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Sentencia CP-186-16 — Registro 9660

Resumen

En primera instancia se condena al imputado como autor del delito de parricidio, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Establece el precepto autorizante citado por el recurrente que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido una norma penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. El recurso interpuesto obliga a respetar el relato de hechos probados en la sentencia recurrida, pues en estos casos se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica y tales problemas han de plantearse y resolverse sobre unos hechos predeterminados, que han de ser fijados al efecto por el tribunal de instancia. El Recurso de Casación por Infracción de Ley se articula a partir de las precisiones fácticas que haya establecido el Tribunal de instancia, por no constituir una apelación ni una revisión de prueba. Se trata, en todo caso, de un recurso de carácter sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es el enfoque jurídico que, a unos hechos dados, ya inalterables, se pretende aplicar, en discordancia con el sentenciador. La técnica de la casación penal exige que en los recursos de esta naturaleza, se guarde el más absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia recurrida, ya que el ámbito propio de este recurso queda limitado al control de juricidad, o sea, que lo único que en él se puede discutir es si la subsunción que de los hechos hubiese hecho el Tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado es o no correcta jurídicamente, de modo que la tesis del recurrente no puede salirse del contenido del hecho probado. En el caso actual, el recurrente corrompe el contenido de los hechos probados, los modifica radicalmente en su integridad y los desvía de su recto sentido con hermenéutica subjetiva e interesada, interpola las declaraciones testificales de M. de los Á. C. y G. B. O. y deduce que estas no son suficientes, lo cual trata de desvirtuar la premisa mayor o fundamental de la resolución que ha de calificarse técnicamente en su tipicidad o atipicidad y que necesita de la indudable sumisión de las partes. Estas razones sustentan la conclusión de denegatoria de ambos motivos, pues han sido interpuestos en abierta discordancia con lo afirmado en los hechos probados..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."EL RECURSO NO ES DE RECIBO. En el caso actual, aunque el censor no lo expone de manera clara y precisa como exige la técnica casacional, deja entrever que a su representado se le lesionó la garantía genérica del debido proceso en su vertiente del derecho de defensa material, pues arguye que si se le hubiese permitido declarar al imputado durante la sustanciación del juicio en todas sus etapas, hubiera dejado establecido que le ocasionó la muerte a su compañera de hogar I. Y. O. C., como resultado de la imprudencia, impericia o negligencia. Da a entender entonces que se le ha limitado en alguna medida el derecho a ejercer la defensa material, lo que conlleva a que esta Sala de lo Penal audite la sesión de debate a efecto de determinar si es como arguye el recurrente, o si, por el contrario, se ha garantizado su derecho de ejercer su defensa material. En este sentido, ha sido criterio reiterado de la Sala de lo Penal que uno de los requisitos constitucionales del proceso penal lo constituye el derecho de defensa como presupuesto básico para todo pronunciamiento en materia penal, condicionando la acción punitiva del Estado a la observación de dicho derecho, erigiéndose como el poder de oposición a la acción y por lo tanto, constituye uno de los elementos esenciales del moderno proceso penal, en ese sentido, al garantizar la carta magna que el derecho de defensa es inviolable, lleva implícito que la instancia penal deba permitir a toda persona llevada a juicio, los medios efectivos y necesarios para la concreción de la defensa en juicio, de tal forma que las normativa procesal reguladora del debate público deba comprender la observación de tal derecho en cada una de las circunstancias o incidencias que se presenten durante el juicio, en ese sentido, al valorar el derecho de defensa en relación con los imputados habrá que precisar cómo se posibilita el ejercicio de ese derecho, ¿Cuándo posibilita la ley el derecho a la defensa del justiciable? Así encontramos una serie de disposiciones procesales que permiten la intervención del procesado aún inclusive en la etapa de investigación del proceso, aparece instituido el derecho de defensa como una potestad del justiciable de presentarse ante el ente de investigación si así lo desea, proponer prueba en esa etapa si así lo quiere, declarar si así lo desea y decir todo cuanto estime en su descargo, al igual que durante la etapa del juicio, le está permitido proponer cuantas pruebas estime pertinentes en su defensa y de declarar, respetando siempre los momentos procesales a efecto de garantizar la igualdad de partes en el proceso. (Sentencia de la Sala de lo Penal de fecha 11 de mayo de 2011, recaída en el expediente SP 183-2009). La Sala de lo Penal entiende que el derecho de defensa y a la última palabra no representa una mera formalidad, una simple fórmula de carácter ritual, sino que, por el contrario, constituye la salvaguarda de un derecho fundamental en tanto manifestación del principio estructural de contradicción y consiguientemente del derecho de defensa. El derecho a la defensa comprende no solo a asistencia de letrado elegido libremente, o a que el Estado le garantice uno en caso de que no posea los recursos, sino también al derecho del acusado a defenderse personalmente. Se trata, por tanto, de que lo último que oiga el órgano judicial antes de dictar sentencia y tras la celebración del juicio, sean las manifestaciones del propio acusado que en ese momento asume su propia defensa. En el caso actual, los argumentos recursivos distan mucho de lo acaecido en audiencia de debate, pues si es claro que el imputado tuvo las oportunidades procesales para pronunciarse y defenderse materialmente de la imputación, en el inicio del juicio (f. 175) fue consultado por el Tribunal de Sentencia si deseaba declarar, a lo que respondió que no; igualmente, al finalizar las conclusiones por parte de la fiscalía del ministerio público y de su defensa técnica, se le dio oportunidad de la última palabra (f. 182), oportunidad por la que manifestó pedir perdón a sus hijos, a la señora M. de los Á. y disculpas a la sociedad. No se desprende, entonces, una lesión a la garantía genérica del debido proceso en su vertiente del derecho de defensa material, pues al acusado se le ha garantizado la oportunidad de defenderse materialmente, ha hecho uso de la palabra al momento final del debate, lo que mejor expresa y garantiza el derecho de defensa material, en cuanto es la oportunidad de dar una especie de resumen de todo lo sucedido durante el debate público y contradictorio que constituye la esencia del juicio oral...."