Sentencia CP-204-15 — Registro 9491
Resumen
En primera instancia se condena al imputado por los delitos de Robo de Vehículo Agravado y Robo Agravado, ambos en su grado de Ejecución de Tentativa en Concurso Ideal, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por el imputado
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. Este Tribunal de Casación ha revisado de manera minuciosa toda la prueba ofertada y evacuada en el debate, así como los razonamientos efectuados al legajo probatorio por parte del Tribunal Sentenciador y puede concluir que en ningún momento fue irrespetado el Derecho a la Presunción de Inocencia, sino que existió suficiente prueba incriminatoria que señala como responsable al señor J. J. R. F. en los delitos de Robo de Vehículo y Robo Agravado en grado de tentativa. La prueba evacuada en el debate denota sin lugar a dudas que el robo del que fue objeto el señor C. M. cuando conducía un vehículo tipo camión con mercadería propiedad de la Ferretería La Economía, fue producto de un plan preconcebido por el imputado y otras personas que no fueron objeto de proceso en este juicio, pues las excusas que expresó el acusado al justificar por qué se encontraba manejando el vehículo que había sido robado, no son creíbles ni lógicas; por otra parte al momento en que es interceptado por la policía, el imputado huye del lugar, demostrando con ello que sabía perfectamente que el vehículo era robado. Establece que fue contratado para reparar un vehículo y tal como lo razona el Sentenciador, éste recibe la llamada a pocas horas de haberse efectuado el atraco, además manifestó que lo llamó un desconocido, lo cual no es del todo raro pues a las personas que se dedican a la reparación de vehículos automotores, en muchas ocasiones son llamadas por personas que no conocen, lo que parece extraño es que ésta persona desconocida que supuestamente llamó al acusado, le dice que el vehículo se encuentra abandonado en la calle y cuando logra encenderlo es trasladado por el propio imputado a quien habían contratado para repararlo, el acusado no es acompañado por la persona que lo contrató o por alguna otra, sino que con toda confianza dejan en sus manos el vehículo y la mercadería que en él se transportaba; lo cual no es lógico ni creíble según las máximas de la experiencia, lo que demuestra que el señor J. J. R. F. formaba parte de un grupo de personas que de manera premeditada habían acordado el asalto de vehículos, habiendo una repartición de funciones y roles, por lo que, al acusado sin lugar a dudas le correspondió el traslado del automotor hasta un lugar en donde probablemente se haría el descargo de la mercadería, todo lo cual fue frustrado por la intervención de la policía. Por tanto, los razonamientos del Juzgador para determinar la responsabilidad del imputado en los hechos investigados, fueron correctos, lógicos, coherentes y adecuadas a las reglas de la sana crítica, resultando vencido el acusado en su Estado de Inocencia y respetando en todo momento el debido proceso, razones suficientes para desestimar el presente recurso de casación...."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
- Constitución de la República, art. 89 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha once de enero del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “I. Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días de enero de dos mil diecinueve, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados: Alma Consuelo Guzmán García, en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian En Nombre Del Estado De Honduras La sentencia en el Recurso de Casación SP 204-2015 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha treinta de enero del año dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, mediante la cual: Condenó al señor J. J. R. F. como autor responsable del delito de Robo de Vehículo Agravado y Robo Agravado, ambos en su grado de Ejecución de Tentativa en Concurso Ideal, en perjuicio de la Ferretería La Económica, a la pena de once (11) años, un (01) mes, diez (10) días de reclusión; más las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, mientras dure la condena principal. Asimismo, se le declaró la responsabilidad civil del condenado J. J. R. F. No procedió la condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, el Abogado A. P., actuando en su condición de Defensor Público del señor J. J. R. F. Son Partes En La Única Instancia: El Abogado M. R. A. E. actuando en su condición de Defensor Público del imputado, como parte recurrente y la Abogada D. E. R. C. en su calidad de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. II. Hechos Probados PRIMERO: El cuatro de julio de dos mil cinco, a las tres de la tarde, el señor C. M. en compañía de su ayudante E. T. L. se conducían en un vehículo tipo camión, marca nissan, color blanco, en el que transportaban ochenta y cuatro (84) cajas de materiales ferreteros, ambos propiedad de la Ferretería La Económica, transitando por el bulevar que comunica Puerto Cortés con San Pedro Sula, y cuando se desplazaban a la altura de la aldea