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Sentencia CP-182-16 — Registro 10674

Resumen

En primera instancia se condenaron a los imputados como autores responsables de un delito de Secuestro, en perjuicio de Testigo Protegido. Resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...De la procedencia del recurso. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Debe tenerse presente que la sentencia se construye a partir de múltiples silogismos encadenados que constituyen el razonamiento judicial y que cada silogismo debe tener la cualidad de ser categórico, compuestos por premisas de las que se deriva una conclusión, teniendo precisamente a aquellas premisas como la razón suficiente para derivar la conclusión; por ende, el recurrente que alega la violación del principio de derivación como motivo, asume un alto compromiso que implica la tarea de identificar el silogismo que considera indebidamente construido, determinar la fuente de la premisa mayor, de la premisa menor, y luego, lo más importante, demostrar que la inferencia realizada es incorrecta y que por ello la conclusión que se dice necesaria en realidad no lo es; tarea que no termina allí, pues además debe explicar por qué tal conclusión malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. Hoy por hoy el recurso de casación por quebrantamiento de forma, planteando como motivo la violación del principio lógico de derivación, ocupa un gran de porcentaje de los recursos que resuelve esta Sala de lo Penal; desafortunadamente no en pocos casos el recurrente acude a tal alegato como una forma de disfrazar la verdadera pretensión de reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el Tribunal de Sentencia, pretendiendo así que los jueces de casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren un medio de prueba determinado, extraigan conclusiones probatorias y luego las compare con aquellas a las que arribó el A-quo, decidiendo finalmente si lo hecho por los jueces de la instancia está bien o mal a depender si coincide la valoración de la prueba hecha en única instancia, todo ello impropio en sede casacional. No existe una previa determinación de pruebas, por lo que éste debe ser asignado por el juzgador de la instancia haciendo mano de las reglas de la sana crítica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto, en relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo de los jueces de instancia y ajeno a los jueces de casación. Por ello, el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; la casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba; las partes en la interposición del recurso no pueden pretender que esta Sala de lo Penal declare el acierto o desacierto del Tribunal de Sentencia sobre sus criterios valorativos, pues ello sería rebasar las potestades legales conferidas por la ley a los jueces de casación. En el caso actual, la defensa privada hace alegatos propios de instancia, procede a realizar una valoración subjetiva y alternativa de las declaraciones testificales evacuadas en sesión de juicio e invita a esta Sala Casacional a realizar una valoración probatoria sustitutiva de la realizada en instancia. El censor del fallo fustiga las declaraciones de los testigos D. O. G.A. y J. E.R. argumentando que son contradictorias en su contenido, pues en unas partes de sus declaraciones narran que el Testigo Protegido “A1” estaba secuestrado en una casa de habitación, y en otras, establece que se trataba únicamente de un cuarto, así como que en la audiencia inicial manifestaron que el vehículo en que se trasladarían los sospechosos era color azul, entretanto, en la audiencia de debate del juicio oral y público, manifestaron que era color gris; también arguye que estas declaraciones no se encuentran corroboradas en relación a las dieciséis llamadas que supuestamente recibió el señor O. T.. Todos estos argumentos atacan a los medios probatorios, su contenido, y no identifican el postulado intelectivo inferido por el sentenciador que considere transgrede la regla lógica de derivación. A partir de lo alegado, esta Sala de lo Penal no tiene duda de que el recurrente no presenta objeción sobre la valoración, pues sus alegatos se limitan a hacer una valoración alternativa de las declaraciones testificales, lo que no es propio para un recurso de casación. Como se ha dicho, no existe en el escrito del recurso identificación de un silogismo judicial, análisis de premisas y demostración de una mala inferencia que termine en una indebida conclusión derivada, o la exposición de dos argumentos judiciales sobre un mismo hecho o aspectos que sean contradictorios, sino una queja de que la prueba fue valorada de forma diferente a como pretendía la defensa. Por lo anterior, el recurso de casación por quebrantamiento de forma decae y debe ser desestimado. DECISIÓN No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo interpuesto por la Abogada E. C. F.. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo interpuesto por el Abogado O. A. R..No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo interpuesto por el Abogado O. A. R. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 361, 362 y 363 del Código Procesal Penal..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha nueve de agosto del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de agosto del año dos mil diecinueve, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados J. Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de Coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentenciaconociendo de los Recursos de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, interpuestos contra la sentencia de fecha doce de junio de dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional, mediante la cual falló: Primero: Condenar a los señores O. D. T. L., D. O.M. M., J. F. A. y J. P. L., como autores responsables de un delito de Secuestro, en perjuicio de Testigo Protegido “A1” conocido también en el proceso como J. F.R., imponiéndoles una pena principal de veinte (20) años de reclusión. Segundo: Condenar a los señores O. D. T. L., D. O. M. M., J. F. A. y J. P. L., a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, durante el tiempo de duración de la pena principal, así como a trabajar por el tiempo de la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento de conformidad con la Ley del Sistema Penitenciario Nacional. Tercero: Declarar la responsabilidad civil de los condenados O. D. T. L., D. O. M. M., J. F. A. y J. P. L., la que será objeto de tasación en la fase de ejecución. Cuarto: No procede condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. Quinto: Se declara el comiso de un CD de escuchas telefónicas, mismo que queda bajo custodia del Ministerio Público. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley, la Abogada E.C.F., actuando en su condición de defensora pública de J. P. L. y J. F. A.; interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Ley, el Abogado O. A. C. R., apoderado defensor de los señores D. O. M. M. y O. D. T. L..Son partes en única instancia: Los Abogados J. R. I. S. y M. A., defensores públicos de J. P. L. y J. F. A.; y, el Abogado O. A. C. R., defensor privado de los señores D. O.M. M. y O. D. T. L., como recurrentes; y, la Abogada E. P. B., fiscal del Ministerio Público, como recurrida. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA“PRIMERO: El día miércoles 13 de marzo del año 2013, a eso de la 5:00 de la tarde, el señor J. F. R. R., conocido también como Testigo Protegido A1, salió de su Centro de trabajo y cuando se dirigía a bordo de su motocicleta por la carretera que conduce a la Aldea Soroguara de F. Morazán, fue interceptado por tres individuos que se conducían a bordo de un vehículo Turismo color gris, del cual se bajaron unos individuos quienes con armas de fuego lo sometieron al señor R. a quien obligaron a introducirse en el vehículo turismo a bordo del cual se lo llevaron primero a un lugar indeterminado de la ciudad cubierto de monte, hasta que finalmente lo llevaron a la casa de habitación pequeña de una sola pieza ubicado en las inmediaciones de la Aldea El Piliguin, propiedad de la madre del joven O. D. T. L. donde lo mantuvieron por espacio de aproximadamente cuatro días. El día catorce de marzo del mismo año, por medio de una llamada realizada al celular que portaba la hija del señor R., una persona de sexo masculino contactó a la esposa del referido señor exigiendo que entregasen la cantidad de un millón y medio de lempiras a cambio de la libertad del señor R., caso contrario lo matarían, llevándose a cabo así varias llamadas en las que se hacían negociaciones respecto a la recolección y cuantía del dinero. Mientras tanto, unas personas le decían al señor R. que se le iba a quitar la vida, también se simulaba que se le iba a cortar algunas partes de su cuerpo como dedos y oreja, si la familia del señor R. no entregaba la cantidad solicitada. En fecha dieciséis de Marzo del mismo año, una persona anónima hizo del conocimiento de la unidad antiextorsión que en la zona del Piliguin se encontraba una persona retenida, dando indicaciones de la existencia y participación de un vehículo gris y la denominación de apodos como el colocho y el sarco, siendo así como alrededor de las cuatro de la tarde, se conformó un operativo que se llevó a cabo en la zona del Hatillo, y sus alrededores, no habiendo logrado un resultado positivo sino hasta que agentes de investigación se trasladaron hasta la zona del Piliguin. En tanto eso sucedía, y percatándose los captores que mantenían al señor R. del despliegue policial de la zona, procedieron a sacar al señor R. por la parte de atrás de la vivienda donde se encontraba y trasladarlo a pie bajando una pendiente con vegetación dirigiéndose hacia una quebrada que se encuentra al final de la misma. En esos instantes, encontrándose ya agentes de investigación en la zona del Piliguin y siendo para entonces entre las siete y media y ocho de la noche, agentes de la unidad anti extorsión interceptaron el vehículo marca Honda color gris conducido por el joven O. D. T. L., quien iba acompañado de D. O. M., quienes se dirigían juntos a la casa de habitación donde se mantenía al señor R., y en la dinámica de registro cayó una de varias llamadas al celular del joven O. la cual al conectarse en alta voz, se escuchó que le apodaban “el colocho” y escuchándose que el interlocutor hacía referencia a que llevaban a una persona a la que llevaban por una quebrada, hecho que motivó a los señores O. y D. a llevar a los agentes hasta la casa de habitación, lugar al que llegaron a pie sin encontrar a nadie en el lugar, no obstante, luego de que los agentes se dirigieron a bajar por la pendiente de maleza que estaba detrás de la casa siguiendo un rastro, identificaron los pasos de unas personas a las que lograron interceptar, resultando ser los señores J. P. L. y J. F. A. A., a los cuales se les preguntó por el señor R., y ante la intervención del joven O. indicó que el apodado el Zarco había llevado al señor R. hacia la quebrada, siendo así como se emprendió la búsqueda sin resultado positivo, quedando los cuatro señores O. D. T. L., D. O. M. M., J. P. L. y J. F. A. A. detenidos. Finalmente, en un determinado momento, el señor R. fue dejado en libertad y a pie este se trasladó caminando por varias horas durante la noche, hasta llegar a la posta policial de la Aldea El Chimbo de F. Morazán siendo para entonces entre cuatro y cinco de la madrugada.”RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOSLa parte recurrente, Abogada E. C. F., defensora pública, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Ley de la manera siguiente: “EXPRESIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN PRIMER MOTIVO: Infracción a la ley o doctrina legal por Aplicación indebida del artículo 192 del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 del Código Procesal penal.- EXPOSICIÓN DEL MOTIVO Sabemos que en los casos de recursos de casación por infracción de ley, como en el presente, por disposición legal del artículo 369 del Código Procesal Penal, el Tribunal de Casación, en ningún caso, podrá modificar los hechos que la sentencia recurrida tenga como probados, sin embargo, mientras éstos no se modifiquen, puede perfectamente revisar su encuadramiento legal; siendo ésta la pretensión del presente recurso de casación, además que al aplicar una norma jurídica que reclame la aplicación de otra implica siempre una inobservancia de esta última, y tanto la inobservancia como la aplicación errónea configuran violaciones a la voluntad del legislador. La declaración de hecho probado el Juzgador describe aquellas conductas que puede ser calificados como delitos y en consecuencia adecúa ese cuadro fáctico al presupuesto normativo penal que se supone infringido.