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Sentencia CP-178-15 — Registro 9882

Resumen

En primera instancia se absolvió al imputado por el delito de actos de lujuria o abusos deshonestos.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...De la Procedencia del Recurso. EL PRIMER MOTIVO ES DE RECIBO. Al analizar el primer motivo de casación por quebrantamiento de forma, se verifica que el censor centra su reproche recursivo por haber excluido el sentenciador el medio de prueba pericial consistente en el dictamen de serología genética de comparación de ADN, el cual fue considerado por el Tribunal de Sentencia como un medio de prueba prohibido. La razón por la cual el Tribunal de Sentencia adoptó esta resolución fue porque “…no se documentó el acto y no se determinó quien fue el responsable de la recolección o toma de las muestras de sangre extraídas a M. y a H., y en tal sentido, al ser preguntada la doctora –D. P.- si ella fue quien practicó la extracción de muestra de sangre a H., dijo no recordar…” Sobre esta cuestión, se constata en la foliada judicial que a solicitud del Ministerio Público, el Juzgado de Letras Departamental de la ciudad de Roatán, departamento de Islas de la Bahía, resolvió, mediante providencia de fecha cuatro de mayo de dos mil doce, nombrar a la perito forense A. G. R., para que realizara la extracción de muestras de sangre al imputado H. R. G. H., para su posterior comparación genética y de ADN que estaría a cargo de la perito D. P., quien también sería nombrada para cumplir con su cometido. A tal efecto, se libró la respectiva comunicación al Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, para que procediera a la juramentación del perito G. R., quien aceptó su nombramiento en fecha veintiuno de junio de dos mil doce, según consta en acta que corre agregada a folio 178 de la primera pieza de instancia. De igual forma, ordenó librar comunicación al Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, a efecto de juramentar al perito D. P., misma que aceptó su nombramiento en fecha cuatro de junio de dos mil doce, según consta en acta de aceptación que corre agregada a folio 170. El Tribunal de Sentencia cuestiona la realización del dictamen de serología genética de comparación de ADN, porque no se acreditó en juicio por el ente acusador, cómo se obtuvo la muestra de sangre del acusado H. R. G. H., arguye que no compareció a juicio la persona encargada de obtener la muestra, no se documentó el acto de recolección, no se presentaron fotografías o videos del acto de recolección, tampoco fueron presentadas las cadenas de custodia, y por tanto, desconoce el origen al no haberse acreditado la recolección, conservación, custodia y manejo de la evidencia, y que por esta razón, no la considera apta para otorgarle juicio de autenticidad y originalidad. Lo anterior lo analiza desde la perspectiva del debido proceso contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República, 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y el 14.1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. El censor, por su parte, arguye, que la extracción de sangre del acusado estaba autorizada en sede judicial -contaba con el control jurisdiccional- y por tanto no es prueba prohibida y no debe ser excluida de la valoración. No es objeto de controversia el que la perito A. G. R., estaba o no autorizada en sede judicial para realizar la extracción de muestras de sangre del acusado H. R. G. H.; lo que cuestiona el Tribunal de Sentencia, es que la extracción en mención no se sabe quién la hizo, ni en qué fecha, ni en qué condiciones, ni si quiera sabe en realidad si la muestra llevada a juicio pertenece o no al acusado y que por esa razón, se constituye en prueba prohibida y debe excluirse de la valoración. La circunstancia en virtud de la cual se excluyó indebidamente el elemento probatorio, se trata, en todo caso, de un problema de fiabilidad de la prueba y no de utilizabilidad; esto no supone su invalidez o exclusión, sino, a lo más, debilita su fiabilidad hasta llegar incluso a aniquilarla. No se acreditó que con la recolección de este medio de prueba se haya vulnerado un derecho fundamental del acusado o quebrantado una garantía constitucional como lo prescribe el artículo 200 del Código Procesal Penal. Existen garantías básicas e irrenunciables, como ser el derecho a no declarar contra sí mismo, contradicción, defensa; su afectación inutiliza toda la actividad procesal contaminada. En cambio, otras garantías se mueven más en el plano legal y no constitucional o convencional, como ser la correspondiente cadena de custodia, la prestación de juramento del testigo antes de rendir su testimonio, o que los testigos no puedan comunicarse entre sí ni con terceras personas antes de rendir sus declaraciones; su incumplimiento es, desde luego, reprochable, puede afectar su fiabilidad, pero no puede alcanzar las elefantiásicas consecuencias de aniquilar y excluirla de la valoración probatoria como lo concluye el Tribunal de Sentencia. Con anterioridad esta Sala de lo Penal ha sostenido el argumento de que la cadena de custodia no es un fin en sí mismo, sino que es un instrumento de trabajo, que busca preservar la prueba garantizando los derechos del imputado, debiendo ser sometida su