Sentencia CP-188-15 — Registro 10022
Resumen
En primera instancia se absolvió al imputado por el delito de Tráfico de Drogas en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras. Resolviendo en segunda instancia Ha lugar.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO: EL TERCER MOTIVO ES DE RECIBO. De manera previa, es preciso mencionar que la vinculación entre la pretensión punitiva de la parte acusatoria y el fallo de la sentencia judicial, implica que el órgano de enjuiciamiento debe dictar una resolución congruente con dicha pretensión, lo que responde no solo a la necesidad de garantizar los principios de contradicción y defensa, sino también a respetar la distribución de funciones entre las diferentes partes en el proceso penal, más concretamente entre el órgano jurisdiccional y el Ministerio Público. En el caso actual, se desprende de las actuaciones de instancia, que, en la audiencia de formalización de cargos en la etapa intermedia del proceso, el Ministerio Público calificó los hechos intimados contra el señor E. C. V., por dos delitos: uno de posesión de insumos para la fabricación de drogas y, el otro, por tráfico ilícito de drogas; ambos contenidos en la Ley Sobre el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas (f. 617 Tomo II). En la audiencia de debate del juicio oral y público, el ente acusador modificó dicha acusación a un delito de posesión de insumos para la fabricación de drogas –sostenido en la audiencia de formalización de cargos en la etapa intermedia del proceso– y, un delito de facilitación de local para el tráfico ilícito de drogas, contemplados respectivamente en los artículos 22 y 24 de la Ley Sobre el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas (f. 831 y f. 839 Tomo II). Según el artículo 337 del Código Procesal Penal y la jurisprudencia de esta Sala de lo Penal (Ver sentencia de fecha 22 de noviembre de 2017, recaída en el expediente SP 419-2017), las conclusiones de las partes en la audiencia del debate vinculan al Tribunal de Sentencia respecto a las decisiones que deba tomar en la sentencia de fondo, siendo admisible la modificación de la acusación por parte del Ministerio Público siempre que no conlleve un agravamiento de la situación jurídica por la que se había estado defendiendo el acusado, mucho menos la imputación de nuevos delitos o la inclusión en la acción penal de personas distintas al imputado, circunstancias que no se identifican en el presente caso. En este sentido, resulta palmario que el Tribunal de Sentencia estaba obligado a pronunciarse sobre estos dos delitos en cuestión, y al no hacerlo cometió un doble vicio de incongruencia, el primero de ellos, por pronunciarse en su dispositiva por un delito del cual el ente acusador había dejado de acusar durante el debate, y, el segundo de ‹‹incongruencia omisiva›, la cual aparece en aquellos casos en el que el Tribunal de Instancia vulnera el deber de atendimiento y resolución de aquellas pretensiones que se hayan traído a juicio oportuna y temporalmente, frustrando con ello el derecho de la parte, a obtener una respuesta fundada en derecho sobre la cuestión formalmente planteada. El Ministerio Público modificó su acusación por los delitos de posesión de insumos para la fabricación de drogas y de facilitación de local para el tráfico ilícito de drogas, contemplados en los artículos 22 y 24 respectivamente de la Ley Sobre el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, de los cuales ninguno de ellos fue atendido en la parte resolutiva de la sentencia, razón por la cual deviene procedente estimar el motivo tercero impetrado por el Ministerio Público y declarar ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.4 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha treinta de mayo del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta (30) días del mes de mayo del año dos mil diecinueve (2019); el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de Coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García pronuncian: EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, La sentencia en el expediente número S.P.188-2015, conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha doce de enero del año dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, mediante la cual falló: Primero: Absolver al señor E. C. V., por el delito de Tráfico de Drogas en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras. Segundo: No procede decretar responsabilidad civil de E. C. V. Tercero: Se exonera al condenado del pago de las costas procesales, personales y gastos ocasionados por el juicio. Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, la Abogada I. A. F., Fiscal del Ministerio Público. SON PARTES: La Abogada I. A. F., Fiscal del Ministerio Público, como recurrente; y, la abogada I. Y. L. Á., apoderada defensora, como recurrida. II. HECHOS PROBADOS: “Analizados y valorados los distintos medios probatorios utilizados por las partes procesales durante la audiencia de debate, este Tribunal declara probado lo siguiente: PRIMERO: En fecha 5 de septiembre del año 2005, la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico recibió una denuncia sobre las actividades de distribución de droga de un individuo apodado “El Tiburón”, fue así que dieron seguimiento a la denuncia. SEGUNDO: En fecha 27 de noviembre del año 2005, se realizó un allanamiento en la casa de habitación de E. C. V., en donde se decomisó una balanza digital, marca Tanita color azul y negro, y teléfonos celulares Motorolla V 635, dándole detención en ese acto al señor C. V.” III. RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS. La recurrente, la Abogada I. A. F., fiscal del Ministerio