Sentencia CP-199-16 — Registro 9749
Resumen
En primera instancia se absolvió al imputado del delito de asesinato. resolviendo en segunda instancia sin lugar.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO: EL RECURSO NO ES DE RECIBO. El recurso de casación por quebrantamiento de forma interpuesto por el Ministerio Público debe ser desestimado por su falta de técnica recursiva. Es cierto que en el escrito del recurso se identifica como concepto de la infracción aquélla contenida en el artículo 362.3 del Código Procesal Penal, que autoriza como motivo de casación cuando en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica, más ha sido criterio de la Sala de lo Penal que cuando se interpone un recurso por este motivo, el censor debe como labor primera, identificar qué regla de la sana crítica es la infringida (ver sentencias de la Sala de lo Penal de fecha 17 de enero de 2013, recaída en el expediente SP 131-2011; y de fecha 27 de junio de 2013, recaída en el expediente SP 132-2011); seguidamente, identificar el silogismo judicial que considera transgrede la regla previamente identificada, segregar su premisa mayor, su premisa menor y su posterior conclusión, para después explicar y comprobar porqué la conclusión inferida de aquellas premisas, es malograda y no tiene la cualidad de ser respetuosa de nuestro sistema de valoración probatorio, siendo este precisamente el proceso de identificación, explicación y comprobación del vicio que exige una buena técnica recursiva. (Ver sentencia de la Sala de lo Penal de fecha 2 de abril de 2019, recaída en el expediente SP 174-2015). En el caso actual, la censora del fallo hace una cita de los medios de prueba de cargo evacuados en juicio y argumenta que a partir de estos medios de prueba se acredita la participación directa a título de autor del acusado A. I. B., en el delito de asesinato en perjuicio de J. S. También de manera genérica denuncia que el sentenciador se aparta de la regla lógica de derivación al valorar las declaraciones de los testigos protegidos “E”, “Z1” e I. S., así vemos por ejemplo cuando establece en su escrito de impugnación que: “el Tribunal no ha considerado su valoración siguiendo las reglas de la sana crítica, faltando así al postulado en referencia… por lo antes expresado, podemos apreciar que las declaraciones de los testigos de cargo también son respaldadas por la prueba documental y pericial que fue incorporada a juicio… por lo que opinamos que en total desapego a lo dispuesto en el artículo 362.3 del CPP, el Tribunal ha violentado las reglas de la sana crítica en el fundamento intelectivo…”. Ninguno de los argumentos expuestos logra identificar, explicar y comprobar aquél postulado intelectivo que a su parecer infringe la regla de la lógica de derivación en su principio de razón suficiente, y en esa virtud no son potenciales para determinar si la valoración probatoria es respetuosa o no de la regla citada como infringida. No hay identificación del silogismo judicial, no hay segregación de premisas ni confrontación de la conclusión con el contenido de la regla citada como infringida. Resta aún más eficacia al recurso, el que la censora del fallo realice una valoración probatoria alternativa de la prueba, pues esa función compete única y exclusivamente al Tribunal de Sentencia (artículo 336 del Código Procesal Penal), quien realiza los principios de contradicción, inmediación, publicidad, oralidad y defensa que rigen la actividad de la prueba. La censora del fallo no puede pretender, con éxito, que el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma prospere, determinando desde su particular visión, cuál es el alcance conviccional que tiene un determinado medio de prueba. A partir de lo alegado la Sala de lo Penal no tiene duda que la recurrente presenta queja sobre la valoración, no porque plantee una mala construcción del razonamiento judicial, sino porque no está de acuerdo con ella al ser disonante con su pretensión, alegato que no es propio para un recurso de casación. No existe en el escrito del recurso identificación de un silogismo judicial, análisis de premisas y demostración de una mala inferencia que termine en una indebida conclusión derivada, sino una queja de que la prueba fue valorada de forma diferente a como pretendía el acusador público.Finalmente, el artículo 350 del Código Procesal Penal establece que la competencia del Tribunal de Casación vendrá fijada a las cuestiones que hayan sido objeto de impugnación, y al haber sido estas todas las cuestiones, la Sala de lo Penal deviene obligada a desestimar el presente recurso..