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Sentencia CP-190-16 — Registro 13594

Resumen

En primera instancia se absolvió a los imputados por el delito de Tenencia Ilegal de Armas Comercial y de Guerra y los condenó como autores del delito de Cultivo de Marihuana, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras, a la pena de diez (10) años, seis (6) meses de reclusión y multa de quince mil (Lps 15,000.00) lempiras, , en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL MOTIVO ES DE RECIBO. El Censor sostiene que no apreciándose la concurrencia de agravantes ni atenuantes, ni tampoco se acredita la peligrosidad de los acusados, el Tribunal Sentenciador ha debido imponer la pena mínima, al respecto es criterio de esta Sala y lo ha expresado ya en fallos anteriores (vid. SP 98-2010), que la teoría del Margen de libertad que sigue nuestro código demanda que la pena concreta ha de establecerse entre el mínimo y máximo de la pena fijado por el juzgador dentro de cuyos límites han de jugarse consideraciones de orden preventivo. El artículo 69 supra citado deja claramente establecido que el juez fijará la pena tomando en cuenta los antecedentes personales, su mayor o menor peligrosidad, las circunstancias atenuantes y agravantes tanto por su número como, sobre todo, por su magnitud e importancia, y la mayor o menor extensión de los males producidos por el delito, en particular los de naturaleza económica, de tal manera que el juez tiene un margen de discrecionalidad reglada para considerar aquellos aspectos que la ley ha sometido a su conocimiento al momento de imponer la sanción; de modo que corresponde al juzgador medir la magnitud e importancia de las circunstancias accidentales o modificativas de la responsabilidad penal y apreciar la concurrencia o no de todos los aspectos que debe considerar para fijar la pena concreta; en este sentido la Sala constata que, en la audiencia para individualizar la pena, señalada por el Tribunal de Instancia, el Ministerio Público no acreditó mediante los elementos de prueba correspondientes circunstancias agravantes u otras que permitieran al Juez fijar una pena media tal como se hizo. Tampoco logró acreditar la peligrosidad de los imputados Víctor Manuel Vega Tábora y Josué Kevin Orellana Caballero, en tanto que no basta alegar de soslayo y sin mayor razonamiento que los condenados son peligrosos. En este sentido es necesario recordar, que la peligrosidad no puede ser presumida, sino que ha de estar probada; en otro caso no será posible aplicarla como circunstancia relevante para la determinación de la pena. El juicio de peligrosidad se divide en dos momentos. En la fase de diagnóstico se trata de analizar si el sujeto reúne los síntomas que pueden indiciar su peligrosidad. En primer lugar, habrá que tener en cuenta el delito que haya cometido y ponerlo en relación con la personalidad del sujeto. Aquí pueden ser muy importantes datos como la forma de ejecución, los motivos, su actitud ante el hecho realizado, etc. Es decir, factores que pueden ser muy significativos para descubrir la personalidad del sujeto. El estudio de las características típicas de la personalidad del sujeto es muy importante, pues serán un indicio de que la posible peligrosidad del mismo radica en componentes más o menos permanentes de su personalidad, y no en el delito concreto que haya cometido. Naturalmente, habrá que examinar otros factores, como los biológicos, los ambientales, etc… En la fase de prognosis se trata de formular ya el juicio de peligrosidad criminal, es decir, el pronóstico acerca de la probabilidad de que el sujeto realice hechos delictivos en el futuro. Como métodos de prognosis se utilizan los siguientes: a) el método intuitivo, que se basa en las apreciaciones subjetivas del juez sin apoyo científico ni técnico; b) el método científico se basa en el estudio de la personalidad del sujeto por especialistas y técnicos mediante procedimientos científicos; y c) el método estadístico, que se basa en la aplicación de las tablas de predicción creadas por los criminólogos norteamericanos y alemanes, y consiste en la elaboración de un cálculo de probabilidades con la ayuda de dichas tablas y teniendo en cuenta los rasgos de personalidad del sujeto. Siendo que en el caso de autos la Representación del Ministerio Público no acreditó en el momento procesal oportuno la peligrosidad del sujeto, tampoco la existencia de agravantes, el Juzgador de Instancia al individualizar la pena ha infringido lo dispuesto en el artículo 69 del Código Penal, por lo que ha criterio de esta Sala, el Juzgador aplicó incorrectamente los criterios establecidos por la ley para la determinación de la pena concreta, por lo que, es procedente declarar ha lugar el recurso de casación por infracción de ley interpuesto por el recurrente y fijar una nueva pena para los acusados que debe ser la pena mínima señalada para tal delito..