Público, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN PRIMER MOTIVO: “No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave que atenta contra las reglas de la sana crítica al observarse en la valoración de la prueba, y que se convierte, en consecuencia, en la inobservancia del artículo 202 del CPP. En el presente proceso con la finalidad de acreditar los hechos, se evacuó durante la Audiencia de Juicio, entre otra, la prueba de cargo que se describe a continuación: 1) PRUEBA DE CARGO 1. Declaración del Testigo Clave T1; quien hizo referencia a la denuncia en la cual se mencionaba a C. M. G. C. también conocido como “Tiburón” por los hechos de Trasiego de Drogas; misma que fuera recibida en la Dirección Nacional de Lucha Contra el Narcotráfico. El testigo describió las vigilancias y seguimientos que se realizaron; manifestando que verificaron la dirección denunciada y observaron a E. C. V. llegar a esa dirección a recoger a C. M. C., conocido como “Tiburón”; asimismo se refirió al seguimiento al vehículo del acusado en el que se trasportaba en compañía del señor C., hasta una casa conocida por narco menudeo; agregó que verificaron que el acusado en varias ocasiones se encontraba también con C. P. y que éste le entregó bolsas conteniendo algo blanco, como sal; así como que el acusado se encontraba tanto con M. C. (Tiburón), como con C. P. y con un cómplice de T. G., todos ellos involucrados en éste tipo de ilícitos. 2. Declaración del Testigo Clave T2; quién también se refirió a las diligencias de investigación practicadas (seguimientos, vigilancias) coincidiendo con los dichos del testigo Ti, además que observó que C. le daba al ahora imputado una bolsa plástica transparente con un contenido blanco, como un bolsa de sal, y C. se la metió a la bolsa, por la tarde el imputado salió hacia Casamata, donde se entrevistó con una persona y C. le entregó una bolsa similar a la que había visto antes; también agregó que participó en los allanamientos en la Colonia Aguilar Paz (donde capturaron a C.); diligencia en la cual decomisaron 3 kilos de cocaína, cucharas, bolsas como de una onza de cocaína, prensas y moldes cuadrados de un kilo para mezclar la droga, una gata hidráulica para prensar los moldes. El testigo también agregó que C. llegó en dos ocasiones a la casa ubicada en la Colonia Jesús Aguilar Paz, donde se capturó a C. 3. Declaración del Testigo Clave T3; quien participó en el allanamiento practicado en la vivienda ubicada en la Colonia Parcaltalgua, lugar donde residía E. C. (acusado); mediante el cual se dio detención al acusado y se decomisó dentro de una maleta negra, obscura, lugar que fue indicado por él mismo, 16 bolsas transparentes de aproximadamente una onza cada una conteniendo polvo blanco, balanza digital, varias bolsas transparentes, cortadas, hojas de papel blanco con nombre de personas. números de teléfono, dentro de las bolsas plásticas un terrón envuelto en papel higiénico (sustancia blanca), dentro de la otra bolsa dos terrones más pequeños envueltos en papel higiénico, un arma de fuego calibre 40 marca HK, 3 cargadores, 17 proyectiles y documentos de un vehículo Mazda color gris. 4. Declaración del Testigo Clave T6; quien ratificó el informe rendido sobre el análisis del vaciado telefónico en el cual se hace un resumen de las comunicaciones de teléfonos celulares y su relación con el número de teléfono fijo del acusado E. C. V.; de dicho estudio resalta el dato consistente en 805 llamadas que realizó C. P. al acusado C. V. también el testigo resaltó que se encontró relación entre el número de teléfono del acusado y los números de teléfonos de C. E. G. T. quien ha sido detenido por drogas, así como al número de una persona de nombre M. A., conocida como “La China” que se dedicaba al tráfico de drogas y fue detenida el 18 de Agosto de 2006. 5. Actas de Vigilancia donde se hace constar todo lo manifestado por los testigos. 6. Acta de Allanamiento realizada en la Colonia Parcaltalgua, calle Bustamante, casa 3611, lugar de residencia del acusado; y en la cual, entre los objetos más relevantes se encontró 16 bolsitas de aproximadamente una onza cada una, conteniendo polvo blanco; una balanza digital, bolsitas plásticas cortadas y otras con residuos; papeles con nombres de cantidades, un terrón color blanco envuelto en papel higiénico, dentro de otra bolsa dos terrones más pequeños y residuos blancos, un arma de fuego y tres cargadores y 17 proyectiles, documento de un vehículo Mazda, color gris. 7. Dictamen Pericial realizado por la Doctora L. P. M. que concluye que los residuos de polvo blanco encontrados en utensilios corresponden a cocaína y el polvo blanco decomisado se trata de cocaína en una cantidad total de 3,367.3 gramos, misma que no es compatible con la dosis considerada como consumo personal inmediato. Al valorar los elementos de prueba anteriormente relacionados el Juzgador consideró que “Estimamos que si bien es cierto, se mencionó en el acta de allanamiento de fecha 27 de Noviembre de 2005, un supuesto decomiso de bolsas plásticas con residuos de polvo blanco aparentemente cocaína, (describiéndose en el acta de allanamiento el supuesto decomiso de bolsas plásticas transparentes con polvo blanco, 4 bolsitas plásticas transparentes rotas y un pedazo de papel de aluminio, además de la descripción de un terrón mediano, dos pequeños envueltos en papel higiénico de supuesta droga, las cuales no fueron incorporados a Juicio... No contamos con los indicios relacionados en el Acta de allanamiento, con lo cual, pese a que se encuentra un dictamen toxicológico, la evidencia física no fue incorporada, de lo cual se infiere que existe insuficiencia probatoria, ya que inclusive, en la referida acta se menciona que se filmó el sitio de