Sentencia CP-174-16 — Registro 10552
Resumen
En primera instancia se condeno al imputado por los delitos de Usurpación y Daños. Resolviendo no ha lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...En el presente caso el Recurrente no señala cual es el argumento judicial que considera malogrado, mucho menos confronta dicho argumento judicial con las reglas de la sana crítica, explicando como el silogismo es violatorio del principio de derivación y como éste es relevante en la decisión tomada por el Tribunal; en otras palabras no existe en el escrito del recurso identificación de un silogismo judicial, análisis de premisas y demostración de una mala inferencia que termine en una indebida conclusión derivada. En lugar de ello el Recurrente formula protesta contra la valoración positiva que hizo el A Quo de las declaraciones de las Señoras B. B. I. y L. A., indicando que ello es un error a falta de “prueba periférica que soporte sus dichos”, es decir, a falta de prueba que respalde lo señalado por aquellas, con lo cual lo que hace es compartir cuál es su criterio personal de como debieron ser valoradas dichas declaraciones, siendo la falta de coincidencia con el criterio del A Quo el motivo de la denuncia. Para la Sala de lo Penal es claro que el recurrente acude al motivo referido como una forma de disfrazar la verdadera pretensión de reexamen o revalorización de la actividad probatoria (revisio de facto) como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el Tribunal a dos declaraciones testificales, pretendiendo así que los Jueces de Casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren esta prueba, extraigan conclusiones probatorias y luego las compare con aquellas a las que arribó el A Quo, decidiendo finalmente si lo hecho por los jueces de la instancia está bien o mal, a depender si coincide la valoración de la prueba hecha en única instancia, todo ello impropio. Como hemos explicado, no existe una previa determinación de pruebas (prueba tasada), por lo que éste debe ser asignado por el juzgador de la instancia haciendo mano de las reglas de la sana crítica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto en relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo (inmediación) ajeno a los jueces de casación. Por ello el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; la casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba; las partes en la interposición del recurso no pueden pretender que este Tribunal declare el acierto o desacierto del Tribunal de Sentencia sobre sus criterios estrictamente valorativos, pues ello sería rebasar las potestades legales conferidas por la ley a los jueces de casación. Es de tener presente que conforme la naturaleza del Recurso de Casación resulta irrelevante el criterio que pueda generar la prueba al Ministerio Público, al Acusador Privado, a la Defensa, etc. e inclusive al propio Tribunal de Casación; lo que consideren las partes o la Sala de lo Penal que debió haber sido la valoración de la prueba no es vinculante sino que lo determinante es el criterio probatorio del Tribunal de Sentencia y si éste fue construido en respeto a las reglas de la sana crítica; ergo el motivo de casación debe concentrarse única y exclusivamente en demostrar que el criterio del juzgador fue construido con inobservancia de esas reglas y principios que componen el recto entendimiento humano y en particular cuando se alegue violación al principio de derivación a causa de inexistencia de razón suficiente, dicho análisis debe ser dirigido a demostrar la inexistente conexión entre la conclusión judicial con las premisas a consecuencia de una indebida inferencia lógica..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"...De la Procedencia del Segundo Motivo EL SEGUNDO MOTIVO ES DE RECIBO. - La Sala de lo Penal contestará este segundo motivo respecto a la imputación que por el delito de daños se formuló en contra de la Señora A. C. B. G., pues respecto a aquella en contra del Señor G. A. B., se ha dado una respuesta definitiva al resolverse el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. Para el Recurrente, los hechos declarados probados no se configuran en el delito de Daños en contra de la Querellada A. B., pues el tipo penal describe como conducta criminosa el destruir, inutilizar, hacer desaparecer o deteriorar una cosa, más en el presente caso la mencionada realizó remodelaciones al bien inmueble, que más que restarle valor, se lo aumentaron. Con ocasión de lo alegado por el Recurrente es oportuno recordar que el delito de daños es un delito contra el patrimonio, por lo que solo se podrá deducir responsabilidad a una persona por este delito, conforme ordena el artículo 2-C del Código Penal, cuando el bien jurídicamente tutelado se vea lesionado o cuando menos en peligro, y esto solo ocurre cuando acontece disminución en el patrimonio.