- La errónea aplicación de adecuación al caso concreto, es lo que constituye el motivo.- Existe una incongruencia de parte del Juzgador entre el hecho probado y su tipificación legal, en este caso en específico no concurre todos los elementos del tipo penal de secuestro, su errónea aplicación da lugar a la interposición del presente recurso.- El Tribunal Sentenciador estableció como Hecho Probado: PRIMERO: El día miércoles 13 de marzo del año 2013, a eso de la 5:00 de la tarde, el señor J. F. R.R., conocido también como Testigo Protegido A1, salió de su centro de trabajo y cuando se dirigía a bordo de su motocicleta por la carretera que conduce a la Aldea de Soroguara de F. Morazán, fue interceptado por tres individuos que se conducían a bordo de un vehículo turismo color gris, del cual se bajaron unos individuos quienes con arma de fuego lo sometieron al señor R. a quien obligaron a introducirse en el vehículo turismo a bordo del cual se lo llevaron primero a un lugar indeterminado de la ciudad cubierto de monte, hasta finalmente lo llevaron a la casa de habitación pequeña de una sola pieza ubicado en las inmediaciones de la aldea El Pilinguin, propiedad de la madre del joven O. D. T. L. donde lo mantuvieron por espacio de aproximadamente cuatro días.- El día catorce de marzo del mismo año, por medio de una llamada realizada al celular que portaba la hija del señor R., una persona de sexo masculino contactó a la esposa del referido señor exigiendo que entregara la cantidad de un millón y medio de lempiras a cambio de la libertad del señor R., caso contrario lo matarían, llevándose a cabo así varias llamadas en las que se hacían negociaciones respecto a la recolección y cuantía del dinero. Mientras tanto, unas personas le decían al señor R. que se iba a quitar la vida, también se simulaba que se le iba cortar algunas partes de su cuerpo como dedos y oreja, si la familia del señor R. no entregaba la cantidad solicitada.- En fecha dieciséis de marzo del mismo año, una persona anónima hizo del conocimiento de la unidad anti extorsión que en la zona del Pilinguin se encontraba una persona retenida, dando indicaciones de la existencia y participación de un vehículo gris y la denominación de apodos como el colocho y el sarco, siendo así como alrededor de las cuatro de la tarde, se conformó un operativo que se llevó a cabo en la zona del Hatillo, y sus alrededores, no habiendo logrado un resultado positivo sino hasta que agentes de investigación se trasladaron hasta la zona del Pílinguin. En tanto eso sucedía, y percatándose los captores que mantenían al señor R. del despliegue policial de la zona, procedieron a sacar al señor R. por parte de atrás de la vivienda donde se encontraba y trasladarlo a pie bajando una pendiente con vegetación dirigiéndose hacia una quebrada que se encuentra al final de la misma. En esos instantes, encontrándose ya agentes de investigación en la zona del Pilinguin y siendo para entonces entre las siete y media y ocho de la noche, agentes de la unidad antiextorsión interceptaron el vehículo marca Honda color gris conducido por el joven O. D. T. L., quien iba acompañado de D. O.M., quienes se dirigían juntos a la casa de habitación donde se mantenía al señor R., y en la dinámica de registro cayó una de varias llamadas al celular del joven O. la cual al conectarse en alta voz, se escuchó que le apodaban “el colocho” y escuchándose que el interlocutor hacía referencia a que llevaban a una persona a la que llevaban por una quebrada, hecho que motivó a los señores O. y D. a llevar a los agentes hasta la casa de habitación, lugar al que llegaron a pie sin encontrar a nadie en el lugar, no obstante, luego de que los agentes se dirigieron a bajar por la pendiente de maleza que estaba detrás de la casa siguiendo un rastro, identificaron los pasos de unas personas a las que lograron interceptaron, resultando ser los señores J. P. L. y J. F. A. A., a los cuales se les preguntó por el señor R., (lo resaltado y subrayado es nuestro) y ante la intervención del joven O. indicó que el apodado el Zarco había llevado al señor R. hacia la quebrada siendo así como se emprendió la búsqueda sin resultado positivo, quedando los cuatro señores O. D. T. L., D. O. M. M., J. P. L. y J. F. A. A. detenidos.- Finalmente, en un determinado momento, el señor R. fue dejado en libertad y a pie éste se trasladó caminando por varias horas durante la noche, hasta llegar a la posta policial de la Aldea El Chimbo de F. Morazán siendo para entonces entre cuatro y cinco de la madrugada.- Los transcritos hechos probados fueron calificados por el Juzgador como una infracción al tipo penal de Secuestro dispuesto en el artículo 192 del Código Penal, norma legal que entre otras cosas dispone que: Será sancionado con la pena de reclusión de veinte (20) años a privación de la libertad de por vida, aún cuando no consiguiera su propósito, quien con violencia, intimidación, engaño u otra forma que vicie el consentimiento, sustraiga, retenga, desplace, oculte o prive de cualquier otra manera de su libertad a una o más personas, con cualquiera de los propósitos siguientes: a) Obtener a cambio de la libertad de la o las personas secuestradas, dinero, bienes, títulos, u otra utilidad o beneficio.- El Juzgador en por los referidos hechos probados declaró responsablemente a título de autores a los señores J. P. L. y J. F. A., sin embargo al analizar los mismos, fácilmente puede apreciarse que, si bien es cierto, en ellos se narra que el ofendido fue sustraído cuando salía de su centro de trabajo y que a cambio de su libertad se exigía una considerable cantidad de dinero, pero en dicho relato fáctico no se describe algún comportamiento, por parte de mis representados, que por acción y omisión hubiere contribuido para la sustracción del ofendido J. R., su retención, ocultamiento, desplazamiento o la exigencia de dinero a cambio de su libertad.- Los hechos probados de la sentencia penal son el arranque de la decisión a la que arriba el Juzgador, deben estar acreditados con las pruebas evacuadas en la causa y responder a la pregunta ¿Qué se tiene por demostrado?, tal declaración debe contener una descripción completa, concreta, clara y suficiente del acontecimiento histórico acreditado, y en su caso la individualización precisa de los participes y las conductas observadas por cada uno de ellos; conviene indicar que los hechos probados son el relato histórico respecto a los acontecimientos que están siendo debatidos; es una descripción, donde los juzgadores hacen un recuento cronológico, ordenado, claro y terminante de lo que aconteció, el cual es extraído a partir de la valoración de los medios probatorios reproducidos en la audiencia de debate; los hechos probados podrán ser elaborados conforme al estilo de sus redactores, pero siempre deberán de determinar aspectos básicos como tiempo, lugar, identificación de las personas que participan en los hechos objeto de debate y, en su caso, el resultado del hecho: es a partir de los hechos probados que los juzgadores deberán determinar la norma aplicable al caso y de allí su imperativa importancia[1], y como puede apreciarse en los hechos probados del fallo impugnado, el mismo no es claro ni terminante pues apenas se menciona a los señores J. P. L. y J. F. A. en el hecho probado, al establecerse que se encontraron a dos hombres, a los que interceptaron, resultando ser mis defendidos, a los cuales se les preguntó por el señor R., pero el señor O. intervino manifestado que el zarco se llevó al señor R. rumbo a la quebrada, de lo antes expuesto se puede apreciar, que la acción de mis defendidos no se encuadra en NINGUNO DE LOS VERBOS descriptos en el artículo 192 del Código Penal vigente, ni tampoco se puede ver el vínculo de mis patrocinados con los demás acusados, es importante recalcar que en este tipo de delitos es fundamental dejar establecido la coautoría por Condominio Funcional del hecho o división Tareas, en donde existe una división funcional de roles entre los coautores, cada uno de ellos realizando tareas distintas, pero que en suma tiene como objetivo la ejecución del delito, debiendo responder cada uno de ellos por las acciones individuales que constituyan delito que sean parte del acuerdo previo y por el resultado final de la ejecución, .B) Aporte Objetivo (Codominio del hecho): El Coautor debe de aportar una contribución objetiva a la empresa delictiva, de tal manera que sea producto de división del trabajo entre todos los intervinientes, dando vida a un plan general…[2], situación que no quedó establecida en el fáctum de la sentencia y como se puede ver en la parte final del hecho probado, el ofendido fue dejado en libertad en un determinado momento, sin especificar como quedó libre, pero si especifica que iba a pie, se trasladó caminando por varias horas durante la noche, hasta llegar a la posta policial de la Aldea El Chimbo de F. Morazán, además no se dejó probado que mis defendidos hayan desplazado al señor R., ya que estaba solo cuando llega a la estación de policía y el hecho que se encontraban en los alrededores del lugar donde se encontraba la víctima no alcanza para configurar todos los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal antes mencionado y establecer con certeza que participaron en el acto ilícito que afectó la libertad ambulatoria del señor R.. APLICACIÓN PRETENDIDA Con la interposición del presente recurso de casación pretendemos se analicen detenidamente los hechos probados del fallo recurrido y una vez comprobado que en la ejecución de los mismos no tuvo participación, a ningún título los señores J. P. L. y J. F. A., se declare la aplicación indebida del artículo 192 del Código Penal y consecuentemente se les absuelva de toda responsabilidad.”La parte recurrente, Abogado O. A. C. R., defensor privado, procedió a formalizar los recursos de casación por Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Ley de la manera siguiente:“EXPOSICION DEL MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: MOTIVO ÚNICO: “Haber incurrido el sentenciador en inobservancia a las reglas de la sana crítica”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La norma procesal que se invoca como infringida es el artículo 202 del Código Procesal Penal, que expresa: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”. Por su parte el artículo 336 del mismo cuerpo legal señala: “El Tribunal, para resolver, solo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica”. De igual forma el artículo 338 del referido código regula la forma de estructurar la sentencia, ordena al Juez sentenciador: “Valoración de la prueba. Seguidamente, se expresaran las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos, justificando, según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio y en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de los indicios, igualmente declarados probados. Conforme a la declaración de hechos probados que constituye el cimiento de toda sentencia penal, ya que en ellos el juzgador plasma su criterio concluyente, declarando expresamente que hechos estima acreditados conforme a los elementos de prueba aportados, podremos concluir que el sentenciador adjudica a nuestro representados D. O. M. M. Y O. D. T. L.. Una serie de acciones específicas en relación a los hechos investigados; el Tribunal de Sentencia expresa en sus hechos probados: “El día miércoles 13 de marzo del año 2013 a eso de las cinco de la tarde el señor J. F. R. R., conocido también como testigo protegido Al, salió de su centro de trabajo y cuando se dirigía a bordo su motocicleta por la carretera que conduce a la aldea de Soroguara de F. Morazán fue interceptado por tres individuos que se conducían a bordo de un vehículo turismo color gris, del cual se bajaron unos individuos quienes con arma de fuego lo sometieron al señor R. a quien obligaron a introducirse en el vehículo turismo a bordo del cual se lo llevaron primero a un lugar indeterminado de la ciudad cubierto de monte, hasta que finalmente lo llevaron a la casa de habitación pequeña de una sola pieza