Sentencia CP-181-16 — Registro 9885
Resumen
En primera instancia se absolvió al imputado del delito de Asesinato , del delito de Homicidio en su Grado de Ejecución de Tentativa, y del delito de Portación Ilegal de Armas, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO: EL RECURSO ES DE RECIBO: Esta Sala de lo Penal es del criterio que cuando la persona sorprendida en posesión de un arma de fuego comercial sin el respectivo permiso de portación, estén o no vigente algún decreto legislativo, es requisito indispensable que durante la detención el acusado, debe demostrar la existencia de actos tendientes a registrar o entregar el arma, según sea el caso, es decir que la acción del imputado no deje dudas que tuvo la intención dirigida registrarla o entregar el arma de fuego a la autoridad administrativa, pues el espíritu de la creación de los decretos legislativos es para dar tiempo a las personas de presentar la documentación necesaria para la inscripción del arma, no para que cometieran acciones tipificadas como delitos en las leyes penales. En el caso subjúdice, se establece que al imputado J. L. L. S. el martes siete de enero de dos mi catorce, a eso de las seis de la tarde la Policía Nacional le incautó un arma de fuego, marca BERSA, Modelo Thunder, Serie T636810C00410, en buen estado de funcionamiento de la cual, no portaba el permiso de la autoridad respectiva.” (hechos probados). De lo anterior es opinión de esta sala que procede destacar lo siguiente: 1. Conforme al hecho probado, queda establecido que fue al Señor J. L. L. S., a la persona que la Policía Nacional, le encontró y consecuentemente le decomisó un arma de fuego, marca BERSA, Modelo Thunder, Serie T636810C00410. 2. Que, de acuerdo al hecho probado, el cual es producto de la prueba evacuada durante el juicio, quedo establecido que el decomiso del arma se produjo a las seis de la tarde. 3. Los actos tendientes a registrar o entregar el arma, implican una voluntad del poseedor del arma de dirigirse al correspondiente registro balístico para materializar el registro del arma; sin embargo, estas acciones sólo podrán ser realizadas en los días y horas en que funcionan estos registros. Es evidente que, a las seis de la tarde, no es posible realizar ninguna gestión dirigida a registrar o entregar el arma. De acuerdo a lo anterior, es opinión de esta Sala que el cuadro fáctico plasmado por el A quo en los hechos probados de la sentencia, da por establecido que el señor J. L. L. S. fue encontrado en posesión de un arma de fuego comercial, sin el permiso de la autoridad respectiva, hechos éstos que cumplen con los presupuestos del tipo penal contenido en el artículo 332-B del Código Penal, por otro lado no existe acreditado que el imputado hubiere ejecutado actos, acciones o gestiones tendientes al registro o entrega del arma, en consecuencia debió dictarse una sentencia condenatoria, por haberse ajustado el hecho ejecutado por el imputado en el tipo penal prescrito en la norma y no existir acreditadas circunstancias que excluyan la responsabilidad del imputado..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veinticinco de junio del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “I. SENTENCIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinticinco (25) días del mes de junio del año dos mil diecinueve (2019), el Pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados: José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero, Alma Consuelo Guzmán García pronuncian: EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, La Sentencia en el Recurso de Casación por Infracción de Ley número SP-181-2016 interpuesto contra la Sentencia de fecha trece de noviembre de dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual: Primero: Absolvió al señor J. L. L. S., del delito de Asesinato, en perjuicio del señor E. V. B. R..- Segundo: Absolvió al señor J. L. L. S., del delito de Homicidio en su Grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio del señor M. Á. M. L.- Tercero: Absolvió al señor J. L. L. S., del delito de Portación Ilegal de Armas, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras.- Cuarto: No procedió la condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio al Ministerio Público. