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Sentencia CP-196-15 — Registro 9893

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Asesinato.Se declara sin lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...De la Procedencia del Recurso. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Ha determinado esta Sala de lo Penal, después de hacer una ponderación de la carga probatoria reproducida en la audiencia de debate, que no existe vulneración al estado de inocencia, pues la prueba no solo es lícita, sino que ha obedecido a un debido proceso probatorio, con solvente motivación y con un correcto razonamiento en respeto a las reglas de la sana critica, siendo ésta suficiente para permitir al Tribunal de Sentencia emitir un fallo condenatorio. Alega el recurrente que la prueba de cargo no vincula al señor A. M. C. A. con los cuatro delitos de asesinato. En relación a la declaración del señor T. A. M., quien manifestó que no recuerda haber discutido de manera previa a los hechos con el acusado por el estado de embriaguez en el que se encontraba, el recurrente no hace más que atacar la declaración del testigo y no la valoración intelectiva que de ella hiciere el Tribunal de Sentencia, su alegato carece de contenido al limitarse a hacer una particular valoración de la declaración testifical en cuestión, olvidando el deber que tiene de explicar y demostrar el vicio y que debe de hacerlo con claridad y precisión. En todo caso, los aspectos que señala como agravios han sido objeto de valoración y ponderación por parte del Tribunal de Sentencia, quien ha indicado que le merece plena credibilidad de manera conjunta con las declaraciones de los señores T. R. Z. A., C. A. A., S. O. M. F. y M. E. R. Otro argumento del recurrente consiste en cuestionar que los testigos T. R. Z. A. y C. A. A., no aportan ninguna información relevante en relación a los hechos objeto de juzgamiento, y que los policías S. O. M. F. y M. E. R. S., realizaron la detención y recogieron evidencias de mano de los primeros y no realizaron ningún tipo de investigación.

En ese sentido, los testigos antes citados si bien es cierto no presenciaron los hechos de forma directa, corroboran con su información aspectos periféricos a los hechos, como ser que el señor A. M. C. A. y el señor T. A. M. estaban departiendo momentos antes en un bar de la comunidad de balfate, departamento de Colón, que tuvieron una discusión cuando ya estaban ingeridos de alcohol y que el primero amenazó al segundo con que “le iba a dar donde más le duele” al momento de retirarse, así como que el acusado portaba un arma blanca tipo machete la cual fue utilizada para quitarle la vida a las cuatro víctimas, así como que intentó huir cuando lo fueron a buscar a su casa. También con mucha cautela observa esta Sala de lo Penal que de manera muy conveniente el recurrente omite pronunciarse de manera absoluta sobre la abundante prueba pericial evacuada en juicio, para el caso el dictamen de análisis número SN-1202-0685 visible a folio 145 elaborado en fecha veintitrés de febrero del dos mil doce por la doctora D. R. G., en el cual concluye que detectó evidencia de sangre humana en el arma blanca tipo machete, así como también en el pantalón jean color azul con etiqueta al reverso que dice ben Sherman, ambos propiedad del acusado. El dictamen de análisis comparativo de ADN 2014-0801-0507-4535 visible a folio 225 en el cual concluye que en el indicio número uno (machete) se detectó perfil incompleto amplificando 13 de los 16 marcadores genéticos analizados, los cuales coinciden con los marcadores genéticos de D. E. M. M. (ofendida) y el análisis estadístico indica que es 3, 233,380, 000,000 más probable que D. E. M. M. sea la donador del perfil genético detectado en el indicio, a que sea otro individuo de la población con una probabilidad de coincidencia de 99.99999999%. Por todo ello esta Sala de lo Penal determina que la valoración del Tribunal de Sentencia, derivando que los medios de prueba, los cuales fueron suficientes y legalmente incorporados a juicio, son de total crédito para acreditar el reproche de culpabilidad en contra del señor A. M. C. A., la valoración es coherente y obedece a las reglas de la sana crítica. La prueba que ocupó la audiencia de debate fue suficiente; los jueces del Tribunal de Sentencia, estando en una posición privilegiada respecto a la prueba, de la cual tuvieron