impugnación a las reglas de la sana critica (Ver sentencia de fecha veintiséis de abril de dos mil seis, recaída en el expediente CP31805). Es ante este escenario que se aprecia por parte de la Sala de lo Penal, la exclusión indebida del medio de prueba consistente en el dictamen de dictamen de serología genética de comparación de ADN, ya que el Tribunal de Sentencia en todo caso estaba obligado a hacer un juicio de valoración acerca de la fiabilidad del dictamen en cuestión, valorarlo de conformidad a las reglas de la sana crítica y ponderar si las circunstancias puestas de manifiesto lo hacen merecedor de credibilidad, más no conlleva a expulsarlo como material probatorio válido al no haberse acreditado la transgresión de alguno de los presupuestos contemplados en el artículo 200 del Código Procesal Penal. Por lo expuesto deviene procedente el primer motivo de casación por quebrantamiento de forma..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veinte de febrero del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a veinte de febrero de dos mil diecinueve, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el expediente SP178-2015, conociendo del recurso de casación por quebrantamiento de forma, interpuesto contra la sentencia de fecha cinco de enero del año dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de la Ceiba, Atlántida, mediante la cual falló: Primero: Absolver por falta de pruebas al justiciable H. R. G. H., por un posible delito de actos de lujuria o abusos deshonestos en perjuicio de M. B. Segundo: No procede condenar en costas al Ministerio Público. Interpuso el recurso de casación por quebrantamiento de forma, la Abogada L. P., fiscal del Ministerio Público. Son partes en única instancia: La abogada Y. M. M. L., fiscal del Ministerio Público, como recurrente; y, el Abogado L. E. M. B., apoderado defensor del señor H. R. G. H., como recurrida. II. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “El Tribunal valorando conjuntamente las pruebas practicadas en el juicio de conformidad a las reglas de la sana crítica, declara y expresa y terminantemente probado el hecho siguiente: Único: M. B. compareció, en fecha 03.08.2011, al consultorio médico Diagnóstico G. V., sitio en el cubículo No. 5 del edificio Colvys de barrio el Ticket de Coxen Hole, Roatán, Islas de la Bahía, siendo atendida por el doctor H. G. a las 12m, quien le practicó citología vaginal y un ultrasonido abdominal.” III. RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOSY ARGUMENTOS. La recurrente, la Abogada L. P., fiscal del Ministerio Público, procedió a formalizar su recurso de casación por quebrantamiento de forma de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN.PRIMER MOTIVO: Haber Excluido el sentenciador una prueba de valor decisivo en la litis. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO Previo a desarrollar el presente motivo, resulta de transcendencia explicar en qué consiste el vicio supra referido, en este sentido, la Sala de Lo Penal a través de fallo de fecha 4 de Febrero del año 2013 (SP 90-2011), en relación a la exclusión de prueba de valor decisivo ha expresado lo siguiente: “...El motivo invocado resulta en concreto de dos hipótesis, el primero (exclusión de prueba) supone un rechazo expreso sin esperar las razones de esa decisión o bien se le considere ilícita sin serlo...” posición que este respaldada por el fallo de fecha 27 de enero del año 2011 recaído en el recurso de Casación Penal S.P No 322-2009. (Lo resaltado es nuestro) Pero al examinar la sentencia censurada así como las probanzas que sirvieron de fundamento, se concluye claramente que el Tribunal de Sentencia recurrido excluyó prueba de VALOR DECISIVO como ser el Dictamen de Genética Forense de comparación de ADN, al dementar la magnitud de tal probanza, por considerar que en el análisis de ADN del perfil genético del acusado H. R. G., no se acreditó la legalidad de la extracción de muestras de sangre, en consecuencia dicha ilegalidad se extiende al Dictamen de Genética Forense emitido por la Doctora D. P.; al respecto se hace necesario señalar que dicha valoración carece de sustento procesal, en virtud de que en fecha cuatro de mayo del año dos mil doce, el Juzgado de Letras Departamental de Islas de La Bahía, libró comunicación al Juzgado de Letras de la ciudad de San Pedro Sula, a fin de proceder a la juramentación del Perito respectivo y realizar la extracción de muestras de sangre al acusado; la comunicación supra indicada literalmente señala lo siguiente. “JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHÍA. COMUNICACIÓN. EXP.141-2011. ABOG. SILVERIO FLORES GARCÍA, Juez de Letras Departamental, Roatán, Islas de la Bahía; al señor Juez de Letras de San Pedro Sula, departamento de Cortés, HACE SABER: Que en el requerimiento fiscal presentado en contra del señor H. R. G. H., por suponerlo responsable del delito de ESTUPRO, en perjuicio de M. B., se encuentra el auto que en su parte conducente dice: JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL. - Roatán, Islas de la Bahía, a los cuatro días del mes de mayo del año dos mil doce. Admítase el escrito que antecede, agréguese a sus antecedentes y como se pide, con las inserciones necesarias del caso líbrese segunda comunicación al juzgado