Sentencia CP-198-15 — Registro 9378
Resumen
En primera instancia se condenó a los imputados por los delitos de Transporte de Uniformes e Insignias y Transporte de Armas o Municiones y Material de Guerra , en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO: EL RECURSO NO ES DE RECIBO. El censor denuncia infringido el precepto constitucional que contiene el principio de retroactividad de la ley penal establecido en el artículo 96 de la Constitución de la República. El hecho probado objeto de juzgamiento establece que el día catorce (14) de junio de dos mil doce (2012), a las cuatro y treinta de la tarde, en el lugar que ocupa el puente de Germania, salida al sur de Tegucigalpa, específicamente en los apartamentos conocidos como “Villas Coro Moto”, miembros de la policía dieron captura a los señores J. M. M. y J. D. G., decomisándole al señor J. M. M., un vehículo marca Mazda 3, color blanco, placa PBC7694, tipo turismo vidrios poralizados, un fusil Galil, propiedad de la Policía Nacional, con serie número 98114569, un cargador metálico conteniendo treinta cartuchos de calibre desconocido, un radio de comunicación marca Motorola, con su respectiva batería, un cargador con su respectiva base, una prótesis, un casco color azul que se lee en su parte frontal Policía, un uniforme completo de la Policía Nacional, un par de botas policiales color negro, un chaleco de tránsito, un chaleco antibalas color negro y un par de placas de vehículos número PCW8019, así como una funda color negro de cuero; decomisándole, asimismo, al señor J. D. G. R., un vehículo marca Nissan, modelo Murano color oro, año 2005, placa BCH6376, en cuyo interior se encontraba una arma de fuego tipo fusil M16, marca Colt calibre 556mm, serie 9582904, dos cargadores metálicos, sacos adheridos con cinta aislante color negro, el cual contiene un cargador con 25 cartuchos de calibre desconocido, dos pares de bota color negro policiales, un chaleco antibalas color negro que se lee Policía, un uniforme completo de la Policía Nacional, una camisa tipo fatiga de la Policía Nacional, un radio de comunicación Motorola serie 921TG85869, una batería de radio comunicación con serie HNN9008A, un casco color blanco, una capona de inspector, dos chalecos de identificación policial de tránsito, un par de placas serie PBK9931. Por este hecho el señor J. D. G. R. fue condenado por el delito transporte de uniformes e insignias, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de cinco (5) años de reclusión, y también por el delito de transporte de armas o municiones y material de guerra en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de ocho (8) años de reclusión y al pago de una multa de cinco mil lempiras (L 5, 000.00). Sucede que para la fecha del dictado de la sentencia condenatoria, quince (15) de febrero de dos mil quince (2015), se encontraba en vigencia el decreto legislativo número 63-2014, el cual, prorroga la vigencia del decreto legislativo número 184-2013, por un periodo de seis (06) meses, a partir del vencimiento de dicho decreto, con el objeto de que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego proceda a realizar los trámites de registro, debiendo presentar toda la documentación pertinente a excepción de la factura de compra en La Armería, como excepción. Es pues que esta prórroga se refiere exclusivamente a las armas de fuego de carácter comercial y no a las armas de fuego catalogadas como de guerra. El término de prorroga comenzó a correr el día siguiente al vencimiento del plazo señalado en el Decreto 184-2013, es decir el 06 de Octubre de 2014, y venció el 06 de Abril de 2015, quedando en suspenso –pero no derogando- la positividad de las normas que establecen sanciones administrativas contenidas en la Ley de Armas y algunos de los verbos rectores del delito contenido en el artículo 332-B del Código Penal, quedando excluido, por tanto, las conductas (punibles) relacionadas con las armas de guerra, reservadas para uso exclusivo de los cuerpos de seguridad del Estado de Honduras. Adicional a lo anterior, es que al tratarse de una ley temporal y no una ley intermedia, como erróneamente señala el recúrrete, para que tenga aplicación debe de estar vigente al momento de la comisión de la conducta reprochada; la ley temporal deja en suspenso, con la concurrencia de otras condiciones, algunos de los verbos rectores del artículo 332 B, tiene un plazo taxativo de vigencia y tiene como principio fundamentador que no se aplicara a supuestos ni en momentos distintos de los comprendidos expresamente en ellas. En cambio, la ley intermedia al ser una ley posterior deroga la ley anterior, se da identidad plena en cuanto al hecho regulado y se viene a dar una sucesión de leyes penales. En el caso concreto, se pretende la retroactividad de un decreto temporal, lo cual no se abarca por el principio de retroactividad de la ley penal. Por todas estas razones, deviene improcedente el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha dos de abril del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos (2) días del mes de abril del año dos mil diecinueve (2019), el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de Coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, La sentencia del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, infracción de ley y por Infracción de Precepto Constitucional número S.P.198-2015, interpuesto contra la sentencia de fecha quince de febrero del año dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: Primero: Condenar a los procesados J. M. M. M. y J. D. G. R. como autores responsables de un delito de Transporte de Uniformes e Insignias, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras a la pena de cinco (5) años de reclusión. Segundo: Condenar a los procesados J. M. M. M. y J. D. G. R. como autores responsables de un delito de Transporte de Armas o Municiones y Material de Guerra, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras a la pena de ocho (8) años de reclusión, más una multa de cinco mil lempiras (L. 5, 000.00). Tercero: Absolver a los procesados J. M. M. M. y J. D. G. R. del delito de asociación ilícita, del que venían siendo acusados. Cuarto: Procede declarar la responsabilidad civil de los condenados J. M. M. M. y J. D. G. R. Quinto: No procede la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. Sexto: Se ordena la devolución de los objetos incautados a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas de Honduras. - Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, el Abogado O. A. G. M. apoderado defensor del señor J. M. M. M. interpuso el Recurso de Casación Infracción de Ley y por Infracción de Precepto Constitucional, el Abogado H. O. D. M. apoderado defensor del