su inmediación, concluyeron unánimemente que les generaba certeza no solo sobre la existencia de los hechos delictivos, sino también sobre la participación del acusado en éstos, decidiendo declarar su responsabilidad penal y como consecuencia de ello, imponerle la sanción penal prevista en la ley sustantiva; no debe pretender la recurrente que este Tribunal de Casación suplante a los jueces de instancia, en el sentido de imponer su criterio valorativo por sobre prueba de la que aquéllos tuvieron inmediación, por lo que se limita a evaluar la legalidad de la obtención probatoria, el debido proceso probatorio, el debido razonamiento probatorio y la suficiencia probatoria, siendo el resultado de tal examen la conclusión de que no ha existido violación al estado de inocencia que reconoce nuestra Constitución de la República en su artículo 89..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I. SENTENCIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once (11) días de enero del año dos mil diecinueve (2019), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García, en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncia: EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, La sentencia en el expediente SP 196-2015, conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha veinte de octubre del año dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Trujillo, departamento de Colón, mediante la cual falló: Primero: Condenar al acusado A. M. C. A., como autor responsable del delito de asesinato, en perjuicio de quien en vida fuera la señora R. M. C., imponiéndole como pena principal veintiún (21) años de reclusión. Segundo: Condenar al acusado A. M. C. A., como autor responsable del delito de asesinato, en perjuicio de quien en vida fuera la menor D. L. M. M., imponiéndole como pena principal veintiún (21) años de reclusión. Tercero: Condenar al acusado A. M. C. A., como autor responsable del delito de asesinato, en perjuicio de quien en vida fuera la menor D. E. M. M., imponiéndole como pena principal veintiún (21) años de reclusión. Cuarto: Condenar al acusado A. M. C. A., como autor responsable del delito de asesinato, en perjuicio de quien en vida fuera el menor A. L. C. M., imponiéndole como pena principal veintiún (21) años de reclusión. Quinto: Que debemos condenar y al efecto condenamos al acusado A. M. C. A., a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la pena principal. Sexto: Se declara la responsabilidad civil del condenado A. M. C. A., la que será objeto de tasación en la fase de ejecución. Séptimo: No procede condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. Octavo: Se ordena el comiso de un envoltorio de cartulina color amarillo conteniendo en su interior un arma blanca tipo machete con cacha color negra de hoja metálica, una camisa marca Hollister California color verde sin mangas, un pantalón jeans color azul con etiqueta Levis Jeans Wear 1963, una toalla pequeña color beige, un pantalón jeans color azul marca Guess Montana Jeans, que obran como pieza de convicción, la que deberá ser puesta a la orden del Juzgado de Ejecución.- Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, la Abogada J. M. P. G., defensora pública del encausado A. M. C. A.. ES PARTE: La Abogada J. M. P. G., defensora pública del encausado A. M. C. A., como recurrente. II. HECHOS PROBADOS. “Habiendo valorado las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, conforme a las reglas de la sana crítica, este Tribunal declara, expresa y terminantemente, probados los hechos siguientes: PRIMERO.- El día lunes veintiuno de noviembre del año dos mil doce, como a eso de las tres de la tarde, el señor T. A. M. venía de cobrar un pago que se le debía por parte de su patrón y en el trayecto ahí por el puente de lis lis como a las cinco de la tarde se encontró con el señor A. M. C. A. y ya platicando con el decidió invitarlo a tomarse unas bebidas, por lo que ambos se dirigieron al bar de la comunidad de Balfate, Colón conocido como el pelicano, donde después de departir bebidas alcohólicas, hubo una fuerte discusión entre ellos, por lo que ante la intervención de J. Z., ambos decidieron retirarse del lugar, siendo este el momento en el que A. M. C. A., que se conducía en una bicicleta portando un machete, observó que al señor T. A. M. se le ponchó la llanta de su bicicleta número 20 en la que se transportaba, por