Sentencia CP-204-16 — Registro 9751
Resumen
Se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por la defensa del imputado, contra la sentencia de primera instancia que lo condenaba por el delito de Robo en su grado de ejecución de Tentativa en forma Continuada
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."EL RECURSO NO ES DE RECIBO. El recurrente funda su motivo único de casación por quebrantamiento de forma en la violación de las reglas de la sana crítica, en lo atinente al principio lógico de derivación, en la valoración de la prueba consistente en: 1) Las declaraciones de las testigos S. S. S. E. y L. P.S.C., quienes aseguran que el día veinticinco de enero del año 2015, ambas se conducían junto a dos menores de edad hijos de la primera, se dirigían a una estación de buses en el Municipio de San Ignacio, Francisco Morazán entre 4:30 a 5:00 de la mañana y al caminar seis cuadras aproximadamente fueron abordadas por G. A. alias C., quien se les abalanzó pidiéndoles celulares, dinero en efectivo y todas las prendas de valor que llevaran, comenzó a forcejear con S. S. quien traía a uno de sus hijos en la cintura buscando objetos de valor en sus pechos, a la vez que se tocaba la cintura simulando que llevaba un arma les decía “me dan las cosas o las voy a matar y a violar”, procediendo a taparle la boca a L.P. quien en su afán por librarse de G. A. le mordió la mano a éste y S.S. aprovechó para darle un golpe con su mano, lanzando en el acto el bolso que andaba, y en el momento en que L. logró soltarse corrió a pedir auxilio a una señora que se encontraba en una casa cercana, quien alertó a su vez a otros vecinos los cuales salieron con palos a auxiliarlas, por lo que al percatarse de ello G.Y.E. salió huyendo del lugar, sin que lograra llevarse las pertenencias de ambas jóvenes, siendo detenido en las inmediaciones de una quebrada cercana. Esta Sala observa que, en este caso, la prueba de cargo consistente en las declaraciones de las testigos y ofendidas S. S. S., y L. P. S.C., son perfectamente coincidentes y concordantes entre sí; y 2) Acta de Inspección ocular, elaborada por el técnico de escena del crimen M.Z., se determina con exactitud el lugar específico en donde ocurrió el hecho sometido a juzgamiento. Esta Sala considera que, al haber concedido credibilidad el juzgador a la declaración de las testigos presenciales y el acta de inspección ocular de la escena del crimen, agregadas al juicio, el juzgador no incurre el juzgador en violación a las reglas de la sana crítica, al principio lógico de derivación, dado que la valoración de la prueba de cargo, está constituida por inferencias razonables deducidas de pruebas de tipo incriminatorio, y de la sucesión de conclusiones que de ellas se fueron apreciando durante la audiencia de juicio, hasta concluir con la sentencia, por lo que procede desestimar el motivo de casación por quebrantamiento de forma invocado por el recurrente..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, Numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."EL RECURSO ES DE RECIBO. De los hechos establecidos en la formalización de la acusación incoada en contra del imputado señor G. Y.E.A. el fiscal de juicio califica los hechos sometidos a juzgamiento como constitutivos del delito de Robo en grado de ejecución de tentativa en perjuicio de las señoras S. S. S. E. y L.P. S. C. El hecho declarado probado establece que: “Primero: El día veinticinco de enero del año 2015, la señora S. S. S. E .y su hermana L.P. junto a dos menores de edad hijos de la primera, se dirigían a una estación de buses en el Municipio de San Ignacio, Francisco Morazán entre 4:30 a 5:00 de la mañana y al caminar 6 cuadras aproximadamente fueron abordadas por G.A. alias C., quien se les abalanzó pidiéndoles celulares, dinero en efectivo y todas las prendas de valor que llevaran, comenzó a forcejear con S, S, quien traía a uno de sus hijos en la cintura buscando objetos de valor en sus pechos, a la vez que se tocaba la cintura simulando que llevaba un arma les decía “me dan las cosas o las voy a matar y a violar”, procediendo a taparle la boca a L. P. quien en su afán por librarse de G, A, le mordió la mano a éste y S,S, aprovechó para darle un golpe con su mano, lanzando en el acto el bolso que andaba, y en el momento en que L, logró soltarse corrió a pedir auxilio a una señora que se encontraba en una casa cercana, quien alertó a su vez a otros vecinos los cuales salieron con palos a auxiliarlas, por lo que al percatarse de ello G. Y.E. salió huyendo del lugar, sin que lograra llevarse las pertenencias de ambas jóvenes, siendo detenido en las inmediaciones de una quebrada cercana.” El artículo 337 del Código Procesal Penal, dispone que: “La sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias, que no sean las descritas en la formulación de acusación, en la contestación de cargos y en el auto de apertura de juicio o, en su caso, en la ampliación de la acusación y en la contestación de ésta o en las conclusiones expuestas por las partes en la Audiencia de Debate, ni calificar los hechos, en perjuicio del acusado en forma distinta de la que resulte de las actuaciones antes indicadas”. El Tribunal de juicio en la fase de debate al dictar el fallo declara culpable al acusado señor G. Y. E. A., como autor del delito de Robo en su grado de ejecución de tentativa, en perjuicio de las señoras S.S.S. E. y L.P. S.C., tal y como lo había solicitado el Fiscal en la secuela y conclusiones finales, sin ninguna otra consideración o circunstancia modificativa de la responsabilidad penal. Es en la audiencia de determinación o individualización de pena que el señor fiscal del Ministerio Público argumenta que se debe condenar al acusado como autor, introduce a la acusación una circunstancia jurídica adicional al solicitar que se condene al acusado G.Y. E. A. como autor del delito de Robo en su grado de ejecución de tentativa, en perjuicio de las señoras S. S. S. E. y L. P.S.C., pero en concurso ideal, aspecto que no fue objeto de debate durante el juicio y que incide directamente en la calificación jurídica de los hechos y en la aplicación de la pena. Esta