señor J. D. G. R. SON PARTES: El Abogado O. A. G. M. apoderado defensor del señor J. M. M. M. y, el Abogado H. O. D. M. Apoderado Defensor del señor J. D. G. R. ambos como recurrentes; y, la Abogada D. E. R. C. fiscal del Ministerio Público, como recurrida. II. HECHOS PROBADOS: “Este Tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: UNO: El día catorce de junio del 2012 a las cuatro y treinta de la tarde en el lugar que ocupa el puente de Germania de la salida al Sur de Tegucigalpa, específicamente en los apartamentos conocidos como “Villas Coro moto” miembros de la policía dieron captura a los señores J. M. M. M. y J. D. G. R. decomisándole al señor J. M. M. M. , un vehículo marca Mazda 3, color blanco, placa PBC7694, tipo turismo vidrios polarizados, un fusil Galil propiedad de la Policía Nacional, con serie número 98114569, un cargador metálico conteniendo treinta cartuchos de calibre desconocido, un radio de comunicación marca Motorola, con su respectiva batería, un cargador con su respectiva base, una prótesis, un casco color azul que se lee en su parte frontal policía, un uniforme completo de la Policía Nacional, un par de Botas policiales, color negro, un chaleco de tránsito, un chaleco antibalas color negro, y un par de placas de vehículos números PCW8OI9, así como una funda color negro de cuero, decomisándole asimismo al señor J. D. G. R. un vehículo marca Nissan modelo Murano color oro, año 2005, placa BCH6376, en cuyo interior se encontraba una arma de fuego tipo fusil M16, marca Col calibre 556 mm, serie 9582904, dos cargadores metálicos, sacos adheridos con cinta aislante de color negro, el cual contiene un cargador con 25 cartuchos de calibre desconocido, dos pares de botas, color negro, policiales, un chaleco antibalas, color negro, que se lee Policía, un uniforme policial completo de la Policía Nacional, una camisa tipo fatiga de la Policía Nacional, un radio de comunicación marca Motorola serie 921TG85869, una batería de radio de comunicación con serie HNN9008A, un casco color blanco, una capona de inspector, dos chalecos de identificación policial de tránsito, un par de placas serie PBK9931.” III. RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS. El recurrente, Abogado O. A. G. M. en su condición de apoderado defensor del señor J. M. M. M. procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma de la siguiente manera: “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA PRIMERO: Esta defensa no está conforme con el fallo dado en contra de mi defendido el señor J. M. M. M. ya que el Tribunal Sentenciador en la valoración de la prueba no lo hizo atendiendo las reglas de la sana crítica, pues si bien es cierto no podemos retrotraemos al proceso si es importante hacer hincapié en las conclusiones hechas por la fiscalía pues por un lado dice haber acreditado que agentes policiales dieron detención a dos personas que se conducían en dos vehículos y que al darles seguimiento los detienen en el lugar conocido como apartamentos villas Coromoto, y que el señor J. M. M. M. SE CONDUCIA EN UN VEHÍCULO MARCA MURANO, Y J. D. G. R. y después manifiesta que el señor J. M. M. ERA QUIÉN CONDUCÍA EL VEHÍCULO MARCA MAZDA DE COLOR BLANCO, DONDE SE LE ENCONTRARON VARIAS ARMAS DE FUEGO, UNA PROTESÍS, UN CASCO COLOR AZUL que se lee Policía Nacional, y un par de botas, así como un chaleco antibalas, y diferentes placas de vehículo, pero también manifiesta que en el apartamento de J. D. G. R. SE LE ENCONTRO UNA ARMA FUSÍL, CON UNA BOMBA DE FABRICACIÓN Rusa color mostaza encontrando en el vehículo murano un fusil m16, y en el baúl dos pares de bota, chalecos antibalas, uniformes de policía, un radio de comunicación con la leyenda policía. SEGUNDO: Que el Tribunal sentenciador al momento de valorar la prueba específicamente en lo que concierne los supuestos uniformes e implementos policiales no diferencia en ningún momento quien de los imputados es transportaba cada objeto sino que por el contrario los mete en un solo saco o sea sin diferenciar individualmente la tenencia de dichos implementos, por lo que obvia lo establecido en el artículo 202, del código procesal penal que establece las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica y formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida, así mismo el Tribunal no aprecio a lo expresado en el artículo 338 del código procesal penal que establece los requisitos de las sentencias y este mismo artículo en su regla quinta expresa que en la parte resolutiva se absolverá o condenara a las personas acusadas con pronunciamientos separados respecto a cada una de ellas y de cada uno de los delitos de los que hayan sido acusados, determinando, en caso de condena, la pena correspondiente a cada una de ellas y por cada infracción, si bien es cierto en nuestra reforma penal se le permite cierta libertad al sentenciador a valorar las pruebas esto no lo libera de la obligación que tiene de observar la obligatoriedad de un análisis conjunto para una aplicación de la justicia más efectiva y lo más cerca posible a cómo ocurrieron los hechos. TERCERO: No cabe duda que la conducta del Tribunal sentenciador crea un vicio en dicho fallo el que está establecido en el artículo 362 del Código Procesal Penal donde expresa claramente que el Recurso por Quebrantamiento de Forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de alguno de los vicios siguiente como es este caso concreto específicamente en su numeral 3 que reza Que carezca de motivaciones tácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes contradictorias o si en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica, como es el caso, por todo lo anterior la defensa del señor J. M. M. M. ESTIMA QUE LOS UNIFORMES E INSIGNIAS, QUE SUPUESTAMENTE SE LES ENCONTRO A LOS IMPUTADOS NO DEBIO VALORARSE POR HABER CONFUSIÓN EN CUANTO A QUIEN POSEIA O TRANSPORTABA DICHOS IMPLEMENTOS, OSEA QUE SE ALEJA DEL ELEMENTO DESCRTIVO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 294-A DEL CÓDIGO PENAL Y SOLO DEBIO VALORAR LAS tenencias de las supuestas armas.”.