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley la Abogada C. Z., actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público. SON PARTES: La Abogada C. Z., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente y la Abogada C. S. M. V., en su condición de Defensora Pública, del señor J. L. L. S., como parte recurrida. II. HECHOS PROBADOS. “Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, de acuerdo a los criterios de la sana crítica, este Tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: PRIMERO: El siete de enero de dos mil catorce, a eso de las seis de la tarde, el señor M. Á. M. L., conductor de una unidad de transporte urbano, color amarillo, número 37 de la ruta 35 del sector Chamelecón, San Pedro Sula, Cortés, culminó su jornada laboral, dejando a los pasajeros en la Terminal de autobuses de dicha ruta, seguidamente, se retiró de ese lugar con dirección a su casa de habitación a bordo del vehículo antes descrito, acompañado del señor E. V. B. R., chequeador de la empresa de transporte, y cuando circulaban por el lugar conocido como la Vuelta del Guayabito, en la Colonia Sabillón Cruz, de ese mismo sector, fueron interceptados por varias personas armadas, quienes le lanzaron un objeto para que detuvieran la marcha y al no hacerlo, dispararon sus armas de fuego sobre los ocupantes del autobús, infiriéndole al señor E. V. B. R., dos heridas que le causaron la muerte y a M. A. M. L., una herida en el brazo izquierdo, quien, en esas condiciones, condujo el autobús hasta la Cruz roja, en el mismo sector de Chamelecón. Momentos después, Agentes de la Policía Nacional le incautaron al señor J. L. L. S., un arma de fuego marca BERSA modelo Thunder, serie T636810C00410, en buen estado de funcionamiento de la cual, no portaba el permiso de la autoridad respectiva.” III. RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS. Recurso de Casación por Infracción de Ley. “RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY DE LA MANERA SIGUIENTE: EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN: PRIMER MOTIVO: Infracción de Ley por Falta de Aplicación del artículo 332-B del Código Penal, en relación con el artículo 7 de la Ley de Control de Armas Municiones, Explosivos y otros similares. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO: El A quo en el fallo en estudio, declaró terminantemente como hechos probados las siguientes verdades intangibles: “PRIMERO: El siete de enero de dos mi catorce, a eso de las seis de la tarde, el señor M. Á. M. L., conductor de una unidad de transporte urbano, color amarillo, número 37 de la ruta 35 del sector Chamelecón, San Pedro Sula, Cortés, culminó su jornada laboral, dejando a los pasajeros en la terminal de autobuses de dicha ruta, seguidamente se retiró de ese lugar con dirección a su casa de habitación a bordo del vehículo antes descrito, acompañado del señor E. V. B. R., chequeador de la Empresa de transporte, y cuando circulaban por el lugar conocido como la Vuelta del Guayabito, en la Colonia Sabillón Cruz, de ese mismo sector, fueron interceptados por varias personas armadas, quienes le lanzaron un objeto para que detuviera la marcha y al no hacerlo, dispararon sus armas de fuego sobre los ocupantes del autobús, infiriéndole al señor E. V. B. R., dos heridas que le causaron la muerte y a M. Á. M. L., una herida en el brazo izquierdo, quien en esas condiciones, condujo el autobús hasta la Cruz Roja, en el mismo sector de Chamelecón. Momentos después, Agentes de la Policía Nacional le incautaron al señor J. L. L. S., un arma de fuego marca BERSA modelo Thunder, serie T636810C00410, en buen estado de funcionamiento de la cual, no portaba el permiso de la autoridad respectiva.” Del referido cuadro fáctico se desprende, que el Tribunal Sentenciador ha tenido por establecido que el imputado fue encontrado en posesión ilegal de un arma de fuego marca Bera, modelo Thunder, serie T636810C00410, misma que presenta un buen estado de funcionamiento y sin que éste cuente con el permiso de la autoridad respectiva, pero pese a ello emite una sentencia absolutoria, cuando claramente la norma penal aplicable (artículo 332-B del Código Penal) establece que: “Quien sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionados con ellas”. De la norma supra indicada advertimos, que el primer elemento típico que exige, es “quien sin permiso de la autoridad competente”, permiso que está regulado en el artículo 7 de la Ley de Control de Armas y en el que nos describe las armas permitidas prescribiendo lo siguiente: “Para los efectos de esta ley, se consideran permitidas de conformidad con reglamentación al efecto, las armas defensivas y deportivas siguientes: 1) Armas de puño o cortas: Los revólveres y pistolas semiautomáticas hasta punto cuarenta y cinco pulgadas (45) u once punto cinco milímetros (11.5) de calibre. 