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha cuatro de diciembre del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de diciembre de dos mil diecinueve, el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados: José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Miguel Alberto Pineda Valle, por ausencia justificada de la Magistrada Alma Consuelo Guzmán García pronuncian En Nombre Del Estado De Honduras La sentencia en el Recurso de Casación SP 190-2016 por infracción de ley, interpuesto contra la sentencia de fecha trece de enero del año dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, mediante la cual; Primero: Absolvió a los señores Víctor Manuel Vega Tábora y Josué Kevin Orellana Caballero, del delito de Tenencia Ilegal de Armas Comercial y de Guerra, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. Segundo: Condenó a los señores Víctor Manuel Vega Tábora y Josué Kevin Orellana Caballero, como autores del delito de Cultivo de Marihuana, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras, a la pena de diez (10) años, seis (6) meses de reclusión y multa de quince mil (Lps 15,000.00) lempiras, más las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil por el tiempo que dure la condena principal. Tercero: No procede a condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Cuarto: No se declara la responsabilidad civil de los señores Víctor Manuel Vega Tábora y Josué Kevin Orellana Caballero. Quinto: Se decretó el comiso de la droga puesta a disposición del Tribunal, consistente en la cantidad dieciséis mil doscientos dos (16,202) gramos de marihuana, siendo que es una sustancia ilegal, su único destino luego del comiso de la misma, es su destrucción conforme a la ley; de igual forma se declara el comiso de cuatro armas de fuego: 1) tipo pistola marca CZECH, modelo CZ75BD, calibre 9mm, serie 0922X, con su cargador y nueve cartuchos sin percutir. 2) Arma de fuego tipo sub ametralladora, marca H&R, MODELO 50, calibre 45, automática, serie 114151, con su respectivo cargador y nueve cartuchos sin percutir. 3) Arma de fuego tipo fusil, sin marca y sin serie calibre 30, con su cargador y nueve cartuchos sin percutir y no está en buen funcionamiento; 4) Arma de fuego tipo sub ametralladora, marca CARL GUSTAV, calibre 9mm, serie 58642 con su cargador y seis cartuchos sin percutir. Interpuso el recurso de casación el abogado Noel Antonio Mendoza, en su condición de Defensor Privado de los señores Víctor Manuel Vega Tábora y Josué Kevin Orellana Caballero. Son Partes En La Única Instancia: El abogado Noel Antonio Mendoza, en su condición de Defensor Privado de los imputados como parte recurrente; y el Abogado Salvador Cuestas Arévalo, en su calidad de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos Probados “PRIMERO: Que el día veintiocho de mayo del año dos mil catorce, agentes de investigación Criminal con apoyo del escuadrón Cobras, mediante auto motivado expedido por el Ministerio Público realizaron un allanamiento en la propiedad de la señora Luisa Tábora, ubicada en la aldea El Pacayal, jurisdicción del municipio de Atima, departamento de Santa Bárbara, propiedad cercana perimetralmente con alambre de púas y encontrado una casa de habitación y en donde se encontraba el señor Víctor Manuel Vega Tábora, donde también se encontró hierba seca y semillas de marihuana ya recolectada en cantidades superiores a las consideradas para el consumo personal inmediato, o sea siete mil setecientos gramos (7,600 gramos), y al realizar requisa en la otra casa dentro de la misma propiedad y que está construida con tablas de madera y techo zinc, donde se encontraba el señor Josué Kevin Orellana Caballero, se encontró un saco de mezcal color blanco conteniendo hierba seca (marihuana), ya recolectada con un peso superior al consumo personal inmediato o sea seis mil quinientos gramos (6,500 gramos) y al requisar el resto de la propiedad específicamente en una galera que se ocupa para despulpar café se encontró un toldo color azul y sobre el mismo una cantidad de hierba seca marihuana ya recolectada o cosechada, superior al consumo personal inmediato y el resto de la propiedad se encontró un cultivo de plantas de marihuana en surcos, bolsas para siembras y trasplante y una plantación de marihuana de tres mil plantas de las cuales se conservaron dos para el análisis con un peso superior al consumo personal inmediato, o sea mil cien gramos (1,100 gramos) y el resto se destruyó en el mismo lugar del hallazgo.” Recurso De Casación. Motivos y Argumentos Recurso de Casación por Infracción de Ley ÚNICO MOTIVO: INFRACCIÓN DE LEY SUSTANTIVA PENAL Precepto Autorizante: Artículo 360 Del Código Procesal Penal. La infracción sucede en la inobservancia de la aplicación del artículo 69 del Código Penal vigente. Explicación de motivo Primero.