá dar por acreditados otros hechas u otras circunstancias, que no sean descritas en la formalización de acusación, en la contestación de cargos y en el auto de apertura a juicio o, en su caso en la ampliación de la acusación y en la contestación de esta o en las conclusiones expuestas por las partes en la audiencia de debate, ni calificar los hechos en perjuicio del acusado en forma distinta de la que resulte de las actuaciones antes indicadas. III. La inobservancia de las reglas establecidas en el presente código para la realización del Juicio Oral y Público. Preceptos Autorizantes: el presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numerales 3 y 5 del Código Procesal Penal. Preceptos Legales Infringidos: artículo 337 del Código Procesal Penal. Congruencia de la Sentencia con la Acusación. La sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias, que no sean descritas en la formalización de acusación, en la contestación de cargos y en el auto de apertura a juicio o, en su caso en la ampliación de la acusación y en la contestación de esta o en las conclusiones expuestas por las partes en la audiencia de debate, ni calificar los hechos en perjuicio del acusado en forma distinta de la que resulte de las actuaciones antes indicadas. Artículo 321 del mismo código. - Ampliación de la Acusación. - Si durante el juicio se tienen noticias de circunstancias o hechos, relacionados con el hecho objeto del juicio, que no hayan sido mencionados en la acusación y que puedan modificar la acusación y que puedan modificar la calificación legal o la pena del delito, el Fiscal o el Acusador Privado podrá modificar su calificación o ampliar oralmente la acusación para que aquellos sean considerados durante el debate. Si las circunstancias o hechos señalados en la ampliación exigen nuevos elementos de prueba, cualquiera de las partes podrá pedir la suspensión del juicio y el imputado, por su parte, tendrá derecho a pedir se amplíe su declaración. Aun no siendo necesaria la práctica de prueba, el Defensor del acusado podrá solicitar igualmente la suspensión del juicio por el tiempo preciso, para preparar la defensa frente a la ampliación de la acusación. (lo subrayado y la negrita es nuestra) Sentido Que Le Dio El Juzgador: el Tribunal de sentencia aceptó la ampliación de la acusación por parte del Ministerio Público, cuando en el acta de Juicio lo expresó de la manera siguiente: Ministerio Público formaliza acusación contra la señora A. S. T. V. por considerarla responsable del delito de Enriquecimiento Ilícito en perjuicio del Estado de Honduras y amplía la acusación por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas el Tribunal resuelve según el acta del Juicio: Tribunal Delibera habiendo deliberado en relación de la ampliación realizada el Ministerio Público por el delito de negociaciones incompatibles por el cargo que tenía la imputada, ha examinado la formalización de la acusación realizada en audiencia preliminar en el cual el Ministerio Público formalizó únicamente por el delito de Enriquecimiento ilícito no obstante al formalizar en este Juicio Oral y Público agregó este delito indicando que la acusada era una servidora pública y según el artículo 15 de la Ley de Contratación del Estado había una prohibición de contratar lo cual realizó a través de su socia C.A. y C.N. indicando que vendía producto a varias instituciones, para ello en la audiencia anterior se le dio la palabra a la Defensa quien en su momento no se opuso por lo que solicitó un espacio de tiempo prudente para prepararse para este nuevo delito, al expresar esto entiende el Tribunal que aceptaba tácitamente la ampliación, al solicitar ese nuevo término lógicamente es para prepararse con nueva prueba en relación a este delito, sin embargo en este momento al reanudarse la audiencia ha indicado que se opone a dicha ampliación de la acusación. No obstante, a ello el Tribunal observa que conforme al artículo 337 que establece la congruencia de la sentencia con la acusación este artículo al ser modificado contempla que la sentencia no podrá dar por acreditado otros hechos que no sean descritos en la formalización de cargos en el auto de apertura a juicio, en la ampliación de la acusación en la contestación de esta o incluso en las conclusiones expuestas por las partes. Es así que este artículo se relaciona con el artículo 321 que ha invocado el Ministerio Público en donde en esta oportunidad no solo acusa por el delito de Enriquecimiento Ilícito, sino que también con el delito de Negociaciones Incompatibles con el cargo que la acusada tenía como servidora pública, es así que por unanimidad de votos este Tribunal de Sentencia admite la ampliación de la acusación que se ha realizado en este momento, ya que la defensa ha tenido el tiempo para prepararse por este delito y será obligación del ente acusador aportar toda la prueba que acredite los extremos pretendidos en su acusación. El Tribunal estimó que el hecho de que esta defensa hiciera uso del derecho a que se suspendiera el juicio ante la ampliación de la acusación es una aceptación tácita de nuestra parte, sin embargo, ésta es una apreciación errónea de parte de los juzgadores, porque el código no refiere de ninguna manera ese extremo. Aplicación O Interpretación Que Se Pretende. este proceso es un juicio de reenvío por parte de la Sala de lo Penal, es decir que ya se había emitido una sentencia absolutoria a favor de mi representada, en aquella oportunidad solo se le siguió causa a mi patrocinada por el delito de Enriquecimiento Ilícito y esta defensa contestó cargos según el acta de juicio de la manera siguiente: es deber del Ministerio Público acreditar en esta etapa los elementos del tipo penal de Enriquecimiento Ilícito se cumplan, sin embargo esta defensa ha presentado prueba de descargo correspondientes para establecer que los bienes o los ingresos de nuestra representada eran de origen lícito esta prueba forma parte de los informes que la Corte Suprema de Justicia ordenó que se admitieran. Referente a la ampliación de la acusación es importante establecer que este proceso inicio el 3 de agosto del 2009 mediante un requerimiento fiscal posteriormente en audiencia inicial le decretaron sobreseimiento definitivo, hubo una resolución de la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán que revocó ese sobreseimiento, en la audiencia preliminar el Ministerio Público formalizó únicamente por el delito de Enriquecimiento Ilícito en ese sentido se celebró Juicio Oral y Público el cual fue anulado no se cumple, esta Defensa ha planteado prueba de descargo por la Corte Suprema de Justicia en base que no se admitieron algunos medios de prueba, ahora éste es un juicio de reenvío, el artículo 321 establece que si durante el juicio se tienen noticias de circunstancias o hechos nuevos, para que el Ministerio Público pueda ampliar esa acusación. En este caso el Ministerio Público establece negociaciones incompatibles en el ejercicio de las funciones públicas es decir que debió de haber acreditado en este momento cuáles son esos nuevos hechos o circunstancias que den la oportunidad de ampliar en el delito tipificado en el artículo 374, según ese artículo uno de los requisitos para acreditar ese hecho ilícito, primero debe