2) Las armas de hombro o largas: Fusiles y cabinas de acción mecánica semiautomática, hasta punto trescientas ocho pulgadas de calibre (.308), y 3) Escopetas de acción mecánica el que nos describe las armas permitidas 10, doce (12), dieciséis (16), veinte (20) y punto cuatrocientos diez (.410), siempre que el cañón no sea menor de cuarenta y seis centímetros o dieciocho pulgadas”. Al confrontar los hechos estimados y declarados probados por el juzgador y la normativa citada como infringida por falta de aplicación, se denota sin lugar a dudas, la concurrencia del vicio in iudicando en que se fundamenta este motivo de Casación, pues un arma de fuego marca Bersa, modelo Thunder, serie T636810C00410, decomisada al imputado, la portaba sin el permiso de la autoridad competente y que la misma se encuentra en buen estado de funcionamiento, lo que constituye una vulneración a la norma cita como infringida. En ese orden de ideas, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia ha establecido que: “El Estado de Honduras, para efectos de salvaguardar la seguridad interior, tiene el deber de realizar un estricto control de la posesión y portación de armas de fuego, por ello contempla la imposición de sanciones administrativas (artículos 27-C, 37, 54, 55, 56 y 57 de la Ley de Armas) y de sanciones penales (aplicables con independencia a las sanciones administrativas), para las personas que infrinjan dichos controles. Entre las sanciones penales encontramos en el artículo 332-B que determina que “Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para el uso personal o deportivas (...) incurrirá en una pena de tres a seis años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones (...) Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas (...) las descritas en la ley especial” Así pues, constituyen elementos objetivos del tipo penal: 1) Sujeto Activo: El Sujeto activo es cualquier persona natural, sin necesidad de poseer cualidad alguna; 2) Sujeto Pasivo: Es el Estado de Honduras, como garante y responsable de la Seguridad Interior; 3) Conducta Criminosa centrada en el verbo rector, el cual en el caso de estudio consiste en: fabricar, almacenar, transportar, poseer, usar, suministrar, vender, ingresar o sacar armas o municiones del país de forma lícita (a través del control aduanero) o ilícita; 4) Modalidad Criminosa: entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector y que en el caso de estudio implica: i) La ejecución de cualquiera de los verbos rectores descritos sin tener el permiso vigente expedido por la autoridad correspondiente del Estado de Honduras; ii) Que el arma de fuego tenga la condición de tal, es decir, que consista en algún artefacto o dispositivo construido industrialmente o artesanalmente que permita lanzar proyectiles, aprovechando la fuerza de expansión de los gases de la pólvora; iii) Que el arma sea de aquellas consideradas permitidas (Al referirnos con arma de fuego permitida es en referencia a aquellas armas que el Estado de Honduras permite su comercialización, susceptibles de ser objeto de permiso de posesión y portación) por reunir las características o especificaciones descritas en el artículo 7 de la Ley de Armas. Como elemento subjetivo el tipo penal exige que el sujeto activo realice la acción con dolo, es decir, que se conduzca con el conocimiento de que está realizando alguno de los verbos rectores descritos respecto a un arma de fuego o munición permitido, sin el permiso de la autoridad competente y además que tenga la voluntad de realizarlo… y en el caso in examiné, es claro que el cuadro fáctico plasmado por el sentenciador, cumple con todos estos presupuestos, los cuales se enmarcan en el artículo 332-B del Código Penal, de ahí que debió dictarse una sentencia condenatoria en contra del ahora imputado. Por haberse producido el vicio in iudicando denunciado en el presente motivo, en el mismo acto de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del vicio. Por lo antes expuesto, la Fiscalía solicita se case la sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa citada.” IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. Del Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados es el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia en base a lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el Juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de Recurso por Infracción de Ley o de doctrina legal, se debe de guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de Correspondencia entre los hechos Probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe entenderse como norma sustantiva a toda aquella que defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (Como es el caso de las normas extra penales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas entonces normas con contenido procesal. En conclusión a través del Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia; En este sentido, el Recurso de Casación por Infracción de Ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de Casación por Infracción de Ley. Único Motivo.