- En el caso de mérito los hechos declarados probados por el A Quo refieren que la querellada A. C. B. realizó “remodelaciones”, que es la acción de modificar la manera como se encuentra una cosa y que en el presente caso implicaría modificar el estado original del bien inmueble; describe el Factum que dichas remodelaciones consistieron en: botar árboles, paredes, cerrar baños, botar puertas, levantar muros y otros actos sin concretar cuales fueron todos esos actos y, más importante aún, sin especificar si esto disminuyó el valor del bien (daño emergente), o cuando menos constituyó una modificación de tal envergadura que a partir de ello no pueda ser destinado a aquello para lo cual se estaba usando previo a dicha conducta, ocasionando perjuicio económico a futuro (lucro cesante). Se insiste que para que exista delito de daño, no basta que la conducta sea realizada sin el consentimiento del sujeto pasivo, sino que además debe acontecer un detrimento económico en perjuicio de éste, el cual si es menor o igual a L 10.00 se califica como falta y si es mayor se califica como delito (400.7 del Código Penal), siendo éste el elemento faltante en el factum que impide la subsunción en el tipo penal del artículo 254 del Código Penal, ya que llama el A Quo a la conducta de la querellada “remodelaciones” que es un concepto que no necesariamente puede constituir en la destrucción, inutilización o deterioro del bien, máxime cuando no se describe que ésta haya tenido como consecuencia una disminución en el valor del bien inmueble como consecuencia de daño emergente o de lucro cesante. En conclusión, los hechos declarados probados no se subsumen en el ámbito situacional que prevé el artículo 254 del Código Penal, por lo que su aplicación es una decisión jurisdiccional indebida..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veinticuatro de abril del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de abril del año dos mil diecinueve, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian En Nombre Del Estado De Honduras La siguiente Sentencia en el Recurso de Casación SP 174-2016 por Infracción De Ley, Por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma interpuesto contra la sentencia de fecha seis de agosto del año dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia del Departamento de Olancho, con sede en la ciudad de Juticalpa, mediante la cual Primero: Condenó a los señores G. A. B. E. y A. C. B. G., como autores de los delitos de Usurpación y Daños, en perjuicio de los señores L. O., S. E. y A. J. todos de apellido B. E. a la pena de tres años de Reclusión por el delito de Usurpación y una pena de tres años de Reclusión, por el delito de Daños, haciendo un total de seis años de Reclusión, más las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil por el tiempo que dure la condena principal.- Segundo: Absolvió al señor G. A. B. E. por el delito de Falsificación de Documentos.- Tercero: No procede a condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio.- Cuarto: Se le declara la responsabilidad civil de los señores G. A. B. E. y A. C. B. G. Son Partes En La Única Instancia: El Abogado J. C. C. O., apoderado defensor privado de los Señores G. A. B. E. y A. C. B. G., en su condición de Recurrente. Hechos Probados De La Instancia, “Primero: Que en fecha ocho (8) de agosto del año de mil novecientos ochenta y cuatro la señora P. E. de B. adquirió, por compra hecha a la municipalidad de la ciudad de Campamento en este departamento de Olancho, un bien inmueble consistente en un solar urbano ubicado frente al parque de dicha ciudad, inmueble que consistía en un solar en el cual construyó una casa, ambos descritos en el instrumento número 278 de fecha ocho de agosto del año de mil novecientos ochenta y cuatro y registrados bajo el número 38 del tomo 76 del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de este departamento de Olancho, ahora Instituto de la Propiedad de Olancho.- Que en fecha siete (7) de junio del año dos mil once (2011) el Juzgado Primero de Letras Seccional de Juticalpa departamento de Olancho declaró a los señores L. O., R. E., S. E., Y A. J. todos de apellidos B. E. herederos Ab-Intestato de los bienes, derechos y acciones que a su muerte dejara su madre la señora M. P. E. S. conocida también como M. P. S. E. Y P. E. registrándose dicha sentencia bajo el número 36 del tomo 44 del Registro de la Propiedad inmueble y Mercantil de Olancho, ahora Instituto de la Propiedad de Olancho.- Que en fecha quince (15) de julio del año dos mil once (2011) el Registro de la Propiedad del departamento de Olancho estima que existen méritos suficientes para la tradición de dominio del inmueble antes relacionado y concede la posesión de la herencia a los señores L. O., R. E., S. E. Y A. J. todos de apellidos B. E., sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho, dicha tradición de dominio se encuentra registrado bajo el número 36 del tomo 1,422 del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil del departamento de Olancho ahora Instituto de la Propiedad.- El veinte (20) de agosto del año dos mil diez (2010) el señor G. A. B. en forma unilateral, (el subrayado es nuestro), declaró ser poseedor del inmueble, ya descrito anteriormente, esto lo hizo ante la Abogada y Notaria pública, R. M. B., quien protocolizó dicho acto mediante Instrumento número ciento sesenta y uno de la fecha antes indicada.