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Sentencia CP-182-15 — Registro 9891

Resumen

En primera instancia se condeno al imputado por el delito consumado de lesiones agravadas y se absolvió por el delito de portación ilegal de armas.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...De la Procedencia del Recurso. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Se hace en principio necesario resaltar que el acusador público no hace uso de una buena técnica casacional para recurrir el fallo de instancia. Adoptando como metodología recursiva transcribir el contenido de lo aportado por los medios de prueba evacuados en juicio, luego transcribir la valoración intelectiva que de ellos hiciera el Tribunal de Sentencia, para luego concluir que con esa prueba debió dictarse un fallo condenatorio en lugar de un fallo absolutorio, por lejos no cumple con el deber que tiene el recurrente de identificar, explicar y, en definitiva, comprobar el vicio denunciado; así como también la obligación que tiene de demostrar como ese vicio que ha sido comprobado tiene trascendencia en el dictado del fallo absolutorio. No obstante la anterior falencia recursiva, esta Sala de lo Penal en virtud del control de convencionalidad, que establece que los órganos del Estado en el marco de sus competencias, deben tomar en cuenta lo regulado en la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y la interpretación que sobre ésta ha realizado la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el cual se constituye en un potente instrumento para el respeto y garantía efectiva de los derechos humanos, resulta necesario que los jueces y tribunales sean los primeros llamados a ejercer el control de convencionalidad. En tal sentido, la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 8.2.h establece las “garantías judiciales” exigibles en el marco de un proceso, dentro del cual se establece el “derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior,” que es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica, que procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho. De acuerdo a la Corte IDH, el recurso contemplado en el artículo 8.2.h debe ser uno “ordinario eficaz” independientemente de la denominación que se le dé. En esa misma línea, los Estados no pueden establecer restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho a recurrir el fallo ya que dicha posibilidad debe ser accesible sin requerir mayores complejidades que tornen ilusorio este derecho. Por ello, la Corte ha estimado que “las formalidades requeridas para que el recurso sea admitido deben ser mínimas y no deben constituir un obstáculo para que el recurso cumpla con su fin de examinar y resolver los agravios sustentados por el recurrente.” (Corte IDH. Caso Mohamed vs Argentina). Por tales circunstancias, esta Sala de lo Penal procederá a realizar un análisis del proceso de valoración probatoria para efecto de determinar si es así como denuncia el recurrente, que se ha infringido la regla lógica de derivación en su postulado de razón suficiente, o, por el contrario, se ha observado esta regla lógica, lo que conllevaría a desestimar el recurso interpuesto. Así las cosas, se desprende que el razonamiento valorativo del Tribunal de Sentencia en relación al andamiaje probatorio de cargo y en relación a la imputación por el delito de posesión ilegal de arma de fuego comercial, ha resultado congruente con el contenido de la regla lógica de derivación. El acta de decomiso del arma de fuego tipo revolver, marca Wesson, cacha de madera, sin modelo, serie 65237, color gris, calibre 38 SPL, realizada por el agente técnico E. M., e incorporada mediante su lectura a juicio, establece que dicha arma de fuego le fue decomisada al señor W. D. A. M., en fecha 14 de octubre de 2012; es decir, a una persona distinta a la enjuiciada en un tiempo posterior de tres (3) meses y diecinueve (19) días de haber sucedido los hechos por los cuales fue llamado a proceso penal el acusado. A esta circunstancia habrá que agregarle, como así lo pone de manifiesto el sentenciador, que ninguno de los testigos pudo identificar el arma decomisada como aquélla que utilizara el acusado el día de los hechos, ya que no fue llevada a juicio como evidencia y tampoco se acreditó su manejo con la respectiva cadena de custodia. Concluye el sentenciador, con razón, que las anteriores circunstancias convergen en detrimento de la pretensión acusatoria, pues el arma no se le encontró al enjuiciado, tampoco se presentó a juicio y no existió en el escenario del debate procesal. En el cúmulo de los anteriores razonamientos valorativos, en manera alguna se desprende infracción a la regla lógica de derivación, las conclusiones encuentran correspondencia determinante con el acervo probatorio, son producto derivado del mismo, no han falseado su contenido ni tampoco la prueba ostenta esa condición. Por lo anterior, deviene desestimar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo...."