- la sentencia recurrida, en los hechos declarados probados establece: Primer hecho: Que el día veintiocho de mayo del año dos mil catorce, agentes de investigación criminal con apoyo del escuadrón cobras, mediante auto motivado expedido por el Ministerio Público, realizaron un allanamiento en la propiedad de la señora Luisa Tábora, ubicada en la aldea el Pacayal Jurisdicción del municipio de Atima, departamento de Santa Bárbara, propiedad Cercada perimetralmente con alambre de púas y encontrando una casa de habitación y en donde se encontraba el señor Víctor Manuel Vega Tábora, donde también se encontró hierba seca y semillas de marihuana ya recolectada en cantidades superiores a las consideradas para el consumo personal inmediato o sea siete mil seiscientos gramos (7,600 gramos) y al realizar requisa en la otra casa dentro de la misma propiedad y que está construida con tablas de madera y techo de zinc donde se encontraba el señor Josué Kevin Orellana Caballero, se encontró un saco de Mezcal color blanco conteniendo hierba seca (Marihuana) ya recolectada con un peso superior al consumo personal inmediato o sea seis mil quinientos gramos (6,500 gramos) y al requisar el resto de la propiedad específicamente en una galera que se ocupa para despulpar café se encontró un toldo color azul, y sobre el mismo una cantidad de hierba seca marihuana ya recolectada o cosechada superior al consumo personal inmediato y el resto de la propiedad se encontró un cultivo de plantas de marihuana en surco, bolsas para siembra y trasplante y una plantación de marihuana de tres mil plantas de las cuales se conservaron dos para el análisis con un peso superior al consumo personal inmediato o sea mil cien gramos (1,100 gramos) y el resto se destruyó en el mismo lugar del hallazgo. Por estos hechos declarados probados el Tribunal De Sentencia, declaró responsables penalmente a mis representados señores Víctor Manuel Vega Tábora y Josué Kevin Orellana Caballero, por el delito de Cultivo de Marihuana, en concepto de autores, por considerar que su conducta guarda relación directa con el artículo 32 del Código Penal, y que además los encausados enmarcan su conducta en una actividad claramente identificable de cultivar marihuana para fines comerciales, tipificado y penado por el artículo 16 de la Ley sobre el uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, cuya pena abstracta oscila entre nueve a doce años de reclusión más multa de entre cinco mil y veinticinco mil lempiras. En la Presente Causa El Tribunal de Sentencia determinó imponer a mis representados Víctor Manuel Vega Tábora y Josué Kevin Orellana Caballero, la pena privativa de libertad en su grado medio de DIEZ (10) AÑOS SEIS (06) MESES, de reclusión más la multa de QUINCE MIL LEMPIRAS (LPS, 15,000) Es aquí en la individualización de la pena concreta que se violenta el artículo 69 del Código Penal Vigente, pues el artículo 69, que se refiere a la determinación de la pena aplicable, establece lo siguiente; El Juez determinará en la sentencia la Pena Aplicable al indiciado dentro del máximo y mínimo señalado por la ley para cada delito y las circunstancias en que el mismo se haya cometido. Para ello tendrá en cuenta sus antecedentes personales, su mayor o menor peligrosidad, las circunstancias atenuantes y agravantes que haya concurrido en el hecho apreciadas tanto por su número como, sobre todo, por su magnitud e importancia y la mayor o menor extensión de los males producidos por el delito, en particular los de naturaleza económica. En la Motivación de la sentencia el Juez consignará expresamente las circunstancias antes señaladas en el párrafo anterior que ha tenido en cuenta para determinar la extensión de la pena. Esta defensa no está de acuerdo con la pena concreta que se les impuso a los encausados, ya que en la individualización de la misma, el Tribunal de sentencia, no observó lo establecido en el Artículo 69 del Código Penal, y explico Por qué: En la Imposición de esta Pena, deben tomarse en cuenta circunstancias ya establecidas en la misma ley como ser: los antecedentes personales de los imputados, en el caso que nos ocupa, el ente acusador que fue quien solicitó la pena en su término medio, no aportó prueba alguna, que demostrase que la conducta de mis clientes en la comunidad que Vivían y en la sociedad en general, antes de que se cometiera este delito, era mala o inadecuada, o que los mismos eran un peligro inminente para la sociedad. En estos hechos probados no se observó ninguna circunstancia