donde se obtuvieron las supuestas bolsas con residuo de polvo blanco, y esta prueba no fue propuesta ni incorporada a debate, lo cual, hubiese podido dar credibilidad a la procedencia de los supuestos indicios analizados... Asimismo, estimamos esa insuficiencia probatoria debido a que no se encontró a E. C. V. realizando ninguna transacción “debidamente acreditada” de compra venta de droga; y como prueba de descargo se contó con prueba suficiente que comprueba la adicción de C. V. a la cocaína, por lo que en caso que hubiese estado en posesión de ésta droga, se desprende que podría ser para su consumo por su problema de adicción”. (Ver numeral Segundo del Apartado de la Fundamentación Jurídica). En virtud de lo anterior, debemos señalar que las anteriores apreciaciones hechas por el Juzgador, las consideramos como infracción a la regla lógica de la derivación integrado por el Principio de Razón Suficiente, en su característica de suficiencia, el cual, como sabemos, debe estar constituido por inferencias que se desprenden de pruebas allegadas al debate en legal y debida forma así como de conclusiones razonables deducidas de las pruebas y la sucesión de éstas que se vayan determinando, Principio que se encuentra vulnerado al establecer el Juzgador como conclusión que la prueba allegada al proceso es insuficiente para determinar la responsabilidad del enjuiciado como autor de los dos delitos por los cuales fue acusado, ya que el andamiaje probatorio fue suficiente para acreditar los ilícitos que sirvieron de base a la acusación, pues con el Acta de Allanamiento se determinó que en la vivienda del acusado había diferentes insumos o implementos relacionados con la fabricación de drogas, encontrándose en dicho lugar un terrón color blanco envuelto en papel higiénico y dentro de otra bolsa dos terrones más pequeños y residuos blancos, una balanza y bolsa pequeñas para empacar la drogas, además encontraron un arma de fuego, tres cargadores y 17 proyectiles, documentos de un vehículo Mazda, color gris; ésta prueba se complementa con el Dictamen Pericial realizado por la Doctora L. P. M. que concluye que los residuos de polvo blanco encontrados en utensilios corresponden a cocaína y el polvo blanco decomisado se trata de cocaína en una cantidad total de 3,367.3 gramos, estos elementos probatorios al ser relacionados por las declaraciones de los testigos protegidos, hace que sus dichos adquieran una coherencia y congruencia necesaria para resultar totalmente creíbles, siendo importante resaltar lo afirmado por el testigo T3 quien participó en la diligencia de allanamiento y describió los insumos encontrados en la vivienda del acusado relacionado con el delito en mención; por otra parte con la declaración del testigo Clave T6 quien realizó el vaciado telefónico, quien hace constar en su informe que el acusado estaba en comunicación constante con C. P., pues se verificó 805 llamadas telefónicas que evidencian una comunicación permanente entre ambos, lo cual es concordante con los dichos del testigo T2 quien durante las vigilancias observó que el acusado visitaba la casa de C. a quien encontraron en su vivienda ubicada en la Colonia Aguilar Paz, lugar donde fue capturado, 3 kilos de cocaína, cucharas, bolsas como de una onza de cocaína, prensas y moldes cuadrados de un kilo para mezclar la droga, una gata hidráulica para prensar los moldes, lo que deja evidenciada la actividad ilícita a la que también ésta persona se dedicaba. El vaciado telefónico reveló que el acusado también estaba en constante comunicación con C. E. G. T. y M. A., alias “La C.”, quienes han sido procesados por el delito de Tráfico de Drogas; de igual manera las vigilancias que fueron relatadas por los testigos y que constan en las respectivas Actas, son concordantes con el conjunto de pruebas, acreditándose que el imputado se relacionaba con personas que eran investigadas por delito de Tráfico de Drogas, entre ellas C. P., C. M. G. C. (T.) y un cómplice de T. G. quien también se dedicaba al narcomenudeo, por lo que podemos concluir que el acusado facilitaba el transporte al “T.” para que éste distribuyera la droga y además que en su casa de habitación tenia almacenada una gran cantidad de cocaína, lo que explica la existencia de artículos como bolsitas plásticas cortadas y otras con residuos de polvo blanco, papeles con anotaciones de nombres y cifras, diversos aparatos celulares, una la balanza digital y 16 bolsitas conteniendo polvo blanco, el cual resultó ser cocaína en una cantidad no compatible con la usada para consumo, nos hacen concluir que éste se encontraba Facilitando Local para que C. M. G., el señor C. P. y T. G., vendiera y distribuyeran la droga. En consecuencia, y en este orden de resultados obtenidos de la prueba evacuada en el proceso, el Ministerio Público no logra extraer la razón por la cual el sentenciador dejó de valorar el contenido de las mismas, ya que los testimonios son congruentes, precisos y claros, la prueba fue legalmente incorporada, y al ser analizada de manera conjunta y armónica, conduce toda ella a la inexorable conclusión de que el imputado sí perpetró los hechos delictivos por los cuales fue enjuiciado; por ende, con el proceso intelectivo de valoración de material probatorio de cargo, se vulneró, como antes se expuso, las reglas de la Sana Crítica que debió observar el juzgador al momento de valorar la prueba antes señalada, infringiendo el postulado de la Derivación integrado por el principio de Razón Suficiente, en sus características tanto de veracidad como de suficiencia, ya que de la probanza antes señalada se desprende sin lugar a dudas que el enjuiciado sí es responsable de los hechos por los cuales fue sometido a juicio. Por lo anteriormente expuesto, solicitamos se declare procedente el presente motivo, anulando el fallo recurrido, ordenando la devolución de los antecedentes al respectivo Tribunal de Sentencia, para que el trámite de que se trate sea substanciado de conformidad con la ley. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del mismo. SEGUNDO MOTIVO: “Adolecer la sentencia proferida de motivación jurídica insuficiente”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal que establece: “Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o si en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la Sana Crítica. El Artículo 141 del Código Procesal Penal establece que los actos y las sentencias tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación. De igual forma, El artículo 338, regla cuarta, numeral 3), del Código Procesal Penal, establece: “Las sentencias se redactarán por escrito, con sujeción a las reglas siguientes... CUARTA: ... 3. Fundamentación Jurídica. En párrafos también separados y numerados se consignarán, de forma clara, sucinte y precisa, con indicación de los preceptos o doctrina legal aplicables, los fundamentos legales de la calificación de los hechos que se hubiesen tenido para cada uno (1) de los procesados; de las causas de exención, atenuación o agravación de la responsabilidad penal, en caso de que concurra alguna de ellas; y de las penas que se impongan, en caso de condena, así como, los fundamentos doctrinales y legales de la responsabilidad civil en que pudieran haber incurrido las personas acusadas y otras sujetas a ella; del pronunciamiento sobre las costas; y de las disposiciones que puedan adoptarse sobre el destino de los objetos secuestrados...”, partiendo de esta disposición legal, el órgano jurisdiccional se encuentra obligado a darle respuesta a todas las cuestiones debatidas en el juicio, debiendo motivar su decisión, por ende su fallo debe ser congruente con la acusación, pues al no pronunciarse respecto a una de esas cuestiones estaríamos ante una incongruencia omisiva, que consiste en la ausencia de pronunciamiento, en el fallo de alguna de las cuestiones que constituyeron objeto de debate. En el caso subjudice, se hace patente la motivación insuficiente en que incurrió el juzgador, la cual se ve reflejada en la fundamentación jurídica del presente fallo, al no haber expresado ampliamente los criterios legales que lo llevaron a determinar porqué, en el caso sub judice no concurren los elementos objetivos y subjetivos de los delitos establecidos en los artículos 22 y 24 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, por los cuales el ente fiscal solicitó una sentencia condenatoria, lo que indiscutiblemente genere un vicio de forma que es manifiesto hasta el acto mismo de sentenciar, dando lugar para recurrir la sentencia por adolecer de una motivación jurídica insuficiente. En este sentido debemos entender que la falta de motivación se designa como la ausencia de una exposición de los motivos que justifiquen la convicción del juez en cuanto al hecho y las razones jurídicas que determinan la aplicación de una norma a ese hecho, el Juez debe consignar las razones que lo llevan a tener por acreditados o no, los hechos que constituyen los elementos materiales del delito, enunciando las pruebas de que se sirve en cada caso y expresando la valoración que haga de ellas, así como los fundamentos jurídicos de su fallo. Es evidente que el Tribunal sentenciador a olvidado que: “las sentencias son la forma de comunicación entre el Juez(a) y la sociedad, en donde el primero rinde cuentas al segundo de la autoridad que se le ha confiado, también la sentencia es la forma como el Juez(a) defiende la validez y vigencia del derecho objetivo, aplicando éste al caso concreto que es disputado, finalmente la sentencia concluye un conflicto surgido de la inobservancia de la ley, pronunciándose sobre las pretensiones antagónicas (condenatoria y absolutoria) que le han presentado las partes[1]”. Tomando como base los parámetros recursivos supra referidos se determina que la sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave que atenta la motivación que debe observarse en todo fallo, el cual se produjo en el apartado de FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA de la misma, al no realizar el juzgador un análisis jurídico del porqué a su criterio no tiene ningún tipo de responsabilidad penal el señor E. C. V. en los delitos de Facilitación de Local para el Tráfico de Drogas y Posesión de Insumos, lo que impide verificar la corrección del razonamiento realizado por el sentenciador, apreciándose que éste únicamente realiza una explicación del porqué en el caso sub judice no concurre el delito de Tráfico Ilícito de Drogas, argumentos no son suficientes para comprender por qué éste no cometió los delitos por los cuales el ente fiscal solicitó una sentencia condenatoria. Por lo que se aprecia a simple vista que el A-quo ha formado su convicción, sin decir las razones de esta convicción, sin realizar un razonamiento expreso, lógico y coherente para dirigir la formación de su convicción hacia los hechos delictuosos atribuidos a dicho imputado, es decir, el Tribunal no emitió un amplio y adecuado pronunciamiento, respecto al porqué no tiene ninguna responsabilidad el señor E. C. V. en los delitos supra referidos. En virtud de los argumentos que anteceden, los mismos nos conducen a afirmar que en el caso sub judice, se hace patente la falta de motivación en que incurrió el Juzgador y que se ve reflejada en la fundamentación jurídica, al haber omitido expresar el Juzgador en la apreciación de las mismas las razones o motivos que lo llevaron a determinada conclusión. En virtud de lo anterior solicitamos