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."EL PRIMER MOTIVO NO ES DE RECIBO. Esta Sala de lo Penal considera que por disposición del artículo 338 regla cuarta numeral 1 del Código Procesal Penal, en la sentencia en párrafos separados y numerados, se hará declaración expresa y terminante de los hechos que se consideran probados, descritos con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse, luego, la regla quinta de ese artículo expresa que en la parte resolutiva se absolverá o condenará a las personas acusadas. Cuando no se observan los requisitos de la regla cuarta antes citada podría tener lugar la casación en la forma por concurrencia de cualquiera de los supuestos autorizados por el artículo 362 numeral 2) del mismo código. Ahora bien, es de hacer notar que los hechos probados deberán tener congruencia con la parte resolutiva del fallo, esto es, si se trata de sentencia condenatoria, los hechos probados deberán reflejar la concurrencia de un injusto penal determinado, y, al contrario, si se absuelve, no deben los hechos probados describir una conducta típica. En el caso presente, el motivo planteado por la defensa no es de recibo, pues la lectura de los hechos probados permite tener una visión de los hechos que afirman los juzgadores que acontecieron y tuvieron como resultado la muerte de la señora I. Y. O. C.. Contrario indica el censor, el segundo hecho probado no es contradictorio, pues el que el acusado R. B. haya ido a traer el arma de fuego tipo pistola que había comprado para mostrársela a su primo C. B., no excluye la consecución del comportamiento reprochado al autor, de empuñar su arma, apuntar y disparar contra la señora I. Y., provocándole una herida en la región media de la espalda que le produjo lesión de órganos vitales de la cavidad torácica y que finalmente le ocasionó la muerte. En el hecho probado segundo no hay verdades contrapuestas, ni hay planteamientos antagónicos que se excluyen entre sí y por ende imposibiliten definir cuál es la verdad histórica en que se fundamenta el juzgamiento, al contrario, existe certidumbre de la verdad de lo ocurrido. Es necesario hacer énfasis en que el motivo presente es independiente al proceso de valoración de los medios de prueba, el cual puede ser denunciado por la vía del numeral 3 del artículo 362 del Código Procesal Penal. El motivo tiene como referente únicamente los hechos probados de la sentencia, y no puede cuestionarse por esta vía su disconformidad o su inexactitud a la luz de la actividad probatoria. La Sala de lo Penal confirma que los hechos probados son claros, precisos y terminantes, pues hacen un relato lógico-cronológico, de la dinámica de los hechos y de como la participación que tuvo el autor en ellos..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha nueve de septiembre del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “I. SENTENCIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve (9) días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de Coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García pronuncian: EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La sentencia conociendo de los Recursos de Casación SP 186-2016 por Infracción de Ley, por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, interpuestos contra la sentencia de fecha veintiuno de enero de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, mediante la cual falló: Primero: Se condena al justiciable R. B. C., como autor penalmente responsable del delito de parricidio en perjuicio de I.Y. O., a la pena de treinta (30) años de reclusión. Segundo: Condena al justiciable R.B. C., a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la pena principal, así como a trabajar por dicho tiempo en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario. Tercero: Se declara civilmente responsable al condenado R. B. C., obligación que deberá determinarse en la fase de ejecución de la sentencia. Cuarto: No procede condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. Quinto: No se declara comiso en virtud de que no se puso a disposición del Tribunal ninguna pieza de convicción ni de ejecución alguna. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley, por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, el abogado A. T.M., actuando en su condición de defensor privado de R. B. C. SON PARTES: El abogado A. T. M., defensor privado de R. B. M. como recurrente; y, el abogado S. C. A., fiscal del Ministerio Público, como recurrida. II. HECHOS PROBADOS. “Este Tribunal a partir de valoración armónica de la prueba practicada en juicio conforme a las reglas de la sana crítica, declara probados los hechos que a continuación se detallan: PRIMERO: La señora I. Y. O. C., era la compañera de hogar del señor R. B.C., con quien procreó una hija de nombre G. R. B. O., ambos tenían su hogar en la Colonia San Francisco en esta ciudad de Tegucigalpa, en varias ocasiones el señor R. B., discutía de manera constante con la señora I. por razones de celos y había amenazado a su compañera de hogar con comprar un arma de fuego, llegando a adquirir el arma de fuego tipo pistola, color negro, marca PHLIPPINES, Serie ABS 7386, por lo que I. Y. se sentía amedrentada. SEGUNDO: El día miércoles dieciocho (18) de febrero del año dos mil quince (2015), aproximadamente a las 3:30 de la tarde la señora I.Y. O. C., se encontraba en la sala de su casa de habitación en compañía del señor C. B y de su compañero de hogar R. B. quien fue a traer el arma de fuego tipo pistola que había comprado para mostrarla a su primo el señor C. B., después de que éste la observó se la devolvió a R., quien al tenerla en sus manos apuntó contra la señora I. Y. disparando el arma, provocándole una herida en la región media de la espalda que le produjo lesión de órganos vitales de cavidad torácica, por lo que ésta cayó en el sofá que se encontraba en la sala de su casa de habitación, mientras que el señor C.B. procedió de inmediato a llamar a los Bomberos, quienes llegaron varios minutos después a la casa de habitación de la señora I. Y. y la trasladaron a la emergencia del Hospital Escuela, falleciendo horas después como consecuencia de la herida recibida. ”III. RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOSLa parte recurrente, Abogado A. T. M., defensor privado, procedió a formalizar los Recursos de Casación por Infracción de Ley, por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente: “EXPRESIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY O DE DOCTRINA LEGAL. PRIMER MOTIVO: Infracción por aplicación indebida del precepto penal sustantivo contenido en el Artículo 13 párrafos Tercero del Código Penal vigente. PRECEPTO AUTORIZANTE: Lo constituye el Artículo 360 del Código Procesal Penal. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: La norma sustantiva infringida el artículo 13 párrafo Tercero del Código Penal vigente, por aplicación indebida del fallo en la sentencia recurrida fallida por el tribunal sentenciador, quienes emitieron su fallo partiendo de la primicia que adoptó el Ministerio Público a través de su Fiscal en el debate al formalizar la acusación contra mi defendido el señor R.B. C., quien según la versión del Fiscal el imputado ese día fatídico llegó portando el arma homicida a su casa de habitación solo a dispararle a su compañera de hogar la señora I. Y. O. C.. Más adelante aportare nuevos elementos de juicio. SEGUNDO MOTVO: INFRACCIÓN POR INTERPRETACIÓN ERRONEA DE LO DECLARADO POR LOS TESTIGOS DE CARGO: PRECEPTO AUTORIZANTE: Lo constituye el Artículo 360 del Código Procesal Penal. En la sentencia recurrida, el Tribunal sentenciador valora pruebas de cargo insuficientes para la investigación de la verdad, como ser las declaraciones de los testigos de cargo: La testigo M. DE LOS A. C., madre de la fallecida, quien en sus declaraciones en el debate se refirió a hechos ocurridos en tiempos pretéritos, sin haber acreditado o aportado sus evidencias, resultando inútiles puesto que la testigo no presenció los ocurridos el 18 de febrero del año 2015, siendo los más esenciales del presente juicio. Con alusión a la testigo G. R. B. O., de apenas ONCE (11) ANOS DE EDAD, siendo una infante según el artículo 1 párrafo Tres del Código de la Niñez y la Adolescencia, por su edad no aseveró los hechos en los términos que dice la sentencia recurrida, ya que por su edad no tiene el grado de madures y razonamiento de un adulto proveniente de elementos congruentes, verdaderos y suficientes... RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DEL PRECEPTO CONSTITUCIONAL. ÚNICO MOTIVO :Violación a la Infracción del Precepto Constitucional, contenido en el Artículo 90 de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: Lo constituye el Artículo 361 del Código Procesal Penal. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN. La sentencia recurrida adolece de violaciones al ordenamiento jurídico preeminente en Honduras, en ese sentido el derecho fundamental al debido proceso lo tutela el Artículo 90 que reza: NADIE PUEDE SER JUZGADO SINO POR JUEZ O TRIBUNAL COMPETENTE CON LAS FORMALIDADES, DERECHOS Y GARANTIAS QUE LA LEY ESTABLECE, aplicable en este caso que nos ocupa, estrictamente al imputado R. B.C., quien nunca fue escuchado durante la secuela del juicio y para fortalecer dicho principio agregó la Axioma jurídica DE QUE NADIE PUEDE SER ACUSADO SIN ANTES HABER SIDO OIDO Y VENCIDO EN JUICIO, De donde resulta la imperiosa necesidad de encuadrar el proceso dentro de las previsiones establecidas en la ley procesal, respetando los Derechos y las Garantías Constitucionales aplicables al presente juicio. Que si bien es cierto que el imputado R. B. C., fue el autor de delito de PARRICIDIO, en perjuicio de su compañera de hogar I. Y. O. C., quien no lo niega, al habérsele permitido declarar durante la sustanciación del juicio en todas sus etapas, hubiera dejado establecido con su exposición de motivos, que todo se debió como resultado de la imprudencia, impericia o negligencia en el momento en que él le enseña el arma a su primo C. H. B. E., en su casa de habitación en la Colonia San Francisco, en la Ciudad de Comayagüela, el 18 de Febrero del año 2015, como a las 3:30 pasado meridiano.” RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. PRIMER MOTIVO: Por ser el hecho probado segundo contradictorio. PRECEPTO AUTORIZANTE: Lo constituye el Artículo 362 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: En el hecho probado de la sentencia recurrida expresa que el día Dieciocho(18) de Octubre del año 2015, estando en su casa de habitación ya precitada, el señor R. B. C., fue a traer el arma de fuego tipo Pistola que había comprado para MOSTRÁRSELA a su primo el señor C. H. B.E., quien después de observarla se la devolvió al señor R.... quien al tenerla en su manos, APUNTÓ y DISPARÓ contra la señora I. Y. O. C.... Por lo que ella cayó en el sofá... Estos elementos de juicio son Contradictorios, porque primeramente se argumenta que el imputado fue a traer el arma para enseñársela o mostrársela a su primo. Lo que está evidenciado que no tenía el arma en sus manos cuando se encontraba a solas con su compañera... El motivo principal de tener el arma fue para mostrársela a su primo ya mencionado... Seguidamente dicho hecho refiere que apuntó su arma para dispararle a su compañera, lo cual NO es creíble, porque la razón de tener o empuñar el arma fue otra, desde luego que existe contradicción, lo que desvirtúa el ánimo de delinquir. Igualmente, merece ser apreciado el hecho de que se dice que mi representado había entregado el arma a su primo para que la revisara porque se atascaba, quien era conocedor de armas de fuego por haber sido militar y que posteriormente éste se la devolvió, es contrario a la verdad, ya que el señor C. B. nunca tuvo el arma en sus manos, sino hasta después del hecho suscitado.... Es relevante, asimismo, considerar que no existe testigo presencial que relate en el sentido de que el señor R. B. apuntó el arma que esgrimía contra su compañera de hogar I. Y., lo que desdice lo aseverado en el hecho de mérito. SEGUNDO MOTIVO: Que se base (la Sentencia) en elementos probatorios incorporados al juicio por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: Lo constituye el Artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: I. Bajo el título MOTIVACION PROBATORIA, en su numeral 5). ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADÁVER Y RECOLECCIÓN DE INDICIOS No. 252 2015, elaborado por el señor I. Z., el cual obra a folio 43 incorporado al juicio mediante lectura... En dicho numeral (5) se lee textualmente (segunda línea)... La que se introdujo al Debate SIN RATIFICACIÓN.... En dicha acta se hace un reconocimiento de la escena y se enumeran los indicios recolectados. Entre ellos, un casquillo de metal, una pistola y un cargador con Tres (3) cartuchos sin percutir... II. En el numeral (6) de la motivación probatoria, bajo el título de ACTA DE ALLANAMIENTO DE MORADA, folio 52 de fecha 18 de febrero del 2015, al igual que al anterior se introduce al Debate SIN RATIFICACIÓN de los señores I.Z. 18 de febrero del año 2015, identificándose el lugar y lo que se localizó en su interior. III. Bajo el numeral 11, ÁLBUM FOTOGRÁFICO Y UN CROQUIS, de la vivienda de la ahora occisa, si fueron ratificadas en la audiencia del juicio oral por el mismo Perito I. Z.. IV. Luego, al hacerse la VALORACIÓN DE LA PRUEBA DE CARGO, en el párrafo Séptimo se inicia= con el acta de allanamiento de morada de fecha 18 de febrero de 2015, se le da pleno valor a dicha acta, a la que nos referimos anteriormente y que no fue ratificada, como al igual se valora el acta de levantamiento del cadáver, además del Libro Fotográfico... Es el caso que con tal valoración se concluyó la responsabilidad penal de mi Patrocinado, puesta de manifiesto en la parte dispositiva de la Sentencia... Huelga decir que las dos (2) primeras actas de Referencia: La del levantamiento del cadáver y recolección de indicios y la de allanamiento de morada no fueron ratificadas en juicio, como la ley lo observa, no así el álbum fotográfico que si lo ratificó el mismo Perito señor I. Z.