gravante de las establecidas en el artículo 27 del Código Penal, pues tampoco el ente acusador probó alguna de las establecidas en el citado artículo, Y de igual manera tampoco existe prueba que termine la mayor o menor extensión de los males producidos por el delito, pues estos males si realmente existieron, tuvo que haberlos cuantificado la Víctima, en este caso el estado de Honduras, representado en este Caso Por La Procuraduría General De La República, pero no se presentó nada al respecto. En Conclusión no existen circunstancias agravantes en contra de los encausados, ni de las demás a que se refiere el artículo 69 del Código Penal, para que se les haya impuesto la pena concreta en su término medio es decir DIEZ (10) AÑOS SEIS (06) MESES, de reclusión más la multa de QUINCE MIL LEMPIRAS (LPS, 15,000), por lo tanto considera esta defensa que lo procedente era imponer la pena concreta en su término mínimo, es decir DE NUEVE (9) AÑOS DE RECLUSIÓN MÁS CINCO MIL LEMPIRAS (L. 5,000) DE MULTA. De igual manera en el segundo párrafo del artículo 69 del Código Penal, se exige que en la Motivación de la Sentencia el Juez debe de Consignar expresamente las circunstancias que ha tenido en cuenta para determinar la extensión de la Pena, Sin Embargo, en la Sentencia en todo su contenido no se observa, tal motivación, ni la explicación de cuáles son esas circunstancias que se tomaron en cuenta, solamente en el acápite séptimo, de los Fundamentos Jurídicos, aparece el pronunciamiento sobre la imposición de la pena concreta, y en el Segundo Acápite de la Parte Resolutiva, pero sin Motivación alguna. No cabe duda que se ha inobservado los prescrito en el artículo 69 del Código Penal, ya que lo procedente es imponer a los encausados, la pena concreta en su término mínimo DE NUEVE (9) AÑOS DE RECLSUION MÁS CINCO MIL LEMPIRAS (L. 5,000) DE MULTA. APLICACIÓN PRETENDIDA El recurrente es del criterio de si no fueron probadas ni apreciadas las circunstancias establecidas en el artículo 69 del Código Penal, debe imponerse la pena concreta en su término mínimo de NUEVE (9) AÑOS DE RECLUSIÓN MÁS CINCO MIL LEMPIRAS (L. 5,000) DE MULTA.” Fundamentación Del Recurso de Casación por Infracción de Ley Como lo ha reiterado esta Sala de lo Penal, por tratarse de un Recurso de Casación por Infracción de Ley, solo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley, tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala, de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso, dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el Juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (Hechos Probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Conforme lo regula el artículo 360 del Código Procesal Penal, el objeto de la Infracción en un recurso de casación por infracción de ley puede recaer en tres aspectos: a) Precepto Penal de Carácter Sustantivo, es decir normas penales en sentido estricto, como son las que determinan delitos, faltas, estados peligrosos, penas, medidas de seguridad, eximentes de responsabilidad penal, formas de intervención en el delito, grados de realización del delito, circunstancias agravantes o atenuantes, reglas relativas a la responsabilidad civil etc., es decir aquellas que conforman el derecho penal material o sustantivo. b) Norma Extrapenal, referente a aquellas que pertenecen al derecho penal sustantivo, que no se encuentran en el Código Penal o leyes penales especiales, pero que deben ser “observadas para la aplicación de la ley penal”, por ejemplo, las leyes penales en blanco, que son aquellas que señalando la pena aplicable al delito, omiten establecer todo o parte de la conducta punible y para poder completarla se remite a otra norma, bien sea penal o no. c) Principio de Doctrina Legal, debemos entender por doctrina, de conformidad al párrafo segundo del artículo 360 del Código Procesal Penal, “La reconocida como tal por la Corte Suprema de Justicia, por medio de tres sentencias conformes sobre un mismo asunto”. Otra circunstancia a considerar al momento de plantear un recurso de casación, son las diferentes especies del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, las cuales son: a) Violación o Falta de Aplicación, consistente en la falta de aplicación de la ley o doctrinas legales que correspondan o se ajusten a los hechos probados que enuncia la sentencia. Es la omisión de parte del Juzgador, en cuanto a la cita o aplicación de la norma aplicable al caso y que justifica legalmente los hechos probados de la sentencia. b) Aplicación Indebida, consiste precisamente en la invocación por el Juzgador, de leyes o doctrinas legales ajenas a la verdad concebida en los hechos probados de la sentencia, de tal suerte que se aprecia la incongruencia en el fáctum de