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Sentencia CP-184-17 — Registro 10021

Resumen

Recurso de Reposición contra resolución de Corte de Apelaciones en una acción de antejuicio contra Juez.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...EL RECURSO ES DE RECIBO POR LAS RAZONES SIGUIENTES: 1. Al presentar la acción de antejuicio el Ministerio Público manifiesta que el origen de la causa nace a partir del expediente penal 91-2015-3C del Juzgado de Letras Seccional de Yoro, departamento de Yoro, en el cual se le dio trámite de procedimiento expedito para los delitos en flagrancia contra el señor H. E. V. R. por la supuesta comisión del delito de Evasión en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras, finalizando este proceso por un acuerdo de estricta conformidad entre las partes en la fase de juicio oral y público, e imponiéndose para el encausado la pena de cinco años de reclusión. Además, manifiesta que a pesar de que el a quo condenó al señor H. E. V. R., a la pena de cinco años de reclusión por la comisión de dicho delito, más las penas accesorias que correspondían, al mismo tiempo concedió el beneficio de suspensión de la ejecución de la pena, institución regulada en el artículo 70 del Código Penal, y sin que ninguna de las partes así lo haya solicitado. Define que en lo referente al artículo 70 del Código Penal establece dentro de los requisitos para suspender la ejecución de la pena “Que la condena consista en privación de la libertad que no exceda de tres (3) años.”, y “Que el procesado no haya sido condenado anteriormente por delito o falta.” Los anteriores hechos el Ministerio Público los considera como delito de prevaricación establecido en el artículo 378 del Código Penal, pues es un requisito sustancial para suspender la ejecución de la pena que la misma no exceda de tres (3) años. 2. La antejuiciada al rendir su informe de descargo argumentó que no debió promoverse el antejuicio pues la resolución fue consentida por el ente acusador, además informó que el procesado ya tenía una condena previa por un delito de violación y para acreditar tal circunstancia acompañó fotocopia de la sentencia dictada meses atrás en un procedimiento abreviado contra el señor H. E. V. R. por la comisión del delito de Violación en perjuicio de G. J. Á. M., mediante la cual fue condenado a la pena de siete (7) años, seis (6) meses de reclusión; lo cual realizó con el fin de acreditar que no tenía interés alguno en favorecer al condenado V. R.. 3. La Corte de Apelaciones de lo Penal de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, declara no ha lugar el antejuicio promovido por el Ministerio Público utilizando, en síntesis, como argumentos los siguientes: a) No aprecia la realización de los verbos rectores del tipo penal de prevaricato, pues concluye que, según la prueba presentada por el solicitante, no se aprecia la “malicia” o “la conciencia de la injusticia” al momento de emitir la sentencia y que lo que se aprecia es más un vicio de incongruencia interna de la sentencia dictada. B) Dictó sentencia derivada de un acuerdo de estricta conformidad de los hechos, en donde, tanto el Ministerio Público como la defensa, estuvieron de acuerdo con los hechos, y una vez dictada la misma fue notificada por ambas partes sin que interpusieran recurso alguno; c) No se observa que la antejuiciada haya librado orden de excarcelación a efecto de materializar la excarcelación del imputado; d) No se denota interés en beneficiar al imputado, pues corre a folio 194-195 otra sentencia condenatoria emitida por la misma jueza por el delito de violación especial en contra del imputado; e) Una vez que la sentencia cuestionada llegó al Juzgado de Ejecución de penas, la jueza convocó a audiencia a las partes para revocar la suspensión de la ejecución de la pena. 4. El Ministerio Público interpone recurso de apelación contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, denunciando como primer agravio que dicha resolución se basa en un análisis meramente subjetivo, pues el hecho de que la antejuiciada argumentó como descargo haber olvidado quitar no solo de la parte dispositiva, sino también en las consideraciones generales, lo referente a la suspensión condicional de la pena, no le hace impune de la emisión de una resolución contraria a derecho. Como segundo agravio argumenta que el sentenciador no aprecia que con la sentencia dictada por la antejuiciada se le haya causado perjuicio a la administración pública, pues una vez que el expediente subió al Juzgado de Ejecución, se procedió mediante una audiencia, a revocar dicho beneficio y obligar al imputado el cumplimiento total de la pena. De lo anterior considera que la existencia de remedios procesales no debería excluir ni dejar en impunidad las actuaciones de empleados y funcionarios públicos que actúen contrario a disposiciones legales vigentes. Finalmente, como tercer agravio plantea que según el juzgador la antejuiciada no tuvo la debida diligencia y cuidado al firmar y sellar dicha resolución judicial; considera el Ministerio Público que tal aseveración equivale a decir según la lengua española a ser un sujeto negligente, y que la negligencia cuando es demostrada por un órgano jurisdiccional conlleva responsabilidades de tipo penal, por lo que en todo caso, la Corte de Apelaciones debió modificar la calificación jurídica a favor de la antejuiciada al numeral 2 del artículo 380 del Código Penal. 5. De manera previa, esta Sala de lo Penal actuando como Corte de Apelación recuerda la sentencia recaída en el expediente AJ 45015 de fecha 12 de diciembre de 2016: “…el juzgador de instancia no podrá realizar juicio de valor en cuanto a si los hechos se ajustan al tipo penal citado, sin que ello implique censurar la eventual acción penal, algo que no corresponde en el antejuicio, el requisito solo exige claridad de los presupuestos, más no certeza de los mismos…”;“…igualmente la suerte del antejuicio no depende de que el acto o resolución ordenada por el juez o jueza haya o no sido confirmada, reformada o revocada por el mismo funcionario o por un tribunal ad-quem mediante el conocimiento de un recurso legal o mediante el conocimiento de una garantía constitucional.” 