de Letras de San Pedro Sula, departamento de Cortés, a fin de que juramente a la Perito Forense doctora A. G., para que realice la extracción de Muestras de sangre al imputado H. R. G. H., para posterior comparación y ADN, por medio del funcionario respectivo cítese en legal y debida forma a la Doctora A. G., quien para efectos de citación puede ser ubicada en los Laboratorios de Medicina Forense del Ministerio Público de San Pedro Sula... NOTIFIQUESE. FIRMA Y SELLO. -...” (Lo resaltado es nuestro). Pero pese a ello, el Tribunal Sentenciador valoró el dictamen de Genética Forense de la siguiente manera: “...De conformidad al precitado artículo se contempla que la ineficacia probatoria se extiende, no solo al acto mismo del infractor de los derechos y garantías fundamentales, también a las consecuencias que derivan de los actos o hechos que vulneran derechos y garantías constitucionales, que en la doctrina se conoce como la teoría del fruto del árbol envenenado. Al tenor de esta consideración se apreció que siendo consecuencia el análisis de ADN de perfil genético supra mencionado de la extracción de muestras de sangre de H. G. y no habiéndose acreditado la legalidad del acto de tal extracción, se considera en consecuencia que la ilegalidad se extiende al dictamen... emitido por la doctora D. P. y en consecuencia carece de valor y eficacia y se le debe excluir del acervo probatorio” Durante el debate, compareció la Doctora D. P., en su condición de Perito Forense, en relación al análisis del perfil genético del acusado H. R. G., quien refirió que encontró el perfil genético del señor H. R. G. y que para obtener ese resultado se utilizó el indicio del blúmer de la víctima y luego se hace la comparación con las extracciones del acusado; no encontró perfil genético que pudiera excluirle y ante interrogante de uno de los miembros del Tribunal de Sentencia dijo no tener a la vista la cadena de custodia, pero que el Laboratorio de Medicina Forense se encontraba autorizado para extraer las muestras, tal y como se acredita con la resolución descrita en la comunicación de fecha cuatro de mayo del año dos mil doce, librada por el Juzgado de Letras Departamental de Roatán al Juzgado de Letras de San Pedro Sula, considerando que es una segunda comunicación y es la que cumplimenta lo ordenado en relación a la extracción de muestras de sangre al acusado para comparación de perfil genético con el indicio encontrado en el blúmer de la señora M. C. y remitido para tal efecto a los Laboratorios de Medicina Forense, en tal sentido dicha diligencia se hizo bajo control jurisdiccional, lo cual le da validez y eficacia probatoria al Dictamen de Genética Forense de comparación de ADN del señor H. R. G., en el cual su perfil genético no fue excluido, es decir, que la muestra encontrada en el ropa interior de la víctima pertenece al ahora imputado. Así las cosas, resulta evidente el grave error de hecho en que incurrió el Tribunal sentenciador al excluir en toda su dimensión el dictamen de Genética Forense de ADN del acusado, el cual resultó ser positivo en relación a la comparación que se hiciera de extracción de sangre del mismo con el indicio encontrado en el blúmer de la señora M. B., diligencia que como ya se indicó fue debidamente autorizada por el órgano jurisdiccional en la etapa preparatoria del proceso y que el Tribunal de Sentencia consideró ilícita conforme al artículo 200 del Código Procesal Penal, aspecto que es desvirtuado por la comunicación de fecha cuatro de mayo del año dos mil doce, del Juzgado de Letras Departamental de Roatán, Islas de la Bahía al Juzgado de Letras de San Pedro Sula, Cortés; en consecuencia se acredita la legitimidad de la misma y por ende al no ser considerada lícita en los extremos descritos en los fallos antes señalados se excluyó su valor probatorio que es decisivo en el presente proceso. Conforme a lo expuesto se concluye, que, si los señores Jueces del Tribunal recurrido hubieren apreciado la prueba citada, inequívocamente habrían determinado que el encausado señor H. R. G. H., era responsable del delito de Actos de Lujuria, cometido en perjuicio de M. B., como se ha dejado demostrado. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el mismo acto de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del vicio. SEGUNDO MOTIVO: “Inobservancia a las reglas de la Sana Crítica”. PRECEPTOS AUTORIZANTES: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 3 del Artículo 362 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Invocamos que la sentencia ya referida adolece de vicio, pues se infringe el artículo 202 del Código Procesal Penal, que establece: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la Sana Crítica. El órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”. En el caso que nos ocupa, el Juzgador al momento de dictar sentencia absolutoria en fecha cinco (5) de enero del 2015, respecto al imputado H. R. G., lo hizo incurriendo en violación a las reglas de la Sana Crítica; vulnerando la regla Lógica de Derivación, específicamente el postulado de razón suficiente en su característica de suficiencia, en la manera que a continuación desarrollamos: Se presentaron los siguientes medios de prueba: Prueba testifical: Declaración de los testigos: 1.