lo que decidió adelantarse en el camino, es así que dirigiéndose a la casa de habitación del señor T. A. M. donde en el interior de la misma se encontraban R. M. C., las menores D. L. M. M., D. E. M. M. y el menor A. L. C. M., una vez que ingresó al interior de la vivienda observó que todos los moradores de la misma estaban durmiendo situación que fue aprovechada por éste y es así que haciendo uso del machete que portaba procedió a infligirle a cada uno de ellos heridas de gravedad que le provocaron la muerte de manera inmediata una vez que observó los cuerpos sin vida de R. M. C., las menores D. L. M. M., D. E. M. M. y el menor A. L. C. M. se retiró del lugar dirigiéndose a su casa de habitación; mientras esto acontecía el señor T. A. M. le pidió ayuda al señor L. para que éste le prestará la bomba de aire logrando arreglar la bicicleta, se trasladó con rumbo a la vivienda de su familia, cuando llegó a su casa a eso de las once con cincuenta minutos de la noche al momento de ingresar a la misma encendió se percató que la puerta estaba abierta por lo que procedió a encender un candil debido que estaba oscuro porque no hay energía eléctrica, siendo éste en el momento en que al buscar a los miembros de su familia observó que en las camas se encontraban los cuerpos sin vida de su esposa R. M. C., el de su nieto A. L. C. M. y sus hijas D. E. M. M. y D. L. M. M. los cuales estaban totalmente ensangrentados por lo que T. A. M. salió de su casa a pedir ayuda a sus vecinos los señores T. R. Z. A., C. A. A. quienes se constituyeron a la casa de habitación del señor T. A. M., una vez en el lugar observaron que los cuerpos sin vida de R. M. C., las menores D. L. M. M., D. E. M. M. y el menor A. L. C. M., motivo por el cual procedieron a denunciar el hecho ante la autoridad policial competente. SEGUNDO.- En cumplimiento de la denuncia interpuesta, el día veintiuno de noviembre del año dos mil catorce, como a las doce y dos de la madrugada, los Agentes de Policía S. O. M. F. y M. E. R. S., se desplazaron hasta el lugar de los hechos procediendo al resguardo de la escena, así como al levantamiento y reconocimiento de los cadáveres de la señora R. M. C., las menores D. L. M. M., D. E. M. M. y el menor A. L. C. M., quienes se encontraban tirados dentro la vivienda, ubicada en la Aldea La Quinta Lucinda, jurisdicción del municipio de Balfate, departamento de Colón; presentaban múltiples heridas producidas por arma blanca tipo machete, en diferentes partes de sus cuerpos especialmente en los brazos, tórax, cráneo y hombros. Siendo este el momento en que efectuando las diligencias de investigación de rigor observaron que a escasos metros de la vivienda se encontraba un machete ensangrentado mismo que fue reconocido por el señor T. A. M. como el arma que momento antes portaba el señor A. M. C. A., razón por la cual la autoridad policial procedió al levantamiento de la pieza de convicción, misma que fue puesto en calidad de evidencia es así que habiéndose procedido a la pericia se acreditó de manera contundente que las manchas encontradas en el machete correspondan a sangre humana y que a su vez esa sangre humana correspondía a la occisa D. E. M. M., por la razón de que era la donadora del perfil genético detectado en el indicio, con una probabilidad de coincidencia del 99.99999999%. TERCERO.- Habiéndose procedido a la búsqueda del señor A. M. C. A., los señores T. R. Z. A. y C. A. A. observaron que en las afueras de la vivienda que no tenía cerco, específicamente enfrente de la casa estaba la esposa del señor A. M. C. A. lavando la ropa que vestía A. M. C. A. cuando horas antes se encontró con T. A. M., es decir una camiseta marca Hollister color verde que en la parte de enfrente se lee Hollister California con manchas obscuras supuesta sangre, un pantalón jean color azul claro con la etiqueta que se lee jeans wear 1963 ben sherman.com con manchas obscuras supuesta sangre y una Toalla pequeña color beige con manchas obscuras supuesta sangre, por lo que al percatarse de la presencia de los T. R. Z. A. y C. A. A., la compañera de hogar de A. M. C. A. agarró la ropa y la metió de un solo en la pila siendo éste el momento abriendo la puerta de su casa la madre de éste fue preguntada por su hijo y viendo que habían muchas personas el señor A. M. C. A. aprovechó el momento para darse a la fuga saltando por ello de la ventana ubicada en la parte posterior