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha dos de abril del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a dos de abril de dos mil diecinueve, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de Coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el expediente SP 182-2015, conociendo del recurso de casación por quebrantamiento de forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintinueve (29) de octubre del año dos mil catorce (2014), dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ceiba, departamento de Atlántida, mediante la cual falló: Primero: Condenar al justiciable W. A. M. R. como autor responsable de un delito consumado de lesiones agravadas en perjuicio de M. L. H. Z., a la pena de tres (3) años, seis (6) meses de reclusión, y a las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil por el tiempo que dure la pena principal. Segundo: Se declara la responsabilidad civil del condenado W. A. M. R. Tercero: Absolver al justiciable W. A. M. R., como autor responsable de un delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa, en perjuicio de M. L. H. Z. Cuarto: Absolver al justiciable W. A. M. R., de un delito de portación ilegal de arma de fuego comercial, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras. Quinto: No procede condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. Interpuso el recurso de casación por quebrantamiento de forma, la Abogada K. V. G. L., fiscal del Ministerio Público; Son partes en única instancia: El Abogado G. A. Z. G., defensor privado, como recurrida y la Abogada D. E. R. C. como recurrente; HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “Valorando los medios de prueba practicados en el juicio de acuerdo con las reglas de la sana crítica, este Tribunal declara expresa y terminantemente probado el hecho siguiente: Único: En fecha veinticinco de junio del año dos mil doce, entre las 6:00 y 6:30 de la tarde, el señor W. A. M. R. se encontraba en el patio de la casa de habitación de los padres de M. L. H. Z., los señores S. J. H. y Z. E. Z. C., ubicada en la aldea El Higuero, Corralitos del Municipio de Jutiapa, Departamento de Atlántida; cuando mediando discusión, este le infiere un disparo con arma de fuego en el glúteo izquierdo a su ex compañera de hogar, M. L. H. Z., provocándole seis lesiones de Yuyeno, Grado III, dos lesiones Grado III Colon, y Contaminación Abdominal moderada, incapacitándola por 35 días a partir de la lesión.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS. “EXPOSICIÓN DE MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA MOTIVO UNICO: “Haber dictado el Tribunal de Sentencia un Fallo Absolutorio por el ilícito penal de Portación Ilegal de Arma Comercial; Inobservando al momento de valorar la prueba, las reglas de la Sana Crítica” PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO: Para mejor comprensión del presente recurso es pertinente establecer lo que se debe entender en cuanto a la valoración de la prueba en un proceso penal. Según el Artículo 202 del Código Procesal Penal: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana critica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”, obligatoriedad que también se revalida en el numeral 2 de la regla Cuarta del Artículo 338 del mismo cuerpo legal. El fallo que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave que atenta contra las reglas de la Sana Crítica, por cuanto la conclusión dispositiva del Tribunal carece de sustento proveniente del contenido de la probanza evacuada en el juicio; lo cual se hace manifiesto al momento de valorar la prueba de forma armónica y conjunta, en el cual después del análisis practicado a las mismas, no extrajo las conclusiones que éstas le ofrecen, produciendo como consecuencia una valoración fáctica alejada del sistema del recto entendimiento humano, al estimar que no se acreditó el delito de Portación ilegal de Armas, no logrando advertir la existencia de prueba que permite inferir que el encausado W. A. M., participó