ubicada en las inmediaciones de la aldea el Piliguin, propiedad de la madre del joven O. D. T. L., donde lo mantuvieron por espacio de aproximadamente cuatro días. El día catorce de marzo del mismo año, por medio de una llamada realizada al celular que portaba la hija del señor R., una persona del sexo masculino contactó a la esposa del referido señor exigiéndole que entregaran la cantidad de un millón y medio de lempiras a cambio de la libertad del señor R., caso contrario lo matarían llevándose a cabo así varias llamadas en las que se hacían negociaciones respecto a la recolección y cuantía del dinero, mientras tanto unas personas le decían al señor R.que le iban a quitar la vida, también se simulaba que se le iba a cortar algunas partes de su cuerpo como dedos y oreja, si la familia del señor R. no entregaba la cantidad solicitada. En fecha dieciséis de marzo del mismo año, una persona anónima hizo del conocimiento de la unidad anti extorsión que en la zona del Piliguin se encontraba una persona retenida, dando indicaciones de la existencia y participación de un vehículo gris y la denominación de apodos como el colocho y el zarco, siendo así como alrededor de las cuatro de la tarde, se conformó un operativo que se llevó a cabo en la zona del Hatillo, y sus alrededores, no habiendo logrado un resultado positivo sino que hasta que agentes de investigación se trasladaron hasta la zona del Piliguin. En tanto eso sucedía, y percatándose los captores que mantenían al señor R. del despliegue policial de la zona, procedieron a sacar al señor R.por la parte de atrás de la vivienda donde se encontraba trasladándolo a pie bajando una pendiente con vegetación dirigiéndose a una quebrada que se encuentra al final de la misma. En esos instantes, encontrándose ya agentes de investigación en la zona del Piliguin y siendo para entonces entre las siete y media de la noche, agentes de la unidad anti extorsión interceptaron el vehículo marca Honda color gris conducido por el joven O. D. T. L., quien iba acompañado de D. O. M., quienes se dirigían juntos a la casa de habitación donde mantenía al señor R., y en la dinámica del registro cayó una de varias llamadas al celular del joven O. la cual al conectarse en alta voz, se escuchó que le apodaban el “colocho” y escuchándose que el interlocutor hacía referencia a que llevaban a una persona a la que llevaban por una quebrada, hecho que motivo a los señores O. y D. a llevar a los agentes hasta la casa de habitación, lugar al que llevaron a pie sin encontrar a nadie en el lugar, no obstante luego de que los agentes se dirigieron a bajar por la pendiente de maleza que estaba detrás de la casa siguiendo un rastro identificaron los pasos de unas personas a las que lograron interceptar resultando ser los señores J. P. L. y J. F. A. A., a los cuales se les preguntó por el señor R. y ante la intervención del joven O. indicó que el apodado el zarco había llevado al señor R. hacia la quebrada, siendo así como se emprendió la búsqueda sin resultado positivo quedando los cuatro señores O. D. T. L., D.O. M. M., J. P. L. y J. F. A. A. detenidos. Finalmente en un determinado momento el señor R. fue dejado en libertad y a pie éste se trasladó caminando por varias horas durante la noche hasta llegar a la posta policial de la Aldea el Chimbo de F. Morazán siendo para entonces entre cuatro y cinco de la madrugada. Conforme a esta declaración de hechos probados y a las acciones específicas concedidas como participación a nuestro representados D. O. M. M. Y O. D. T. L., es que las pruebas evacuadas en juicio y razonadas por el Tribunal en la sentencia, deben concluir en condena para el imputado, sin embargo, en el caso subjudice no se concluye así, debido que al analizar la sentencia recurrida, las pruebas presentadas en contra de nuestro encausados y la valoración que de ellas realiza el Tribunal, podremos llegar concluir que los sentenciadores violentan la regla de la lógica en su postulado de la derivación, debido a que según las pruebas presentadas en juicio y razonadas por los Juzgadores, no se puede derivar en condena para nuestro representado. El primer reclamo recae en lo que establece el Tribunal Sentenciador en el acápite VALORACIÓN DE LA PRUEBA en, respecto de la declaración del Testigo J. F. R. R., conocido también como testigo protegido Al, quien dijo lo siguiente: “Que él iba para su casa después de haber salido de su trabajo y antes de llegar a su casa cuando se transportaba en su motocicleta lo interceptaron tres personas, y cuando cayó al piso lo encañonaron con pistolas 9mm, y le arroparon el rostro con una chumpa que andaba él, lo subieron a un vehículo, les preguntó que estaba pasando y lo pusieron boca abajo…” a las interrogantes del Ministerio Público este testigo respondió lo siguiente: “… A él lo interceptan como a eso de las cinco de la tarde, el vehículo que lo interceptaron era un turismo color blanco no gris como establece el Tribunal en sus Hechos Probados, sobre las características de las personas refirió que no se las podía describir solo dijo que eran jóvenes, él iba en el asiento trasero, manifestó que en el vehículo dos iban adelante y que dos iban atrás, no tres personas como establece este Tribunal en los hechos probados, no podría decir el tiempo que recorrió de donde lo interceptaron al lugar donde lo llevaron no sabía dónde era porque era de noche, donde lo tenía solo escuchaban que pasan personas, motos y carros, él permanecía acostado en una cama todos los días en el lugar donde lo tuvieron, que dentro del lugar permanecían dos personas y también afuera se llevaban otros, en la casa donde lo tenían solo miraba un chifonier viejo, unas palas y baldes, que estando en esa casa él si se comunicó con su esposa....” A interrogantes de la defensora, respondió asimismo lo siguiente: “Que los hechos fueron el día 13 de marzo del año dos mil trece, dijo que cuando lo llevaron era un monte, porque él vive en una comunidad y sabe distinguir cuando hay monte......“ Al momento de valorar la prueba el Tribunal sentenciador expresó: “Con la declaración del ofendido J. F. R. conocido en el proceso como testigo protegido Al, ha servido para acreditar las circunstancias y la manera cómo sucedieron los hechos sometidos a juicio quien de forma clara y precisa nos ubicó en el lugar, día mes año y hora, cuando fue interceptado por tres individuos fuertemente armados quienes se conducían a bordo de un vehículo turismo, quienes lo bajaron de su motocicleta en una calle de tierra que conduce a la comunidad de Soroguara, de F. Morazán, individuos que procedieron a encañonarlo sometiéndolo bajo la impotencia al ofendido. Luego de lo cual lo introdujeron al vehículo en el cual se conducían estos tres individuos ordenándole en ese momento al individuo que tenía que ir con la cabeza hacia abajo luego de lo cual lo trasladaron a un lugar desconocido y donde posteriormente fue llevado por los individuos que lo interceptaron al lugar conocido como la aldea de el Piliguin, específicamente a una casa vivienda pequeña....” En relación a este testigo los sentenciadores razonan diciendo: “Que ha apreciado que su declaración goza de credibilidad pues ha sido amplio y coherente por cuanto denotó seguridad en sus dichos ya que estiman que solo relató de manera espontánea toda la dinámica de los hechos, es decir desde el momento que fue interceptado, y es trasladado al lugar ya mencionado…” En este primer punto el Tribunal inobserva las reglas de la sana crítica, ya que si leemos en el acta de debate, referente a la declaración del testigo en referencia manifiesta que en ningún momento observó los rostros de las personas que lo habían interceptado y nunca manifestó reconocer nadie de sus captores, sumado a ésto que aseveró que el vehículo en el que lo interceptaron era de color Blanco, además de ésto fue Introducido por esta defensa como lectura autorizada pues ésto había manifestado el ofendido 05 días en la audiencia inicial después de su liberación en ese sentido, el razonamiento del Tribunal no se deriva de las pruebas ya que afirman que se dan por probados circunstancias que no se derivan de las pruebas, pues asevera que fue en una casa pequeña donde lo tenían y no se presentó ni siquiera una fotografía de la supuesta casa donde aduce el Supuesto ofendido que lo tuvieron privado de su libertad, confirmando la inobservancia que se hace a la lógica en su postulado de la derivación ya que el Tribunal manifiesta en su valoración probatoria que fueron tres individuos quienes interceptaron a la víctima, éste último manifestó que fueron cuatro, que cuando lo subieron al vehículo en el cual lo trasladaron desde el momento de su captura dos iban adelante y dos atrás con él, pero reiteramos el Tribunal de forma tajante declara que fueron tres. En ese mismo apartado el Tribunal afirma que esas pruebas (Declaración testifical de O.R. y C. A.) más otras personas que se analizan más adelante en la sentencia acreditan la responsabilidad de nuestros patrocinados, pero al analizar cuáles son esas otras pruebas que valoradas en conjunta llevaron al sentenciador a la condena de nuestro patrocinado, podremos descubrir que el sentenciado igualmente violenta la regla de la lógica ya referida. Nuestro segundo reclamo se ubica en la VALORACIÓN DE LA PRUEBA numeral SEGUNDO de la sentencia, donde hace referencia a las deposiciones del testigo D. O. G. A., Quien es oficial de la Dirección Nacional de Servicios Especiales, quien según el acta de Juicio Oral y Público declaró lo siguiente: “El día 16 de marzo del 2013 estando en las oficinas fui informado que unas personas iban a movilizar a un ofendido de un lugar a otro y pasarían por al Hatillo en un Vehículo tipo turismo color azul, se conformó un equipo de la ciudad y salieron al Hatillo a hacer una vigilancia, a las cuatro de la tarde llegamos al lugar, estuvimos dos horas en el lugar y nos dijeron que lo iban a trasladar en un vehículo Honda Color Azul, según la información que el que supuestamente estaba involucrado en el hecho solo uno que le decían el colocho, mencionaban un mentado Zarco estando en el lugar como dos horas accedimos a entrar a la zona de el Piliguin esa carretera da el lado del el Chimbo, según la información al secuestrado lo tenían en el lugar de el Piliguin, hicimos operativos en esa zona, estando en ese lugar observé a un señor en un vehículo rojo y me dice “miré pasar unas personas con armas” le pregunté por donde y nos dijo que por el lado del el Chimbo, nosotros en búsqueda por esa carretera no vimos nada, al regresar por la carretera que está largo en la misma carretera dimos con un vehículo Honda quien lo conducía O. y D. el caso es que cuando lo encontramos venía hecho una bala, al venir de regreso nos encontramos con ellos y por la operación los requerimos, en el momento que los estábamos registrando al muchacho le sonaba el teléfono, estaba nervioso le dije que pusiera el teléfono en alta vos y dijo “hey colocho dónde estás” y empezamos a entrevistarlo y ni ellos sabían para donde iban. Si es la única persona para dar con el secuestrado, cada 5 minutos recibía la llamada...” concluyeron que se trataba de la misma persona que se trataba del colocho del cual tenían información, lo empezaron a entrevistar para donde iban, y ellos le dijeron que lo que no querían era que le hicieran daño al señor, entonces ellos accedieron y los llevaron a donde tenían al señor, los llevaron caminando de dos a tres kilómetros, los llevaron a una casa que supuestamente era de la mamá de uno de ellos, y cuando llegaron se trataba de un cuarto, ellos solo querían salvar la vida del señor, cuando ellos van alrededor de la casa se encontraron dos personas más, la puerta estaba media abierta habían colchones bolsas de churros, vasos, y supuestamente allí estaba, pero ya habían sacado al señor....” De las manifestaciones de este testigo podemos concluir que no son claras ya que él en unas partes de su declaración manifiesta que el supuesto lugar donde supuestamente tenían al perjudicado secuestrado era una casa y en otras manifiesta que únicamente se trataba de un cuarto, asimismo hay otras contradicciones en la declaración de este testigo ya que se dejó constancia en acta que al momento que lo abordamos en nuestro interrogatorio quedó por sentando que en la audiencia inicial el mismo testigo manifestó que el vehículo en el que les informaron que se trasladarían los sospechosos sería un turismo color