ser funcionario público o empleado público ese si se cumple, de ahí dice que por tercera persona o por acto simulado o ánimo de lucro personal en cualquier contrato u operación en que estuviere, es decir debe de acreditar con algún medio de prueba que efectivamente nuestra patrocinada manejaba un proyecto o contrato y lo facilitó, ya sea a través de ella o de otra persona, y eso en razón de su cargo, es decir que tiene que acreditar si manejaba fondos públicos o si tenía bajo su cargo o responsabilidad licitaciones o compras o cualquier estilo de contratación que la ley establece, basado en eso consideramos que debe declararse sin lugar la ampliación por este tipo de delito en lo demás será en la etapa del Juicio Oral y Público que nosotros haremos los descargos procedentes. Efectivamente lo que se pretende es que se deje sin valor y efecto la ampliación de la acusación por carecer de hechos nuevos, que faculten al Ministerio Público ante tal imputación. Reclamo Que Se Realizó Ante La Admisión De La Ampliación De La Acusación: esta defensa interpuso el Recurso de Reposición en la audiencia de debate, con el propósito de que se repusiera la resolución dada por el Tribunal de Sentencia. Como se ha explicado y demostrado en la exposición del recurso, la sentencia y el procedimiento para llegar a su parte resolutiva violenta, los elementos del tipo penal ya expuestos en la Infracción de Ley ya planteada, violenta Preceptos Constitucionales y quebranta la forma establecida y adolece de la sana crítica. Recurso De Casación Por Infracción De Ley. Exposición Del Motivo: porque los hechos que se consideran probados en la sentencia, se ha infringido un precepto penal de carácter sustantivo. Precepto Autorizante. el presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el Artículo 360 del Código Procesal Penal. Precepto Legal Infringido: artículo 374 del Código Penal, el cual literalmente dice: El funcionario o empleado público que directamente o por medio de otra persona, o por actos simulados se interese con ánimo de lucro personal, en cualquier contrato u operación en que estuviera participando por razón de su cargo, será sancionado con reclusión de tres (3) a seis (6) años e inhabilitación absoluta por el doble del tiempo que dure la reclusión. (Lo subrayado es nuestro. Sentido Que Le Dio El Juzgador: el Tribunal de sentencia estableció como hechos probados lo siguiente: Hechos Probados Primero: La señora A. S. T. V. laboró para la Secretaría de Educación desde el año mil novecientos noventa y cinco hasta el mes de septiembre del año dos mil uno, desempeñándose en los cargos de Contador II de la Dirección y Administración de Primaria; Contador II de la Sub gerencia de Presupuesto y Programación: Contador II del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de Educación Primaria: Contador II de la Gerencia Administrativa, y Contador II del Departamento de Programación, devengando un salario máximo de Cinco Mil Doscientos Cincuenta Lempiras (Lps.5,250.00). Segundo: Durante el período antes mencionado, la señora A. S. T. V. tenía en funcionamiento una empresa que se dedicaba a la confección de banderas, uniformes escolares, pabellones, estandartes, banderines, monogramas, stickers, cortinas, ropa deportiva, siendo sus empleadas las señoras C. E. A. A. y C.E. N. R. a través de quienes realizaba las negociaciones con la Secretaría de Educación para la venta de dicho producto lo cual se le facilitaba por los cargos que ella ostentaba dentro de dicha Secretaría, siendo emitidos cheques a favor de dichas empleadas, quienes a su vez le depositaban el dinero a sus cuentas en Banco Ficohsa y La Vivienda, llegando a acumular ingresos hasta por Un Millón Ciento Veintiún Mil Ciento Ochenta Lempiras (Lps.1,121,180.00). Aplicación O Interpretación Que Se Pretende: por el solo hecho de desempeñar cargos en la Secretaría de Educación, el juzgador interpretó que ésta se favoreció ilícitamente de esos contratos, pero el Ministerio Público no pudo demostrar fehacientemente que nuestra representada manejara fondos públicos y mucho menos que estos fondos obtenidos por las señoras C. E. A. A. y C.E. N. R. hayan sido depositados en las cuentas de mi patrocinada; lo que si quedó claramente establecido es que nuestra representada tenía una finca de café y además se dedicaba al comercio informal en la peatonal, además se acreditó la documentación suficiente que refuerzan las otras actividades a que se dedicaba mi patrocinada. El tipo penal de Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio del Cargo público requiere que El funcionario o empleado público que directamente o por medio de otra persona, o por actos simulados, se interesen con ánimo de lucro personal, en cualquier contrato u operación en que estuviera participando por razón de su cargo.- Es decir que nuestra patrocinada se hubiera favorecido directamente, no se pudo acreditar siquiera que ella estuviera en el área de compras, proveeduría o participando en algún proceso de licitación, porque los cargos que desempeño todos eran de secretaria y el hecho de que ella hubiera hecho contratos verbales con las señoras C. E.A. A .y C.E.N.R., para la confección de banderas, no la hace necesariamente contratante con el Estado; para darle mayor credibilidad a nuestra postura en este acto reproducimos parte de la declaración dada por el Perito E .l Y. I. M., Licenciado en Contaduría Pública y Finanza, labora en el Tribunal Superior de Cuentas, quien según el acta del Juicio dijo: Testigo: los cheques no fueron puestos a la vista, solo fueron verificados en las cuentas, no se sabe la procedencia de los cheques, fueron sacados de la cuenta de la investigada ya que no se tuvo la documentación Testigo: ya que los depósitos no se verificaron no se tuvo a la vista los documentos que justifique la procedencia lícita de ese dinero Defensa: qué tipo de actividades comprobó que ella realizaba aparte de la secretaría de educación Testigo: cuando se fue a investigar al área de campo se verificó la existencia de una finca de café, se tuvo facturas de compra venta de café que no estaban a nombre de la investigada se le pido que presentara documentos que acreditasen dicho negocio y los documentos no fueron vistos Defensa: donde está ubicada esa finca de café Testigo: en Vallecillo era de 2 manzanas no recuerdo bien Defensa: que puesto desempeñaba la señora A. S. Testigo: contador y contador II en el departamento de programación Defensa: qué funciones desempeñaba Testigo: las funciones no las sé solo sale el cargo que ostenta Defensa: qué tipo de recursos manejaba en la secretaría del estado Testigo: solo dice que trabajaba en el área de programación no hay nada que diga que manejaba bienes o recursos del estado Defensa: qué promedio mensual tenía en las cuentas de cheques y ahorros Testigo: el promedio era el mínimo de 17 mil lempiras el máximo de 240 mil, de 150 mil, de 80 mil.