- En fecha veintiocho (28) de noviembre del año dos mil once (2011) la Dirección General de Regulación Predial del Instituto de la Propiedad declaró sin lugar la solicitud que hiciera el señor G. A. B. referida a adquirir el dominio pleno del inmueble tantas veces mencionado por el mecanismo de Equiparamiento al Dominio Útil la ocupación por más de cinco años y su consolidación a Dominio Pleno.- Que de igual manera la Municipalidad de Campamento Departamento de Olancho deniega la solicitud de dominio pleno que hiciera el señor G. A. B. ante dicha municipalidad en fecha dieciséis (16) de marzo del año dos mil once (2011).- Que en fecha ocho (8) de agosto del año dos mil once (2011) el señor G. A. B. compareció nuevamente ante la Notaría de la Abogada R. M. B. y vendió el inmueble, objeto de este pleito, a los señores S. M. P. y G. O. B. G., manifestando en dicha comparecencia, entre otros; que dicho inmueble carecía de título Inscrito. Segundo: En fecha veinte (20) de agosto del año dos mil diez (2010) el señor G. A. B. E. se apoderó del inmueble que se encuentra registrado bajo el número 38 del tomo 76, el cual tiene inscritas mejoras en ese mismo asiento mismo que hasta esta fecha pertenece a los señores L. O. B. E., S. E. B. E. Y A. J. B. E. y lo rentó a varias personas; desde aquella fecha y para sostener dicha posesión repelió, por medio de personas armadas, los reclamos que en reiteradas ocasiones le hicieron los señores ya mencionados que en este caso son querellantes, alquiló dicho inmueble a diferentes personas; trató de legitimar esa posesión por diferentes medios, mismos que ya son mencionadas en el numeral anterior, sin lograrlo. En fecha ocho (8) de agosto del año dos mil once (2011), como queda dicho en el numeral anterior, vendió el inmueble a los señores, S. M. P. y G. O. B. G., pero siempre ejerció actos posesorios sobre el mencionado inmueble por el hecho que las personas a quienes les vendió eran su hija y su yerno y éstos no viven en la ciudad de Campamento, por lo que junto a su otra hija A. C. B. G. realizaron remodelaciones en dicha casa, botaron árboles, paredes, cerraron baños, botaron puertas, levantaron muros, en fin realizaron una serie de actos sobre el inmueble sin contar con la autorización de sus propietarios y menos con su aprobación.” Recurso De Casación. Motivos Y Argumentos a.- Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional Tercer Motivo Infracción de los artículos 89 y 9O de la Constitución de la República, en relación con los artículos 1, 2 y 54 del Código Procesal Penal. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. Fundamentación: La infracción de los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República, se configura al condenar el Tribunal de Sentencia a los imputados, quebrantando su estado de inocencia, constando prueba que limita proferir un fallo condenatorio. Explicamos el vicio de la siguiente forma: En el apartado denominado Valoración de la Prueba numeral Sexto de la Sentencia impugnada, el Tribunal Sentenciador indica que se evacuó como medio prueba la Inspección de la carátula del expediente número 504-12 que contiene una demanda Ordinaria de Nulidad de Declaratoria de Herencia promovida por G. A. B. E. contra una de las ofendidas. En el numeral Séptimo del mismo apartado, el Sentenciador esgrime: “4) Si bien, como ha quedado demostrado con los documentos que ha presentado la defensa y sobre todo el querellado G. A. B. E., éste es hermano de los querellantes y teóricamente es heredero, pero no demostró en el juicio que legalmente lo sea, pues no presentó sentencia alguna que así lo declare, consecuentemente tampoco puede tener una tradición de dominio del bien objeto de este pleito, por lo que hasta el momento en que este tribunal conoce de la presente causa no es dueño de la propiedad en cuestión, por más demandas que tenga incoadas ante los juzgados correspondientes y que conocen sobre materia civil, porque aunque haya presentado como medio de prueba la carátula de un expediente que obra en poder del Juzgado Primero de Letras, este tribunal no tuvo a la vista ninguna resolución sobre esta causa.” Por su parte, el artículo 54 del Código Procesal Penal dispone: “No obstante lo anterior, los litigios referentes a la determinación del estado civil de las personas, al derecho de propiedad en el caso de usurpación y las relacionadas con la naturaleza fraudulenta o culposa de la quiebra, sólo podrán ser resueltas por los tribunales civiles.” Citando nuevamente a la Sala de lo Penal, al respecto ha sostenido: “Como elemento subjetivo el tipo penal exige que el sujeto activo actúe con dolo y con un propósito de lucro, el cual se pone en manifiesto cuando el sujeto activo mantiene su actuar aun cuando ha sido requerido fehacientemente para que cese en el apoderamiento del bien inmueble; Por el contrario no da paso a la existencia del delito por ausencia de dolo en los casos que entre los colindantes surja conflicto por linderos dudosos o ignorados, cuando exista alteración de los linderos sin un apoderamiento lucrativo o cuando el sujeto activo se conduzca con la creencia de estar en el ejercicio de un