se declare procedente el presente motivo anulando el fallo recurrido, ordenando la devolución de los antecedentes al respectivo Tribunal de Sentencia, para que el trámite de que se trate sea substanciado de conformidad con la ley. Como el vicio ha ocurrido en el acto de dictar sentencia, ha resultado imposible plantear el reclamo correspondiente para subsanarlo. TERCER MOTIVO: “En la parte resolutiva de la sentencia se omitieron elementos esenciales, tales como la resolución de todas las cuestiones debatidas” PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 4, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La impugnación que hoy se hace a la sentencia, se fundamenta en que la misma omitió resolver sobre cuestiones esenciales debatidas, como ser el pronunciamiento de la responsabilidad que en la causa de méritos tiene el acusado E. C. V. por los delitos de Facilitación de Local para el Tráfico de Drogas y Posesión de Insumos para la fabricación de drogas (Comprendidos, respectivamente, en los artículos 22 y 24 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas) por los cuales fue acusado por el Ministerio Público; violentando con ello lo dispuesto en el artículo 338 Regla Quinta del Código Procesal Penal que prescribe: “En la parte resolutiva, se absolverá o condenará a las personas acusadas, con pronunciamientos separados respecto a cada una de ellas, y de cada uno de los delitos de los que hayan sido acusados, determinando en caso de condena, la pena correspondiente a cada una de ellas y por cada infracción”. La parte resolutiva de la sentencia ahora impugnada señala que: “FALLA: PRIMERO: ABSOLVEMOS a E. C. V., cuyos datos de identificación se encuentran en el preámbulo de esta Sentencia, por el delito de TRÁFICO DE DROGAS en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS. SEGUNDO: No procede decretar la responsabilidad civil de E. C. V. TERCERO: EXONERAMOS al condenado del pago de las costas procesales personales, ni gastos ocasionados en el juicio. CUARTO: Notificar a las partes procesales de esta Sentencia...” Como podemos observar el Sentenciador no resolvió respecto a la responsabilidad del imputado E. C. V. en los delitos antes descritos y que están comprendidos en los artículos 22 y 24 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, por lo cuales se formalizo la acusación contra dicho acusado, pues si nos remitimos a los antecedentes de la sentencia impugnada podemos constatar que en sus conclusiones el representante del ente acusador solicitó: “...solícita que se condene al imputado por un delitos de facilitación de local para el tráfico de drogas de acuerdo a los artículos 22 y 24 de la Ley contra el Uso Indebido y Tráfico de Estupefacientes, solicitamos que se condene al imputado por éstos dos delitos como autor de los mismos...”. El vicio se presenta ante el silencio que hace el Juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, respecto a los puntos antes señalados que fueron parte del debate por las partes procesales, dicha omisión constituye un quebrantamiento de la forma tal y como lo establece nuestra Ley Procesal. En relación al tema, el Manual de Derecho Procesal Penal Hondureño[2], nos refiere: “La sentencia debe resolver todos los puntos de acusación y defensa debatidos, con los límites impuestos en el artículo 337 del Código Procesal Penal, el defecto se produce cuando el Juzgador en la parte resolutiva de la sentencia no da respuesta a una de esas cuestiones que fueron discutidas en el proceso...”, situación que se evidencia en la sentencia impugnada. (Lo resaltado no corresponde al texto original). Por lo anteriormente expuesto, solicitamos se declare procedente el presente motivo, anulando el fallo recurrido, ordenando la devolución de los antecedentes al respectivo Tribunal de Sentencia, para que el trámite de que se trate sea substanciado de conformidad con la ley. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del vicio.” IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que ésta sentencia tenga validez debe de estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe de subordinar su actividad, es pues éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumplen con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas fijadas en la ley. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por la Abogada I. A. F., fiscal del Ministerio Público. Tercer motivo: *Normas autorizantes citadas: Artículo 362.4 del Código Procesal Penal; *Normas procesales que se denuncian infringidas: Artículos 338 regla quinta del Código Procesal Penal; *Concepto de la infracción: En la parte resolutiva de la sentencia se omitieron elementos esenciales, tales como la resolución de todas las cuestiones debatidas; *Acciones de saneamiento: Imposibilidad de reclamo previo pues el vicio consta en la sentencia; *Pretensión: Anular el fallo recurrido, ordenar la devolución de los antecedentes al respectivo Tribunal de Sentencia, para que el tramite sea substanciado conforme a ley. Arguye la recurrente que el sentenciador omitió resolver las cuestiones esenciales debatidas, como ser el pronunciamiento de la responsabilidad que en la causa tiene el acusado E. C. V., por los delitos de facilitación de local para el tráfico de drogas y posesión de insumos para la fabricación de drogas (comprendidos respectivamente en los artículos 22 y 24 de la Ley Sobre el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas), por los cuales fue acusado por el Ministerio Público. Argumenta que el acusador en sus conclusiones solicitó la condena del acusado por estos dos delitos a título de autor, a lo cual el juzgador guardó silencio, dicha omisión la considera un quebrantamiento de las formas procesales. Principio