* Norma Autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal. *Norma que se denuncia Infringida: Artículo 332-B del Código Penal en relación con el artículo 7 de la Ley de control de Armas, Municiones, Explosivos y otros similares. *Concepto de la Infracción: Falta de Aplicación de la norma sustantiva. *Acciones de Saneamiento o Subsanación del Vicio Denunciado: Imposibilidad en virtud de que el vicio se produjo al momento de dictarse la sentencia. *Pretensión: Que se case la sentencia. Establece la recurrente que del referido cuadro factico se desprende, que el tribunal sentenciador ha tenido por establecido que el imputado fue encontrado en posesión ilegal de un arma de fuego, marca Bera, Modelo Thunder, Seri T636810C00410, misma que presenta un buen estado de funcionamiento y sin que éste cuente con el permiso de la autoridad respectiva, pero pese a ello emite una sentencia absolutoria, cuando claramente la norma penal aplicable del artículo 332-B del Código Penal establece: “ Quién sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivas comerciales, incurrirá en una pena de tres años(3) a seis(6) años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionados con ellas “. De la norma supraindicada advertimos, que el primer elemento típico que exige, es “quien sin permiso de la autoridad competente”, permiso que está regulado en el artículo 7 de la Ley de Control de Armas, que describe las armas permitidas. Clasificación de las Armas de Fuego (Lícitas e Ilícitas, de Guerra o de Uso Personal). El Ministerio Público establece que a partir de la derogatoria del Decreto No. 101-2003, Publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 30,133 de fecha 11 de Julio de 2003, cada vez más se ha presentado la división de criterios en cuanto a la tipificación de la fabricación, tenencia, uso, transporte, compra y venta de armas de fabricación casera; Así pues en algunos Tribunales de la República han señalado que no existe tipificación en cuanto a esa conducta, otros señalan que se encuentra tipificado en el artículo 332-A y otros en el Artículo 332-B.- Sin embargo tal dilema ya ha sido resuelto por esta Sala de lo Penal, pues en los Fallos No. No. 336-2015 No. 409-2015 y No. 473-2015, todos del 28 de Julio de 2016, se ha fijado ya doctrina legal al respecto. Recordemos que la Convención Interamericana Contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados, define como "Armas de fuego" a cualquier arma que conste de por lo menos un cañón por el cual una bala o proyectil puede ser descargado por la acción de un explosivo y que haya sido diseñada para ello o pueda convertirse fácilmente para tal efecto, excepto las armas antiguas fabricadas antes del siglo XX o sus réplicas. Mediante la Convención referida los Estados, entre ellos Honduras, se comprometieron a comercializar armas de fuego que tengan el marcaje adecuado del nombre del fabricante, lugar de fabricación y número de serie y, además, marcaje de importación que incluya nombre y dirección del importador; También a que las armas destinadas para uso oficial contengan el Marcaje adecuado que las identifique. Por su parte el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, define como “fabricación ilícita” de armas la fabricación o montajes de armas de fuego a partir de piezas y/o componentes que hayan sido objeto de tráfico ilícito, o cuando se realice la fabricación o montaje sin contar con la licencia o autorización de una autoridad competente del Estado o aquellas armas que al momento de su fabricación no fueren objeto de marcaje. Considera esta Sala de lo penal que la diversidad de calificativos que proporciona las leyes en relación a las armas de fuego no obedece a una acertada técnica legislativa, así pues las normas legales usan los conceptos de armas comerciales, armas personales, armas deportivas, armas prohibidas y armas de guerra, lo que obliga hacer la respectiva distinción.