- El perito aclara que al no verificar los depósitos que no se pudieron justificar no se pudo hacer un análisis más profundo si el dinero fue invertido no sé qué fines tuvo. Juez: esos depósitos en cheque se tuvo disposición de esa cantidad de dinero Testigo: solo están reflejados en la cuenta bancarias. Con esta declaración se establece claramente que nuestro patrocinado no se favoreció con ningún contrato y que no hubo forma de demostrar el origen de los fondos, por lo tanto, no se cumplen los elementos objetivos del tipo penal de Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio del Cargo público. Reclamo Que Se Hizo Para Subsanarlo: el reclamo se realizó al momento de la ampliación de la acusación por parte del Ministerio Público en vista de que esta causa solo estaba por el delito de Enriquecimiento ilícito.” Recurso De Casación Por Infracción De Precepto Constitucional. Exposición Del Motivo: Por no haberse juzgado con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece, es decir por violación al debido proceso, establecido en el artículo 90 de la Constitución de la República. Precepto Autorizante. el presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el Artículo 361 del Código Procesal Penal. Precepto Legal Infringido: Por haber valorado el Tribunal posiciones administrativas dadas por la representante legal de mi patrocinada en el Tribunal Superior de Cuentas en contravención a lo que establece el artículo 88 de la Constitución de la República que en su último párrafo dice: “solo hará prueba la declaración rendida ante juez competente. Artículo 95.- Ninguna persona será sancionada con penas no establecidas previamente en la ley. El Tribunal de Sentencia, le dio valor probatorio a la postura hecha por la abogada en la impugnación presentada en el Tribunal Superior de Cuentas, sin que ésta hubiese sido probada o corroborada por otro medio de prueba y mucho menos que se haya tenido una declaración rendida ante Juez competente en acápite Segundo de los hechos probados de la sentencia dice: Segundo: Durante el período antes mencionado, la señora A. S. T. V. tenía en funcionamiento una empresa que se dedicaba a la confección de banderas, uniformes escolares, pabellones, estandartes, banderines, monogramas, stickers, cortinas, ropa deportiva, siendo sus empleadas las señoras C. E .A. A. y C. E. N.R. a través de quienes realizaba las negociaciones con la Secretaría de Educación para la venta de dicho producto lo cual se le facilitaba por los cargos que ella ostentaba dentro de dicha Secretaría, siendo emitidos cheques a favor de dichas empleada quienes a su vez le depositaban el dinero a sus cuentas en Banco Ficohsa y La Vivienda, llegando a acumular ingresos hasta por Un Millón Ciento Veintiún Mil Ciento Ochenta Lempiras (Lps.1,121,180.00). El Tribunal de Sentencia Infringe el artículo 95 de la Constitución de la República, al fundamentar su sentencia en una prohibición para contratar con el Estado basada en la Ley de Contratación del Estado, específicamente en el artículo 15, a pesar de que esta Ley fue aprobada el Uno de Junio del año dos mil uno y que fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta, hasta el diez y siete de septiembre del dos mil uno. (Véase la gaceta No 29,583) El Tribunal de Sentencia así lo valora en la sentencia: “Empero, en el presente caso además del delito de Enriquecimiento Ilícito, también el Ministerio Público acusó a la señora A. S. T. V. por el delito de Negociaciones Incompatibles Con El Ejercicio Del Cargo Público El artículo 374 del Código Penal establece que incurre en este delito, el funcionario o empleado público que directamente o por medio de otra persona, o por actos simulados, se interese, con ánimo de lucro personal, en cualquier contrato u operación en que estuviera participando por razón de su cargo, será sancionado con reclusión de 3 a 6 años e inhabilitación absoluta por el doble del tiempo que dure la reclusión. En el presente caso, de la prueba evacuada en juicio quedó acreditado con los acuerdos y constancias extendidas por la Secretaría de Educación, que la señora A. S. T. V. se desempeñó en los cargos de Contador II de la Dirección Administrativa de Primaria; Contador II de la Subgerencia de Presupuesto y Programación; Contador II del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de Educación Primaria; Contador II de la Gerencia Administrativa, y Contador II del Departamento de Programación, los cuales le permitieron realizar contactos en todas las dependencias de esta Secretaría para realizar contratos para la venta de banderas, uniformes, monogramas y otros utilizando para ello a las señoras C. E. A. A., y C.N. quienes eran personas de confianza de la señora A. S., depositando en sus cuentas de ahorro varias cantidades de dinero como consecuencia de dicha actividad, llegando a acumular la cantidad de Un Millón Ciento Veintiún Mil Ciento Ochenta Lempiras (Lps.1,121, 180.00) Conforme al artículo 15 de la Ley de Contratación del Estado se establecen aptitudes para contratar con el Estado e inhabilidades, señalando que “Podrán contratar con la Administración, las personas naturales o jurídicas, hondureñas o extranjeras, que teniendo plena capacidad de ejercicio, acrediten su solvencia económica y financiera y su idoneidad técnica y profesional y no se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes: 1). .2)... 3)... 4) Ser funcionarios o empleados con o sin remuneración, al servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institución descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos públicos, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 258 de la Constitución de la República; Aplicación O Interpretación Que Se Pretende: que no se le dé valor probatorio a la postura ingenua de un abogado en la impugnación realizada ante el Tribunal Superior de Cuentas, ya que esto de ninguna manera fue probado en juicio, ya sea con declaraciones testificales u otro medios de prueba. Referente a la aplicación de la Prohibición establecida en La Ley del Tribunal Superior de Cuentas, ésta no debió ser tomada en cuenta por el juzgador en vista de que no estaba vigente .IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICAA.- Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República).Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 cpp). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 cpp), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 cpp) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 cpp).El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que la Recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de cpp); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 cpp), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo Recurso de Casación. Además de los requisitos señalados, la Recurrente debe de tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben de cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero cpp) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 cpp); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 cpp); b. Es inaplicable el principio IuraNovit Curia, al no poderse suplir las omisiones de la Recurrente; y c. Es posible la concesión parcial del Recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo.1.