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha treinta y uno de octubre del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta y un (31) días del mes de octubre del año dos mil diecinueve (2019); el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de Coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian: EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La Sentencia en el expediente número S.P.199-2016, conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha diez de noviembre del año dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Siguatepeque, departamento de Comayagua, mediante la cual falló: Primero: Absolver de toda responsabilidad penal a A. I. B., por el delito de asesinato en perjuicio de J. S. S., del que venía siendo acusado. Segundo: Se ordena la revocación de la medida cautelar de prisión preventiva y que se extiendan las cartas de libertad y orden de excarcelación correspondientes. Tercero: No procede condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, la Abogada L. B., fiscal del Ministerio Público.SON PARTES: La abogada K. M. A., fiscal del Ministerio Público, como recurrente; y, A. R. P. y J. R. I., defensores públicos, como recurrida. II. HECHOS PROBADOS. “Se declaran expresamente probados los siguientes hechos: ÚNICO: Que el veintiuno (21) de enero del año dos mil catorce(2014), en la comunidad de Yance, Jurisdicción del Municipio de Jesús de Otoro, Departamento de Intibucá, sobre una calle de aquella comunidad fue encontrado el cuerpo sin vida del señor J. S. S., quien presentó heridas en la cabeza, en el parpado superior derecho, en mandíbula izquierda, en la región del cuello lado derecho, en región clavicular derecha, en región torácica derecha, en antebrazo izquierdo, en cara palmar mano izquierda, en muslo derecho con daño en el escrito, en muslo izquierdo.”III. RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS.La recurrente, abogada L. B., fiscal del Ministerio Público, procedió a formalizar su recurso de casación por quebrantamiento de forma de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓNMOTIVO ÚNICO: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la Sana Crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 3 del artículo 362 del CPP. El precepto penal adjetivo que se invoca como infringido prescribe: “Artículo 202 Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. Elórgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta armónica toda la prueba producida”. En relación con el párrafo primero del artículo 336 del C.P.P. Expuesto lo anterior, veamos en qué consisten los vicios de valoración de prueba en que incurrió el sentenciador de instancia: Declaración de la testigo I. S., siendo los aspectos más relevantes los siguientes: el encausado la llamó a las siete de la noche a Jesús de Otoro para informar que habían matado a J., su hermano; al día siguiente me llamó la esposa de mi hermano para que fuera a ver a la policía el cuerpo, ella (diciente) se quedó en la casa de él (acusado) y vio unas armas, agrega que preguntó por tales objetos y que su hija me dijo que el procesado las había quitado prestadas para espantar unos animales que le molestan los frijoles, le dijeron que la calibre 22 era del ahora occiso y la otra escopeta de un señor de Comayagua, según la testigo no existían problemas entre el occiso y el imputado, solo que a éste le caían mal los copines y su hermano iba a estas reuniones y defendían el bosque y las tierras, indicando que su muerte le vino por su relación con el Copín. Declaración de Testigo Protegido “E”, quién declaró, que el 21 de enero de 2014 encontró al imputado con una escopeta calibre largo y le preguntó de dónde venía y éste respondió que iba matar unas “chanchas” que le comen las plantaciones, ese mismo día, alrededor de las 4:50 pm escuchó, dos tiros de escopeta; y al siguiente día volvió a ver a A. y lo vio con una 22 y que el trabajadero (plantación) de A. estaba como a 15 minutos del trabajadero de J.. Declaración de Testigo Protegido “Z1”, manifestó que él venía caminando, cuando escuchó el primer disparo, cree que de un arma calibre 22 por el sonido, y se detuvo a ver, y vio que S.M. y A. I. dispararon en contra de J.; indicando además que A. utilizó una escopeta y S. un calibre 22, él para presenciar los hechos se escondió en un matorral y vio a don J. sangrar de la frente y que éste le dijo “acábame de matar hijo de...”