- El recurrente, Abogado H. O. D. M., en su condición de defensor privado del señor J. D. G. R., procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Ley e Infracción de Precepto Constitucional de la siguiente manera: “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY. a) PRIMER MOTIVO Aplicación indebida del artículo 332-A del Código Penal vigente y la no aplicación de manera retroactiva del Decreto 184-2013 publicado en fecha cinco (5) de octubre del año 2013 en perjuicio de mí representado. A.1) PRECEPTO AUTORIZANTE El presente motivo de casación se encuentra comprendido en artículo 360 del Código Procesal Penal, que establece: “Habrá lugar al Recurso de Casación por Infracción de Ley o de doctrina legal, cuando dado los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo que deba ser observada para la aplicación de la Ley Penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo”. a.2) EXPLICACIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN Honorable Tribunal de Casación Penal, el artículo o disposición de carácter sustantivo cuya aplicación es indebida es el artículo 332-A del Código Penal que establece lo siguiente: “La persona no autorizada que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda armas, municiones, explosivos o material de guerra o de combate, incluidas en estas últimas las armas AK-47, en cualquiera de sus modelos, será sancionado con la pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (L. 5,000.00) a diez mil (L. 10,000.00) lempiras por cada arma incautada”. La declaración de hechos probados constituye la base de toda sentencia penal, pues en ellos el Tribunal Juzgador recrea un hecho histórico, acontecido con anterioridad y que es el objeto del juicio penal. En ese cuadro factico, el Tribunal de Sentencia narra la verdad real e histórica, estimando de manera clara y terminante CUALES SON LOS HECHOS QUE ESTIMO PROBADOS conforme a los medios de prueba legalmente practicados en la vista pública. De esa verdad incuestionable, que la constituye la declaración de hechos probados, se derivan las consecuencias de naturaleza jurídica, entre ellas, la adecuación o subsunción de la misma en una norma concreta de LA LEY PENAL SUSTANTIVA. En otras palabras, para que no exista violación a la norma penal de naturaleza sustantiva, por falta de aplicación o aplicación indebida, los hechos probados deben de describir todas y cada una de las acciones típicas o conductas prohibidas por la norma penal sustantiva. En el caso concreto que nos ocupa, el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, en la sentencia de fecha 15 de febrero del año 2015 objeto de este recurso, declaró como hechos probados los siguientes: “UNO: el día 14 de junio del 2012 a las cuatro y treinta de la tarde en el lugar que ocupa el puente de Germania de la salida al Sur de Tegucigalpa, específicamente en los apartamentos conocidos como “Villas Coromoto”, miembros de la policía dieron captura a los Señores J. M. M. M. y J. D. G. R. decomisándole al Señor J. M. M. M. un vehículo marca Mazda 3, color blanco, placa PBC7694, tipo turismo vidrios polarizados, un fusíl Galil propiedad de la Policía Nacional, con serie número 98114569, un cargador metálico conteniendo treinta cartuchos de calibre desconocido, un radio de comunicación marca Motorola, con su respetiva batería, un cargador con su respectiva base, una prótesis, un casco color azul que se lee en su parte frontal policía, un uniforme completo de la Policía Nacional, un par de Botas policiales, color negro, un chaleco de tránsito, un chaleco antibalas color negro, y un par de placas de vehículos números PCW8O19, así como una funda color negro de cuero, decomisándole asimismo al señor J. D. G. R. un vehículo marca Nissan modelo Murano color oro, año 2005, placa BCH6376, en cuyo interior se encontraba una arma de fuego tipo fusil M16, marca Col calibre 556 mm, serie 9582904, dos cargadores metálicos, sacos adheridos con cinta aislante de color negro, el cual contiene un cargador con un cartucho de calibre desconocido, dos pares de botas, color negro, policiales, un chaleco antibalas, color negro, que se lee Policía, un uniforme policial completo de la Policía Nacional, una camisa tipo fatiga de la Policía Nacional, un radio de comunicación marca Motorola serie 921TG85869, una batería de radio de comunicación con serie HNN9008A, un casco color blanco, una capona de inspector, dos chalecos de identificación policial de tránsito, un par de placas serie PBK9931”. El Honorable Tribunal de Sentencia al dictar su fallo incurrió en violación a las normas sustantivas de orden nacional, en relación a calificar la comisión del delito de TRANSPORTE DE ARMAS O MUNICIONES Y MATERIAL DE GUERRA enmarcado en el artículo 332-A del Código Penal Vigente; y no aplicar a favor del imputado de manera retroactiva EL ARTICULO 2 PARRAFO SEGUNDO DEL DECRETO 184- 2013 publicado el cinco (5) de octubre del año 2013 a través del cual se encontraba en vigencia una veda o periodo de gracia de un (1) año para que las personas que tengan en su poder armas consideradas DE USO ILEGAL, puedan hacer entrega de las mismas a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, SIN NINGUN TIPO DE RESPONSABILIDAD PRODUCTO DE SU TENENCIA, procediéndose a la inmediata destrucción de las mismas por parte de dicha institución por lo que no pueden derivarse efectos jurídicos en contra del Señor J. D. G. R. ya que si bien es cierto esta normativa entro en vigencia en el mes de octubre del año 2013, conforme al artículo 96 de la Constitución de la República se establece que podrá APLICARSE RETROACTIVAMENTE LA LEY PENAL CUANDO FAVOREZCA AL IMPUTADO. Sobre este punto la Honorable Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia ya se ha pronunciado en reiteradas ocasiones y de hecho ha impuesto una DOCTRINA LEGAL porque se han emitido tres (3) sentencias sobre el mismo asunto y en el mismo sentido, véase para el caso la sentencia número Código Penal 48-09 que va más allá inclusive de señalar QUE ES POSIBLE APLICAR UNA LEY PENAL INTERMEDIA CUANDO ESTA FAVOREZCA AL ACUSADO, asimismo la sentencia número 354-2007 y sentencia número CP76-09. a.3) INTERPRETACIÓN PRETENDIDA El Tribunal Sentenciador en su declaración de hechos probados plasma que durante los hechos investigados se le decomiso a mi representado un arma de fuego tipo fusil M16, marca Col calibre 556 mm, serie 9582904, dos cargadores metálicos, sacos adheridos con cinta aislante de color negro, el cual contiene un cargador con 25 cartuchos de calibre desconocido, pero no hace NINGUNA REFERENCIA a que mi defendido no ha incurrido en ninguna responsabilidad penal, pues esos hechos no pueden subsumirse o adecuarse a lo dispuesto en el artículo 332-A del Código Penal ya que si bien es cierto ha sido probado que a mi patrocinado se le decomisaron los artículos relacionados anteriormente, LOS HECHOS CARECEN DE ANTIJURICIDAD con base en el artículo 96 de la Constitución de la República debiendo aplicarse retroactivamente a favor del mismo el artículo 2 párrafo segundo del Decreto 184-2013 por las razones anteriormente expuestas y en consecuencia de la aplicación correcta de la Ley mi defendido incuestionablemente debe ser declarado NO CULPABLE por ese máximo Tribunal de Justicia, por ende, dictarse SENTENCIA ABSOLUTORIA A SU FAVOR. b) SEGUNDO MOTIVO Falta de aplicación del artículo 2-C del Código penal, en su redacción