Sentencia CP-184-15 — Registro 9892
Resumen
En primera instancia se absolvió al imputado del delito consumado de extorsión en perjuicio de testigo protegido. En casación se declara sin lugar el recurso.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Se denuncia por el ente acusador que en la valoración probatoria se infringió la regla lógica de derivación en su postulado de razón suficiente; considera que, al valorar la prueba de cargo de forma conjunta y armónica, se concluye la participación culpable del acusado J. R. C. R., en el delito de extorsión en perjuicio de Testigo Protegido CX 143. Centra su reproche recursivo en la valoración intelectiva de los siguientes medios probatorios: a) Declaración del testigo protegido CX143; b) Declaración del agente E. M. L.; c) Declaración del agente D. A. C. C.; d) Acta de decomiso y secuestro de tres billetes de cien lempiras con series B43781696, BV2740949 y BV4878392, las cuales fueron ratificadas en juicio por E. M. L.; e) Acta de decomiso o secuestro de una bicicleta color rojo con negro con número de serie R00777, ratificada en juicio por E. M. L. Al despiezar el contenido de las alegaciones, identificamos cinco cuestiones estrechamente ligadas entre sí, inclusive, se considera que en su mayoría lejos de fustigar la valoración de la prueba por violación a la regla lógica de derivación, se aproximan más a una valoración particular y subjetiva de la prueba. Según su orden de aparición en el Recurso son las siguientes: a) Con la declaración del testigo protegido CX143 se acreditó que fue amenazado por el acusado y que aprovechó a llamar a la policía cuando entró al negocio, lo cual, resulta corroborado con la declaración de los agentes policiales quienes informaron que recibieron una denuncia. No hay razón alguna para considerar que esta afirmación no es creíble, pues no se ha acreditó elementos que prueben que víctima y policías se pusieron de acuerdo para afirmar tales extremos. b) Según declaró el testigo, cuando entregó el dinero llegó la policía de inmediato y capturaron al acusado, en tanto el Tribunal Sentenciador afirma que transcurrieron varios minutos, de lo cual se desprende una vulneración a la regla lógica de derivación en su apartado de razón suficiente. c) El testigo afirma que entregó trescientos lempiras en tres billetes de cien, los cuales fueron encontrados en la bolsa derecha del pantalón del acusado y decomisados por los agentes de policías, se pregunta el recurrente cómo podría saber el ofendido que el acusado portaba trescientos lempiras; d) El testigo declaró que el acusado llegó en una bicicleta, lo cual se corrobora con el acta de decomiso de la bicicleta. e) El testigo señaló que el acusado J. C. permaneció al lado del camión repartidor desde que profirió las amenazas en su contra, hasta que le entregó la cantidad de dinero, lo cual fue corroborado con las declaraciones de los agentes de la policía. Así las cosas, cuando se denuncia infringido el postulado lógico de razón suficiente, la labor de esta Sala de lo Penal consiste en revisar el proceso lógico seguido por el Tribunal de Sentencia por el cual alcanza conclusiones a partir de unas pruebas que son las que le sirven de fuente cognitiva; el principio lógico de razón suficiente considera que “si algo existe o ha existido por el hecho de ser: es, en atención a que existe razón suficiente para ello.” Lo cual conlleva a buscar bases lógicas suficientemente sólidas para pensar en que algo es como es y no de otro modo, en atención a que las razones que dan origen a su ser, aunque las mismas no sean evidentes, están presentes en el ser mismo. En este sentido, se vulnerará el postulado lógico en cuestión, cuando el Tribunal de Sentencia alcance inferencias a modo de conclusión, las cuales se encuentren totalmente divorciadas de las pruebas evacuadas en juicio (premisas anteriores a la conclusión). Al abordar los argumentos recursivos, cuatro de los cinco tratan acerca de la credibilidad objetiva del testimonio, avalado por las corroboraciones de datos objetivos. El Tribunal de Sentencia resta credibilidad a la declaración del testigo protegido al considerar que no existió prueba alguna que confirmara su versión, en relación al cobro de los trescientos lempiras en concepto de impuesto de guerra y la supuesta entrega, tomando en cuenta que el dinero es un bien mueble genérico, no es cuestionable la existencia de éste en poder del acusado; no considera de recibo que según la narración del testigo, éste no contaba con dinero al momento en que lo amenazaron y pidió al acusado que le permitiera ingresar al comercio denominado “La Sabrosa” para realizar un cobro; aprovechando el ingreso para llamar a la Policía Nacional Preventiva y notificar lo que ocurría. De todo lo anterior razona que según las reglas de la experiencia -que en realidad son las de psicología- indican que en una situación como esta lo lógico sería que, si