derecho legítimo por ausencia de determinación de la titularidad del derecho de propiedad o del derecho real en cuestión o cuando dicha titularidad este siendo disputada en el fuero civil, siendo en éste último caso procedente diferir la causa al ámbito civil tal como lo ordena el artículo 54 del Código Procesal Penal”[1] (1o subrayado es nuestro). Así las cosas, resulta claro que el Tribunal aprecia erróneamente las consecuencias de la Demanda civil incoada, ya que, si bien tiene por acreditado que existe un litigio que incide en la propiedad del inmueble, es del criterio que dicho proceso es irrelevante para el proceso penal, en clara contradicción con el artículo 54 del Código Procesal Penal, condenado a los imputados por el delito de Usurpación. De hecho, el Tribunal inclusive se pronuncia sobre el fondo del derecho de propiedad que ostenta el imputado, al indicar que teóricamente es copropietario del inmueble. Por su parte, el único elemento probatorio que hace referencia a los daños causados al inmueble, deriva única y exclusivamente de la prueba testifical. Las declaraciones demás testigos carecen de otro elemento probatorio que sustente los daños, y por ello, la prueba es insuficiente, constituyéndose, de forma aislada, en prueba indiciaria. En relación, la jurista M. F. T. A. expresa: “Sólo cabrá constatar la vulneración del derecho a la presunción de inocencia cuando no haya pruebas de cargo válidas, es decir, cuando los órganos judiciales hayan valorado una actividad probatoria lesiva de otros derechos fundamentales o carentes de garantías, o cuando no se motive el resultado de dicha valoración, o, finalmente, cuando por ilógico o insuficiente no sea razonable el iter discursivo que conduce de la prueba al hecho probado... A falta de prueba directa, la prueba de cargo puede ser indiciaria, siempre que se cumplan los siguientes requisitos, que permiten distinguirla de las simples sospechas: Que parta de hechos plenamente probados y que los hechos constitutivos de delitos se deduzcan de esos indicios a través de un proceso mental razonado y acorde con las reglas del criterio humano, explicitado en la sentencia condenatoria”[2] (lo subrayado es nuestro). En el caso subjudice, el razonamiento del Sentenciador resulta insuficiente, ya que con las pruebas presentadas en juicio se a los imputados por el delito de Daños. En la Sentencia recurrida, los Juzgadores no cumplen con los requisitos de prueba indiciaria, ya que la declaración testifical que constituye el único medio probatorio que incriminan a los imputados, no parte de hechos plenamente probados, por cuanto sus dichos no son corroborados por otras pruebas. De este modo, el Sentenciador quebranta las disposiciones los Principio de Juicio Previo y Estado de Inocencia, comprendidos en los artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal, y en consecuencia, los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República, que consagran el Estado de Inocencia y el Debido Proceso como derechos fundamentales, en consecuencia, resulta procedente que la Sala de lo Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia, declare Con Lugar el presente Motivo absolviendo de toda responsabilidad a los señores G. A. B. E. Y A. C. B. G. por los delitos de Usurpación y Daños. b.- Recurso de Casación por Infracción de Ley Primer Motivo Infracción de Ley por aplicación indebida del artículo 227 del Código Penal, en relación con el artículo 13 del mismo cuerpo legal. Precepto Autorizante: Autoriza la interposición del presente Motivo el artículo 360 del Código Procesal Penal. Fundamentación: Atendiendo al cuadro fáctico establecido en la Sentencia objeto de impugnación, el Tribunal Sentenciador aplica indebidamente el artículo 227 del Código Penal, por no concurrir los elementos del tipo penal de Usurpación en la presente causa. En tal sentido la Sentencia impugnada adolece de los siguientes vicios: 1. Falta del elemento objetivo del tipo penal. Según señala C. H., dentro del tipo objetivo las diferentes normas penales contienen las exigencias necesarias para que el delito exista según su descripción, regulando lo externo a la voluntad psíquica del autor (elementos descripticos y normativos).[3] El artículo 227 del Código Penal, reza: “Quien usurpe un bien inmueble o un derecho real será sancionado con reclusión de dos (2) a cuatro (4) años, sin perjuicio de que tan pronto se acredite en autos el derecho correspondiente, el juez que conoce de la causa ordene el desalojo del bien de que se trate o el reintegro del derecho que corresponde.” Para evidenciar la infracción de aplicación indebida por falta del elemento objetivo en los hechos descritos en el fáctum, prima facie es preciso determinar el contenido del tipo penal. Sobre el particular, en la doctrina, el jurista C. C. sostiene que la acción típica “es la de despojar, lo cual tiene un sentido de quitar, de sacar de la ocupación o impedir la ocupación del inmueble total o parcialmente, por parte del sujeto pasivo; puede darse, por consiguiente, desplazando al tenedor, poseedor o ejercitador del derecho real de que se trate, del lugar (terreno) que constituye el inmueble u oponiéndose a que aquél continúe realizando los actos propios de su ocupación tal como los venía ejecutando. Pero, para ser típico, el despojo debe estar signado por la finalidad de permanecer en el inmueble ocupándolo: el que priva de la tenencia al sujeto pasivo fugazmente, con voluntad de no permanecer en él, podrá quedar comprendido en otros tipos (p.ej., el que sólo lo hace para turbar la posesión).”