. Prueba Pericial, consistente en: Dictamen de autopsia, ratificado por Doctor M. D., mediante el cual se constató que el cuerpo de la víctima presentaba nueve heridas de arma de fuego, concluyendo que la causa de muerte fue un trauma encéfalo craneano abierto (TEC) y que la manera de muerte fue Homicida desde el punto de vista médico forense; indicando además que al cuerpo del ahora occiso se extrajeron fragmentos de bala, los cuales fueron remitidos al laboratorio balístico. Dictamen Balístico, ratificado por el perito H. G., quien indicó que él médico autopsiante remitió una bala y un revestimiento de calibre 22, los cuales pueden ser disparados por un arma tipo rifle o revólver, y también se recibió un revestimiento calibre 38 especial 357 magnum. Prueba Documental 1. Acta de levantamiento de Cadáver 2. Acta de defunción. Una vez analizada la prueba testifical y pericial antes referida nos adentramos a la valoración, que de dichos testimonios y pericias ha efectuado el Tribunal. El A-quo, en el Apartado de Valoración de los Medios de Prueba, concluye que “Primero: ... Los anteriores testigos (I. S. y Testigo Protegido “E”) simplemente son dereferencia, no observaron los hechos, su deposición se basa en meras conjeturas sin fundamento, que conforme a la prueba este Tribunal no pueda armonizarla y conectarla con el aquí enjuiciable, es decir, no es factible para este Tribunal ubicarlo en la escena. 3.- Testigo Protegido Z1... Este Tribunal conforme a la inmediatez claramente observó al deponente que dijo ser presencial de los hechos, inconsistente, indeleble, débil en sus deposiciones, no era claro en sus respuestas, por lo que para este Tribunal su deposición no es convincente; si observamos el acta de levantamiento de cadáver y dictamen de autopsia, se desmembra nueve impactos de bala en la humanidad de la víctima, y éste dice haber observado al aquí enjuiciable y otro sujeto disparar cada uno de ellos en dos ocasiones, lo que resulta incongruente, además es ilógico que éste observe al hoy occiso de frente a su agresor y con un impacto de bala en la frente, darle o merecerle credibilidad a este testigo sería contrario alas reglas de la lógica...SEGUNDO:...1) Dictamen de Autopsia...el presente dictamen acredita la existencia de un sujeto pasivo, así como su muerte real, del cual este Tribunal no tiene duda alguna, las heridas encontradas en la humanidad de la víctima (cabeza y pecho), constituyen órganos vitales, la cantidad de heridas y el arma de fuego utilizada constituyen ese animus necandi, como elemento subjetivo del inJ. penal.- 2) Dictamen de Balística...conforme a la evaluación presentada por los fragmentos encontrados en cabeza del hoy occiso, se desprende con alta probabilidad que los mismos fueron disparados por arma de fuego calibre 22, tipo rifle, pistola o revolver, así como de un arma calibre 38 especial o 357 magnum.” El Tribunal Sentenciador ha fundamentado la totalidad de su fallo, Absolviendo por el delito de Asesinato a A. I. B., basándose en que las declaraciones de los testigos de cargo, no resultan útiles para sustentar una sentencia condenatoria, razonamiento que, a criterio del Ministerio Público, ha infringido la regla lógica de la Derivación, en su Postulado de Razón Suficiente en su característica, valga la redundancia de suficiencia pues a pesar de la armonía y concomitancia de las declaraciones de los testigos de cargo, el Tribunal no ha considerado su valoración siguiendo las reglas de la Sana Crítica, faltando así al postulado en referencia, y resultando en una Sentencia Absolutoria diferente a las pretensiones del Agente Fiscal, pues el acervo probatorio denota sobrada solidez para emitir un fallo condenatorio por el Delito de Asesinato, de lo que se desprende que el razonamiento intelectivo del Juzgador no se ha derivado de elementos auténticos o aptos para producir, de manera razonable, el convencimiento cierto respecto del hecho, y más aún cuando los elementos probatorios han resultado suficientes. El Juzgador ha menoscabado el valor probatorio a lo dicho por la señora I. S. y él testigo protegido E, a pesar que, si bien es cierto, éstos dos últimos no presenciaron los hechos de forma directa, si aportan detalles importantes que permiten corroborar lo manifestado por el testigo protegido Z1. En este sentido, el Tribunal Sentenciador parece desconocer la posición establecida por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, en