efectivamente el acusado se encontraba afuera de la repostería, el testigo hiciera espera de la llegada de los policías para hacer frente a la situación y no salir antes puesto que ponía en riesgo su vida. De esta conclusión, esta Sala de lo Penal no observa ninguna infracción a la regla lógica de derivación en su postulado de razón suficiente, puesto que el Ministerio Púbico no aportó ninguna prueba a debate que permitiese corroborar la versión de la testigo en relación a la intimidación que habría sufrido, así como a la posterior entrega de los trescientos lempiras que hiciere al acusado. El mero modo de planteamiento del recurso emerge la fragilidad argumentativa, el principio general no es presumir en una valoración binaria de los testigos en relación a los hechos que informan, una suerte de verdadero salvo que se demuestre lo contrario. La labor del Tribunal de Sentencia es valorar la declaración de los testigos de conformidad a las reglas de la sana crítica racional, tomando en cuenta pautas orientativas, y no excluyentes de otras, como ser la persistencia en la incriminación, la ausencia de incredibilidad subjetiva y la verosimilitud de su relato. Según informa el testigo protegido, no se encontraba solo al momento de ser amenazado por el acusado, estaba en compañía de su ayudante el cual hubiera sido idóneo que testificara para corroborar los hechos al ser también un testigo presencial de los mismos. En esta dirección prescribe el artículo 199 del Código Procesal Penal la prevalencia que tienen los testigos presenciales por sobre los testigos de referencia. Tratamiento diferenciado amerita el segundo argumento recursivo, según aduce el recurrente el testigo entregó el dinero al acusado y la policía llegó de inmediato y procedieron a capturarlo, en tanto el Tribunal Sentenciador afirma en su valoración que transcurrieron varios minutos entre la entrega y la llegada de la policía, de lo cual, en su caso, se desprendería una vulneración a la regla lógica de derivación en su apartado de razón suficiente. Al remitirnos al acta de debate (f. 88v), el argumento recursivo resulta fácilmente rebatible, el testigo protegido al ser interrogado por el ente acusador responde “…el tiempo que tardó entre el momento de la entrega del dinero y la llegada de la policía fue como de dos minutos”. Resulta razonable la valoración intelectiva efectuada por el Tribunal de Sentencia cuando expresa que no le resulta creíble que entre el acto de la entrega del dinero, y la llegada de los agentes de la policía, transcurrió un espacio aproximado de dos minutos, sin comprender las razones por las cuales el acusado después de que se efectúa la supuesta entrega, decide aún quedarse junto al ofendido y su acompañante por espacio de dos minutos, cuando lo natural sería pensar que el acusado una vez concretizada la entrega decida salir huyendo del lugar, por lo que no se otorga pleno valor probatorio. Considera esta Sala de lo Penal que el A-quo ha dado razones suficientes del porqué no otorga pleno valor probatorio al testigo protegido de cargo, expone las razones con fuerza suasoria y no se limita a fórmulas estereotipadas, por lo que el motivo de casación interpuesto por el Ministerio Público no es acogible..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veinte de febrero del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte (20) días del mes de febrero del año dos mil diecinueve (2019), el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncia: EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, La sentencia en el expediente S.P.184-2015, conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha seis de marzo del año dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida, mediante la cual falló: Primero: Absolver al señor J. R. C. R., como autor de un delito consumado de extorsión en perjuicio de testigo protegido CX143. Segundo: Revocar todas las medidas cautelares impuestas al señor J. R. C. R., en ocasión del presente proceso criminal. Tercero: Una vez firme la sentencia se ordena la devolución por parte del Ministerio Público, de trescientos lempiras en denominaciones de cien lempiras, al señor J. R. C. R., y de una celular marca AMGOO, color negro, a la persona que acredite su legitima propiedad. Cuarto: Declara la no procedencia de condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. - Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, la Abogada L. L. S., fiscal del Ministerio Público; SON PARTES: La Abogada I. A. F. N., fiscal del Ministerio Público, como recurrente; y, el abogado F. M. A. S., defensor público, como recurrida. II. HECHOS PROBADOS: “Valorando los medios de prueba practicados en el juicio de acuerdo con las reglas de la sana crítica, este tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: Primero: En fecha diez de octubre del año dos mil trece, siendo las diez de la mañana, frente a la repostería La Sabrosa, ubicada en el barrio Alvarado, en la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida se encontraba el acusado J. R. C., hasta donde llegan los agentes de policía D. A. C. y E. M. L. y procede en ese momento el policía E. L. a practicarle un registro personal al acusado J. R. C. y le encuentra en la bolsa derecha de su pantalón, la cantidad de trescientos Lempiras, en denominaciones de cien Lempiras y un teléfono celular color negro, marca AMGOO, procediendo los agentes policiales a detener al acusado y lo remiten a la autoridad competente.”