en el referido delito, cuando este portando un arma de fuego causó lesiones en la humanidad de la ofendida M. L. H. Z., que le provocaron lesiones múltiples de vísceras huecas, y que la incapacitaron temporalmente por 35 días. Si advertimos las reflexiones que hizo el Sentenciador una vez analizada toda la prueba desarrollada en audiencia de debate y que lo condujeron a dictar una Sentencia Absolutoria, vemos como éste al momento de valorar la misma se apartó de las reglas integrantes de la Sana Crítica, como lo hemos supraindicado; para ello basta observar el contenido de la prueba en sí y los resultas que de ella se derivan, tal como lo exponemos a continuación: Declaración testifical de M. L. H. Z. quien relató: entre otras cosas: “Lo declaró a el culpable por el delito de Homicidio sobre mi persona, violencia sobre mí, yo lo conocí cuando estábamos estudiando en el colegio, tres años de novio, siete meses vivimos en unión libre, me fui a Roatán siempre con violencia, me regresé, cuando yo me regresé a mi casa el me mando a llamar con un sobrino que quería hablar conmigo acompañada de mi sobrino N. J. H. él me dijo que porque no seguía con él y ya no, por culpa de él, por maltrato y todo me dijo que para eso me ocupaba, le di la espalda y me disparó solo di la vuelta y me disparó. Declaración del testigo S. J. H. quien manifestó: “él llegó, vivían juntos, ella pensó en irse para Roatán tres meses y luego ella me dijo que W. la estaba llamando, ella salió y escuchamos los tiros diciéndome ella, me mataron y la fuimos a auxiliar... El día no me acuerdo, pero sucedió el 25 de junio del 2012, ese mismo día vino de Roatán, tenemos una champita donde descansar, ahí estaba el y la llamó... estábamos mi esposa, N., W. y la otra hija... ella salió y se llevó a su sobrino instantáneamente escuchamos los tiros y ella dijo me mato. Declaración del testigo N. J. H. G. quien expresó; “Yo era uno de los que estaba cuando el llego a balearla a ella; la fecha si me recuerdo el 25 de junio del 2012.- El llamó a L. y él me dijo que la acompañara. - Fuimos hacia la champa que está al lado de atrás de la casa, aproximadamente fue a las 6:00 de la tarde, estaba oscuro... estábamos W., L. y yo no pude ver nada sólo a L. en el suelo estaba de espalda... yo no vi el arma. A mi ella no me dijo nada sólo que le habían pegado un tiro... hizo otro disparó y se pegó otro en el pie, a él lo vinieron a traer los familiares. PRUEBA PERICIAL: Dictamen pericial balístico, realizado por parte del perito balístico J. C. A. T., en el cual refiere que recibió una bolsa de plástico transparente que contiene: 1) un arma de fuego, tipo revolver, marca smith wesson, sin modelo calibre 38SPL, serie 65237 con tres cartuchos sin percutir. 2) tres casquillos metálicos percutidos forma cilíndrica de aparente níquel con troqueles en su base que se lee Águila 38 SPL y AP I138SPL, dando como resultado: Que el arma de fuego recibida para su estudio balístico presenta buen estado de funcionamiento mecánico y operativo por lo que se concluye que el arma de fuego analizada si es capaz de efectuar disparos con la munición o cartuchería del calibre por la cual fue creada. Los casquillos recibidos fueron percutidos por el arma de fuego tipo revolver, marca smith wesson sin modelo, calibre 38 SPL, serie 65237. Dictamen de revisión de expediente identificado como LC 578-12 y dictamen médico 2013-0101-0100-0734, de la ofendida M. L. H. Z.; ambos realizados por parte del perito Forense Doctora J. D. M., en los que concluyo entre otras cosas;) Que presenta herida por arma de fuego en glúteo izquierdo…… PRUEBA DOCUMENTAL Acta de Decomiso o Secuestro de objetos: realizada por el agente técnico E. M. en el cual se establece:”...se procedió a decomisar los objetos que se describen y que corresponden a la investigación del delito de TENTATIVA DE PARRICIDIO en perjuicio de M. L. H... dichos objetos fueron decomisados al señor W. D. A. M.; un arma de fuego, tipo revolver, marca smith wesson, cacha de madera, sin modelo calibre 38SPL, serie 65237, color gris calibre 38, tres proyectiles sin percutir calibre 38 SPL. Tres casquillos percutidos calibre 38sp1.- Esta arma de fuego fue levantada de la escena por parte del joven W. A., quien en su declaración dejó claro que esta arma siempre la andaba W. A. M. Constancia de Registro Balístico Nacional de Armas: Emitida por el Registro Balístico Nacional de Armas en la que hace constar: que el ciudadano W. A. M. R., no aparece como portador del arma de fuego en el sistema de registro nacional de armas.