… ¿Si dicho Perito se encontraba presente y ratificó el álbum fotográfico, porque no ratificó las dos actas? No había motivo alguno que lo impidiera. El Artículo 311 numeral 4 del Código Procesal Penal dice textualmente: LECTURAS AUTORIZADAS. Excepcionalmente podrán ser incorporadas al juicio por lectura que hará el Secretario: 1……… 2……… 3……….. 4. Las actas que documentan las inspecciones, reconocimientos, registros o allanamientos que se hallan obtenidos o realizados en cumplimiento de lo dispuesto en el presente Código, pero habrán de ser Ratificadas en juicio siempre que sea posible... No había ningún impedimento para que el señor I. Z. ratificara las actas de levantamiento del cadáver y de allanamiento, ya que si lo hizo el mismo día con el acta del álbum fotográfico... El Artículo 311 está comprendido dentro del Título IV del Libro Segundo del Código Procesal Penal. Por ende, su NO observación produce Quebrantamiento de Forma. TERCER MOTIVO: Que se basa en medios o elementos probatorios NO incorporados legalmente al juicio. PRECEPTO AUTORIZANTE: Lo constituye el Artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: A través del proceso de Valoración de la Prueba, la Sentencia se refirió a que mi patrocinado había adquirido Un Arma de Fuego, cuyas características puso de manifiesto en los hechos probados PRIMERO: Donde se expresa que dicha arma era marca PHILIPINES, empero en el Peritaje y dictamen de balística se hace énfasis en que el arma homicida era marca TANGFOGLIO, lo que indefectiblemente genera dudas en cuanto a si se trata de la misma arma adquirida por el imputado y la que fue objeto del dictamen balístico evacuado por el señor M.G. G.,.. El Arma en referencia NO FUE OFERTADA NI PRESENTADA en juicio en la etapa preparatoria, mucho menos en el juicio oral y público el artículo 337 Del Código Procesal Penal señala: PRUEBAS DOCUMENTALES Y OTROS MEDIOS DE PRUEBA. Las pruebas documentales serán exhibidas en las audiencias con indicación de su origen... Los objetos y otros elementos de convicción que hayan sido secuestrados, serán exhibidos para reconocimiento por el imputado. Demás está decir que el arma, supuestamente homicida, no fue presentada y actualmente se desconoce su paradero, aún y cuando haya sido objeto de reconocimiento pericial lo que no desvirtúa la importancia de que tenía que ser puesta a la vista del imputado. En el numeral QUINTO de la parte dispositiva de la sentencia impugnada el Tribunal Sentenciador se pronuncia de la siguiente manera: QUINTO no se declara la pena de comiso en virtud de que no se puso a disposición del Tribunal ninguna pieza de convicción ni de ejecución alguna. Por consiguiente, en este caso que nos ocupa, existe quebrantamiento de forma al tenor del numeral 2 del artículo 362 del Código Procesal Penal.”IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA -Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal:1. Respeto irrestricto a los hechos probados: Los hechos probados es el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia en base a lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el Juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como principio de intangibilidad de los hechos probados.2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la doctrina legal, a consecuencia de: 2.1 Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso. 2.2 Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis.2.3 Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal. 2.4 Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y 2.5 Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión, a través del Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva hecha por el Tribunal de Sentencia, o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el Recurso de Casación por Infracción de Ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). -Recurso de Casación por Infracción de Ley. - Primer Motivo. *Precepto Autorizante: 360 del Código Procesal Penal. *Normas que se denuncian infringidas: Artículo 13 del Código Penal. *Concepto de la Infracción: Aplicación indebida; y, *Pretensión: Proceder conforme a derecho. Argumenta el censor que el tribunal de sentencia emite su fallo condenatorio a partir de la premisa que adoptó el ministerio público al formalizar acusación contra su representado Reinaldo Barrientos Carrasco, quien, según la versión del fiscal, el acusado llegó ese día portando el arma homicida a su casa de habitación solo para dispararle a su compañera de hogar la señora I.Y.O.C.. -Recurso de Casación por Infracción de Ley. Segundo Motivo. *Precepto Autorizante: 360 del Código Procesal Penal. *Normas que se denuncian infringidas: No determinado. *Concepto de la Infracción: Interpretación errónea de lo declarado por los testigos; y,*Pretensión: Proceder conforme a derecho.En la sentencia recurrida el tribunal sentenciador valora pruebas de cargo insuficientes para la investigación de la verdad, como ser las declaraciones de las testigos M. de los Á. C., madre de la fallecida, quien en sus declaraciones en el debate refirió a hechos ocurridos en tiempos pretéritos, sin haber aportado evidencias, y, la declaración de G. B. O., de apenas once años de edad, siendo una infante y que por su edad no tiene la madurez y razonamiento de un adulto. -DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO: EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Establece el precepto autorizante citado por el recurrente que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido una norma penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. El recurso interpuesto obliga a respetar el relato de hechos probados en la sentencia recurrida, pues en estos casos se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica y tales problemas han de plantearse y resolverse sobre unos hechos predeterminados, que han de ser fijados al efecto por el tribunal de instancia. El Recurso de Casación por Infracción de Ley se articula a partir de las precisiones fácticas que haya establecido el Tribunal de instancia, por no constituir una apelación ni una revisión de prueba. Se trata, en todo caso, de un recurso de carácter sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es el enfoque jurídico que, a unos hechos dados, ya inalterables, se pretende aplicar, en discordancia con el sentenciador. La técnica de la casación penal exige que en los recursos de esta naturaleza, se guarde el más absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia recurrida, ya que el ámbito propio de este recurso queda limitado al control de juricidad, o sea, que lo único que en él se puede discutir es si la subsunción que de los hechos hubiese hecho el Tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado es o no correcta jurídicamente, de modo que la tesis del recurrente no puede salirse del contenido del hecho probado. En el caso actual, el recurrente corrompe el contenido de los hechos probados, los modifica radicalmente en su integridad y los desvía de su recto sentido con hermenéutica subjetiva e interesada, interpola las declaraciones testificales de M. de los Á. C. y G. B. O. y deduce que estas no son suficientes, lo cual trata de desvirtuar la premisa mayor o fundamental de la resolución que ha de calificarse técnicamente en su tipicidad o atipicidad y que necesita de la indudable sumisión de las partes. Estas razones sustentan la conclusión de denegatoria de ambos motivos, pues han sido interpuestos en abierta discordancia con lo afirmado en los hechos probados. -Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional.El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior.[1] En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe de seleccionar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”La esencia del Recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. -Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. Único Motivo. *Precepto Autorizante: 361 del Código Procesal Penal. *Normas constitucionales que se denuncian infringidas: Artículo 90 de la Constitución de la República. *Concepto de la Infracción: Violación al debido proceso; *Pretensión: proceder conforme a derecho.Expresa el censor del fallo que se violentó la garantía del debido proceso, ya que si bien es cierto el imputado R. B. C. fue el autor del delito de parricidio en perjuicio de su compañera de hogar I. Y. O. C., quien no lo niega, de habérsele permitido declarar durante la sustanciación del juicio en todas sus etapas, hubiera dejado establecido que todo se debió como resultado de la imprudencia, impericia o negligencia en el momento en que él le enseñaba el arma a su primo C. H. B. E., en su casa de habitación en la colona San Francisco de la ciudad de Comayagüela. Del debido Proceso La garantía genérica del debido proceso, invocada por el censor como aquélla que ha inobservada por el tribunal de sentencia, se encuentra regulada en los artículos 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República; el debido proceso refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (con independencia de su naturaleza).La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Informe No. 1/95 de fecha 07 de febrero de 1995, del caso 11,006, referente al proceso de Alan García vs. Perú, indicó: “El artículo 8 de la Convención Americana en su inciso primero establece que toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra. Así mismo, el mencionado artículo en su inciso segundo prevé que durante el trámite del proceso toda persona tiene derecho a que se respeten ciertas garantías mínimas. La enumeración contenida en esta cláusula ha sido interpretada como una nómina de garantías mínimas no taxativas. De este modo, se ha considerado que existen otras garantías reconocidas en el derecho interno de los Estados que, si bien no están incluidas explícitamente en el texto de la Convención, igualmente se encuentran amparadas por el contenido amplio del inciso 1 del artículo 8 de la Convención”. La garantía del debido proceso más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez o jueza natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente, es un mandato para que éste juez o jueza además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues los llamados principios procesales o principios informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento; entre estas encontramos: 1. Prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; 2. Derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; 3. Derecho a un juez predeterminado por la ley; 4. Derecho a la imparcialidad e independencia del juez; 5. Derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; 6. Derecho a la igualdad de armas procesales; 7. Derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas; 8. Respeto al estado de inocencia; 9. Posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; 10. Derecho a ser oído en un plazo razonable; 11. Deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; 12. Derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; 13. Derecho a una justicia gratuita. En fin, el derecho a un debido proceso exige la materialización del principio de legalidad. La CIDH, en su informe No. 30/97 del caso 10,087 de fecha 30 de septiembre de 1997, referente a Gustavo Carranza, Argentina, indicó: “67. El artículo 8 de la Convención Americana impone la existencia de “debidas garantías” durante el proceso de determinación de derechos […] En efecto, el mencionado artículo no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales. Este artículo reconoce el llamado “Debido proceso legal” que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.”. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en sentencia de 02 de febrero de 2001, en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, afirmó que: “Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto “sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, deben respetar el debido proceso legal.”. El debido proceso se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero de cómo debe de substanciarse la etapa de juicio y en particular el debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. En conclusión, la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado.DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO: EL RECURSO NO ES DE RECIBO. En el caso actual, aunque el censor no lo expone de manera clara y precisa como exige la técnica casacional, deja entrever que a su representado se le lesionó la garantía genérica del debido proceso en su vertiente del derecho de defensa material, pues arguye que si se le hubiese permitido declarar al imputado durante la sustanciación del juicio en todas sus etapas, hubiera dejado establecido que le ocasionó la muerte a su compañera de hogar I. Y. O. C., como resultado de la imprudencia, impericia o negligencia. Da a entender entonces que se le ha limitado en alguna medida el derecho a ejercer la defensa material, lo que conlleva a que esta Sala de lo Penal audite la sesión de debate a efecto de determinar si es como arguye el recurrente, o si, por el contrario, se ha garantizado su derecho de ejercer su defensa material. En este sentido, ha sido criterio reiterado de la Sala de lo Penal que uno de los requisitos constitucionales del proceso penal lo constituye el derecho de defensa como presupuesto básico para todo pronunciamiento en materia penal, condicionando la acción punitiva del Estado a la observación de dicho derecho, erigiéndose como el poder de oposición a la acción y por lo tanto, constituye uno de los elementos esenciales del moderno proceso penal, en ese sentido, al garantizar la carta magna que el derecho de defensa es inviolable, lleva implícito que la instancia penal deba permitir a toda persona llevada a juicio, los medios efectivos y necesarios para la concreción de la defensa en juicio, de tal forma que las normativa procesal reguladora del debate público deba comprender la observación de tal derecho en cada una de las circunstancias o incidencias que se presenten durante el juicio, en ese sentido, al valorar el derecho de defensa en relación con los imputados habrá que precisar cómo se posibilita el ejercicio de ese derecho, ¿Cuándo