. III. RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS. La recurrente, la Abogada L. L. S., fiscal del Ministerio Público, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN. MOTIVO ÚNICO: “No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las Reglas de la Sana Crítica”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave que atenta contra las reglas de la sana crítica a observarse en la valoración de la prueba que fue evacuada durante el transcurso del presente proceso, estando conformada la misma por los medios probatorios que se señalan a continuación: 1. TESTIGO PROTEGIDO CX143; quien manifestó: “Sucedió en el 2013, el diez de Octubre, como a las diez de la mañana, me encontraba repartiendo producto; cuando estaba en el camión se me acercó un muchacho en bicicleta que vestía camisa a rayas, verde y negro, usaba pantalón jeans azul, me dijo que tenía que entregarle trescientos lempiras a causa del impuesto de guerra que iba a pagar en esa ruta, le dije que no tenía efectivo en ese momento, entonces él me dijo que si no colaboraba con el barrio, él me iba a matar, fue en ese momento que le dije que si quería el efectivo que me diera chance que fuera a cobrar al negocio que estaba enfrente, él accedió a dejarme salir con la opción que le trajera el dinero de vuelta. Cuando me metí al negocio, me tardé como 20 minutos, en ese lapso de tiempo llamé a la Policía y la alerté de que estaba siendo objeto de extorsión, cuando salí del negocio él todavía se encontraba al lado del camión, le entregué los trescientos lempiras que había recibido del negocio, fue cuando cayó la policía, se le dio captura, preguntándome la policía sí era él y le di respuesta afirmativa... Le dije a la Policía que estaba siendo objeto de extorsión, que mi vida estaba en peligro, le dije la indumentaria que vestía y que andaba en una bicicleta que estaba al lado del camión, cuando salgo a entregar el dinero estaban mi ayudante y el acusado... Lo que me motivó a entregarle los trescientos Lempiras fue que si no se lo entregaba corría peligro mi vida y la de mi ayudante, me dijo que si no pagaba el dinero que iba a pagar con mi vida... Los trescientos Lempiras que le di eran de una factura que había cobrado, esos billetes eran de cien Lempiras, tres billetes...”. 2. TESTIGO E. M. L. Agente de la Policía Preventiva, quien declaró: “El día jueves 10 de octubre de 2013 realizábamos patrullaje de rutina en la motorizada 03 con mi compañero E. C., cuando nos llamaron vía radio que nos desplazáramos al. Barrio Alvarado... había un carro repartidor de producto donde el motorista estaba siendo amenazado por un individuo de camiseta con rayas verde y negra, pantalón azul, él es trigueño, nos desplazamos lugar, cuando llegamos observamos a una persona con las características, le pedimos registro, le encontramos en la bolsa izquierda un teléfono color negro y en la bolsa derecha los trescientos lempiras... nos tardamos en llegar al lugar como 5 minutos.., el dinero se encontró en denominaciones de cien Lempiras, eran Trescientos Lempiras en total... él se transportaba en bicicleta”. 3. D. A. C. C., manifestó: “Andábamos con mi compañero M. patrullando en el centro, recibimos una denuncia vía radio que en el Barrio Alvarado estaba un muchacho con pantalón azul, jeans, camisa rayada color verde con negro, supuestamente estaba extorsionando a un repartidor enfrente de una repostería, cuando nos hicimos presente al lugar de los hechos le hicimos el respectivo registro personal, encontrándole la cantidad de trescientos Lempiras y un teléfono celular, trasladándose a la jefatura de la Policía Nacional y recomendándole al señor que interpusiera la denuncia... él (acusado) se encontraba a la par del camión repartidor”. 