Sala considera que por el principio de correlación entre la sentencia y las pretensiones de las partes ha de entenderse que la ley prohíbe al tribunal sentenciador dar por acreditado hechos y circunstancias distintos a los establecidos por el ente acusador en las diferentes fases o etapas del juicio, y que tenga relación con los grados de participación criminal. En el presente caso, el sentenciador ha incurrido violación del principio de correlación o congruencia entre la acusación y la presentación de las partes, concretamente de la pretensión del fiscal pues si bien no ha alterado o modificado los hechos, si ha cambiado en la audiencia de individualización de pena, es decir de forma extemporánea, una circunstancia que en forma particular rodea a los hechos probados, como lo es la continuidad en el tiempo y en el espacio de la acción ilícita que le ha sido atribuida al acusado, defecto que incide directamente no solo en la calificación jurídica establecida por el juzgador, sino en la determinación de la pena concreta impuesta al acusado, no por un hecho ilícito en grado de ejecución de tentativa, sino como autor un delito ilícito continuado, excediéndose en el quantum de la pena más allá de los límites establecidos en la acusación y conclusiones finales del fiscal, causando todo ello un grave perjuicio e indefensión, dado que no se ha defendido en juicio de un delito continuado en el tiempo y en el espacio. Por todo lo expuesto, esta Sala declara ha lugar el motivo de casación por quebrantamiento de forma, invocado por el recurrente...."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, Numeral 6 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha nueve de septiembre del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “Sentencia Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve. El Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vázquez, en su condición de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, ha pronunciado En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-204-2016 por Quebrantamiento de Forma interpuesto contra la sentencia de fecha diez de febrero del año dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual Condenó al señor G. Y.E.A., como autor del delito de Robo en su grado de ejecución de Tentativa en forma Continuada, en perjuicio de las señoras S. S. S.E. y L. P.S. C. a la pena de seis años de reclusión, más las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil por el tiempo que dure la condena principal.- No procede a condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio.- Se le declara la Responsabilidad Civil del señor G. Y.E. A. a favor de cada una de las víctimas.-SON PARTES: El Abogado J. R. B., Defensor Público del señor G. Y. E. A., como parte recurrente; y la Abogada M.E.G., Fiscal en representación del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS“Primero: El día veinticinco de enero del año 2015, la señora S. S. S. E .y su hermana L .P .junto a dos menores de edad hijos de la primera, se dirigían a una estación de buses en el Municipio de San Ignacio, Francisco Morazán entre 4:30 a 5:00 de la mañana y al caminar 6 cuadras aproximadamente fueron abordadas por G. A. alias Checho, quien se les abalanzó pidiéndoles celulares, dinero en efectivo y todas las prendas de valor que llevaran, comenzó a forcejear con S.S. quien traía a uno de sus hijos en la cintura buscando objetos de valor en sus pechos, a la vez que se tocaba la cintura simulando que llevaba un arma les decía “me dan las cosas o las voy a matar y a violar”, procediendo a taparle la boca a L. P. quien en su afán por librarse de G.A. le mordió la mano a éste y S. S. aprovechó para darle un golpe con su mano, lanzando en el acto el bolso que andaba, y en el momento en que L .logró soltarse corrió a pedir auxilio a una señora que se encontraba en una casa cercana, quien alertó a su vez a otros vecinos los cuales salieron con palos a auxiliarlas, por lo que al percatarse de ello G.Y. E. salió huyendo del lugar, sin que lograra llevarse las pertenencias de ambas jóvenes, siendo detenido en las inmediaciones de una quebrada cercana.”RECURSO DE CASACIÓN El recurrente Abogado J. R. B., procedió a formalizar su recurso de casación por quebrantamiento de forma de la manera siguiente:“EXPRESIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN PRIMER MOTIVO: No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362, numeral 3) del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO La norma procesal que se invoca como infringida es el artículo 202 del Código Procesal Penal que expresa: Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El Órgano Jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida. Por su parte el artículo 336 del mismo cuerpo legal señala: “El Tribunal, para resolver, sólo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica” De igual forma el artículo 338 del referido código regula la forma de estructurar la sentencia ordena al Juez Sentenciador: “Valoración de la prueba. Seguidamente, se expresaran las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos, justificando según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio y, en caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de los indicios, igualmente declarados probados”. Los hechos por ser considerados probados por el sentenciador, deben, de forma imperativa, tener un sustento probatorio a través de los razonamientos que realice el Juez, y necesariamente deben quedar así plasmados en la valoración de la prueba de la sentencia; al analizar la prueba evacuada en el presente caso, podremos descubrir Honorable Corte, que de la valoración de la prueba que hace el juez, no puede derivarse el relato de los hechos probados, en el Juicio Oral y Público solamente se presentaron las supuestas ofendidas y como prueba documental acta de inspección ocular, no habiendo más prueba. La víctima es aquella persona natural o jurídica que recibe un perjuicio por la comisión u omisión de una acción delictiva, en ningún momento es un testigo, ya que el testigo en sentido estricto se caracteriza por su distanciamiento del hecho enjuiciado, en la medida en que no está directamente involucrado en el conflicto básico, que envuelve a la persona acusada y, en su caso, a su supuesta víctima[1]. De estos conceptos que a todas luces nos establecen que los testigos de preferencia son personas ajenas al conflicto, pues no tienen ningún interés en beneficiar o perjudicar, en cuanto a la víctima hay ciertos aspectos que se deben de tomar en cuenta: 1. La declaración de la víctima ha de ser lógica en si misma, o sea no contraria a las reglas de lógica vulgar o de común experiencia, lo que exige valorar si su versión es o no insólita, u objetivamente inverosímil por su propio contenido. 