vigente. b.1) PRECEPTO AUTORIZANTE El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 360 del Código Procesal Penal, el cual establece: “Habrá lugar al Recurso de Casación por Infracción de Ley o de Doctrina Legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal (…)” b.2) EXPLICACIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN El Artículo 2-C del Código Penal en su redacción actualmente vigente dispone que: “No podrá imponerse pena o medida de seguridad alguna si la acción u omisión no lesiona o pone en peligro efectivo un bien jurídico protegido por la Ley penal”. Como se ha explicado en el hechos declarados probados por la Sala Sentenciadora en la sentencia que se recurre, no se le atribuye a mi defendido J. D. G. R. conductas o comportamientos que puedan ser considerados objetivamente como constitutivos de delito de TRANSPORTE DE ARMAS O MUNICIONES Y MATERIAL DE GUERRA, pues como se repite, en el hecho probado si se menciona a mi representado, es para atribuirle unos hechos que si bien es cierto son típicos, CARECEN DE ANTIJURÍCIDAD; ya que con base en el Artículo 96 de la Constitución de la República debe aplicarse retroactivamente el Artículo 2 Párrafo Segundo del Decreto 184-2013 publicado el cinco (5) de octubre del año 2013, mediante el cual se decretó una veda o periodo de gracia de un (1) año para que las personas que tengan en su poder ARMAS CONSIDERADAS DE USO ILEGAL pudieran hacer entrega de las mismas a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad SIN NINGUN TIPO DE RESPONSABILIDAD PRODUCTO DE SU TENENCIA. Por esta razón debido absolvérsele de toda responsabilidad penal, al no haberlo hecho así, el Tribunal de Sentencia dejó de aplicar el antes invocado Artículo 2-C del Código Penal, siendo esta una infracción grave a la Ley Penal de carácter sustantivo. b.3) INTERPRETACIÓN PRETENDIDA Como lo manifestamos en el motivo anterior de este recurso, al no plasmarse en la declaración de hechos probados por la Sala Sentenciadora, las acciones típicas o conductas objetivas, ni los elementos subjetivos del tipo, la acción dentro de una causa que le permite que la misma carezca de antijuricidad en base a lo establecido en el Decreto 184-2013 invocado anteriormente y relacionado con el Artículo 96 de la Constitución de la República, por lo que estos hechos no pueden subsumirse o adecuarse a lo dispuesto por el Articulo 332-A de Código Penal. En consecuencia, lo que se pide es que se aplique en favor de mi patrocinado lo dispuesto por el Artículo 2-C de Código Penal en su redacción actualmente vigente, pues no puede imponerse pena alguna sino se ha lesionado o puesto en peligro efectivo un bien jurídico protegido ya que la conducta de mi defendido fue enmarcada dentro del ámbito legal, debidamente declarada probada por la Sala Sentenciadora. Aplicando la Ley Penal sustantiva de manera correcta, mi defendido, indefectiblemente debe ser declarado no culpable por este máximo Tribunal de Justicia, por ende, dictarse sentencia absolutoria a su favor. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL a) MOTIVO ÚNICO Violación del artículo 96 de la Constitución de la República. a.1) PRECEPTO AUTORIZANTE El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal, que establece: “En todos los casos en que, con arreglo a este Código, puede interponerse Recurso de Casación contra una resolución judicial, será suficiente para fundamentarlo, la infracción de precepto constitucional” a.2) EXPLICACIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN Al dictar su fallo el Honorable Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán ha violentado claramente el Artículo 96 de la Constitución de la República que establece: “LA LEY NO TIENE EFECTO RETROACTIVO EXCEPTO EN MATERIA PENAL CUANDO LA NUEVA LEY FAVOREZCA AL DELINCUENTE O PROCESADO” relacionado con el artículo 9 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos suscrita en la Conferencia Especializada Sobre Derechos Humanos en San José, Costa Rica (Pacto de San José) referente a los PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y DE RETROACTIVIDAD en favor de una persona sometida a un proceso penal, por cuanto en el presente juicio NO SE HA APLICADO EN FAVOR DEL AHORA IMPUTADO DE MANERA RETROACTIVA como lo manda este precepto constitucional LA NORMA QUE MAS FAVOREZCA AL PROCESADO, en el caso concreto que nos ocupa debió aplicarse retroactivamente a favor del Señor J. D. G. R. el artículo 2 párrafo segundo del Decreto 184-2013 publicado el cinco (5) de octubre del año 2013, en el que se establece una veda o periodo de gracia de un (1) año para que las personas que tengan en su poder armas consideradas de uso ilegal o prohibidas pudieran hacer entrega de las mismas a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad sin ningún tipo de responsabilidad producto de su tenencia incurriendo el Honorable Tribunal en una CLARA INFRACCIÓN A ESTA NORMA CONSTITUCIONAL. A.3) INTERPRETACION PRETENDIDA El presente motivo está constituido por el hecho de que si bien es cierta la conducta de mi representado podría subsumirse o adecuarse a lo dispuesto por el artículo 332-A del Código Penal, estos hechos CARECEN DE ANTIJURIDICIDAD debido que al decretarse esta veda o periodo de gracia establecida en el artículo 2 párrafo segundo del Decreto 184-2013 que reza: “DURANTE ESTE TERMINO DE UN AÑO LAS PERSONAS QUE TENGAN EN SU PODER ARMAS CONSIDERADAS DE USO ILEGAL, PUEDEN HACER ENTREGA DE LAS MISMAS A LAS SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD, SIN NINGUN TIPO DE RESPONSABILIDAD PRODUCTO DE SU TENENCIA, PROCEDIENDOSE A LA INMEDIATA DESTRUCCIÓN DE LAS MISMAS POR PARTE DE LA SECRETARIA DE DICHA INSTITUCIÓN” esta norma intermedia debe aplicarse retroactivamente a favor del ahora encausado Señor J. D. G. R. en virtud de que la misma le favorece dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 96 de la Constitución de la República de aplicar de forma retroactiva la norma más favorable para el procesado.” IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que ésta sentencia tenga validez debe de estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe de subordinar su actividad, es pues éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumplen con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas fijadas en la ley. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por el Abogado O. A. G. M. en su condición de Apoderado Defensor del señor J. M. M. Único motivo: *Normas autorizantes citadas: No determinado por el censor. *Normas procesales que se denuncian infringidas: Artículo 362.3 del Código Procesal Penal. *Concepto de la infracción: Violación a las reglas de la sana crítica. *Acciones de saneamiento: No determinado por el censor. *Pretensión: Anular la sentencia y el debate que la pronunció. Argumenta el censor que el Tribunal de Sentencia al momento de valorar la prueba infringió las reglas de la sana crítica, específicamente en lo concerniente a los supuestos uniformes e implementos policiales, ya que no diferencia en ningún momento quien de los dos imputados transportaba cada objeto, no individualiza la tenencia de dichos elementos, ocasionando con ello un vicio en el fallo que está establecido en el artículo 362 del Código Procesal Penal. De la debida Técnica Recursiva: El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer Recurso de Casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del principio de legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penal sustantivas y normas procesales y por otra parte la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la Doctrina Legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del Recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”. Para lo cual los Estados partes se han comprometido: “a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”. Ahora bien, tal disposición convencional no exime al pretensor cumplir con requisitos legales establecidos en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos: 1) Legitimidad Objetiva: Existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía Recurso de Casación; 2) Legitimidad Subjetiva: Que el recurrente esté legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una Infracción a la Ley; y 3) Satisfacción de Requisitos de Interposición: El recurrente deberá de observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma de interponer el Recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el Recurso de Casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: I) La expresión de la voluntad de impugnar; y II) La fundamentación de la impugnación; añade el autor que ambos elementos deben de confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición. Una vez presentado el Recurso de Casación, corresponde al tribunal de sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento. El Recurso de Casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el tribunal de sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe de ser corregido, siendo esto su pretensión; el recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el Recurso de Casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el Recurso de Casación debe de estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: 1.Identificación del Vicio/Motivo/Recurso: Al momento de la interposición de un Recurso de Casación, el pretensor deberá de señalar en primer término el tipo de Recurso de Casación, seguidamente el motivo en que lo fundamento y luego el vicio que denuncia. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, el pretensor deberá de identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto y material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto el pretensor deberá de encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación; los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de numerus clausus, por tanto, no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, el cual opera bajo el sistema de numerus apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el A Quo. La identificación del motivo de casación lleva al Pretensor a derivar el tipo de Recurso de Casación a interponer; la ley procesal prevé tres tipos de Recursos de Casación: I) Recurso de Casación por Infracción de Ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios in iudicando; II) Recurso de casación por Quebrantamiento de Forma, mediante el cual se denuncias vicios in procedendo; y, III) Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios in iudicando o in procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando el pretensor señala: I) El tipo de Recurso de Casación; II) La norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciara el vicio; el motivo debe de ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; III) Concepto de la Infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe de ser consecuente con el motivo elegido. 2. Explicación del Vicio: Es ineludible para el recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe de ser clara y precisa: La claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; la precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe de ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia meya en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al tribunal de casación hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. Demostración del Vicio: El recurrente, aun cuando allá identificado el vicio, explicado en qué consiste el mismo, no verá prosperar el recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir como considera el Recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe de ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Esta Sala de lo Penal ha sido del criterio que los defectos de la forma que adolezca un Recurso de Casación deberán de ser estudiados siempre teniendo en consideración el Principio de Tutela Judicial contenido en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que permiten a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba, obtener una resolución fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio y que sea ejecutada; por ello a dicho Principio interesa lo referente a: Derecho de acceso a la justicia; 1. Derecho a una resolución fundada en derecho; 2. Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición; 3. Derecho a la tutela cautelar; y 4. Derecho a la ejecución. Los Recursos son instrumentos para la obtención de una tutela judicial efectiva, garantía de rango constitucional: Indica el artículo 82 de la Constitución de la República que “… los habitantes de la república tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”, agregando el artículo 314 Superior que “… es facultad privativa de los Tribunales de Justicia, juzgar y ejecutar lo juzgado…”. Por todo lo anterior, mediante doctrina legal de esta Sala de lo Penal, se ha establecido que aun cuando en el planteamiento de un Recurso de Casación se presentasen errores de forma (cita de precepto autorizante, norma infringida, concepto de la infracción de manera individualizada y diferenciada, aplicación pretendida) o incluso en algunos casos errores en la exposición de conceptos jurídicos, ello no podría significar el rechazo ad portas del conocimiento del recurso, siempre que aun a pesar del desacierto pueda entreverse cuál es el concepto de la infracción, dando respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos con la naturaleza del recurso planteado; el único caso en