de la vivienda específicamente cerca de la cocina, es así que una vez que cayó al exterior de la vivienda, al emprender veloz huida los señores T. R. Z. A. y C. A. A. procedieron a la aprehensión del señor A. M. C. A. poniéndolo, junto con la ropa que estaba en la pila consistente en una camiseta marca Hollister color verde que en la parte de enfrente se lee Hollister California con manchas obscuras supuesta sangre, un pantalón jean color azul claro con la etiqueta que se lee jeans wear 1963 ben sherman.com con manchas obscuras supuesta sangre y una Toalla pequeña color beige con manchas obscuras supuesta sangre, a la orden de la autoridad policial que en ese preciso momento se constituyó en el lugar, por lo que se procedió a la inmediata detención del señor A. M. C. A. y remitiéndolo a la jefatura de la DNIC de la ciudad de Tocoa, Colón, quien a su vez fue presentado junto con la evidencia decomisada ante el Juzgado de Letras competente.” III. RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS. La recurrente, Abogada J. M. P. G., defensora pública del encausado A. M. C. A., procedió a formalizar su recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN MOTIVO ÚNICO: Violación del artículo 89 de la Constitución de la República en relación a los artículos 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 02 del Código Procesal Penal PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO La norma Constitucional que se invocan como infringida es el artículo 89 que relata: “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”. Dicha norma Constitucional en relación a lo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 8.2 que instituye: “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad”. De igual forma el Código Procesal Penal en su artículo 2 relata: “Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente de conformidad con las normas de este Código.” PRIMERO. De lo anterior se desprende que es una obligación del Estado y especialmente de los Tribunales que imparten Justicia en un Proceso Penal, el no escatimar ningún esfuerzo en la búsqueda de la verdad, para garantizarle a quien lo enfrenta, un Juicio Justo y apegado a derecho; el ser condenado por puras sospechas, es decir sin contar con prueba directa, constituye una flagrante vulneración a la PRESUNCION DE INOCENCIA.- Resulta Honorable Corte, que la Fiscalía del Ministerio Público durante todo el proceso, presentó un listado abundante de pruebas, pero con ninguna de ellas se puede acreditar de forma directa la participación de nuestro representado A. M. C. A. en el gravoso delito de cuatro asesinatos las pruebas presentadas resultan insuficientes y concebidas de forma ilícita, para enervar el Estado de Inocencia. SEGUNDO: En el caso de nuestro patrocinado el Ministerio Público fue incapaz de proporcionar el cuadro fáctico de los hechos, y es a razón de los levantamientos de los cuerpos de las víctimas que se ha creado un supuesto de cómo perdieron la vida R. M. C., D. L. M. M., D. E. M. M. Y A. L. C. M..- Al analizar los hechos que han sido declarados como probados por este Juzgador nos encontramos con una serie de elementos que a juicio de ésta Defensa no enervan el estado de inocencia de mi poderdante como ser: a.- De la declaración del señor T. A. M., quien en su declaración depone que estuvo ingiriendo bebidas alcohólicas con el imputado, narra que como a las diez de la noche A. le dijo que se fueran y que le dijo que no porque la llanta de la bicicleta estaba ponchada y que A. se adelantó como unos cinco minutos, refiere que no recuerda haber discutido con el imputado, pero que un amigo de nombre J. Z. (persona que en ningún momento se ha comparecido al proceso y no se sabe de su existencia real) le dijo que habían discutido porque no le había querido prestar un dinero y que le había dicho que se la iba a pagar con lo que más le doliera.- Declara que tenía dos meses de conocerlo, y que no tenía problemas con él. En esta declaración Honorables Magistrados, no se aportan elementos para condenar ni a mi representado o a ninguna otra persona, mucho menos se desprende cuáles serían los motivos para realizar tan dantesco crimen.- NO es coherente a la razón que T. A. M., recuerde todo lo que hizo esa noche pero no recuerda la supuesta amenaza que le dice su amigo, por cuanto no establece que existiera entre ambos algún tipo de enemistad como para pensar que A. podría querer perjudicarlo cegando la vida de su familia. b.