[4] La única ocasión en la que el Tribunal menciona a la señora A. C. B. G., hija del señor G. A. B. E., señala: “por lo que junto a su otra hija A. C. B. G. realizaron remodelaciones en dicha casa, botaron árboles, paredes, cerraron baños, botaron puertas, levantaron muros, en fin realizaron una serie de actos sobre el inmueble sin contar con la autorización de sus propietarios y menos con su aprobación.” Contrastando la acción típica que constituye el elemento objetivo del tipo penal, se constata que la Declaración de Hechos Probados no contiene referencia alguna, en cuanto a la señora A. C. B. G., a que haya despojado del inmueble a los ofendidos, ocupándolo o impidiendo su ocupación, por cuanto su actuación se limitó a realizar remodelaciones al mismo, no así a sacar o quitar a los propietarios, lo que demuestra la aplicación indebida de la norma. 2. Falta del elemento subjetivo del tipo penal. El artículo 13 del Código Penal prescribe: “El delito puede ser realizado por acción o por omisión y necesariamente debe ser doloso o culposo.- El delito es doloso cuando el resultado responde a la intención que se tuvo al ejecutarlo o cuando el autor sabe, o está obligado a saber, que como consecuencia de la acción u omisión existe la posibilidad de que se produzca un efecto dañoso constitutivo de delito, no obstante, lo cual ejecuta el hecho y acepta, por ende, las consecuencias que del mismo se derivan.- El delito es culposo cuando es resultado de imprudencia, impericia o negligencia o cuando es producto de la inobservancia de una ley, de un reglamento o de órdenes, resoluciones o deberes, atendidas las circunstancias y la situación personal del delincuente. El delito culposo solo será punible en los casos expresamente determinados por la ley. - En ningún caso la pena de un delito culposo podrá ser mayor que la correspondiente a ese mismo delito si se hubiere cometido dolosamente, cuando así ocurra, se impondrá la pena del delito doloso rebajada en un sexto (1/6).” En relación al delito de Usurpación, la Sala de lo Penal ha sostenido: “Como elemento subjetivo el tipo penal exige que el sujeto activo actúe con dolo y con un propósito de lucro, el cual se pone en manifiesto cuando el sujeto activo mantiene su actuar aun cuando ha sido requerido fehacientemente para que cese en el apoderamiento del bien inmueble; Por el contrario no da paso a la existencia del delito por ausencia de dolo en los casos que entre los colindantes surja conflicto por linderos dudosos o ignorados, cuando exista alteración de los linderos sin un apoderamiento lucrativo o cuando el sujeto activo se conduzca con la creencia de estar en el ejercicio de un derecho legítimo por ausencia de determinación de la titularidad del derecho de propiedad o del derecho real en cuestión o cuando dicha titularidad este siendo disputada en el fuero civil, siendo en éste último caso procedente diferir la causa al ámbito civil tal como lo ordena el artículo 54 del Código Procesal Penal”[5] (lo subrayado es nuestro). Por tanto, es seguro afirmar que el delito de Usurpación, necesariamente debe ser cometido de forma dolosa. En el caso que no ocupa, y en lo que respecta al señor G. A. B. E., de la Declaración de Hechos Probados se evidencia que el apoderamiento relatado se encuentra desprovisto de dolo, al encontrarse en la fiel creencia de estar en el ejercicio de un derecho legítimo, lo que se verifica, en primer término con el hecho que se declaró poseedor del inmueble ante la Notario R. M. B., quien protocolizó dicho acto mediante Instrumento Público, y en segundo, con las solicitudes de dominio pleno y dominio útil que presentó ante el Instituto de la Propiedad de Olancho, lo que se traduce en la plena convicción del imputado en que disponía de un inmueble sobre el que ostentaba un legítimo derecho de propiedad. Lo anterior, se encuentra en armonía con la interpretación de estos actos dada por el propio Tribunal Sentenciador. Sin pretender desnaturalizar el presente Motivo de Casación por Infracción de Ley, y a los únicos efectos del mismo aceptando los Hechos Probados como verdad intangible, a modo ilustrativo nos permitimos citar el numeral Décimo del apartado denominado Valoración de la Prueba de la Sentencia impugnada, en el que los Juzgadores se adhieren a la postura expuesta, eliminando el dolo del actuar del imputado, al sostener: “consideramos que más bien [los imputados] son inducidos por profesionales del derecho que faltando a la ética profesional, que están obligados a poner en práctica, inculcan falsas expectativas a sus clientes o simplemente no les dicen la verdad, por lo que intuimos que el imputado ya mencionado cuando realizó los actos imputados relativos a otorgar documentos, tanto