2. La declaración de la víctima ha de estar rodeada de corroboraciones periféricas de carácter objetivo obrantes en el proceso; lo que significa que el propio hecho de la existencia del delito esté apoyado en algún añadido a la pura manifestación subjetiva de la víctima. Los datos objetivos de corroboración pueden ser muy diversos: lesiones en delitos contra la integridad corporal inclusive, etc. Los extremos alegados por la víctima tienen que estar necesariamente apoyados en prueba periférica de confirmación, en nuestro caso no hay probanza que acredite dichos extremos, pues manifestaron las señoras S. C. y S. E. que el imputado las agarró y los golpeó, pero no hay dictamen que demuestre las lesiones y con la prueba documental ni se acredita el supuesto lugar donde ocurrió el hecho, se estableció que no se recolectó ningún tipo de indicio. En la inspección no se identificó rastro ni indicio para poder determinar con exactitud el lugar específico en donde ocurrió el hecho, es así que al cotejarla con la declaraciones de las supuestas víctimas, el testimonio de éstas se vuelve bastante inconsistente e increíble, ya que venían de un pueblo de San Ignacio, Francisco Morazán, entre las 4:30 a 5:00 de la mañana, zona montosa y completamente sola (ver acta de Inspección ocular) de lo anterior se deduce que prácticamente el lugar estaba en oscuras, pues se trataba de un mes (enero) de la estación de invierno, donde amanece más tarde de lo acostumbrado, aun así reconocen a mi defendido como el autor del hecho. Es así que no puede darse por acreditados hechos o circunstancias que no se desprenden de la evacuación de las pruebas, y el sentenciador al establecer en la sentencia condenatoria que se probó que mi representado es la persona responsable de los hechos acusados, claramente infringe la ley de la Derivación que se afirma con la Ley de Razón suficiente, la que obliga al Juzgador a abordar a una conclusión producto de elementos brindados por las pruebas evacuadas en el proceso y que exige que cada pensamiento provenga de otro con el cual está relacionado, es decir, el razonamiento debe constituirse por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en base a ellas vaya edificando, a cada conclusión o derivación afirmativa o negativa corresponde un elemento de convicción. La construcción de culpabilidad exige precisión que implica certeza, pues caso contrario se preserva la no culpabilidad el acusado y con ello su estado de inocencia, al convencimiento de que un acusado es culpable se puede llegar, no solo por la inexistencia de dudas, sino también por la superación, pero ciertamente la superación de las posibles dudas, no obedece a la pura voluntad subjetiva del Juez, sino que debe surgir con el razonamiento coherente que solo se logra con la consideración racional de las pruebas que acreditan culpabilidad del acusado y con ello la disipación de las posibles dudas sí las hubiese[2], dicho lo anterior, podemos ver que en el presente caso, el sentenciador no concluye de forma razonable que mi defendido es el autor de los hechos imputados. La conclusión de responsabilidad debió haberse fundado en prueba que conectara de forma directa o indiciaria lo establecido por las supuestas ofendidas. Siendo así que no hay testigos presenciales de los hechos y que las declaraciones de las ofendidas no son testigos propiamente dicho, además que sus relatos muestran inconsistencias y que no tienen respaldo probatorio, violentándose así el principio de derivación que conforma la ley de la razón suficiente, pues las valoraciones del Sentenciador se apartan de las leyes de la lógica. Por todo lo anteriormente expuesto, esta Defensa Pública considera que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia debe anular el fallo, en virtud de la clara violación a las reglas del correcto entendimiento humano y se lleve a cabo un nuevo debate con nuevos jueces, que se apliquen de forma correcta estas reglas, por lo que solicitamos sea declarado ha lugar el presente recurso. -” “SEGUNDO MOTIVO: Infracción del principio de Incongruencia entre la sentencia y la acusación. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362, numeral 6) del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN EL MOTIVO La norma sustantiva infringida es el artículo 337 del Código Procesal Penal “La sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias, que no sean las descritas en la formulación de acusación, en la contestación de cargos y en el auto de apertura de juicio o, en su caso, en la ampliación de la acusación y en la contestación de ésta o en las conclusiones expuestas por las partes en la Audiencia de Debate, ni calificar los hechos, en perjuicio del acusado en forma distinta de la que resulte de las actuaciones antes indicadas”, artículo que ha sido violentado por parte del Tribunal de Sentencia al no ajustarse la declaración de los hechos probados (sentencia) con la acusación del Ministerio Público. La literalidad de este artículo nos ubica claramente en lo que en esencia se entiende por “CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA CON LA ACUSACIÓN” acción que no tiene otro sentido más que el de condenar a una persona no solo por el delito, sino por otras circunstancias que no fueron expuestas en la acusación inicialmente ya sea en la formalización de acusación, contestación de cargos, auto de apertura de juicio o, en su caso, en la ampliación de la acusación y en la contestación de ésta o en las conclusiones expuestas en la audiencia de debate. En este momento podría fijarse el comienzo de lo que cabría considerar verdadero proceso penal. La formalización de la acusación equivaldría a la interposición de la demanda en el proceso civil. Las Partes acusadoras concretan el hecho conflictivo, proponen su tratamiento jurídico y delimitan el contenido de su pretensión punitiva.