de congruencia de la sentencia con la acusación. El proceso penal vigente se basa en el principio acusatorio donde la acción penal (pública o privada) es ejercida por un sujeto procesal distinto al que juzga, al que le deviene la tarea de definir los hechos constitutivos de delitos, individualizar a las personas que considere responsable y sostener en el proceso tales aseveraciones a través de la prueba recabada en una fase de investigación previa, en contra posición el juzgador está obligado a respetar los extremos objetivos y subjetivos contemplados y señalados por el ente acusador. El principio acusatorio da paso al derecho de defensa, permitiendo que el imputado sea intimado de los hechos que se le atribuyen con suficiente antelación que le permitan controvertirlos, incluso aportando prueba para ello, así pues nace la contradicción entre partes con posiciones e intereses subjetivos antagónicos: por una parte el acusador expone claramente el contenido de la acción penal de manera previa, obligado a probar su teoría, y por otra parte el imputado quien tiene el derecho a que le sea oída su respuesta a la acusación, de defenderse de la misma, lo cual solo es posible si puede conocer la totalidad de su contenido de manera previa; el destinatario de lo que acontece en la duela jurídica es el juzgador a quien corresponde decidir sobre la procedencia de la acción penal conforme al mérito probado, viéndose vinculado a la acusación a la que tendrá como límite máximo la expectativa punitiva planteada, no pudiendo sobrepasar la misma o apreciar hechos o circunstancias distintas a las presentadas en ella, a ello se le conoce como principio de congruencia de la sentencia con la acusación. (Ver sentencia de la Sala de lo Penal de fecha 11 días de agosto del año 2009 contenida en el Expediente 322-2007). El principio de congruencia exige una debida vinculación entre la sentencia que emita el Tribunal de Sentencia tras celebrarse la audiencia de debate y el contenido de la acusación, fijado en la audiencia de formalización de cargos celebrada durante la etapa intermedia del proceso penal, que prohíbe al juzgador distraerse de los elementos objetivos y subjetivos de la acusación: 1.Elemento objetivo: Prohíbe al juzgador incorporar en la sentencia hechos punibles no derivados de la formalización de la acusación, ya que de hacerlo incidiría en el derecho de defensa del imputado, quien podría resultar condenado por hecho punible del que no ha tenido oportunidad de defenderse, al no haber sido previamente oído, al no haberse podido oponer y al no haber tenido la oportunidad de ofrecer prueba de descargo; 2. Elemento subjetivo: Prohíbe al juzgador extender el derecho punitivo contra persona o personas distintas determinadas en la formalización de la acusación. En resumen, el sentido del principio de congruencia de la sentencia con la acusación es permitir que la persona imputada conocer oportunamente el alcance y el contenido de la acusación que le permita ejercer defensa de ésta y no ser condenada por hechos de los que nunca se le dio oportunidad ser oída, por ello el objeto del proceso no puede ser alterado por el Tribunal de Sentencia, de forma tal que se configure un delito diferente al que fue objeto de debate procesal; el derecho a ser informado de la acusación exige su conocimiento completo, con el objeto de evitar un proceso penal inquisitivo. (Ver sentencia de fecha 20 de junio de 2012 en expediente 308-2009 y de fecha 18 días del mes de octubre de 2012, en expediente 065-2010). Con todo, no debe de entenderse que el juzgador se encuentra atado al contenido de la acusación, tal cual que su respuesta solo pueda ser positiva o negativa a lo planteado en la acusación, el principio de congruencia no limita al Tribunal de Sentencia a calificar los hechos contenidos en la acusación de una manera diferente, siempre que: 1. El nuevo delito o falta calificado se desprenda de los hechos intimados en la formalización de la acusación y que hayan sido probados en el debate; 2. En el fáctum declarado probado no se incluyan hechos o circunstancias diferentes a las que se fijaron en la formalización de la acusación, pues son estos hechos y circunstancias los que fueron objeto probanza y de contradictorio en el debate; y 3. El delito apreciado por el Tribunal de Sentencia no supere las expectativas punitivas del ente acusador, por tanto, no podría reprochar penalmente un delito más grave, más si uno de igual o menor gravedad o incluso una falta. Ahora bien, como regla general, el principio de congruencia vincula la sentencia con el contenido de la formalización de cargos realizada en la audiencia preliminar de la etapa intermedia del proceso, en donde el acusador estatal o privado debe de calificar los hechos acusados en una de las figuras penales vigentes, pudiendo realizar calificaciones alternativas y subsidiarias en caso de prever que la definición dependerá del resultado del debate (artículo 301.3 del Código Procesal Penal). Como excepción el artículo 337 del Código Procesal Penal advierte que además de la formalización de cargos, la sentencia podría verse vinculada con el auto de apertura a juicio, con la ampliación de la acusación o con las conclusiones de las partes en el debate, en los casos y formas siguientes: 1. Hechos fijados en el auto de apertura a juicio: La fase intermedia del proceso es una etapa crítica sobre las conclusiones de la investigación preparatoria, tiene por objeto el control concreto y previo sobre la validez formal y la seriedad material de la acusación. Lo que se busca con esta etapa procesal es racionalizar la administración de justicia, evitando someter inútilmente a un ciudadano a los rigores del juicio oral. La etapa