6. En este sentido, y para dar respuesta al primer agravio se constata que el a quo entra a hacer un examen de fondo que no compete en esta etapa pre procesal de antejuicio, pues no corresponde considerar a partir de circunstancias fácticas si concurre o no un dolo directo para la realización del tipo penal de prevaricato, facultad que compete única y exclusivamente al juez de garantías al momento de determinar la formalización del procesamiento o, en su caso, elevar a juicio las actuaciones; o bien, al Tribunal de Sentencia al momento de determinarla realización del tipo subjetivo y los elementos normativos después de valorar las pruebas de conformidad a las reglas de la sana crítica. La tarea en esta etapa pre procesal consiste única y exclusivamente, en determinar el cumplimiento de los requisitos formales y materiales y si al estudio de la causa, se concluye que existe un fundamento razonable en lo alegado por el actor, sobre la existencia de un hecho en apariencia de delito que solo puede ser definido en un proceso penal. En la institución del antejuicio basta con que los hechos ofrezcan la apariencia de delito sin necesidad de obtener una certeza de que así sean. La Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, se aparta de lo anterior y procede a realizar un análisis que atiende más al fondo de la cuestión, al determinar si existe o no la comisión de un delito en el cumplimiento de sus elementos normativos, olvidando con ello el espíritu de la institución. Lo anterior conlleva a dar razón al primer agravio expresado por el Ministerio Público en el sentido de que el sentenciador de instancia ha utilizado argumentación que se aparta de la finalidad del antejuicio al hacer apreciaciones que deben emitirse ya cuando se está en un proceso penal y no en una etapa pre procesal como la presente. 7. En lo que respecta al segundo agravio del Ministerio Público, a que no se lesionó el bien jurídico protegido, en este caso, la corrección de la administración pública, debido a que el expediente al llegar al Juzgado de Ejecución, mediante audiencia se revocó dicho beneficio y se obligó al imputado el cumplimiento total de la pena; esta Corte de Apelaciones recuerda, sin entrar al fondo del asunto y sin determinar si existió o no lesión a la administración pública, que el delito por el cual se solicitó el antejuicio es de mera actividad y no de resultado; por lo que la descripción y contenido material del tipo se agota en la realización de la conducta, sin que exija la producción de un resultado distinto del comportamiento mismo, por lo que tal argumento esgrimido por el a quo es erróneo para fundamentar su conclusión, pues se aparta de la naturaleza del tipo penal imputado. 8. Finalmente, en lo que concierne al tercer agravio del Ministerio Público, el a quo expresa en su sentencia que la jueza no tuvo la debida diligencia y cuidado al firmar y sellar dicha resolución judicial, lo que según el recurrente equivale a decir que tuvo negligencia al momento de dictar su resolución, conducta que encaja en el numeral 2 del artículo 380 del Código Penal, por lo que Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortes, debió modificar la calificación jurídica a favor de la antejuiciada a un prevaricato negligente atenuado. Frente a lo anterior, entiende este Tribunal de Apelación que más allá de la calificación jurídica que pueda atribuir el acusador a unos hechos concretos, el juzgador debe atender tales hechos y determinar si comportan o no la apariencia de delito. En este sentido, esta Sala de lo Penal actuando como Corte de Apelaciones, considera que la acción de antejuicio promovida en contra de la Jueza K. J. F. Á., encuentra fundamento razonable para ser declarada ha lugar, pues los hechos tienen apariencia de delito y aparentan una omisión al artículo 70 del Código Penal, el cual establece los requisitos taxativos e integradores para que opere la institución de la suspensión condicional de la pena. 9. En lo que respecta a la nulidad interpuesta por la Abogada K. Y. F. Á., la misma debe ser rechazada de plano con base en las consideraciones legales siguientes: a) La nulidad es “… una clase de sanción procesal, por la que se elimina un acto por la inobservancia de un requisito modal extrínseco, relativo a su estructura exterior. Se define también, como una sanción procesal por la cual se declara invalido un acto procesal, privándolo de sus efectos, por haber sido cumplido sin observar los requisitos esenciales exigidos por la ley. Por su parte, la sanción procesal, es la privación al acto de los efectos producidos o que debía producir. Esta prevista en la ley procesal para eliminar los actos viciados.” (Moncada Godoy, Ricky, en Cuaderno De Estudio Judiciales “Rafael Alvarado Manzano”: Los Recursos. Proyecto de Fortalecimiento, del Poder Judicial de Honduras, Corte Suprema de Justicia de Honduras y Agencia Española de Cooperación Internacional. Tegucigalpa, Honduras, abril de 2001.