- Los testigos T. R. Z. A., y C. A. A., son testigos de la forma en que ellos mismos detienen al imputado no aportando ninguna fuente de información respecto a los hechos que nos ocupan.- Sin embargo estas personas particulares son las que recogen la evidencia que ha sido periciada por la doctora J. M. C..- Respecto al control jurisdiccional que se ha tenido sobre estas evidencia, esta Defensa considera que se han violentando principios constitucionales en este sentido, los autores Mario Porras Villalta, Rafael Sanabria Rojas en su obra Prueba Ilícita en la Jurisprudencia de la Constitución y Penal en su Pág. 11 refieren la justicia no puede aprovecharse de ningún acto contrario a la Constitución sin incurrir en una contradicción fundamental.- Toda investigación debe ser dirigida a establecer la verdad y para ello existen los organismos tanto policiales como judiciales, tenemos por un lado el interés de llegar a la verdad real de los hechos, estableciendo con precisión qué fue lo que ocurrió y quién fue el autor de ello, presentándose el problema que en el desarrollo de dicho labor investigativa también se debe respetar las garantías del sujeto contra el cual se dirigida ésta.- La interrogante es: estos derechos previstos en la Constitución de la República pueden ser garantizadas por particulares? La respuesta es NO, ... Esta ha sido una situación que se salió del control jurisdiccional de las entidades creadas para tal fin. c.- Los policías S. O. M. F., y M. E. R. S., realizaron la detención y recogen evidencias, de manos de los particulares T. R. Z. A. y C. A. A., estos agentes policiales no realizaron ningún tipo de investigación sobre los hechos ni tampoco en relación a las evidencias que les fueron entregadas por estos particulares. TERCERO: En el ánimo de responsabilizar a alguien por tan impactante crimen, el Ente Acusatorio se cegó privándose de realizar una investigación concienzuda e inculpa a mi poderdante como conejillo de indias, resultan insuficiente los dichos de T. A. M., T. R. Z. A., C. A. A. que dicho sea de los hechos no aportan nada, y su deposición se basa en conjeturas, en el caso que nos ocupa se debió llegar al fondo de los hechos e investigar si realmente mi poderdante tuviera móviles para hacer semejante daño, a juicio de esta Defensa no existe motivación para que A. busque tal venganza, si por parte del supuesto hechor no existe un móvil debiera haber un grave desorden en la psiquis de mi poderdante y en el caso que nos ocupa no se ha investigado ni uno ni otro extremo. Por lo tanto, solo puede decirse que son meras especulaciones las vertidas por los testigos y que por sí solas no pueden enervar la PRESUNCION DE INOCENCIA. CUARTO: En conclusión Honorable Tribunal de Casación, las pruebas presentadas en el juicio oral y público son abundantes, pero ninguna es una prueba directa de la participación de nuestro representado en cuatro asesinatos.- La jurista española María Félix Tena Aragón en su obra “Manual de Derecho Constitucional” (De Honduras) páginas 34 y 61, nos habla un poco acerca del Derecho a la “PRESUNCION DE INOCENCIA” y nos relata: “Este derecho en su vertiente de regla de juicio que es la que vamos a tratar en este tema, más allá de su contenido material, que será objeto de exposición en el tema 5, se configura como el derecho a no ser condenado sin prueba de cargo válida. Por tanto, solo cabrá constatar la vulneración del derecho a la presunción de inocencia cuando no haya prueba de cargo válidas, es decir, cuando los órganos judiciales hayan valorado una actividad probatoria lesiva de otros derechos fundamentales o carentes de garantías, o cuando no se motive el resultado de dicha valoración o, finalmente, cuando por ilógico o insuficiente no sea razonable del iter discursivo que conduce de la prueba al hecho probado.” Tal como lo afirma la jurista María Félix, se entenderá vulnerado la Presunción de Inocencia cuando se condene sin prueba de cargo válida, entendiéndose por ésta, entre otras, cuando el razonamiento del juez sea ilógico o insuficiente, tal como ocurre en el caso subjudice en donde el Juez ha valorado prueba espuria ya que la evidencia que ha sido periciada en el presente caso es de dudosa procedencia que vulnera derechos constitucionales, y sumado a ello se le condena por que una persona que no ha rendido