- Motivo *Normas Autorizantes: Artículo 362 numerales 3 y 5 del Código Procesal Penal. *Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Artículo 337 en relación con el artículo 321, ambos del Código Procesal Penal; * Concepto de la Infracción: No Haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la sana critica; Que en la sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias, que no sean descritas en la formalización de la acusación, en la contestación de cargos y en el auto de apertura a juicio, o en su caso en la ampliación de la acusación y en la contestación de esta o en las conclusiones expuestas por las partes en la audiencia de debate; y Inobservancia de las reglas establecidas para la realización del juicio oral. *Reclamación Ex Ante: Recurso de Reposición en contra de la admisión de la ampliación de la acusación *Pretensión: Se deje sin valor ni efecto la ampliación de la acusación. Señala el Recurrente que se ha violentado el artículo 337 en relación con el artículo 321, ambos del Código Procesal Penal, ello como consecuencia de que el Tribunal de Sentencia, declaro con lugar la ampliación de la acusación hecha por el Ministerio Público en la audiencia de debate, imputando a la acusada un nuevo delito: La negociación Incompatible con el ejercicio de Funciones Públicas, y del cual posteriormente fue declarada responsable penalmente. Explica el Recurrente que el Ministerio Público no acredito cuales eran los hechos nuevos que justificaran la ampliación de la acusación, tal y como dispone el artículo 321 referido; increpa además que el A-Quo haya estimado como una aceptación tácita de dicha ampliación el hecho que la Defensa solicitase se suspendiera la audiencia de debate, pues alega que ello es una apreciación errónea al no referirse el Código de rito al respecto.2.- Principio de Congruencia de la Sentencia con la Acusación. El Proceso Penal vigente se basa en el Principio Acusatorio donde la acción penal (pública o privada) es ejercida por un sujeto procesal distinto al que Juzga, al que le deviene la tarea de definir los hechos constitutivos de delitos, individualizar a las personas que considere responsable y sostener en el proceso tales aseveraciones a través de la prueba recabada en una fase de investigación previa, en contra posición el Juzgador se ve obligado a respetar los extremos objetivos y subjetivos contemplados y señalados por el ente acusador. El Principio Acusatorio da paso al Derecho de Defensa, permitiendo que el imputado/a sea intimado de los hechos que se le atribuyen con suficiente antelación que le permitan controvertirlos, incluso aportando prueba para ello, así pues nace la contradicción entre partes con posiciones e intereses subjetivos antagónicos: por una parte el acusador expone claramente el contenido de la acción penal de manera previa, obligado a probar su teoría, y por otra parte el imputado/a quien tiene el derecho a que le sea oída su respuesta a la acusación, de defenderse de la misma, lo cual solo es posible si puede conocer la totalidad de su contenido de manera previa.- En relación, la Corte IDH, en sentencia del 17 de noviembre de 2009, en el caso Barreto Leiva vs. Venezuela, dispuso:“54.- Uno de los derechos fundamentales es el derecho a contar con el tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa, previsto en el artículo 8.2 de la Convención, que obliga al Estado a permitir el acceso del inculpado al conocimiento del expediente llevado en su contra. - Asimismo, se debe respetar el principio del contradictorio, que garantiza la intervención de aquel en el análisis de la prueba.”. (En el mismo sentido ver la Sentencia de la Corte IDH de 26 de noviembre de 2010, en el caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México).El destinatario de lo que acontece en la duela jurídica es el Juzgador a quien corresponde decidir sobre la procedencia de la acción penal conforme al mérito probado, viéndose vinculado a la acusación a la que tendrá como límite máximo la expectativa punitiva planteada, no pudiendo sobrepasar la misma o apreciar hechos o circunstancias distintas a las presentadas en ella, a ello se le conoce como Principio de Congruencia de la Sentencia con la Acusación. (Ver Sentencia de la Sala de lo Penal de 11 de agosto de 2009 en el Exp 322-2007).El Principio de Congruencia exige una debida vinculación entre la sentencia que emita el Tribunal de Sentencia tras celebrarse la audiencia de debate y el contenido de la acusación, fijado en la audiencia de formalización de cargos celebrada durante la etapa intermedia del proceso penal, que prohíbe al Juzgador distraerse de los elementos objetivos y subjetivos de la acusación: a. Elemento Objetivo: Prohíbe al juzgador incorporar en la sentencia hechos punibles no derivados de la formalización de la acusación, ya que de hacerlo incidiría en el derecho de defensa del imputado, quien podría resultar condenado por hecho punible del que no ha tenido oportunidad de defenderse, al no haber sido previamente oído, al no haberse podido oponer y al no haber tenido la oportunidad de ofrecer prueba de descargo; b. Elemento Subjetivo: Prohíbe al Juzgador extender el IusPuniendi contra persona o personas distintas determinadas en la formalización de la acusación. En resumen el sentido del Principio de Congruencia de la Sentencia con la acusación exige que la sentencia debe versar únicamente sobre hechos o circunstancias contemplados en la acusación, es decir que debe mediar identidad entre los hechos que se informa al inculpado y aquellos por los que se le procesa, acusa y sentencia (En ese sentido ver las Sentencias de la Corte IDH de 20 de Junio de 2005 en el caso Fermín Ramírez vs Guatemala, párrafos 67 y 68 y de 17 de noviembre de 2009, en el caso Barreto Leiva vs. Venezuela, párrafo 47), permitiendo que la persona imputada conozca oportunamente el alcance y el contenido de la acusación que le permita ejercer defensa de ésta y no ser condenada por hechos de los que nunca se le dio oportunidad ser oída, por ello el objeto del proceso no puede ser alterado por el Tribunal de forma que se configure un delito diferente al que fue objeto de debate procesal; el derecho a ser informado de la acusación exige su conocimiento completo, con el objeto de evitar un proceso penal inquisitivo.(Ver en ese sentido las Sentencias de la Sala de lo Penal de 20 de junio de 2012 en Exp 308-2009 y de 18 de octubre de 2012, en Exp 065-2010). - La Corte IDH, en el caso Tibi vs Ecuador, señaló que:“28.- … el Estado debe informar al interesado no solamente de la causa de la acusación, esto es, las acciones y omisiones que se le imputan, sino también las razones que llevan al Estado a formular la imputación, los fundamentos probatorios de ésta y la caracterización legal que se da a esos hechos.[Esta información debe ser] expresa, clara, integral y suficientemente detallada para permitir al acusado que ejerza plenamente su derecho a la defensa y muestre al Juez[a] su versión de los hechos.”. Con todo, no debe de entenderse que el Juzgador se encuentra atado al contenido de la acusación, tal cual que su respuesta solo pueda ser positiva o negativa a lo planteado; el Principio de Congruencia no limita al actor o al Tribunal de Sentencia a calificar los hechos contenidos en la acusación de una manera diferente a la planteada en la acusación.- La Corte IDH ha advertido que la calificación jurídica de los hechos que se le imputan a una persona puede ser modificada durante el proceso por el órgano acusador o por el juzgador, sin que ello atente contra el derecho de defensa, cuando se mantengan sin variación los mismos hechos y se observen las garantías procesales previstas en la ley para llevar a cabo la nueva calificación (Ver sentencia del caso Fermín Ramírez vs Guatemala, óp. ci.t, párrafo 67 y 68).