- Pág. 65.). b) Según la normativa procesal se rige bajo tres principios: 1. Principio de especificidad, el cual constituye el aspecto formal de la nulidad y determina que solo puede declararse la nulidad por aquellos vicios que la ley procesal haya previsto como remedio (artículo 165 Código Procesal Penal); 2. Principio de trascendencia, el cual constituye el aspecto material de la nulidad y que determina que solo podrá declararse la nulidad cuando exista un perjuicio verdadero y concreto producido por el vicio procesal; y, 3) Principio de preclusión: La declaratoria de nulidad solo podrá decretarse cuando la parte interesada la haya opuesto en el momento procesal oportuno determinados por el artículo 167 del Código Procesal Penal, caso contrario se declara precluido el derecho; la ley procesal prohíbe expresamente la declaratoria de nulidad cuando estas tengan como efecto retrotraer el proceso a estadios ya superados (artículo 170 segundo párrafo del Código Procesal Penal). c) En el caso actual, la censora incumple con el principio de especificidad que exige la norma procesal, pues su argumento es que el antejuicio presentado no debió tramitarse en virtud de que el Ministerio Público no recurrió la sentencia por la cual se le imputa el delito de prevaricato, no encajando su alegato de manera concreta en ninguno de los presupuestos establecidos en el artículo 166 del Código Procesal Penal; pretende bajo su argumentación que se declare no ha lugar la acción de antejuicio, tampoco precisa cuál es la actuación procesal defectuosa de la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, que a su parecer lesiona las normas procedimentales. Suma a lo anterior, el incumplimiento del principio de preclusión, pues no es como arguye en su recurso que la nulidad “puede ser invocada en cualquier tiempo que esté latente el perjuicio causado”, ya ha explicado este Tribunal que la declaratoria de nulidad solo podrá decretarse cuando la parte interesada la haya interpuesto en el momento procesal oportuno determinado por el artículo 167 del Código Procesal Penal, caso contrario se declara precluido el derecho. En el caso actual, de no estar de acuerdo con el curso dado por ela quo a la acción de antejuicio promovida por el Ministerio Público, debió interponer su escrito de nulidad al realizar su primera actuación procesal, la cual fue rendir el informe correspondiente de descargo y no esperar hasta que las actuaciones procesales llegaran a esta superioridad para interponer su recurso de nulidad, lo anterior conlleva a dar por consentida la tramitación del antejuicio presentado ante la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha treinta de mayo del año dos mil diecinueve y el Auto de fecha veintidós de julio de dos mil diecinueve, recaído en el Recurso de Reposición, que literalmente dicen: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta (30) días del mes de mayo del año dos mil diecinueve (2019), el pleno de la Sala de lo Penal, actuando como Corte de Apelaciones según el artículo 313.3 de la Constitución de la República, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de Presidente, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el recurso de apelación interpuesto por la Abogada K. O., en su condición de fiscal del Ministerio Público, en contra de la sentencia de fecha seis (6) de marzo de dos mil diecisiete (2017), dictada en primera instancia por la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en el proceso judicial de antejuicio, mediante el cual se solicita autorización para presentar acción penal pública en contra de la Abogada K. J. F. Á., quien es mayor de edad, hondureña, con número de identidad 1803-1982-00146, y con domicilio en la ciudad de Yoro, departamento de Yoro, por su actuación como Jueza de Letras Seccional de la ciudad de Yoro, departamento de Yoro, manifestando la intención de imputarle, a título de autora, un delito consumado de prevaricato, en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras. Se personaron ante la segunda instancia la Abogada S. L. Z. F., fiscal del Ministerio Público, en su condición de apelante; y la Abogada K. J. F. Á., Jueza de Letras Seccional de la ciudad de Yoro, departamento de Yoro, en su condición de apelada.ANTECEDENTES PROCESALES PRIMERO: En fecha veintidós (22) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), el Ministerio Público presentó antejuicio en contra la Jueza de Letras Seccional K. J. F. Á., solicitando autorización para presentar acción penal por suponerla responsable como autora del delito de prevaricato, en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras. SEGUNDO: En fecha seis (6) de marzo del dos mil diecisiete (2017), la Corte de Apelaciones de lo Penal, de San Pedro Sula, departamento de Cortés, tras haber conocido en primera instancia la solicitud de antejuicio, dictó sentencia resolviendo declarar No Ha Lugar la petición del Ministerio Público, al considerar que la resolución emitida por la antejuiciada no se adecúa a los verbos rectores que tipifican el delito de prevaricato, ya que implica que la jueza haya dictado la sentencia con “malicia” o “conciencia de la injusticia”, y que en el presente caso la jueza reconoce que cometió un error involuntario al trabajar sobre un formato de otra sentencia. TERCERO: No conforme con lo resuelto, la Abogada K. O., interpuso recurso de apelación expresando como agravios los siguientes: a. La resolución de la Corte de Apelaciones se basa en un análisis meramente subjetivo, pues el hecho que la antejuiciada argumentó como descargo en su informe “olvidar” quitar no solo de la parte dispositiva, sino también en las consideraciones generales, lo referente a la suspensión condicional de la pena, le hace impune de la emisión de una resolución contraria a derecho. b. Refiere la Corte de Apelaciones en la sentencia que no se aprecia una lesión a la administración pública, en razón de que una vez que el expediente subió al Juzgado de Ejecución, se procedió mediante una audiencia, a revocar dicho beneficio y obligar al imputado el cumplimiento total de la pena. Considera el recurrente que la existencia de remedios procesales no debería excluir ni dejar en impunidad las actuaciones de empleados y funcionarios públicos que actúen contrario a disposiciones legales vigentes. c. Basa su último agravio argumentando que la Corte de Apelaciones consideró en su sentencia que la jueza no tuvo debida diligencia y cuidado al firmar y sellar dicha resolución judicial. Según la censora, la argumentación del a quo equivale a decir que la jueza fuesujeto negligente, y la negligencia cuando es demostrada por un órgano jurisdiccional conlleva responsabilidades de tipo penal. Asimismo, arguye, que si la Corte de Apelaciones hizo esta consideración debió en todo caso modificar la calificación jurídica a favor de la antejuiciada, ya que no es necesaria una vasta explicación para entender que no es causa justificante referir que no se tuvo la intención de cometer delito para estar eximido de responsabilidad penal. CUARTO: A su turno, la Jueza de Letras Seccional K. J. F. Á., en su calidad de apelada, interpuso nulidad absoluta argumentando que el Ministerio Público no debió promover la acción de antejuicio pues la resolución por la cual se le imputa el prevaricato, fue consentida por el ente acusador al no interponer el recurso de apelación en su momento procesal oportuno y dejar que la sentencia adquiriera el carácter de firme; asimismo, contestó los agravios señalando en síntesis que se trata de un error involuntario como así lo establece la Corte de Apelaciones, y que no llegó a ocasionar daño, así como que la fiscal que conocía la causa no interpuso recurso de apelación al momento procesal oportuno contra la resolución a la que se atribuye la prevaricación. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DEL RECURSO DE APELACIÓN El sistema de impugnación tiene por objeto el control general de la regularidad de los actos procesales y, en especial, la actividad del tribunal, principalmente por medio de sus resoluciones. El objeto detrás de cada medio de impugnación es el restablecimiento del derecho violado y cuya violación ha causado un perjuicio a una persona con el objeto de garantizar sus derechos. Entre los medios de impugnación se encuentran los recursos, los cuales constituyen la actuación procesal mediante la cual, la parte a la que una resolución judicial impugnable causa agravios provoca que el mismo u otro Tribunal previamente asignado, revise lo actuado, a fin de enmendar o confirmar lo recurrido, pudiendo quedar en suspenso o no lo ordenado mientras esto ocurre; debe entenderse como agravio cuando la diferencia entre lo solicitado por una parte y lo resuelto por el Tribunal, causa un perjuicio efectivo y concreto, por efecto de inobservancia de la ley. El derecho a que una resolución judicial sea examinada por dos órganos jurisdiccionales distintos y jerárquicamente dispuestos en el organigrama judicial es recogido por el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, esto en relación con el artículo 310 de la Constitución de la República, referente a la garantía de doble instancia. Entre los recursos dispuestos por el legislador, encontramos el de apelación, que conforme su configuración legal, constituye el principal recurso ordinario, teniendo por objeto, tal y como se ha señalado ya, que una resolución judicial sea revisada por un tribunal diferente al que la dictó, en el marco de los agravios fijados por el recurrente. El recurso de apelación constituye el recurso por excelencia, teniendo como características: a. Es un recurso ordinario: Contra la resolución recurrida se puede plantear cualquier motivo; b. Taxatividad objetiva: Solo puede interponerse recurso de apelación contra las resoluciones expresamente autorizadas por la ley; c. Recurso devolutivo: La decisión de la impugnación es tomada por un órgano jurisdiccional superior; y d. Garantía de aplicación del derecho: La resolución pasa a un segundo examen, pudiendo ser únicamente revocada, confirmada o reformada. La norma procesal determina que constituyen principios rectores de este recurso los siguientes: 1. El efecto extensivo de los recursos: La resolución del tribunal podrá extenderse para favorecer a las personas imputadas que se encuentren en la misma situación jurídica que la parte apelante, aun cuando no hayan impugnado la resolución; contrario sensu, por el efecto restrictivo, la resolución no podrá extender sus efectos a otras personas imputadas, aun cuando se encuentren en la misma situación jurídica, cuando el recurso lo haya interpuesto la parte actora (Ministerio Público o acusación privada), en contra de uno de ellos específicamente; 2. El efecto devolutivo del recurso de apelación es limitado: La decisión que tome el Tribunal de Apelaciones tendrá como límite el marco de competencia fijado en la expresión de agravios, de modo que no podrá resolver sobre cuestiones distintas a las impugnadas (artículo 350 del Código Procesal Penal); ello no limita al tribunal de apelación de pronunciarse sobre los aspectos de hecho o jurídicos que crea que son importantes en la causa, para efectos ilustrativos, sin que ello sea objeto de pronunciamiento resolutorio; 3. No reforma en perjuicio (non reformatio in peius): La resolución no podrá empeorar la condición jurídica de la persona imputada, cuando sea ésta la parte apelante; salvo en los casos donde igualmente se resuelva impugnación por parte actora de la acusación, pudiendo agravar el tribunal de apelación la situación de la persona imputada hasta el límite de lo solicitado por ésta, conforme a la expresión de agravios (reformatio in melius). DEL ANTEJUICIO El antejuicio se define como la protección legal que tienen los jueces de la República, a efecto de que una autoridad judicial, a solicitud de parte interesada, autorice incoar en contra de aquellos, un proceso criminal como consecuencia de actos cometidos en ocasión del desempeño de la jurisdicción. Concretamente es una garantía pre-procesal, que prevé que el funcionario jurisdiccional, no sea perturbado con acusaciones criminales indebidas, pero también -y más importante- es una garantía para la ciudadanía al ser una forma de protección de la independencia judicial, garantizándose así que el juez resuelva un caso concreto apegado estrictamente a la ley, sin temor de ser objeto de falsas acusaciones criminales que persigan distraerle, separarle de un caso concreto, o incluso, desprestigiarle como forma de represalia de las decisiones adoptadas. El antejuicio no protege a la persona, sino a la función pública que desempeña aquella, erigiéndose como un instrumento para preservar la estabilidad de la persona en el desempeño del cargo jurisdiccional e impedir que el ejercicio de esta función pública se vea perjudicada por el indebido juzgamiento penal de quien temporalmente ocupa el cargo de juez. El antejuicio, es