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Sentencia CP-176-15 — Registro 9880

Resumen

En primera instancia se condeno a la imputado por el delito de Parricidio en perjuicio de su hijo recién nacido.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...la Procedencia del Recurso. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. El censor denuncia la falta de motivación –no identifica si es insuficiencia o carencia de motivación - no porque el sentenciador no se haya dado a la tarea de valorar descriptiva e intelectivamente en la sentencia la prueba evacuada en sesión de juicio, sino porque considera que los medios de prueba periciales fueron ilegalmente obtenidos y por consiguiente no debieron ser objeto de valoración incriminatoria. Esta Sala de lo Penal reitera en que aún y cuando se excluyera como factor la valoración probatoria de los exámenes periciales, en donde la acusada rinde entrevistas auto incriminatorias ante los peritos, el a quo se ha dado a la tarea de motivar y dar las razones lógicas y suficientes del porqué le merece valor probatorio de carácter incriminatorio la declaración testifical del señor F. A. F., vecino de la madre de la acusada y quien según su relato, pudo dar razones del lugar y las circunstancias en que se encontró el menor, lo cual resultó corroborado para el sentenciador con la declaración de los testigos P. G. M. y L. A. C. Al dictamen de autopsia efectuado a la víctima (recién nacido), el Tribunal de Sentencia le otorgar credibilidad y da por acreditada la causa de muerte: síndrome de distres respiratorio (hemorragia pulmonar y membranas hialinas), como factor probable de la infección generalizada por el abandono sufrido por el bebé. El acta de inspección ocular al lugar del hecho, en la aldea las crucitas, municipio de San Buenaventura, de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil doce, describe que en el área de un predio estaba enterrada una bolsa plástica color gris y en su interior otra bolsa plástica color azul conteniendo manchas de color rojo violáceo, supuesta sangre y restos de coágulos de sangre (aparentemente placenta), lo cual el Tribunal de Sentencia lo considera coincidente con la demás prueba valorada, en especial la de los testigos de cargo y descargo que refieren la existencia en el lugar del hecho de una bolsa plástica donde se encontró al recién nacido. También la misma acusada al hacer uso de su derecho de defensa material, realizada bajo los principios rectores del juicio oral y público, se ubica en tiempo y en espacio abandonando al recién nacido en el lugar en el que horas después fue encontrado por su madre y los vecinos de la zona en las condiciones que le ocasionaron la muerte. En definitiva, se concluye, que el Tribunal de Sentencia motiva suficiente y razonablemente porqué le otorga valor probatorio de carácter incriminatorio a la prueba de cargo y la declaración de la acusada, aun excluyendo la prueba denunciada como ilícita por el recurrente –el dictamen de evaluación médica, dictamen psicológico y social- existen razones de hecho racionales que permiten derivar la participación culpable de la señora C. Y. A. A., en el hecho por el cual ha venido siendo acusada. Por esta razón, deviene declarar no ha lugar el segundo motivo de casación por quebrantamiento de forma..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veinte de febrero del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días de febrero del año dos mil diecinueve, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el expediente SP 176-2015, conociendo del recurso de casación por infracción de precepto constitucional y por quebrantamiento de forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintisiete de noviembre del año dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, mediante la cual falló: Primero: Condenar a la señora C. Y. A. A., como autora responsable de un delito de parricidio en perjuicio de su hijo recién nacido, a la pena principal de treinta años de reclusión, debiéndose descontar el tiempo en que ha permanecido en efectiva prisión preventiva. Segundo: Condenar a la señora C. Y. A. A., a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal, así como también a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario. Tercero: Declarar la responsabilidad civil de C. Y. A. A. Cuarto: No procede la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. Interpuso el recurso de casación por infracción de precepto constitucional y por quebrantamiento de forma, el Abogado J. A. R. B., apoderado defensor de la señora C. Y. A. A.; Son partes en única instancia: La abogada A. R. P., defensora pública, como recurrente; y, La Abogada E. P. B., fiscal del Ministerio Público, como recurrida. II. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA“Este Tribunal declara de manera expresa y terminantemente probado los hechos siguientes: PRIMERO: El día veintidós de noviembre del dos mil doce, en horas de la madrugada, la señora C. Y. A. A., quien se encontraba en casa de su madre la señora R. A., en la aldea Las Crucitas, Municipio de San Buena Ventura, Departamento de Francisco Morazán, dio a luz a un bebé del sexo masculino, a quien una vez nacido procedió a introducirlo en una bolsa plástica y lo fue a colocar a orilla de un potrero, cerca de una quebrada, dejándolo en ese lugar. SEGUNDO: Aproximadamente a las doce del día de esa misma fecha, la señora V. R. A., fue avisada por su hermana E. A. F., quien le dijo que al pasar por las cercanías de la quebrada antes dicha, se escuchaba el llanto de un niño, por lo que la señora V. fue al lugar y encontró que dentro de una bolsa plástica efectivamente estaba un niño, por lo que se dirigió donde el vecino de nombre F. A. F., a pedirle apoyo y contarle del hallazgo, en virtud de lo cual, este señor decide ir a buscar a una partera. TERCERO: La Policía Preventiva del Municipio de San Buena Ventura, recibió una llamada anónima ese mismo día, donde les comunicaban del hallazgo de un recién nacido dentro de una bolsa plástica, en la aldea Las Crucitas, por lo que se apersonaron al lugar del hecho, llegando como a eso de la una de la tarde con cuarenta y cinco minutos, encontrando efectivamente dentro de una bolsa plástica, estaba un recién nacido aún con vida, por lo que procedieron en ese momento con el auxilio de una enfermera que llegó al lugar, a sacarlo de la bolsa y trasladarlo de inmediato al Hospital Materno Infantil, dependencia del Hospital Escuela, donde fue ingresado falleciendo dos días después en dicho Hospital, a consecuencia del daño agudo y severo sufrido en sus pulmones, llamado Distres respiratorio del recién nacido, provocado por haber sido dejado dentro de una bolsa plástica, en un potrero, por su madre la señora C. Y. A. A.” III. RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS. La recurrente, el Abogado J. A. R. B., apoderado defensor de la señora C. Y. A. A., procedió a formalizar su recurso de casación por infracción de precepto constitucional y por quebrantamiento de forma de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA CASACIÓN “RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL”. MOTIVO ÚNICO.- Por valorar prueba auto incriminatoria obtenida de manera ilícita mediante intimación de la detenida sin estar asistida de un profesional del Derecho que haya asumido su defensa y no ser advertida que su deposición seria usada en el proceso penal que se le seguiría. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 361 del Código Procesal Penal. - Norma infringida: Artículo 88 De La Constitución De La República, ubicado en el Titulo III “De La Declaración De Los Derechos y Garantías”; Capítulo II “De Los Derechos Individuales”.- Artículo 8.g de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.- Explicación del motivo: El fallo recurrido infringe la garantía del debido proceso violentando la igualdad de las partes procesales, al basar sus hechos probados en valoración de pruebas obtenidas de manera ilícita, tales son: 1) El Dictamen Psicológico desarrollado por la perito adscrita al Ministerio Público, Licenciada en Psicología P. l. A. (folios 59 al 62 del Exp), misma que en fecha 26 de noviembre de 2012 entrevista a mi defendida, procediendo bajo la falsa persuasión de una ayuda psicológica (emocional) a interrogarla sobre el conocimiento que mi defendida tenia de los hechos relacionados con el hallazgo de un infante abandonado en la Aldea las Crucitas, Municipio de San Buena Aventura, Departamento de Francisco Morazán el día 22 de noviembre de dos mil doce, interrogatorio que se llevó a cabo sin que a C. Y. A. A. se le informara que lo depuesto por ella en ese interrogatorio sería usado en su contra en el proceso penal que se le instruiría posteriormente, y sin que en el desarrollo de su interrogatorio y deposición estuviera asistida por defensa técnica alguna y a la cual tiene derecho toda persona desde el momento mismo de su detención (Artículos: 15 y 101, párrafo segundo, numeral 3 CPP), lo que obviamente colocó a mi impetrante en una posición de desventaja e indefensión frente a la parte acusadora, y por ende a dicha prueba en ineficacia probatoria por ser nula de Derecho, de conformidad al precepto constitucional invocado (Artículo 88 Constitucional); Es de destacar, que ni antes, durante o después del momento de desarrollo de esta prueba ilícita se realizó ninguna otra prueba lícita (válida) que estableciera que el recién nacido encontrado abandonado el 22 de noviembre de 2012 en la Aldea Las Crucitas del Municipio de San Buena Ventura fue parido por C. Y. A. A., mucho menos, la hora del parto, ni las circunstancias de su abandono anteriores al momento en que dicho recién nacido fuera encontrado.- 2) Dictamen de Trabajo Social desarrollado por la perito oficial del Ministerio público Licenciada en Trabajo Social S. A. C. M. (folios 169 al 172 del Exp), en fecha 26 de noviembre de 2012, en el cual se procedió a interrogar a mi defendida a petición del Ministerio Público y que C. Y. A. A. en el apartado señalado como “Historia Social” no advertida del derecho que le asistía a no declarar auto incriminándose, que si decidía declarar lo que dijera iba a ser usado como prueba en el proceso penal que se le seguiría, que debía estar asistida técnicamente por un profesional del derecho de su elección o por un defensor público en su caso, como lo establece expresamente el artículo 15 del Código Procesal Penal, se procedió ilícitamente a tornar su deposición auto incriminatoria sobre el desarrollo de los hechos del 22 de noviembre de 2012, en la cual supuestamente relató con que instrumento cortó el cordón umbilical del recién nacido (tijera), lo metió en una bolsa plástica que estaba a mano y decidió irlo a dejar a un monte. 