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Sentencia CP-196-16 — Registro 9748

Resumen

En primera instancia se absuelve a los acusados por el delito de homicidio simple, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

...". El recurso no es de recibo. Hoy por hoy el recurso de casación por quebrantamiento de forma planteando como motivo: la omisión del principio lógico de derivación, ocupa un gran porcentaje de los recursos que resuelve esta Sala de lo Penal. Desafortunadamente en algunos casos los recurrentes presentan como pretensión un reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el Tribunal de Sentencia, pretendiendo así que los jueces de Casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren un medio de prueba determinado, extraigan conclusiones probatorias y luego las comparen con aquellas a las que arribó el a quo, decidiendo finalmente si lo hecho por los Jueces de Sentencia está bien o mal, a depender si coincide la valoración de la prueba, todo ello impropio en la única instancia. Como hemos explicado, no existe una previa determinación de pruebas, por lo que éste debe ser asignado por el juzgador de la instancia haciendo mano de las reglas de la sana crítica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto en relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo (inmediación) ajeno a los jueces de casación. Por ello el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; la casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba; las partes en la interposición del recurso no pueden pretender que este Tribunal declare el acierto o desacierto del Tribunal de Sentencia sobre sus criterios valorativos, pues ello sería rebasar las potestades legales conferidas por la ley a los jueces de casación.El recurrente funda su reproche recursivo en la violación de las reglas de la sana critica, básicamente, al principio lógico de derivación, como postulado de razón suficiente, consistente en la declaración de los testigos: 1) A. L. C. F.; 2) A. H.; 3) Testigo protegido clave PJ-23; como prueba pericial: Dictamen de autopsia N° 475-2013 (F 223); Documental: 1) Acta de levantamiento de cadáver N° 296-13 (F16 a F18); 2) Álbum fotográfico forense (F105 a F114). 1) Declaración testifical de la señora A. L. C. F. (F214 vuelto): quien declaró: entre otras cosas: “…Es Agente de Investigación, que el 24 de febrero se encontraba de turno en delitos contra la vida, realizaron el levantamiento del Señor A. R. por el Instituto “Modesto Rodas”, lograron identificar un testigo protegido y manifestó que el día antes en horas de la noche había observado que salía un grupo de personas encabezadas por S., D., S. B. identificado por el chele, observaron que llevaban un bulto largo envuelto en trapos, cuando el día siguiente ve que estaban haciendo un levantamiento y él vio un día antes cuando lo llevaba, el vio que la señora S. estaba lavando el cuarto y que estaba quemando una ropa, la esposa del imputado dijo que la señora S. y el señor C. tenían una relación y vio a la señora S. lavando el cuarto, que se capturo al señor C. y posteriormente a la señora S.”. 2.) Declaración Testifical de la señora A. H. (F238): dicha declaración se introdujo por lectura autorizada, en la que manifestó: “Yo llegué a visitar a A. en el cuarto, yo le dije que nos fuéramos y él me dijo que no, pero días atrás había sido amenazado por J. D. C. M., S. D. B. A. y B. L. H. y otro que solo le dicen el chele y la señora S., eso fue como quince días antes de su muerte. El día lunes 25 de febrero de 2013, yo fui a su cuarto donde vivía, estaba la señora S. lavando el cuarto, y me dijo que A. ya no estaba que había muerto, y yo fui a la morgue a ver si era cierto y si era cierto, y ella estaba quemando una ropa del finado y lavando y me sacó un saco lleno de botellas de cerveza y guaro y yo le dije no creo que una sola persona se haya tomado todo eso y me fui a la morgue y a las seis me entregaron a él”.A preguntas de la Fiscalía respondió: ¿Tenía S. llaves del cuarto? R: Si ella era la administradora la encargada. 3) Declaración Testifical Testigo Protegido Con Clave PJ-23 (F238): dicha declaración se realizó lectura como prueba anticipada, quién manifestó: “El día 23 de febrero del año 2013, iba pasando por el colegio Modesto Rodas Alvarado, mire que se asomaba de una cuartería una señora de nombre S., y después salieron cuatro personas con los nombres de J. D. C., B. L. H. y S. D. B., miro que salen con un bulto grande envuelto en sabanas con manchas de sangre y mire que lo llevan entre los cuatro a la vuelta de la Modesto Rodas Alvarado y pase para mirar y ellos me miraron y no yo no mire nada, hasta el día siguiente que la policía encontró el cuerpo en la misma escena donde tiraron el bulto grande. El día veinticinco de febrero de 2013, la mujer de A. R. fue al cuarto de él, pero la señora S. estaba lavando el cuarto y se observaron manchas de sangre”. A preguntas de la Fiscalía, respondió: ¿Cómo es físicamente S.? R/ es gorda, trigueña y pelo liso; ¿Cómo a qué hora observó a las cuatro personas? R/ eran las nueve de la noche; ¿usted se refirió en su declaración a S. que se asomaba? R/Se asomaba para ver quien estaba y quien la miraba; ¿puede describir el lugar del que sacan el bulto? R/Una cuartería con portón de lámina de zinc: ¿pudo observar el orden de los cuatro sujetos? R/ Dos lo llevaban de la mano y dos de los pies.El Tribunal al valorar en su conjunto la prueba testifical ofrecida por la parte acusadora, considera: “Las anteriores declaraciones a criterio de estos juzgadores no resultan suficientes para vincular a J. D. C. M. y J. S. M. V. como autores de la muerte del señor A. R.. En primer lugar, lo advertido por la señora A. H. ocurre en fecha 25 de febrero de 2013, es decir, cuarenta y ocho horas después de la muerte del ahora occiso y resulta lógico, que, si la señora J. S. M. era la administradora de los apartamentos, y contaba con las llaves de los cuartos, se dedicara a lavar y ordenar, al tener conocimiento de la muerte del ofendido, cuyo cuerpo ya había sido reconocido por las autoridades a inmediaciones de la escuela Modesto Rodas Alvarado, en fecha 24 de febrero de 2013, siendo un hecho conocido por la comunidad. Por otra parte, no obra denuncia alguna de supuestas amenazas contra el señor R. y al contrastar la declaración de este testigo, con la del testigo protegido PJ-23, este último refiere que la señora A. le mencionó haber visto manchas de sangre en el cuarto, cosa que ella no manifestó ante la autoridad competente. En cuanto a la declaración del testigo protegido PJ-23 entra en varias contradicciones al manifestar que él estaba ubicado en la escuela Modesto Rodas, cuando ve salir a las cuatro personas cargando un bulto desde una cuartería, y que van a dejar dicho bulto hacia la escuela, y luego hace mención a que lo llevaban de manos y pies, como si se tratara de un cuerpo, cosa que no mencionó desde un principio. Además, esta versión no coincide con la forma como se descubre el cadáver de la víctima, el cual solo estaba cubierto con cartones y no envuelto en sabanas como narra el testigo. Por otra parte, resulta muy difícil que cuatro personas carguen un cadáver desde unos apartamentos, hasta una escuela sin exponerse a ser notados por los vecinos del lugar a una hora de la noche donde por lo general aún hay personas circulando en vía pública, además no se realizaron pericias técnicas que lograran establecer que efectivamente la muerte del ofendido se produjo en la mencionada cuartería o si fue en el mismo lugar donde su cuerpo fue reconocido, ni se produjo el decomiso de alguna pieza de convicción o ejecución del crimen, por todo lo cual estas declaraciones no resultan verosímiles para estos juzgadores”. En cuanto al dictamen de autopsia N° 475-2013, fue ratificado por el Doctor A. D. M. O.; Acta de levantamiento de cadáver N° 296-13, Álbum fotográfico forense, ambas fueron incorporadas mediante exhibición, ya que los peritos no comparecieron en juicio oral y público, la cual el Tribunal de Sentencia la valoró de la siguiente manera: “No fue un hecho controvertido en este juicio que el