entonces, un requisito previo para presentar acusación criminal en contra de cualquier juez de la República. CARACTERÍSTICAS DEL ANTEJUICIO: A partir de lo apuntado, se identifican como características del antejuicio: a. Es un procedimiento previo del momento de presentación de la acción penal en primera instancia, que es conocida por autoridad judicial, de allí su nombre ante juicio; b. Es una garantía establecida en protección del ejercicio de la función jurisdiccional, encomendada a los jueces de la República; c. Es un instituto de orden público y por tanto no es renunciable por parte del juez que esté siendo cuestionado; d. Mediante el antejuicio se determinará si existe o no un fundamento razonable para la presentación de la acción penal, sin que proceda pronunciamiento sobre la justicia del caso; e. El antejuicio puede operar como acción y como excepción: Como acción: en los casos en donde la persona interesada presenta el mismo ante la autoridad competente para su resolución; como excepción: cuando el juez acude al llamamiento judicial por haberse presentado en contra de éste una acción penal, solicitando su suspensión hasta tanto el actor no cuente con la autorización para entablar la acción penal, obtenida mediante el antejuicio; y f. Al no haber pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión debatida, no constituye cosa juzgada (artículo 127 LOAT), ello genera varias consecuencias: i. Aun cuando sea declarado con lugar un antejuicio, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República o la víctima, podrían decidir no presentar la acción penal al considerar la falta de méritos para ello; ii. El proceso penal incoado después de haberse declarado con lugar un antejuicio podría finalizar con sobreseimiento definitivo o mediante sentencia absolutoria, según corresponda a derecho y no necesariamente con una sentencia condenatoria; iii. El Ministerio Público, la Procuraduría General de la República o la víctima, según sea el caso, podrán presentar un segundo antejuicio contra el mismo juez, basado en los mismos hechos e imputando el mismo delito, cuando después de haberse declarado sin lugar un primer antejuicio, aporten nuevos elementos de juicio que permitan su revaloración; y, iv. La acción penal, sin la necesidad de un previo antejuicio, puede plantearse una vez que la persona acusada deje de desempeñarse como juez, aun cuando se haya declarado sin lugar un antejuicio entablado cuando aquella aun desempeñaba el cargo jurisdiccional. REQUISITOS PARA LA PROCEDENCIA DEL ANTEJUICIO Presentado que sea el antejuicio corresponde al órgano jurisdiccional que conozca de él, realizar un examen respecto a los requisitos formales y materiales del mismo; a la presentación del antejuicio se verificará el cumplimiento de los requisitos formales y admitido que sea, una vez concluido el trámite previsto por el código de rito, se examinarán tanto los requisitos formales como los materiales para efectos de decidir sobre su procedencia en primera como en segunda instancia, en su caso, siendo estos requisitos: a. Verificación de requisitos formales: i. Que sea presentado por el Ministerio Público respecto a los delitos de acción pública como institución poseedora de este monopolio (artículo 25 del Código Procesal Penal), por la Procuraduría General de la República respecto a los delitos en perjuicio del Estado de Honduras o por la víctima (artículo 17 del Código Procesal Penal) en los delitos de acción pública y los de acción pública dependiente de instancia particular (artículo 26 del Código Procesal Penal) cuando hayan superado el proceso de conversión de la acción pública a acción privada (artículo 41 Código Procesal Penal), y en los delitos de acción privada (artículo 27 Código Procesal Penal); ii. Que la persona contra la cual se presente el antejuicio esté en el desempeño de la función estatal de juez que protege esta garantía. Si la persona ha dejado de desempeñarse como tal, no tendría lugar la protección de la función estatal, correspondiendo proceder en contra de aquella de la misma forma como se haría en contra de cualquier ciudadano; iii. Que el delito imputado sea de aquellos que solo pueden ser cometidos con ocasión del desempeño de la función jurisdiccional. Aun cuando la persona se esté desempeñando como juez, en los casos de los delitos no funcionales (ejemplo: robo, homicidio, violación, etc.), no será procedente el antejuicio, dado que no se trata de una imputación derivada de su función pública; iv. El escrito del antejuicio defina claramente los hechos que el peticionario considera constitutivos de delitos y además identifique el tipo penal o los tipos penales en los cuales considera que se encuadran. Con todo, el Tribunal no podrá realizar juicio de valor en cuanto a si los hechos se ajustan al tipo penal citado, sin que ello implique censurar la eventual acción penal, algo que no corresponde en el antejuicio, el requisito solo exige claridad de los presupuestos, mas no certeza de los mismos. b. Verificación de requisitos materiales: Que, al estudio de la causa, se concluya que existe fundamento razonable en lo alegado por el actor, sobre la existencia de un hecho que solo puede ser definido en un proceso penal, descartándose consecuentemente: i. Que la acción sea una maniobra de separar al funcionario jurisdiccional de un caso pendiente de resolución judicial; ii. Que la acción sea un medio de intimidación, atentando así contra la independencia del funcionario jurisdiccional; y iii. Que la acción sea planteada como una forma del litigante de dirigir su frustración, por una decisión judicial que le adversa, en la persona del juez que la emitió, con ánimo de represalia. Oportuno es señalar que la suerte del procedimiento del antejuicio no depende de haber denunciado los hechos en la Supervisión General del Poder Judicial o que, en su caso, esta denuncia haya sido declarada con lugar o sin lugar; mucho menos que haya existido o no, procedimiento disciplinario en contra del antejuiciado; igualmente la suerte del