cuanto a que, “...La Presunción de Inocencia se visualiza como un derecho fundamental que no requiere de acción alguna por parte del sujeto activo para lograr su aplicabilidad, sino que se convierte en la exigencia del ente acusador de probar los hechos imputados; por tanto, la Presunción de Inocencia puede ser enervada cuando consta en la causa prueba de cargo suficiente que abarque dos circunstancias, en primer lugar, la existencia de un hecho punible penalmente con una actividad probatoria mínima que la acredite y, la segunda, la culpabilidad del acusado en el hecho sometido a juicio, mediante las pruebas con un sentido incriminador respecto a su participación.III. En el caso examine, la reclamante advierte que el Tribunal de Sentencia lesionó ese derecho fundamental a su representado, al emitir un fallo condenatorio teniendo como base prueba indiciaria que no cumple con los requisitos para la utilización de pruebas en base a indicios; al respecto, debemos advertir que la doctrina admite la prueba indiciaria —en casos que no es posible utilizar prueba directa- siempre y cuando aquella parta de unos hechos indiciariamente probados penalmente, ya que no contiene fundar veracidades sobre el asiento de escuetas sospechas; sin duda la prueba directa es más segura y deja menos márgenes a la duda que la indiciaria, por eso, la doctrina establece ciertos requisitos que debe tomarse en cuenta para la correcta utilización de la prueba indiciaria como base de una sentencia condenatoria, tales como: a)Los indicios han de estar plenamente probados, no cabe construir certezas sobre la base de simples probabilidades. Es por tanto exigible, cuando se trata de prueba indiciaria, la constatación clara de los indicios. b) Pluralidad de indicios, la virtualidad de los indicios reside precisamente en su acumulación, su variedad permitirá controlar en mayor medida la seguridad de la relación efecto causa. c) El nexo causal ha de ser racional y lógico, la prueba indiciaria requiere, por consiguiente, un proceso de inferencia (inductivo) que aúne el indicio (hecho base) con el hecho presunto. d)Motivación en la sentencia, cuando se trata de una condena basada en hechos indiciarios, la motivación expresa sobre las pruebas practicadas y los criterios racionales que han guiado su valoración es una exigencia básica para poder determinar si existió verdadera prueba indiciaria o si lo único que se produjo fue una actividad que tan solo logró arrojar sospechas o sugerir conjeturas sobre la culpabilidad del acusado…”[1] Y en caso in examine, es claro que lo dicho por el testigo protegido E y la señora I. S., constituyen prueba indiciaria ya que la primera expresó haber visto dos armas de fuego en casa del enjuiciado, una calibre 22 y otra, una escopeta, y el segundo, o sea el Testigo E relató que el día en que aconteció el suceso criminal, vio al imputado con una escopeta cerca del lugar donde se produjo la muerte del señor J. S. y que escuchó disparos alrededor de las 4:50pm, ahora que coincide de forma aproximada con lo indicado en al acta de levantamiento de cadáver; y si bien ellos no presenciaron de forma directa los hechos, si les permite corroborar lo expresado por el Testigo Protegido Z1 quien sí presenció los hechos y los describió de forma detallada. En cuanto a las debilidades que dice el sentenciador dice apreciar en el relato del testigo Z1, debemos indicar que sus dichos, censurado por falta de claridad en las respuestas a las interrogantes formuladas en el transcurso del debate, pero tales obscuridades, no fueron plasmadas puntualmente en el fallo en estudio; además su declaración fue reforzada por la prueba pericial, ya que con el dictamen balístico, se comprobó que en el hecho participaron varias armas de fuego, tal y como lo refirió el testigo protegido supra referido; de igual manera, en cuanto a las heridas sufridas por la víctima, éste testigo también resultó congruente con el dictamen de autopsia, ya que Z1 indicó que la víctima recibió una herida en la frente y el médico autopsiante constató que el cuerpo de la víctima tiene 9 heridas, varias de ellas, en la cabeza. Por lo ante expresado, podemos apreciar que las declaraciones de los testigos de cargo, también son respaldadas por la prueba documental y pericial que fue incorporada al juicio, dado que lo depuesto por estos “tiene por base la experiencia, al cual muestra que el hombre, por regla general ,percibe y narra la verdad, y sólo por excepción miente[2]”, afirmación