4. ACTAS DE REGISTRO Y DECOMISO, de la cantidad de tres billetes de cien Lempiras con las series B4378 1696, BV2740949 y BV4878392, que fueron encontrados en poder del acusado J. R. C., siendo ratificadas por E. M. 5. ACTA DE DECOMISO O SECUESTRO, de una bicicleta color rojo con negro, con número de serie R00777 que conducía el acusado J. C. y que fue ratificada por E. M. El vicio de apreciación del juzgador se ve evidenciado, desde el momento en que realiza una valoración individual a cada uno de los medios de prueba descritos anteriormente, desconociendo las exigencias contenidas en la normativa penal adjetiva, que manda que las probanzas allegadas al juicio serán valoradas de manera conjunta y armónica, lo que lógicamente conduce a una conclusión errada que no se deriva de la prueba de cargo producida e incorporada legalmente al proceso. Refiere el Tribunal, que no puede otorgarle credibilidad a las declaraciones rendidas por los testigos porque a su criterio no son suficientes para acreditar la existencia del injusto penal y menos para demostrar que efectivamente el acusado participó en esos hechos; en relación a la evidencia consistente en los tres billetes de cien Lempiras el sentenciador consideró que este medio de prueba no es vinculante para el Tribunal y no puede llevarle a concluir que efectivamente existen indicios suficientes de participación del acusado en los hechos que refiere el Ministerio Público; al valorar el Acta de Decomiso de la bicicleta, consideró que ésta evidencia tampoco confirma la participación del acusado en los hechos alegados por la Fiscalía; en cuanto al Testigo Protegido CX143, señaló que sus dichos no fueron confirmados por otros medios de prueba y que no resulta lógico que si el acusado se encontraba afuera de la repostería, la víctima saliera hasta donde él estaba pues ponía en peligro su vida; el sentenciador también hace referencia a que los Agentes Policiales no confirmaron el hecho de que el ofendido efectivamente le entregó los trescientos Lempiras al acusado, por lo que le resta credibilidad a sus dichos y no tiene por demostrado éste extremo, tampoco considera lógico el hecho de que después de haber recibido el dinero por parte de la víctima el acusado se quedara en el lugar por espacio de dos minutos, pues lo lógico a criterio del juzgador es que J. C. inmediatamente huyera del lugar. Finalmente, el sentenciador concluyó que el Ministerio Público “no acreditó con su abanico probatorio, si efectivamente el acusado, realizó alguna de las conductas detalladas en el Código Penal en relación con el delito de Extorsión, menos se acreditó si efectivamente se realizó por parte del supuesto ofendido la entrega del referido dinero”. (Ver numeral Cuarto incisos 3 y 5 del Apartado de la Valoración Probatoria). Como indicamos con anterioridad, la decisión que ha adoptado el Juzgador respecto a la no culpabilidad del imputado en el delito que se le atribuye, se muestra como violatoria a la Regla Lógica de la derivación integrado por el Principio de Razón Suficiente, en su característica de suficiencia, el cual como sabemos, debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y la sucesión de éstas que se vayan determinando, principio que se encuentra vulnerado al establecer el Tribunal que con las pruebas de cargo aportadas en el juicio, no es posible tener por acreditada la existencia de un ilícito de Extorsión y tampoco la participación que en los mismos tuvo el imputado J. R. C.; sin embargo, la conclusión errónea a la que llegó el sentenciador se produjo al no haber realizado una valoración armónica de todo el conjunto de medios probatorios de cargo allegados al proceso; pues contrario a las consideraciones por él esgrimidas, la prueba de cargo ha resultado suficiente para demostrar tanto la existencia del delito como la participación del acusado como autor del mismo. La declaración del testigo protegido CX143 es concordante con la prueba testifical, así como con el resto de la prueba allegada al proceso (evidencia, documental), veamos: El testigo señaló que fue amenazado por el acusado y que aprovechó para hacer la llamada a la Policía cuando pudo entrar al negocio; lo cual fue confirmado con las declaraciones de los mismos Agentes Policiales que comparecieron a testificar, pues ambos manifestaron que recibieron la denuncia y a raíz de ello se presentaron al lugar; no hay razón alguna para considerar que ésta afirmación no es creíble, pues no se ha acreditado en juicio elementos que prueben que víctima y policías se pusieron de acuerdo para afirmar esos extremos que son coincidentes, o que el dicho del primero estuviese contaminado por alguna de las causales de incredibilidad subjetiva (motivos espurios, fantaseo, mitomanía, etc.) El testigo protegido también manifestó que justo cuando le acababa de entregar el dinero al acusado llegó la policía, no señaló (como erróneamente lo asegura el sentenciador) que transcurrieron varios minutos hasta que llegó la Policía, pues el testigo afirmó “al momento que le entregué el dinero llegó la Policía y lo capturaron”, se sobreentiende de sus dichos que ambas acciones se efectuaron casi de manera simultánea; es decir, que inmediatamente después de que la víctima_._ entregó el dinero a J. C., llegó la policía, y por lo tanto resulta obvio, que no tuvo oportunidad de huir, ya que fue detenido en ese preciso momento, de lo que se desprende una vulneración a la característica de la veracidad, que también integra el Postulado de Derivación en su Apartado de Razón Suficiente. • El