intermedia se compone por: formalización de la acusación, contestación de cargos y auto de apertura a juicio. El juez o jueza de letras, siempre a la sombra del principio indubio pro accusatione, evaluara si la acusación presentada en la audiencia preliminar tienen apariencia de poder sustentarse en la audiencia de debate, lo cual se conoce como presupuesto objetivo material, pero además verificará si dentro de la acusación se individualiza la persona o personas a las que se le atribuye los hechos imputados, lo cual se denomina presupuesto subjetivo material; es muy importante resaltar que el juez de la etapa intermedia no le corresponde examinar la calificación jurídica de la acusación, de hecho, el Código Procesal Penal no determina que en el auto de apertura a juicio deba existir por parte del juzgador una calificación penal de los hechos que contienen la acusación, ya que su tarea exclusiva es verificar la existencia de los presupuestos objetivos y subjetivos antes explicados (Artículo 302 del código procesal penal). En caso de que la acusación no supere el examen del juez de la etapa intermedia, dictará un sobreseimiento provisional o definitivo, el cual puede afectar total o parcialmente el contenido de la formalización de la acusación; en caso de una afectación parcial (sea porque se dictó sobreseimiento provisional o definitivo a favor de uno de los imputados o en relación a uno de los delitos por estar sustentados en un hecho especifico que se prevé no podrá ser sustentado en juicio), el debate se celebrará sobre los aspectos de la acusación que si superaron el examen de los presupuestos objetivos y subjetivos, los que deberán de ser definidos en el auto de apertura a juicio y por ello en estos casos la sentencia, además de la formalización de cargos, también estaría vinculada con el auto de apertura a juicio. 2. Ampliación de la acusación: Determina el artículo 321 del Código Procesal Penal que la parte actora, durante el juicio, podrá solicitar que se consideren en el debate circunstancias o hechos antes no conocidos, distintos a los fijados en la formalización de la acusación, con el fin de: a. Modificar la calificación jurídica de los hechos fijados en la formalización de la acusación; y b. Modificar la pena del delito calificado en la formalización de la acusación. Para tal modificación, se requiere que se trate de hechos nuevos o de hechos antes no conocidos; y que los hechos no se encuentren mencionados en la formalización de la acusación. Señala el precepto legal que, reunidos los requisitos mencionados, el defensor tendrá derecho a solicitar la suspensión del debate, al amparo del artículo 312.7 del Código Procesal Penal, para efectos de ajustar la teoría de la defensa a los nuevos hechos, pudiendo inclusive proponer nuevos medios de prueba o solicitar que el imputado sea escuchado nuevamente respecto a la ampliación o modificación. Finalmente, la norma procesal señala que no constituye ampliación de la acusación: La corrección de errores materiales; la inclusión de circunstancias que no modifiquen la calificación jurídica del delito o la pena que pudiese ser impuesta; y la introducción de hechos nuevos, ya que sean independientes o conexos con los fijados en la formalización de la acusación, que puedan constituir delitos diferentes; en estos casos dispone el Código Procesal Penal, que se deberá de proceder por aparte respecto a estos nuevos hechos, en un proceso penal diferente, ello en aras de garantizar el derecho de defensa. 3. Las conclusiones del debate: Por reforma al artículo 337 del Código Procesal Penal, el legislador dispuso que las conclusiones de las partes en la audiencia del debate vinculaban al Tribunal de Sentencia respecto a las decisiones que deba tomar en la sentencia. Es importante advertir que las conclusiones son el último acto procesal que realizan los apoderados legales de las partes en el proceso penal previo a la decisión de fondo, en el cual dan a conocer sus pretensiones basadas en la actividad probatoria que ha tenido lugar; además es de tener en cuenta que lo señalado en las conclusiones no puede ser objeto de ulterior contradictorio, mucho menos de prueba o contra prueba, pues con esta actuación se da por finalizada la audiencia de debate. Por lo anterior, el derecho de defensa no permite como admisible la modificación de la acusación por parte del Ministerio Público que conlleve un agravamiento de la situación jurídica por la que se había estado defendiendo el acusado, mucho menos la imputación de nuevos delitos o la inclusión en la acción penal de personas distintas al imputado, pues si no es permisible en la ampliación de la acusación que se hace al inicio del debate, mucho menos podría serlo en la etapa de conclusiones. Por lo anterior se considerará vinculante para el Tribunal: a. La renuncia de la acción penal por parte del Ministerio Público, la que conforme al artículo 44 del Código Procesal Penal favorecería no solo a la persona imputada sino a todos los involucrados en la acción penal; b. La modificación (sin que sea permisible la inclusión) de las calificaciones penales, siempre que no implique modificación de los hechos imputados; y c. El planteamiento de calificaciones de delitos alternativos sobre los mismos hechos que fueron objeto de debate, en base a la especialidad o subsidiariedad entre unos y otros. No será vinculante el allanamiento por la representación legal del acusado sobre los hechos objeto de imputación, pues deberá ser precisamente definido por el mérito de la prueba, más si puede ser objeto de valoración la aceptación de los hechos que haga el acusado en su última intervención previo a declarar cerrado el debate, valoración que se realizará de manera conjunta