3) Dictamen preliminar de evaluación médica número 2654-12 desarrollado por la Perito Oficial del Ministerio Público Karla Patricia Acosta Del Cid (folio 31 del Exp), en fecha 26 de noviembre de 2012, quien a petición de la Fiscalía de la Niñez procedió a extraerle sangre venosa a mi defendida con el propósito de verificar prueba de embarazo para comprobar la existencia de un Puerperio temprano, así corno un ultrasonido el cual no se llevó a cabo porque en ese momento se procedió a la detención de C. Y. A. A., según lo relatado en estrados por la Doctora Del C. en su ratificación de pericia, así mismo, estableció que para saber si el bebe abandonado era de mi defendida se tenía que realizar una prueba de ADN, misma que no se realizó.- Honorables Magistrados, es de lato conocimiento en materia jurídica que toda prueba que vulnera garantías constitucionales o derechos fundamentales en su obtención tiene el nombre de prueba ilícita, esta conceptualización recibe una eminente aceptación en la doctrina penal nacional y extranjera que predominantemente identifica al concepto de prueba ilícita con aquella prueba que atenta contra la dignidad de las personas, es decir, contra la dignidad humana. Conceptualización que es compartida por juristas como: Arsenio Oré Guardia; En su Manual de Derecho Procesal Penal, Ed. Alternativas, 2da. Edición, Lima Perú, 1999; José García Falconi, en su Manual de Práctica Procesal Constitucional y Penal, Primera Edición, Quito-Ecuador; Cabe señalar que la citada conceptualización de prueba ilícita o prohibida ha sido la posición jurisprudencial del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo español, puede verse al respecto S. T. C. 11/1984; y el Auto Sala 2da T. S. de 18 de Junio 1992 (R. Ar. 6102) que declara: “Nadie niega en España la imposibilidad constitucional y legal de la valoración de las pruebas obtenidas con infracción de Derechos Fundamentales por la colisión que ellos entrarían con el Derecho a un proceso con todas las garantías y a la igualdad de las partes (arts. 24.2 y 14 CE).- Nuestra Constitución de la República, siendo nuestro país un Estado de Derecho, las garantías Constitucionales cobran, sin duda alguna, real envergadura en su desarrollo a la luz del sistema de justicia penal, por ser justamente el derecho punitivo, tanto adjetivo corno sustantivo, el ámbito de mayor exposición del individuo al poder, a veces pretendidamente omnímodo del Estado. En nuestro Estado de Derecho al individuo le está permitido todo aquello que la normativa expresamente no le prohíba, siendo de modo contrario para el Estado y sus órganos, a los cuales todo aquello que expresamente no se le permite le es vedado, y no puede avanzar más allá de la autonomía que se le confirió, debiendo necesariamente mantenerse en los márgenes de ella, es pues, al enfrentarse a las instancias constitutivas del sistema penal donde el sujeto, considerado en su individualidad padecerá la desigual proporción de fuerzas, viéndose en marcada desventaja y merecedor, en consecuencia de las garantías que nivelen la contienda. Es por esto que se justifica la existencia de un conjunto de normas que regulan el proceso penal desde el inicio hasta el fin y cuya función es investigar, identificar, y sancionar las conductas que configuran delitos, siempre teniendo en cuenta el caso concreto y observando sus circunstancias particulares. El artículo 88 de nuestra Constitución enuncia una de las garantías del debido proceso penal, cual es, el derecho que todo sujeto tiene a no “ser obligado en asunto penal, disciplinario o de policía, a declarar contra si mismo. . . .” y la Garantía que toda declaración obtenida con infracción de cualesquiera de estas disposiciones, es nula y los responsables incurrirán en las penas que establezca la ley. En la sentencia recurrida, los Juzgadores en su declaración de HECHOS PROBADOS haciendo uso de información obtenida de prueba ilícita supra indicada establecen en su PRIMER hecho probado que: 1) el 22 de noviembre de 2012 en horas de la madrugada (contradiciendo todas las deposiciones de los testigos de cargo y descargo rendidos en el debate), 2) La señora C. Y. A. A. dio a luz a un bebé del sexo masculino (no se ejecutó prueba lícita alguna que estableciera que dicho recién nacido encontrado abandonado fue parido por C. Y. A. A.), ninguno de los testigos declaró tener conocimiento sobre quien había parido al recién nacido abandonado; 3) Que una vez nacido, C. Y. A. A. procedió a introducirlo en una bolsa plástica y lo fue a colocar a orilla de un potrero, cerca de una quebrada, dejándolo en ese lugar (ningún testigo afirmó haber visto a C. Y. A. A. ejecutar las acciones afirmadas por los Juzgadores); En su TERCER hecho probado los juzgadores establecen que: el recién nacido encontrado abandonado fue trasladado al Hospital Materno infantil, dependencia del Hospital Escuela, donde fue ingresado, falleciendo dos días después en dicho Hospital, a consecuencia del daño agudo y severo sufrido en sus pulmones, llamado distres respiratorio del recién nacido, provocado por haber sido dejado dentro de una bolsa plástica, en un potrero, por su madre la señora C. Y. A. A. (Nuevamente los juzgadores hacen acopio de la información auto incriminatoria obtenida ilícitamente de mi defendida, ya que no existe prueba alguna testifical o forense que determine que dicho recién nacido haya sido parido por mi defendida, ni que haya sido vista ejecutando las acciones de abandono de dicho recién nacido). Es así pues que los Juzgadores basan sus hechos probados en lo declarado por C. Y. A. A. en fecha 26 de noviembre de 2012, con anterioridad a que se le presentara Requerimiento Fiscal y por ende se convirtiera en Imputada, es decir, que en el momento que se le tomo declaración por la Psicóloga Lic. P. I. A., por la Trabajadora Social Lic. S. A. C. M. y el interrogatorio clínico y torna de muestras de sangre por la Dra. K. P. A. Del Cid estableciendo la positividad de embarazo en puerperio temprano, mi defendida se encontraba en calidad de sospechosa, no se encontraba asistida técnicamente por un profesional del Derecho de su elección o por un defensor público, no se le advirtió que sus declaraciones podían ser usadas en su contra en proceso penal que se le podía instruir, violentando su derecho a no auto incriminarse y aplicando de manera retroactiva lo dispuesto en la norma adjetiva penal en su artículo 107 reformado mediante Decreto 74-2013 del 8 de mayo de 2013 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 33,301 de fecha 11 de diciembre de 2013 y por ende no aplicable a mi defendida, puesto que en la fecha de la acción penal perseguida (22 de noviembre de 2012) Únicamente se encontraba regulado los “Exámenes Corporales Y Extracción de Muestras Del Imputado” no así, las del sospechoso, y en el momento que se le extrajo a C. Y. A. A. la muestra de sangre que dio positivo de embarazo, ella se encontraba en calidad de sospechosa, puesto que no se había presentado Requerimiento Fiscal en su contra, de conformidad a lo establecido en el artículo 101 CPP que nos conceptualiza: “Se considera imputada toda persona a quien, en virtud de querella o por requerimiento fiscal, se atribuya participación en la comisión de un delito o falta ante los órganos encargados de la persecución penal, ya se encuentre detenido o en libertad; que haya sido privada cautelarmente de libertad en virtud de aprehensión, detención o prisión preventivas; como tal, a partir de ese momento, podrá ejercer todos los derechos que la Constitución de la República, los tratados o convenciones internacionales y éste Código le reconocen, desde el primer acto del procedimiento hasta su finalización”. Es de hacer notar, que mi defendida fue detenida por el órgano policial de conformidad a lo depuesto por los testigos de cargo (policías) en el Juicio Oral, el día 23 de noviembre de 2012 y el requerimiento Fiscal fue presentado hasta el día 26 de noviembre de 2012, después de haberle realizado las entrevistas de Psicología, Trabajo Social y Reconocimiento Físico en el que se le extrajeran muestras de Sangre, de conformidad a lo depuesto por las peritos en sus respectivas ratificaciones de pericias en el Debate de Juicio Oral. Por lo anteriormente expresado y siendo que la declaración de hechos probados constituye la base sobre la cual se elabora una sentencia penal, mismos que en la presente sentencia recurrida no reúnen los requisitos legales exigidos para elio, por estar cimentados en información obtenida en violación del derecho constitucional a la no auto incriminación, resguardada por el principio de igualdad de partes, la que forma parte de las garantías constitucionales del debido proceso, encontrándose los juzgadores obligados a valorar la licitud o ilicitud de las pruebas producidas en el debate de juicio oral, sean estos advertidas o no por las partes, pues es su función el ser garantes de todas y cada una de las garantías constitucionales del debido proceso penal. Y siendo las pruebas señaladas ilícitas (prohibidas) La valoración de las mismas es nula ipso jure. Por tal motivo es procedente que sea CASADA LA SENTENCIA DEFINITIVA IMPUGNADA, declarando CON LUGAR por la HONORABLE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA el presente recurso de Casación, emitiendo la sentencia absolutoria correspondiente.- RECLAMACIÓN HECHA PARA LA SUBSANACIÓN DEL YERRO. Siendo que el yerro que provoca la interposición del Recurso de Casación se produce con el fallo mismo, solo es posible la subsanación de este a través del Recurso de mérito y de ello resulta que no hubo reclamación ex ante. RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. MOTIVO PRIMERO.- Valorar prueba ilícita otorgándole eficacia probatoria en la fijación de los Hechos declarados Probados de la sentencia definitiva condenatoria por Parricidio en contra de C. Y. A. A.- PRECEPTO AUTORIZANTE.- Artículo 362.2 del Código Procesal Penal.