para sí mismo como en la escritura de compraventa, los hizo bajo la creencia ciega que de esa manera se apoderaría de manera legal del inmueble, por lo que creemos que indudablemente los realizó sin conocimiento pleno de las consecuencias que con éstos podría ocasionarle.” Ello constata que efectivamente el Tribunal arribó a la conclusión que el señor G. A. B. E. persiguió, lo que en su creencia consideraba, su legítimo derecho de propiedad, según se desprende de los Hechos Probados. Siendo así, el actuar del imputado en mención no fue doloso, por no responder a la intención de despojar a las víctimas del inmueble. Por otro lado, en cuanto a la señora A. C. B. G., innegablemente del cuadro fáctico no es posible inferir la intención de despojar a los ofendidos del inmueble, por cuanto éste se limita a indicar que conjuntamente con el señor G. A. B. E., realizaron remodelaciones, lo que no deja ver ningún propósito de apoderamiento, de lucro u oposición al derecho de propiedad de las víctimas. Es por todo lo anterior que se aprecia la aplicación indebida del artículo 227 del Código Penal, por no concurrir en el fáctum los elementos objetivo y subjetivo del tipo penal de Usurpación. Incidencia Del Vicio En El Fallo: El vicio reprochado incide directamente en el fallo, por cuanto mis patrocinados fueron condenados por el delito de Usurpación, subsumiendo el artículo 227 del Código Penal en los Hechos Probados. De haberse estimado la falta de los elementos del tipo penal en los hechos declarados probados, se habría absuelto a los imputados por el delito de Usurpación. Interpretación Pretendida: Al no comprender la Declaración de Hechos Probados por el Tribunal Sentenciador, la acción típica o conducta objetiva, ni los elementos objetivo y subjetivo del tipo; los hechos no pueden subsumirse o adecuarse en lo dispuesto por el artículo 227 del Código Penal. En consecuencia, se pide la interpretación de estos hechos como atípicos, no antijurídicos ni culpables, y aplicando la Ley de manera adecuada, se dicte Sentencia Absolutoria a favor de los señores G. A. B. E. Y A. C. B. G. por el delito de Usurpación. Segundo Motivo Infracción de Ley por aplicación indebida del artículo 254 del Código Penal, en relación con el artículo 13 del Código Penal. Precepto Autorizante: Autoriza la interposición del presente motivo el artículo 360 del Código Procesal Penal. Fundamentación: De conformidad con el cuadro fáctico establecido en la Sentencia objeto de impugnación, el Tribunal Sentenciador aplica indebidamente artículo 254 del Código Penal, por no concurrir los elementos del tipo penal de Otros Fraudes en la presente causa. En tal sentido la Sentencia impugnada adolece de los siguientes vicios: 1. Falta del elemento objetivo del tipo penal. Como sostuvimos anteriormente, citando a C. H., dentro del tipo objetivo las diferentes normas penales contienen las exigencias necesarias para que el delito exista según su descripción, regulando lo externo a la voluntad psíquica del autor (elementos descripticos y normativos).[6] artículo 254 del Código Penal, reza: “Se impondrá reclusión de tres (3) a cinco (5) años a quien destruya, inutilice, haga desaparecer o de cualquier modo deteriore cosas muebles o inmuebles o animales de ajena pertenencia, siempre que el hecho no constituya un delito de los previstos en el Capítulo siguiente.- La misma pena se impondrá al que por cualquier medio destruya, altere, inutilice o de cualquier modo dañe los datos, programas o documentos electrónicos ajenos, contenidos en redes, soportes o Sistemas informáticos.” La doctrina expresa que el tipo objeto lo constituye “cualquier ataque a la materialidad, utilidad o disponibilidad de las cosas, que elimine o disminuya su valor de uso o de cambio: se ataca la materialidad de la cosa cuando se altera su naturaleza, forma o calidades; se ataca su utilidad cuando se elimina o se disminuye la aptitud para los fines a que estaba destinada; se ataca su disponibilidad cuando el acto del agente impide que el propietario pueda disponer de ella.”[7] La disposición citada comprende como verbos rectores la destrucción, inutilización, la desaparición, o cualquier acción que deteriore cosas muebles o inmuebles o animales de ajena pertenencia. Concretamente en relación a los daños, el Tribunal en su Declaración de Hechos Probados se limitó a señalar: “por lo que [G. A. B. E.] junto a su otra hija A. C. B. G. realizaron remodelaciones en dicha casa, botaron árboles, paredes, cerraron baños, botaron puertas, levantaron muros, en fin, realizaron una serie de actos sobre el inmueble sin contar con la autorización de sus propietarios y menos con su aprobación.” En este sentido, no se aprecia como los imputados de algún modo realizaron alguno de los verbos rectores descritos, por cuanto en cualquier remodelación de un inmueble, botar árboles, paredes, cerrar baños y levantar muros, no conlleva la destrucción inutilización, desaparición o deterioro del mismo, sino, como bien sostiene el Sentenciador, se trata de una remodelación, que lejos de restarle valor, agrega. Así, resulta claro que el fáctum no recoge el deterioro, de modo alguno, del inmueble, sino, modificaciones que no pueden traducirse en un desvalor para el mismo, por tanto, no se aprecia la concurrencia del tipo objetivo del delito. 