- Información obtenida en base a datos del Sistema NACMIS que contiene el Registro de Armas de junio del 2004 a junio del 2006, reporte de Robo a nivel nacional y registro de armas nuevo a partir del 12 de enero del 2009.- Es importante señalar, que al momento de valorar la prueba testifical en su conjunto establece el Juzgador en su apartado de valoración de la prueba: “que las declaraciones que anteceden del padre y el sobrino de la ofendida que estuvo en el lugar de los hechos, él se f. S. J. refiere solamente que estaban juntos en una champita adyacente a su casa de habitación el imputado la había mandado a llamar para que platicaran, en eso escucha tres detonaciones de una arma de fuego y observa que su hija yace el suelo, por lo que inmediatamente presto auxilio junto con sus otros familiares, lo que se acredita aquí es que se ubica en el lugar y tiempo de los hechos al encausado lo que se encadena coincidiendo con la declaración del testigo N. El testigo N. manifiesta que el acompañó a la ofendida, sin embargo el manifiesta que también sólo escucho disparos, pero que no observo el arma pero vio que su tía yacía en el suelo con un disparo en su cuerpo, de este análisis se determina que ambas declaraciones son coincidentes va que tiene la certeza de la fecha, de la hora y del lugar donde ocurrieron los hechos y quienes fueron los participes de los mismos como ofensor y ofendida, además la herida que relatan tenía la señora M. L. se concatena con lo establecido en los dictámenes médicos efectuados por el perito forense mencionada, por lo que son creíbles en ese orden de ideas de estas declaraciones se les da valor probatorio solamente para efectos de la acreditación de la lesión que le fuera infligida a la ofendida” La supraindicadas deposiciones evidencian que el tribunal ha tenido corno acreditado, que el imputado estuvo en el lugar donde se produjo la agresión a la víctima, portando un arma de fuego con la que le disparó a la misma, causándoles lesiones graves; extremo que se encuentra estrechamente vinculado con lo aseverado por el testigo W. D. A. M., quien señaló, que no recuerda la fecha de los hechos, pero que fue como a las seis o siete, cuando él hace el tiro, se fue para donde ella estaba tirada en el piso... cuando se la llevaron estaba él y el arma.- Él estaba tirado en el piso y tenía un chimoncito de un tiro. Recogió el arma y la llevó para adentro y la guardo... una 38.- El arma era de mi abuelo E. M.. - Escuchó uno u otro que hizo y otro que se pegó. - El arma estaba tirada. En casa de mi suegro la guarde... le entregue el arma al policía P.… como a los cuatro días la entregue. Respecto a la citada deposición el Juzgador en su apartado de valoración probatoria ha referido: “Este testigo tiene un grado de parentesco con el enjuiciado, él fue la persona que al llegar a la escena del crimen se encontró con el arma que luego entrega al policía de apellido P., es importante rescatar en la presente revelación, es que tiene una íntima vinculación con el arma en cuestión la cual ha sido requisada a este testigo que es persona distinta del enjuiciado, esto se corrobora con el acta de decomiso, si se observa el documento y en concatenación con lo dicho la diligencia se operó cuatro meses después de los hechos, lo que hace inferir que no hay seguridad de que se trate de la misma arma y que esta la haya portado el encausado, sumando a este el arma no fue traída a juicio como evidencia, lo que desemboca en una limitación para su valoración, tampoco se acredito su debido manejo con su respectivo cadena de custodia, es decir se le da crédito para los efectos de validar que la diligencia investigativa de requisa no se le efectuó al enjuiciado y esta fue hecha tiempo después de los hechos. “Este testimonio merece toda credibilidad, pues por una parte, se trata de una persona que tiene un vínculo familiar con al acusado, por lo que atendiendo las máximas de la experiencia su testimonio debería ir dirigido a favorecer al mismo, consecuentemente sus dichos están dotados de absoluta objetividad, habiéndose ubicado en el tiempo y espacio en que ocurrieron los hechos, así como relatado, que él fue la persona que recogió el arma de fuego, que su primo momentos antes había disparado, ocasionándole a la ofendida lesiones producidas por disparos por arma de fuego, la guardo y entregó cuatro días después al policía R. P., extremo que se acreditó con el acta de decomiso en la cual consta