[3]Es así que con la formalización de acusación y la contestación de ésta se delimitan el objeto del juicio o lo que llamamos fijar las pretensiones punitivas del ente acusador. Por ello es necesario establecer Honorables Magistrados que el fallo condenatorio es errado y se condena a mi defendido por un delito de Robo en su Grado de Ejecución de Tentativa en forma continuada, circunstancia de delito continuado que el Ministerio Público no ha establecido en las etapas previas al juicio ni mucho menos en la formalización de acusación ni en las conclusiones del debate, en tales hechos probados se establece: PRIMERO: El día veinticinco de enero del año 2015, la señora S.S.S.E. y su hermana L. P. junto a dos menores de edad hijos de la primera, se dirigían a una estación de buses en el Municipio de San Ignacio, Francisco Morazán entre 4:30 a 5:00 de la mañana y al caminar 6 cuadras aproximadamente fueron abordadas por G. A. alias checho, quien se les abalanzó pidiéndoles celulares, dinero en efectivo y todas las prendas de valor que llevaran, comenzó a forcejear con S. S. quien traía a uno de sus hijos en la cintura simulando que llevaba un arma les decía “me dan las cosas o las voy a matar y a violar” procediendo a taparle la boca a L. P. quien en su afán por liberarse de G. A. le mordió la mano a éste y S. S. aprovechó para darle un golpe en la mano, lanzando en el acto el bolso que andaba, y en el momento en que L .logró soltarse corrió a pedir auxilio a una señora que se encontraba en una casa cercana, quien alertó a su vez a otros vecinos los cuales salieron con palos a auxiliarlas, por lo que al percatarse de ello G. Y. y E. salió huyendo del lugar, sin que lograra llevarse las pertenencias de ambas jóvenes, siendo detenido en las inmediaciones de una quebrada cercana. Al analizar el hecho probado se logra comprobar que efectivamente en los mismos aparecen dos ofendidas, que según el relato fáctico fue cometido un mismo delito contra la propiedad en un solo acto, ahora bien al revisar la foliada primeramente en la audiencia inicial el Juez de garantía decreta auto de formal procesamiento contra G. Y. E. A. por suponerlo responsable del delito de ROBO SIMPLE EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA en perjuicio de S. S.S. E. y L.P. S. (ver acta de audiencia inicial), en ningún momento de los alegatos ni en la fundamentación jurídica se hace referencia al delito continuado. En la audiencia preliminar de fecha dos (2) de abril del dos mil quince, el Ministerio Público formaliza por un delito de Robo en su Grado de Ejecución de Tentativa, se basa en el los artículos 217, 218 relacionado con los artículos 15 y 32 del Código Penal, dicha infracción se castiga con penas de cinco (5) a nueve años de reclusión rebajada en un tercio por ser tentativa. (Ver acta de la audiencia preliminar), aquí también notamos que en ningún momento el ente acusador se ha referido a un delito continuado. Al analizar el acta de la audiencia de debate en la formalización de acusación el ente fiscal establece que los hechos se subsumen en lo vigente en los artículos 217 y 218 y el artículo 15 del Código Penal, asimismo en las conclusiones está solicitando una sentencia condenatoria por un delito de robo en base a lo establecido en los artículos 217 y 218 en relación con el artículo 15 del Código Penal, aquí tampoco se refiere a un delito continuado. Es así que se ha terminado con la primera fase de la sentencia condenatoria, tal como lo establece el artículo 342 del Código Procesal Penal, En la primera fase, el Tribunal de Sentencia, tomando como base las alegaciones de las partes y las pruebas presentadas por éstas en el Juicio Oral y Público, se pronunciará sobre la culpabilidad del procesado, fijará el hecho o los hechos por los cuales se considera culpable, la calificación de los mismos, determinará el mínimo y el máximo de la pena aplicable…. fallando el tribunal sentenciador y condenando al señor G. Y. por el delito de Robo en su Grado de Ejecución de Tentativa. Ya en la segunda fase de la sentencia condenatoria, el Ministerio Público hace una calificación del delito pues considera se debe aplicar un concurso ideal, resolviendo el tribunal que lo correcto es un delito continuado, extremos que están afuera de las pretensiones del ente acusador, pues en ningún momento del debate el órgano acusador se ha referido a un delito continuado, además que la única finalidad de dicha fase tal como lo establece el artículo 343 del Código Procesal Penal es la individualización de la pena concreta, estableciendo: “..se determinará la pena concreta conforme las reglas de individualización prescritas en el Código Penal, Al reanudar la audiencia para tal efecto, se oirá a las partes y se recibirán las pruebas que propongan en el orden y de acuerdo a las reglas aplicables al debate..., cosa que se ha infringido pues se ha condenado a mi representado a la pena de SEIS AÑOS DE RECLUSIÓN por un delito de ROBO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA EN FORMA CONTINUADA, circunstancia de delito continuado que no estuvo dentro del objeto del juicio. El principio acusatorio lo constituye: 1) No puede existir proceso sin acusación previa formulada por persona distinta del acusador; y, 2) No cabe condena por hechos distintos, ni persona distinta a los señalados por la acusación[4]. El principio acusatorio admite y presupone el derecho de defensa del imputado y consecuentemente, la posibilidad de contestación y rechazo de la acusación. Provoca en el proceso penal la aplicación de la contradicción, o sea, el enfrentamiento dialéctico entre las partes, y hace posible el conocer los argumentos de la otra parte, el manifestar ante el Juez los propios, el indicar los elementos fácticos y jurídicos que constituyen su base, y el ejercitar una