declaración en juicio escuchó que mi imputado dijo “me las vas a pagar con lo que más te duele”. La Jurista Tena Aragón en su página 61 de la obra antes citada sigue ilustrándonos y nos dice: “La significación preponderante de la presunción de inocencia afecta a las exigencias respecto a la prueba, necesarias para que pueda hacerse una válida declaración de culpabilidad. Se infringe la presunción de inocencia cuando, sin que se pruebe, legal y previamente, la culpabilidad de un acusado, se refleja en una resolución judicial que le afecta el sentir de que es culpable.” Tal es el caso de nuestro representado, que fue condenado con pruebas que arriban a meras sospechas, ya que nunca se acreditó de manera contundente y mediante la documentación legal, que tuviese en su haber, el arma con la que se quitó la vida a estas cuatro personas, en ese orden de ideas podemos concluir que el Tribunal Sentenciador infringió gravemente el Derecho a la PRESUNCION DE INOCENCIA, y que la única forma de enmendarlo es declarando con lugar el presente recurso de casación.” IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse Recurso de Casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al Recurso de Casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior.[1] En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe de seleccionar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los Recursos de Infracción de Ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del Recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Único Motivo. Precepto Autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Penal. Normas que se denuncian infringidas: Artículo 89 de la Constitución de la República. Concepto de la Infracción: Violación al estado de inocencia; y, Pretensión: Declarar lo procedente conforme a derecho. Se denuncia por el recurrente la vulneración al estado de inocencia, al considerar que la prueba de cargo resulta insuficiente para acreditar el reproche de culpabilidad en perjuicio del acusado A. M. C. A.; que la prueba testifical no lo vincula con los cuatro asesinatos y que los agentes de investigación recibieron de la mano de los testigos la evidencia que fue puesta a la orden del juez; no se dieron a la tarea de investigar y no existe móvil por el cual el señor A. M. C. A. pudiera cometer tales hechos delictivos. Del principio del estado material de inocencia. El principio al estado de inocencia, proclamado y reconocido por la Constitución de la República en su artículo 89 establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente; este principio constituye una regla de juicio, pues opera en el ámbito de la jurisdicción penal, endosando el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías; por su importancia, tal principio ha sido plasmado en el Estatuto de Roma, que establece la necesidad de que los Magistrados de la Corte Penal Internacional estén convencidos, más allá de toda duda razonable, de la culpabilidad que se imputa para dictar una sentencia condenatoria. De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de delito será válida, sin infracción del derecho al estado de inocencia, cuando se sustente en al menos una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar certeza de la culpabilidad del acusado o acusada. El principio de inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. (Ver al respecto el fallo de fecha 04 de octubre del 2005 en Exp. 2597-2004 de la Sala de lo Penal). El principio de inocencia está íntimamente relacionado con el debido proceso probatorio: el proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad; para el pronunciamiento de la sentencia condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al juzgador, sin vacilaciones y sin dudas establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable. En el informe No. 50/00 del caso 11,298 del 13 de abril de 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha señalado que: “118 […] De todas las garantías judiciales propias del ámbito penal, la más elemental es, quizás, la presunción de inocencia […].”; por su parte este Tribunal de Casación en fallo de fecha 14 de mayo del 2007 del expediente 312-2006, declaró que el estado de inocencia “… es un estado inherente a la persona humana …”, este derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos (artículo 8.2), además es norma pilar de la Constitución de la República (Artículo 89 Superior) que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (Artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal), y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto sino se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la Sentencia de fecha 01 de septiembre de 2011, dictada con ocasión del caso López Mendoza vs. Venezuela ha indicado: 128.