que es compartida por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema, quien ha establecido que, “un testigo se supone que dice la verdad salvo que se pruebe que no ha estado en el lugar de los hechos u otra circunstancia que disminuya su credibilidad[3]” de ahí que para valorar las declaraciones se debe considerar dos aspectos, “el primero de ellos la fidelidad de la percepción y de la trasmisión de lo percibido, debiendo apreciar el desarrollo y la calidad de las facultades mentales del testigo, el funcionamiento de los sentidos, las condiciones en que se produjo la percepción y las condiciones de trasmisión; el segundo aspecto a considerar, es la sinceridad del testimonio, es decir determinar si no hay algún interés que puede influir en la voluntad del deponente; sumado a esto hay que considerar que cada testimonio debe ser cotejado con el resto de las pruebas reunidas, a fin de lograr una correcta evaluación de su eficacia probatoria”[4]en el caso de autos lo dicho por los testigos de cargo, en especial al testigo protegido Z1, quien se encontraba en el lugar de los hechos, coincide con los manifestó por el testigo “E” e I. S.; y todos estos relatos al ser concatenados unos con otros, nos muestran de forma coherente la dinámica de los hechos, y que sus dichos son respaldados por los hallazgos encontrados en la autopsia de la víctima y el dictamen balístico. En relación a los testigos de la defensa, éstos no fueron de utilidad para esclarecer los hechos. Por lo que opinamos que en total desapego a lo dispuesto en el 362.3 del CPP, el Tribunal ha valorado las pruebas violentando las reglas de la Sana Crítica en el fundamento intelectivo y las normas del correcto entendimiento humano, de ahí que, a criterio del Ministerio Público, el Tribunal Sentenciador, ha infringido la regla lógica de la Derivación, en su Postulado de Razón Suficiente en su característica de Suficiencia, pues a pesar de la coherencia de las declaraciones de los testigos de cargo, el Tribunal no ha considerado su valoración siguiendo las reglas de la Sana Crítica, faltando así al postulado en referencia. Como podréis observar, ilustrísimo Tribunal de Casación, si nos remitimos a la prueba descrita y la confrontamos con el razonamiento del Tribunal, encontramos que esa conclusión valorativa como motivación es inválida, pues no se ajusta a los Principios de la Derivación que exigen Razón Suficiente en su característica de Suficiencia, dado que las conclusiones a las que arribó, deben estar constituidas por inferencias razonables deducidas de la prueba, lo cual no ocurrió en el caso subjudice. Como se ha demostrado con la exposición del recurso, la Sentencia objetada adolece de graves vicios de forma, que se traduce en la Absolución del imputado por el delito de ASESINATO, siendo violatorios del sistema de la Sana Crítica racional que inspira el modelo procesal vigente, en consecuencia, el vicio denunciado se afirma, traduciéndose en Quebrantamiento de Forma. Por haberse producido el vicio en el propio acto de sentenciar, no ha sido posible reclamar su subsanación. ”IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio J. respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas fijadas en la ley. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Único motivo. *Normas autorizantes citadas: artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. *Normas procesales que se denuncian infringidas: artículos 202 y 336 del Código Procesal Penal. *Concepto de la infracción: violación a las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba. *Acciones de saneamiento: Imposibilidad de reclamo previo porque el vicio consta en la sentencia. *Pretensión: Dar el curso legal correspondiente.El Ministerio Público inicia la exposición de su recurso haciendo una cita de los medios de prueba de cargo evacuados en juicio, para luego argumentar que ha criterio del acusador público se ha infringido la regla de la lógica de derivación en la valoración intelectiva de los medios de prueba citados, pues arguye que los razonamientos esgrimidos por el juzgador no derivan de elementos auténticos para producir el convencimiento de los hechos objeto de juzgamiento. Considera que, en el caso examine, es claro que lo dicho por la señora I. S. y el Testigo Protegido E constituyen prueba indiciaria, ya que la primera expresó haber visto dos armas de fuego en casa del enjuciado: una calibre 22 y una escopeta; entretanto, el segundo relató que el día que