posibilita la ley el derecho a la defensa del justiciable? Así encontramos una serie de disposiciones procesales que permiten la intervención del procesado aún inclusive en la etapa de investigación del proceso, aparece instituido el derecho de defensa como una potestad del justiciable de presentarse ante el ente de investigación si así lo desea, proponer prueba en esa etapa si así lo quiere, declarar si así lo desea y decir todo cuanto estime en su descargo, al igual que durante la etapa del juicio, le está permitido proponer cuantas pruebas estime pertinentes en su defensa y de declarar, respetando siempre los momentos procesales a efecto de garantizar la igualdad de partes en el proceso. (Sentencia de la Sala de lo Penal de fecha 11 de mayo de 2011, recaída en el expediente SP 183-2009). La Sala de lo Penal entiende que el derecho de defensa y a la última palabra no representa una mera formalidad, una simple fórmula de carácter ritual, sino que, por el contrario, constituye la salvaguarda de un derecho fundamental en tanto manifestación del principio estructural de contradicción y consiguientemente del derecho de defensa. El derecho a la defensa comprende no solo a asistencia de letrado elegido libremente, o a que el Estado le garantice uno en caso de que no posea los recursos, sino también al derecho del acusado a defenderse personalmente. Se trata, por tanto, de que lo último que oiga el órgano judicial antes de dictar sentencia y tras la celebración del juicio, sean las manifestaciones del propio acusado que en ese momento asume su propia defensa. En el caso actual, los argumentos recursivos distan mucho de lo acaecido en audiencia de debate, pues si es claro que el imputado tuvo las oportunidades procesales para pronunciarse y defenderse materialmente de la imputación, en el inicio del juicio (f. 175) fue consultado por el Tribunal de Sentencia si deseaba declarar, a lo que respondió que no; igualmente, al finalizar las conclusiones por parte de la fiscalía del ministerio público y de su defensa técnica, se le dio oportunidad de la última palabra (f. 182), oportunidad por la que manifestó pedir perdón a sus hijos, a la señora M. de los Á. y disculpas a la sociedad. No se desprende, entonces, una lesión a la garantía genérica del debido proceso en su vertiente del derecho de defensa material, pues al acusado se le ha garantizado la oportunidad de defenderse materialmente, ha hecho uso de la palabra al momento final del debate, lo que mejor expresa y garantiza el derecho de defensa material, en cuanto es la oportunidad de dar una especie de resumen de todo lo sucedido durante el debate público y contradictorio que constituye la esencia del juicio oral. -Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma.. El proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas fijadas en la ley. -Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Primer Motivo. *Normas autorizantes citadas: Artículo 362 del Código Procesal Penal. *Normas procesales que se denuncian infringidas: No determinado por el censor. *Concepto de la infracción: el hecho probado segundo es contradictorio. *Acciones de saneamiento: No determinado por el censor. *Pretensión: Proceder conforme a derecho. Denuncia el censor del fallo que el hecho probado segundo es contradictorio porque primeramente argumenta que el imputado fue a traer el arma de fuego para enseñársela a su primo, lo que evidencia que no tenía el arma en sus manos cuando se encontraba a solas con su compañera de hogar, y, seguidamente, dicho hecho refiere que apuntó su arma para dispararle a su compañera, lo cual no es creíble, porque la razón de tener el arma fue otra, estima que estas circunstancias generan contradicción.De la declaración de los Hechos Probados.Los hechos probados son el relato histórico respeto a los acontecimientos que están siendo debatidos; es una descripción, donde el juzgador hacen un recuento cronológico, ordenado, claro y terminante de lo que aconteció, el cual es extraído a partir de la valoración de los medios probatorios reproducidos en la audiencia de debate; los hechos probados podrán ser elaborados conforme al estilo de sus redactores, pero siempre deberán de determinar aspectos básicos como tiempo, lugar, identificación de las personas que participan, los hechos objeto de debate y, en su caso, el resultado del acontecimiento; es a partir de los hechos probados que el juzgador determina la norma legal aplicable al caso y de allí su imperativa importancia. Por lo anterior, el artículo 338 del Código Procesal Penal manda que los hechos probados deberán estar dispuestos en párrafos separados y numerados, con la consignación expresa y terminante de los hechos que lograron probarse en la audiencia de debate, descrito en forma clara, precisa y coherente, sin utilizar en ellos conceptos que por su exclusivo carácter jurídico puedan predeterminar el fallo que haya de dictarse. Se desprende de la citada norma que los hechos probados deben reunir los siguientes requisitos: 1. Requisitos de forma: hechos probados debidamente separados y numerados, de conformidad a la complejidad del relato y la exposición de ideas; y 2. Requisitos de fondo: a. Claros: “… la falta de claridad de los hechos probados se da cuando el Juzgador los redactan entre otros casos utilizando términos ambiguos, oscuros, incompletos o confusos que imposibilitan su comprensión” (Ver Sentencia de fecha 15 de Diciembre del 2010 en el Exp 377-2008), “…supone la confusión, redacción dubitativa e imprecisión de tal forma que por su insuficiencia u oscuridad, no conduzcan al lector a una conclusión precisa del hecho” (Ver Sentencia de fecha 28 de Octubre del 2010 en el Exp 129-2009); b. Terminantes: “…Los hechos probados se consideran no terminantes cuando se pone de manifiesto alguna indecisión de parte del Tribunal como cuando emplea algunas afirmaciones tales como “posiblemente”, “casi seguro” u otras similares que no impliquen la concreción segura del relato, en ese sentido…” (Ver Sentencia de fecha 13 de abril del 2011, en el Exp 250-2009); y c. Coherentes: exige armonía interna del hecho desde el punto de vista lógico, la incoherencia “…implica un relato fáctico inconciliable o contradictorio entre sí, de modo que la afirmación de un hecho implique la negación de otro, es un vicio atacable solo dentro del fáctum de la resolución dirigido a la contradicción in términos…”. (Sentencia de fecha 25 de noviembre de 2010 en el Exp. No. 920-2009).Siguiendo a Fernández de la Reguera[2], la Sala de lo Penal señala que se requerirá como requisitos para declarar como faltos de claridad, terminación o coherencia los hechos probados, los siguientes: 1. Que el contexto de la narración fáctica se aprecie incomprensión de lo que se quiso manifestar debido a: utilización de frases ininteligibles, omisiones, empleo de juicios dubitativos o por ser los hechos probados la mera descripción del resultado de las pruebas sin el acompañamiento del razonamiento del Juzgado de la Niñez y de la Adolescencia, razonamiento que no debe de entenderse como