azul y en la audiencia de juicio oral y público manifestó que era un vehículo gris, es de hacer notar que éste es un testigo cuando declaró en la audiencia inicial tiene mayor credibilidad su testimonio porque solo habían trascurrido 05 días mientras que para el día del juicio oral habían Transcurrido casi 2 años, testigo que supuestamente presenció los hechos que narró en su momento en la audiencia de juicio oral y público por lo que encontramos contradictorio incongruente y hasta confuso sus deposiciones por lo que una vez más manifestamos que se da una clara violación de los principios de la lógica como ser el principio de identidad, de contradicción y hasta el mismo principio de tercero excluido, dando por ende como resultado una violación más en la sentencia que hoy se impugna a las reglas de la sana crítica que deben forzosamente ser aplicadas por el Tribunal al momento de valorar la prueba, lo que es una herramienta indispensable para dictar una sentencia con una adecuada fundamentación fáctica, ya que si una sentencia carece de una adecuada fundamentación en esa parte eso lleva a una mala aplicación de la norma lo que vendría a repercutir en consecuencia en una mala e incorrecta fundamentación jurídica. En cuanto a la declaración del testigo J. E. R. G., éste declaró lo siguiente: “Fue en el mes de marzo de 2013 el estaba asignado en la unidad anti extorsión, ese día 16 de marzo, uno de los policías le dijo” Jefe hay una persona que le quiere dar información de un secuestro” entonces recibió la llamada quien no le dijo nombre ni se preguntó, ésta refería que en la zona de el Piliguin había una banda, que se dedicaban a asaltar y a extorsionar que era peligrosa y que fueran a patrullar, y que tenían a una persona secuestrada, que eran raros, y que hacían movimientos, y que andaban en un Honda turismo color gris y que también se transportaban en una moto, le preguntó por los nombres y que solo se refirió a un D., a uno que le decían el colocho, un J., a un J., a un Pununo, mencionó como siete nombres y mencionó a un zarco también, manifestó el testigo que el informante le manifestó que tenían a la persona secuestrada en la zona de el Piliguin, en eso le confirmó con la unidad de anti secuestro y que en efecto dijo que le confirmaron que había una persona secuestrada desde hacía tres días que estaban negociando y que habían pedido dinero, él se fue con un equipo a la zona del Hatillo al parque donde está la parada de buses a realizar vigilancia estuvieron un par de horas, Ya que el informante les dijo que por allí iba a pasar el vehículo Honda, fue pasando el tiempo ya era un poco de noche, refirió el testigo que se puso a platicar con una persona que despachaba los buses y moto taxis y le preguntó si conocía a un persona que le decían el colocho, el respondió que sí que en el pueblo había una persona que le decían el colocho, después le llamó un policía de la base y le manifestó que alguien había llamado después y que a la persona secuestrada la tenían en una casa del Piliguin, por el río, preguntaron donde quedaba el río y en ese momento ya había coordinado con la policía BORTAC, y que el equipo con el que él andaba identificaron a un vehículo que iba rápido en una calle de tierra y cuando identificaron a las dos personas que iban a bordo, uno se llamaba O. y el otro D., tal como lo había referido la persona y el mismo carro, entonces los requirieron, los bajaron del carro los registraron y no habían armas ellos le dijeron que iban a hacer un mandando y que vivían por ese lugar registraron a D. y no tenía nada, y O. tenía un teléfono que tenía 16 llamadas perdidas de un tal zarco, le preguntaron quién era el zarco y O. les respondió que era un amigo y que quería que le dieran jalón a Tegucigalpa, volvió a sonar el celular y le pidieron que contestara y que pusiera en alta voz el teléfono y entonces se escuchó la llamada y que la persona que llamaba le decía “hey vos que pedo, aquí estamos ya, jodas la jura anda revuelta ya, y ustedes donde están vengan a traerme ya” entonces era lógico que quien llamaba a O. era el zarco y otra persona, y que lo tenían en una casa abandonada el accedió a llevarlos, dejaron el vehículo donde estaba, se fueron caminando de 15 a 20 minutos por una calle de tierra, llegaron a la casa y llegaron los policías B., pero observaron que no era una casa habitada ya que no había llavines y estaba vacía, pero si habían unos colchones, pero se miraba que era improvisado, entonces le dijeron a O. que llamara nuevamente al Zarco, lo llamó y le respondió que iban por la quebrada, O. les preguntó por el viejo y le respondió que allí lo llevaban y colgó....” Al momento de la valoración de la prueba el Tribunal Sentenciador manifestó: “Estimamos que ambos testigos fueron de utilidad, ya que los mismos fueron claros y precisos en deponer sobre el conocimiento concerniente a las investigaciones de los hechos sometidos a juicio y que las mismas se originaron en razón de tener información por parte de una persona anónima quien llamó a la oficina anti extorsión, quien manifestó que él tenía conocimiento que una persona que tenía secuestrada la iban a trasladar a otro lugar y para ésto utilizarían un turismo color gris, lo cual es contradictorio pues los policías en la audiencia inicial establecieron que era en un Vehículo color azul que se les habían informado que se haría el traslado, informando entre otras cosas las características y sobrenombres, que conocía a los individuos que tenían participación en el secuestro, que fue así que ante la noticia crimines que fue recibida en fecha 16 de marzo de 2013, motivó a los que por órdenes superiores se conformaran equipos para desplazarse hasta el lugar indicado para confirmar in situ la denuncia recibida, lo que resultó ser cierta según el tribunal aún y cuando las supuestas llamadas nunca fueron acreditadas en juicio pues los registros o vaciados telefónicos aún y cuando fueron propuestos el Ministerio Público renunció a los mismos pues no los tenía a disposición del Tribunal, por lo que no entiende la defensa como el Tribunal de Sentencia arriba a la convicción que efectivamente se Hicieron llamadas a la hija y esposa de la Víctima, que se pidió un rescate y que mi representado recibió 16 llamadas de no se sabe quién pues aún y cuando su teléfono fue decomisado no se evacuó la prueba que estableciera o que confirmara lo declarado por los testigos de cargo sumado a esto que el vaciado telefónico realizado al teléfono de mi representado nunca se estableció una sola llamada a la supuesta víctima ni mucho menos aparece que haya realizado llamadas desde o hacia la zona del Piliguin el chimbo o Soroguara donde supuestamente fue interceptada la supuesta víctima. Por lo que consideramos que el Tribunal de sentencia en su valoración de prueba da por probados Hechos que no fueron acreditados y se deja sorprender por las aseveraciones de un Testigo que contradice totalmente a los demás testigos de cargo, ya que asevera el Tribunal que después de estar cierto tiempo en el sitio el grupo de agentes observaron un vehículo tipo turismo color gris, que venía en la calle de tierra con dirección al lugar conocido como el Chimbo, lo cual es falso pues mi representados venía para el Hatillo es imposible que fueran para el Chimbo pues para eso debían de bajar hasta el manchen y salir a la 21 de Octubre y agarrar la carretera a Valle de Ángeles, en el automotor que era conducido por O. D. L. y D. O. M. quien venía de copiloto, y aduce el Tribunal que resultó cierta la información ya que en efecto el informante anónimo refirió entre otras cosas, en la información brindada a los agentes de la unidad anti extorsión, que uno de los involucrados le llamaban el colocho, lo cual no fue acreditado tampoco que a mi representado le dijeran el colocho, aseverando temerariamente este Tribunal que de las investigaciones resultó ser identificado como O. D. T., así como la persona de nombre D. quien le acompañaba de copiloto el día que fueron requeridos y detenidos por los agentes, es importante hacer notar en este momento que el sentenciador supuestamente llega a este convencimiento con las declaraciones de los dos últimos testigos antes referidos, pero ambos no merecen credibilidad ya sus deposiciones son contradictorias, y los argumentos que utiliza el Tribunal para justificar dichas contradicciones son superfluas y no contundentes; asimismo es importante hacer notar que no hay otro medio probatorio que pueda hacer llegar al Tribunal supra mencionado a tal convencimiento ya que consta en actas que el mismo Ministerio Público renunció al medio de prueba consistente en los vaciados telefónicos.- pues sabía éste último que dicha prueba científica no vinculaba ni incriminaba ni produciría el más leve indicio de participación de mis representados en los hechos imputados pues no existía ninguna llamada al teléfono del supuesto secuestrado o sus familiares, asimismo no había ninguna llamada con los demás imputados y sumado a ello no existía las supuestas 16 llamadas perdidas que establecieron los Policías que recibió ese día al momento de su detención mi representado, asimismo que se establecía con dicho medio de prueba que la persona que llamaba a la familia del supuesto secuestrado nunca tuvo comunicación con mi representado, asimismo que no estuvo en la zona del hatillo o el Piliguin. Además de ésto hay un detalle muy importante que no fue valorado por el sentenciador es que el supuesto ofendido estableció que él era pobre y que no tenía dinero para pagar ningún rescate, Es pertinente en este momento recordar que el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes... 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.” Al respecto se ha señalado que “... La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En el apartado de la valoración intelectiva el Juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. En cuanto a la Sana Crítica como sistema de valoración de la prueba, la misma Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia ha señalado que en “...la Valoración de la Prueba, impera la plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las pruebas en que se apoyen. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador debe lograr sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común. De este modo “... las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza...” por lo que ellos piensen que pasó o se imaginen que ocurrió sin haber pruebas que lo acrediten, al hacer una revisión de los razonamientos expuestos por los Juzgadores que les permitieron arribar a las conclusión de la participación de mis representados, en los hechos imputados, se puede determinar que ha existido un quebrantamiento a las reglas de la sana crítica, por cuanto esta conclusión no puede ser derivada de los elementos probatorios reproducidos en la audiencia de debate. Ya que una vez más reiteramos que las valoraciones hechas por el sentenciador son contradictorias tal y como lo hemos resaltado en el presente motivo de casación. “RECURSO DE CASACION POR INFRACCIÓN DE LEY: MOTIVO ÚNICO: “Haber incurrido el sentenciador en inobservancia de los dispuesto en el artículo 192 del Código Penal en su segundo párrafo que dispone: “…….Si los secuestradores desistiesen liberando a la víctima y no hubieren obtenido el precio reclamado, la pena aplicable será de diez (10) a veinte (20) años de reclusión……” PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 360 del Código Procesal Penal en su primer párrafo que dice: Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo… EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Ya explicamos en el numeral anterior porque consideramos que en la Sentencia existe inobservancia de las reglas de la sana crítica, y por ende se debe anular la sentencia recurrida, pero en caso de que los hechos declarados estuviesen debidamente probados, (Lo cual no es así) existe por parte del Sentenciador una Infracción de Ley, esto en virtud de que del hecho supuestamente probado se infringe un precepto penal específicamente el artículo 192 en su segundo párrafo ya que el mismo Tribunal declaró como probado, en su último párrafo de los hechos probados lo siguiente: “…Finalmente en un determinado momento el señor R. fue dejado en libertad y a pie de este se trasladó caminado por varias horas durante la noche, hasta llegar a la posta policial de la Aldea del Chimbo de F. Morazán, siendo para entonces