- NORMAS ADJETIVAS QUE SE ESTIMAN INFRINGIDAS: Artículos: 15 y 200 del Código Procesal Penal que mandan: “Toda persona deberá contar con la asistencia y defensa técnica de un Profesional del Derecho, desde que es detenida como supuesto partícipe de un hecho delictivo o en el momento en que voluntariamente rinda declaración, hasta que la sentencia haya sido plenamente ejecutada. Si el imputado no designa Defensor, la autoridad judicial solicitará de inmediato el nombramiento de uno de la defensa pública o, en su defecto, lo nombrará ella misma. Este derecho es IRRENUNCIABLE. Su violación producirá nulidad absoluta de los actos que se produzcan sin la participación del Defensor del Imputado”; y “Carecerán de eficacia probatoria los actos o hechos que vulneren las garantías procesales establecidas en la Constitución de la República y en los convenios internacionales relativos a los derechos humanos de los que Honduras forme parte; así como cuantos sean consecuencia necesaria de tales actos o hechos y que no hubiera sido posible su obtención sin la información derivada de ellos, sin perjuicio (de la responsabilidad en que hayan podido incurrir quien obtuvo ilícitamente la información”. - Es una verdad incontrovertible que el recurso de casación penal no es una segunda instancia, instituida para remediar las injusticias consistentes en una errónea determinación de los hechos.- Su misión es asegurar la correcta interpretación y aplicación de la norma jurídica; A tal efecto, la garantía constitucional del juicio previo y legal, supone el respeto a las formalidades establecidas por la ley para que el proceso pueda desembocar en una sentencia válida y a las propias de la sentencia misma, consideradas imprescindibles para que sea legítima.- Es mediante las formas establecidas por la ley procesal corno se aseguran los derechos de las partes y la rectitud del juicio.- Por eso la ley ha determinado entre los motivos de casación el quebrantamiento de las formas procesales en las normas adjetivas penales; Las normas de Derecho procesal instituyen reglas a las cuales las partes y el juez deben subordinar su actividad.- El Doctor Fernando De La Rúa en su obra “Casación Penal; 1° edición 1994, Ediciones De Palma Buenos Aires nos dice: “Frente a la ley sustantiva el juez no debe observar ninguna conducta en particular, sino que debe juzgar la conducta de los interesados, anterior al proceso, para decidir su encuadramiento en la norma, que no se dirige a él.- El Juez solo debe declarar el derecho, que se le presenta como problema que debe resolver para juzgar si, con ocasión de una relación ya pasada, la conducta ajena encuadra en él”.- “En cambio, frente a las normas de Derecho Procesal, el juez está en posición de destinatario de la norma, la cual le impone su modo de actuación y regula su conducta en el proceso.- Su misión, más que declarar el derecho, es cumplirlo.- No le toca tanto examinar cómo otros lo han cumplido o no, sino que debe él mismo hacerlo observar y ajustarse a sus preceptos que tienen para él el carácter de mandato actual”. Es así, que ante la incorporación al juicio oral y público de elementos de prueba obtenidos de manera ilícita, no es imprescindible la actividad reprochadora de las partes, pues es el juzgador a quien va dirigida la norma procesal y quien deviene en la obligatoriedad de su observancia, en el caso concreto que nos ocupa, los juzgadores, en abierto contraste con lo que expresamente manda la norma procesal respecto de la prueba ilícita o prohibida (artículo 200 CPP), procedieron no solo a darle valor probatorio a dichos elementos de prueba ilícitos, sino que basaron los hechos declarados probados en esos elementos ilícitos de prueba. Siendo estos los siguientes: 1) El Dictamen Psicológico desarrollado por la perito adscrita al Ministerio Público, Licenciada en Psicología P. I. A. (folios 59 al 62 del Exp), en el cual se indujo a mi defendida bajo el argumento persuasivo de brindarle ayuda emocional, a tomarle declaración sobre el hecho ocurrido el 22 de noviembre de 2012 en el cual fue abandonado un recién nacido en la Aldea Las Crucitas del Municipio de San Buena Ventura, Departamento de Francisco Morazán, dicha entrevista en la cual se indujo a mi representada a auto incriminarse al ser interrogada sin advertirse del derecho que le asistía a no deponer sobre hechos que siendo privados, serían hechos públicos en el juicio oral y utilizándolos en su contra, entrevista que se llevó a cabo el día 26 de noviembre de 2012, es decir 4 días después de haber sido encontrado abandonado el recién nacido y 3 días después de haber sido detenida ilegalmente por los policías, sin ninguna orden judicial, quienes procedieron a conducirla al centro de salud de San Buena Ventura y posteriormente al Hospital Materno Infantil de Tegucigalpa, en donde se le realizó la entrevista de supuesta ayuda psicológica, en la que se le interrogó sobre el hecho de abandono del recién nacido encontrado el 22 de noviembre en la Aldea Las Crucitas del Municipio de San Buena Ventura; 2) Dictamen de Trabajo Social desarrollado por la perito oficial del Ministerio público Licenciada en Trabajo Social S. A. C. M. (folios 169 al 172 del Exp), en fecha 26 de noviembre de 2012; violentando en ambos interrogatorios lo establecido expresamente en el artículo 15 del Código Procesal Penal. Mi defendida no solo es interrogada sobre hechos que la incriminaban sin ser advertida que lo que dijera sería usado en juicio, sino que después de haber sido irregularmente detenida por elementos policiales tres días antes a dicha entrevista (interrogatorio), no se le informó que previo a deponer sobre los hechos de los cuales se le interrogaba tenía el derecho a ser asistida por un Abogado defensor de su elección o en su defecto se le tenía que nombrar uno de la defensa pública (debió haber contado con asistencia de un defensor desde el 23 de noviembre cuando es detenida por los policías) aún y cuando su declaración fuera voluntaria, y que ese derecho es irrenunciable; 3) Dictamen preliminar de evaluación médica número 2654-12 desarrollado por la Perito Oficial del Ministerio Público K. P. A. Del C. (folio 31 del Exp), en fecha 26 de noviembre de 2012, quien a petición de la Fiscalía de la Niñez procedió a extraerle sangre venosa a mi defendida con el propósito de verificar prueba de embarazo para comprobar la existencia de un Puerperio temprano, a petición ilícita de la Fiscalía de la niñez ya que hasta ese momento mi defendida no tenía la calidad de imputada, lo que se deduce por el hecho que aún no se había presentado Requerimiento Fiscal en su contra y no tenía la calidad de detenida pues no se le habían leído sus derechos, ni se le había informado del derecho a nombrar un defensor de su confianza o se le hubiera nombrado en su caso un defensor público que la asistiere técnicamente en su defensa, en abierta contradicción a lo establecido en el artículo 107 del Código Procesal Penal relatico a los exámenes corporales y extracción de muestras del imputado, no así del sospechoso, para quien aún no era incluido en lo mandado en esta norma de procedimiento penal y que fuera incluido hasta ser reformado este artículo mediante Decreto 74-2013 de fecha 8 de mayo de 2013 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 33,301 en fecha 11 de diciembre de 2013, por lo que, el extraerle muestras de sangre que si bien es cierto, no causa prueba de que el recién nacido encontrado abandonado haya sido parido por mi defendida, la toma de muestra no era lícita ya que no era hasta ese momento una imputada, solo una sospechosa y no se encontraba asistida en su defensa por un profesional del Derecho ni se su elección, ni defensor público. - Los juzgadores al fijar sus hechos probados, base de la sentencia condenatoria emitida en contra de C. Y. A. A, violaron lo establecido expresamente en la norma procesal contemplada en el artículo 200 del Código Procesal Penal que manda al juzgador a no otorgarle eficacia probatoria a los actos o hechos que vulneren las garantías procesales establecidas en nuestra Constitución y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por nuestro país, es obvio por constar en el desarrollo del proceso penal que nos ocupa, que el vínculo de madre entre mi defendida y el recién nacido encontrado abandonado en la Aldea Las Crucitas del Municipio de San Buena Ventura, no hubiese sido posible su obtención, sin la información que se derivó de tales elementos de prueba obtenidos de manera ilícita de mi defendida, pues no era del conocimiento de ninguna otra persona que fuese ella la que parió a dicho recién nacido, y ninguna prueba forense estableció ese vínculo de madre-hijo, ni testigo alguno presenció las acciones mediante las cuales se procedió a abandonar al recién nacido en el lugar en donde fue encontrado. - Es por tal motivo, que siendo que el juzgador se deviene obligado a no conceder valor probatorio a la prueba obtenida de manera ilícita y ningún otro medio de prueba incorporado lícitamente al proceso penal de mérito en contra de mi defendida estableció un vínculo entre C. Y. A. A. y el recién nacido encontrado abandonado el 22 de noviembre de 2012 en la Aldea Las Crucitas del Municipio de San Buena Ventura, necesariamente la Sentencia definitiva debió ser absolutoria, y siendo que el juzgador incumpliendo lo que le manda la norma procesal supra relacionada otorgó eficacia probatoria a dichos elementos de prueba ilícita, tal valoración es nula, en consecuencia el vicio denunciado se afirma, traduciéndose en quebrantamiento de fori.na, por lo que se hace procedente declarar CON LUGAR el presente recurso de CASACIÓN, mandando anular el presente juicio y llevar a cabo un nuevo debate, donde el nuevo sentenciador si observe la prohibición procesal de otorgar eficacia probatoria a aquellos elementos de prueba obtenidos en violación a las garantías procesales establecidas en nuestra Constitución y en los tratados y convenios de los cuales nuestro país es signatario. Por haberse producido el vicio en el propio acto de sentenciar, no ha sido posible reclamar su subsanación. MOTIVO SEGUNDO: Falta de Motivación de la sentencia. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente Motivo de Casación se encuentra comprendido en el artículo 362.3 del Código Procesal Penal. Normas Adjetivas Que Se Invocan Como Infringidas: 202, 338, Regla Cuarta, numeral 2 del Código Procesal Penal. El artículo 202 CPP establece que “El órgano Jurisdiccional Formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”; por su parte el artículo 338 que regula la forma de estructurar la sentencia, en su Regla Cuarta, numeral 2 ordena al sentenciante: “Valoración de la Prueba. Seguidamente, se expresan las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos, justificando, según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio y, en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de los indicios, igualmente declarados probados”. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La motivación es un requisito formal que en la sentencia no se puede omitir, constituye el elemento eminentemente intelectual, de contenido crítico, valorativo y lógico, es pues, el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho en los cuales el juez debe apoyar sú decisión; Motivar es fundamentar, exponer los argumentos fácticos y jurídicos que justifican la resolución, El Jurista Fernando De La Rúa en su obra Casación Penal, Edit. Depalma. Buenos Aires. Pag. 106, nos ilustra sobre el deber de motivación de la sentencia al decir: La sentencia, para ser válida, debe ser motivada. Esta exigencia constituye una garantía constitucional, no solo para el acusado, sino también para el Estado, en cuanto tiende a asegurar la recta administración de justicia” es claro, entonces, que la exigencia de motivación constituye una garantía constitucional de justicia fundada en el régimen republicano de gobierno que, al asegurar la publicidad de las razones que tuvieron en cuenta los jueces para pronunciar sus sentencias, permite el control del pueblo, del cual en definitiva proviene su autoridad, sobre su conducta.- Se resguarda a los particulares y a la colectividad contra las decisiones arbitrarias de los jueces, que no podrán así dejarse arrastrar por impresiones puramente subjetivas ni decidir las causas a capricho, sino que están obligados a enunciar las pruebas que dan base a su juicio y a valorarlas racionalmente; Es en virtud de la motivación que el tribunal muestra a los interesados y a la sociedad en general que ha estudiado acabadamente la causa; que ha respetado el ámbito de la acusación; que ha valorado las pruebas sin descuidar los elementos fundamentales; que ha razonado lógicamente y ha tenido en cuenta los principios de la experiencia y, en fin, que ha aplicado las normas legales conforme a un justo criterio de adecuación. La Casación como es el criterio de Satta, al controlar la motivación, considera el juicio de hecho únicamente bajo el perfil de su estructura, es decir, del proceder, como resulta de la motivación de la sentencia, en el juicio penal la valoración de las pruebas y la determinación de las conclusiones inferidas en ellas, es potestad soberana del Tribunal de mérito. La Casación sólo puede controlar si esa pruebas son válidas (legitimidad), si las conclusiones obtenidas responden a las reglas del recto entendimiento humano (logicidad), y si la motivación así constituida es expresa, clara, completa y emitida con arreglo a las normas prescritas; o lo que es lo mismo, si la motivación es legal.- Falta de motivación significa la ausencia de una exposición de los motivos que justifiquen la convicción del juez en cuanto al hecho y las razones jurídicas que determinan la aplicación de una norma a ese hecho, comprendiendo todas las cuestiones sometidas a decisión. A tal efecto nos dice el Doctor Fernando De La Rúa en su obra antes citada, Que habrá falta de motivación en la sentencia cuando exista la exposición de motivos, y no obstante sea ilegítima por estar constituida por pruebas inadmisibles o nulas; la motivación debe ser legítima, tanto en la validez intrínseca de la pruebas valoradas en la sentencia, como a que ellas provengan del debate.- La prueba invocada debe ser válida. La sentencia que se funda principalmente en una prueba ilegal es una sentencia legalmente inmotivada. En el caso concreto objeto del presente recurso los juzgadores han basado su sentencia condenatoria en la valoración de elementos de prueba obtenidos de manera ilícita (prohibida); en su motivación, en el acápite “valoración conjunta de la prueba de cargo” los juzgadores manifiestan: “se escuchó el testimonio del señor F. A. F., quien es un vecino de la madre de la acusada, la señora V. R. A., según su relato, en el mes de noviembre, cuya fecha no recuerda, llegó a su casa la señora V. a decirle que dentro de su propiedad había un niño dentro de una bolsa, que lloraba, que fue al lugar y vio al niño que estaba aún vivo y efectivamente estaba metido dentro de una bolsa plástica, por lo que él se fue a buscar una partera para auxiliarlo, pero que él no sabe de quién era el niño. . . .” reconocen los juzgadores que dicho testigo de cargo ubica el lugar en donde se encontró el niño y las condiciones en que estaba, dándole total credibilidad a su deposición; en cuanto a la declaración de los señores P. G.. M. y L. A. C., ambos policías preventivos que recibieron la noticia criminis, personándose a la aldea Las Crucitas a efecto de constatar el hecho, donde encontraron a la orilla de una quebrada al niño recién nacido que aún estaba con vida ‘porque lloraba, que estaba dentro de una bolsa plástica, y que auxiliados por una enfermera, lo trasladan al Hospital Materno Infantil donde quedó interno; Esta parte de la deposición testifical de los policías establece claramente y de forma válida que ellos acudieron mediante un llamado a la aldea Las Crucitas en donde encontraron a un recién nacido abandonado, vivo y quien se encontraba dentro de una bolsa plástica, que son auxiliados por una enfermera y trasladan a dicho recién nacido al Hospital Materno Infantil en donde lo dejan. Continuando con la valoración de dicha deposición los juzgadores señalan que la acción de los policías no se queda corta, pues al día siguiente del hallazgo del niño, se dieron a la tarea de investigar que personas del sexo femenino estaban embarazadas en el lugar en donde ocurrió el hecho, es así que se personan nuevamente en la aldea Las Crucitas y empiezan a verificar quienes estaban embarazadas o habían estado, dando con cada una de ellas, y finalmente dan con la acusada con quien después de platicar con ella les pareció sospechosa y por recomendación de la doctora que atiende en el centro de salud de San Buena Ventura, le indicaron (coaccionaron) a la señora Y. que fuera a dicho centro, es así como la acusada llega al centro y al ser examinada (obviamente no por su voluntad) por el médico del lugar, éste indica (a los policías) que la deben trasladar al Hospital Escuela para evaluación, siendo traída al Hospital donde los policías la ingresan y es evaluada por una doctora, quien ordenó a los policías que la pasaran a la DNIC (Dirección Nacional de Investigación Criminal), habiendo agentes allí mismo en el Hospital la entregaron a un agente de la DMC, regresándose a su lugar asignado. Es esta deposición de los testigos policías que da inicio a la constitución de prueba ilícita ya que, procedieron de manera ilegal mediante coacción a llevar a mi defendida a un centro de salud el día siguiente de los hechos investigados, sin orden judicial alguna, por orden de un médico que carece de autoridad para ordenar la intimación de persona alguna, procediendo a trasladarla posteriormente al Hospital Escuela sin que se le pusiera en conocimiento porque era detenida y conducida al centro de Salud y Posteriormente al Hospital en donde se le interrogó sobre hechos que la incriminaban sin ser advertida del derecho constitucional que tiene toda persona a no brindar declaraciones auto incriminatorias y al derecho irrenunciable a contar con un profesional del derecho de su elección o en su defecto de un Defensor Público desde el momento de su detención de conformidad a lo establecido en la normas adjetivas penales en sus artículos 15 y 101.1.2.3.4 y 5 del CPP, así mismo queda establecido por estas deposiciones de los policías G. M. y C., que mi defendida fue entregada a la DNIC el día 23 de noviembre de 2012, es decir al día siguiente de ocurrido el hecho investigado. Sin embargo a pesar de la ilicitud de este medio de prueba, los juzgadores ponderan dicho actuar al margen de la ley diciendo: “La acción desplegada por estos dos policías le parece a este Tribunal, de suma importancia, a pesar de las limitaciones, para realizar su trabajo, se preocuparon de llevar a cabo con eficiencia y responsabilidad la investigación requerida en el caso, como era dar con la persona que dejó tirado al niño que se encontró abandonado a orillas de una quebrada, y como en una aldea es fácil saber quiénes estaban embarazadas, porque es un lugar pequeño, ello les permitió dar con la señora Y., que era una de las que estaba embarazada (apreciación subjetiva puesto que nadie declaró tener conocimiento de su embarazo) y que les manifestó que tenía dolor, flujo y estaba calentando sol, eso se les hizo sospechoso, porque además no tenía el niño, lo que hace que la lleven al centro (detención ilegal) para ser evaluada. Esta prueba reviste de gran importancia para establecer la identidad de la persona que cometió el hecho. . . .”