que el arma de fuego, tipo revolver, marca smith wesson, sin modelo calibre 38SPL, serie 6523, cacha de madera, con tres cartuchos sin percutir, tres casquillos metálicos percutidos forma cilíndrica de aparente níquel con troqueles en su base que se lee Águila 38 SPL y AP 1 I38SPL se le decomiso a él y no al encausado. El Ente jurisdiccional cuestiona a través de su valoración, que el arma de fuego no fue decomisada directamente al enjuiciado, sino que la misma fue entregada por el señor W. A.; desvalorando el Tribunal la declaración del señor A.; probanza con la que se establece el vínculo entre el arma de fuego y el acusado, ya que su dicho es coherente con la manera en que se producen los hechos, pues no nos podemos apartar de la circunstancia que la única persona que portaba un arma de fuego era el imputado y que producto de la prisa la dejó abandonada en el escena, como bien indica el mencionado deponente, quien ya conocía el arma porque era propiedad de su abuelo. Al expresar el Tribunal, que es imposible determinar que esa arma de fuego es la misma que utilizó el encausado para lesionar a la ofendida, está desconociendo que no siempre se puede contar con prueba directa para condenar a un acusado, por lo que se hace necesario acudir a la prueba indiciaria, que es la concurre en el caso subjudice. Sobre los indicios, la Honorable Sala de lo Penal, se ha pronunciado de la forma siguiente: “Los indicios pueden ser actos previos, concomitantes o posteriores a la comisión del delito, estos hechos sirven al juzgador, ante la ausencia de prueba directa, para inferir otros que le permiten reconstruir el hecho juzgado”. Ver sentencia No 922-04 de fecha 13 de Diciembre de 2004. De ésta valoración de la prueba y por ende del resultado de ello, es que se centra nuestro reproche recursivo, pues estimamos que la probanza allegada al juicio resultó ser suficiente y contundente para establecer no sola la existencia del delito de Portación ilegal de Armas, sino también la participación del imputado en la perpetración del mismo. De lo antes expuesto, es que el razonamiento del tribunal al momento de valorar dichas probanzas en su conjunto vulnera la regla lógica de derivación en su postulado de razón suficiente en virtud que, de este andamiaje probatorio se deriva que W. A. M. R. se encontraba en posesión ilegal de un arma de fuego, en buen estado de funcionamiento, según pericia balística y sin el registro correspondiente, que utilizó para disparar contra la humanidad de la ofendida lesionándola gravemente, extremo que fue corroborado por los testigos antes referidos. Es decir, quedó plenamente acreditado la existencia de un hecho típico donde el sujeto activo es el imputado W. A. M. R., quien tomó parte directa en la ejecución del hecho al poseer ilegalmente un arma de fuego con la cual disparó a la ofendida M. L. H. Z. El Tribunal al proferir un fallo absolutorio por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA COMERCIAL, indudablemente transgrede las reglas de la Sana Crítica, en virtud que como antes indicamos, del proceso intelectivo de la valoración de la prueba de cargo se infiere la culpabilidad del procesado en la conducta en cuestión; por ende, el Ministerio Público como recurrente es del firme criterio que se violentó en todos sus alcances las reglas de la Sana Crítica que debe observar al juzgador al momento de valorar la prueba, infringiendo en tal sentido lo dispuesto en el artículo 202 del Código Procesal Penal, ya que dicho Tribunal no la consideró de una manera armónica y concatenada, lo cual ha provocado la creación de un vicio procesal que debe ser enmendado mediante la sentencia que resuelva con lugar el presente recurso de casación. Finalmente, instamos ante Vosotros Honorables Magistrados de la Sala de lo Penal nuestro reproche casacional a efecto que una vez estudiado el caso, casen el fallo que ahora genera inconformidad a este ente acusador; no obstante, hacemos la advertencia que no habíamos reclamado previamente este vicio, pues se produce en el acto mismo de sentenciar.