- M. B., (en su condición de ofendida), quien manifestó que el día de los hechos fue a la clínica del acusado, porque se estaba sintiendo mal de un dolor en el vientre y llegó a las ocho de la mañana, pero a las doce del día fue su turno; y la secretaria la mandó a orinar; cuando entró a la consulta con el acusado le prepararon la camilla y se acostó, a los minutos entró éste y la quedó viendo y le dijo que si la conocía y ella le respondió que sí, que hacía tres años había ido, le comenzó hacer la citología y le dijo que tenía una bonita vulva y se la frotó en el centro, luego le dijo que tenía inflamada la matriz y le dijo que le pondría una crema y le dio un beso en la vulva y se limpió con una servilleta, en ese momento cerró las piernas y gritó, pero ahí es cerrado y nadie la escuchó, después le agarró la pierna y le dijo que le faltaba el ultrasonido y cuando se lo hizo la agarró, le dio un beso y le introducía la lengua que hasta nauseas le dio cuando lo recuerda; al salir de la clínica le llevó el resultado a la secretaria y después se fue a los medios de comunicación y llamó a don R., quien le dijo que denunciara esos hechos ante la fiscalía. (Lo resaltado es nuestro). Prueba pericial: 1.- Dictamen de evaluación física, de fecha 3 de agosto del 2011; realizado y ratificado en juicio por el Doctor A. M. E.; sobre la evaluación realizada a M. B., en el que el perito señaló que los hechos fueron a las doce horas y él la evaluó a las quince horas; que tomó muestras en área vaginal de la víctima y muestras de sangre y se detectó presencia de semen en las prendas de vestir de la ofendida, la prenda de vestir era un blúmer y se remitió a la Fiscalía para ser enviado con su cadena de custodia al Laboratorio de Serología Forense. El Consultor Técnico, Doctor A. Á. R. dijo que cuando se hace una citología no hay contacto visual entre la paciente y el médico, de tal manera que, si éste toca con un guante las partes íntimas de la paciente, no sabe si lo está haciendo con los dedos o los labios. (Lo resaltado es nuestro). 2.- Dictamen de Serología Forense número 58363284, de fecha diecinueve (19) de septiembre del año dos mil once (2011), emitido por la Licenciada en Microbiología A. G., en su condición de Perito, en el cual se estableció la presencia de semen en el blúmer de la ofendida. 3.- Dictamen de Genética Forense de comparación de ADN de fecha diez (10) de octubre del año dos mil doce (2012), realizado y ratificado en juicio por la Doctora D. P., en el que se realizó comparación entre el indicio encontrado en el blúmer de la señora M. B. y la extracción realizada al imputado, encontrándose el perfil genético del señor H. R. P. 4.- Dictamen Psicológico Forense, de fecha doce (12) de agosto del año (2012), realizado y rarificado en juicio por la Perito L. M. D.; a M. B.; en el que se describe que la ofendida posee una baja habilidad mental y se le describe como una persona emocionalmente estable, a la vez manifiesta dependencia y sumisión. 5.- Dictamen psiquiátrico Forense, de fecha once (11) de agosto del año dos mil once (2011), realizado y ratificado en juicio por el Doctor L. G.; a la ofendida M. B., en el cual se indica que la evaluada no se le encontró desde el punto de vista emocional o mental sintomatología clínicamente observable que alterara su juicio de realidad, señalando el Perito que eso significa que la persona está lúcida y consiente, que fue evaluada ocho días después de los hechos, no puede encontrarse un estrés postraumático antes del mes; el estrés depende de la personalidad del individuo y otro depende del evento. (Lo resaltado es nuestro). Prueba Documental: 1.- Acta de Inspección Ocular de fecha tres de agosto del año dos mil once, a la clínica del Doctor H. R. G. H., realizada y ratificada en juicio por el agente de investigación Samuel Elías Aguilar Sauceda. 2.- Acta de decomiso de evidencia de fecha tres (3) de agosto del año dos mil once (2011), ratificada por el agente de investigación S. E. A. S. 3.- Acta de diligencia policial de fecha tres (3) de agosto del año dos mil once (2011), redactada y reconocida en juicio por el agente de investigación B. J. C. Evidencia consistente en un blúmer color negro; una lámina de vidrio en la cual se depositaron muestras biológicas de citología; una bata médica color verde; una sobre funda de tela de color verde; un cubre colchón de tela color verde; un pedazo de plástico color negro; la evidencia descrita se encontraba en sobre de Manila firmando y sellado y con su respectiva cadena de custodia El sentenciador en el último apartado de la valoración de la prueba señala lo siguiente: “La prueba examinada en la vista pública no tuvo el carácter de actividad probatoria mínima de cargo para dar por acreditados los hechos atribuidos y enervar el estado de inocencia del acusado, por cuanto no cumplió con ninguno de los elementos que debe cumplir ésta a saber: a) Que la prueba sea directa o indiciaria; b) Que sea inequívoca, es decir congruente con la pretensión y que resista la confrontación con la prueba de descargo; c) univoca.