la resolución y la norma que se le asigna. c) Interpretación Errónea, consistente en que citando la sentencia la ley correspondiente, se aplica otorgándole un sentido distinto al que tiene. Único Motivo *Norma autorizante: artículo 360 del Código Procesal Penal. *Norma sustantiva que se denuncia infringida: artículo 69 del Código Penal. *Concepto de la infracción: inobservancia de la aplicación del artículo 69 del Código Penal. *Pretensión: que se dicte una nueva sentencia imponiendo a los imputados la pena mínima. Explicó el recurrente que no está conforme con la pena concreta que se les impuso a los acusados, pues el Tribunal Sentenciador no aplicó el artículo 69 del Código Penal, es decir tomar en cuenta para determinar la pena concreta las agravantes, atenuantes, antecedentes personales y todo lo que se establece en el artículo anteriormente citado, en la audiencia de individualización el Ministerio Público alego peligrosidad de los imputados pero no la probó, tampoco la concurrencia de ninguna agravante. De los criterios para fijar la pena concreta (Artículo 69 del Código Penal)[1]. El artículo 69 del Código Penal establece cuales son los criterios que debe valorar el Juzgador para aplicar la pena concreta en un caso determinado, incluyendo en ellos las atenuantes, agravantes, la peligrosidad, antecedentes personales, circunstancias en que se suscitaron los hechos, los males producidos por el delito sobre todo los de naturaleza económica. En este sentido es necesario recordar que para la imposición de una pena determinada por la comisión de una infracción penal es necesario llevar a cabo un procedimiento de concreción de la misma. En nuestro derecho dicha concreción se establece en distintas fases, concediendo en primer lugar el protagonismo a la ley y otorgando en segundo lugar una mayor o menor participación a los Jueces o Tribunales encargados de su aplicación. En este sentido, la pena no puede venir representada con carácter general por una magnitud única, es decir, la ley no puede determinar la pena de un modo absoluto, pues un modelo de penas de esta forma estructurado infringiría el principio de igualdad. De esta manera, la pena ha de estar abierta a que una pluralidad de datos sobre el hecho producido y sobre el sujeto que lo cometió, distintos de los que ya han sido tomados en consideración para fijar el marco penal abstracto, tengan asimismo un reflejo sobre la misma en cualquiera de las fases de su concreción. Así pues, estamos hablando de un sistema de penas sólo relativamente determinadas, de tal modo que el proceso de determinación de la pena ha de venir configurado necesariamente a través de un equilibrio de funciones que en el mismo han de atribuirse a las instancias de la ley y del juez. Ello explica por qué en aras del Debido Proceso, del Derecho de Defensa y del Principio de Contradicción, el Código Procesal Penal ordena el señalamiento de una audiencia de individualización de la pena, de tal forma que las partes acrediten mediante las pruebas necesarias, las circunstancias indicadas por el artículo 69 de nuestro texto punitivo. De la Procedencia del Recurso. El Motivo es de Recibo. El Censor sostiene que no apreciándose la concurrencia de agravantes ni atenuantes, ni tampoco se acredita la peligrosidad de los acusados, el Tribunal Sentenciador ha debido imponer la pena mínima, al respecto es criterio de esta Sala y lo ha expresado ya en fallos anteriores (vid. SP 98-2010), que la teoría del Margen de libertad que sigue nuestro código demanda que la pena concreta ha de establecerse entre el mínimo y máximo de la pena fijado por el juzgador dentro de cuyos límites han de jugarse consideraciones de orden preventivo. El artículo 69 supra citado deja claramente establecido que el juez fijará la pena tomando en cuenta los antecedentes personales, su mayor o menor peligrosidad, las circunstancias atenuantes y agravantes tanto por su número como, sobre todo, por su magnitud e importancia, y la mayor o menor extensión de los males producidos por el delito, en particular los de naturaleza económica, de tal manera que el juez tiene un margen de discrecionalidad reglada para considerar aquellos aspectos que la ley ha sometido a su conocimiento al momento de imponer la sanción; de modo que corresponde al juzgador medir la magnitud e importancia de las circunstancias accidentales o modificativas de la responsabilidad penal y apreciar la concurrencia o no de todos los aspectos que debe considerar para fijar la pena concreta; en este sentido la Sala constata que, en la audiencia para individualizar la pena, señalada por el Tribunal de Instancia, el Ministerio Público no acreditó mediante los elementos de prueba correspondientes circunstancias agravantes u otras que