señor A. R. O. falleciera a consecuencia de heridas producidas por un arma blanca contuso cortante (tipo machete), la mayoría recibidas en su cabeza que le provocaron una laceración cerebral lo que le ocasionó la muerte, de todo lo cual se ha dejado constancia en la autopsia número SPS 475-13, practicada por el perito forense A. D. M. O., quién compareció a juicio a ratificar dicho peritaje, del cual este tribunal no tiene ninguna duda de la veracidad de su contenido, logrando crear certeza en estos juzgadores de los hallazgos que en dicho documento se consignan, constituyendo prueba indubitada de la muerte violenta del señor A. R. O., además también obra como prueba documental un acta de levantamiento cadavérico con número 296-13, de fecha 24 de febrero del año dos mil trece, elaborada por el técnico de inspecciones oculares J. P., misma que fue introducida por lectura autorizada, con la cual se establece claramente la disposición y lugar exacto donde fue reconocido el cuerpo del ofendido. Así como un álbum fotográfico del lugar del levantamiento del cadáver, elaborado por la analista de investigación criminal B. R. R., con el cual se establece la forma en que se encontraba el cuerpo sin vida del occiso; sin embargo, en lo que respecta a la autoría de dicho hecho, la prueba relacionada no nos ofrece datos que puedan servir para individualizar al o los participantes del hecho. La Sala de lo Penal no identifica infracción al principio lógico de derivación, como postulado de razón suficiencia, por el Tribunal de Sentencia en el proceso de valoración probatoria; el pretensor hace enumeración de lo que considera es prueba indiciaria de culpabilidad y que debió llevar a los juzgadores a dictar una sentencia condenatoria, pero en realidad tal enumeración es en realidad conclusiones subjetivas no derivadas de prueba directa que fue aportada. Es importante apuntar que en el presente caso no existe investigación por parte del Ministerio Público, más que aquella que se generó del asesinato del señor A. R.O., sin haber realizado ninguna diligencia en cuanto a hechos anteriores, concomitantes o posteriores, por lo que la prueba en si, es la producida como consecuencia de la agresión a la vida sufrida por el occiso y la producida como consecuencia de la aprehensión de los acusados J. D. C. M. y J. S. M. V.. Es importante recordar que el proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto, mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el Tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad, pudiendo ser positiva cuando se ha llegado a la convicción de la persona autora del mismo, y negativa cuando se ha llegado a la firme creencia de que algo no sucedió o que la persona señalada como autora del mismo no participó en el mismo; estas dos posiciones no necesariamente nos conducen a certezas absolutas, pues en múltiples casos se producen estados intelectuales intermedios, como la duda, las probabilidades e improbabilidades. En consecuencia, esta Sala de lo Penal no identifica infracción a las reglas de la sana crítica en su regla de la lógica en su principio de derivación en su apartado de suficiencia, por parte del Tribunal de Sentencia en el proceso de valoración probatoria, pues en el caso sometido al control casacional de esta Sala, el Tribunal Sentenciador ha señalado que, los medios probatorios de cargo sometidos al contradictorio, si bien han probado la existencia del hecho típico, no han podido establecer fehacientemente la responsabilidad penal del imputado, el estado de inocencia no ha sido vulnerado durante el desarrollo del debate, quedando establecida la ausencia de prueba insuficiente, para formar en el conocimiento del Tribunal el grado de certeza para declarar la responsabilidad penal del acusado en el hecho que se les imputó; lo anterior, implica entonces, que no existe violación a las reglas de la sana crítica, tal como erróneamente ha señalado el pretensor.Decisión: No ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha treinta y uno de octubre del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “Sentencia n la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los treinta y un días del mes de octubre del dos mil diecinueve, el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados: JOSE Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero, A. Consuelo Guzmán G., han pronunciado. En nombre del Estado de HondurasLa siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-196-2016 por por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintiocho de septiembre de dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual: Primero: Absolvió al señor J. D. C. M., del delito de Homicidio Simple, en perjuicio del señor A. R. O..-Segundo: Absolvió a la señora J. S. M. V., del delito de Homicidio Simple, en perjuicio del señor A. R. O..- Tercero: No procedió la condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio.- SON PARTES: La Abogada Y. M.M. L., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente. Los Abogados J. R. I. S. y A. A. G., en su condición de Defensores Públicos de los señores J. D. C. M. y J. S. M. V., como parte recurrida. HECHOS PROBADOS“Este Tribunal de sentencia, valorando las pruebas practicadas en juicio, de acuerdo a las reglas de la Sana Crítica, estima y declara expresa y terminantemente probados el hecho siguiente: PRIMERO: El día veintitrés de febrero del año dos mil trece, a las nueve de la noche, el señor A. R. O. falleció a consecuencia de diez heridas producidas por arma blanca tipo machete, inferidas en distintas partes de su cuerpo, por parte de persona o personas desconocidas. Posteriormente el día veinticuatro de febrero del mismo año, aproximadamente a las ocho de la mañana, las autoridades correspondientes, procedieron a realizar el reconocimiento cadavérico del cuerpo del señor R. O. en la parte posterior de la Escuela Modesto Rodas Alvarado, de la Colonia Ebenezer del sector Chamelecón de esta ciudad de San Pedro Sula, Cortés. ”RECURSO DE CASACIÓN, MOTIVOS Y ARGUMENTOS El recurrente Abogado R. D.N., procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente:“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: PRIMER MOTIVO: Que, al haber dictado el Juzgador, sentencia absolutoria a favor de J. D. C. M. y J. S. M. V., lo hizo valorando la prueba inobservando las Reglas de la Sana crítica. PRECEPTOS AUTORIZANTES: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 3 del Artículo 362 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Al examinar la sentencia ya referida, observamos que adolece de vicio in procedendo, pues infringe el artículo 202 del Código Procesal Penal, que establece: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta tinta y armónica toda la prueba producida” en virtud que el Juzgador al momento de dictar sentencia absolutoria en fecha veintiocho (28) de Septiembre del 2015, respecto a los imputados J. D. C. M. y J. S. M. V.,lo hizo vulnerando la regla lógica en su Principio de Derivación, en su apartado de suficiencia, de la manera que a continuación desarrollamos: Para el Sentenciador las declaraciones de los testigos de cargo, no resultan suficientes para vincular a los acusados como autores de la muerte del señor A. R., ya que lo narrado por la señora A. H., ocurre en fecha veinticinco de febrero del año dos mil trece, es decir cuarenta y ocho horas después de la muerte del ahora occiso y resulta lógico que si la acusada J. S. M. V., era la administradora de los apartamentos y contaba con las llaves de los cuartos, se dedicara a lavar y ordenar, al tener conocimiento del ofendido, cuyo cuerpo ya había sido reconocido por las autoridades a inmediaciones de la Escuela Modesto Rodas Alvarado en fecha veinticuatro de febrero del año dos mil trece, siendo un hecho conocido en la comunidad y que por otra parte no obra denuncia alguna de las supuestas amenazas en perjuicio de la víctima y que el dicho de la testigo A. H. en relación al del testigo Protegido PJ-23 no coincide, ya que éste refiere que la primera le mencionó haber visto manchas de sangre en el cuarto, cosa que ella no manifestó ante autoridad competente; que