- El artículo 7 de la Ley de Armas hace una enumeración de “armas permitidas por la ley”, entendiéndose como tales a aquellas armas que la ley autoriza su comercio, pudiendo adquirirse, regalarse, venderse, importarse, exportarse, trasportarse, almacenarse, poseerse o usarse, siempre que ello sea previamente autorizado por autoridad competente en base a ley. Por otra parte, el Artículo 8 de la Ley de Armas, hace una enumeración de las armas que se consideran “prohibidas”, es decir aquellas cuyo comercio no es permitido. En resumen, las normas citadas, haciendo una enumeración, regulan las armas de comercio lícito y las armas de comercio ilícito. La Ley de Armas no señala que debe entenderse o cuales son las armas de uso personal, armas deportivas o armas de guerra, que son los términos que utilizan los artículos 332-A y 332-B. Tampoco podría afirmarse que las armas enumeradas en el artículo 7 de la Ley de Armas son aquellas que deben de considerarse como de uso personal o deportivas y las enumeradas en el artículo 8 las de guerra, puesto en uno y otro artículo se aprecian armas de diferentes naturaleza; Véase que las especificaciones que realiza el artículo 7 de las armas de puño o cortas, armas de hombro o largas y armas de mecánica o semi automática, pueden ser tanto armas de uso personal como armas deportivas; A su vez algunas de las armas descritas en el artículo 8 no son de guerra, como ser las armas de fantasía y las armas de fabricación casera. En resumen, son armas permitidas y por lo tanto cuyo comercio es lícito las descritas en el artículo 7 de la Ley de Armas; y son armas prohibidas, cuyo comercio no es lícito, no solo aquellas enumeradas en el artículo 8, sino todas aquellas cuyas especificaciones no responden a las descritas en el artículo 7. Lo anterior son conclusiones que nos permiten aplicar la Ley de Armas en el ámbito administrativo, más no contribuye a fijar definiciones de los conceptos usados por el Legislador en el área penal.-Como principio, fuera de los muros del derecho penal, toda arma de fuego puede ser usada en la guerra (conflicto bélico entre países o entre grupos de personas de un Estado), ya sea que su comercio sea lícito o ilícito; Igualmente toda arma de fuego puede ser destinada para uso personal, entendiéndose como tal aquel uso que realiza una persona en su vida cotidiana, sin importar que ésta sea lícito o ilícito comercio; y finalmente toda arma puede ser usada para realizar el deporte de la cacería, ya sea lícita o ilícita.- Estas afirmaciones, a pesar de ser ciertas en términos generales, no pueden llevarse al derecho penal cuando se trata de hacer la diferenciación entre las conductas que sanciona el artículo 332-A y el 332-B del Código Penal y que se relacionan con armas de fuego, puesto que no resuelven nada el dilema de la tipificación por confusión de términos. Por ello el calificativo de “arma de uso personal”, “arma deportiva” y “arma de guerra”, debe de basarse en aspectos objetivos del arma de fuego que permitan su diferenciación, aspectos que debemos extraer de la Ley, a saber: 1).-Armas de Guerra: El artículo 332-A, tipifica el delito el de “Fabricación y Tráfico de material de Guerra, Armas y Municiones”, cuyo contenido es: “La persona no autorizada que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda Armas, municiones, explosivos o material de guerra o de combate, incluidas en estas últimas las armas AK-47 en cualquiera de sus modelos, será sancionada con la pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (L. 5, 000.00) a diez mil (L. 10,000.00) lempiras.- La Policía Nacional o cualquier otra autoridad que decomise ese material lo pondrá de inmediato a disposición del Ministerio Público.”.- El artículo citado nada dice de cuáles son las armas que deben de ser consideradas de Guerra, salvo la referencia a las armas AK-47 en cualquiera de sus modelos, tampoco la Ley de Armas hace alguna referencia de ellas; Por consiguiente debemos de remitirnos a la Convención Interamericana Sobre Transparencia en Las Adquisiciones De Armas Convencionales, en cuyo Anexo I proporciona un listado de armas convencionales objeto de regulación, además a la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonales y su Destrucción, al Protocolo sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Minas, Armas y Otros Artefactos, al Protocolo Sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Armas Incendiarias, al Protocolo sobre Armas Láser Cegadoras, Protocolo sobre Fragmentos no Localizables, la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxicas y sobre su Destrucción, la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y su Destrucción y el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Como consecuencia y conforme al Artículo 332-A del Código Penal, cualquier persona no autorizada por el Estado de Honduras, que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda algunas de las armas enumeradas en los instrumentos internacionales citados, sus componentes o municiones, será sancionado con la pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (L. 5, 000.00) a diez mil (L. 10,000.00) lempiras; particularmente, la fabricación, puede ser industrialmente (mediante el uso de mecanismos automático o semi automático, para fabricación y/o ensamblaje de piezas) o artesanalmente (mediante la manufacturación de piezas o ensamblaje manual, o con ayuda de herramientas usadas manualmente). 