. - Continuando con la ilegítima valoración de la prueba prohibida, los sentencian tés valoran que la prueba de embarazo, que se le hizo a la imputada y que dio positivo según la pericia de la doctora K. P. A. D., en su evaluación médica preliminar número 2654-12, (folio 31 expediente), además determino que al momento de la evaluación de la imputada, de sus mamas salía un líquido color blanco, que su estado físico coincidía con un puerperio temporal (periodo posterior de un parto) tiempo que dura cuarenta días, lo que es coincidente con el hallazgo del niño recién nacido, dejado dentro de una bolsa cerca de una quebrada, y que además ha quedado establecido con los testigos, que del lugar del hecho al lugar donde estaba la acusada, hay una distancia de cuadra a cuadra y media. Este elemento de prueba es ilícita, puesto que al momento en que se realiza la prueba de embarazo mediante extracción. de sangre venosa, en fecha 26 de noviembre del 2012, en primer lugar, teniendo tres días de estar detenida (desde el 23 de noviembre del 2012 cuando fue entregada a la DNIC en el hospital Escuela, según deposición de los policías preventivos), no se encontraba asistida, por ningún profesional del Derecho de su elección, o en su caso, se le había nombrado un defensor público que asumiera su defensa técnica derecho que es irrenunciable, además no se le había presentado requerimiento fiscal, por lo que no tenía la calidad de imputada y de conformidad al artículo 107 del código procesal penal, la extracción coactiva de muestras, solo estaba autorizado para imputados y no para sospechosos, lo que posteriormente en el 1 año dos mil trece, fue modificado mediante decreto 74-2013 del 8 de mayo del 2013; continuando con su valoración de prueba ilegitima, los sentencian tés dicen “Igualmente con el dictamen psicológico realizado a la acusada, se puede establecer que ésta, en la entrevista clínica, de manera espontánea relata, sobre el acontecimiento de su parto, y afirma que el niño nació bien , que lloró, y que luego de ello, tomo la decisión de introducirlo en una bol.sa, la cual amarró y lo dejo cerca de una quebrada en un monte y se fue para su casa y que es el mismo que ese día hallo la policía.” Cabe señalar que este dictamen psicológico realizado por la licenciada en psicología P. I. A., en fecha 26 de noviembre del 2012, tres días después que los policías entregasen a mi defendida, a agentes de la DNIC en el hospital Escuela, fue realizada, sin que C. Y. A. A., estuviera asistida por un defensor de su confianza o en su defecto de un defensor público, ni fuese informada del Derecho Constitucional de no emitir declaración auto incriminatoria y que lo que declarase podía ser usado en su contra en el proceso penal que se le podía instruir, y que aun en el caso de ser su voluntad el declarar se encontraba investida del derecho IRRENUNCIABLE de que, un profesional del Derecho de su elección o defensor público, se encontrase presente en el acto de su declaración; no siendo lo ocurrido en el presente caso, sino que por el contrario simulando una terapia de ayuda emocional se le interrogo sobre hechos que la auto incriminaban, convirtiéndose por ende en un elemento de prueba ilícito ( prohibido), nula ipso iure, elemento de prueba que el justiciante se deviene obligado a no atribuirle eficacia probatoria, de conformidad a lo establecido a los artículos 15, 101. 3.5, 200 del Código Procesal Penal, sin embargo los juzgadores violentando lo demandado en dichas normas procesales, ilegítimamente le dan valor a esta prueba expresando lo siguiente en su motivación “Con esta información se logra apoyar las declaraciones de los testigos de cargo, antes analizados y valorados, adquiriendo a la vez, mayor certeza sobre la responsabilidad de la imputada en la ejecución del hecho que se le imputa” Continuando con la ilegítima valoración de prueba ilícita, los juzgadores indican en su motivación espuria “igual ocurre con la prueba consistente en la entrevista de trabajo social realizado por la licenciada S. C., que consistió en entrevista realizada a la imputada. También se lleva a obtener información que la acusada tuvo un bebe el que dejo abandonado en un monte cerca de una quebrada, metido dentro de una bolsa plástica” esta entrevista realizado por la trabajadora social antes nombrada y realizada el 26 de noviembre del 2012, tres días después que mi defendida fuese ilegalmente conducida al hospital Escuela por los policías, y que la entregasen, suponemos en calidad de detenida a agentes de la DNIC en el Hospital Escuela, se llevó a cabo sin que mi impetrante estuviese asistida por un defensor de su elección o en su defecto por un defensor público que se le hubiese nombrado, sin que se le advirtiera igualmente de su Derecho Constitucional a no brindar declaraciones Auto incriminatorias, y a su Derecho irrenunciable a que un profesional del Derecho que asumiera su defensa estuviese presente, en el momento de su declaración, si brindar tal deposición fuera su decisión. Es de señalar que los elementos de prueba que vinculan a C. Y. A. A., como madre del recién nacido que fuese encontrado abandonado en el lugar de los hechos objeto de este proceso penal instruido en su contra por PARRICIDIO, son únicamente los obtenidos de manera ilícita , es decir, el primer lugar la conducción de manera ilegal y coactiva hacia el centro de salud de San Buena Aventura y posteriormente el Hospital Escuela, por lo policías sin mediar orden judicial, sin informarle el porqué, tenía la obligación (detenida) de acompañar a dichos policías, sin ser advertida de su Derecho Constitucional de no verter declaraciones AUTO INCRIMINATORIAS, a no ser informada que lo que dijera tanto en la entrevista (interrogatorio), con la psicóloga P. A. y con la licenciada en Trabajo Social S. C. que podía ser usada en su contra y sin que se hubiera nombrado apoderado legal de su elección o defensor público que estuviera presente. Honorables magistrados una prueba es ilegal en cuanto a su validez intrínseca cuando el acto que lo contiene es nulo o inadmisible, el vicio consiste en una inadecuación del acto con las normas que determinan sus formas esenciales (artículo 88 de la Constitución de la República, artículo 15, 101.3.4.5 y 200 del Código Procesal Penal), la aplicación de una sanción procesal priva al acto de sus efectos, esta se produce para múltiples derivaciones, ya sea en cuanto a su eficiencia para determinar otros actos constitutivos, como en cuanto a su eficacia, para ser invocado como fuente de convencimiento, es por esto, que toda sentencia que se funda, de manera esencial en una prueba procesalmente ilegitima (como en el presente proceso), no está debidamente motivada, y si dicho defecto recae, corno en el presente caso, sobre un aspecto esencial de la sentencia (la participación de la acusada en el hecho imputado, procederá de la anulación de dicha sentencia en casación, por los motivos, también podemos concluir que es ilegitima la motivación de una sentencia cuando la prueba de cargo, ha sido obtenida por un procedimiento violatorio de las normas constitucionales que consagran las garantías, de la incoercibilidad del imputado y de la intimidad (artículo 88 Constitucional, 8.G del Pacto de San José), esta regia de exclusión probatoria, ha sido formulada en la doctrina más o menos así “La decisión judicial contraria al interés del portador de la garantía no puede ser fundada en elementos de prueba obtenidos, mediante su inobservancia, o con violación de las formas previstas, en resguardo de la garantía. Por lo anteriormente expuesto solicito a la Honorable Corte Suprema de Justicia, declarar con lugar el presente recurso de casación por quebrantamiento de forma, mandando casar la sentencia recurrida, anulando la sentencia definitiva dictada por el ad quo, y mandando que se repita el juicio de mérito debiendo integrarse el Tribunal de Sentencia con jueces distintos de los que conocieron el presente proceso.- Por haberse producido el vicio en el propio acto de sentenciar, no ha sido posible reclamar su subsanación”. IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de casación por infracción de precepto constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior.[1] En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe de seleccionar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Recurso de casación por infracción de precepto constitucional interpuesto por el Abogado J. A. R. B., apoderado defensor de la señora C. Y. A. A. Único motivo. *Normas autorizantes citadas: Artículo 361 del Código Procesal Penal. *Normas procesales que se denuncian infringidas: Artículo 88 de la Constitución de la República; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. *Concepto de la infracción: Violación al derecho de no auto incriminarse y al debido proceso legal. *Acciones de saneamiento: Imposibilidad de reclamo previo pues el vicio consta en la sentencia. *Pretensión: Declarar ha lugar el recurso. Considera el censor la violación del derecho constitucional que asiste a la acusada a no auto incriminarse, y por consiguiente la vulneración al debido proceso legal, puesto que en la etapa investigativa se realizaron pruebas periciales consistentes en la evaluación médica, psicológica y social, sin que fuere advertida de su derecho a no declarar sin que esta decisión fuere utilizada en su perjuicio y tampoco contó con la asistencia técnica de un profesional del derecho. Esto conllevó que la acusada diera información en las entrevistas con los peritos que posteriormente fueron valoradas en su perjuicio por el Tribunal de Sentencia, quien no advirtió la ilicitud de dichos medios probatorios. Del debido proceso legal La garantía genérica del debido proceso, invocada por el censor como aquélla que ha inobservada por el Tribunal de Sentencia, se encuentra regulada en los artículos 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República; el debido proceso legal refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (con independencia de su naturaleza). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Informe No. 1/95 de fecha 07 de Febrero de 1995, del caso 11,006, referente al proceso de Alan García vs. Perú, indicó: “El artículo 8 de la Convención Americana en su inciso primero establece que toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra. Así mismo, el mencionado artículo en su inciso segundo prevé que durante el trámite del proceso toda persona tiene derecho a que se respeten ciertas garantías mínimas. La enumeración contenida en esta cláusula ha sido interpretada como una nómina de garantías mínimas no taxativas. De este modo, se ha considerado que existen otras garantías reconocidas en el derecho interno de los Estados que, si bien no están incluidas explícitamente en el texto de la Convención, igualmente se encuentran amparadas por el contenido amplio del inciso 1 del artículo 8 de la Convención”. La garantía del debido proceso legal más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez o jueza natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que éste juez o jueza además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues los llamados principios procesales o principios informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento; entre estas encontramos: 1. Prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; 2. Derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; 3. Derecho a un juez/a predeterminado por la ley; 4. Derecho a la imparcialidad e independencia del juez/a; 5. Derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; 6. Derecho a la igualdad de armas procesales; 7. Derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas; 8. Respeto al principio de presunción de inocencia; 9. Posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; 10. Derecho a ser oído en un plazo razonable; 11. Deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; 12. Derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; 13. Derecho a una justicia gratuita; y en fin, el derecho a un debido proceso exige la materialización del principio de legalidad. La CIDH, en su informe No. 30/97 del caso 10,087 de fecha 30 de septiembre de 1997, referente a Gustavo Carranza, Argentina, indicó: “67. El artículo 8 de la Convención Americana impone la existencia de “debidas garantías” durante el proceso de determinación de derechos […] En efecto, el mencionado artículo no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales. Este artículo reconoce el llamado “Debido proceso legal” que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.”. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en sentencia de 02 de febrero de 2001, en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, afirmó que: “Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto “sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, deben respetar el debido proceso legal.”. El debido proceso legal se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero de cómo debe de substanciarse la etapa de juicio y en particular el debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. Con conclusión la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado. De la Procedencia del Recurso. El recurso no es de recibo. El censor delata como precepto constitucional infringido el contenido del artículo 88 de la Constitución de la República, el cual a la letra dice: “…Nadie puede ser obligado en asunto penal, disciplinario o de policía, a declarar contra sí mismo, contra su cónyuge o compañero de hogar, ni contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Solo hará prueba la declaración rendida ante Juez competente. Toda declaración obtenida con infracción de cualesquiera de estas disposiciones, es nula y los responsables incurrirán en penas que establezca la ley.”. Lo que hace el recurrente entonces es denunciar la violación al derecho fundamental del debido proceso en su vertiente del derecho de defensa que asiste a toda persona que está siendo investigada o procesada por la comisión de un hecho constitutivo de delito, el derecho que tiene está a no auto incriminarse ni en sede administrativa, ni en sede judicial. El razonamiento recursivo mediante el cual arguye la violación a este precepto constitucional, es por la recolección y evacuación de tres medios probatorios: *Dictamen psicológico realizado en fecha veintiséis de noviembre de dos mil doce, por la Licenciada Patricia Iveth Alvarado; *Dictamen de evaluación médica realizado en fecha veintiséis de noviembre de dos mil doce, por la Doctora K. P. A. Del C.; y, *Dictamen de trabajo social realizado en fecha veintiséis de noviembre de dos mil doce, por la Licenciada S. A. C. Arguye que estos medios probatorios fueron obtenidos en la etapa investigativa cuando aún no se había presentado el requerimiento fiscal por parte del acusador público; no se le advirtió a su representada el derecho que tenía de abstenerse de declarar y fue lo que ella expuso ante dichos peritos, lo que se utilizó por el sentenciador para fundamentar intelectivamente su fallo condenatorio; tampoco fue asistida técnicamente por un profesional del derecho durante la realización de estas pericias, lo que conllevó a una desigualdad manifiesta entre el ente acusador y la acusada. En relación a lo anterior, contemplan los artículos 272 y subsiguientes del Código Procesal Penal, que en la investigación de la verdad, la Policía Nacional, el Ministerio Público u otra autoridad competente, practicará todas las diligencias pertinentes y útiles para determinar la existencia del hecho punible. Las dependencias del Ministerio Pública, la Policía Nacional u otra autoridad competente, al tener conocimiento de un hecho que pueda ser considerado delito, cualquiera que sea el medio por el cual haya llegado a su conocimiento, cuando la noticia parezca verosímil, teniendo en cuenta su contenido y los datos proporcionados para su comprobación, adoptará las medidas necesarias para impedir que produzca consecuencias ulteriores e iniciará con las investigaciones del caso, para lo cual podrán interrogar a las personas que puedan aportar datos relacionados con el hecho que se investiga y recibirle la correspondiente declaración en su casa de habitación o en el sitio que considere más apropiado para el éxito de la investigación. Ahora bien, no significa que en la labor de investigar un hecho que pueda ser constitutivo de delito, se pueda realizar cualquier acto con el fin de obtener la verdad que se está investigando. El límite a esta función es el respeto absoluto de los derechos fundamentales de la persona humana. Por esta razón, el artículo 275 del Código Procesal Penal contempla como obligación para la investigación de los hechos delictivos, que las autoridades encargadas de la investigación preliminar, guarden absoluto respeto a los derechos individuales contenidos en la Constitución de la República y en los Convenios Internacionales de Derechos Humanos de los que el Estado de Honduras forme parte. Es verdad que el Ministerio Público tiene la facultad de ordenar en la investigación preliminar, la realización de pericias en todos los campos de la criminalística y de la medicina forense, salvo cuando pueda afectarse un derecho garantizado por la Constitución de la República y los Tratados Internacionales. En el caso actual, del acumulado judicial se desprende que al momento de la realización de las pericias citadas, la señora C. Y. A. A. no había sido informada por los agentes de la policía del derecho que tenía de abstenerse de declarar sin que esa decisión sea utilizada en su perjuicio y tampoco contó con la asistencia técnica de un profesional del derecho, lo que conllevó a que la acusada se explayase al momento de las entrevistas con las peritos y brindara información que posteriormente fue valorada en su contra por el Tribunal de Sentencia. Observa esta Sala de lo Penal que el Tribunal de Sentencia hace una errónea valoración de los medios de prueba periciales en cuestión, se ha reiterado por esta superioridad que el medio pericial tiene como objeto aportar información especializada al Tribunal en torno a una ciencia, arte u oficio, para ello se designan personas que tengan la experticia relacionada con el tema a estudiar, quienes con ese afán recaban los datos necesarios para luego hacer uso de sus conocimientos particulares y dar una opinión apoyada tanto en los principios científicos que rigen el tema, como en su experiencia profesional; en los estudios clínicos, como las pruebas de evaluación médica, psiquiátrica o psicológica, la historia médico legal es precisamente parte de ese proceso de abordaje al caso, donde el perito consigna la información que dispone previo a realizar el estudio y así poder formular una opinión más próxima del caso concreto, esta información muchas veces es proporcionada por el imputado, testigos o víctima del proceso penal, quienes enterados del propósito de la diligencia colaboran en la realización de la misma contestando las preguntas del perito, más estas manifestaciones no pueden ser consideradas como declaraciones procesales, mucho menos equipararlas a las que formalmente se reciben durante el proceso ante órgano jurisdiccional; las declaraciones llamadas a valorar son las rendidas ante juez competente, ello porque el órgano jurisdiccional que recibe ésta declaración se encarga de la observancia de los principios que gobiernan la actividad procesal, tal como igualdad, contradicción, concentración, publicidad, defensa e inmediación y que no son, ni tienen que ser observados en un estudio clínico, había cuenta no es ese su objeto, sino que, como ya se ha señalado, es el estudio científico o empírico (dependiendo si son peritos letrados o iletrados en el campo de estudio) de un hecho relacionado con la causa criminal. El Tribunal de Sentencia, al darle veracidad a los dictámenes en el sentido de lo que consta en la historia médico legal de la evaluación médica, la entrevista clínica psicológica y la historia social del dictamen social, reviste a los peritos de una condición de garante procesal que no la tienen, además es darle la espalda de los principios reguladores del proceso que componen su validez al garantizar la legalidad de las actuaciones y en especial al garantizar la igualdad, contradicción y defensa de las partes en contienda. Dicho lo anterior, podemos concluir sin embargo, que aún y cuando se excluyera como factor la valoración probatoria de los exámenes periciales, en donde la acusada rinde entrevistas auto incriminatorias ante los peritos, el a quo habría arribado al mismo veredicto de culpabilidad, en tanto que ha tomado en consideración de manera armónica elementos directos, indiciarios y periféricos que sitúan a la señora C. Y. A. A. en el lugar y tiempo en que se produjeron los hechos, así como también su participación los mismos, y por lo tanto, como corolario lógico su intervención en la comisión del tipo penal de parricidio, por lo cual ha venido siendo acusada. Mediante la teoría de supresión hipotética, se estima que el resultado condenatorio contra la acusada, no cambiaría pues aún al excluir la valoración de los medios periciales citados, no es la única prueba de cargo del proceso utilizada por el juzgador para formar su convicción de culpabilidad. El dictamen de autopsia, las inspecciones oculares que describen el área de un predio donde estaba enterrada una bolsa plástica color gris y en su interior otra bolsa plástica color azul conteniendo manchas de color rojo violáceo, supuesta sangre y restos de coágulos de sangre (aparentemente la placenta), la declaración de los testigos de cargo y aún la declaración de la misma acusada al hacer uso de su derecho de defensa material, realizada con el principio de inmediación, conociendo de su derecho de abstenerse de declarar y siendo asistida por un profesional del derecho de su confianza, la ubican en tiempo y espacio abandonando al recién nacido en el lugar en el que horas después fue encontrado por los circundantes en las condiciones que le ocasionaron la muerte. Por todas las razones anteriormente expuestas se desestima el motivo por infracción de precepto constitucional invocado por el recurrente. Recurso de casación por quebrantamiento de forma. El proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que ésta sentencia tenga validez debe de estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe de subordinar su actividad, es pues éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumplen con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El recurso de casación por quebrantamiento de las formas procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas fijadas en la ley. Recurso de casación por quebrantamiento de forma interpuesto por el Abogado J. A. R. B., apoderado defensor de la señora C. Y. A. A. Primer motivo. *Normas autorizantes citadas: Artículo 362.2 del Código Procesal Penal. *Normas procesales que se denuncian infringidas: Artículos 15 y 200 del Código Procesal Penal. *Concepto de la infracción: Valorar prueba ilícita otorgándole eficacia probatoria en la fijación de los hechos probados de la sentencia. *Acciones de saneamiento: Imposibilidad de reclamo previo pues el vicio consta en la sentencia. *Pretensión: Anular el debate y repetirlo con jueces distintos a los que participaron en el anulado. En el presente motivo se alega que la sentencia se basó en medios probatorios no incorporados legalmente a juicio. Considera la ilicitud de los medios de prueba periciales consistentes en el dictamen de evaluación médica, el dictamen psicológico y social de la señora C. Y. A. A., ya que esta no fue asistida por un profesional del derecho que le asistiera técnicamente al momento de realizar las pericias, y tampoco fue advertida del derecho que tenía de abstenerse de declarar sin que esta decisión sea utilizada en su perjuicio. De la prueba ilícita. Señala el artículo 1 de la Constitución de la República que Honduras es un Estado de Derecho, ello es ciertamente la base de todo el sistema estatal, por cuanto los poderes del Estado, instituciones centralizadas, descentralizadas y desconcentradas y con ello todo funcionario y empleado público debe de desarrollar sus funciones, asir su comportamiento, bajo lo preceptuado en las normas legales válidas y vigentes, a efecto de que éstas sean positivas y eficaces. El Estado de Honduras, no puede basarse en actuaciones realizadas al margen de la ley o contrarias a la ley, por cuanto sería un contrasentido que queriendo hacer prevalecer el imperio de la ley, se valga de actos ejecutados al margen de ésta. Particularmente en el proceso penal, el respeto al derecho constituye su fundamento existencial, es a través del proceso penal que el Estado de Honduras imputa a una persona un acto contrario a la ley, debiendo celebrar dicho proceso con estricto ajuste a las normas para que la consecuencia del juicio sea válida. Concretamente interesa que en el proceso penal la prueba que se reproduzca sea de carácter lícita y de carácter legal. La prueba es de carácter licita cuando ha sido obtenida mediante un acto o procedimiento estipulado o permitido por la ley, ergo, la prueba es de carácter ilícita cuando para su obtención se ha violentado la ley, causando la violación o la disminución ilegitima de derechos fundamentales establecidos en la Constitución de la República o violación o disminución ilegitima de los Derechos Humanos establecidos en los Tratados y Convenios que formen parte del Derecho Interno Hondureño y que compongan el bloque constitucional. De lo anterior se concluye que para la existencia de prueba ilícita se requiere los siguientes presupuestos: a. Que se haya obtenido una prueba o una fuente de prueba; b. Que dicha obtención haya sido contraria a la ley, es decir no amparada por la ley. Incluye aquí el prevale cimiento de la supremacía de la Constitución de la República o de las normas que integran el bloque constitucional, por cuanto aun cuando un reglamento o una ley autorice la obtención de la fuente de prueba, ésta se considerara ilícita si se contradice con normas fundamentales o de derechos humanos; c. Que la obtención de la fuente de prueba haya significado la violación o disminución ilegitima de garantías fundamentales o de derechos humanos, reconocidos en la Constitución de la República o en los tratados y convenios que formen parte del derecho interno del Estado, respectivamente; d. Que la violación o disminución ilegitima de ese derecho fundamental o de ese derecho humano, sea en perjuicio de una persona o un grupo de personas determinadas, ya sea que éstas personas participen como actores del proceso o que sean terceros desligados a éste; e. Que sin la inobservancia o disminución ilegitima del derecho fundamental o del derecho humano, no hubiese sido posible la obtención de la prueba; y, f. Que la inobservancia o disminución ilegitima del derecho fundamental o del derecho humano sea anterior o simultánea a la obtención de la prueba. El legislador hondureño ha previsto que cuando se reproduzca un medio de prueba ilícito en el proceso, la sanción procesal será el desconocimiento de cualquier valor probatorio de ésta (árbol envenenado); pero además el legislador hondureño ha establecido que también carecerán de eficacia probatoria todo medio de prueba que se derive directamente de aquella que ha sido obtenida mediante la violación o disminución ilegitima de garantías fundamentales o derechos humanos (frutos del árbol envenenado[2]). Un medio de prueba se deriva de otro ilícito, cuando suprimiendo hipotéticamente el segundo, automáticamente el primero se vería igualmente suprimido, debido a su dependencia existencialista; A partir de ésta idea ultima la prueba ilícita no puede ser apreciada valorativamente en ningún caso ni en ningún tiempo, más si es posible apreciar la prueba que se le derive (el fruto de ese árbol envenenado), siempre que concurra cualquiera de las siguientes circunstancias: a. Hallazgo inevitable o descubrimiento inevitable: Cuando la prueba derivada, con o sin la prueba ilícita, estaba destinada a ser encontrada; dependerá aquí hacer una relación suficientemente razonada del porque la prueba derivada hubiese sido inevitablemente encontrada, aun cuando no hubiese existido la prueba ilícita; y, b. Fuente independiente: Cuando la prueba derivada se desprenda al mismo tiempo e inevitablemente de otro medio de prueba lícito e independiente al de carácter ilícito; entre la fuente independiente y la prueba ilícita no debe de haber dependencia existencial, relación o subordinación. El estudio a desarrollar por los juzgadores es la relación causal entre la prueba ilícita y la fuente independiente y al determinarse que no existe ninguna, la ilicitud de la prueba no alcanza la prueba derivada, por cuanto ésta última se desprende igualmente de una fuente independiente lícita. El control procesal de la prueba ilícita puede ser de previo o a posteriori: De previo inadmitiendo el medio de prueba en la audiencia de proposición de ésta a consecuencia de su ilicitud (artículo 317 del Código Procesal Penal) o denunciando su ilícito en la etapa de incidentes del debate por hechos nuevos o hechos antes no conocidos hasta entonces (artículo 320 Código Procesal Penal); o a posteriori cuando el Tribunal de Sentencia, en su valoración, niegue crédito a la prueba y a toda aquella que se derive de ésta (artículo 220 Código Procesal Penal). Con todo, existe una sola excepción, en donde por respeto al derecho de defensa, se autoriza a los Tribunales valorar una prueba derivada de un acto ilícito cuando así sea solicitado expresamente por el titular o todos los titulares del derecho fundamental o del derecho humano que haya sido inobservado o disminuido ilegalmente, siempre que participe en el proceso penal; como hemos dicho la prueba ilícita tiene el carácter de tal como consecuencia de haber violentado o disminuido ilegítimamente un derecho fundamental o un derecho humano, sin embargo esa prueba ilícita puede significar un medio de defensa para el titular de ese derecho violentado, por lo que al solicitarlo éste, el Tribunal deberá de valorar el medio de prueba considerado ilícito (pudiendo ser esta valoración positiva o negativa), por cuanto su desconocimiento conllevaría a un doble perjuicio: el primero al habérsele inobservado o restringido ilegítimamente un derecho fundamental o un derecho humano y, segundo el desproveerlo de un medio de prueba en su defensa precisamente por haber sido víctima de la violación a un derecho fundamental o a un derecho humano: ejemplo: Allanamiento a una casa de habitación, en horas de la noche, sin autorización de sus moradores y sin que concurran las circunstancias excepcionales que establece la Constitución de la República, constatándose en ese allanamiento la ausencia de armas o explosivos que era el objeto de la diligencia; ciertamente el acto del allanamiento es ilícito y, como regla general, no puede ser reproducido como medio de prueba en juicio, así como todo elemento que le deriva de éste, sin embargo y a petición del imputado, el Tribunal deberá de valorarlo, caso contrario se le provocara doble perjuicio al imputado, por un lado ser objeto de una violación a sus garantías constitucionales y por otro, ser desprovisto de un medio de prueba a su favor a causa precisamente por haber sido objeto de un allanamiento ilícito. De la Procedencia del Recurso. El recurso no es de recibo. En este primer motivo de casación por quebrantamiento de forma, el recurrente reproduce la misma denuncia formulada desde el recurso de casación por infracción de precepto constitucional, considerando la ilegalidad de la obtención de tres dictámenes periciales evacuados en juicio. Por lo cual, es correspondiente dar la misma respuesta de aquél motivo. Recurso de casación por quebrantamiento de forma interpuesto por el Abogado J. A. R. B., apoderado defensor de la señora C. Y. A. A. Segundo motivo. *Normas autorizantes citadas: Artículo 362.3 del Código Procesal Penal. *Normas procesales que se denuncian infringidas: Artículo 202 y 338 del Código Procesal Penal. *Concepto de la infracción: Falta de motivación de la sentencia. *Acciones de saneamiento: Imposibilidad de reclamo previo pues el vicio consta en la sentencia. *Pretensión: Anular la sentencia recurrida, mandando que se repita el juicio con jueces distintos de los que participaron en el anulado. El recurrente denuncia la falta de motivación de la sentencia por considerar que la existente deriva de prueba ilícita. Arguye que, al existir prueba ilegal, la sentencia es ilegalmente inmotivada; que los juzgadores fundamentan su fallo condenatorio en la valoración de prueba obtenida de manera ilícita por no haber sido la acusada asistida por un profesional del derecho. durante la realización de las pericias, ni tampoco fue