el testigo protegido entró en varias contradicciones en relación a la ubicación que tenía cuando vio salir el cuerpo de la víctima cargado por cuatro personas y que no mencionó desde el principio que lo llevaban de las manos y de los pies, como si fuera un cuerpo; ya que inicialmente solo mencionó haber visto un bulto que era llevado hacia la escuela Modesto Rodas Alvarado y no coincide con la forma en que fue descubierto el cadáver del occiso, el que estaba cubierto de cartones y el testigo dijo que lo vio envuelto en sabanas y que resulta difícil que cuatro personas carguen un cadáver desde unos apartamentos hasta una escuela sin exponerse a ser vistos por vecinos del lugar, en una hora de la noche en la que por lo general, hay personas aún circulando en la vía pública y no se realizaron pericias técnicas que lograran establecer que efectivamente el hecho se produjo en la mencionada cuartería o si fue en el lugar donde fue reconocido ni se produjo el decomiso de piezas de convicción o ejecución del crimen, por lo que las declaraciones señaladas resultan inverosímiles. De lo anterior cabe citar entonces, que la única razón por la cual el Tribunal de Sentencia, absuelve a los encartados J. D. C. M. y J. S. M. V., es porque considera que las declaraciones de los testigos de cargo no son suficientes para vincular a los imputados en la comisión de los hechos, ante esta premisa, no podemos obviar que el Juzgador posea cierto grado de incipiente valoración fáctica, si éste únicamente se enfoca en “con que las declaraciones de los testigos no es posible establecer la responsabilidad de los acusados”; sin embargo, al Juzgador nuestra norma adjetiva le manda que debe ir más allá, debiendo revisar y valorar la probanza allegada al juicio en su conjunto y de manera armónica, lo cual en el caso de mérito no sucede. Se presentó como prueba de cargo, la siguiente: TESTIFICAL. 1.- Declaración de A. L. C. F.; Agente de Investigación, quien manifestó que el día veinticuatro de febrero del año dos mil trece, se encontraba de turno en la Unidad de Delitos contra la Vida y realizaron el levantamiento del señor A. R., por el Instituto Modesto Rodas Alvarado de la Colonia Even Ezer, sector Chamelecón de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés y lograron identificar a un testigo protegido, quien manifestó que un día antes de los hechos, es decir el veintitrés de febrero del año dos mil trece, en horas de la noche había observado que salía un grupo de personas, encabezados por los acusados J. S. M. V. y J. D. C. M. y otra persona identificada como “El Chele” que llevaban un bulto largo envuelto en trapos y al siguiente día vio que realizaban un levantamiento de cadáver; también vio que la señora S. estaba lavando el cuarto donde vivía el occiso y estaba quemando una ropa; la esposa de la víctima dijo que la señora S. con el señor C. tenían una relación y vio a la señora S. lavando el cuarto; luego se le dio detención al señor C. y posteriormente a la señora S., ésta última era la encargada de los cuartos; que existe proximidad entre la cuartería y el lugar donde encontraron el cadáver y el testigo protegido dijo que iba por la cuartería cuando observó parte del desarrollo de los hechos y que fue a las nueve de la noche.(Lo resaltado es nuestro). 2.- Declaración rendida en Audiencia Inicial de la señora A. H.; esposa del occiso; quien manifestó que ella llegó a visitar a A. en el cuarto donde vivía y le dijo que se fueran porque como quince días antes de su muerte había sido amenazado por J. D. C. M., S. D. B. y B. L. H., uno que le dicen “El Chele” y la señora S.; pero A. no quiso irse y el día lunes veinticinco de febrero del año dos mil trece, ella fue nuevamente al cuarto donde vivía el occiso y estaba la señora S. lavando el cuarto donde éste vivía y quemando una ropa del occiso; asimismo la señora S. le mostró un saco lleno de botellas de cerveza y guaro y ella(la testigo) le dijo que no creía que una sola persona se hubiera tomado todo eso y la señora S. le dijo que A. ya no estaba, que había muerto, por lo que ella se fue para la morgue para ver si era cierto y confirmó que así era y le entregaron el cadáver a ella; la testigo refirió que la acusada era la encargada de la cuartería (Lo resaltado es nuestro). 3.- Declaración rendida mediante las formalidades de prueba anticipada del Testigo Protegido con clave PJ-23; quien expresó que el día veintitrés de febrero del año dos mil trece, como a las nueve de la noche, iba pasando por el Colegio Modesto Rodas Alvarado y observó que se asomaba de una cuartería con portón de lámina de zinc, una señora de nombre S., refiriéndose a la acusada; para ver quien estaba y quien la miraba: y de ese lugar después salieron cuatro personas con los nombres de J. D. C. M., B. L. H. y S. D. B.; los que llevaban un bulto grande envuelto en sabanas, con manchas como de sangre y lo llevaron a la vuelta del Modesto Rodas Alvarado y él pasó a mirar, pero al ser visto por éstas personas ya no miró hasta el día siguiente que la Policía encontró el cuerpo en la misma escena donde tiraron el bulto grande; que dos de los sujetos llevaban el bulto en forma de cuerpo tomado de las manos y dos de los pies. El día veinticinco de febrero del año dos mil trece, la mujer de A. R. fue al cuarto de él, pero la señora S. estaba lavando el cuarto y se observaban manchas de sangre; qué la señora S. es gorda, trigueña y pelo liso. (Lo resaltado es nuestro). PERICIAL. Dictamen de Autopsia número 475-2013 practicado por el Doctor A. D. M. O. el cual fue debidamente ratificado en juicio por el Perito y en el que se concluye que el señor A. R. O. murió a consecuencia de diez heridas producidas por arma blanca, contuso cortante (tipo machete); que la mayoría de esas heridas fueron producidas en la cabeza, lo que le provocó una laceración cerebral, ocasionándole la muerte.DOCUMENTAL.1-) Acta de Levantamiento de Cadáver número: 296-13, de fecha veinticuatro de febrero del año dos mil trece, elaborada por el técnico de Inspecciones Oculares J. P., en la que se establece la disposición y lugar donde fue reconocido el cadáver del señor A. R. O.: 2- Álbum Fotográfico Forense realizado por la Analista de Investigación Criminal B. R. R., con la que se establece la forma en la que se encontraba el cuerpo del occiso. Ante el cuestionamiento del sentenciador, al seña1ar que las declaraciones de la señora A. H. y el testigo Protegido PJ-23, resultan inverosímiles para vincular a los acusados en la comisión del ilícito debemos considerar que no obstante a que no consten mediante denuncia las amenazas que expresó la señora A. H., había recibido su esposo, el señor A. R. de parte de los acusados, aproximadamente quince días antes de que éste perdiera la vida; ya que es de conocimiento general que en lugar donde se desarrollan los hechos es un sector conflictivo de la Ciudad de San Pedro Sula, en el Departamento de Cortés; lo que pudo haber generado temor en la víctima para interponer la correspondiente denuncia; sin embargo la testigo dijo que ante esa situación ella le dijo al señor R. que saliera del lugar donde vivía, que era una cuartería administrada por la acusada J. S. M. V., pero el occiso no aceptó y dos días después de que ocurren los hechos, es decir veinticinco de febrero del año dos mil trece, ya que la muerte del señor R. fue ocasionada el día veintitrés febrero de ese mismo año, de acuerdo al acta de levantamiento respectiva; la testigo afirma haber llegado a esa cuartería y encontrarse con la acusada, precisamente en el cuarto que rentaba el occiso; que la vio quemando una ropa del señor A. R. y lavando su cuarto y que en el momento de entrevistarse con ella, le dijo que el señor R. ya no estaba ahí, porque había muerto y que le mostró un saco de botellas de cervezas y guaro, a lo que la testigo reaccionó y le dijo que no creía que una persona se hubiera tomado esa cantidad de alcohol, refiriéndose a su marido; posteriormente la testigo se fue a la morgue con el objeto de verificar la información que le dio la acusada y confirmó que el señor A. R. si estaba muerto. El dicho de la testigo A. H., se corrobora con