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de casación por quebrantamiento de forma. El proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El recurso de casación por quebrantamiento de las formas procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas fijadas en la ley. Recurso de casación por quebrantamiento de forma Único motivo. *Normas autorizantes citadas: Artículo 362.3 del Código Procesal Penal. *Normas procesales que se denuncian infringidas: Artículo 202 del Código Procesal Penal. *Concepto de la infracción: Inobservancia a las reglas de la sana crítica. *Acciones de saneamiento: Imposibilidad de reclamo previo pues el vicio consta en la sentencia. *Pretensión: Anular el fallo reclamado y llevar a cabo un nuevo debate con jueces distintos. Luego de transcribir el contenido de los medios de prueba evacuados en juicio y la valoración intelectiva que de ellos hiciera el Tribunal de Sentencia, el acusador público denuncia la infracción a la regla lógica de derivación en su postulado de razón suficiente, por considerar que con el andamiaje probatorio se acreditó que el acusado W. A. M. R., se encontraba en posesión ilegal de un arma de fuego en buen estado de funcionamiento y sin el registro correspondiente, la que utilizó para disparar contra la humanidad de la ofendida; que el sentenciador desconoce que no siempre se puede contar con prueba directa para condenar a un acusado, por lo que se hace necesario acudir a la prueba indiciaria, que es la que concurre en el presente caso. De las reglas de la sana crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los Jueces de Sentencia para la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. - Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: Íntima Convicción (propio del sistema de juzgamiento por jurados), prueba legal o tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la sana crítica; es éste último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de sana crítica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia condicional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la sana crítica: 1) Reglas de la experiencia común o máximas de la experiencia: Se refieren juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: I. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. II. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o, III. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él por qué lo considera así. 2) Las reglas de la psicología: Están referidas no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y, 3) Las reglas de la lógica: La lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “lógica no formal”, llamada en el ámbito como razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la ley de la coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: I. El principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” II. El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. III. El principio de tercero excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La derivación: Exige que, a cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: I. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; II. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. III. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. IV. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el principio de razón suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando las siguientes características: I. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; II. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; III. No Contradictoria: por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; IV. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y V. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la Procedencia del Recurso. El recurso no es de recibo. Se hace en principio necesario resaltar que el acusador público no hace uso de una buena técnica casacional para recurrir el fallo de instancia. Adoptando como metodología recursiva transcribir el contenido de lo aportado por los medios de prueba evacuados en juicio, luego transcribir la valoración intelectiva que de ellos hiciera el Tribunal de Sentencia, para luego concluir que con esa prueba debió dictarse un fallo condenatorio en lugar de un fallo absolutorio, por lejos no cumple con el deber que tiene el recurrente de identificar, explicar y, en definitiva, comprobar el vicio denunciado; así como también la obligación que tiene de demostrar como ese vicio que ha sido comprobado tiene trascendencia en el dictado del fallo absolutorio. No obstante la anterior falencia recursiva, esta Sala de lo Penal en virtud del control de convencionalidad, que establece que los órganos del Estado en el marco de sus competencias, deben tomar en cuenta lo regulado en la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y la interpretación que sobre ésta ha realizado la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el