donde el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso sería cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realiza el censor, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado Ut Supra. (Así establecido en las Sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en Exp 348-2011, del 27 de mayo 2014 en Exp 057-2012, del 04 de febrero de 2014 en el Exp 439-2011, del 23 de octubre de 2013 en Exp 172-2011, del 17 de septiembre de 2013 en Exp 228-2011, entre otras.). DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO: EL RECURSO NO ES DE RECIBO. El Recurso de Casación es improcedente debido a su planteamiento confuso, que deja a esta Sala de lo Penal con la incógnita de cuál es la regla de la sana crítica infringida en la valoración probatoria y por qué razón, pues en ninguna parte del recurso se identifica, lo que impide poder hacer una auditoría al proceso valorativo seguido por el Tribunal de Sentencia. Afirma el recurrente que de la valoración probatoria no se desprende a quién de los acusados se le decomisó los supuestos uniformes e implementos policiales, más ese alegato no permite en manera alguna encuadrar el vicio, nada dice si el razonamiento judicial infringe la regla de la psicología, la regla de la experiencia o la regla de lógica. El recurrente entonces presenta una queja sobre la valoración, no porque plantee una mala construcción del razonamiento judicial, o porque confronte la valoración intelectiva del juzgador con el contenido de una regla integrante de la sana crítica, sino porque no está conforme con dicha valoración probatoria. Al no haberse presentado de manera adecuada el recurso, esta Sala de lo Penal no tiene guía de cuál es el antagonismo entre el razonamiento judicial y las reglas de la sana crítica, ni por qué razón, pues solo se cuenta con el señalamiento que no se individualizó a quien de los dos acusados se le decomisó la indumentaria policial, más ello no determina cuales fueron los vicios, en cada caso, que fueron ocasionados por el sentenciador, los que también debieron ser identificados, explicados y demostrados. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse Recurso de Casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al Recurso de Casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior.[1] En general toda norma legal puede enlazarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe de seleccionar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (recurso ordinario), en contraposición con los Recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (recursos extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández de la Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del Recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Recuso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto por el Abogado H. O. D. M. en su condición de Apoderado Defensor del señor J. D. G. R . Único Motivo.*Precepto Autorizante: 361 del Código Procesal Penal. *Normas que se denuncian infringidas: Artículo 96 de la Constitución de la República. *Concepto de la Infracción: Violación al principio de retroactividad de la ley penal; y, *Pretensión: Declarar Ha Lugar el recurso. El Tribunal de Sentencia al dictar su fallo condenatorio debió aplicar el artículo 96 de la Constitución de la República, el cual establece que la ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado. En el caso concreto, debió aplicarse retroactivamente a favor del señor J. D. G. R. el artículo 2 párrafo segundo del decreto 184-2013, publicado el 5 de octubre de 2013, en el que se establece un periodo de veda o de gracia por un año, para que las personas que tengan en su poder armas consideradas de uso ilegal o prohibidas pudieran hacer entrega de las mismas en la Secretaría de Estado en el despacho de Seguridad, sin ninguna responsabilidad producto de su tenencia. Del Principio de Retroactividad de la Ley Penal: La exigencia para que un hecho pueda castigarse como delito es preciso de modo ineludible, que previamente haya sido declarado como tal por una ley, así se refleja en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre del 10 de diciembre de 1948; artículo 11.2: "Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.”. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, esto se le llama el principio de identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigencia una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el tribunal de justicia deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que ninguna persona debe ser castigada por una conducta que al momento de la comisión era lícita, de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben de ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello. Haseemer señala que "una ley que pretenda ser aplicable a un caso que haya ocurrido antes de que la ley haya entrado en vigor, es un fantasma del Estado Policía (Hassemer, Winfried, Fundamentos del Derecho Penal, Bosh, Casa Editorial S.A., 1984., Pág. 320)", en virtud de que el daño, que se pretende evitar por parte de la comunidad, ya ha sido producido antes de su promulgación, cuando la misma era de carácter lícito y no reprochable. Claus Roxin (Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civitas A.S., España, p. 141) explica los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión, sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible, sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); y 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Tales tipos de retroactividad no son posibles ya que el Estado debe de determinar ante fáctum los hechos que consienta prohibidos, de modo que los ciudadanos tengan confianza en que los límites de su libertad están determinados y que pueden actuar dentro de esos límites establecidos sin que posteriormente puedan ser objetos de algún reproche por los mismos. Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva o innecesaria, lo que debe de ser apreciado no solo en procesos penales pendientes, como el caso que nos ocupa, sino además en los procesos con resoluciones firmes, antes o durante el cumplimiento de las penas. "Una Ley más favorable no es una ley abusiva, por el contrario, significa el reconocimiento de mayores ámbitos de libertad, luego la retroactividad de la ley más favorable no niega el principio de legalidad, si no que más bien lo afirma." (Bustos Ramírez Juan, Manual de Derecho penal, Parte General, Barcelona, Edit. Ariel S.A, 3° Edición, 1989, pg. 82). Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entra en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente, "esta exigencia es inseparable del principio de legalidad penal; si debe existir una ley que defina las conductas delictivas para poder perseguirlas, dicha ley debe estar vigente en el momento en que se cometen los hechos, por eso la ley penal es irretroactiva y no puede aplicarse a hechos anteriores a su entrada en vigor (Muñoz Conde, Francisco. Derecho Penal, parte general, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia España, 1° edición, 1993, pg. 98.)", salvo el caso mencionado, cuando sea más beneficiosa. Ante una nueva regulación penal corresponde al juzgador determinar cuál es la ley que es más favorable al acusado o condenado: la vigente al momento del hecho o la vigente al momento de juzgamiento o ejecución de la pena, dándose tal respuesta a depender de: 1. Si la ley penal vigente al momento de los hechos ha sido derogada por una nueva ley, lo que sin dificultad se concluye que la nueva ley es más beneficiosa por despenalizar lo que la anterior tipificaba como delito; 2. Si la ley penal vigente al momento del hecho contemplaba una pena de la misma naturaleza más grave que la prevista en la ley penal vigente al momento del juzgamiento o ejecución de la pena, entonces se debe de aplicar la ley penal vigente (ley nueva), por ser más beneficiosa; o 3. Si la Ley penal vigente al momento del hecho contemplaba una pena de distinta naturaleza a la prevista en la ley penal vigente al momento de juzgamiento o ejecución de la pena, el órgano jurisdiccional decidirá conforme al caso concreto y en la eventual situación de duda podrá consultar a la persona condenada cuál de las normas le resulta más beneficiosa, pues a la postre el destinatario de las mismas es ella, y el principio lo que busca es su beneficio. Lo anterior nos lleva a otra posibilidad, existirán casos en que la nueva ley contenga aspectos que le beneficie al reo o procesado, pero que a su vez también le perjudique, lo que obliga, como en el caso anterior, a que el juez realice un estudio del caso concreto, a fin de determinar cuál de las normas es la más beneficiosa en su totalidad, es decir, tomando en cuenta tanto los beneficios como los perjuicios de su aplicación, no siendo posible aplicar los aspectos más beneficiosos de la nueva ley sin aplicar los perjudiciales, ya que, como señala M. C. "el Tribunal estaría creando una nueva norma (…) y desempeñando con ello funciones legislativas que no le competen." (Muñoz Conde; Francisco; García Arán, Mercedes. Derecho Penal Parte General, 3° Edición. Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 1998, Pág. 159 y 160). En definitiva, el texto del artículo 96 de la Constitución de la República establece que "la ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", lo cual está desarrollado en el artículo 9 del Código Penal, que indica que: “Las leyes penales tienen efecto retroactivo en cuanto favorezcan al procesado, aunque al entrar en vigencia aquellas hubieren recaído sentencia firme y el reo estuviere cumpliendo la condena.”. DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO: EL RECURSO NO ES DE RECIBO. El censor denuncia infringido el precepto constitucional que contiene el principio de retroactividad de la ley penal establecido en el artículo 96 de la Constitución de la República. El hecho probado objeto de juzgamiento establece que el día catorce (14) de junio de dos mil doce (2012), a las cuatro y treinta de la tarde, en el lugar que ocupa el puente de Germania, salida al sur de Tegucigalpa, específicamente en los apartamentos conocidos como “Villas Coro Moto”, miembros de la policía dieron captura a los señores J. M. M. y J. D. G., decomisándole al señor J. M. M., un vehículo marca Mazda 3, color blanco, placa PBC7694, tipo turismo vidrios poralizados, un fusil Galil, propiedad de la Policía Nacional, con serie número 98114569, un cargador metálico conteniendo treinta cartuchos de calibre desconocido, un radio de comunicación marca Motorola, con su respectiva batería, un cargador con su respectiva base, una prótesis, un casco color azul que se lee en su parte frontal Policía, un uniforme completo de la Policía Nacional, un par de botas policiales color negro, un chaleco de tránsito, un chaleco antibalas color negro y un par de placas de vehículos número PCW8019, así como una funda color negro de cuero; decomisándole, asimismo, al señor J. D. G. R., un vehículo marca Nissan, modelo Murano color oro, año 2005, placa BCH6376, en cuyo interior se encontraba una arma de fuego tipo fusil M16, marca Colt calibre 556mm, serie 9582904, dos cargadores metálicos, sacos adheridos con cinta aislante color negro, el cual contiene un cargador con 25 cartuchos de calibre desconocido, dos pares de bota color negro policiales, un chaleco antibalas color negro que se lee Policía, un uniforme completo de la Policía Nacional, una camisa tipo fatiga de la Policía Nacional, un radio de comunicación Motorola serie 921TG85869, una batería de radio comunicación con serie HNN9008A, un casco color blanco, una capona de inspector, dos chalecos de identificación policial de tránsito, un par de placas serie PBK9931. Por este hecho el señor J. D. G. R. fue condenado por el delito transporte de uniformes e insignias, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de cinco (5) años de reclusión, y también por el delito de transporte de armas o municiones y material de guerra en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de ocho (8) años de reclusión y al pago de una multa de cinco mil lempiras (L 5, 000.00). Sucede que para la fecha del dictado de la sentencia condenatoria, quince (15) de febrero de dos mil quince (2015), se encontraba en vigencia el decreto legislativo número 63-2014, el cual, prorroga la vigencia del decreto legislativo número 184-2013, por un periodo de seis (06) meses, a partir del vencimiento de dicho decreto, con el objeto de que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego proceda a realizar los trámites de registro, debiendo presentar toda la documentación pertinente a excepción de la factura de compra en La Armería, como excepción. Es pues que esta prórroga se refiere exclusivamente a las armas de fuego de carácter comercial y no a las armas de fuego catalogadas como de guerra. El término de prorroga comenzó a correr el día siguiente al vencimiento del plazo señalado en el Decreto 184-2013, es decir el 06 de Octubre de 2014, y venció el 06 de Abril de 2015, quedando en suspenso –pero no derogando- la positividad de las normas que establecen sanciones administrativas contenidas en la Ley de Armas y algunos de los verbos rectores del delito contenido en el artículo 332-B del Código Penal, quedando excluido, por tanto, las conductas (punibles) relacionadas con las armas de guerra, reservadas para uso exclusivo de los cuerpos de seguridad del Estado de Honduras. Adicional a lo anterior, es