actividad plena en el proceso, de este modo, es que nadie puede ser condenado si no se ha formulado contra él, una acusación de la que haya tenido oportunidad de defenderse de manera contradictoria, estando por ello obligado el Juez o Tribunal a pronunciarse dentro de los términos del debate, tal y como han sido formulados por la acusación y la defensa, lo cual significa en última instancia que ha de existir siempre correlación entre la acusación y el fallo de la sentencia. De lo que se desprende que el debate en el proceso penal vincula al Juzgador, impidiéndole excederse de los términos en que viene formulada la acusación o apreciar hechos o circunstancias que han sido objeto de consideración en la misma, ni sobre las cuales, por lo tanto el acusado no ha tenido ocasión de defenderse. Ya en nuestro caso dicha correlación, no existe, pues la fundamentación jurídica y el fallo de la sentencia establecen circunstancias no detalladas en la formalización de la acusación. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del vicio Por todo lo anteriormente expuesto, esta Defensa Pública considera que la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia debe anular el fallo, en virtud de la clara violación al principio de congruencia entre acusación y sentencia, que se lleve a cabo un nuevo debate con nuevos jueces, posteriormente que se dicte una sentencia respetuosa de los principios acusatorios del juicio penal, por lo que solicitamos sea declarado ha lugar el presente recurso.-”Fundamentación 1. Recurso de Casación de Quebrantamiento de Forma, por inobservar el juzgador las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba. Normas Autorizantes: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Artículos 202 y 338 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: En la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la Sana Crítica. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el pretensor. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, ordenando su reenvío al Tribunal de Sentencia ResumenCasación por quebrantamiento de forma, fundada en no haber observado las reglas de la sana critica, en la valoración de la prueba. El juez no puede derivar el relato de los hechos probados solamente de las declaraciones rendidas en juicio por las supuestas ofendidas y de la prueba documental consistente en acta de inspección ocular, dado que no hubo más prueba. Afirma que la víctima es la persona natural o jurídica que recibe un perjuicio por la comisión u omisión de una acción delictiva, en ningún momento es un testigo, y que el testigo de referencia es una persona ajena al conflicto, sin interés en beneficiar o perjudicar y los extremos alegados por la víctima deben estar apoyados en prueba periférica y en el presente caso no hay prueba que acredite dichos extremos. Las señoras S. S. E. declaran que el acusado las agarró y golpeó, pero no hay dictamen que demuestre las lesiones; y la prueba documental no acredita el supuesto lugar donde ocurrió el hecho, y establece que no se recolectó indicio alguno. La inspección no identifica rastro para determinar con exactitud el lugar específico en donde ocurrió el hecho, por lo que, al cotejarla con las declaraciones de las supuestas víctimas, sus testimonios se vuelven inconsistentes e increíbles, no lo que no pueden darse por acreditados hechos o circunstancias que no se desprenden de dichas pruebas, por lo que el fallo infringe la ley de la derivación, en la ley lógica de razón suficiente. No hay testigos presenciales de los hechos, pues las ofendidas no son testigos propiamente dichos, y sus relatos son inconsistentes y no tienen respaldo probatorio. Concepto General del recursoEsta Sala de lo Penal, reitera que todo problema de inobservancia de las normas del correcto entendimiento humano constituye una violación a las reglas de la sana crítica. Las reglas a las que nos referimos son las de la experiencia, la psicología y la lógica. Las máximas de la experiencia se refieren al conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida, para lo cual debe partirse de la condición de hombre común que tiene el juzgador, por lo que el límite de éstos son los conocimientos técnicos especializados. Las de la psicología se relacionan con conocimientos básicos y no con las reglas elaboradas de la ciencia. Las reglas de la lógica exigen que el ejercicio intelectivo del juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos) y derivación (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad). La coherencia manda la aplicación de los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido. Asimismo, la derivación, a la obligatoriedad que la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar adecuada correlación entre ellas), verdadera (el razonamiento debe derivar de elementos auténticos) y suficiente (los elementos base de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga). La regla 1ógica de derivación requiere que la motivación deba respetar el principio de razón suficiente, por el cual “el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando". Debe ser concordante, es decir que, a cada conclusión afirmada a negada, debe corresponder convenientemente alelemento de convicción del cual se pueda inferir aquella. Se afirma que la derivación es una exigencia de la razón suficiente, porque se entiende que el razonamiento de los jueces de sentencia, ha de estar constituido por deducciones razonables originadas de las pruebas. Por el Principio de razón suficiente se entiende “que no se produce ningún hecho, sin que haya una razón suficiente para que sea así y no de otro modo”[5].El juez no puede derivar el relato de los hechos probados solamente de las declaraciones rendidas en juicio por las supuestas ofendidas y de la prueba documental consistente en acta de inspección ocular, dado que no hubo más prueba. Afirma que la víctima es la persona natural o jurídica que recibe un perjuicio por la comisión u omisión de una acción delictiva, en ningún momento es un testigo, y que el testigo de referencia es una persona ajena al conflicto, sin interés en beneficiar o perjudicar y los extremos alegados