Río Nance, Choloma, Cortés, fueron interceptadas por cuatro personas desconocidas que se conducían en un vehículo tipo pick-up, color gris, cabina sencilla, quienes haciendo uso de armas de fuego, los despojaron del camión antes relacionado, obligándolo a dejarlo apagado en dicho lugar, en seguida una de estas personas los trasladó hacia un cerro del sector, donde permanecieron hasta las tres de la mañana del día siguiente, momento en el que lograron escapar. SEGUNDO: Inmediatamente, después de producido el desapoderamiento, el señor J. J. R. F. como parte de un plan preestablecido con las personas que realizaron el desapoderamiento, tomó el control del vehículo (camión) y cuando lo conducía por la entrada de la colonia Rivera Hernández de la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, fue observado por un pariente del propietario de Ferretería La Económica, quien le dio seguimiento y a la vez informó a miembros de la Policía que circulaban por ese sector, localizando el camión cuando el acusado se encontraba ingresándolo al solar de una vivienda en la colonia Cerrito Lindo, quien al advertir la presencia policial abandonó apresuradamente el lugar, siendo detenido inmediatamente por los agentes policiales. III. Recurso De Casación. Motivos y Argumentos Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional “INDICACIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. ÚNICO: Infracción de los preceptos constitucionales contenidos en los Artículos 89 y 90, (PRESUNCIÓN DE INOCENCIA y DEBIDO PROCESO), en relación con los Artículos 1, 2 y 202 del Código Procesal Penal. Autoriza la interposición de este recurso el Artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: PRIMERO: Las normas constitucionales y legales que se denuncian como infringidas por el Tribunal de juicio entre otras disposiciones señalan que: 1) Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente; 2) Ninguna persona podrá ser condenada ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haberse probado los hechos en un juicio oral y público llevado a cabo conforme los principios establecidos en la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte y el Código Procesal Penal. SEGUNDO: El Juzgador al dictar sentencia condenatoria en contra del señor J. J. R. F. por el delito de ROBO DE VEHÍCULO AGRAVADO y ROBO AGRAVADO en perjuicio de FERRETERÍA LA ECONÓMICA infringe gravemente los fundamentales derechos referidos en el numeral anterior, afectando con ello la presunción de inocencia y del debido proceso que le asisten al imputado por mandato constitucional, porque el ente acusador no obstante estar obligado a demostrar, fuera de toda duda, la imputación en contra del señor R. F., hizo un insuficiente aporte de pruebas. TERCERO: En la audiencia de juicio oral se evacuó como prueba de cargo, entre otras, las declaraciones de los testigos C. M., C. E. C. , E. M. M. y se incorporó por lectura la declaración rendida, en audiencia inicial, por el señor E. T. L. medios de prueba en los que, fundamentalmente, descansa el fallo condenatorio. CUARTO: El vicio que denunciamos se aprecia en el apartado valoración de la prueba del fallo recurrido en donde el Juzgador, valora la prueba testifical antes referida, sosteniendo que ellas gozan de credibilidad, en virtud que los deponentes mostraron seguridad en sus manifestaciones, coherentes entre sí y concordantes en todos sus extremos, consideraciones que no las discutimos, sin embargo, la información que proporcionan los testigos de cargo no señalan de manera contundente que el señor J. J. R. F. haya participado conscientemente en el atraco perpetrado contra los empleados de la FERRETERÍA LA ECONÓMICA, pues dicho acto ilícito fue ejecutado por personas desconocidas y si bien es cierto que al señor J. J. R. F. se le vio conduciendo el vehículo propiedad de FERRETERÍA LA ECONÓMICA, sin embargo, tal actividad la ejecutaba desconociendo que dicho vehículo les había sido arrebatado a los empleados de la empresa perjudicada, pues el imputado en su declaración dio explicaciones contundentes que lo exculpan de responsabilidad, declaración que resultó corroborada por las declaraciones de los testigos de cargo, como ser que el vehículo presentaba desperfectos mecánicos, y el imputado por sus conocimientos en esa materia fue contratado para reparar dicho vehículo, trabajo que una vez concluido también le fue solicitado al imputado el traslado del vehículo desde donde se encontraba hasta otro lugar, solicitud que él acepta y cuando de manera confiada se desplazaba con dicho vehículo es interceptado por la policía, por otra parte, la declaración del imputado resultó corroborada por la prueba de descargo, consistente en la declaración testifical de la señora C. N. M. B. quien confirma que el imputado recibió una llamada en la que le solicitaban sus servicios como mecánico automotriz, requerimiento que aceptó momentos antes de su captura, por lo que los hechos que el Tribunal declara como probados no están suficientemente respaldados, ya que la prueba testifical de cargo, está limitada especialmente a acreditar el