entre cuatro y cinco de la madrugada...” El Tribunal de Sentencia manifiesta en su numeral primero lo siguiente: “…Confrontados los hechos declarados en los apartados correspondientes de este fallo, resultan ser típicamente constitutivos de un delito de secuestro previsto y sancionado por el artículo 192 párrafo primero, literal “a” del vigente Código Penal, ya que de ellos resulta sin lugar a dudas, que el testigo protegido Al, conocido también en el proceso como J. F.R., fue privado de su libertad por los imputados O. D. T. L., D. O.M. M., J. F. A. A. Y J. P. L., que actuaban en común acuerdo, con el propósito de obtener de su familia como precio de su libertad, una suma determinada de dinero, cumpliéndose así uno de los requisitos exigidos por la ley penal en cuanto a su tipicidad. El hecho así apreciado supone un típico delito de resultado o de lesión, con el se sanciona el daño concreto e individualizado causado a la libertad de una persona también concreta e individualizada...” De la relación que acabamos de hacer se puede determinar como ya hemos querido dejar por sentado que el Tribunal quebranta un precepto penal de los supuestos hechos probados ya que los mismos se subsumen en el artículo 192 en su segundo párrafo, y la pena a aplicar sería la de 10 a 20 años de reclusión, pues de la misma declaración del supuesto ofendido J. F. R. R., conocido también como testigo protegido Al quien estableció que sus captores lo sacaron de la casa y le dijeron que estaban arrepentidos y que los perdonara y que se fuera caminando río abajo y que éstos lo soltaron como a las 07 de la noche y que otra persona que llamaba al que lo tenía que era un chele le ordenaban como a las siete de la noche que lo matara, pero que éste último el chele se negó a matarlo a cumplir la orden que le daban de matarlo, hora para la cual ya mis representados estaban detenidos por los agentes anti extorsión, procediendo a liberarlo el secuestrador según lo declarado por el ofendido y diciéndole para adonde caminara y le dijo que se fuera para abajo y le dio hasta dinero para que se fuera para su casa y que como 08 Horas después el por su propio pié llegó a la posta del Chimbo a la policía y estos policías lo llevaron al seguro para chequeo médico según su declaración, sumado a esto los policías establecieron que dejaron de buscar a la víctima como a las 10 de la noche para continuarla el día siguiente pero que éste apareció el solo en la posta del chimbo en la mañana, con lo que podemos inferir que no se dan los presupuestos del párrafo primero del artículo 192 para condenar a mi Representado a 20 años de reclusión puesto que se cumple con lo establecido en el artículo 192 párrafo segundo que establece: Si los secuestradores desistiesen liberando a la víctima y no Hubieren obtenido el precio reclamado la pena aplicable será de 10 a 20 años de reclusión. Lo cual se acreditó con la declaración del ofendido quien estableció de manera contundente que no pagó ningún rescate además de esto que fue liberado, por sus captores y que éstos lo hicieron por libre albedrío pues hasta le ordenaron por teléfono que lo matarán pero éste se negó y hasta lo soltó le pidió perdón y le dio dinero para que se fuera para su casa diciéndole además por donde caminar para llegar a el poblado más cercano que no lo mataron por qué no quisieron. Asimismo que no se acreditó mediante prueba científica que acreditaran en qué lugar fue donde lo tuvieron cautivos pues ni siquiera una inspección se realizó donde supuestamente lo mantuvieron cautivo y que él por su propio pié llegó a la policía. Así mismo que en la etapa de individualización de pena no se acreditó por parte del ente acusador una sola circunstancia agravante del tipo penal o de las establecidas en el artículo 27 del Código Penal, lo que si se acreditó en las diferentes etapas del proceso es que en que hay suficientes circunstancias atenuantes aplicables al supuesto hecho probado declarado por el Tribunal Sentenciador, por ende a mis representados debió aplicarse la pena mínima de 10 años ya que de los mismos hechos que han sido declarados como probados se logra evidenciar que hay suficientes elementos atenuantes que llevan a la aplicación de la pena en su grado mínimo de 10 años, circunstancias que el sentenciador dejó de observar, dejando de aplicar el principio INDUBIO PRO REO, el cual dispone que se debe aplicar siempre la norma en el sentido más favorable al reo.”FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Infracción de Ley Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los hechos probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como principio de intangibilidad de los hechos probados. 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la doctrina legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso. b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis. c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal. d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión, a través del Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva hecha por el Tribunal de Sentencia, o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados).Recurso de Casación por Infracción de Ley interpuesto por la Abogada E. C.F. Único Motivo. *Precepto Autorizante: 360 del Código Procesal Penal. *Normas que se denuncian infringidas: Artículos 192 del Código Penal. *Concepto de la Infracción: Aplicación indebida; y, *Pretensión: Absolver de responsabilidad penal a los señores J. P. L. y J. F. A. Arguye la recurrente que el hecho probado del fallo no es terminante para imputar responsabilidad penal a los señores J. P. L. y J. F. A., a los cuales se les preguntó por parte de los agentes de la Unidad Anti-Extorsión, por el paradero del señor R.(ofendido), pero el señor O. T. (coacusado) intervino manifestando que el “Zarco” se lo llevó con rumbo a la quebrada. Estima el censor que según esta redacción del hecho probado no puede apreciarse que la acción de sus representados encuadre en alguno de los verbos rectores descritos en el artículo 192 del Código Penal, ya que no quedó establecido que existiera un codominio funcional del delito, y que el solo hecho de que los señores J. P. L. y J. F. A. se encontraran en los alrededores del lugar donde se encontraba la víctima, no alcanza para configurar todos los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de secuestro. Del tipo penal de secuestro extorsivoInterpretando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esta Sala de lo Penal indica que la vida (Artículo 3), la dignidad humana (Artículo 1) y la libertad (Artículo 3), constituyen los derechos primarios por excelencia, de los que derivan las generaciones de derechos humanos reconocidos. La libertad constituye un derecho de primera categoría para la Constitución de la República, (Artículos 69, 70 y 81), para la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Artículos 7.1 y 7.2) y para el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Artículo 9.1), que en resumen reconocen la libertad como un derecho inherente de la persona humana, entendida como un “… atributo de la capacidad que tiene una persona para decidir lo que quiere o no quiere hacer y para trasladarse de un lugar a otro o situarse por sí mismo en el espacio, sin que su decisión se vea constreñida o mediatizada por otras personas.”[3]; la libertad atañe a todos los ámbitos de actuación de la persona humana, así por ejemplo, tenemos la libertad de pensamiento, de expresión, de reunión, de asociación, de religión, libertad sexual, libertad ambulatoria, entre otras, cada una de ellas, como lo indica el artículo 70 constitucional, solo están limitadas por el ejercicio de ese mismo derecho por otras personas, permitiendo así la convivencia social. Particularmente, la libertad ambulatoria implica la potestad poder desplazarse libremente de un lugar a otro o el de poder permanecer en un lugar a la libre voluntad, siempre que, como ya se dijo, no implique la trasgresión del derecho de otros. Con el afán de proteger este derecho, el legislador nacional ha previsto en el Título VI del Libro Segundo del Código Penal, delitos que protegen la libertad, es decir, que reprochan el ataque a otro bien jurídico del que su goce solo es posible cuando se tiene libertad, entre estos se encuentra el secuestro que reprocha cuando una o más personas privan de su libertad ambulatoria a otra con el propósito de obtener algún provecho o utilidad injusta. Por ello Diego Diez señala que “… El delito de coacciones es el género, mientras que la detención ilegal es la especie y el secuestro es la especie agravada. Las coacciones actúan sobre el derecho a la libertad, la detención ilegal sobre la libertad ambulatoria y el secuestro sobre la libertad ambulatoria con un propósito determinado…”.[4]El bien jurídico que de manera primaria se protege en el delito de secuestro es, como se dijo, la libertad ambulatoria y al mismo tiempo, el delito de secuestro contemplado en el artículo 192 del Decreto legislativo No.125-2003 vigente al momento del hecho que nos ocupa, protege el bien jurídico patrimonio de manera secundaria, entendido como todos aquellos intereses que el hombre aprecia fuera de sí mismo, de su vida y de su libertad y que son susceptibles de apropiación. Señala el artículo 192 reformado mediante decreto legislativo No.125-2003 (vigente a partir del 16 de Enero de 2004) del Código penal que se castigará “[…] quien con violencia, intimidación, engaño u otra forma que vicie el consentimiento, sustraiga, retenga, desplace, oculte o prive de cualquier manera de su libertad a una o más personas con cualquiera de los siguientes propósitos: a) Obtener a cambio de la libertad de la o las personas secuestradas dinero, bienes, títulos u otra utilidad o beneficio; b)… c)…”.Son los elementos objetivos del tipo penal de secuestro: 1. Sujeto activo: Se trata de un tipo penal común donde los autores o participes no requieren tener una cualidad específica, por ello el delito puede ser cometido por cualquier persona; 2. Sujeto pasivo: igual forma puede ser cualquier individuo, tenga o no tenga vínculos consanguíneos con el sujeto activo, quien por acción de éste es privado de su libertad ambulatoria; por otra parte, tendrá el carácter de perjudicado la persona que como consecuencia de la petición hecha por los secuestradores se vio obligada a entregar u otorgar un beneficio inJ.; 3. Objeto material del delito: es la libertad ambulatoria como bien jurídico principal y el patrimonio como bien jurídico secundario; 4. Conducta criminosa: centrada en el verbo rector, que en este caso son las conductas de sustraer, retener, desplazar, ocultar y privar de la libertad a una persona; entendidos como: 4.1 Sustraer: Acción de sacar a la persona del lugar en que se encuentre, del lugar al que pertenece, donde desenvuelve su vida en libertad, o bajo la guarda de terceros (ejemplo: persona cumpliendo condena de reclusión); 4.2 Retener: Obligar a la persona a permanecer en un lugar determinado durante un lapso que puede ser más o menos prolongado, que lo saca de su ámbito de libertad; la retención puede realizarse en un lugar hasta donde el sujeto pasivo ha llegado voluntariamente pero del que no puede alejarse a consecuencia de alguna acción del sujeto activo; 4.3 Desplazar: Es trasladar a la persona de un lugar a otro sin su conocimiento consentido; 4.4 Ocultar: Equivale a esconder a la persona, lo cual se logra trasladándola a un lugar desconocido por terceros, de modo que se dificulte la acción de encontrarla o negando conocimiento de su paradero; y 4.5 Privar: Es quitar o despojar de la libertad a una persona, es decir del poder decisión de alguien de poder ir, permanecer o alejarse; este verbo rector es en realidad el efecto de los antes enumerados. 