- En consecuencia la modificación de la calificación jurídica solo podrá realizarse cuando: a. El nuevo delito o falta calificado se desprenda de los hechos intimados en la formalización de la acusación; b. En el factum declarado probado no se incluyan hechos o circunstancias diferentes a las que se fijaron en la formalización de la acusación, que hayan sido objeto de contradictorio y finalmente probados en el debate; y c. El delito apreciado por el Tribunal de Sentencia no supere las expectativas punitivas del ente acusador, por tanto, no podría reprochar penalmente un delito que conlleve una pena más grave, más si uno de igual o menor gravedad o incluso una falta (Art. 334 párrafo 5to, cpp).Ahora bien, como regla general el principio de Congruencia vincula la sentencia con el contenido de la formalización de cargos realizada en la audiencia preliminar de la etapa intermedia del proceso, en donde el acusador estatal o privado debe de calificar los hechos acusados en una de las figuras penales vigentes, pudiendo realizar calificaciones alternativas y subsidiarias en caso de prever que la definición dependerá del resultado del debate (Art. 301.3 del Código Procesal Penal).- Como excepción el artículo 337 del Código Procesal Penal (reformado por Decreto 074-2013, a partir del 11 de diciembre de 2013) advierte que además de la formalización de cargos, la sentencia podría verse vinculada con el auto de apertura a juicio, con la ampliación de la acusación o con las conclusiones de las partes en el debate, en los casos y formas siguientes: a. Hechos fijados en el Auto de Apertura a Juicio: La Fase intermedia del Proceso es una etapa crítica sobre las conclusiones de la investigación preparatoria, tiene por objeto el control concreto y previo sobre la validez formal y la seriedad material de la acusación. Lo que se busca con esta etapa procesal es racionalizar la administración de justicia, evitando someter inútilmente a un ciudadano/ a los rigores del juicio oral. La etapa intermedia se compone por: Formalización de la acusación, Contestación de Cargos y Auto de Apertura a juicio (Art. 265 cpp).- El Juez o Jueza de Letras, siempre a la sombra del principio Indubio Pro Accusatione, evaluara si la acusación presentada en la audiencia preliminar tienen apariencia de poder sustentarse en la audiencia de debate, lo cual se conoce como presupuesto objetivo material, pero además verificará si dentro de la acusación se individualiza la persona o personas a las que se le atribuye los hechos imputados, lo cual se denomina presupuesto subjetivo material; es muy importante resaltar que el Juez/a de la Etapa Intermedia no le corresponde examina la calificación jurídica de la acusación, de hecho el Código Procesal Penal no determina que en el auto de apertura a juicio deba existir por parte del Juzgador una calificación penal de los hechos que contienen la acusación, ya que su tarea exclusiva es verificar la existencia de los presupuestos objetivos y subjetivos antes explicados (Art. 302 del Código Procesal Penal).- En caso de que la acusación no supere el examen del Juez/a de la etapa intermedia, dictara un sobreseimiento provisional o definitivo, el cual puede afectar total o parcialmente el contenido de la formalización de la acusación; en caso de una afectación parcial (sea porque se dictó sobreseimiento provisional o definitivo a favor de uno de los imputados o en relación a uno de los delitos por estar sustentados en un hecho especifico que se prevé no podrá ser sustentado en juicio), el debate se celebrará sobre los aspectos de la acusación que si superaron el examen de los presupuestos objetivos y subjetivos, los que deberán de ser definidos en el auto de apertura a juicio y por ello en estos casos la sentencia, además de la formalización de cargos, también estaría vinculada con el auto de apertura a juicio. b. Ampliación de la Acusación: Determina el artículo 321 del Código Procesal Penal que la parte actora, durante el juicio, podrá solicitar que se consideren en el debate circunstancias o hechos antes no conocidos, distintos a los fijados en la formalización de la acusación, con el fin de: a.- Modificar la calificación jurídica de los hechos fijados en la formalización de la acusación; y b.- Modificar la pena del delito calificado en la formalización de la acusación.-Para tal modificación, se requiere: i.- Se trate de hechos nuevos o de hechos antes no conocidos; y ii.- Que los hechos no se encuentren mencionados en la formalización de la acusación.- Señala el precepto legal que reunidos los requisitos mencionados y aceptada que sea dicha ampliación, el defensor tendrá derecho a solicitar la suspensión del debate, al amparo del artículo 312.7 del Código Procesal Penal, para efectos de ajustar la teoría de la defensa a los nuevos hechos, pudiendo inclusive proponer nuevos medios de prueba o solicitar que el imputado/a sea escuchado nuevamente respecto a la ampliación o modificación. Finalmente la norma procesal señala que no constituye ampliación de la acusación: a.- La corrección de errores materiales; b.- La inclusión de circunstancias que no modifiquen la calificación jurídica del delito o la pena que pudiese ser impuesta; y en forma negativa c.- La Introducción de hechos nuevos, ya que sean independientes o conexos con los fijados en la formalización de la acusación, que puedan constituir delitos diferentes; en este último caso dispone el Código de Rito que se deberá de proceder por aparte respecto a estos nuevos hechos, en un proceso penal diferente, ello en aras de garantizar el derecho de defensa. c. Las Conclusiones del Debate: En una inclusión, por reforma al artículo 337 del Código Procesal Penal, el legislador dispuso que las conclusiones de las partes en la audiencia del debate vinculaban al Tribunal de Sentencia respecto a las decisiones que deba tomar en la sentencia. Es importante advertir que las conclusiones son el último acto procesal que realizan los/as apoderados/as legales de las partes en el proceso penal previo a la decisión de fondo, en el cual dan a conocer sus pretensiones basadas en la actividad probatoria que ha tenido lugar; además es de tener en cuenta que lo señalado en las conclusiones no puede ser objeto de ulterior contradictorio, mucho menos de prueba o contra prueba, pues con esta actuación se da por finalizada la audiencia de debate. Por lo anterior el derecho de defensa no permite como admisible la modificación de la acusación por parte del Ministerio Público que conlleve un agravamiento de la situación jurídica por la que se había estado defendiendo el acusado/a, mucho menos la imputación de nuevos delitos o la inclusión en la acción penal de personas distintas al imputado, pues si no es permisible en la ampliación de la acusación que se hace al inicio del debate, mucho menos podría serlo en la etapa de conclusiones. Por lo anterior se considerará vinculante para el Tribunal en la etapa de conclusiones: i. La renuncia de la acción penal por parte del Ministerio Público, la que conforme al