antejuicio no depende de que el acto o resolución ordenada por el juez haya o no sido confirmada, reformada o revocada por el mismo funcionario o por un Tribunal ad-quem mediante el conocimiento de un recurso legal o mediante el conocimiento de una garantía constitucional. El recurso es de recibo por las razones siguientes: 1. Al presentar la acción de antejuicio el Ministerio Público manifiesta que el origen de la causa nace a partir del expediente penal 91-2015-3C del Juzgado de Letras Seccional de Yoro, departamento de Yoro, en el cual se le dio trámite de procedimiento expedito para los delitos en flagrancia contra el señor H. E. V. R. por la supuesta comisión del delito de Evasión en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras, finalizando este proceso por un acuerdo de estricta conformidad entre las partes en la fase de juicio oral y público, e imponiéndose para el encausado la pena de cinco años de reclusión. Además, manifiesta que a pesar de que el a quo condenó al señor H. E. V. R., a la pena de cinco años de reclusión por la comisión de dicho delito, más las penas accesorias que correspondían, al mismo tiempo concedió el beneficio de suspensión de la ejecución de la pena, institución regulada en el artículo 70 del Código Penal, y sin que ninguna de las partes así lo haya solicitado. Define que en lo referente al artículo 70 del Código Penal establece dentro de los requisitos para suspender la ejecución de la pena “Que la condena consista en privación de la libertad que no exceda de tres (3) años.”, y “Que el procesado no haya sido condenado anteriormente por delito o falta.” Los anteriores hechos el Ministerio Público los considera como delito de prevaricación establecido en el artículo 378 del Código Penal, pues es un requisito sustancial para suspender la ejecución de la pena que la misma no exceda de tres (3) años. 2. La antejuiciada al rendir su informe de descargo argumentó que no debió promoverse el antejuicio pues la resolución fue consentida por el ente acusador, además informó que el procesado ya tenía una condena previa por un delito de violación y para acreditar tal circunstancia acompañó fotocopia de la sentencia dictada meses atrás en un procedimiento abreviado contra el señor H. E. V. R. por la comisión del delito de Violación en perjuicio de G. J. Á. M., mediante la cual fue condenado a la pena de siete (7) años, seis (6) meses de reclusión; lo cual realizó con el fin de acreditar que no tenía interés alguno en favorecer al condenado V. R.. 3. La Corte de Apelaciones de lo Penal de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, declara no ha lugar el antejuicio promovido por el Ministerio Público utilizando, en síntesis, como argumentos los siguientes: a) No aprecia la realización de los verbos rectores del tipo penal de prevaricato, pues concluye que, según la prueba presentada por el solicitante, no se aprecia la “malicia” o “la conciencia de la injusticia” al momento de emitir la sentencia y que lo que se aprecia es más un vicio de incongruencia interna de la sentencia dictada. B) Dictó sentencia derivada de un acuerdo de estricta conformidad de los hechos, en donde, tanto el Ministerio Público como la defensa, estuvieron de acuerdo con los hechos, y una vez dictada la misma fue notificada por ambas partes sin que interpusieran recurso alguno; c) No se observa que la antejuiciada haya librado orden de excarcelación a efecto de materializar la excarcelación del imputado; d) No se denota interés en beneficiar al imputado, pues corre a folio 194-195 otra sentencia condenatoria emitida por la misma jueza por el delito de violación especial en contra del imputado; e) Una vez que la sentencia cuestionada llegó al Juzgado de Ejecución de penas, la jueza convocó a audiencia a las partes para revocar la suspensión de la ejecución de la pena. 4. El Ministerio Público interpone recurso de apelación contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, denunciando como primer agravio que dicha resolución se basa en un análisis meramente subjetivo, pues el hecho de que la antejuiciada argumentó como descargo haber olvidado quitar no solo de la parte dispositiva, sino también en las consideraciones generales, lo referente a la suspensión condicional de la pena, no le hace impune de la emisión de una resolución contraria a derecho. Como segundo agravio argumenta que el sentenciador no aprecia que con la sentencia dictada por la antejuiciada se le haya causado perjuicio a la administración pública, pues una vez que el expediente subió al Juzgado de Ejecución, se procedió mediante una audiencia, a revocar dicho beneficio y obligar al imputado el cumplimiento total de la pena. De lo anterior considera que la existencia de remedios procesales no debería excluir ni dejar en impunidad las actuaciones de empleados y funcionarios públicos que actúen contrario a disposiciones legales vigentes. Finalmente, como tercer agravio plantea que según el juzgador la antejuiciada no tuvo la debida diligencia y cuidado al firmar y sellar dicha resolución judicial; considera el Ministerio Público que tal aseveración equivale a decir según la lengua española a ser un sujeto negligente, y que la negligencia cuando es demostrada por un órgano jurisdiccional conlleva responsabilidades de tipo penal, por lo que en todo caso, la Corte de Apelaciones debió modificar la calificación jurídica a favor de la antejuiciada al numeral 2 del artículo 380 del Código Penal. 5. De manera previa, esta Sala de lo Penal actuando como Corte de Apelación recuerda la sentencia recaída en el expediente AJ 45015 de fecha 12 de diciembre de 2016: “…el juzgador de instancia no podrá realizar juicio de valor en cuanto a si los hechos se ajustan al tipo penal citado, sin que ello implique censurar la eventual acción penal, algo que no corresponde en el antejuicio, el requisito solo exige claridad de los presupuestos, más no certeza de los mismos…”;“…igualmente la suerte del antejuicio no depende de que el acto o resolución ordenada por el juez o jueza haya o no sido confirmada, reformada o revocada por el mismo funcionario o por un tribunal ad-quem mediante el conocimiento de un recurso legal o mediante el conocimiento de una garantía constitucional.” 