5. Modalidad Criminosa: Entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector; la acción de secuestrar puede ser realizada por diversas maneras, siempre que ésta vaya en contra de la voluntad del sujeto pasivo, ya que no podríamos hablar de privación de libertad en el caso de que la persona ofendida voluntariamente accediera a dicha condición, es por ello que en la acción de secuestro debe observarse violencia, intimidación, engaño o aprovechamiento del sujeto activo de una condición particular de la víctima que no le permita oponer resistencia: 5.1 Violencia (vis física): Existente cuando se ejerce fuerza en el sujeto pasivo; 5.2 Intimidación (vis compulsa o psíquica): Ocurre cuando el sujeto activo provoca en el sujeto pasivo un estado mental de vulnerabilidad que le hace temer por su seguridad o por la de un tercero importante en su vida; entonces existe intimidación cuando el sujeto activo ejerce violencia en contra de algún familiar del sujeto pasivo o amenaza con hacerlo o cuando estas amenazas son proferidas a la víctima directamente; 5.3 Engaño: El sujeto activo representa una falsa realidad al sujeto pasivo, quien incurriendo en error realiza acciones u omisiones en perjuicio de su propia libertad ambulatoria; y 5.4 Sin consentimiento pleno: Dado en los casos donde el sujeto pasivo es menor de edad, padece de algún trastorno mental o se encuentra privado del raciocinio temporalmente por la ingesta de alcohol u otras drogas.Son elementos subjetivos del tipo penal de secuestro: Se compone por un lado el dolo, que es dar vida a los elementos objetivos del tipo con conocimiento y la voluntad de hacerlo, pero, además debe existir un propósito específico, y es obtener a cambio de la libertad de la persona secuestrada: dinero, bienes, títulos o documentos que produzcan un provecho o utilidad. Lo anterior nos lleva a varias consideraciones: 1. Una privación de libertad preexistente ilegítima, puede transformarse en secuestro ulteriormente, mediante la agregación de la exigencia de obtener un beneficio a cambio de su libertad; 2. El provecho inJ. puede solicitarse a la propia persona privada de libertad o a un tercero; 3. Existe delito aun cuando se haya producido la muerte del ofendido en el proceso de sustracción, desplazamiento, retención o cuando se le tenga oculto, debido a que el tipo penal no exige que dicha persona sea efectivamente liberada, sino que la privación de la libertad se haya realizado con el propósito de obtener el beneficio inJ., propósito que podría perseguirse ocultando a terceros a los que se les exige “el rescate” que aquella persona cuya liberación se promete y que en realidad ya ha fallecido. Finalmente, en cuanto a la penalidad del delito de secuestro, está fijada por el legislador en varias escalas a depender de los hechos: 1. De 10 a 20 años de reclusión, si el sujeto pasivo es liberado voluntariamente por los sujetos activos sin que éstos hubiesen obtenido el beneficio o utilidad reclamada; 2. De 20 años a privación de la libertad de por vida si los sujetos activos liberasen a la persona privada de su libertad después de haber obtenido el beneficio o utilidad reclamado; 3. De 20 años a privación de la libertad de por vida, cuando en el proceso de rescate de la persona secuestrada, ésta u otra persona sufrieren lesiones; Si bien el artículo no establece que clase de lesiones, deben de entenderse que éstas al menos deben de ser alguna de aquellas que el Código Penal tipifica como delito, sin que puedan considerarse aquellas tipificadas como faltas; Todo ello con independencia si han o no obtenido el beneficio o utilidad pretendida; 4. De 30 años de reclusión a privación de la libertad de por vida, si la persona secuestrada u otra persona muriese en el proceso de rescate, con independencia si los sujetos activos hayan o no recibido el beneficio o utilidad reclamada; y 5. De 40 años de reclusión a privación de la libertad de por vida, en el caso de que los sujetos activos ocasionaren o dieren muerte al secuestrado, en cualquier momento desde que éste es privado de su libertad, con independencia de si han obtenido -o no- el beneficio o utilidad pretendida; Características del tipo penal de secuestro extorsivo contenido en el artículo 192 reformado por Decreto 125-2003: 1. Según su estructura: 1.1 Tipo penal especial: Contiene los elementos del tipo penal básico de detención ilegal, al que se le suman elementos especiales; 1.2 Tipo penal complejo: Describe cinco modelos de comportamientos diferentes, cualquiera de los cuales puede dar vida al delito; 2. Según su contenido: 2.1 Tipo penal de resultado: La conducta debe ir aparejada con un resultado en el mundo físico, mismo que al final es la privación de la libertad ambulatoria de una persona, aun cuando los sujetos activos no hayan obtenido el beneficio o utilidad; 2.2 Tipo de conducta permanente: La conducta reprochada se renueva continuamente durante todo el tiempo en que la persona éste privada de su libertad o, en su caso, durante el tiempo en que aun cuando la persona privada de su libertad haya fallecido, los sujetos activos continúen con su pretensión de obtener un beneficio inJ. por parte de un tercero bajo la promesa de liberar a la persona secuestrada; 2.3 Tipo penal de acción: Las conductas criminosas describen cinco verbos rectores, describen un modelo de comportamiento comisivo; 2.4 Tipo penal cerrado: Está determinada la conducta objeto de reproche de manera precisa. 3. Según el sujeto activo: 3.1 Unisubjetivo: Describe una conducta que puede ser realizada con la concurrencia de un solo sujeto activo, sin desconocer de que la casuística revela que casi en la totalidad se trata de delitos cometidos por dos o más personas y frecuentemente a cargo del crimen organizado; 3.2 Tipo penal de sujeto activo común: Determina que el sujeto activo puede ser cualquier persona distinta al sujeto pasivo, sin que se requiera ninguna cualificación especial o particular; 4. Según el bien jurídico tutelado: 4.1Tipo penal pluriofensivo: Protege principalmente la libertad ambulatoria como bien jurídico, pero, además complementariamente protege el patrimonio; es importante insistir en que el bien jurídicamente tutelado primario es la libertad, por ello es que el delito se produce cuando la persona ha sido coartada de ella, aun cuando no se haya obtenido ni se obtenga el beneficio o utilidad; 4.2Tipo penal de lesión: El tipo penal describe conductas que lesionan el bien jurídico: libertad ambulatoria, por lo que es de considerar que es posible que el tipo penal se presente en su grado de ejecución de tentativa, cuando por causas ajenas a la voluntad de los sujetos activos, no logren privar de la libertad a una persona con el propósito de recibir a cambio de su liberación un beneficio inJ..De la procedencia del recurso El recurso no es de recibo. Esta Sala de lo Penal de manera previa considera necesario precisar que el motivo presente obliga a respetar el relato de hechos probados de la sentencia recurrida, pues en estos casos solo se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica y tales problemas han de plantearse y resolverse sobre la base de unos hechos ya preestablecidos, que han de ser fijados al efecto por el Tribunal de Instancia. Se trata de un recurso de carácter sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es aplicar, en discordancia con el sentenciador, un enfoque jurídico que se le ha dado a unos hechos probados e inalterables. La técnica de la casación exige que en los recursos de esta naturaleza se guarde el más absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia recurrida, ya que el ámbito propio de este recurso queda limitado al control de juridicidad, es decir, que lo único que en él se puede discutir, es si la subsunción de los hechos probados es o no correcta jurídicamente, de modo que no puede salirse del contenido de tales hechos. Con las anteriores precisiones y después de contraponer los hechos declarados probados en la sentencia que hoy se conoce en casación con el tipo penal de secuestro extorsivo contenido en el artículo 192 del Código Penal, no concede razón a la defensa pública respecto a que, entre aquél y éste no existe identidad, pues el supuesto de hecho hipotético previsto en la norma penal sustantiva se encuentra reproducido por los acusados en el hecho histórico fijado al efecto por el sentenciador. El hecho probado único de la sentencia establece lo siguiente: “PRIMERO: El día miércoles 13 de marzo del año 2013, a eso de la 5:00 de la tarde, el señor J. F. R. R., conocido también como Testigo Protegido A1, salió de su Centro de trabajo y cuando se dirigía a bordo de su motocicleta por la carretera que conduce a la Aldea Soroguara de F. Morazán, fue interceptado por tres individuos que se conducían a bordo de un vehículo Turismo color gris, del cual se bajaron unos individuos quienes con armas de fuego lo sometieron al señor R. a quien obligaron a introducirse en el vehículo turismo a bordo del cual se lo llevaron primero a un lugar indeterminado de la ciudad cubierto de monte, hasta que finalmente lo llevaron a la casa de habitación pequeña de una sola pieza ubicado en las inmediaciones de la Aldea El Piliguin, propiedad de la madre del joven O. D. T. L. donde lo mantuvieron por espacio de aproximadamente cuatro días. El día catorce de marzo del mismo año, por medio de una llamada realizada al celular que portaba la hija del señor R., una persona de sexo masculino contactó a la esposa del referido señor exigiendo que entregasen la cantidad de un millón y medio de lempiras a cambio de la libertad del señor R., caso contrario lo matarían, llevándose a cabo así varias llamadas en las que se hacían negociaciones respecto a la recolección y cuantía del dinero. Mientras tanto, unas personas le decían al señor R. que se le iba a quitar la vida, también se simulaba que se le iba a cortar algunas partes de su cuerpo como dedos y oreja, si la familia del señor R. no entregaba la cantidad solicitada. En fecha dieciséis de Marzo del mismo año, una persona anónima hizo del conocimiento de la unidad antiextorsión que en la zona del Piliguin se encontraba una persona retenida, dando indicaciones de la existencia y participación de un vehículo gris y la denominación de apodos como el colocho y el sarco, siendo así como alrededor de las cuatro de la tarde, se conformó un operativo que se llevó a cabo en la zona del Hatillo, y sus alrededores, no habiendo logrado un resultado positivo sino hasta que agentes de investigación se trasladaron hasta la zona del Piliguin. En tanto eso sucedía, y percatándose los captores que mantenían al señor R. del despliegue policial de la zona, procedieron a sacar al señor R. por la parte de atrás de la vivienda donde se encontraba y trasladarlo a pie bajando una pendiente con vegetación dirigiéndose hacia una quebrada que se encuentra al final de la misma. En esos instantes, encontrándose ya agentes de investigación en la zona del Piliguin y siendo para entonces entre las siete y media y ocho de la noche, agentes de la unidad anti extorsión interceptaron el vehículo marca Honda color gris conducido por el joven O. D. T. L., quien iba acompañado de D. O. M., quienes se dirigían juntos a la casa de habitación donde se mantenía al señor R., y en la dinámica de registro cayó una de varias llamadas al celular del joven O. la cual al conectarse en alta voz, se escuchó que le apodaban “el colocho” y escuchándose que el interlocutor hacía referencia a que llevaban a una persona a la que llevaban por una quebrada, hecho que motivó a los señores O. y D. a llevar a los agentes hasta la casa de habitación, lugar al que llegaron a pie sin encontrar a nadie en el lugar, no obstante, luego de que los agentes se dirigieron a bajar por la pendiente de maleza que estaba detrás de la casa siguiendo un rastro, identificaron los pasos de unas personas a las que lograron interceptar, resultando ser los señores J. P. L. y J. F. A. A., a los cuales se les preguntó por el señor R., y ante la intervención del joven O. indicó que el apodado el Zarco había llevado al señor R. hacia la quebrada, siendo así como se emprendió la búsqueda sin resultado positivo, quedando los cuatro señores O. D. T. L., D. O. M. M., J. P. L. y J. F. A. A. detenidos. Finalmente, en un determinado momento, el señor R. fue dejado en libertad y a pie este se trasladó caminando por varias horas durante la noche, hasta llegar a la posta policial de la Aldea El Chimbo de F. Morazán siendo para entonces entre cuatro y cinco de la madrugada.”De este hecho probado se desprende la comisión de un delito de secuestro extorsivo en perjuicio del Testigo Protegido “A1”, en donde los acusados O. D. T., D. O. M., J. F. A. y J. P. L., tuvieron codominio funcional del hecho. El hecho probado de la sentencia se ha segmentado para efecto de realizar un análisis más preciso:. El ofendido “…fue interceptado por tres individuos que se conducían a bordo de un vehículo turismo color gris, del cual se bajaron unos individuos quienes con armas de fuego lo sometieron al señor R. y lo obligaron a introducirse al vehículo turismo…”. De