por la víctima deben estar apoyados en prueba periférica y en el presente caso no hay prueba que acredite dichos extremos, por lo que el fallo infringe la ley de la derivación, en la ley lógica de razón suficiente.De la Procedencia Recurso. El Recurso no es de Recibo. El recurrente funda su motivo único de casación por quebrantamiento de forma en la violación de las reglas de la sana crítica, en lo atinente al principio lógico de derivación, en la valoración de la prueba consistente en: 1) Las declaraciones de las testigos S. S. S. E. y L. P.S.C., quienes aseguran que el día veinticinco de enero del año 2015, ambas se conducían junto a dos menores de edad hijos de la primera, se dirigían a una estación de buses en el Municipio de San Ignacio, Francisco Morazán entre 4:30 a 5:00 de la mañana y al caminar seis cuadras aproximadamente fueron abordadas por G. A. alias C., quien se les abalanzó pidiéndoles celulares, dinero en efectivo y todas las prendas de valor que llevaran, comenzó a forcejear con S. S. quien traía a uno de sus hijos en la cintura buscando objetos de valor en sus pechos, a la vez que se tocaba la cintura simulando que llevaba un arma les decía “me dan las cosas o las voy a matar y a violar”, procediendo a taparle la boca a L.P. quien en su afán por librarse de G. A. le mordió la mano a éste y S.S. aprovechó para darle un golpe con su mano, lanzando en el acto el bolso que andaba, y en el momento en que L. logró soltarse corrió a pedir auxilio a una señora que se encontraba en una casa cercana, quien alertó a su vez a otros vecinos los cuales salieron con palos a auxiliarlas, por lo que al percatarse de ello G.Y.E. salió huyendo del lugar, sin que lograra llevarse las pertenencias de ambas jóvenes, siendo detenido en las inmediaciones de una quebrada cercana. Esta Sala observa que, en este caso, la prueba de cargo consistente en las declaraciones de las testigos y ofendidas S. S. S., y L. P. S.C., son perfectamente coincidentes y concordantes entre sí; y 2) Acta de Inspección ocular, elaborada por el técnico de escena del crimen M.Z., se determina con exactitud el lugar específico en donde ocurrió el hecho sometido a juzgamiento. Esta Sala considera que, al haber concedido credibilidad el juzgador a la declaración de las testigos presenciales y el acta de inspección ocular de la escena del crimen, agregadas al juicio, el juzgador no incurre el juzgador en violación a las reglas de la sana crítica, al principio lógico de derivación, dado que la valoración de la prueba de cargo, está constituida por inferencias razonables deducidas de pruebas de tipo incriminatorio, y de la sucesión de conclusiones que de ellas se fueron apreciando durante la audiencia de juicio, hasta concluir con la sentencia, por lo que procede desestimar el motivo de casación por quebrantamiento de forma invocado por el recurrente.2) Recurso de Casación de Quebrantamiento de Forma, por infracción del principio de incongruencia entre la sentencia y la acusación.Normas Autorizantes: Artículo 362 numeral 6 del Código Procesal Penal. Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Artículo 337 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción:infracción del principio de incongruencia entre la sentencia y la acusación.Reclamación Ex Ante: sin determinar por el pretensor. Pretensión: se decrete la nulidad de la sentencia, ordenando su reenvío al Tribunal de Sentencia. ResumenCasación por quebrantamiento de forma por incongruencia entre la sentencia y la acusación. El artículo 337 del Código Procesal Penal dispone: “La sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias, que no sean las descritas en la formulación de acusación, en la contestación de cargos y en el auto de apertura de juicio o, en su caso, en la ampliación de la acusación y en la contestación de ésta o en las conclusiones expuestas por las partes en la Audiencia de Debate, ni calificar los hechos, en perjuicio del acusado en forma distinta de la que resulte de las actuaciones antes indicadas”, el que ha sido violentado por el Tribunal de Sentencia al no ajustarse la declaración de los hechos probados de la sentencia con la acusación del Ministerio Público. La acción impide que se pueda condenar a una persona por otras circunstancias que no fueron expuestas en la acusación inicialmente, sea en la formalización de acusación, contestación de cargos, auto de apertura de juicio o, en su caso, en la ampliación de la acusación, contestación o en las conclusiones expuestas en la audiencia de debate. El fallo condenatorio es errado al condenar al acusado por un delito de Robo en su grado de ejecución de tentativa en forma continuada, circunstancia de delito continuado que el Ministerio Público no estableció en ninguna de las etapas previas al juicio, tampoco en la formalización de acusación, ni en las conclusiones del debate. Al analizar el hecho probado se logra comprobar que efectivamente aparecen dos ofendidas, que según el relato fáctico fue cometido un mismo delito contra la propiedad en un solo acto. En la fase de alegaciones del juicio oral y público, el tribunal sentenciador falla condenando al señor G. Y. por el delito de Robo en su Grado de Ejecución de Tentativa. Pero en la segunda fase de la sentencia condenatoria, es que el Ministerio Público califica el delito como un concurso ideal, resolviendo el tribunal que lo correcto es un delito continuado, extremos que están afuera de las pretensiones del ente acusador, que en ningún momento del debate se ha referido a un delito continuado. El artículo 343 del Código Procesal Penal que la única finalidad de esta fase es la individualización de la pena concreta. Se ha condenado al acusado a la pena de seis años de reclusión por un delito de Robo en su grado de ejecución de Tentativa en forma continuada, circunstancia de delito continuado que no estuvo dentro del objeto del juicio. Concepto General del recurso“La congruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes, según el Artículo 337. La referencia al art. 337 del Código permite perfilar los contornos de este motivo de casación que se complementa con el contenido de este último