Testigo protegido también afirmó que entregó al acusado trescientos Lempiras (tres billetes de cien Lempiras) y esa cantidad de dinero, exactamente como la describió la víctima, fue encontrada por la Policía en la bolsa derecha del pantalón del acusado; sin embargo el sentenciador afirma que no hay prueba de que fue la víctima quien se lo entregó, rompiendo con ello la regla lógica supra indicada en su característica de suficiencia pues si el Testigo Protegido CX 143 no entregó el dinero a J. C., cómo podía saber entonces que éste portaba trescientos Lempiras en billetes de denominación de cien Lempiras, en la bolsa de su pantalón?. Todos éstos extremos fueron debidamente acreditados con las Actas de Decomiso y Registro evacuadas en juicio. Aunque el Tribunal le restó importancia al decomiso de una bicicleta, ésta constituyó pieza importante para acreditar la veracidad de los dichos del testigo protegido CX 143, al manifestar que el acusado llegó hasta el lugar donde él se encontraba en una bicicleta y esto se demostró con las declaraciones de los testigos Policías y con el Acta de Decomiso de la misma. • Asimismo, el Testigo CX143 señaló que el acusado J. C., permaneció al lado del camión repartidor, desde que profirió las amenazas en su contra, hasta que le entregó la cantidad de dinero y éste extremo fue confirmado con las declaraciones de los Agentes Policiales quienes encontraron al J. C. en el lugar donde señaló el testigo protegido CX 143 que se encontraba (a la par del camión) y fue allí donde le dio detención. Consideramos relevante hacer referencia a las apreciaciones del Tribunal, al valorar cada uno de los medios probatorios: • En relación al criterio del Tribunal respecto a que las declaraciones rendidas por los testigos no son suficientes para acreditar la existencia del ilícito ni la participación del acusado en los hechos, cabe señalar que dichas declaraciones debieron ser valoradas en conjunto con el resto del andamiaje probatorio y de ésta manera constatar que las mismas son concordantes y coherentes con el resto de la prueba y en conjunto llevan a la conclusión de que el acusado J. C. es autor del ilícito por el cual fue acusado; • Evidentemente, tal y como lo afirma el Tribunal, los tres billetes por sí solos no pueden acreditar que el acusado participó en los hechos, sin embargo, de la prueba misma se desprende que éstos billetes los tenía en su poder el acusado porque el Testigo Protegido CX143 se los entregó y esto fue confirmado con las declaraciones de ambos Policías y el decomiso del dinero que se hiciera al acusado; • De igual manera el sentenciador estima que la bicicleta por sí sola no puede acreditar ni confirmar la participación del acusado en los hechos, ésta afirmación es correcta sí la prueba se valora aisladamente, tomando cada uno de los medios de prueba de forma individual, sin embargo, si se hace una valoración conjunta de todos ellos el sentenciador indefectiblemente hubiese llegado a la conclusión de que ésta evidencia fortalece la declaración de la víctima, al afirmar que J. C. (Acusado) llegó en bicicleta, extremo que se constató con el Acta de Decomiso de la bicicleta por la autoridad Policial; • En relación a la consideración del Tribunal respecto a que no le resulta lógico que el ofendido (Testigo Protegido CX 143) regresara donde el acusado si temía por su vida, cabe mencionar que atendiendo a las máximas de la experiencia, generadas por el fenómeno delictivo de extorsiones bajo la denominación de lo que comúnmente se conoce como “impuesto de guerra”, resultase fundada la creencia del mismo Testigo en cuanto a que no iba a arriesgar la vida de su ayudante pues de no regresar el acusado podía atentar contra la vida de éste o aún del mismo ofendido, pues le había amenazado previamente con matarlo. • En cuanto a la duda del sentenciador respecto a que el acusado realmente haya recibido el dinero por parte del Testigo Protegido CX143, como ya mencionamos anteriormente, la misma declaración del Testigo Protegido CX143 es concordante con las de los testigos E. M. L. y D. A. C., así como con el Acta de Decomiso, y constituyen prueba suficiente de que dicho dinero fue entregado por Testigo Protegido CX 143 a J. R. C. y encontrado en posesión de éste último por los Agentes Policiales. El juzgador con el fallo absolutorio proferido incumple lo expresado por la Honorable Sala de lo Penal, quien ha establecido lo siguiente: “En este sentido, la verificación de la existencia de prueba de cargo suficiente, requiere una triple comprobación. En primer lugar, que el tribunal de instancia haya apoyado su relato fáctico, en pruebas relativas a la existencia del hecho y a la participación del acusado en él. En segundo lugar, que las pruebas sean válidas, es decir, que hayan sido obtenidas e incorporadas al juicio oral con respeto a los derechos fundamentales y con arreglo a las normas que regulan su práctica, y en tercer