artículo 44 del Código Procesal Penal favorecería no solo a la persona imputada sino a todos los involucrados en la acción penal; ii. La modificación (sin que sea permisible la inclusión) de las calificaciones penales, siempre que no implique modificación de los hechos imputados en los términos señalados por la Corte IDH en la sentencia del caso Fermín Ramírez vs Guatemala (óp. cit.); y iii. El planteamiento de calificaciones de delitos alternativos sobre los mismos hechos que fueron objeto de debate, en base a la especialidad o subsidiariedad entre unos y otros. No será vinculante el allanamiento por la representación legal del acusado/a sobre los hechos objeto de imputación, pues deberá ser precisamente definido por el mérito de la prueba, más si puede ser objeto de valoración la aceptación de los hechos que haga el acusado/a en su última intervención previo a declarar cerrado el debate, valoración que se realizará de manera conjunta con la prueba evacuada. En conclusión, la sentencia estaría vinculada no solo con la formalización de cargos, sino además con el auto de apertura a juicio, la ampliación de cargos realizada en la audiencia de debate y con las conclusiones hechas en la audiencia de debate, siempre que se ajuste a lo señalado en este apartado.3.- Antecedentes Procesales.Para poder dar respuesta específica a lo denunciado por la Recurrente es preciso examinar el acumulado judicial en busca de la fijación de la acusación hecha por el Ministerio Público en la audiencia preliminar y en la audiencia de debate, que son los actos procesales en donde se afincan los hechos que deben ser objeto de probanza y de contradictorio. Conforme el folio 823 en fecha 04 de Febrero de 2011 el Tribunal de Sentencia celebró la audiencia preliminar, en donde el Ministerio Público formalizó los cargos en contra de la acusada A. S. T. V.; el Agente fiscal señaló que se consideraba a la acusada como responsable del delito de Enriquecimiento Ilícito, en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras, ello como consecuencia de que durante su servicio como empleada pública, entre los años 1995 a 2001, había amasado riqueza superior a aquella que legalmente podría haber acumulado como consecuencia de su labor, reflejándose un excedente de L. 1,121,180.00; la Fiscalía arguyó que la imputación descansaba en la tipificación que se encuentra en el artículo 62 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas. A su turno el Juzgado de Letras escuchó la contestación de cargos hecha por la Defensa Privada y días después, el 28 de abril de 2011 emitió el auto de apertura a juicio en contra de la acusada por el mencionado delito de Enriquecimiento Ilícito. Siguiendo con el proceso penal en fecha 12 de septiembre de 2011, se celebró la audiencia de proposición de medios de prueba, en donde las partes, partiendo de los hechos objeto de imputación en la formalización de cargos, ofertaron la prueba que estimaron para defender sus respectivas tesis; en dicha audiencia el A-Quo resolvió: i.- Respecto a la prueba del Ministerio Público: inadmitir la Copia autenticada del Tomo I del Expediente 79250 del Tribunal Superior de Cuentas, inadmitir del Tomo II original del Expediente 79250, inadmitir del Tomo III original del Expediente 79250, inadmitir del Tomo IV original del Expediente 79250, inadmitir la Certificación de la Resolución Número 195-2005 del Tribunal Superior de Cuentas, Inadmitir la Resolución 376-2007 del Tribunal Superior de Cuentas, admitir la Certificación de la Resolución 270-2006 del Tribunal Superior de Cuentas, admitir el oficio 0801-SG-09 de la Secretaría General del Ministerio de Educación, admitir el oficio DGRNP 343-11 y constancia emitida por el Registro Nacional de las Personas; ii.- Respecto a la prueba de la Defensa privada: inadmitir constancia de Variedades Maricruz, inadmitir testimonio de escritura pública número 22, inadmitir testimonio de escritura pública número 08, inadmitir comprobante de entrega de Comercial y Variedades del Centro, inadmitir Constancia de Banco de El País, inadmitir 22 cheques expedidos entre 2002 a 2009 por el Poder Judicial a favor del acusada, admitir la declaración de la Señora C. E. A., admitir la declaración de la Señora C.N., admitir los recibos de pagos emitidos por la Tesorería General de la República, a favor de la Señora C. N., admitir la constancia de la Asociación nacional de Trabajadores de la Economía Informal, admitir la nota del Banco Ficohsa, admitir nota de Banco de Occidente, admitir constancia del Departamento de Proveeduría del Poder Judicial; admitir constancia de la Escuela Ramon Rosa, admitir constancia de Imprenta y Serigrafía, admitir constancia de almacenes Cortitelas, admitir el testimonio de Escritura Pública número 77, admitir el testimonio de escritura pública número 22, admitir el documento privado de compra venta de dos terrenos, admitir recibos de comprobantes y consulta e información del Instituto Hondureño del Café y admitir oficio número TGR DSC 043-2011. Tal decisión fue objeto de revisión mediante Recurso de Casación Por Infracción de Precepto Constitucional ante la Sala de lo Penal, la que en sentencia de fecha 03 de marzo de 2015, ordenó al Tribunal de Sentencia se admitiesen cuatro (04) medios de prueba que le fueron rechazados al Ministerio Público, lo que fue saneado por el A-Quo en auto de fecha 22 de abril de 2015 (f. 1094).En fecha 13 de Noviembre de 2015, se dio por iniciado la audiencia de debate (Por Reenvío), a efecto de resolverse la acción penal referida; aconteciendo que el agente fiscal planteó ampliación de la acusación (f. 1100 v.), en contra de la acusada A. S. T. V., imputándole un nuevo delito: Negociaciones incompatibles en el ejercicio de las funciones públicas, en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras; explicó el agente fiscal que la acusada, haciendo caso omiso a lo señalado en el artículo 15 de la Ley de Contratación del Estado, contrato con el Estado por conducto de las Señoras C. A. y C. N. R., pues a través de éstas vendía productos a varias instituciones, incluyendo a la Secretaría de Estado en los Despachos de Educación en donde la acusada era servidora pública; conducta que el Ministerio Público estableció está tipificada en el artículo 374 del Código Penal.- Tras su participación el Tribunal de Sentencia cedió la palabra a la Defensa privada para que se refiriera a tal ampliación, pero en lugar de ello peticionó que se suspendiera la audiencia “para poder preparar efectivamente (SIC) su contestación” (f. 1101 v.), a lo que accedió el A-Quo; fue por ello que la audiencia de debate se reanudo el día 24 de noviembre de 2015, indicando el Juez Presidente que habiendo “quedado pendiente la contestación de cargos, se le cede la palabra a la defensa”, cedió la palabra a dicha parte quien en respuesta se opuso a la ampliación de la acusación alegando que en la audiencia preliminar solo se había formalizado acusación por el delito de Enriquecimiento ilícito y que la ampliación por un delito de negociaciones incompatibles la hizo el Ministerio Público sin acreditar que nuevos hechos o circunstancias surgieron para la calificación del delito tipificado en el artículo 374 del Código Penal; cuestionamiento que llevó al Tribunal de Sentencia a solicitarle al Ministerio Público que expusiera en que hechos nuevos se basaba para imputar el delito, respondiendo el agente Fiscal que “cuando a esta representación se le asigna el caso y de la revisión del mismo se aprecian hechos y circunstancias nuevas que se dieron en el debate (que fue anulado)” (f. 1102 v.). tras la participación de las partes el Tribunal de Sentencia procedió a deliberar resolviendo admitir la ampliación de la acusación fundamentándose: i.