precepto, relativo a la congruencia de la sentencia con la acusación y que establece lo siguiente: “La sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias, que no sean las descritas en la formalización de la acusación, en la contestación de cargos y en el auto de apertura a juicio o, en su caso, en la aplicación de la acusación y en la contestación de esta, ni calificar los hechos, en perjuicio del acusado en forma distinta de la que resulte de las actuaciones antes indicadas” Así como tratar de la incongruencia omisiva del numeral 4) vimos la necesidad de que el Tribunal de sentencia se pronunciara sobre todas las cuestiones debatidas por las partes en el juicio, para evitar lo que la doctrina denomina incongruencia omisiva, por medio de este cuse casacional se pretende corregir la incongruencia que pueda haberse producido de un modo explícito entre las pretensiones de las partes y la sentencia. Este motivo constituye una clara manifestación del principio acusatorio que rige en el proceso penal, en virtud del cual la sentencia ha de ser congruente con la acusación. Se exige que exista una estricta correlación entre la sentencia y los hechos objeto de imputación, que se configuran normalmente en el auto de apertura a juicio, mediante la descripción de las acciones u omisiones por las cuales se acusa (art. 302.2 CPP) y, excepcionalmente, en la ampliación de la acusación, según lo dispuesto en el art. 321 CPP. En todo caso, aunque lo más frecuente será que finalmente se mantengan por la parte acusadora los cargos de la formalización de la acusación, debe tenerse muy en cuenta que la pretensión penal queda definitivamente configurada tras la práctica de las pruebas, en las conclusiones definitivas que formulen el fiscal o el acusador privado (art. 334 CPP), debiendo adecuarse a estas últimas el contenido de la sentencia de instancia. El principio acusatorio, para evitar que se produzca indefensión, impone igualmente al Tribunal de Sentencia la exigencia de respetar, no solo los hechos imputados, sino también la clasificación jurídica que de los mismos haya efectuado la acusación, como señala el art. 337 CPP, no cabe en la sentencia calificar los hechos en forma distinta a las acusaciones, en perjuicio del acusado. Según M. A. ,en la jurisprudencia española la vinculación comprende el hecho del que se acusa; es decir, el conjunto de datos facticos que comprende la calificación que está referida a la clase de delito, su grado de ejecución, la participación y las circunstancias modificativa de la responsabilidad criminal. No obstante lo anterior y siguiendo a L.C., aunque el objeto del proceso viene determinado por el hecho punible, que es el conformado por las partes, en cuanto aparece calificado de una determinada manera, sin que el tribunal sentenciador pueda rebasar ese hecho, ni en cuanto a sus elementos facticos, ni en cuanto a su configuración jurídica, respecto a esta cabe, sin variar en su esencialidad de los hechos imputados, la doble excepción de imponer una pena más grave y de una condena distinta, siempre que el diferente delito por el que se condena sea homogéneo con el imputado. La regulación legal española es similar a la hondureña sobre este punto; de ahí que se considere de interés la cita de la Sentencia del Tribunal Supremo de 25-6-1990, en la que se resume la posición de la jurisprudencia sobre la congruencia de la sentencia y las excepciones que se admiten. Esta sentencia dice lo siguiente: “es menester afrontar el problema concretamente a la posible correlación entre el delito acusado y el juzgado, habida cuenta de las exigencias propias del principio acusatorio, acerca del cual… la doctrina jurisprudencial se ajusta, en síntesis, a los siguientes parámetros:1.-En principio, tal correlación ha de afectar a los hechos que se consideren punibles y sobre las que se ha ejercido contradicción entre acusación y defensa.2.- Sin variar los hechos objeto de la acusación, se puede condenar por delito distinto siempre que sea homogéneo con el imputado, es decir, de la misma naturaleza o especie, aunque suponga modalidad diversa dentro de la tipicidad penal o sea de igual o menor gravedad que las infracciones acogidas en las conclusiones de la acusación.3.- No puede condenar por delito más grave, ni aplicar distintas circunstancias agravantes de cualquier tipo genéricas o especificas-, de la acusación…”[6]El fallo condenatorio es errado al condenar al acusado por un delito de Robo en su grado de ejecución de tentativa en forma continuada, circunstancia de delito continuado que el Ministerio Público no estableció en ninguna de las etapas previas al juicio, tampoco en la formalización de acusación, ni en las conclusiones del debate. En la fase de la sentencia condenatoria es que el Ministerio Público califica el delito como un concurso ideal, resolviendo el tribunal que lo correcto es un delito continuado, extremos que están afuera de las pretensiones del ente acusador, que en ningún momento del debate se ha referido a un delito continuado. Se ha condenado al acusado a la pena de seis años de reclusión por un delito de Robo en su grado de ejecución de tentativa en forma continuada, circunstancia de delito continuado que no estuvo dentro del objeto del juicio. De la procedencia del recurso. El Recurso es de Recibo. De los hechos establecidos en la formalización de la acusación incoada en contra del imputado señor G. Y.E.A. el fiscal de juicio califica los hechos sometidos a juzgamiento como constitutivos del delito de Robo en grado de ejecución de tentativa en perjuicio de las señoras S. S. S. E. y L.P. S. C. El hecho declarado probado establece que: “Primero: El día veinticinco de enero del año 2015, la señora S. S. S. E .y su hermana L.P. junto a dos menores de edad hijos de la primera, se dirigían a una estación de buses en el Municipio de San Ignacio, Francisco Morazán entre 4:30 a 5:00 de la mañana y al caminar 6 cuadras aproximadamente fueron abordadas por G.A. alias C., quien se les abalanzó pidiéndoles celulares, dinero en efectivo y todas las prendas de valor que llevaran, comenzó a forcejear con S, S, quien traía a uno de sus hijos en la cintura