- que se derive de ella una verdad única; no ambigua, que permita una reconstrucción lógica del pasado y d)...” Ante el cuestionamiento del Sentenciador en relación a la falta de actividad probatoria de cargo, a fin de establecer los hechos imputados; compareció al debate la señora M. B., en su condición de ofendida, quien dijo que el día de los hechos, es decir el día tres de agosto del año dos mil once, asistió a la clínica del Doctor H. R. G., con el objeto de ser evaluada, ya que había tenido un dolor en el vientre; sin embargo, en el momento de realizársele el chequeo el ahora imputado le dijo que tenía una vulva bien bonita y que desde cuando no tenía relaciones sexuales y ella respondió que hacía tres meses, luego le frotó el centro de la vulva y le dio un beso y ella cerró las piernas y gritó, pero nadie la escuchó, luego él se limpió con una servilleta y le dijo que tenía la matriz inflamada y cuando le hizo el ultrasonido la agarró y la besó, introduciéndole la lengua que hasta nauseas le da cuando lo recuerda; por lo que le comunicó lo ocurrido a un comunicador social y éste le dijo que interpusiera la denuncia; en el momento de ser evaluada la ofendida por el Perito Forense A. M. E. detectó semen en el blúmer de ésta, por lo que remitió dicho indicio a fin de ser analizado mediante comparación genética; el extremo de la presencia de semen fue corroborado a través de Dictamen de Serología Forense y es a través de dictamen de comparación genética de ADN, realizado por la Doctora D. P. en su condición de perito forense, que se establece que dicho indicio al ser analizado con la extracción que fuese ordenada al señor H. R. G., no excluye a éste del perfil genético, por ende y como se demostró con la evidencia física y descrita en la respectiva acta de decomiso, la ofendida si se realizó el examen citológico que señaló en su declaración y que el acusado realizó actos impúdicos que no correspondían al ejercicio de su profesión, en relación a la atención que tuvo que haber dado a su paciente, actos que además de lo señalado por la señora M. B. y como bien lo indicó el Consultor Técnico del Ministerio Público, Doctor A. Á. R., que en el momento en que se practica el mencionado examen citológico no hay contacto visual entre paciente y el médico, de tal manera que si éste toca con un guante las partes íntimas de la paciente no sabe si lo está haciendo con los dedos o con los labios, este es el momento que el acusado pudo aprovechar para realizar actos de manipulación en su pene y explica la razón del hallazgo de semen en el blúmer de la ofendida, es preciso señalar que lo vertido por la víctima en relación a que el acusado le frotó y le besó su vulva es previo a éste examen y como bien se aprecia en evaluación psicológica realizada a la señora M. B. por la Perito L. M. D., la víctima es una persona emocionalmente estable y si bien es cierto en el dictamen psiquiátrico forense emitido por el Perito L. G. A., no se encontró en la evaluada desde el punto de vista emocional o mental sintomatología clínicamente observable que alterara su juicio de la realidad; sin embargo el Perito aclaró en juicio que evaluó a la ofendida ocho días después de los hechos y que antes de un mes no se puede hablar de estrés postraumático; por lo que la declaración de la ofendida resulta ser conteste y congruente con los medios de prueba de cargo que fueron evacuados en juicio y por ende en establecer la responsabilidad de la acción imputada al señor H. R. G., por el delito de Actos de Lujuria de conformidad a lo establecido en el artículo 141 del Código Penal. Por todo lo anterior, concluimos que el A quo, en la sentencia vulnera la regla lógica de la Derivación en su postulado de razón suficiente, en su característica de Suficiencia que exige que el proceso intelectivo de valoración de las probanzas se fundamente en una serie de inferencias que se desprendan del contenido de dichas probanzas y cuyo cúmulo indefectiblemente desembocan en una conclusión de absolver o condenar al enjuiciado; pues de la prueba evacuada se desprende que la ofendida M. B. llegó a la clínica del señor H. R. G., con el objeto de recibir atención médica por un problema ginecológico y éste aprovechó el momento de la revisión para realizar actos impúdicos contrarios al ejercicio de su profesión y que sin lugar a dudas se configuran en el delito de Actos de Lujuria tipificado en el artículo 141 del Código Penal. En consecuencia, el Ministerio Público, como recurrente es del firme criterio, que se violentó en todos sus alcances las reglas de la Sana Crítica que le debe merecer al juzgador al momento de valorar la prueba antes señalada, tal y como lo expresa el artículo 202 del Código Procesal Penal, dejando de lado la valoración de prueba de una manera armónica y concatenada; no habiéndose reclamado previamente este vicio, pues se produce en el acto de la sentencia.” IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de casación por quebrantamiento de forma. El proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El recurso de casación por quebrantamiento de las formas procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas fijadas en la ley. Recurso de casación por quebrantamiento de forma interpuesto por la Abogada L. P., fiscal del Ministerio Público. Primer motivo. *Normas autorizantes citadas: Artículo 362.2 del Código Procesal Penal; *Normas procesales que se denuncian infringidas: No determinado por el censor; *Concepto de la infracción: Haber excluido el sentenciador