despojo sufrido por los empleados de la FERRETERÍA LA ECONÓMICA y la posterior detención del señor J. J. R. F. por lo que dictar una sentencia condenatoria en tales circunstancias implica un quebranto a los fundamentales derechos de presunción de inocencia y del debido proceso de los que goza el imputado. PRETENSIÓN IMPUGNATIVA Consientes estamos de que al Tribunal de casación no le es dable realizar una valoración probatoria alternativa, sin embargo, de las constancias que obran en el presente caso y sin necesidad de desarrollar una rigurosa valoración probatoria se hace patente el vicio denunciado, por lo que resulta justo y procedente declarar la nulidad del fallo impugnado y ordenar su reenvío para que el mismo sea sustanciado con absoluto respeto de los derechos fundamentales del señor J. J. R. F. ”. IV. Fundamentación 1) Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional El Artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentar la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del Legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el Artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica, el peticionario debe de hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). La esencia del Recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República, frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. 1.a) Único Motivo *Norma Autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Penal. *Norma Constitucional que se denuncia Infringida: Artículo 89 y 90 de la Constitución de la República. *Concepto de la Infracción: Violación a la presunción de inocencia y al debido proceso. *Pretensión: Declarar la nulidad del fallo y ordenar el reenvío de la causa. Explicó el recurrente que el vicio denunciado aparece en la valoración probatoria, cuando el sentenciador valora la prueba testifical de los señores C. M. , C. E. C. , E. M. M. y E. T. L. esta última declaración incorporada por lectura; ya que el Tribunal les concede valor probatorio pues les considera coherentes y concordantes entre sí; pero la información que proporcionan los testigos no señala de manera contundente que el acusado J. J. R. F. haya participado conscientemente en el atraco perpetrado. 1.b) Del Derecho a la Presunción de Inocencia. Resulta conveniente establecer los parámetros que ha establecido esta Sala de lo Penal, acerca del derecho a la presunción de inocencia. El artículo 89 de la Constitución de la República establece: “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”. El derecho fundamental a la presunción de inocencia, además de encontrarse expresamente reconocido en nuestra Constitución y normas legales secundarias (vid. Arts. 1 y 2 del Código Procesal Penal), también lo está en instrumentos jurídicos internacionales suscritos por el Estado de Honduras, como son entre otros, la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948 (art. 11.1), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 19 de diciembre de 1966 (art.14.2) y la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8.2). Significa el derecho de todo acusado a ser absuelto sino se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria y de la intervención en los mismos del procesado. En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal deberá considerar: a) Las pruebas que tuvo en cuenta el Tribunal de Instancia para atribuir unos hechos delictivos a una persona, b) Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción y publicidad, c) Si de haber sido practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal, d) Si las pruebas se practicaron con observancia de las normas procesales y respeto a los derechos fundamentales, y e) Si las conclusiones probatorias del Tribunal sentenciador no resultan arbitrarias. En este sentido, corresponde al Tribunal de Casación comprobar que el Tribunal de Instancia ha dispuesto de la precisa actividad probatoria para la afirmación fáctica contenida en la sentencia, lo que supone constatar que existió, que se ha realizado con observancia de la legalidad en su obtención y se practica en el juicio oral bajo la vigencia de los principios de inmediación, oralidad, contradicción efectiva y publicidad, y que el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos y razonables que permitan su consideración de prueba de cargo[1]. 1.c) Del Derecho al Debido Proceso. La garantía del Debido Proceso se encuentra regulada por el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República, conocida como el debido proceso legal, el cual refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (Con independencia de su naturaleza). El Principio del Debido Proceso Legal más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez o jueza natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que éste juez o jueza además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues los llamados principios procesales o principios informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento, como ser: i. Prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; ii. Derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; iii. A