valoración probatoria, sino como aquellas afirmaciones conclusivas arribadas a partir de la prueba y que reproduzcan el hecho histórico; 2. Que la falencia no permita subsumir los hechos en el ámbito situacional de la norma penal sustantiva que se ha aplicado, impidiendo determinar si los hechos son o no constitutivos de delito, determinar la clara participación de los menor infractor en dichos hechos o si concurren circunstancias que excluyen la conducta, causas de atipicidad, causas de justificación, causas de inculpabilidad, causas de inimputabilidad o causas absolutorias de la pena, ello cuando se trate de sentencias absolutorias basadas en alguna de ellas; 3. Que esa falta de entendimiento o incomprensión provoque un vacío o laguna en el relato histórico de los hechos; 4. Que tomando únicamente como base los hechos probados, el Juzgado de la Niñez y de la Adolescencia haga un relato colisionante, con afirmaciones excluyentes entre sí, de modo de no poder saber cómo ocurrió el hecho histórico; y Que el censor, en el planteamiento del motivo, identifique con acierto la sección de los hechos probados que estima como faltos de claridad, terminación o coherencia.DE LA PROCEDENCIA DEL MOTIVO: EL PRIMER MOTIVO NO ES DE RECIBO. Esta Sala de lo Penal considera que por disposición del artículo 338 regla cuarta numeral 1 del Código Procesal Penal, en la sentencia en párrafos separados y numerados, se hará declaración expresa y terminante de los hechos que se consideran probados, descritos con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse, luego, la regla quinta de ese artículo expresa que en la parte resolutiva se absolverá o condenará a las personas acusadas. Cuando no se observan los requisitos de la regla cuarta antes citada podría tener lugar la casación en la forma por concurrencia de cualquiera de los supuestos autorizados por el artículo 362 numeral 2) del mismo código. Ahora bien, es de hacer notar que los hechos probados deberán tener congruencia con la parte resolutiva del fallo, esto es, si se trata de sentencia condenatoria, los hechos probados deberán reflejar la concurrencia de un injusto penal determinado, y, al contrario, si se absuelve, no deben los hechos probados describir una conducta típica. En el caso presente, el motivo planteado por la defensa no es de recibo, pues la lectura de los hechos probados permite tener una visión de los hechos que afirman los juzgadores que acontecieron y tuvieron como resultado la muerte de la señora I. Y. O. C.. Contrario indica el censor, el segundo hecho probado no es contradictorio, pues el que el acusado R. B. haya ido a traer el arma de fuego tipo pistola que había comprado para mostrársela a su primo C. B., no excluye la consecución del comportamiento reprochado al autor, de empuñar su arma, apuntar y disparar contra la señora I. Y., provocándole una herida en la región media de la espalda que le produjo lesión de órganos vitales de la cavidad torácica y que finalmente le ocasionó la muerte. En el hecho probado segundo no hay verdades contrapuestas, ni hay planteamientos antagónicos que se excluyen entre sí y por ende imposibiliten definir cuál es la verdad histórica en que se fundamenta el juzgamiento, al contrario, existe certidumbre de la verdad de lo ocurrido. Es necesario hacer énfasis en que el motivo presente es independiente al proceso de valoración de los medios de prueba, el cual puede ser denunciado por la vía del numeral 3 del artículo 362 del Código Procesal Penal. El motivo tiene como referente únicamente los hechos probados de la sentencia, y no puede cuestionarse por esta vía su disconformidad o su inexactitud a la luz de la actividad probatoria. La Sala de lo Penal confirma que los hechos probados son claros, precisos y terminantes, pues hacen un relato lógico-cronológico, de la dinámica de los hechos y de como la participación que tuvo el autor en ellos. -Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Segundo Motivo. *Normas autorizantes citadas: artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. *Normas procesales que se denuncian infringidas: no determinado por el censor. *Concepto de la infracción: que se base la sentencia en elementos probatorios incorporados al juicio por su lectura en violación a las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo del Código Procesal Penal. *Acciones de saneamiento: no determinado por el censor. *Pretensión: proceder conforme a derecho. El censor del fallo cuestiona que el acta de levantamiento de cadáver y recolección de indicios fueron introducidas al debate sin ratificación, así también el acta de allanamiento de morada, la cual se introdujo sin ratificación al debate; no obstante, el álbum fotográfico si fue ratificado por el perito I. Z., y concluye que este perito no tenía impedimento alguno para ratificar todas las actas y no solamente la última. -Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Tercer Motivo. *Normas autorizantes citadas: artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. *Normas procesales que se denuncian infringidas: no determinado por el censor. *Concepto de la infracción: violación a las reglas de la sana crítica. *Acciones de saneamiento: no determinado por el censor. *Pretensión: casar la sentencia recurrida y repetir el debate.Expresa el censor que a través del proceso de valoración de la prueba se refirió que su representado había adquirido un arma de fuego, cuyas características puso de manifiesto en los hechos probados donde se expresa que dicha arma era marca Philipines, empero el peritaje hace énfasis en que el arma homicida era marca Tangfoglio, lo que genera dudas en cuanto al arma adquirida por el imputado, además de ello, el arma en referencia no fue ofertada ni presentada en el juicio oral y público y se desconoce su paradero. -DE LA PROCEDENCIA DEL MOTIVO: EL SEGUNDO Y TERCER MOTIVO NO SON DE RECIBO. En el segundo motivo de casación por quebrantamiento de forma se arguye por parte del recurrente que las actas de levantamiento de cadáver y recolección de indicios, así como el acta de allanamiento de morada, fueron introducidas a juicio por lectura autorizada y sin ratificación, más no así el álbum fotográfico, el cual si fue ratificado por el señor I. Z., considera que este perito bien pudo ratificar las actas mencionadas y no solamente el álbum fotográfico, lo que ocasiona el vicio de que la sentencia se basa en elementos probatorios incorporados al juicio por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo del Código Procesal Penal. Frente a lo anterior, es oportuno establecer que uno de los principios rectores del proceso penal es la oralidad, su importancia está reflejada en su insistente regulación procesal, misma que comienza en el artículo 1 del Código Procesal Penal, más sin embargo, es el artículo 4 que señala que esta forma de comunicación será la regla general en el proceso, salvo en los casos que expresamente se determine lo contrario; especifica la norma procesal en el artículo 310 que “…las declaraciones del imputado, de los testigos y peritos y las demás