2).- Armas de Uso Personal.- El artículo 332-B del Código Penal establece como título del delito la “Fabricación y Tráfico de Armas de Fuego y Municiones comerciales, de Defensa Personal o Deportivas y Explosivos Comerciales”, sin embargo al remitirnos al contenido del tipo penal, al supuesto elegido por el legislador y que es objeto de reproche, no se habla de armas comerciales, sino de armas personales, armas de defensa, armas deportivas y de explosivos comerciales (no armas comerciales), por lo tanto hay una discrepancia entre el título del tipo penal y su contenido, debiendo asirnos al contenido, puesto que éste es el ámbito situacional que sanciona el legislador.- Señala el tipo penal: “Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión sin perjuicio del comiso de dicha armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionados con ellas.- Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas, municiones, explosivos y similares, las descritas en la ley especial.”. El tipo penal está construido en dos párrafos, el primero identifica como el objeto del delito las armas de uso personal y las armas deportivas, entretanto en el segundo párrafo señala que la ley especial, definirá cuales son las armas de uso personal, las armas de defensa y las armas deportivas; El problema con esta enumeración es que las armas de uso personal pueden ser para propósitos de defensa o para propósitos deportivos, por lo que la clasificación hecha por el legislador es incorrecta al hacer diferencia entre armas de uso personal y armas deportivas cuando las últimas son parte del conjunto que integran las primeras.- Es importante también acotar que la remisión a una ley especial convierte a la norma en un tipo penal en blanco, sin embargo al no mencionar a que ley especial se refiere, debemos entender que puede ser cualquier ley que regule las conductas relacionadas con las armas de fuego, ello incluye los Tratados y Convenios Internacionales que forman parte del derecho interno hondureño; Por otro lado es de subrayar que en el segundo párrafo se habla de armas de defensa, mismo que no es parte del supuesto que contempla el primer párrafo como objeto del delito. Para efectos diferenciadores, debemos entender como arma de uso personal todas aquellas destinadas para un fin distinto a la guerra y que ya hemos enumerado en el apartado anterior. - Como se ha señalado ya, las armas de uso personal pueden tener propósitos de defensa o propósitos deportivos (cacería); Entre las armas de uso personal están aquellas de comercio lícito o aquellas de comercio ilícito, siendo las primeras objeto de permiso mientras que las segundas no. Las armas de uso personal de comercio lícito están descritas en el artículo 7 de la Ley de Armas, entendiéndose (por concepto negativo) que todas aquellas que reúnan especificaciones distintas a las señaladas en la norma citada se consideran armas de uso personal de comercio ilícito. Además, se consideran armas de uso personal de comercio ilícito las descritas en los numerales 1 (Armas automáticas), 2 (Armas de Fabricación Casera o Artesanal) y 5 (Armas de Fantasía) del artículo 8 de la Ley de armas, mismas que no podemos considerar armas de guerra, dada su naturaleza y poder ofensivo, pero que si son proscritas por el peligro que representan: • Las armas automáticas como consecuencia del mecanismo de disparo; • Las armas de fabricación casera o artesanal, por la imposibilidad del Estado de Honduras de llevar su registro y control; • Las armas de fantasía, al tener una apariencia inocua que pueden hacerlas pasar inadvertidas. Incurrirán en el delito tipificado en el artículo 332-B, las personas que fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego para uso personal, con propósitos de defensa o propósitos deportivos, cuando: • No se cuente con la autorización de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública, en el caso de