una prueba de valor decisivo; *Acciones de saneamiento: Imposibilidad de reclamo previo pues el vicio consta en la sentencia; *Pretensión: Resolver conforme a ley. Arguye el censor la exclusión de prueba de valor decisivo consistente en el dictamen de genética de comparación de ADN, demerita la magnitud de tal probanza por considerar que no se acreditó la legalidad de la extracción de muestras de sangre del acusado y que dicha ilegalidad se extiende al dictamen de genética forense emitido por la Doctora D. P.; alega el censor que dicha valoración se hace sin sustento procesal, en virtud que el juzgado de letras departamental de Islas de la Bahía, libró comunicación al juzgado de letras de la ciudad de San Pedro Sula, a fin de proceder a la juramentación del perito respectivo y realizar la extracción de muestras de sangre al acusado. Que la perito D. P. al ratificar en juicio su dictamen dijo no tener a la vista la cadena de custodia pero que el Laboratorio de Medicina Forense de San Pedro Sula se encontraba autorizado para extraer las muestras. Considera que si los jueces hubieren apreciado la prueba citada, inequívocamente habrían determinado la culpabilidad del acusado por el delito de actos de lujuria. De la exclusión de prueba de valor decisivo. El Proceso penal es una concatenación de actos interrelacionados entre sí, que tienen como objetivo propiciar un escenario donde el Tribunal de Sentencia, pueda pronunciarse sobre el fondo debatido en estricto respeto del principio de legalidad y del debido proceso. Entre esos actos está el proceso probatorio que va desde la proposición, pasando por la reproducción y finalizando con la valoración de los distintos medios de prueba; este proceso inicia con la celebración de la audiencia de proposición de medios de prueba (artículo 317 del Código Procesal Penal), donde las partes podrán proponer los medios de prueba que tengan a bien, siendo éstos admitidos cuando superen los requisitos de admisibilidad establecidos en la normativa (artículo 199 del Código Procesal Penal), seguidamente, se celebra la audiencia de juicio en donde solo se deben reproducir los medios de prueba que hayan sido previamente admitidos en la audiencia de proposición de medios de prueba (primera parte del artículo 333del Código Procesal Penal) y, como excepción, en la etapa de incidentes del debate (artículo 320 del Código Procesal Penal) o como auto para mejor proveer (segunda parte del artículo 333 del Código Procesal Penal) y finalmente, como resultante del debate, el Tribunal dictará sentencia en donde la totalidad de la prueba reproducida debe ser motivada descriptiva e intelectivamente (artículos 202 y 338.2 del Código Procesal Penal), sin que se pueda considerar otra prueba distinta o dejar de considerar la que formó parte del proceso. Así las cosas, constituye actividad procesal defectuosa cuando el Tribunal de Sentencia irrespete el proceso probatorio, siendo uno de estos vicios el previsto por el Artículo 362.2 del Código Procesal Penal que reprocha cuando en la sentencia indebidamente “se excluya […] alguna prueba de valor decisivo”. Existe Indebida Exclusión de Prueba cuando habiéndose admitido un medio de prueba y reproducido en la audiencia de debate conforme a las reglas procesales, el órgano juzgador en su sentencia, sin dar a conocer ningún razonamiento, le niega todo valor al medio de prueba, es decir, hace mención del medio de prueba pero no externa si el mismo merece crédito o por el contrario carece de fiabilidad; otra forma de exclusión indebida de un medio de prueba es cuando el Tribunal de Sentencia haciendo una incorrecta aplicación de la ley, refuta un medio de prueba como ilícito o no apreciable por falta de cadena de custodia, descartándolo del proceso de valoración, en otras palabras, negándole valor alguno como consecuencia de un desatinado criterio jurídico. La norma procesal además exige para la configuración del vicio que el medio de prueba indebidamente excluido posea un valor decisivo en la emisión del fallo, cuya evaluación en casación se efectúa conforme al método de la Inclusión Hipotética, que consiste en agregar el medio de prueba excluido a la ecuación valorativa, de modo de constatar si con la aportación de los datos de ese medio de prueba el fallo se hubiese afectado en alguno de sus pronunciamientos, de ser así, el medio de prueba es de carácter decisivo, por el contrario, aun cuando la exclusión sea indebida, si su inclusión hipotética no se traduce en la modificación de algunos de los pronunciamientos del fallo, equivale a que el mismo no es de valor decisivo, no dando paso al vicio in procedendo previsto en el artículo 362.2 del Código Procesal Penal. De la Procedencia del Recurso. El primer motivo es de recibo. Al analizar el primer motivo de casación por quebrantamiento de forma, se verifica que el censor centra su reproche recursivo por haber excluido el sentenciador el medio de prueba pericial consistente en el dictamen de serología genética de comparación de ADN, el cual fue considerado por el Tribunal de Sentencia como un medio de prueba prohibido. La razón por la cual el Tribunal de Sentencia adoptó esta resolución fue porque “…no se documentó el acto y no se determinó quien fue el responsable de la recolección o toma de las muestras de sangre extraídas a M. y a H., y en tal sentido, al ser preguntada la doctora –D. P.