intervenciones que se produzcan durante el debate, así como, las resoluciones o sentencia que dicte el respectivo tribunal, serán orales…” sin perjuicio de que el registro de estas actuaciones pueda ser por escrito. El principio de oralidad implica entonces que el proceso penal se regirá bajo una estructura predominantemente a base de audiencias, donde los sujetos y actores del proceso se comunicaran entre sí a través de la palabra hablada como regla general, principio que adquiere más relevancia en la fase de juicio ya que posibilita que otros principios rectores sean igualmente observados, ello a causa de su interdependencia, como ser: la inmediación (Artículo 306 del Código Procesal Penal), la contradicción (Artículo 4 del Código Procesal Penal), la concentración (Artículo 306 y 312 del Código Procesal Penal) y la publicidad (Artículo 308 del Código Procesal Penal). Ahora bien, y como sucede normalmente en el derecho, éste principio no es de carácter absoluto, el Código de Rito en el artículo 311 advierte circunstancias, taxativamente enunciadas, que autorizan incorporar por lectura algunas actuaciones que normalmente deben de realizarse en la audiencia de debate oralmente, estas circunstancias son especialísimas, constituyen la excepción al principio de oralidad y deben ser debidamente justificadas y motivadas por el Tribunal de Sentencia; entre estas circunstancias tenemos la prevista en el numeral 4 del artículo 311, que señala que podrán ser introducidos por lectura “Las actas que documentan las inspecciones, reconocimientos, registros o allanamientos que se hayan obtenido o realizado en cumplimiento de lo dispuesto en el presente Código, pero habrán de ser ratificadas en juicio siempre que sea posible.”. Sucede, en el caso presente, que el acta de levantamiento de cadáver y recolección de indicios (f. 43) debía ser ratificada en juicio por el agente de investigación I. Z., entretanto el acta de allanamiento de morada (f. 52) debía ser ratificada en juicio por el agente de investigación W. A., ambos documentos fueron ofertados por el Ministerio Público en audiencia de proposición de pruebas (f. 146), y fueron admitidos por el Tribunal de Sentencia sin oposición de la defensa técnica (f. 149). Por otra parte, el álbum fotográfico junto con el croquis, fue propuesto en fase incidental de juicio (f. 175), y debía ser ratificado por el agente I. Z.. Llegado el momento de la evacuación de estos documentos (f. 179), la fiscalía manifestó que renunciaba a la ratificación oral del álbum fotográfico y croquis porque el señor I. Z. no se hizo presente, por lo que se procedió a su evacuación mediante lectura autorizada sin oposición de la defensa técnica. Igual proceder tuvo el acta de levantamiento de cadáver. Es por esta razón, que aún y cuando el recurrente invita a remitirnos a la valoración probatoria, en donde el Tribunal de Sentencia afirma que fueron ratificados en juicio por el técnico I. Z. (194v), esta afirmación no obedece a lo ocurrido en juicio, más esta circunstancia no puede ser analizada desde la premisa normativa citada como autorizante por el recurrente, pues no corresponde evaluar desde el precepto contenido en el numeral 2 del artículo 362 del Código Procesal Penal, si el Tribunal sentenciador respetó o no las reglas de la sana crítica en el proceso de valoración de la prueba. Los documentos fueron incorporados por lectura autorizada a debate, su incorporación se ajusta al presupuesto contenido en el numeral 4 del artículo 311 del Código Procesal Penal, no hubo oposición de la defensa para su evacuación en el momento procesal oportuno, bajo estas premisas, resulta improcedente su argumento recursivo. En relación al tercer motivo de casación, en donde el recurrente expone que la sentencia se basa en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio, denuncia que a través del proceso de valoración de la prueba se refirió que su representado había adquirido un arma de fuego, pero el arma en referencia no fue ofertada ni presentada en el juicio oral y público y se desconoce su paradero. Este argumento recursivo carece de coherencia lógica, pues denuncia que la sentencia se basa en un medio de prueba incorporado al margen de las reglas de juicio, pero en realidad, el mismo recurrente afirma que el arma de fuego no fue presentada como evidencia, y, por tanto, no fue incorporada. Es importante mencionar que el censor no puede ni debe pretender desde la premisa normativa citada como autorizante, que la Sala de lo Penal determine si se debió o no presentar como evidencia un arma de fuego para cumplir con la suficiencia probatoria que exige el tipo penal seleccionado por el juzgador, pues hay un contrasentido en esa posición. El medio de prueba del cual se denuncia fue incorporado a juicio al margen de la legalidad procesal, no fue presentado ni en evacuado a pesar de haber sido ofertado y admitido como medio de prueba en audiencia de proposición de pruebas (f. 147), por esta razón, el tercer motivo no es de recibo. V. DECISIÓN -No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en sus dos motivos, interpuesto por el abogado A. T. M., defensor privado de R. B. M.. -No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por el abogado A. T. M., defensor privado de R. B. M.. -No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus tres motivos, interpuesto por el abogado A. T. M. defensor privado de R. B. M. VI. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 361, 362 y 363 del Código Procesal Penal. FALLA: 1) DECLARA NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley, en sus dos motivos, interpuesto por el abogado A. T. M., defensor privado de R. B. M.; 2) DECLARA NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su único motivo, interpuesto por el abogado A. T. M., defensor privado de R. B. M.; 3)DECLARA NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en sus tres motivos, interpuesto por el Abogado A. T. M., defensor privado de R. B. M.; 4) DECLARA FIRME Y EJECUTABLE LA SENTENCIA CONDENATORIA de fecha veintiuno de enero del año dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.Y MANDA:Que, con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a derecho. NOTIFÍQUESE.FIRMAS Y SELLO.JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. Magistrado Coordinador. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. Magistrado. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.Magistrada. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY.Receptora Adscrita. Sala de lo Penal.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve. Certificación de la Sentencia de fecha nueve de septiembre del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-186-2016.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

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[1]El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.

[2]Fernández de la Reguera, Ángel Llorente, en Cuadernos de Estudios Judiciales “Rafael Alvarado Manzano”, Los Recursos; Litocom S. de R.L. de C.V.; Tegucigalpa, Honduras, Abril de 2011.- pág. 118