un juez/a predeterminado por la ley; iv. A la imparcialidad e independencia del juez/a; v. Derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; vi. A la igualdad de armas procesales; vii. A un proceso público sin dilaciones indebidas; viii. Respeto al principio de presunción de inocencia; ix. Posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; x. Derecho a ser oído en un plazo razonable; xi. Deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; xii. El derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; xiii. A una justicia gratuita; en fin, el derecho a un debido Proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. El Debido Proceso legal se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe de substanciarse la etapa de Juicio y en particular el debate, pues la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. Con conclusión la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado. 1.d) De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. Este Tribunal de Casación ha revisado de manera minuciosa toda la prueba ofertada y evacuada en el debate, así como los razonamientos efectuados al legajo probatorio por parte del Tribunal Sentenciador y puede concluir que en ningún momento fue irrespetado el Derecho a la Presunción de Inocencia, sino que existió suficiente prueba incriminatoria que señala como responsable al señor J. J. R. F. en los delitos de Robo de Vehículo y Robo Agravado en grado de tentativa. La prueba evacuada en el debate denota sin lugar a dudas que el robo del que fue objeto el señor C. M. cuando conducía un vehículo tipo camión con mercadería propiedad de la Ferretería La Economía, fue producto de un plan preconcebido por el imputado y otras personas que no fueron objeto de proceso en este juicio, pues las excusas que expresó el acusado al justificar por qué se encontraba manejando el vehículo que había sido robado, no son creíbles ni lógicas; por otra parte al momento en que es interceptado por la policía, el imputado huye del lugar, demostrando con ello que sabía perfectamente que el vehículo era robado. Establece que fue contratado para reparar un vehículo y tal como lo razona el Sentenciador, éste recibe la llamada a pocas horas de haberse efectuado el atraco, además manifestó que lo llamó un desconocido, lo cual no es del todo raro pues a las personas que se dedican a la reparación de vehículos automotores, en muchas ocasiones son llamadas por personas que no conocen, lo que parece extraño es que ésta persona desconocida que supuestamente llamó al acusado, le dice que el vehículo se encuentra abandonado en la calle y cuando logra encenderlo es trasladado por el propio imputado a quien habían contratado para repararlo, el acusado no es acompañado por la persona que lo contrató o por alguna otra, sino que con toda confianza dejan en sus manos el vehículo y la mercadería que en él se transportaba; lo cual no es lógico ni creíble según las máximas de la experiencia, lo que demuestra que el señor J. J. R. F. formaba parte de un grupo de personas que de manera premeditada habían acordado el asalto de vehículos, habiendo una repartición de funciones y roles, por lo que, al acusado sin lugar a dudas le correspondió el traslado del automotor hasta un lugar en donde probablemente se haría el descargo de la mercadería, todo lo cual fue frustrado por la intervención de la policía. Por tanto, los razonamientos del Juzgador para determinar la responsabilidad del imputado en los hechos investigados, fueron correctos, lógicos, coherentes y adecuadas a las reglas de la sana crítica, resultando vencido el acusado en su Estado de Inocencia y respetando en todo momento el debido proceso, razones suficientes para desestimar el presente recurso de casación. V. Decisión Se declara no ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su único motivo, interpuesto por la Defensa Pública. VI. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 89, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 359, 361, 363 y 369 del Código Procesal Penal. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por el Abogado A. P. en su condición de Defensor Público del señor J. J. R. F. a quien se le condenó por el delito de Robo de Vehículo Agravado y Robo Agravado en grado de Ejecución de Tentativa y vistos en concurso ideal en perjuicio de Ferretería La Económica. Segundo: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha treinta (30) de enero del dos mil quince (2015), dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortes. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA COORDINADORA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA. RECEPTOR ADSCRITO. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de marzo del año dos mil diecinueve. Certificación de la Sentencia de fecha once de enero del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-204-2015.
JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA
RECEPTOR ADSCRITO
SALA DE LO PENAL
[1] Sentencia de Casación Penal SP 42-2009 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 05 de abril del 2011