con la prueba evacuada. En conclusión, la sentencia estaría vinculada no solo con la formalización de cargos, sino además con el auto de apertura a juicio, la ampliación de cargos realizada en la audiencia de debate y con las conclusiones hechas en la audiencia de debate, siempre que se ajuste a lo señalado en este apartado. DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO: EL TERCER MOTIVO ES DE RECIBO. De manera previa, es preciso mencionar que la vinculación entre la pretensión punitiva de la parte acusatoria y el fallo de la sentencia judicial, implica que el órgano de enjuiciamiento debe dictar una resolución congruente con dicha pretensión, lo que responde no solo a la necesidad de garantizar los principios de contradicción y defensa, sino también a respetar la distribución de funciones entre las diferentes partes en el proceso penal, más concretamente entre el órgano jurisdiccional y el Ministerio Público. En el caso actual, se desprende de las actuaciones de instancia, que, en la audiencia de formalización de cargos en la etapa intermedia del proceso, el Ministerio Público calificó los hechos intimados contra el señor E. C. V., por dos delitos: uno de posesión de insumos para la fabricación de drogas y, el otro, por tráfico ilícito de drogas; ambos contenidos en la Ley Sobre el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas (f. 617 Tomo II). En la audiencia de debate del juicio oral y público, el ente acusador modificó dicha acusación a un delito de posesión de insumos para la fabricación de drogas –sostenido en la audiencia de formalización de cargos en la etapa intermedia del proceso– y, un delito de facilitación de local para el tráfico ilícito de drogas, contemplados respectivamente en los artículos 22 y 24 de la Ley Sobre el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas (f. 831 y f. 839 Tomo II). Según el artículo 337 del Código Procesal Penal y la jurisprudencia de esta Sala de lo Penal (Ver sentencia de fecha 22 de noviembre de 2017, recaída en el expediente SP 419-2017), las conclusiones de las partes en la audiencia del debate vinculan al Tribunal de Sentencia respecto a las decisiones que deba tomar en la sentencia de fondo, siendo admisible la modificación de la acusación por parte del Ministerio Público siempre que no conlleve un agravamiento de la situación jurídica por la que se había estado defendiendo el acusado, mucho menos la imputación de nuevos delitos o la inclusión en la acción penal de personas distintas al imputado, circunstancias que no se identifican en el presente caso. En este sentido, resulta palmario que el Tribunal de Sentencia estaba obligado a pronunciarse sobre estos dos delitos en cuestión, y al no hacerlo cometió un doble vicio de incongruencia, el primero de ellos, por pronunciarse en su dispositiva por un delito del cual el ente acusador había dejado de acusar durante el debate, y, el segundo de ‹‹incongruencia omisiva›, la cual aparece en aquellos casos en el que el Tribunal de Instancia vulnera el deber de atendimiento y resolución de aquellas pretensiones que se hayan traído a juicio oportuna y temporalmente, frustrando con ello el derecho de la parte, a obtener una respuesta fundada en derecho sobre la cuestión formalmente planteada. El Ministerio Público modificó su acusación por los delitos de posesión de insumos para la fabricación de drogas y de facilitación de local para el tráfico ilícito de drogas, contemplados en los artículos 22 y 24 respectivamente de la Ley Sobre el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, de los cuales ninguno de ellos fue atendido en la parte resolutiva de la sentencia, razón por la cual deviene procedente estimar el motivo tercero impetrado por el Ministerio Público y declarar ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. DE LA PROCEDENCIA DE LOS DEMÁS MOTIVOS DE CASACIÓN: LOS DEMÁS MOTIVOS NO SON OBJETO DE PRONUNCIAMIENTO. Al haber prosperado el tercer motivo de casación y por los efectos que conlleva, se exime el estudio de los demás motivos de Casación por Quebrantamiento de Forma. V. DECISIÓN. Ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su tercer motivo, interpuesto por la Abogada I. A. F., Fiscal del Ministerio Público. VI. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y 363 del Código Procesal Penal. FALLA: 1) DECLARA HA LUGAR el Recurso de Casación de Quebrantamiento de Forma, en su tercer motivo, interpuesto por la Abogada I. A. F., fiscal del Ministerio Público; 2) Declara la nulidad de la sentencia de fecha doce (12) de enero de dos mil quince (2015), dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, y del debate que la pronunció. Y MANDA: 1) Que se repita el debate con jueces distintos a los que participaron en el anulado; 2) Que, con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de Sentencia de origen, para que proceda conforme a derecho. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. Magistrado Coordinador. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. Magistrado. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. Magistrada. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. Receptora Adscrita. Sala de lo Penal.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de agosto del año dos mil diecinueve. Certificación de la Sentencia de fecha treinta de mayo del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-188-2015.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
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[1] Sentencia de fecha 16 de mayo del año 2013, recaía en el Recurso de Casación Penal No. SP-240-2011.
[2] Manual de Derecho Procesal Penal Hondureño, Tomo II. Dinámica Procesal. P. 427. Segunda Edición, Honduras, C.A., 2003.