lo expresado por el Testigo Protegido PJ-23, quien dijo tener conocimiento que la señora H. era la cónyuge del occiso y que el día veinticinco de febrero de1 año dos mil trece había ido a la habitación de éste, ubicada en la cuartería que era administrada por la señora J. S. M. y que ésta se encontraba lavando el cuarto, en el que se observaban manchas de sangre y aunque este aspecto no fue mencionado por la señora H. en su declaración, no significa que no se lo haya expresado al testigo protegido, ya que no necesariamente tuvo que haber detallado todo lo que percibió el día que se entrevistó con la acusada, aunado a que la testigo pudo estar afectada emocionalmente, debido a que el señor A. R. era su cónyuge. Por otra parte el testigo Protegido PJ-23, expresó conocer personalmente a la señora J. S. M., describiéndola como gorda trigueña y pelo liso y que el día de los hechos, el veintitrés de febrero del año dos mil quince como a las nueve de la noche, pudo observar a la acusada, asomándose desde la cuartería que describe con un portón de lámina de zinc, para ver quien estaba cerca y quien la miraba; pudiendo observar que salieron cuatro personas, entre ellas el acusado J. D. C. M., que cargaban un bulto grande envuelto en sabanas con manchas de sangre y en el momento que lo cargaban pudo ver que tenía forma de un cuerpo, ya que dos de los individuos lo llevaban de las manos y dos de los pies y que lo llevaron atrás del colegio Modesto Rodas Alvarado, y él se acercó para observar, pero no pudo hacerlo al ser sorprendido por el acusado y sus acompañantes y fue hasta el día siguiente, es decir veinticuatro de febrero del año dos mil trece que se enteró de quien se trataba, ya que la policía precedió a realizar el levantamiento de cadáver en el mismo sitio donde él había observado la noche anterior, que tiraron el bulto grande en forma de cuerpo, aspecto que también se confirma con la declaración de la testigo A. L. C. F., Agente de Investigación, quien manifestó que ese día se encontraba de turno en la Unidad de Delitos contra la Vida y que realizaron el levantamiento de cadáver del señor A. R. por el Instituto Modesto Rodas Alvarado, en la colonia Ebenezer, del sector Chamelecón y que lograron identificar al testigo protegido, quien la noche anterior vio cuando el acusado D. C. y sus acompañantes llevaban el bulto largo envuelto en trapos y que este testigo tenía conocimiento de que entre el señor C. y la señora S. había una relación; asimismo la agente de investigación expresó que la testigo A. H., esposa del occiso les manifestó que había visitado el cuarto del señor R. y que vio a la señora J. S. M. quemar la ropa de éste y que lavaba su cuarto; ahora bien, es razonable como bien lo ha señalado el Tribunal que siendo ella la administradora de la cuartería lavara el cuarto si ya no estaba el occiso, en virtud de que tenía que promoverlo a un nuevo inquilino; pero no es correcto que quemase su ropa si sabía que el señor R. tenía familia y que todas sus pertenencias debería haber entregado a ésta, diligencia que tenía que realizar el día que la señora A. H. llegó a la cuartería para averiguar de su marido; pero la acusada no lo hizo, con lo que denota fehacientemente que ocultaba algo y era lo que ya el testigo Protegido PJ23 había expresado, que había visto a la acusada servir de protección a los individuos que sacaron el cadáver del señor A. R., entre los que se encontraba el señor J. D. C. M., con lo cual no queda ninguna duda de la participación de los acusados en la muerte del occiso. Si bien es cierto no se encontraron piezas de convicción a los señores J. S. M. V. y J. D. C. M., con las que se acreditase que se le dio muerte al señor R. por arma blanca contuso cortante (machete o hacha), como lo señaló el Perito A. D. M. O., quien realizó autopsia al cadáver de la víctima, manifestando que recibió diez heridas y que la mayoría de éstas fueron encontradas en su cabeza, lo que le provocó una laceración cerebral que le ocasionó la muerte; sin embargo si los hechos fueron el veintitrés de febrero del año dos mil trece y los acusados no son aprehendidos de forma infraganti, tuvieron tiempo para despojarse de los objetos con los que se cometió el ilícito, así como quemaron su ropa y lavaron su habitación; además es razonable la circunstancia, de que al realizar el levantamiento, el occiso no se encontraba envuelto en la forma que adujo el testigo protegido haberlo visto, ya que transcurrieron varias horas desde ese momento hasta la practica de la diligencia señalada. Es importante señalar que aún cuando no llegaron al debate testigos que observaran cuando los acusados le daban muerte a la víctima; no menos cierto es que la prueba aportada en juicio fue suficiente y contundente para que a través de la unión de indicios fundamentales se estableciera la participación de éstos en la comisión de los hechos, y siendo que se puede obtener una sentencia condenatoria con prueba indiciaria, en el caso sub judice, la prueba incorporada cumple con los requisitos para ser considerada como tal, ya que de conformidad a la Jurisprudencia Constitucional Española y que ha hecho suya la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, “para distinguir entre pruebas indiciarias capaces de desvirtuar la presunción de inocencia y simples sospechas, han de darse cuatro requisitos: a) Los indicios han de ser plenamente probados, es por tanto exigible que cuando se trata de prueba indiciaria, la constatación clara de los indicios, b) Ha de ser una pluralidad de indicios. c) El razonamiento que liga a los indicios con el hecho inferido ha de ser racional y lógico y d) En la sentencia ha de plasmarse todo lo anterior”[1]presupuestos que no se presentan en el juicio de mérito, por los extremos antes planteados. En el mismo sentido, la Jueza Doña M. de J. H. E., de la Comunidad Autónoma de Canarias de España; ha comentado a través de ensayo relacionado a en el Proceso Penal, que desde el punto de vista material es preciso cumplir con requisitos que se refieren tanto a los indicios en si mismos como a la deducción o inferencia, por lo cual se quiere: a) Que estén plenamente acreditados. b) De naturaleza inequívocamente acusatoria. c) Que sean plurales o siendo único que posea una singular potencia acreditativa... d) Que sean concomitantes el hecho que se trate de probar: e) Que estén interrelacionados, cuando sean varios, de modo que refuercen entre sí. De igual forma la autora señalada cita las sentencias 174 y 175 de fecha 17 de diciembre de 1985, que resolvió la polémica sobre la válidez y eficacia de esta prueba declarando que el derecho a la presunción de inocencia es compatible con que la convicción judicial pueda formarse sobre la base de una prueba indiciaria; “porque es un hecho que en los juicios criminales, no siempre es posible esa prueba directa, por muchos esfuerzos que se hagan para obtenerla. Prescindir de la prueba indiciaria, conduciría en ocasiones a la impunidad de ciertos delitos, y especialmente de los perpetrados con particular astucia, lo que provocaría una grave indefensión social” La virtualidad de esta prueba indirecta para destruir la presunción de inocencia fue reafirmada por el máximo interprete de la Constitución en sentencias del Tribunal Constitucional 229 y 256/1988 y 1 y 21 de diciembre, 107/1989 de 8 de junio, 11/1990 de 18 de junio, 124/1990 de julio y 24/1997 de 11 de febrero[2]. Y como antes lo indicamos, aunque la señora A. H. y el Testigo Protegido PJ-23 no vieron como los acusados le dieron muerte al señor A. R., sí sus dichos se complementan cuando era botado por sus agresores, siendo debidamente identificado el señor J. D. C. M. como uno de ellos y la señora J. S. M. cubriendo de que nadie los viera en ese momento.