que su comercio sea lícito; o • Se trate de armas de comercio ilícito, del que en ningún caso se podrá contar con autorización de autoridad competente. DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO: EL RECURSO ES DE RECIBO: Esta Sala de lo Penal es del criterio que cuando la persona sorprendida en posesión de un arma de fuego comercial sin el respectivo permiso de portación, estén o no vigente algún decreto legislativo, es requisito indispensable que durante la detención el acusado, debe demostrar la existencia de actos tendientes a registrar o entregar el arma, según sea el caso, es decir que la acción del imputado no deje dudas que tuvo la intención dirigida registrarla o entregar el arma de fuego a la autoridad administrativa, pues el espíritu de la creación de los decretos legislativos es para dar tiempo a las personas de presentar la documentación necesaria para la inscripción del arma, no para que cometieran acciones tipificadas como delitos en las leyes penales. En el caso subjúdice, se establece que al imputado J. L. L. S. el martes siete de enero de dos mi catorce, a eso de las seis de la tarde la Policía Nacional le incautó un arma de fuego, marca BERSA, Modelo Thunder, Serie T636810C00410, en buen estado de funcionamiento de la cual, no portaba el permiso de la autoridad respectiva.” (hechos probados). De lo anterior es opinión de esta sala que procede destacar lo siguiente: 1. Conforme al hecho probado, queda establecido que fue al Señor J. L. L. S., a la persona que la Policía Nacional, le encontró y consecuentemente le decomisó un arma de fuego, marca BERSA, Modelo Thunder, Serie T636810C00410. 2. Que, de acuerdo al hecho probado, el cual es producto de la prueba evacuada durante el juicio, quedo establecido que el decomiso del arma se produjo a las seis de la tarde. 3. Los actos tendientes a registrar o entregar el arma, implican una voluntad del poseedor del arma de dirigirse al correspondiente registro balístico para materializar el registro del arma; sin embargo, estas acciones sólo podrán ser realizadas en los días y horas en que funcionan estos registros. Es evidente que, a las seis de la tarde, no es posible realizar ninguna gestión dirigida a registrar o entregar el arma. De acuerdo a lo anterior, es opinión de esta Sala que el cuadro fáctico plasmado por el A quo en los hechos probados de la sentencia, da por establecido que el señor J. L. L. S. fue encontrado en posesión de un arma de fuego comercial, sin el permiso de la autoridad respectiva, hechos éstos que cumplen con los presupuestos del tipo penal contenido en el artículo 332-B del Código Penal, por otro lado no existe acreditado que el imputado hubiere ejecutado actos, acciones o gestiones tendientes al registro o entrega del arma, en consecuencia debió dictarse una sentencia condenatoria, por haberse ajustado el hecho ejecutado por el imputado en el tipo penal prescrito en la norma y no existir acreditadas circunstancias que excluyan la responsabilidad del imputado. VI. DECISIÓN. Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley, en su único motivo. VI. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 360, del Código Procesal Penal; FALLA: PRIMERO: DECLARA PARCIALMENTE HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por la Abogada C. Z., en su condición de representante del Ministerio Público. SEGUNDO: CASA PARCIALMENTE LA SENTENCIA de recurrida., en el siguiente sentido: I) Condenar al señor J. L. L. S. a la pena de Tres (3) años de reclusión por el delito de Portación Ilegal de Armas en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, como penal principal, más las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil; II) Mantener incólume la sentencia absolutoria a favor del señor J. L. L. S. acusado por los delitos de Asesinato y de Homicidio en su grado de ejecución de tentativa, en perjuicio de E. V. B. R., M. Á. M. L. y la seguridad Interior del Estado de Honduras, Y MANDA: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. Magistrado Coordinador. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. Magistrado. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. Magistrada. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. Receptora Adscrita. Sala de lo Penal.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de agosto del año dos mil diecinueve. Certificación de la Sentencia de fecha veinticinco de junio del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-181-2016.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
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