- En que al haber solicitado la Defensa suspensión del debate “tácitamente” estaba aceptando la ampliación; ii.- Que gracias a la suspensión, la defensa tuvo tiempo para preparar el caso respecto a la nueva imputación; y iii.- en lo señalado en los artículos 337 y 321 del Código Procesal Penal.- Empero tras oír la resolución la Defensa Privada interpuso recurso de reposición, el que fue declarado sin lugar por el A-Quo.4.- Procedencia del Motivo. EL MOTIVO ES DE RECIBO.- Tal como lo refiere el Ministerio Público en su contestación de cargo, existe un error en el planteamiento del motivo por parte del Recurrente provocado al anunciar en el preámbulo tres motivos distintos, los que si bien todos refieren a un quebrantamiento de forma, cada uno de ellos atañe a un error procedimental diferente; sin embargo esto es mero error en la presentación del Recurso pues en el libelo se identifica claramente que el alegato descansa en un único motivo, sobre el cual se desarrolla el argumento recursivo, siendo éste: Violación al principio de congruencia entre la sentencia con la acusación.Es criterio de esta Sala de lo Penal que efectivamente ha existido una violación al debido proceso dado que el Tribunal de Sentencia inobservó los parámetros establecidos en el artículo 321 del Código Procesal penal y con ello violento el artículo 337 del mismo cuerpo legal, al admitir en la audiencia de debate una ampliación de acusación que en realidad consistió en la imputación de un nuevo delito, basado en hechos distintos a los que motivaron la elevación de la causa a juicio. Como ya se ha relacionado, el presente proceso inicio mediante requerimiento fiscal presentado en contra de la Señora A. S. T. V., por suponerla responsable a título de autora de un delito consumado de Enriquecimiento Ilícito, en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras, estableciendo como hechos de la imputación que la acusada durante los años como servidora pública del Estado se E. ció (acumulación de riqueza) más allá de lo que se esperaría en relación a los ingresos y egresos que tuvo en el tiempo de servicio y que omitió señalar cual era la fuente de ese Enriquecimiento (delito de omisión); hechos que no solo motivaron la presentación del requerimiento fiscal, sino que fueron intimados a lo largo de la Etapa preparatoria e Intermedia del Proceso, en especial fueron aquellos en base a los cuales se formalizo la acusación en la audiencia preliminar (Etapa Intermedia del Proceso) y que motivo la elevación del caso a juicio; así entonces las partes en el desarrollo de la Etapa de Juicio y con el conocimiento cierto sobre los hechos de la acusación se presentaron a la audiencia de proposición de pruebas ofertando los medios de prueba para acreditar (Ministerio Público) y desvirtuar (Defensa Privada) los hechos intimados, para luego afrontar la audiencia de debate. Sin embargo, llegado el día de esta audiencia el Ministerio Público señaló ampliar la acusación, imputando un nuevo delito a la acusada sobre la base de hechos distintos a aquellos fijados en la audiencia de formalización de cargos; indicó el Agente Fiscal que la acusada debía demás ser juzgada por ser autora material de un delito consumado de Negociaciones Incompatibles, en perjuicio de la Administración Pública, ello debido al supuesto de que ésta, por conducto de terceras personas, celebró contratos con el Estado en el tiempo en que era servidora pública, lo que procuró un Enrecimiento; ampliación que fue admitida por el Tribunal de Sentencia, generándose a partir de ese momento la violación al debido proceso y al derecho de defensa como consecuencia de: 1. La ampliación de la acusación debe de basarse en hechos nuevos o en hechos anteriores antes no conocidos que se relacionen con aquellos que fundan la acusación.- En el caso de mérito los hechos planteados en la ampliación de la acusación no solo no tiene relación con los hechos de la imputación, Conditio Sine Quanon del artículo 321 del Código de Rito, sino que más bien resultan ser contradictorios: Por una parte se señala que la acusada sin ningún tipo de fundamento en el tiempo en que fungió como servidora pública, pero por otra parte se señala que la acusada celebró contratos, a través de terceras personas, con el Estado y que ello le generó ganancia, mismas ganancias en que se funda la primera imputación y de las que se dice se omitió señalar su origen; recuérdese que el delito de Enriquecimiento ilícito la imputación se basa en la omisión del autor de justificar la fuente lícita de los activos durante su tiempo de servicio público, entretanto el delito de Negociaciones Incompatibles es un delito de acción en donde se increpa al autor haber contratado con el Estado aprovechando su condición de servidor público, generándose conflicto de intereses particulares con los intereses de la Administración Pública. 2. La ampliación, tal como lo señala el Artículo 321 del Código Procesal Penal tiene como propósito: i.- Modificar la calificación jurídica de los hechos fijados en la formalización de la acusación; o ii.- Modificar la pena del delito calificado en la formalización de la acusación; en realidad entonces lo que llamamos “ampliación” es una modificación a la acusación que ya se ha formulado.- En el caso de mérito el Ministerio Público con su ampliación de la acusación procuró juzgar a la acusada A. S. T. V., por un nuevo delito basado en hechos distintos a aquellos que fueron objeto de formalización, alejándose por mucho de cualquiera de los propósitos del artículo 321; delito nuevo que nunca fue intimado a la acusada, nunca se le dio oportunidad de ser escuchada sobre éste, de contestar cargos, de proponer prueba en descargo sobre esta imputación, de tener tiempo para preparase para enfrentar una audiencia de debate sobre estos hechos en particular y de desarrollar una teoría del caso en el debate. La petición de ampliación hecha por el Ministerio Público fue declarada con lugar por el Tribunal de Sentencia, sin establecer fundamento sobre el mérito legal de lo resuelto, sustituyéndolo con una interpretación errónea de subsanación por consentimiento tácito.- En la audiencia de debate y ante la petición de ampliación, el A-Quo le dio la palabra a la Defensa privada para que expresara su parecer pero en lugar de ello la Defensa solicitó suspensión de la audiencia de debate para poder estudiar la petición y pronunciarse sobre ella, a lo que accedió el Tribunal de Sentencia, bajo el claro entendimiento que aún no había respuesta de dicha representación sobre la solicitud de la ampliación y fue por ello que al reiniciarse la audiencia fue el propio Tribunal de Justicia el que le volvió a pedir a la Defensa se pronunciara, lo que hizo la defensa manifestándose en desacuerdo; por ello es contradictorio que de manera posterior los Jueces señalasen que había una aceptación tácita de la defensa sobre la ampliación, dado que: i.