aconteció el suceso, vio al imputado con una escopeta cerca del lugar donde se produjo la muerte de la víctima y que escuchó disparos alrededor de las 4:50pm, hora que coincide de forma aproximada con lo indicado en el acta de levantamiento de cadáver. Continúa argumentando que el testigo protegido Z1 fue censurado por su falta de claridad en las respuestas a las interrogantes planteadas por el ente fiscal pero tales obscuridades no fueron plasmadas puntualmente en el fallo. Además, considera que dicha declaración fue reforzada con la prueba pericial aportada del dictamen balístico y autopsia. De las Reglas de la Sana Crítica. El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los Jueces de Sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que:“… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el expediente 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el expediente 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el expediente 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del expediente 385-09, todos de la Sala de lo Penal).En el apartado de la valoración intelectiva, el juzgador debe valorar la prueba conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: Íntima Convicción (propio del sistema de juzgamiento por jurados), Prueba Legal o tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal .En el sistema de sana crítica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del expediente 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el expediente 88-09). Componen la sana crítica: 1) REGLAS DE LA EXPERIENCIA COMÚN O MÁXIMAS DE LA EXPERIENCIA: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: I. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. II. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o, III. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porque lo considera así.2) LAS REGLAS DE LA PSICOLOGÍA: Están referidas no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y,3) LAS REGLAS DE LA LÓGICA: La lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “lógica no formal”, llamada en el ámbito como razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber: 1. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la ley de la coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: I. El principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” II. El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. III. El principio de tercero excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. 2. La derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: I. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; II. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. III. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. IV. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el principio de razón suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando las siguientes características: I. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; II. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; III. No Contradictoria: por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; IV. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y V. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit., pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO: EL RECURSO NO ES DE RECIBO. El recurso de casación por quebrantamiento de forma interpuesto por el Ministerio Público debe ser desestimado por su falta de técnica recursiva. Es cierto que en el escrito del recurso se identifica como concepto de la infracción aquélla contenida en el artículo 362.3 del Código Procesal Penal, que autoriza como motivo de casación cuando en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica, más ha sido criterio de la Sala de lo Penal que cuando se interpone un recurso por este motivo, el censor debe como labor primera, identificar qué regla de la sana crítica es la infringida (ver sentencias de la Sala de lo Penal de fecha 17 de enero de 2013, recaída en el expediente SP 131-2011; y de fecha 27 de junio de 2013, recaída en el expediente SP 132-2011); seguidamente, identificar el silogismo judicial que considera transgrede la regla previamente identificada, segregar su premisa mayor, su premisa menor y su posterior conclusión, para después explicar y comprobar porqué la conclusión inferida de aquellas premisas, es malograda y no tiene la cualidad de ser respetuosa de nuestro sistema de valoración probatorio, siendo este precisamente el proceso de identificación, explicación