buscando objetos de valor en sus pechos, a la vez que se tocaba la cintura simulando que llevaba un arma les decía “me dan las cosas o las voy a matar y a violar”, procediendo a taparle la boca a L. P. quien en su afán por librarse de G, A, le mordió la mano a éste y S,S, aprovechó para darle un golpe con su mano, lanzando en el acto el bolso que andaba, y en el momento en que L, logró soltarse corrió a pedir auxilio a una señora que se encontraba en una casa cercana, quien alertó a su vez a otros vecinos los cuales salieron con palos a auxiliarlas, por lo que al percatarse de ello G. Y.E. salió huyendo del lugar, sin que lograra llevarse las pertenencias de ambas jóvenes, siendo detenido en las inmediaciones de una quebrada cercana.” El artículo 337 del Código Procesal Penal, dispone que: “La sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias, que no sean las descritas en la formulación de acusación, en la contestación de cargos y en el auto de apertura de juicio o, en su caso, en la ampliación de la acusación y en la contestación de ésta o en las conclusiones expuestas por las partes en la Audiencia de Debate, ni calificar los hechos, en perjuicio del acusado en forma distinta de la que resulte de las actuaciones antes indicadas”. El Tribunal de juicio en la fase de debate al dictar el fallo declara culpable al acusado señor G. Y. E. A., como autor del delito de Robo en su grado de ejecución de tentativa, en perjuicio de las señoras S.S.S. E. y L.P. S.C., tal y como lo había solicitado el Fiscal en la secuela y conclusiones finales, sin ninguna otra consideración o circunstancia modificativa de la responsabilidad penal. Es en la audiencia de determinación o individualización de pena que el señor fiscal del Ministerio Público argumenta que se debe condenar al acusado como autor, introduce a la acusación una circunstancia jurídica adicional al solicitar que se condene al acusado G.Y. E. A. como autor del delito de Robo en su grado de ejecución de tentativa, en perjuicio de las señoras S. S. S. E. y L. P.S.C., pero en concurso ideal, aspecto que no fue objeto de debate durante el juicio y que incide directamente en la calificación jurídica de los hechos y en la aplicación de la pena. Esta Sala considera que por el principio de correlación entre la sentencia y las pretensiones de las partes ha de entenderse que la ley prohíbe al tribunal sentenciador dar por acreditado hechos y circunstancias distintos a los establecidos por el ente acusador en las diferentes fases o etapas del juicio, y que tenga relación con los grados de participación criminal. En el presente caso, el sentenciador ha incurrido violación del principio de correlación o congruencia entre la acusación y la presentación de las partes, concretamente de la pretensión del fiscal pues si bien no ha alterado o modificado los hechos, si ha cambiado en la audiencia de individualización de pena, es decir de forma extemporánea, una circunstancia que en forma particular rodea a los hechos probados, como lo es la continuidad en el tiempo y en el espacio de la acción ilícita que le ha sido atribuida al acusado, defecto que incide directamente no solo en la calificación jurídica establecida por el juzgador, sino en la determinación de la pena concreta impuesta al acusado, no por un hecho ilícito en grado de ejecución de tentativa, sino como autor un delito ilícito continuado, excediéndose en el quantum de la pena más allá de los límites establecidos en la acusación y conclusiones finales del fiscal, causando todo ello un grave perjuicio e indefensión, dado que no se ha defendido en juicio de un delito continuado en el tiempo y en el espacio. Por todo lo expuesto, esta Sala declara ha lugar el motivo de casación por quebrantamiento de forma, invocado por el recurrente. DECISIÓN. Esta Sala declara Ha Lugar el segundo motivo de casación por Quebrantamiento de Forma invocado porelAbogado J.R. B., Defensor Público del señor G. Y. E.A., POR TANTO :La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y 362. 6 del Código Procesal Penal. FALLA:Primero: Declara Ha Lugar el segundo motivo de casación por Quebrantamiento de Forma invocado por elAbogado J. R.B., Defensor Público del señor G. Y.E.A., en la causa instruida contra el acusado G.Y.E.A., a quien se condenó como autor del delito de Robo en su grado de ejecución de tentativa en forma continuada, en perjuicio de las señoras S. S. S.E. y L. P.S. C.; Segundo: Casa la sentencia recurrida, en consecuencia, declara la nulidad de la sentencia impugnada de fecha diez de febrero del año dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, así como la nulidad del debate que la origina; MANDA: Que el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, celebre nuevo juicio contra el señor G. Y.E. A., a quien se condenó como autor del delito de Robo en su Grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio de las señoras S. S. S. E. y L.P.S. C., con jueces distintos a los que participaron en juicio y la sentencia que se anulan; Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.FIRMAS Y SELLO.JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve. Certificación de la Sentencia de fecha nueve de septiembre del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-204-2016.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
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[1]Ferrera Turcios/Fernández Entralgo, Medios de Prueba en Concreto/ Manual Teórico-Práctico/Derecho Procesal Penal de Honduras, Pág.490.
[2]Sentencia de la Sala penal de la Corte Suprema de Justicia en el recurso de casación número 02-09 de fecha 28 de octubre de 2010.
[3]Cuellar Crúz/Fernández Entralgo, Acusación y defensa/Derecho Procesal Penal de Honduras (Manual teórico-práctico). Pág.390.
[4]Cuellar Crúz, Rigoberto, La Reforma Procesal Penal y el Ministerio Público en Honduras/ Pág. 297 y 298.
[5]LOS PRINCIPIOS LOGICOS. CAPITULO II DE LA LOGICA, RENE GUENON, CURSO DE FILOSOFIA, REVISTA SCIENCE SACRÉE NUMERO 7, 2005
[6]Cuadernos de Estudios Judiciales Rafael Alvarado Manzano, Los Recursos. Ángel Llorente Fernández de la Reguera y Rixi Moncada Godoy. Tomo 7. Página126-129.