- si ella fue quien practicó la extracción de muestra de sangre a H., dijo no recordar…” Sobre esta cuestión, se constata en la foliada judicial que a solicitud del Ministerio Público, el Juzgado de Letras Departamental de la ciudad de Roatán, departamento de Islas de la Bahía, resolvió, mediante providencia de fecha cuatro de mayo de dos mil doce, nombrar a la perito forense A. G. R., para que realizara la extracción de muestras de sangre al imputado H. R. G. H., para su posterior comparación genética y de ADN que estaría a cargo de la perito D. P., quien también sería nombrada para cumplir con su cometido. A tal efecto, se libró la respectiva comunicación al Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, para que procediera a la juramentación del perito G. R., quien aceptó su nombramiento en fecha veintiuno de junio de dos mil doce, según consta en acta que corre agregada a folio 178 de la primera pieza de instancia. De igual forma, ordenó librar comunicación al Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, a efecto de juramentar al perito D. P., misma que aceptó su nombramiento en fecha cuatro de junio de dos mil doce, según consta en acta de aceptación que corre agregada a folio 170. El Tribunal de Sentencia cuestiona la realización del dictamen de serología genética de comparación de ADN, porque no se acreditó en juicio por el ente acusador, cómo se obtuvo la muestra de sangre del acusado H. R. G. H., arguye que no compareció a juicio la persona encargada de obtener la muestra, no se documentó el acto de recolección, no se presentaron fotografías o videos del acto de recolección, tampoco fueron presentadas las cadenas de custodia, y por tanto, desconoce el origen al no haberse acreditado la recolección, conservación, custodia y manejo de la evidencia, y que por esta razón, no la considera apta para otorgarle juicio de autenticidad y originalidad. Lo anterior lo analiza desde la perspectiva del debido proceso contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República, 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y el 14.1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. El censor, por su parte, arguye, que la extracción de sangre del acusado estaba autorizada en sede judicial -contaba con el control jurisdiccional- y por tanto no es prueba prohibida y no debe ser excluida de la valoración. No es objeto de controversia el que la perito A. G. R., estaba o no autorizada en sede judicial para realizar la extracción de muestras de sangre del acusado H. R. G. H.; lo que cuestiona el Tribunal de Sentencia, es que la extracción en mención no se sabe quién la hizo, ni en qué fecha, ni en qué condiciones, ni si quiera sabe en realidad si la muestra llevada a juicio pertenece o no al acusado y que por esa razón, se constituye en prueba prohibida y debe excluirse de la valoración. La circunstancia en virtud de la cual se excluyó indebidamente el elemento probatorio, se trata, en todo caso, de un problema de fiabilidad de la prueba y no de utilizabilidad; esto no supone su invalidez o exclusión, sino, a lo más, debilita su fiabilidad hasta llegar incluso a aniquilarla. No se acreditó que con la recolección de este medio de prueba se haya vulnerado un derecho fundamental del acusado o quebrantado una garantía constitucional como lo prescribe el artículo 200 del Código Procesal Penal. Existen garantías básicas e irrenunciables, como ser el derecho a no declarar contra sí mismo, contradicción, defensa; su afectación inutiliza toda la actividad procesal contaminada. En cambio, otras garantías se mueven más en el plano legal y no constitucional o convencional, como ser la correspondiente cadena de custodia, la prestación de juramento del testigo antes de rendir su testimonio, o que los testigos no puedan comunicarse entre sí ni con terceras personas antes de rendir sus declaraciones; su incumplimiento es, desde luego, reprochable, puede afectar su fiabilidad, pero no puede alcanzar las elefantiásicas consecuencias de aniquilar y excluirla de la valoración probatoria como lo concluye el Tribunal de Sentencia. Con anterioridad esta Sala de lo Penal ha sostenido el argumento de que la cadena de custodia no es un fin en sí mismo, sino que es un instrumento de trabajo, que busca preservar la prueba garantizando los derechos del imputado, debiendo ser sometida su impugnación a las reglas de la sana critica (Ver sentencia de fecha veintiséis de abril de dos mil seis, recaída en el expediente CP31805). Es ante este escenario que se aprecia por parte de la Sala de lo Penal, la exclusión indebida del medio de prueba consistente en el dictamen de dictamen de serología genética de comparación de ADN, ya que el Tribunal de Sentencia en todo caso estaba obligado a hacer un juicio de valoración acerca de la fiabilidad del dictamen en cuestión, valorarlo de conformidad a las reglas de la sana crítica y ponderar si las circunstancias puestas de manifiesto lo hacen merecedor de credibilidad, más no conlleva a expulsarlo como material probatorio válido al no haberse acreditado la transgresión de alguno de los presupuestos contemplados en el artículo 200 del Código Procesal Penal. Por lo expuesto deviene procedente el