- La suspensión de la audiencia no fue para preparar la defensa sobre una ampliación de acusación admitida, sino que con claridad la defensa señaló que era para estudiar la petición y bajo tal parámetro fue concedido por el Tribunal de Sentencia; ii.- El Tribunal de Sentencia, entendiendo el objeto de la suspensión, al reanudar la audiencia dio la palabra a la Defensa para que se pronunciase sobre la ampliación, lo que no hubiese hecho en caso de haber entendido de que estaba de acuerdo. Concluyendo, el Tribunal de Sentencia al acceder a lo solicitado, violentó: i.- Derecho Fundamental a un debido proceso, pues la ampliación de la acusación no se ajusta a los requisitos previstos en el artículo 321 del Código Procesal Penal; ii.- Derecho Fundamental a un debido proceso, pues se dictó sentencia en violación al Principio de Correlación entre la Sentencia con la Acusación, como consecuencia de que el delito por el cual se emitió sentencia condenatoria no fue aquel por el cual se formalizó en la audiencia preliminar y por el cual se elevó la causa a juicio; iii.- Derecho Fundamental a la Defensa, pues la acusada no fue intimada, no tuvo oportunidad de proponer prueba y de preparar defensa sobre unos hechos por los cuales fue declarada responsable penalmente. El último párrafo del artículo 321 del Código Procesal Penal señala que en caso de que los hechos nuevos puedan constituir otro delito distinto a aquel que motivo el juzgamiento, el Ministerio Público deberá de iniciar procedimiento diferente para su investigación y eventual Juzgamiento; por tanto en el caso de mérito si el Agente Fiscal consideraba que se había revelado la existencia de un delito distinto, aun cuando fuese conexo, debió iniciar Investigación Preliminar y, en su caso, presentar un nuevo requerimiento fiscal en contra de la acusada, para garantizarle a ésta el debido proceso y el derecho de defensa; empero el Agente Fiscal formuló una indebida ampliación de la acusación, la que el Tribunal de Sentencia admitió, inobservado lo ordenado en el artículo 321 último párrafo del Código Procesal Penal, procediendo a juzgar a la acusada por hechos y delitos no contemplados en la formalización de cargos, por lo que procede declarar con lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma que se ha presentado.B.- Del Recurso de Casación por Infracción de Ley y Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional.1.- Motivo del Recurso por Infracción de Ley. *Normas Autorizantes: Artículo 360 del Código Procesal Penal. *Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Artículo 374 del Código penal que tipifica el delito de negociaciones Incompatibles; *Concepto de la Infracción: Infracción de precepto penal de carácter sustantivo. *Pretensión: Sin determinar por el Recurrente. Alega el Recurrente que el Ministerio Publico no pudo demostrar fehacientemente que la acusada manejara fondos públicos y mucho menos que los fondos obtenidos por las Señoras C. E. A. y C.E.N., hayan sido depositados a cuentas bancarias a favor de la acusada. Afirma que la acusada no se favoreció de ningún contrato con el Estado de Honduras.2.- Motivo del Recurso por Infracción de Precepto Constitucional. *Normas Autorizantes: Artículo 361 del Código Procesal Penal. *Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Artículo 88, 90 y 95 de la Constitución de la República; *Concepto de la Infracción: Haber valorado el Tribunal de Sentencia posiciones administrativas dadas por la representante de la acusada en el Tribunal superior de Cuentas; *Pretensión: Que no se le de valor probatorio a la postura del Abogado en la impugnación presentada ante el Tribunal Superior de Cuentas. Arguye el Recurrente que el Tribunal de Sentencia concedió valor probatorio a la postura hecha por la Abogada que representaba a la acusada en el proceso administrativo ante el Tribunal Superior de Cuentas, sin que lo afirmado haya sido objeto de probanza, lo que es constitutivo de violación al artículo 88 de la Constitución de la República. Agrega que se violentó asimismo el artículo 95 de la Constitución de la República, al haber aplicado los Juzgadores el artículo 15 de la ley de Contratación del Estado, mismo que no estaba vigente al momento de los hechos.3.- Procedencia de los Recursos. La Sala de lo Penal, al haber prosperado el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, no realizará pronunciamiento sobre el único motivo del Recurso por Infracción de Ley y sobre el único motivo del Recurso por Infracción de Precepto Constitucional, pues todos ellos fueron interpuestos en procura de una misma pretensión, la cual fue ya concedida con el recurso resuelto. V. DECISIÓN. Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de forma, en su Único Motivo. VI.POR TANTO, La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 362 del Código Procesal Penal FALLA: PRIMERO: DECLARA HA LUGAR el único motivos del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto por el Abogado J. E. V. A., apoderado defensor privado de la acusada A. S. T. V..- SEGUNDO: CASA PARCIALMENTE LA SENTENCIA DICTADA por el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, como consecuencia: 1.- Anula parcialmente la audiencia de debate de fecha trece (13) de noviembre de dos mil quince (2015), a partir y en todo lo relacionado a la ampliación de la acusación hecha por el Ministerio Público (F. 1100 v.) por el delito Negociaciones Incompatibles, que le fuese imputado a la Señora A. S. T. V., en perjuicio de la Administración de Estado de Honduras, dejando subsistente las actuaciones referentes al delito de Enriquecimiento Ilícito; 2.- Anular la audiencia de individualización de la pena por el delito de Negociaciones Incompatibles, de fecha veintisiete (27) de enero de dos mil dieciséis (2016) (f. 1111) y; 3.- Anular parcialmente la sentencia de fecha dieciocho (18) de Febrero de dos mil dieciséis (2016), en su preámbulo, motivación probatoria, motivación jurídica y parte resolutiva que se relacione con el delito de Negociaciones Incompatibles.- TERCERO: SE DECLARA FIRME EL PRONUNCIAMIENTO ABSOLUTORIO emitido a favor de la Señora A. S. T. V., por suponerla responsable a título de autora, de un delito consumado de Enriquecimiento Ilícito, en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras, contenido en la Sentencia de fecha dieciocho (18) de Febrero de dos mil dieciséis (2016), dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán.- Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal Colegiado de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.FIRMAS Y SELLO.JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. Magistrado Coordinador. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. Magistrado. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.Magistrada. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY .Receptora Adscrita. Sala de lo Penal.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve. Certificación de la Sentencia de fecha nueve de septiembre del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-205-2016.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

19 de 20