cual se constituye en un potente instrumento para el respeto y garantía efectiva de los derechos humanos, resulta necesario que los jueces y tribunales sean los primeros llamados a ejercer el control de convencionalidad. En tal sentido, la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 8.2.h establece las “garantías judiciales” exigibles en el marco de un proceso, dentro del cual se establece el “derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior,” que es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica, que procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho. De acuerdo a la Corte IDH, el recurso contemplado en el artículo 8.2.h debe ser uno “ordinario eficaz” independientemente de la denominación que se le dé. En esa misma línea, los Estados no pueden establecer restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho a recurrir el fallo ya que dicha posibilidad debe ser accesible sin requerir mayores complejidades que tornen ilusorio este derecho. Por ello, la Corte ha estimado que “las formalidades requeridas para que el recurso sea admitido deben ser mínimas y no deben constituir un obstáculo para que el recurso cumpla con su fin de examinar y resolver los agravios sustentados por el recurrente.” (Corte IDH. Caso Mohamed vs Argentina). Por tales circunstancias, esta Sala de lo Penal procederá a realizar un análisis del proceso de valoración probatoria para efecto de determinar si es así como denuncia el recurrente, que se ha infringido la regla lógica de derivación en su postulado de razón suficiente, o, por el contrario, se ha observado esta regla lógica, lo que conllevaría a desestimar el recurso interpuesto. Así las cosas, se desprende que el razonamiento valorativo del Tribunal de Sentencia en relación al andamiaje probatorio de cargo y en relación a la imputación por el delito de posesión ilegal de arma de fuego comercial, ha resultado congruente con el contenido de la regla lógica de derivación. El acta de decomiso del arma de fuego tipo revolver, marca Wesson, cacha de madera, sin modelo, serie 65237, color gris, calibre 38 SPL, realizada por el agente técnico E. M., e incorporada mediante su lectura a juicio, establece que dicha arma de fuego le fue decomisada al señor W. D. A. M., en fecha 14 de octubre de 2012; es decir, a una persona distinta a la enjuiciada en un tiempo posterior de tres (3) meses y diecinueve (19) días de haber sucedido los hechos por los cuales fue llamado a proceso penal el acusado. A esta circunstancia habrá que agregarle, como así lo pone de manifiesto el sentenciador, que ninguno de los testigos pudo identificar el arma decomisada como aquélla que utilizara el acusado el día de los hechos, ya que no fue llevada a juicio como evidencia y tampoco se acreditó su manejo con la respectiva cadena de custodia. Concluye el sentenciador, con razón, que las anteriores circunstancias convergen en detrimento de la pretensión acusatoria, pues el arma no se le encontró al enjuiciado, tampoco se presentó a juicio y no existió en el escenario del debate procesal. En el cúmulo de los anteriores razonamientos valorativos, en manera alguna se desprende infracción a la regla lógica de derivación, las conclusiones encuentran correspondencia determinante con el acervo probatorio, son producto derivado del mismo, no han falseado su contenido ni tampoco la prueba ostenta esa condición. Por lo anterior, deviene desestimar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo. DECISIÓN No ha lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público. POR TANTO, La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 361, 362 y 363 del Código Procesal Penal. FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el recurso de casación por quebrantamiento de forma, en su único motivo, interpuesto por la Abogada K. V. G. L., fiscal del Ministerio Público; 2) Declara firme y ejecutable el fallo recurrido de fecha veintinueve (29) de octubre de dos mil catorce (2014), dictado por el Tribunal de Sentencia de la Ceiba, departamento de Atlántida. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a derecho. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA. RECEPTOR ADSCRITO. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de junio del año dos mil diecinueve. Certificación de la Sentencia de fecha dos de abril del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-182-2015.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

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