- Por todo lo anterior, concluimos que el A quo, en la sentencia vulnera la regla lógica de la Derivación en su apartado de Suficiencia que el proceso intelectivo de valoración de las probanzas se fundamente en una serie de inferencias que se desprendan del contenido de dichas probanzas y cuyo cúmulo indefectiblemente desembocan en una conclusión de absolver o condenar a los enjuiciados; pues de la prueba evacuada se desprende que J. D. C. M. y J. S. M. V. en compañía de otras personas le dieron muerte al señor A. R. O. y luego llevaron su cadáver a las proximidades del Instituto Modesto Rodas Alvarado, ubicado en la Colonia Even-Ezer del sector Chamelecón de la Ciudad de San Pedro Sula; despojándose después de las piezas de convicción con el objeto de no ser descubiertos en la comisión del ilícito; siendo por ende evidente que del andamiaje probatorio se acreditó sin lugar a dudas, que los acusados han tenido participación en el delito de Homicidio Simple, establecido en el artículo 116 del Código Penal, en relación al 32 del mismo Código. En consecuencia, el Ministerio Público como recurrente es del firme criterio, que se violentaron en todos sus alcances las reglas de la Sana Crítica que debe observar el juzgador al momento de valorar la prueba antes señalada, tal y como lo expresa el artículo 202 del Código Procesal Penal, dejando de lado la valoración de prueba de una manera armónica y concatenada, pues se dedica a efectuar apreciaciones que se encuentran fuera del marco legal, ya que las declaraciones de los testigos de cargo, relaciona la probanza evacuada en debate, establecen claramente la participación de los acusados en la comisión del ilícito; no habiéndose reclamado previamente este vicio, pues se produce en el acto de la sentencia.”Fundamentación jurídica Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Establece el artículo 362 del Código Procesal Penal que el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes: 1. Que falte la declaración de los hechos que el Tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria. 2. Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. 3. Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o sí en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica; 4. Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales, tales como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en caso de condena;5.La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público; 6. La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes según el artículo 337; y, 7. Que falte la firma de alguno de los miembros del Tribunal de Sentencia salvo los casos previstos en el artículo 145.Es así como la ley procesal vigente, refleja que el Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley procesal y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Formal, interpuesto por el Ministerio Público, Único Motivo. *Norma Autorizante: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. *Norma Sustantiva que se denuncia Infringida: Artículo 202 del Código Procesal Penal *Concepto de la Infracción: Violación a las reglas de la sana crítica. *Reclamación Ex Ante: Por haberse producido en el fallo mismo. *Pretensión: Que se case la sentencia. Establece el recurrente que el Tribunal a quo vulneró las reglas de la sana crítica en su regla de la lógica en su principio de derivación en su apartado de suficiencia, ya que para el sentenciador las declaraciones de los testigos de cargo no resultan suficientes para vincular a los acusados como autores de la muerte del señor A. R.; es importante señalar que aun cuando no llegaron al debate testigos que observaran cuando los acusados le daban muerte a la víctima; no menos cierto es que la prueba aportada en juicio fue suficiente y contundente para que a través de la unión de indicios fundamentales se estableciera la participación de éstos en la comisión de los hechos, y siendo que se puede obtener una sentencia condenatoria con prueba indiciaria, en el caso sub judice, la prueba incorporada cumple con esos requisitos, de acuerdo con los argumentos del censor. De las Reglas de la Sana Crítica. El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los Jueces de Sentencia para la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Esta Sala de lo Penal ha considerado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallos de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09; también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal).Valoración de la Prueba. En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica, es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de la Sana Crítica en la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia de convicción de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común; De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). La sana critica como sistema de valoración de la prueba se asienta en tres pilares fundamentales: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia. Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: 1. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. 2. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o 3. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos por qué lo considera así.2) Las Reglas de la Psicología. Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las Reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y3) Las Reglas de la Lógica. La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del Juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica se fundamentan sobre leyes universales: a) La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Que exige que toda noción empleada en el razonamiento debe tener una sola y única significación en el todo contextualizado, es decir: una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí: una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b) La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento debe provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero, además, la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: 1. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia. 2. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. 3. Cuando la conclusión sea construida en base a medios de pruebas inexistentes; o 4. Cuando la conclusión está basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones DepA., Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí. 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella. 3. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles. 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. De la Prueba IndiciariaEl convencimiento judicial debe extraerse del conjunto de medios de prueba que las partes presenten en la audiencia de debate; para los juzgadores es tarea hacer un análisis de dicha prueba, si bien libre de cualquier tasación, está sujeta a las reglas del correcto entendimiento humano, pues no se trata de una facultad omnímoda de valoración sin sujeción a requisitos de ningún tipo, en otras palabras no se trata de una valoración arbitraria (dejada al arbitrio de los j), sino una valoración razonada, justificada, ajustada a esas reglas que aglutinamos como normas de la sana critica racional para un correcto entendimiento y sujeta a un control recursivo respecto a su construcción y no en cuanto a su justicia. Es de considerar que lo que normalmente llamamos “plena prueba”, no es más que convencimiento pleno, que es cuando el juzgador tiene la certeza de que los hechos ocurrieron de una forma determinada y no de otra; el convencimiento pleno puede ser alcanzado mediante prueba directa o prueba indiciaria, más no mediante prueba circunstancial: 1. La Prueba Directa, es aquella que por sí misma y sin necesidad de inferencia, nos muestra un hecho que debe de ser valorado (positiva o negativamente); 2. Prueba Indirecta o Indiciaria es un hecho, el cual fuese desconocido sino por ser la conclusión necesaria a la que se tiene que llegar después de ser deducida lógicamente de un hecho(s) conocido(s) a través de prueba que ha logrado convencimiento pleno. La prueba indiciaria es un hecho antes desconocido (Conclusión), pero que se alcanza tras la inferencia (premisa menor) de un hecho conocido (premisa mayor). Entre más sea el número de prueba indiciaria (Concurso de indicios), y especialmente que revista de necesaria (no contingente) e independiente (sin relación entre una y otra), mejor será para lograr pasar de la probabilidad a la certeza, es decir, a un estado de convencimiento pleno; 3. Prueba Circunstancial: Es el hecho o conjunto de hechos que contingentemente muestran una posible realidad sin excluir otras, es decir tales hechos encuentran explicación en múltiples escenarios posibles sin que ninguno de ellos se anteponga o pueda excluir a los otros; a la prueba circunstancial la componen el indicio contingente y el indicio anfibológico. Cuando es posible la representación de diversas realidades antagónicas, derivadas de un mismo acervo probatorio, se produce un estado mental intermedio conocido como duda. Las reglas de la sana crítica o del recto entendimiento humano alcanzan a la Prueba Indiciaria, misma que constituye un proceso de razonamiento válido para sustentar una sentencia definitiva, sea ésta de carácter condenatoria o absolutoria; la prueba indiciaria no es la legalización de la intuición o de la sospecha, son procesos de razonamientos objetivos y demostrables, que arrojan verdad sobre los hechos y su virtualidad está demostrada en el derecho penal; es importante apuntar que la conclusión llegada a través de prueba indiciaria no puede contravenir la conclusión a la que sea posible llegar con prueba directa respecto a los mismos hechos (Probatio Vincit Praesumptionem).Conforme al Diccionario Enciclopédico Océano (Diccionario Enciclopédico Océano, CD 2003), la palabra indicio tiene su origen de la palabra latín Indicium, lo cual es el fenómeno que permite conocer o inferir la existencia de otro no percibido, lo que no se aleja mucho del dado por el Diccionario Jurídico Espasa, (Diccionario Jurídico Espasa, Editorial Espasa Calpe S.A., 2003. pág. 821) al conceptualizar como indicio, en el derecho procesal, es el hecho que permite deducir o inferir la existencia de otro no percibido o conocido que es el jurídicamente relevante. El Abogado P. A., en su Libro La Investigación Criminal en el Sistema Acusatorio, conceptualiza indicio como “…el hecho debidamente probado que iluminado por el argumento probatorio nos muestra otro hecho.”. (La Investigación Criminal en el Sistema Acusatorio. J. A. P.. Impresos Rápidos Ariel, Honduras. 2005. Pág. 35); El indicio, sigue señalando, citando a Francesco Carnelutti, se construye de tres elementos: Hecho indicador, método indo-deductivo y las reglas de la experiencia, y hecho indicado; elementos que también recoge la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal. (Comisión Interinstitucional de Justicia Penal. Reglamento sobre el manejo de indicios y evidencias físicas o Biológicas obtenidas como consecuencia de la comisión de un hecho constitutivo de delito. Marco Conceptual. Pág. 2.).Entonces es prueba indiciaria: el proceso intelectivo que se realiza en la fase de valoración probatoria, el que teniendo como base un indicio, autoriza a los juzgadores a dar por cierto hechos a partir de deducciones comprobables por nexos causales o lógicos. La prueba indiciaria de la que se habla en materia penal es lo que en materia procesal civil se le conoce como presunción judicial (Art. 478 del Código Procesal Civil).La prueba Indiciaria tiene como requisitos en cuanto a su construcción: 1. El Indicio: Es un hecho plenamente probado por cualquier medio directo, que sirva de base para la inferencia; puede ser singular o plural, es decir puede ser un único hecho o un conjunto de hechos, siempre que exista convencimiento en cuanto a su existencia y certeza en cuanto a la información que proporcionan. - El indicio no puede ser producto de prueba indirecta o circunstancial; 2. Razonamiento Deductivo: El indicio debe autorizar, respetando las reglas de la sana crítica, la afirmación de otro hecho que solo es posible derivar de aquel; es el proceso lógico desarrollado por los juzgadores. La prueba indiciaria requiere de un proceso deductivo que una el indicio al hecho que se necesita probar, guardando una relación directa, sin que exista entre el indicio y resultado otra presunción, siendo tal hecho una conclusión resultado de una deducción y no de una mera suposición, es decir que sea una inferencia correcta y no arbitraria. Todo lo anterior permiten diferenciar la prueba indiciaria de meras suposiciones, que la autorizan para ser prueba fundante de una sentencia condenatoria. 3. Hecho Indicado: Es el hecho nuevo antes no conocido, inferido del indicio. - El hecho indicado es una afirmación que hacen los juzgadores de un hecho relevante a la imputación y esclarecedora, y del cual no existe prueba directa que le contraríe. El Reglamento para el Manejo de Indicios y Evidencias Físicas o Biológicas obtenidas como consecuencia de la comisión de un hecho constitutivo de delito clasifica los indicios en: 1. Necesarios: como el hecho que de manera infalible e inequívoca demuestra la existencia o inexistencia del hecho investigado. 2. Contingentes: como aquel que se da cuando producido un hecho, puede tener varias causas o una causa producir distintos efectos. Subdivide los indicios contingentes en graves y leves. Al respecto Dellepiane (Antonio Dellepiane. Nueva Teoría de la Prueba. Editorial Temis. Bogotá, Colombia. 1989.) nombra a los primeros (indicios necesarios) como indicios seguros e infalibles, en cuanto llevan a conclusiones ciertas, indubitables, en donde la relación que une el hecho indicador o indicio, con el indicado desconocido constituye una ley constante, general, inflexible; en cuanto a los segundos (indicios contingentes), los define como aquellos mediante los cuales se llegan a conclusiones más o menos probables, en donde la relación entre el hecho indicador y el indicado está constituida por una ley de carácter relativa, contingente, que sufre excepciones. De Diego Diez (Alfredo de Diego Diez. Código Procesal Comentado de Honduras. Pág. 560.) en el derecho penal sustantivo, clasifica los indicios en: 1. Indicios de capacidad física, como los que permiten acreditar las condiciones y características físicas de la persona, partiendo de otros hechos; 2. Indicios relativos al móvil, como los que permiten identificar la persona autora del delito partiendo de la motivación; 3. Indicios de oportunidad, como los que permiten determinar la presencia del imputado en el lugar, día y hora de los hechos partiendo de hechos probados; 4. Indicios de manifestación, como los que permiten determinar las actividades preparatorias del autor para llevar a cabo el delito o las manifestaciones posteriores a su ejecución, por medio de otros hechos probados. Respecto al tiempo de su producción en relación al hecho juzgado, esta Sala de lo Penal ha clasificado los indicios en: anteriores, concomitantes o posteriores (al respecto ver la sentencia de la Sala de lo Penal de fecha 30 de noviembre de 2011, en Exp.94-2009); atendiendo su naturaleza: tiempo, oportunidad, móvil, conocimiento, etc.; y atendiendo su fuerza acreditativa: necesarios o contingentes. Para la validez de la prueba indiciaria, ésta debe ser respetuosa de los principios que regulan la actividad probatoria, a saber: 1. Licitud: El indicio generador no debe guardar conflicto con derechos fundamentales o con los derechos humanos; 2. Principio de Inocencia: La prueba indiciaria debe ser suficiente (sola o en conjunta con prueba directa), a modo que permita quebrantar el estado material de inocencia del acusado; y 3. In dubio Pro Reo: La prueba indiciaria debe generar certeza respecto al hecho delictivo y sobre la participación del acusado en él, más allá de cualquier duda razonable. En cuanto a la valoración, es importante entender que la construcción de la prueba indiciaria es en sí, un proceso valorativo, por ende debe estar sujeta a las normas de la sana crítica y el recto entendimiento humano; el Tribunal Supremo Español en su sentencia del 5 de marzo del 1992, señala que “…la mal llamada prueba indirecta, circunstancial o derivada de indicios no es un medio autónomo de prueba, sino un método para valorar la prueba existente y que de manera directa se proyecta sobre otros hechos distintos al que se trata de probar. De un lado el hecho de que ha de deducirse la presunción ha de estar completamente acreditado y, de otro, es indispensable que entre el hecho demostrado y aquel que se trate de deducir haya un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano.”