esta sección del hecho probado se desprenden cuatro elementos objetivos del tipo penal de secuestro: sujeto pasivo: el señor R.; objeto material del delito: la libertad ambulatoria del señor R., ya que los sujetos desconocidos lo interceptaron y con la voluntad de privarlo de su libertad ambulatoria, lo introdujeron al vehículo turismo; conducta criminosa: los sujetos desconocidos sustrajeron y privaron de su libertad al ofendido, realizando dos de los verbos rectores que exige la semántica del artículo 192 del Código Penal que contiene el tipo penal de secuestro; modalidad criminosa: vis física, ya que el hecho probado narra que los individuos desconocidos utilizando sendas armas de fuego, sometieron al sujeto pasivo a la impotencia y lo obligaron a subirse al vehículo turismo color gris. Continúa narrando el hecho probado lo siguiente: “…finalmente lo llevaron a la casa de habitación pequeña de una sola pieza ubicado en las inmediaciones de la aldea El Piliguin, propiedad de la madre del joven O. D. T. L., donde lo mantuvieron por espacio aproximado de cuatro días. El día catorce de marzo del mismo año, por medio de una llamada realizada al celular que portaba la hija del señor R., una persona del sexo masculino contactó a la esposa del referido señor exigiendo que entregasen la cantidad de un millón y medio de lempiras a cambio de la libertad del señor R., caso contrario lo matarían, llevándose a cabo así varias llamadas en las que se hacían negociaciones respecto a la recolección y cuantía del dinero. Mientras tanto, unas personas le decían al señor R. que se le iba a quitar la vida, también se simulaba que se le iba a cortar algunas partes de su cuerpo como dedos y oreja, si la familia del señor R. no entregaba la cantidad solicitada…”Lo que se reputa probado -según el juzgador- es que la casa de habitación de la madre del acusado O. D. T. L., fue el lugar donde fue retenido de su libertad el señor R.por espacio temporal de cuatro días, tiempo que agrava la punibilidad del delito según el numeral 2 del artículo 194 del Código Penal. Asimismo, la sección citada del hecho probado, refiere otro elemento objetivo del tipo penal de secuestro: el ánimo de lucro en tanto una persona del sexo masculino contactó vía celular que portaba la hija del ofendido a la esposa de éste para exigirle la cantidad de un millón y medio de lempiras, so pena de quitarle la vida al señor R.. Prosigue narrando el hecho probado: “…que en fecha dieciséis de marzo del mismo año, una persona anónima hizo del conocimiento de la unidad anti extorsión que en la zona del Piliguin se encontraba una persona retenida, dando indicaciones de la existencia y participación de un vehículo gris y la denominación de apodos como el colocho y el zarco, siendo así como alrededor de las cuatro de la tarde se conformó un operativo que se llevó a cabo en la zona de el Hatillo, y sus alrededores, no habiendo logrado resultado positivo sino hasta que agentes de investigación se trasladaron hasta la zona del Piliguin. En tanto eso sucedía, y percatándoselos captor es que mantenían al señor R. del despliegue policial de la zona, procedieron a sacar al señor R. por la parte de atrás de la vivienda donde se encontraba y trasladarlo a pie bajando una pendiente con vegetación dirigiéndose hacia una quebrada que se encuentra al final de la misma…”. (La negrita es nuestra).Lo anterior afirma que en fecha 16 de marzo de 2013, agentes de la Unidad Anti-Extorsión tuvieron notitia criminis de parte de una persona anónima de un hecho presuntamente delictivo que reveló la privación de la libertad que sufría el Testigo Protegido “A1”; asimismo, informa la participación de dos personas conocidas con los alias “colocho” y “zarco”. La redacción del hecho probado describe la acción llevada a cabo por los agentes de la Unidad Anti-Extorsión a raíz de la recepción de la llamada anónima, así como la reacción de los captores del señor R., quienes una vez que tuvieron conocimiento del despliegue policial realizado en la zona del Piliguin, procedieron a sacar al señor R. por la parte de atrás de la vivienda donde se encontraba y trasladarlo a pie bajando una pendiente con maleza. Finalmente, expone el hecho probado único que: “…En esos instantes, encontrándose ya agentes de investigación en la zona de Piliguin y siendo para entonces entre las siete y media y ocho de la noche, agentes de la unidad anti extorsión interceptaron el vehículo marca Honda, color gris conducido por el joven O. D. T. L., quien iba acompañado de D. O. M., quienes se dirigían juntos a la casa de habitación donde se mantenía al señor R., y en la dinámica de registro cayó una de varias llamadas al celular del joven O. la cual al conectarse en altavoz, se escuchó que le apodaban “el colocho” y escuchándose que el interlocutor hacía referencia a que llevaban a una persona a la que llevaban por una quebrada, hecho que motivó a los señores O. y D. a llevar a los agentes hasta la casa de habitación, lugar al que llegaron a pie sin encontrar a nadie en el lugar, no obstante, luego de que los agentes se dirigieron a bajar por la pendiente de maleza que estaba detrás de la casa siguiendo un rastro, identificaron los pasos de unas personas a las que lograron interceptar, resultando ser los señores J. P. L. y J. F. A., a los cuales se les preguntó por el señor R., y ante la intervención del joven O. indicó que el apodado Zarco había llevado al señor R. hacia la quebrada, siendo así como se emprendió búsqueda sin resultado positivo, quedando los cuatro señores O. D. T. L., D. O. M. M., J. P. L. y J. F. A. detenidos. Finalmente, en un determinado momento, el señor R. fue dejado en libertad y a pie éste se trasladó caminando por varias horas durante la noche, hasta llegar a la posta policial de la Aldea El Chimbo de F. Morazán siendo para entonces entre cuatro y cinco de la madrugada.”Por primera vez se cita de manera determinada a los acusados J. P. L. y J. F. A., quienes según el hecho probado se encontraban en la pendiente de maleza que está detrás de la casa de habitación en donde estaba privado de su libertad el testigo protegido “A1”, y por donde momentos antes se habían desplazado con la finalidad de ocultarlo de los agentes de la unidad Anti-Extorsión. El examen dogmático permite concluir que el tipo penal de secuestro exige -en concurso o alternativamente- cinco conductas criminosas: desplazar, ocultar, privar, retener o sustraer la libertad de una persona; se perfecciona con la realización de cualquiera de ellas. Es claro y terminante para esta Sala de lo Penal que los acusados J. P. y J. F., fueron los captores que refiere el mismo hecho probado como aquellas personas que ocultaron al Testigo Protegido “A1” cuando tuvieron noticia de las acciones desplegadas por los agentes de policía en la zona de El Hatillo, realizando así uno de los verbos rectores que exige la semántica del artículo 192 del Código Penal: tomaron en contra de su voluntad al Testigo Protegido “A1” para conducirlo a pie por una pendiente con maleza dirigiéndose hacia una quebrada que se encuentra al final de la misma, tomaron parte en la empresa delictiva que tenía como fin la privación de la libertad del ofendido y su liberación a cambio de la obtención de un millón y medio de lempiras. Por ello, no tiene razón la recurrente y el motivo ha de ser desestimado. Recurso de Casación por Infracción de Ley interpuesto por el Abogado O. A.C. R. Único Motivo. *Precepto Autorizante: 360 del Código Procesal Penal. *Normas que se denuncian infringidas: Artículo 192 del Código Penal; *Concepto de la Infracción: Falta de aplicación; y, *Pretensión: Resolver conforme a ley. Considera el censor del fallo que debe aplicarse el subtipo privilegiado de secuestro contenido en el párrafo segundo del artículo 192 del Código Penal, pues según el hecho probado de la sentencia el señor R. fue dejado en libertad, colige que la pena a aplicar sería de diez (10) a veinte (20) años de reclusión y no de veinte (20) años a privación de la libertad como contempla el tipo penal especial. De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. El recurso de casación por infracción de ley interpuesto por el Abogado O. A. C. R., plantea la cuestión de si concurre o no el subtipo privilegiado de secuestro dispuesto en el párrafo segundo del artículo 192 del Código Penal, el cual consiste en que si los secuestradores desisten liberando a la víctima y no hubieren obtenido el precio reclamado, la pena aplicable será de diez (10) a veinte (20) años de reclusión y no de veinte (20) años a privación de libertad de por vida como establece el tipo especial. La cuestión del secuestro desistido tiene fundamento en la oportunidad criminológica de favorecer el arrepentimiento del culpable que exige dos condiciones: 1) Que sea el autor quien dé libertad al detenido o encerrado; 2) Que el autor no haya conseguido su propósito mediante la detención, pues en este caso la privación de libertad de la víctima carece ya de interés para aquél. La primera condición exige que se trate de un acto voluntario, libre y espontáneo, pues son marcadores del arrepentimiento que trata de privilegiar el precepto. La premisa esencial para la apreciación del subtipo privilegiado es el arrepentimiento durante la fase comisiva del delito, por lo que no resultará cuando la liberación venga mediatizada y por ello resulte ajena a la determinación del culpable. Es así que por más que el recurrente trate de resaltar que el Testigo Protegido “A1” fue dejado en libertad, esto no fue un acto que obedeció a la mera voluntad de su captor, sino que se vio mediatizada y condicionada por las acciones de rescate emprendidas por los agentes de la Unidad Anti-Extorsión, quienes estaban cada vez más próximos al paradero del ofendido. Además de lo anterior, los acusados D. O. M. M. y O. D. T. L., no desistieron de su actividad criminal ni participaron en la liberación del ofendido, requisito objetivo exigido en la norma sustantiva para atenuar la punibilidad. La liberación del Testigo Protegido A1, fue posterior a la captura de los acusados, lo que implica la imposibilidad material de estos para realizar el subtipo privilegiado de secuestro. Por esta razón, el motivo presente decae. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio J. respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El recurso de casación por quebrantamiento de las formas procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas fijadas en la ley. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Primer motivo. *Normas autorizantes citadas: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. *Normas procesales que se denuncian infringidas: Artículo 202 del Código Procesal Penal. *Concepto de la infracción: Violación a las reglas de la sana crítica. *Acciones de saneamiento: No determinado por el censor. *Pretensión: Casar la sentencia recurrida.Cuestiona el censor que existe un vicio lógico de derivación pues el sentenciador estableció en el hecho probado de la sentencia que el Testigo Protegido “A1” fue interceptado en un vehículo gris cuando el propio ofendido manifestó que fue en un vehículo blanco; asimismo, considera que la declaración del testigo D.O. G. A., es contradictoria, pues en unas partes de su declaración narra que el Testigo Protegido “A1” estaba secuestrado en una casa de habitación, y en otras, establece que se trataba únicamente de un cuarto, asimismo, este testigo informó en la audiencia inicial, que el vehículo en que se trasladarían los sospechosos era color azul, entretanto, en la audiencia de debate del juicio oral y público, manifestó que era color gris, considera que se debe privilegiar la declaración primera por estar más fresca en la memoria del testigo; en cuanto a la declaración de J. E.R., considera que esta declaración es contradictoria porque en la audiencia inicial manifestó que el carro en el cual se iban a trasladar los sospechosos era color azul y no gris como dijo en audiencia de debate, asimismo, considera que las dieciséis llamadas que dijo el testigo recibió el señor O. T., nunca fueron corroboradas en juicio como para que pueda privilegiársele con credibilidad como lo hace el sentenciador. De la debida técnica recursiva El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del principio de legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penal sustantivas y normas procesales y por otra parte la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la doctrina legal.Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, el cual establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”. Para lo cual los Estados partes se han comprometido a: “a) garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial; y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”.Ahora bien, tal disposición convencional no exime al pretensor de cumplir con los requisitos legales establecidos en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos los siguientes: 1. Legitimidad objetiva: Existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación; 2. Legitimidad subjetiva: Que el recurrente esté legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y 3. Satisfacción de requisitos de interposición: El recurrente deberá observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma al interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: la expresión de la voluntad de impugnar y la fundamentación de la impugnación; añade el autor que ambos elementos deben confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición. Una vez presentado el recurso de casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe ser corregido, siendo esto su pretensión; el recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el recurso de casación debe estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio:1.Identificación del vicio/motivo/recurso: Al momento de la interposición de un recurso de casación, el pretensor deberá señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó y luego el vicio que denuncia, sin embargo, el proceso de construcción del recurso por parte del recurrente es en el sentido inverso: identificación del vicio, encuadramiento del motivo y finalmente tipo de recurso de casación. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, el pretensor deberá identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto o material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto el pretensor deberá encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación; los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de numerus clausus, por tanto, no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del recurso de casación por infracción de precepto constitucional, el cual opera bajo el sistema de numerus apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el A-quo. La identificación del motivo de casación lleva al pretensor a derivar el tipo de recurso de casación a interponer; la ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: recurso de casación por infracción de ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios in iudicando; recurso de casación por quebrantamiento de forma, mediante el cual se denuncian vicios in procedendo; y recurso de casación por infracción de precepto constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios in iudicando o in procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple, cuando el pretensor señala el tipo de recurso de casación, la norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciara el vicio; el motivo debe ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del motivo; concepto de la infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe ser consecuente con el motivo elegido; y la aplicación pretendida, la cual consiste en la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada.2.Explicación del vicio: Es ineludible para el recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe ser clara y precisa: la claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; la precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia mella en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe -al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso- pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación de hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta.3.Demostración del vicio: El recurrente, aun y cuando haya identificado el vicio, explicado en qué consiste el mismo, no verá prosperar su recurso si no demuestra su existencia; ello solo puede ocurrir cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma sustantiva o procesal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y cuál es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir, como considera el recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Esta Sala de lo Penal ha sido del criterio que los defectos de la forma que adolezca un recurso de casación deberán ser estudiados siempre, teniendo en consideración el principio de tutela judicial contenido en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que permite a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba, obtener una resolución fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio y que sea ejecutada; por ello, a dicho principio interesa lo referente a) Derecho de acceso a la justicia; b) Derecho a una resolución fundada en derecho; c) Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición; d) Derecho a la tutela cautelar; y e) Derecho a la ejecución. Los recursos son instrumentos para la obtención de una tutela judicial efectiva, garantía de rango constitucional, indica el artículo 82 de la Constitución de la República que “… los habitantes de la república tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”, agregando el artículo 314 superior que “… es facultad privativa de los Tribunales de Justicia, juzgar y ejecutar lo juzgado…”.Por todo lo anterior, el único caso en donde el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso sería cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realiza el censor, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado ut supra. (Sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en Exp. 348-2011; del 27 de mayo 2014 en Exp. 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el Exp. 439-2011, del 23 de octubre de 2013 en Exp 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en Exp 228-2011).De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. Debe tenerse presente que la sentencia se construye a partir de múltiples silogismos encadenados que constituyen el razonamiento judicial y que cada silogismo debe tener la cualidad de ser categórico, compuestos por premisas de las que se deriva una conclusión, teniendo precisamente a aquellas premisas como la razón suficiente para derivar la conclusión; por ende, el recurrente que alega la violación del principio de derivación como motivo, asume un alto compromiso que implica la tarea de identificar el silogismo que considera indebidamente construido, determinar la fuente de la premisa mayor, de la premisa menor, y luego, lo más importante, demostrar que la inferencia realizada es incorrecta y que por ello la conclusión que se dice necesaria en realidad no lo es; tarea que no termina allí, pues además debe explicar por qué tal conclusión malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. Hoy por hoy el recurso de casación por quebrantamiento de forma, planteando como motivo la violación del principio lógico de derivación, ocupa un gran de porcentaje de los recursos que resuelve esta Sala de lo Penal; desafortunadamente no en pocos casos el recurrente acude a tal alegato como una forma de disfrazar la verdadera pretensión de reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el Tribunal de Sentencia, pretendiendo así que los jueces de casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren un medio de prueba determinado, extraigan conclusiones probatorias y luego las compare con aquellas a las que arribó el A-quo, decidiendo finalmente si lo hecho por los jueces de la instancia está bien o mal a depender si coincide la valoración de la prueba hecha en única instancia, todo ello impropio en sede casacional. No existe una previa determinación de pruebas, por lo que éste debe ser asignado por el juzgador de la instancia haciendo mano de las reglas de la sana crítica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto, en relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo de los jueces de instancia y ajeno a los jueces de casación. Por ello, el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; la casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba; las partes en la interposición del recurso no pueden pretender que esta Sala de lo Penal declare el acierto o desacierto del Tribunal de Sentencia sobre sus criterios valorativos, pues ello sería rebasar las potestades legales conferidas por la ley a los jueces de casación. En el caso actual, la defensa privada hace alegatos propios de instancia, procede a realizar una valoración subjetiva y alternativa de las declaraciones testificales evacuadas en sesión de juicio e invita a esta Sala Casacional a realizar una valoración probatoria sustitutiva de la realizada en instancia. El censor del fallo fustiga las declaraciones de los testigos D. O. G.A. y J. E.R. argumentando que son contradictorias en su contenido, pues en unas partes de sus declaraciones narran que el Testigo Protegido “A1” estaba secuestrado en una casa de habitación, y en otras, establece que se trataba únicamente de un cuarto, así como que en la audiencia inicial manifestaron que el vehículo en que se trasladarían los sospechosos era color azul, entretanto, en la audiencia de debate del juicio oral y público, manifestaron que era color gris; también arguye que estas declaraciones no se encuentran corroboradas en relación a las dieciséis llamadas que supuestamente recibió el señor O. T.. Todos estos argumentos atacan a los medios probatorios, su contenido, y no identifican el postulado intelectivo inferido por el sentenciador que considere transgrede la regla lógica de derivación. A partir de lo alegado, esta Sala de lo Penal no tiene duda de que el recurrente no presenta objeción sobre la valoración, pues sus alegatos se limitan a hacer una valoración alternativa de las declaraciones testificales, lo que no es propio para un recurso de casación. Como se ha dicho, no existe en el escrito del recurso identificación de un silogismo judicial, análisis de premisas y demostración de una mala inferencia que termine en una indebida conclusión derivada, o la exposición de dos argumentos judiciales sobre un mismo hecho o aspectos que sean contradictorios, sino una queja de que la prueba fue valorada de forma diferente a como pretendía la defensa. Por lo anterior, el recurso de casación por quebrantamiento de forma decae y debe ser desestimado. DECISIÓN No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo interpuesto por la Abogada E. C. F.. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo interpuesto por el Abogado O. A. R..No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo interpuesto por el Abogado O. A. R. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 361, 362 y 363 del Código Procesal Penal. FALLA:1) Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley, en su único motivo, interpuesto por la Abogada E. C. F., en su condición de defensora pública de los señores J. P. L. y J. F. A.; 2) Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley, en su único motivo, interpuesto por el Abogado O. A.C. R., en su condición de defensor privado de los señores D. O.M. M. y O. D. T. L.; 3) Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo, interpuesto por el Abogado O. A. C. R., en su condición de defensor privado de los señores D. O.M. M. y O. D. T. L.; 4) Declara firme y ejecutable la sentencia condenatoria de fecha doce de junio del año dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional.Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a derecho. NOTIFÍQUESE.FIRMAS Y SELLO.J. OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de octubre del año dos mil diecinueve. Certificación de la Sentencia de fecha nueve de agosto del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-182-2016.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

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[1] Sentencia Número 208-2011 de la Sala Penal, 25 de Abril del 2013.

[2] Sentencia de la Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, No.455-2012, de fecha cuatro de marzo del dos mil trece, pag.11.

[3] Muñoz Conde, Francisco; Derecho Penal Parte Especial, 14ªEdición, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, Pág. 154.

[4] De Diego Díez, Alfredo; Manual de Derecho Penal, Parte Especial Volumen I, Ediciones San Miguel, Tegucigalpa, Honduras, agosto del 2006, Pág. 140.