y comprobación del vicio que exige una buena técnica recursiva. (Ver sentencia de la Sala de lo Penal de fecha 2 de abril de 2019, recaída en el expediente SP 174-2015). En el caso actual, la censora del fallo hace una cita de los medios de prueba de cargo evacuados en juicio y argumenta que a partir de estos medios de prueba se acredita la participación directa a título de autor del acusado A. I. B., en el delito de asesinato en perjuicio de J. S. También de manera genérica denuncia que el sentenciador se aparta de la regla lógica de derivación al valorar las declaraciones de los testigos protegidos “E”, “Z1” e I. S., así vemos por ejemplo cuando establece en su escrito de impugnación que: “el Tribunal no ha considerado su valoración siguiendo las reglas de la sana crítica, faltando así al postulado en referencia… por lo antes expresado, podemos apreciar que las declaraciones de los testigos de cargo también son respaldadas por la prueba documental y pericial que fue incorporada a juicio… por lo que opinamos que en total desapego a lo dispuesto en el artículo 362.3 del CPP, el Tribunal ha violentado las reglas de la sana crítica en el fundamento intelectivo…”. Ninguno de los argumentos expuestos logra identificar, explicar y comprobar aquél postulado intelectivo que a su parecer infringe la regla de la lógica de derivación en su principio de razón suficiente, y en esa virtud no son potenciales para determinar si la valoración probatoria es respetuosa o no de la regla citada como infringida. No hay identificación del silogismo judicial, no hay segregación de premisas ni confrontación de la conclusión con el contenido de la regla citada como infringida. Resta aún más eficacia al recurso, el que la censora del fallo realice una valoración probatoria alternativa de la prueba, pues esa función compete única y exclusivamente al Tribunal de Sentencia (artículo 336 del Código Procesal Penal), quien realiza los principios de contradicción, inmediación, publicidad, oralidad y defensa que rigen la actividad de la prueba. La censora del fallo no puede pretender, con éxito, que el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma prospere, determinando desde su particular visión, cuál es el alcance conviccional que tiene un determinado medio de prueba. A partir de lo alegado la Sala de lo Penal no tiene duda que la recurrente presenta queja sobre la valoración, no porque plantee una mala construcción del razonamiento judicial, sino porque no está de acuerdo con ella al ser disonante con su pretensión, alegato que no es propio para un recurso de casación. No existe en el escrito del recurso identificación de un silogismo judicial, análisis de premisas y demostración de una mala inferencia que termine en una indebida conclusión derivada, sino una queja de que la prueba fue valorada de forma diferente a como pretendía el acusador público.Finalmente, el artículo 350 del Código Procesal Penal establece que la competencia del Tribunal de Casación vendrá fijada a las cuestiones que hayan sido objeto de impugnación, y al haber sido estas todas las cuestiones, la Sala de lo Penal deviene obligada a desestimar el presente recurso. V. DECISIÓN No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. VI. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales 362 y 363 del Código Procesal Penal. FALLA:1) DECLARA NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en único motivo, interpuesto por la Abogada L. B., Fiscal del Ministerio Público; 2) DECLARA FIRME LA SENTENCIA de fecha diez de noviembre del año dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Siguatepeque, departamento de Comayagua.Y MANDA: Con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a derecho. NOTIFÍQUESE.FIRMAS Y SELLO.JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. M. DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de enero del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha treinta y uno de octubre del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-199-2016.
M. DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
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[1] Sentencia de 25 de abril del año 2013, recaída en el Recurso de Casación No. SP-03-2011.
[2] José Cafferata Nores, La Prueba en el Proceso Penal, Editorial Depalma, pág. 93
[3] Sentencia de 18 de febrero de 2005, recaída en el Recurso de Casación Número 836-2003
[4] Jose Cafferata Nores, La prueba en el proceso penal, Editorial Depalma, pág. 121-123