primer motivo de casación por quebrantamiento de forma. Recurso de casación por quebrantamiento de forma interpuesto por la Abogada L. P., fiscal del Ministerio Público. Segundo motivo. *Normas autorizantes citadas: Artículo 362.3 del Código Procesal Penal; *Normas procesales que se denuncian infringidas: Artículo 202 del Código Procesal Penal; *Concepto de la infracción: En la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana critica; *Acciones de saneamiento: Imposibilidad de reclamo previo pues el vicio consta en la sentencia; *Pretensión: Resolver conforme a ley. El censor considera la violación a la regla lógica de derivación en su postulado de razón suficiente en su característica de suficiencia, al concluir que con la declaración de la señora M. B. y la prueba pericial evacuada se alcanza un juicio positivo de culpabilidad en contra del acusado y no absolutorio como indebidamente derivó el Tribunal de Sentencia. Que la psicóloga L. M. D. evaluó a la señora M. B. y concluyó que es una persona estable emocionalmente, y si bien es cierto, en el dictamen psiquiátrico no se encontró en la evaluada desde el punto de vista emocional o mental sintomatología clínicamente observable que alterara su juicio, el perito aclaró en juicio que evaluó a la ofendida ocho días después de los hechos y que antes de un mes no se puede hablar de estrés post traumático. De las reglas de la sana crítica. Esta Sala de lo Penal, considera pertinente recordar que el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el Juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: Íntima Convicción (propio del sistema de juzgamiento por jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias), y la sana crítica; es éste último, el que debe de observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de Sana Critica la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las pruebas en que se apoyen. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia condicional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal). De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Partiendo de la Doctrina Legal sentada por esta Sala de lo Penal, en los fallos de fecha 30 de noviembre del 2001, del Exp 194-2009, de fecha 30 de noviembre del 2011, contenido en el Exp 297-09, de fecha 02 de noviembre del 2011, en el Exp 242-09 y de fecha 30 de noviembre del 2011 que resuelve el caso del Exp 125-2010, componen la Sana Crítica:

  1. Reglas de la experiencia común: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, sin relación alguna con el caso concreto que se juzga, y que se adquieren a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por éste hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a los fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, siendo el antónimo de éstos, los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del Juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá de analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de un fenómeno. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerara el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos el por qué lo considera así; 2) Las reglas de la psicología: Están referidas no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento adquirido respecto del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y, 3) Las reglas de la lógica: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El principio de identidad: Una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”; ii. El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera; iii. El principio de tercero excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La derivación: De este se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando. Exige que el razonamiento deba derivar de elementos auténticos y suficientes para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga. De la Procedencia del segundo motivo. El segundo motivo no es objeto de pronunciamiento. Al haber prosperado el primer motivo de casación y por los efectos que conlleva, se exime el estudio del segundo motivo de casación por quebrantamiento de forma. V. DECISIÓN Ha lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su primer motivo interpuesto por la Abogada L. P., fiscal del Ministerio Público. VI. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y 363 del Código Procesal Penal. FALLA: 1) Declara HA LUGAR el recurso de casación de quebrantamiento de forma, en su primer motivo, interpuesto por la Abogada L. P., fiscal del Ministerio Público; 2) Anula la sentencia de fecha cinco de enero de dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ceiba, Atlántida, y del debate que la pronunció. Y MANDA: 1) Que se repita el debate con jueces diferentes a los que participaron en el anulado; 2) Que, con certificación del presente fallo, se remitan las diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a derecho. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA. RECEPTOR ADSCRITO. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de mayo del año dos mil diecinueve. Certificación de la Sentencia de fecha veinte de febrero del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-178-2015.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

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