permitieran al Juez fijar una pena media tal como se hizo. Tampoco logró acreditar la peligrosidad de los imputados Víctor Manuel Vega Tábora y Josué Kevin Orellana Caballero, en tanto que no basta alegar de soslayo y sin mayor razonamiento que los condenados son peligrosos. En este sentido es necesario recordar, que la peligrosidad no puede ser presumida, sino que ha de estar probada; en otro caso no será posible aplicarla como circunstancia relevante para la determinación de la pena. El juicio de peligrosidad se divide en dos momentos. En la fase de diagnóstico se trata de analizar si el sujeto reúne los síntomas que pueden indiciar su peligrosidad. En primer lugar, habrá que tener en cuenta el delito que haya cometido y ponerlo en relación con la personalidad del sujeto. Aquí pueden ser muy importantes datos como la forma de ejecución, los motivos, su actitud ante el hecho realizado, etc. Es decir, factores que pueden ser muy significativos para descubrir la personalidad del sujeto. El estudio de las características típicas de la personalidad del sujeto es muy importante, pues serán un indicio de que la posible peligrosidad del mismo radica en componentes más o menos permanentes de su personalidad, y no en el delito concreto que haya cometido. Naturalmente, habrá que examinar otros factores, como los biológicos, los ambientales, etc… En la fase de prognosis se trata de formular ya el juicio de peligrosidad criminal, es decir, el pronóstico acerca de la probabilidad de que el sujeto realice hechos delictivos en el futuro. Como métodos de prognosis se utilizan los siguientes: a) el método intuitivo, que se basa en las apreciaciones subjetivas del juez sin apoyo científico ni técnico; b) el método científico se basa en el estudio de la personalidad del sujeto por especialistas y técnicos mediante procedimientos científicos; y c) el método estadístico, que se basa en la aplicación de las tablas de predicción creadas por los criminólogos norteamericanos y alemanes, y consiste en la elaboración de un cálculo de probabilidades con la ayuda de dichas tablas y teniendo en cuenta los rasgos de personalidad del sujeto. Siendo que en el caso de autos la Representación del Ministerio Público no acreditó en el momento procesal oportuno la peligrosidad del sujeto, tampoco la existencia de agravantes, el Juzgador de Instancia al individualizar la pena ha infringido lo dispuesto en el artículo 69 del Código Penal, por lo que ha criterio de esta Sala, el Juzgador aplicó incorrectamente los criterios establecidos por la ley para la determinación de la pena concreta, por lo que, es procedente declarar ha lugar el recurso de casación por infracción de ley interpuesto por el recurrente y fijar una nueva pena para los acusados que debe ser la pena mínima señalada para tal delito. Decisión Se declara ha lugar el recurso de casación interpuesto por la Defensa Privada de los imputados. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 360, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 69 del Código Penal; 16 de la Ley sobre Uso Indebido y Trafico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas. Falla: Primero: Declara Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por el Abogado Noel Antonio Mendoza en su condición de Defensor Privado de los señores Víctor Manuel Vega Tabora y Josué Kevin Orellana Caballero. Segundo: Revoca parcialmente la sentencia de fecha trece (13) de enero del dos mil dieciséis (2016), dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara. Tercero: Casa parcialmente la sentencia recurrida en el sentido siguiente: condena e impone a los señores Víctor Manuel Vega Tabora y Josué Kevin Orellana Caballero, la pena de mínima de nueve (9) años de reclusión, más una multa de cinco mil lempiras (L 5,000.00) por el delito de Cultivo de Marihuana en perjuicio de la Salud del Estado de Honduras, más las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil por el tiempo que dure la condena principal. Cuarto: Se mantiene incólume la sentencia en el resto de sus argumentos y resoluciones. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado Coordinador. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Miguel Alberto Pineda Valle. Magistrado Integrante. Firma y Sello. María del Carmen Godoy. Receptora Adscrita. Sala de lo Penal.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de enero del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha cuatro de diciembre del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-190-2016.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

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[1] Sentencia de Casación Penal SP 252-2010, dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, en fecha 20 de junio de 2012.