6. En este sentido, y para dar respuesta al primer agravio se constata que el a quo entra a hacer un examen de fondo que no compete en esta etapa pre procesal de antejuicio, pues no corresponde considerar a partir de circunstancias fácticas si concurre o no un dolo directo para la realización del tipo penal de prevaricato, facultad que compete única y exclusivamente al juez de garantías al momento de determinar la formalización del procesamiento o, en su caso, elevar a juicio las actuaciones; o bien, al Tribunal de Sentencia al momento de determinarla realización del tipo subjetivo y los elementos normativos después de valorar las pruebas de conformidad a las reglas de la sana crítica. La tarea en esta etapa pre procesal consiste única y exclusivamente, en determinar el cumplimiento de los requisitos formales y materiales y si al estudio de la causa, se concluye que existe un fundamento razonable en lo alegado por el actor, sobre la existencia de un hecho en apariencia de delito que solo puede ser definido en un proceso penal. En la institución del antejuicio basta con que los hechos ofrezcan la apariencia de delito sin necesidad de obtener una certeza de que así sean. La Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, se aparta de lo anterior y procede a realizar un análisis que atiende más al fondo de la cuestión, al determinar si existe o no la comisión de un delito en el cumplimiento de sus elementos normativos, olvidando con ello el espíritu de la institución. Lo anterior conlleva a dar razón al primer agravio expresado por el Ministerio Público en el sentido de que el sentenciador de instancia ha utilizado argumentación que se aparta de la finalidad del antejuicio al hacer apreciaciones que deben emitirse ya cuando se está en un proceso penal y no en una etapa pre procesal como la presente. 7. En lo que respecta al segundo agravio del Ministerio Público, a que no se lesionó el bien jurídico protegido, en este caso, la corrección de la administración pública, debido a que el expediente al llegar al Juzgado de Ejecución, mediante audiencia se revocó dicho beneficio y se obligó al imputado el cumplimiento total de la pena; esta Corte de Apelaciones recuerda, sin entrar al fondo del asunto y sin determinar si existió o no lesión a la administración pública, que el delito por el cual se solicitó el antejuicio es de mera actividad y no de resultado; por lo que la descripción y contenido material del tipo se agota en la realización de la conducta, sin que exija la producción de un resultado distinto del comportamiento mismo, por lo que tal argumento esgrimido por el a quo es erróneo para fundamentar su conclusión, pues se aparta de la naturaleza del tipo penal imputado. 8. Finalmente, en lo que concierne al tercer agravio del Ministerio Público, el a quo expresa en su sentencia que la jueza no tuvo la debida diligencia y cuidado al firmar y sellar dicha resolución judicial, lo que según el recurrente equivale a decir que tuvo negligencia al momento de dictar su resolución, conducta que encaja en el numeral 2 del artículo 380 del Código Penal, por lo que Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortes, debió modificar la calificación jurídica a favor de la antejuiciada a un prevaricato negligente atenuado. Frente a lo anterior, entiende este Tribunal de Apelación que más allá de la calificación jurídica que pueda atribuir el acusador a unos hechos concretos, el juzgador debe atender tales hechos y determinar si comportan o no la apariencia de delito. En este sentido, esta Sala de lo Penal actuando como Corte de Apelaciones, considera que la acción de antejuicio promovida en contra de la Jueza K. J. F. Á., encuentra fundamento razonable para ser declarada ha lugar, pues los hechos tienen apariencia de delito y aparentan una omisión al artículo 70 del Código Penal, el cual establece los requisitos taxativos e integradores para que opere la institución de la suspensión condicional de la pena. 9. En lo que respecta a la nulidad interpuesta por la Abogada K. Y. F. Á., la misma debe ser rechazada de plano con base en las consideraciones legales siguientes: a) La nulidad es “… una clase de sanción procesal, por la que se elimina un acto por la inobservancia de un requisito modal extrínseco, relativo a su estructura exterior. Se define también, como una sanción procesal por la cual se declara invalido un acto procesal, privándolo de sus efectos, por haber sido cumplido sin observar los requisitos esenciales exigidos por la ley. Por su parte, la sanción procesal, es la privación al acto de los efectos producidos o que debía producir. Esta prevista en la ley procesal para eliminar los actos viciados.” (Moncada Godoy, Ricky, en Cuaderno De Estudio Judiciales “Rafael Alvarado Manzano”: Los Recursos. Proyecto de Fortalecimiento, del Poder Judicial de Honduras, Corte Suprema de Justicia de Honduras y Agencia Española de Cooperación Internacional. Tegucigalpa, Honduras, abril de 2001.