lugar, que la valoración realizada para llegar a las conclusiones fácticas que son la base de la condena, teniendo en cuenta el contenido probatorio de la prueba de cargo disponible, no se aparte de las reglas de la lógica, de las máximas de la experiencia y de los conocimientos científicos cuando se haya acudido a ellos y que no es, por tanto, irracional, inconsistente o manifiestamente errónea. Ver sentencia No 177-08 de fecha 16/11/2009. Atendiendo los resultados obtenidos de la prueba evacuada en el proceso, el Ministerio Público no logra extraer la razón por la cual el sentenciador diezmó la magnitud fáctica propia del contenido de la prueba de cargo pues la misma fue congruente, precisa y clara, y constituyó fuente imparcial de conocimiento de los hechos; además, esta prueba fue legalmente incorporada, y al ser analizada de manera conjunta y armónica, conduce toda ella a la inexorable conclusión de que el imputado sí perpetró el hecho delictivo por el cual fue enjuiciado; por ende, con el proceso intelectivo de valoración del material probatorio de cargo, se vulneró, como antes se expuso, las reglas de la Sana Crítica que debió observar el juzgador al momento de considerar la prueba, infringiendo el postulado de la Derivación integrado por el principio de Razón Suficiente, en su característica de suficiencia. Por haberse producido el vicio in procedendo que se ha denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del mismo”. IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. El proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que ésta sentencia tenga validez debe de estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe de subordinar su actividad, es pues éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumplen con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas fijadas en la ley. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por la Abogada L. L. S., fiscal del Ministerio Público. Único motivo. *Normas autorizantes citadas: Artículo 362.3 del Código Procesal Penal; *Normas procesales que se denuncian infringidas: Artículo 202 del Código Procesal Penal; *Concepto de la infracción: En la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica; *Acciones de saneamiento: Imposibilidad de reclamo previo pues el vicio consta en la sentencia; *Pretensión: Resolver conforme a ley. Denuncia el ente acusador que el Tribunal de Sentencia valoró la prueba de cargo de forma aislada y no de manera conjunta y armónica como ordena el precepto contenido en el artículo 202 del Código Procesal Penal. Considera que la declaración del testigo protegido CX143 se corrobora con todos los medios de prueba, con las declaraciones de los agentes de la policía nacional preventiva, con el acta de decomiso de la cantidad de trescientos lempiras y con el acta de decomiso de una bicicleta. De toda la prueba citada, concluye inexorablemente la participación culpable del acusado J. R. C. R., en el delito de extorsión. De las Reglas de la Sana Crítica. Esta Sala de lo Penal, considera pertinente recordar que el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el Recurso por Quebrantamiento de Forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el Juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: Íntima Convicción (propio del sistema de juzgamiento por jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias), y la sana crítica; es éste último, el que debe de observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de Sana Crítica la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las pruebas en que se apoyen. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia condicional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal). De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Partiendo de la Doctrina Legal sentada por esta Sala de lo Penal, en los fallos de fecha 30 de noviembre del 2001, del Exp 194-2009, de fecha 30 de noviembre del 2011, contenido en el Exp 297-09, de fecha 02 de noviembre del 2011, en el Exp 242-09 y de fecha 30 de noviembre del 2011 que resuelve el caso del Exp 125-2010, componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, sin relación alguna con el caso concreto que se juzga, y que se adquieren a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por éste hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a los fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, siendo el antónimo de éstos, los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del Juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá de analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de un fenómeno. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerara el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos el por qué lo considera así; 2) Las Reglas de la Psicología: Están referidas no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento adquirido respecto del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y, 3) Las Reglas de la Lógica: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El principio de identidad: Una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”; ii. El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera; iii. El principio de tercero excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: De este se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando. Exige que el razonamiento deba derivar de elementos auténticos y suficientes para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga. De la procedencia del Recurso. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Se denuncia por el ente acusador que en la valoración probatoria se infringió la regla lógica de derivación en su postulado de razón suficiente; considera que, al valorar la prueba de cargo de forma conjunta y armónica, se concluye la participación culpable del acusado J. R. C. R., en el delito de extorsión en perjuicio de Testigo Protegido CX 143. Centra su reproche recursivo en la valoración intelectiva de los siguientes medios probatorios: a) Declaración del testigo protegido CX143; b) Declaración del agente E. M. L.; c) Declaración del agente D. A. C. C.; d) Acta de decomiso y secuestro de tres billetes de cien lempiras con series B43781696, BV2740949 y BV4878392, las cuales fueron ratificadas en juicio por E. M. L.; e) Acta de decomiso o secuestro de una bicicleta color rojo con negro con número de serie R00777, ratificada en juicio por E. M. L. Al despiezar el contenido de las alegaciones, identificamos cinco cuestiones estrechamente ligadas entre sí, inclusive, se considera que en su mayoría lejos de fustigar la valoración de la prueba por violación a la regla lógica de derivación, se aproximan más a una valoración particular y subjetiva de la prueba. Según su orden de aparición en el Recurso son las siguientes: a) Con la declaración del testigo protegido CX143 se acreditó que fue amenazado por el acusado y que aprovechó a llamar a la policía cuando entró al negocio, lo cual, resulta corroborado con la declaración de los agentes policiales quienes informaron que recibieron una denuncia. No hay razón alguna para considerar que esta afirmación no es creíble, pues no se ha acreditó elementos que prueben que víctima y policías se pusieron de acuerdo para afirmar tales extremos. b) Según declaró el testigo, cuando entregó el dinero llegó la policía de inmediato y capturaron al acusado, en tanto el Tribunal Sentenciador afirma que transcurrieron varios minutos, de lo cual se desprende una vulneración a la regla lógica de derivación en su apartado de razón suficiente. c) El testigo afirma que entregó trescientos lempiras en tres billetes de cien, los cuales fueron encontrados en la bolsa derecha del pantalón del acusado y decomisados por los agentes de policías, se pregunta el recurrente cómo podría saber el ofendido que el acusado portaba trescientos lempiras; d) El testigo declaró que el acusado llegó en una bicicleta, lo cual se corrobora con el acta de decomiso de la bicicleta. e) El testigo señaló que el acusado J. C. permaneció al lado del camión repartidor desde que profirió las amenazas en su contra, hasta que le entregó la cantidad de dinero, lo cual fue corroborado con las declaraciones de los agentes de la policía. Así las cosas, cuando se denuncia infringido el postulado lógico de razón suficiente, la labor de esta Sala de lo Penal consiste en revisar el proceso lógico seguido por el Tribunal de Sentencia por el cual alcanza conclusiones a partir de unas pruebas que son las que le sirven de fuente cognitiva; el principio lógico de razón suficiente considera que “si algo existe o ha existido por el hecho de ser: es, en atención a que existe razón suficiente para ello.”[1] Lo cual conlleva a buscar bases lógicas suficientemente sólidas para pensar en que algo es como es y no de otro modo, en atención a que las razones que dan origen a su ser, aunque las mismas no sean evidentes, están presentes en el ser mismo. En este sentido, se vulnerará el postulado lógico en cuestión, cuando el Tribunal de Sentencia alcance inferencias a modo de conclusión, las cuales se encuentren totalmente divorciadas de las pruebas evacuadas en juicio (premisas anteriores a la conclusión). Al abordar los argumentos recursivos, cuatro de los cinco tratan acerca de la credibilidad objetiva del testimonio, avalado por las corroboraciones de datos objetivos. El Tribunal de Sentencia resta credibilidad a la declaración del testigo protegido al considerar que no existió prueba alguna que confirmara su versión, en relación al cobro de los trescientos lempiras en concepto de impuesto de guerra y la supuesta entrega, tomando en cuenta que el dinero es un bien mueble genérico, no es cuestionable la existencia de éste en poder del acusado; no considera de recibo que según la narración del testigo, éste no contaba con dinero al momento