- En el ámbito penal esta Corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales. La presunción de inocencia implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probando corresponde a quien acusa. Así, la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado. Además, la falta de prueba plena de la responsabilidad en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de presunción de inocencia, el cual es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho de defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme […].”. Es de considerar además que esta Sala de lo Penal ha señalado en sentencia del 30 de mayo de 2011, en el expediente 304-2010: “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.”. En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal tendrá la tarea de verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que aunque mínima, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el tribunal de sentencia según las reglas de la sana crítica, así pues en casación se deberá de examinar (Ver al respecto el fallo de fecha 05 de abril del 2011, en el Exp. 042-2009 de la Sala de lo Penal): a) Licitud de la Prueba: Si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos; b) Debido Proceso Probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; Incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal; c) Debida Motivación: Si las conclusiones probatorias del Tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad; d) Debido Razonamiento Probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada; y e) Suficiente Carga Probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación en el hecho del acusado y su grado de culpabilidad en ellos. Al respecto la Corte IDH en sentencia de fecha 26 de noviembre de 2010, en el caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, determinó que: “183. Asimismo, el Tribunal ha sostenido que tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención, dicho principio exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla. Así, la falta de prueba plena de la responsabilidad penal en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de inocencia, […].”. De la Procedencia del Recurso. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Ha determinado esta Sala de lo Penal, después de hacer una ponderación de la carga probatoria reproducida en la audiencia de debate, que no existe vulneración al estado de inocencia, pues la prueba no solo es lícita, sino que ha obedecido a un debido proceso probatorio, con solvente motivación y con un correcto razonamiento en respeto a las reglas de la sana critica, siendo ésta suficiente para permitir al Tribunal de Sentencia emitir un fallo condenatorio. Alega el recurrente que la prueba de cargo no vincula al señor A. M. C. A. con los cuatro delitos de asesinato. En relación a la declaración del señor T. A. M., quien manifestó que no recuerda haber discutido de manera previa a los hechos con el acusado por el estado de embriaguez en el que se encontraba, el recurrente no hace más que atacar la declaración del testigo y no la valoración intelectiva que de ella hiciere el Tribunal de Sentencia, su alegato carece de contenido al limitarse a hacer una particular valoración de la declaración testifical en cuestión, olvidando el deber que tiene de explicar y demostrar el vicio y que debe de hacerlo con claridad y precisión. En todo caso, los aspectos que señala como agravios han sido objeto de valoración y ponderación por parte del Tribunal de Sentencia, quien ha indicado que le merece plena credibilidad de manera conjunta con las declaraciones de los señores T. R. Z. A., C. A. A., S. O. M. F. y M. E. R. Otro argumento del recurrente consiste en cuestionar que los testigos T. R. Z. A. y C. A. A., no aportan ninguna información relevante en relación a los hechos objeto de juzgamiento, y que los policías S. O. M. F. y M. E. R. S., realizaron la detención y recogieron evidencias de mano de los primeros y no realizaron ningún tipo de investigación.