- Pág. 65.). b) Según la normativa procesal se rige bajo tres principios: 1. Principio de especificidad, el cual constituye el aspecto formal de la nulidad y determina que solo puede declararse la nulidad por aquellos vicios que la ley procesal haya previsto como remedio (artículo 165 Código Procesal Penal); 2. Principio de trascendencia, el cual constituye el aspecto material de la nulidad y que determina que solo podrá declararse la nulidad cuando exista un perjuicio verdadero y concreto producido por el vicio procesal; y, 3) Principio de preclusión: La declaratoria de nulidad solo podrá decretarse cuando la parte interesada la haya opuesto en el momento procesal oportuno determinados por el artículo 167 del Código Procesal Penal, caso contrario se declara precluido el derecho; la ley procesal prohíbe expresamente la declaratoria de nulidad cuando estas tengan como efecto retrotraer el proceso a estadios ya superados (artículo 170 segundo párrafo del Código Procesal Penal). c) En el caso actual, la censora incumple con el principio de especificidad que exige la norma procesal, pues su argumento es que el antejuicio presentado no debió tramitarse en virtud de que el Ministerio Público no recurrió la sentencia por la cual se le imputa el delito de prevaricato, no encajando su alegato de manera concreta en ninguno de los presupuestos establecidos en el artículo 166 del Código Procesal Penal; pretende bajo su argumentación que se declare no ha lugar la acción de antejuicio, tampoco precisa cuál es la actuación procesal defectuosa de la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, que a su parecer lesiona las normas procedimentales. Suma a lo anterior, el incumplimiento del principio de preclusión, pues no es como arguye en su recurso que la nulidad “puede ser invocada en cualquier tiempo que esté latente el perjuicio causado”, ya ha explicado este Tribunal que la declaratoria de nulidad solo podrá decretarse cuando la parte interesada la haya interpuesto en el momento procesal oportuno determinado por el artículo 167 del Código Procesal Penal, caso contrario se declara precluido el derecho. En el caso actual, de no estar de acuerdo con el curso dado por ela quo a la acción de antejuicio promovida por el Ministerio Público, debió interponer su escrito de nulidad al realizar su primera actuación procesal, la cual fue rendir el informe correspondiente de descargo y no esperar hasta que las actuaciones procesales llegaran a esta superioridad para interponer su recurso de nulidad, lo anterior conlleva a dar por consentida la tramitación del antejuicio presentado ante la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés.DECISIÓN Se declara Ha Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada K. O. Rechazar de plano el incidente de nulidad interpuesto por la Abogada K. J. F. Á. POR TANTO La Sala de lo Penal actuando como Corte de Apelaciones, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos FALLA: 1) Declara HA LUGAR el Recurso de Apelación Interpuesto por la Abogada K. O., en su condición de agente fiscal del Ministerio Público;2) REVOCA lo resuelto por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en la resolución de fecha seis (6) de marzo de dos mil diecisiete (2017); 3) Declara HA LUGAR la acción de Antejuicio promovida por el Ministerio Público contra la Jueza de Letras Seccional de Yoro, departamento de Yoro, Abogada K. J. F. Á., por considerarla responsable del delito de Prevaricato en perjuicio de la Administración Pública; 4) Rechaza de plano el incidente de nulidad interpuesto por la Abogada K. J. F. Á., en su condición de Jueza de Letras Seccional de Yoro, departamento de Yoro. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remiten las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.” “LA SALA DE LO PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, integrada por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez Coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzman García, dicta el siguiente: AUTO En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintidós de julio de dos mil diecinueve. ANTECEDENTES PROCESALES

PRIMERO: En fecha treinta de mayo del año en curso, la Sala de lo Penal dictó sentencia en el presente proceso de antejuicio, mediante la cual decidió lo siguiente: “1) Declara HA LUGAR el Recurso de Apelación Interpuesto por la Abogada K. O., en su condición de agente fiscal del Ministerio Público;2) REVOCA lo resuelto por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en la resolución de fecha seis (6) de marzo de dos mil diecisiete (2017); 3) Declara HA LUGAR la acción de Antejuicio promovida por el Ministerio Público contra la Jueza de Letras Seccional de Yoro, departamento de Yoro, Abogada K. J. F. Á., por considerarla responsable del delito de Prevaricato en perjuicio de la Administración Pública; 4) Rechaza de plano el incidente de nulidad interpuesto por la Abogada K. J. F. Á., en su condición de Jueza de Letras Seccional de Yoro, departamento de Yoro. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remiten las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes. …” SEGUNDO: En fecha veinticinco de junio del año en curso, la abogada K. J. F. Á., fue notificada de la resolución referida en el numeral anterior, interponiendo, en esa misma fecha recurso de reposición contra dicha resolución. FUNDAMENTACIÓN UNICO: De acuerdo a lo previsto en los artículos 352 y 353 del Código Procesal Penal, el recurso de reposición como medio de defensa procesal, se interpone en el acto de notificación o por separado a más tardar el día hábil siguiente y dicho recurso sólo procede contra las providencias y autos proferidos durante el proceso; por lo tanto, tratándose de una sentencia definitiva que resuelve un recurso de apelación, su interposición es improcedente. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 303, 304, 313 atribución 3, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1, 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 139, 352 y 353 del Código Procesal Penal. Este Supremo Tribunal de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA PENAL. RESUELVE: Declarar SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por la abogada K. J. F. Á., contra la resolución de fecha treinta de mayo del año en curso. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado Coordinador. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada. FIRMA Y SELLO. José Ramón Cruz Ferrera. Receptor Adscrito. Sala de lo Penal”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de agosto del año dos mil diecinueve. Certificación de la Sentencia de fecha veintidós de julio del año dos mil diecinueve y el Auto de fecha veintidós de julio de dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-184-2017.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

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