advertida de su derecho a no declarar sin que esta decisión sea usada en su contra. De la motivación. En procura de dar respuesta a lo planteado, es imperativo definir que es motivación y de ello poder deducir cuando hay carencia de motivación o insuficiencia de motivación. El artículo 141 del Código Procesal Penal señala que la motivación es la expresión de los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa una resolución judicial, y en el caso particular de las sentencias, de las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido. El artículo citado establece como antagónico al concepto de motivación la simple relación de las actuaciones que se hayan realizado en el proceso, la mención de los requerimientos o petitorias formuladas por las partes o sus apoderados legales o la cita o transcripción de preceptos legales. Ampliando lo anterior, la Sala de lo Penal, hace eco al Código Iberoamericano de Ética Judicial, el que en su Capítulo III de la Parte I, señala que la obligación de motivar las decisiones se orienta a asegurar la legitimidad del Juez, el buen funcionamiento de un sistema de impugnaciones procesales, el adecuado control del poder del que los jueces son titulares y, en último término, la justicia de las resoluciones judiciales; señala que motivar es expresar, de manera ordenada y clara, razones jurídicamente válidas, aptas para justificar la decisión, indica que una decisión carente de motivación es una decisión arbitraria. El Código Iberoamericano de Ética Judicial además establece, que el deber de motivar adquiere una intensidad máxima en relación con decisiones privativas o restrictivas de derechos, o cuando el Juez ejerza tienen un poder discrecional; recalca que el juez debe motivar sus decisiones tanto en materia de hechos como de derecho: 1. En materia de hechos: debe proceder con rigor analítico en el tratamiento del cuadro probatorio, debe mostrar en concreto lo que aporta cada medio de prueba, para luego efectuar una apreciación en su conjunto; 2. En materia de derecho: no puede limitarse a invocar las normas aplicables, especialmente en las resoluciones sobre el fondo de los asuntos, sino que debe de señalar por qué una norma legal debe de regir un caso concreto. Añade el Instrumento Jurídico citado que la motivación debe extenderse a todas las alegaciones de las partes, o a las razones producidas por los jueces que hayan conocido antes del asunto, siempre que sean relevantes para la decisión a tomar. En todos los casos, las motivaciones deben estar expresadas en un estilo claro y preciso, sin recurrir a tecnicismos innecesarios y con la concisión que sea compatible con la completa comprensión de las razones expuestas. En resumen, la motivación debe de observar las siguientes características: Expresa, Clara, Completa, Legítima y Respetuosa de la Sana Crítica. Ahora bien, ordena el artículo 141 del Código Procesal Penal, que las sentencias deberán de ser debidamente motivadas, redactadas conforme lo establece el artículo 338 del mismo cuerpo legal, así pues, la falta de una motivación completa se traduce en el vicio in procedendo de insuficiente motivación y la falta de una motivación expresa, se traduce en el vicio in procedendo de carencia de motivación, provocando ambas situaciones la nulidad de la sentencia (La motivación legítima está asociado con el Motivo de Casación distinto al que se resuelve en esta oportunidad, contenido en el artículo 362.3 del Código Procesal Penal). Es importante recordar que las sentencias son la forma de comunicación entre el Juez y la sociedad, en donde el primero rinde cuentas al segundo de la autoridad que se le ha confiado, también la sentencia es la forma como el Juez defiende la validez y vigencia del derecho objetivo, aplicando éste al caso concreto que es disputado, finalmente la sentencia concluye un conflicto surgido de la inobservancia de la ley, pronunciándose sobre las pretensiones antagónicas –condenatoria y absolutoria- que le han presentado las partes. Con lo expresado es posible derivar cuando existe insuficiencia de motivación fáctica o jurídica y cuando tales motivaciones son totalmente carentes: 1. Carencia de motivación fáctica o jurídica: Acontece cuando la sentencia no posee ninguna motivación fáctica o ninguna motivación jurídica, es decir, es la total omisión de fundamento probatorio o jurídico y con ello se produce el desconocimiento de las partes y del público en general, del por qué los juzgadores tomaron la decisión final, convirtiendo el pronunciamiento en arbitrario; 2. Motivación fáctica o jurídica insuficiente: Se presenta en los casos en que los juzgadores hacen un esfuerzo limitado en razonar su decisión y por ende no sea posible con la lectura de la sentencia, retomar los pasos seguidos por los Juzgadores, develar sus razonamientos y análisis, que desembocaron en los pronunciamientos del fallo. Son ejemplos de éste vicio, cuando se hace una descripción de los medios de prueba, mas no se consigna el proceso de valoración intelectivo, cuando dicha valoración se limita a manifestar que tal o cual prueba merece crédito o no merece crédito, sin expresar las razones de dicha conclusión o cuando en la fundamentación jurídica solo se hace la cita de las normas legales o se transcriben las mismas, sin ninguna explicación del por qué éstas están vinculadas al caso concreto y del por qué, en su caso, las normas invocadas por las partes no son aplicables. La Insuficiencia de Motivación también se presenta cuando los Juzgadores, en la individualización de la pena concretan, no justifican la necesidad de la aplicación de la pena a imponer y su extensión (Artículo 2-D del Código Penal). De la Procedencia del Recurso. El recurso no es de recibo. El censor denuncia la falta de motivación –no identifica si es insuficiencia o carencia de motivación - no porque el sentenciador no se haya dado a la tarea de valorar descriptiva e intelectivamente en la sentencia la prueba evacuada en sesión de juicio, sino porque considera que los medios de prueba periciales fueron ilegalmente obtenidos y por consiguiente no debieron ser objeto de valoración incriminatoria. Esta Sala de lo Penal reitera en que aún y cuando se excluyera como factor la valoración probatoria de los exámenes periciales, en donde la acusada rinde entrevistas auto incriminatorias ante los peritos, el a quo se ha dado a la tarea de motivar y dar las razones lógicas y suficientes del porqué le merece valor probatorio de carácter incriminatorio la declaración testifical del señor F. A. F., vecino de la madre de la acusada y quien según su relato, pudo dar razones del lugar y las circunstancias en que se encontró el menor, lo cual resultó corroborado para el sentenciador con la declaración de los testigos P. G. M. y L. A. C. Al dictamen de autopsia efectuado a la víctima (recién nacido), el Tribunal de Sentencia le otorgar credibilidad y da por acreditada la causa de muerte: síndrome de distres respiratorio (hemorragia pulmonar y membranas hialinas), como factor probable de la infección generalizada por el abandono sufrido por el bebé. El acta de inspección ocular al lugar del hecho, en la aldea las crucitas, municipio de San Buenaventura, de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil doce, describe que en el área de un predio estaba enterrada una bolsa plástica color gris y en su interior otra bolsa plástica color azul conteniendo manchas de color rojo violáceo, supuesta sangre y restos de coágulos de sangre (aparentemente placenta), lo cual el Tribunal de Sentencia lo considera coincidente con la demás prueba valorada, en especial la de los testigos de cargo y descargo que refieren la existencia en el lugar del hecho de una bolsa plástica donde se encontró al recién nacido. También la misma acusada al hacer uso de su derecho de defensa material, realizada bajo los principios rectores del juicio oral y público, se ubica en tiempo y en espacio abandonando al recién nacido en el lugar en el que horas después fue encontrado por su madre y los vecinos de la zona en las condiciones que le ocasionaron la muerte. En definitiva, se concluye, que el Tribunal de Sentencia motiva suficiente y razonablemente porqué le otorga valor probatorio de carácter incriminatorio a la prueba de cargo y la declaración de la acusada, aun excluyendo la prueba denunciada como ilícita por el recurrente –el dictamen de evaluación médica, dictamen psicológico y social- existen razones de hecho racionales que permiten derivar la participación culpable de la señora C. Y. A. A., en el hecho por el cual ha venido siendo acusada. Por esta razón, deviene declarar no ha lugar el segundo motivo de casación por quebrantamiento de forma. V. DECISIÓN No ha lugar el recurso de casación por infracción de precepto constitucional en su único motivo, interpuesto por el Abogado J. A. R. B. apoderado defensor de la señora C. Y. A. A. No ha lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en sus dos motivos, interpuesto por el Abogado J. A. R. B., apoderado defensor de la señora C. Y. A. A. VI. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 361, 362 y 363 del Código Procesal Penal. FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el recurso de casación infracción de precepto constitucional, en su único motivo, interpuesto por el Abogado J. A. R. B., apoderado defensor de la señora C. Y. A. A.; 2) Declara NO HA LUGAR el recurso de casación de quebrantamiento de forma, en sus dos motivos, interpuesto por el Abogado J. A. R. B., apoderado defensor de la señora C. Y. A. A.; 3) Declara firme y ejecutable la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a derecho. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA. RECEPTOR ADSCRITO. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de mayo del año dos mil diecinueve. Certificación de la Sentencia de fecha veinte de febrero del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-176-2015.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

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[1]El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.

[2] Teoría originaria de los Estados Unidos de Norte América plasmada en los fallos de la Corte Suprema de Justicia: Silverthorne Lumber Co. Vrs. United State (1920), Nardone vrs. United States, (1939), Mapp vrs Ohio (1961), Escobedo vrs Illinois (1964), Miranda vrs Arizona (1966), Shapman vrs Arizona (1967), Katz vrs United Sates (1967) y Orozco vrs Texas (1969).