que al tratarse de una ley temporal y no una ley intermedia, como erróneamente señala el recúrrete, para que tenga aplicación debe de estar vigente al momento de la comisión de la conducta reprochada; la ley temporal deja en suspenso, con la concurrencia de otras condiciones, algunos de los verbos rectores del artículo 332 B, tiene un plazo taxativo de vigencia y tiene como principio fundamentador que no se aplicara a supuestos ni en momentos distintos de los comprendidos expresamente en ellas. En cambio, la ley intermedia al ser una ley posterior deroga la ley anterior, se da identidad plena en cuanto al hecho regulado y se viene a dar una sucesión de leyes penales. En el caso concreto, se pretende la retroactividad de un decreto temporal, lo cual no se abarca por el principio de retroactividad de la ley penal. Por todas estas razones, deviene improcedente el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. Recurso de Casación por Infracción de Ley: Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados es el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia en base a lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el Juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los Hechos Probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados. 2. Falta de Correspondencia entre los Hechos Probados y el fallo por Infracción de Precepto Sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso. b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis. c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal. d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión, a través del Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva hecha por el Tribunal de Sentencia, o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el Recurso de Casación por Infracción de Ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de Casación por Infracción de Ley interpuesto por el Abogado H. O. D. M., en su condición de Apoderado Defensor del señor J. D. G. R..- Primer Motivo: *Precepto Autorizante: 360 del Código Procesal Penal. *Normas que se denuncian infringidas: Artículo 332-A del Código Penal y la no aplicación retroactiva del artículo 96 de la Constitución de la República. *Concepto de la Infracción: Aplicación indebida del artículo 332-A del Código Penal Vigente; y, *Pretensión: Declarar Ha Lugar el recurso. El Censor denuncia la aplicación indebida del artículo 332-A del Código Penal que contiene el delito de transporte de armas o municiones y material de guerra en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras. El Tribunal de Sentencia al dictar su fallo incurrió en violación de normas sustantivas al no aplicar a favor del imputado de manera retroactiva el artículo 2 párrafo segundo del decreto 184-2013, publicado el cinco de octubre de dos mil trece, a través del cual se encontraba en vigencia una veda o un periodo de gracia de un (1) año para que las personas que tengan en su poder armas consideradas de uso ilegal, puedan hacer entrega de las mismas a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, sin ningún tipo de responsabilidad producto de su tenencia. Segundo Motivo: *Precepto Autorizante: 360 del Código Procesal Penal. *Normas que se denuncian infringidas: Artículo 2-C del Código Penal. * Concepto de la Infracción: Falta de aplicación del artículo 2-C del Código Penal Vigente; y, *Pretensión: Declarar Ha Lugar el Recurso. Denuncia la falta de aplicación del artículo2-C del Código Penal, el cual establece que no podrá imponerse pena o medida de seguridad alguna si la acción u omisión no lesiona o pone en peligro efectivo un bien jurídico protegido por la ley penal. Considera que el hecho carece de antijuricidad ya que con base en el artículo 96 de la Constitución de la República debe aplicarse retroactivamente el artículo 2 párrafo segundo del decreto 184-2013, a través del cual se encontraba en vigencia una veda o un periodo de gracia de un (1) año para que las personas que tengan en su poder armas consideradas de uso ilegal, puedan hacer entrega de las mismas a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, sin ningún tipo de responsabilidad producto de su tenencia. Por esta razón debe absolvérsele. DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO: EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Al no haber prosperado el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, ambos motivos de casación por infracción de ley se ven privados de contenido, ya que el censor en su primer motivo argumenta que el tipo penal de transporte de armas y municiones o material de guerra no se configura porque debe aplicarse retroactivamente el decreto legislativo 184-2013; asimismo, en el segundo motivo, denuncia la falta de aplicación del precepto penal general contenido en el artículo 2-C del Código Penal, argumentando que la conducta reprochada no es antijurídica porque debe aplicarse retroactivamente el artículo 2 párrafo segundo del decreto 184-2013. En ambos motivos, es conveniente dar la misma respuesta jurídica del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. V. DECISIÓN: -No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por el Abogado O. A. G. M. -No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo interpuesto por el Abogado H. O. D. M. -No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en sus dos motivos interpuesto por el Abogado H. O. D. M. VI. POR TANTO, La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 361, 362 y 363 del Código Procesal Penal. FALLA: 1) DECLARA NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo, interpuesto por el Abogado O. A. G. M. en su condición de apoderado defensor del señor J. M. M. M. 2) DECLARA NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su único motivo, interpuesto por el Abogado H. O. D. M. en su condición de apoderado defensor del señor J. D. G. R. 3) DECLARA NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de ley, en sus dos motivos, interpuesto por el Abogado H. O. D. M. en su condición de apoderado defensor del señor J. D. G. R.; 4) DECLARA FIRME Y EJECUTABLE LA SENTENCIA CONDENATORIA de fecha quince de febrero del año dos mil quince dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a derecho. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. MICHELLE ALESSANDRA IZAGUIRRE. RECEPTORA ADSCRITA. SECRETARÍA GENERAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de mayo del año dos mil diecinueve. Certificación de la Sentencia de fecha dos de abril del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-198-2015.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
[1]El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que, durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.