En ese sentido, los testigos antes citados si bien es cierto no presenciaron los hechos de forma directa, corroboran con su información aspectos periféricos a los hechos, como ser que el señor A. M. C. A. y el señor T. A. M. estaban departiendo momentos antes en un bar de la comunidad de balfate, departamento de Colón, que tuvieron una discusión cuando ya estaban ingeridos de alcohol y que el primero amenazó al segundo con que “le iba a dar donde más le duele” al momento de retirarse, así como que el acusado portaba un arma blanca tipo machete la cual fue utilizada para quitarle la vida a las cuatro víctimas, así como que intentó huir cuando lo fueron a buscar a su casa. También con mucha cautela observa esta Sala de lo Penal que de manera muy conveniente el recurrente omite pronunciarse de manera absoluta sobre la abundante prueba pericial evacuada en juicio, para el caso el dictamen de análisis número SN-1202-0685 visible a folio 145 elaborado en fecha veintitrés de febrero del dos mil doce por la doctora D. R. G., en el cual concluye que detectó evidencia de sangre humana en el arma blanca tipo machete, así como también en el pantalón jean color azul con etiqueta al reverso que dice ben Sherman, ambos propiedad del acusado. El dictamen de análisis comparativo de ADN 2014-0801-0507-4535 visible a folio 225 en el cual concluye que en el indicio número uno (machete) se detectó perfil incompleto amplificando 13 de los 16 marcadores genéticos analizados, los cuales coinciden con los marcadores genéticos de D. E. M. M. (ofendida) y el análisis estadístico indica que es 3, 233,380, 000,000 más probable que D. E. M. M. sea la donador del perfil genético detectado en el indicio, a que sea otro individuo de la población con una probabilidad de coincidencia de 99.99999999%. Por todo ello esta Sala de lo Penal determina que la valoración del Tribunal de Sentencia, derivando que los medios de prueba, los cuales fueron suficientes y legalmente incorporados a juicio, son de total crédito para acreditar el reproche de culpabilidad en contra del señor A. M. C. A., la valoración es coherente y obedece a las reglas de la sana crítica. La prueba que ocupó la audiencia de debate fue suficiente; los jueces del Tribunal de Sentencia, estando en una posición privilegiada respecto a la prueba, de la cual tuvieron su inmediación, concluyeron unánimemente que les generaba certeza no solo sobre la existencia de los hechos delictivos, sino también sobre la participación del acusado en éstos, decidiendo declarar su responsabilidad penal y como consecuencia de ello, imponerle la sanción penal prevista en la ley sustantiva; no debe pretender la recurrente que este Tribunal de Casación suplante a los jueces de instancia, en el sentido de imponer su criterio valorativo por sobre prueba de la que aquéllos tuvieron inmediación, por lo que se limita a evaluar la legalidad de la obtención probatoria, el debido proceso probatorio, el debido razonamiento probatorio y la suficiencia probatoria, siendo el resultado de tal examen la conclusión de que no ha existido violación al estado de inocencia que reconoce nuestra Constitución de la República en su artículo 89. V. DECISIÓN No Ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo. VI. POR TANTO, La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 361 y 363 del Código Procesal Penal, FALLA: 1) DECLARA NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo interpuesto por la Abogada J. M. P. G., defensora pública del encausado A. M. C. A.; 2) DECLARA FIRME Y EJECUTABLE LA SENTENCIA de fecha veinte de octubre de dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Trujillo, departamento de Colón, que contiene el fallo condenatorio dictado en contra del señor A. M. C. A. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho notifique a la representación del Ministerio Público y al apoderado defensor y devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. Magistrada Coordinadora. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. Magistrado. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. Magistrado. Firma y Sello. José ramón Cruz Ferrera. Receptor Adscrito. Sala de lo Penal.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de febrero del año dos mil diecinueve. Certificación de la sentencia de fecha once de enero del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-196-2015.

JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA

RECEPTOR ADSCRITO

SALA DE LO PENAL

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[1]El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que, durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.