. (Citado por Luis Alfredo de Diego Diez, en Cuadernos de Estudios Judiciales “Rafael Alvarado Manzano”. Los Medios de Prueba. LITOCOM S. de R.L. Tegucigalpa, Honduras. 2001).Ahora bien, el pronunciamiento condenatorio debe ser la conclusión de la prueba indiciaria, apreciable tanto por su número como por sobre todo por su fuerza, construidas a partir de indicios independientes que confluyan en el resultado condenatorio. La cadena de prueba indiciaria debe ser afín, articulada y converger en un mismo hecho cierto e inequívoco, y si bien es deseable que sea producto de múltiple prueba indiciaria, ello no debe ser considerada una exigencia tasada. La fuerza probatoria del indicio, señala Cafferata Nores(Citado por Manuel Estrella Ruiz, en Cuadernos de Estudios Judiciales “Rafael Alvarado Manzano”. Valoración de la Prueba; Presunción de Inocencia; Indubio Pro Reo. LITOCOM S. de R.L. Tegucigalpa, Honduras. 2001.) reside en el grado de necesidad de la relación que revela, entre un hecho conocido (el indiciario) psíquico o físico, debidamente acreditado, y otro desconocido (indicado) cuya existencia se pretende demostrar; señala Estrella Ruiz (Manuel Estrella Ruiz, en Cuadernos de Estudios Judiciales “Rafael Alvarado Manzano”. Valoración de la Prueba; Presunción de Inocencia; Indubio Pro Reo. LITOCOM S. de R.L. Tegucigalpa, Honduras. 2001) que esa relación existente entre el hecho conocido (indiciario) y el desconocido (indicado) debe ser necesaria, inmediata, concluyente y directa, de tal manera que no se le relacione con otro hecho diferente al desconocido (univocidad del indicio), por ello si esa relación varía y se puede explicar a través de otros hechos, entonces no existe el vínculo necesario para formar la convicción necesaria y llegar a la inferencia que se requiere (anfibología del indicio).La ineludible obligación del tribunal de sentencia de motivar la sentencia se acrecienta tratándose de una sentencia condenatoria basada en prueba indiciaria; los juzgadores deberán identificar cual es el hecho indiciario o indicio y que se da por cierto con éste, luego desarrollar el razonamiento deductivo y finalmente hacer la afirmación del hecho indicado (ver como ejemplo la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida en fecha 09 de octubre de 2009, en el Expediente 0101-2009-00084).- Esta Sala de lo Penal ha señalado que: “si existiere prueba indiciaria, el Tribunal de Instancia deberá precisar, en primer lugar, cuales son los indicios probados y en segundo término, como se deduce de ellos la participación del o los acusados en el tipo penal, de ahí que la sentencia debe explicar la conexión existente entre los indicios y el delito que se considera demostrado, es decir, el razonamiento o inferencia que los une, de tal modo que cualquier otro Tribunal que intervenga con posterioridad pueda comprender el juicio formulado a partir de tales indicios…”. (Sentencia de la Sala de lo Penal de fecha 30 de noviembre de 2011, en Exp 194-2009).- En caso de existir pluralidad de prueba indiciaria, el Tribunal de Sentencia deberá desarrollar tal proceso por cada uno de ellos, para luego hacer una valoración conjunta de todos ellos que revelen el Iter Formativo de la Convicción. De la Procedencia del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Único Motivo. El recurso no es de recibo. Hoy por hoy el recurso de casación por quebrantamiento de forma planteando como motivo: la omisión del principio lógico de derivación, ocupa un gran porcentaje de los recursos que resuelve esta Sala de lo Penal. Desafortunadamente en algunos casos los recurrentes presentan como pretensión un reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el Tribunal de Sentencia, pretendiendo así que los jueces de Casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren un medio de prueba determinado, extraigan conclusiones probatorias y luego las comparen con aquellas a las que arribó el a quo, decidiendo finalmente si lo hecho por los Jueces de Sentencia está bien o mal, a depender si coincide la valoración de la prueba, todo ello impropio en la única instancia. Como hemos explicado, no existe una previa determinación de pruebas, por lo que éste debe ser asignado por el juzgador de la instancia haciendo mano de las reglas de la sana crítica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto en relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo (inmediación) ajeno a los jueces de casación. Por ello el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; la casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba; las partes en la interposición del recurso no pueden pretender que este Tribunal declare el acierto o desacierto del Tribunal de Sentencia sobre sus criterios valorativos, pues ello sería rebasar las potestades legales conferidas por la ley a los jueces de casación.El recurrente funda su reproche recursivo en la violación de las reglas de la sana critica, básicamente, al principio lógico de derivación, como postulado de razón suficiente, consistente en la declaración de los testigos: 1) A. L. C. F.; 2) A. H.; 3) Testigo protegido clave PJ-23; como prueba pericial: Dictamen de autopsia N° 475-2013 (F 223); Documental: 1) Acta de levantamiento de cadáver N° 296-13 (F16 a F18); 2) Álbum fotográfico forense (F105 a F114). 1) Declaración testifical de la señora A. L. C. F. (F214 vuelto): quien declaró: entre otras cosas: “…Es Agente de Investigación, que el 24 de febrero se encontraba de turno en delitos contra la vida, realizaron el levantamiento del Señor A. R. por el Instituto “Modesto Rodas”, lograron identificar un testigo protegido y manifestó que el día antes en horas de la noche había observado que salía un grupo de personas encabezadas por S., D., S. B. identificado por el chele, observaron que llevaban un bulto largo envuelto en trapos, cuando el día siguiente ve que estaban haciendo un levantamiento y él vio un día antes cuando lo llevaba, el vio que la señora S. estaba lavando el cuarto y que estaba quemando una ropa, la esposa del imputado dijo que la señora S. y el señor C. tenían una relación y vio a la señora S. lavando el cuarto, que se capturo al señor C. y posteriormente a la señora S.”. 2.) Declaración Testifical de la señora A. H. (F238): dicha declaración se introdujo por lectura autorizada, en la que manifestó: “Yo llegué a visitar a A. en el cuarto, yo le dije que nos fuéramos y él me dijo que no, pero días atrás había sido amenazado por J. D. C. M., S. D. B. A. y B. L. H. y otro que solo le dicen el chele y la señora S., eso fue como quince días antes de su muerte. El día lunes 25 de febrero de 2013, yo fui a su cuarto donde vivía, estaba la señora S. lavando el cuarto, y me dijo que A. ya no estaba que había muerto, y yo fui a la morgue a ver si era cierto y si era cierto, y ella estaba quemando una ropa del finado y lavando y me sacó un saco lleno de botellas de cerveza y guaro y yo le dije no creo que una sola persona se haya tomado todo eso y me fui a la morgue y a las seis me entregaron a él”.A preguntas de la Fiscalía respondió: ¿Tenía S. llaves del cuarto? R: Si ella era la administradora la encargada. 