en que lo amenazaron y pidió al acusado que le permitiera ingresar al comercio denominado “La Sabrosa” para realizar un cobro; aprovechando el ingreso para llamar a la Policía Nacional Preventiva y notificar lo que ocurría. De todo lo anterior razona que según las reglas de la experiencia -que en realidad son las de psicología- indican que en una situación como esta lo lógico sería que, si efectivamente el acusado se encontraba afuera de la repostería, el testigo hiciera espera de la llegada de los policías para hacer frente a la situación y no salir antes puesto que ponía en riesgo su vida. De esta conclusión, esta Sala de lo Penal no observa ninguna infracción a la regla lógica de derivación en su postulado de razón suficiente, puesto que el Ministerio Púbico no aportó ninguna prueba a debate que permitiese corroborar la versión de la testigo en relación a la intimidación que habría sufrido, así como a la posterior entrega de los trescientos lempiras que hiciere al acusado. El mero modo de planteamiento del recurso emerge la fragilidad argumentativa, el principio general no es presumir en una valoración binaria de los testigos en relación a los hechos que informan, una suerte de verdadero salvo que se demuestre lo contrario. La labor del Tribunal de Sentencia es valorar la declaración de los testigos de conformidad a las reglas de la sana crítica racional, tomando en cuenta pautas orientativas, y no excluyentes de otras, como ser la persistencia en la incriminación, la ausencia de incredibilidad subjetiva y la verosimilitud de su relato. Según informa el testigo protegido, no se encontraba solo al momento de ser amenazado por el acusado, estaba en compañía de su ayudante el cual hubiera sido idóneo que testificara para corroborar los hechos al ser también un testigo presencial de los mismos. En esta dirección prescribe el artículo 199 del Código Procesal Penal la prevalencia que tienen los testigos presenciales por sobre los testigos de referencia. Tratamiento diferenciado amerita el segundo argumento recursivo, según aduce el recurrente el testigo entregó el dinero al acusado y la policía llegó de inmediato y procedieron a capturarlo, en tanto el Tribunal Sentenciador afirma en su valoración que transcurrieron varios minutos entre la entrega y la llegada de la policía, de lo cual, en su caso, se desprendería una vulneración a la regla lógica de derivación en su apartado de razón suficiente. Al remitirnos al acta de debate (f. 88v), el argumento recursivo resulta fácilmente rebatible, el testigo protegido al ser interrogado por el ente acusador responde “…el tiempo que tardó entre el momento de la entrega del dinero y la llegada de la policía fue como de dos minutos”. Resulta razonable la valoración intelectiva efectuada por el Tribunal de Sentencia cuando expresa que no le resulta creíble que entre el acto de la entrega del dinero, y la llegada de los agentes de la policía, transcurrió un espacio aproximado de dos minutos, sin comprender las razones por las cuales el acusado después de que se efectúa la supuesta entrega, decide aún quedarse junto al ofendido y su acompañante por espacio de dos minutos, cuando lo natural sería pensar que el acusado una vez concretizada la entrega decida salir huyendo del lugar, por lo que no se otorga pleno valor probatorio. Considera esta Sala de lo Penal que el A-quo ha dado razones suficientes del porqué no otorga pleno valor probatorio al testigo protegido de cargo, expone las razones con fuerza suasoria y no se limita a fórmulas estereotipadas, por lo que el motivo de casación interpuesto por el Ministerio Público no es acogible. V. DECISIÓN No ha lugar El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo interpuesto por la Abogada L. L. S., fiscal del Ministerio Público. VI. POR TANTO, La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y 363 del Código Procesal Penal. FALLA: 1) DECLARA NO HA LUGAR el Recurso de Casación de Quebrantamiento de Forma, en su único motivo, interpuesto por la Abogada L. L. S., fiscal del Ministerio Público; 2) DECLARA FIRME LA SENTENCIA de fecha seis de marzo de dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. Magistrado Coordinador. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. Magistrado. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. Magistrada. FIRMA Y SELLO. JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA. Receptor Adscrito. Sala de lo Penal.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de junio del año dos mil diecinueve. Certificación de la Sentencia de fecha veinte de febrero del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-184-2015.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
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[1] PACHECO INCLÁN, Rubén. “LOS DERECHOS HUMANOS A LA LUZ DEL PRINCIPIO LÓGICO DE RAZÓN SUFICIENTE”. Biblioteca de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pág. 44-58.