3) Declaración Testifical Testigo Protegido Con Clave PJ-23 (F238): dicha declaración se realizó lectura como prueba anticipada, quién manifestó: “El día 23 de febrero del año 2013, iba pasando por el colegio Modesto Rodas Alvarado, mire que se asomaba de una cuartería una señora de nombre S., y después salieron cuatro personas con los nombres de J. D. C., B. L. H. y S. D. B., miro que salen con un bulto grande envuelto en sabanas con manchas de sangre y mire que lo llevan entre los cuatro a la vuelta de la Modesto Rodas Alvarado y pase para mirar y ellos me miraron y no yo no mire nada, hasta el día siguiente que la policía encontró el cuerpo en la misma escena donde tiraron el bulto grande. El día veinticinco de febrero de 2013, la mujer de A. R. fue al cuarto de él, pero la señora S. estaba lavando el cuarto y se observaron manchas de sangre”. A preguntas de la Fiscalía, respondió: ¿Cómo es físicamente S.? R/ es gorda, trigueña y pelo liso; ¿Cómo a qué hora observó a las cuatro personas? R/ eran las nueve de la noche; ¿usted se refirió en su declaración a S. que se asomaba? R/Se asomaba para ver quien estaba y quien la miraba; ¿puede describir el lugar del que sacan el bulto? R/Una cuartería con portón de lámina de zinc: ¿pudo observar el orden de los cuatro sujetos? R/ Dos lo llevaban de la mano y dos de los pies.El Tribunal al valorar en su conjunto la prueba testifical ofrecida por la parte acusadora, considera: “Las anteriores declaraciones a criterio de estos juzgadores no resultan suficientes para vincular a J. D. C. M. y J. S. M. V. como autores de la muerte del señor A. R.. En primer lugar, lo advertido por la señora A. H. ocurre en fecha 25 de febrero de 2013, es decir, cuarenta y ocho horas después de la muerte del ahora occiso y resulta lógico, que, si la señora J. S. M. era la administradora de los apartamentos, y contaba con las llaves de los cuartos, se dedicara a lavar y ordenar, al tener conocimiento de la muerte del ofendido, cuyo cuerpo ya había sido reconocido por las autoridades a inmediaciones de la escuela Modesto Rodas Alvarado, en fecha 24 de febrero de 2013, siendo un hecho conocido por la comunidad. Por otra parte, no obra denuncia alguna de supuestas amenazas contra el señor R. y al contrastar la declaración de este testigo, con la del testigo protegido PJ-23, este último refiere que la señora A. le mencionó haber visto manchas de sangre en el cuarto, cosa que ella no manifestó ante la autoridad competente. En cuanto a la declaración del testigo protegido PJ-23 entra en varias contradicciones al manifestar que él estaba ubicado en la escuela Modesto Rodas, cuando ve salir a las cuatro personas cargando un bulto desde una cuartería, y que van a dejar dicho bulto hacia la escuela, y luego hace mención a que lo llevaban de manos y pies, como si se tratara de un cuerpo, cosa que no mencionó desde un principio. Además, esta versión no coincide con la forma como se descubre el cadáver de la víctima, el cual solo estaba cubierto con cartones y no envuelto en sabanas como narra el testigo. Por otra parte, resulta muy difícil que cuatro personas carguen un cadáver desde unos apartamentos, hasta una escuela sin exponerse a ser notados por los vecinos del lugar a una hora de la noche donde por lo general aún hay personas circulando en vía pública, además no se realizaron pericias técnicas que lograran establecer que efectivamente la muerte del ofendido se produjo en la mencionada cuartería o si fue en el mismo lugar donde su cuerpo fue reconocido, ni se produjo el decomiso de alguna pieza de convicción o ejecución del crimen, por todo lo cual estas declaraciones no resultan verosímiles para estos juzgadores”. En cuanto al dictamen de autopsia N° 475-2013, fue ratificado por el Doctor A. D. M. O.; Acta de levantamiento de cadáver N° 296-13, Álbum fotográfico forense, ambas fueron incorporadas mediante exhibición, ya que los peritos no comparecieron en juicio oral y público, la cual el Tribunal de Sentencia la valoró de la siguiente manera: “No fue un hecho controvertido en este juicio que el señor A. R. O. falleciera a consecuencia de heridas producidas por un arma blanca contuso cortante (tipo machete), la mayoría recibidas en su cabeza que le provocaron una laceración cerebral lo que le ocasionó la muerte, de todo lo cual se ha dejado constancia en la autopsia número SPS 475-13, practicada por el perito forense A. D. M. O., quién compareció a juicio a ratificar dicho peritaje, del cual este tribunal no tiene ninguna duda de la veracidad de su contenido, logrando crear certeza en estos juzgadores de los hallazgos que en dicho documento se consignan, constituyendo prueba indubitada de la muerte violenta del señor A. R. O., además también obra como prueba documental un acta de levantamiento cadavérico con número 296-13, de fecha 24 de febrero del año dos mil trece, elaborada por el técnico de inspecciones oculares J. P., misma que fue introducida por lectura autorizada, con la cual se establece claramente la disposición y lugar exacto donde fue reconocido el cuerpo del ofendido. Así como un álbum fotográfico del lugar del levantamiento del cadáver, elaborado por la analista de investigación criminal B. R. R., con el cual se establece la forma en que se encontraba el cuerpo sin vida del occiso; sin embargo, en lo que respecta a la autoría de dicho hecho, la prueba relacionada no nos ofrece datos que puedan servir para individualizar al o los participantes del hecho. La Sala de lo Penal no identifica infracción al principio lógico de derivación, como postulado de razón suficiencia, por el Tribunal de Sentencia en el proceso de valoración probatoria; el pretensor hace enumeración de lo que considera es prueba indiciaria de culpabilidad y que debió llevar a los juzgadores a dictar una sentencia condenatoria, pero en realidad tal enumeración es en realidad conclusiones subjetivas no derivadas de prueba directa que fue aportada. Es importante apuntar que en el presente caso no existe investigación por parte del Ministerio Público, más que aquella que se generó del asesinato del señor A. R.O., sin haber realizado ninguna diligencia en cuanto a hechos anteriores, concomitantes o posteriores, por lo que la prueba en si, es la producida como consecuencia de la agresión a la vida sufrida por el occiso y la producida como consecuencia de la aprehensión de los acusados J. D. C. M. y J. S. M. V.. Es importante recordar que el proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto, mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el Tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad, pudiendo ser positiva cuando se ha llegado a la convicción de la persona autora del mismo, y negativa cuando se ha llegado a la firme creencia de que algo no sucedió o que la persona señalada como autora del mismo no participó en el mismo; estas dos posiciones no necesariamente nos conducen a certezas absolutas, pues en múltiples casos se producen estados intelectuales intermedios, como la duda, las probabilidades e improbabilidades. En consecuencia, esta Sala de lo Penal no identifica infracción a las reglas de la sana crítica en su regla de la lógica en su principio de derivación en su apartado de suficiencia, por parte del Tribunal de Sentencia en el proceso de valoración probatoria, pues en el caso sometido al control casacional de esta Sala, el Tribunal Sentenciador ha señalado que, los medios probatorios de cargo sometidos al contradictorio, si bien han probado la existencia del hecho típico, no han podido establecer fehacientemente la responsabilidad penal del imputado, el estado de inocencia no ha sido vulnerado durante el desarrollo del debate, quedando establecida la ausencia de prueba insuficiente, para formar en el conocimiento del Tribunal el grado de certeza para declarar la responsabilidad penal del acusado en el hecho que se les imputó; lo anterior, implica entonces, que no existe violación a las reglas de la sana crítica, tal como erróneamente ha señalado el pretensor.Decisión: No ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal; FALLA: PRIMERO: Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo interpuesto por el Abogado R. D. N., en su condición de Fiscal del Ministerio Público.; SEGUNDO: Declara FIRME Y EJECUTABLE la sentencia de fecha veintiocho de septiembre de dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.FIRMAS Y SELLO.J. OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. Magistrado Coordinador. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. Magistrado. A. CONSUELO GUZMÁN G.. Magistrada. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. Receptora Adscrita. Sala de lo Penal.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de enero del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha treinta y uno de octubre del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-196-2016.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

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[1] Expediente CP-922-04; Sentencia de fecha 13 de Diciembre del año 2004

[2] http://icalanzarote.com/docus/artículo/prueba _indiciaria.pdf