2. Falta del elemento subjetivo del tipo penal. La doctrina sostiene que el delito de DAÑOS “exige en el agente un animus damnandi.”[8] Por ello, necesariamente debe configurarse el dolo (artículo 13 del Código Penal), para subsumir una determinada conducta en el delito de DAÑOS. En el caso que nos ocupa, las remodelaciones que fueron practicadas por los imputados, suprimen el animus damnandi, por cuanto resulta evidente que su intención no era dañar el inmueble. De otro modo, no se explicaría porque levantaron muros y remodelaron el mismo. Las acciones practicadas por los imputados, en forma alguna pueden interpretarse como orientadas a deteriorar o disminuir el valor del inmueble, ya que, si el señor G. A. B. E. dispuso del mismo como propio, al alquilarlo y venderlo, tal como se desprende del cuadro fáctico, resulta incoherente que tuviera la intención de dañarlo. Es por todo lo anterior, que se aprecia la aplicación indebida del 254 del Código Penal, por no concurrir en el cuadro fáctico los elementos objetivo y subjetivo del tipo penal de Daños. Incidencia Del Vicio En El Fallo: El vicio reprochado incide directamente en el fallo, por cuanto mis representados son condenados por el delito de DAÑOS, subsumiendo el 254 del Código Penal en los Hechos Probados. De haberse estimado la falta de los elementos del tipo penal en los Hechos Declarados Probados, se habría absuelto a los señores G. A. B. E. Y A. C. B. G. Del Delito De Daños. Interpretación Pretendida: Al no comprender la Declaración de Hechos probados por el Tribunal sentenciador, la acción típica o conducta objetiva, ni los elementos objetivo y subjetivo del tipo; los hechos no pueden subsumirse o adecuarse en lo dispuesto por el artículo 242 en su preámbulo y numeral 9 del Código Penal. En consecuencia, se pide la interpretación de estos hechos como atípicos, no antijurídicos ni culpables, y aplicando la Ley de manera adecuada, se dicte Sentencia Absolutoria a favor de los señores G. A. B. E. Y A. C. B. G. por el delito de Daños. c.- Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma Cuarto Motivo Infracción de lo dispuesto en el artículo 202 del Código Procesal Penal, al inobservarse las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Fundamentación: En la valoración de la prueba, los Juzgadores flagrantemente violan las reglas de la sana crítica en su ley lógica de la derivación, en su principio de razón suficiente, al atribuir a la Declaración Testifical de las señoras B. B. I. Y L. A., alcances probatorios que no posee. Dicha violación se configura de la forma siguiente: Como elemento previo, conviene señalar que de la ley lógica de la derivación se extrae el principio lógico de razón suficiente, por el cual todo juicio, para ser realmente verdadero, necesita de una razón suficiente, que justifique lo que en el juicio se afirma o niega con pretensión de verdad.[9] Así las cosas, en el apartado denominado Valoración de Pruebas de la Sentencia recurrida, concretamente en el numeral Segundo, el Tribunal transcribe los dichos de las testigos B. B. I. Y L. A. Posteriormente en el numeral Séptimo del mismo apartado, concluye que las testigos “manifestaron en el juicio que en verdad fueron a destruir paredes, puertas, pilas, cercas y cortar árboles...” Sin mayor desarrollo en el proceso intelectivo de valoración de la declaración testifical, concluye el Tribunal en el cuadro fáctico, que los querellados se encontraban con hombres armados, repeliendo a los querellantes, y a su vez realizaron remodelaciones al inmueble, lo que tuvo como consecuencia la condena de los imputados por los delitos de USURPACIÓN y DAÑOS. Las conclusiones del Sentenciador en torno a que a los querellados los acompañaban personas armadas para repeler la posesión por parte de los querellantes, así como los daños causados al inmueble, infringen las reglas de la sana crítica en su ley lógica de la derivación, en su principio de razón suficiente, por cuanto de la prueba aportada, no se rige como suficiente para dar total credibilidad a los testigos, por no contar con prueba periférica que soporte sus dichos, por lo que la apreciación del Tribunal, no deriva de un acervo probatorio suficiente, del que pueda derivar la conclusión a la que arriba. Incidencia Del Vicio En El Fallo: El vicio reprochado incide en el fallo, al plasmarse en la Declaración de Hechos Probados, que a los querellados los acompañaban personas armadas para repeler la posesión por parte de los querellantes, así como los daños causados al inmueble, subsumiendo los artículos 227 y 254 del Código Penal en el cuadro fáctico. De haberse omitido tales hechos en el fáctum, no se habría subsumido las normas penales señaladas en el mismo, y por tanto se habría absuelto a los señores G. A. B. E. Y A. C. B. G. por los delitos de Usurpación y Daños. Reclamación Hecha Para La Subsanación Del Vicio Denunciado: Siendo que el yerro que provoca la interposición del presente motivo se produce en el fallo mismo, sólo es posible su corrección a través de esta vía y de ello resulta que no hubo reclamación ex-ante. Fundamentación Jurídica 1. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional; Esta Sala de lo Penal ha entendido que se trata de una tercera vía recursiva distinta a las tradicionales de fondo (infracción de ley) y forma (quebrantamiento de forma).Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[10]. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso deberá denunciar la infracción de un derecho fundamental, un derecho reconocido en el bloque constitucional o de doctrina legal constitucional, cuando dicha violación haya tenido una influencia decisiva en la decisión del Órgano Jurisdiccional; En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, Rafael Alvarado Manzano, Liticom, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115): “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”. Entonces los motivos a plantear en este Recurso de Casación, presentados bajo Numerus Apertus, son: a. Negación de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; b. Aplicación restrictiva de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; c. Interpretación errónea sobre la naturaleza y/o alcance de un derecho constitucional del bloque Constitucional, o sobre una Doctrina Legal Constitucional, que atañe al derecho procesal penal o al derecho penal sustantivo. En una buena técnica recursiva, el recurrente debe hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamenta dores (Recursos Extraordinarios). La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Único Motivo. (Presentado en el Escrito como Tercer Motivo) *Norma Autorizante: 361 del Código Procesal Penal; *Normas que se denuncian Infringidas: Artículo 89 de la Constitución de la República; Artículo 90 de la Constitución de la República; Artículos 1, 2 y 54 del Código Procesal Penal; *Concepto de la Infracción: Violación al Estado de Inocencia como consecuencia de emitirse en contra de los acusados una sentencia condenatoria; *Reclamación Ex Ante: Que se declare con lugar el motivo, emitiendo una sentencia absolutoria a favor de los acusados G. A. B. E. y A. C. B., por los delitos de Usurpación y Daños; *Pretensión: Se Case la sentencia y en su lugar se dicte otra apegada a Derecho. El Recurrente agrupando en un mismo motivo, denunciando la violación de dos derechos fundamentales, señaló en el libelo: 2. El único elemento probatorio que hace referencia a los daños causados al inmueble, deriva única y exclusivamente de la prueba testifical; las declaraciones de testigo carecen de otro elemento probatorio que sustente los daños y por ello es prueba insuficiente; y 3. Como parte de los medios de prueba de debate fue evacuada la inspección de la carátula del expediente 504-2012, que contiene la demanda ordinaria de nulidad de declaratoria de herencia promovida por el ahora acusado G. A. B. E., en contra de las querellantes L. y S. B.; medio de prueba que fue apreciado erróneamente por el A Quo, pues se probó que existe un litigio que incide en la propiedad del inmueble, como lo señala el artículo 54 del Código Procesal Penal. Del Derecho/Principio del Estado Material de Inocencia El Recurrente señala la violación de dos derechos fundamentales: i.- El Debido Proceso y; ii.- Estado Material de Inocencia; sin embargo, en su líbelo solo desarrolla uno de ellos, dado que alega que su representado fue condenado sin que existiere suficiente carga probatoria; por ello esta Sala de lo Penal procederá a hacer una breve relación del contenido del derecho fundamental al estado material de inocencia, para luego resolver el caso concreto. El Derecho/Principio de Inocencia es proclamado y reconocido por la Declaración Universal Sobre los Derechos Humanos en el artículo 11.1, por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 14.2, por la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en el artículo 8.2 y por la Constitución de la República en su artículo 89, desarrollado por el Código Procesal Penal en los artículos 2, 191.2 y 282.5, cuyo contenido establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente, y que no solo debe estar presente en el proceso penal, sino que debe respetarse por todo poder público en el desarrollo de sus funciones; Ahora bien, en la esfera jurisdiccional este derecho-principio constituye una regla de juicio, endosando el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías; por su importancia tal principio ha sido plasmado en el Estatuto de Roma, que establece la necesidad de que los Magistrados de la Corte Penal Internacional estén convencidos, más allá de toda duda razonable, de la culpabilidad que se imputa para dictar una sentencia condenatoria (Art. 66.3) De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de delito será válida, sin infracción del derecho al estado de inocencia, cuando se sustente en al menos una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar certeza de la culpabilidad del acusado o acusada. El Derecho/Principio de Inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. (ver al respecto el fallo de fecha 04 de octubre del 2005 en Exp. 2597-2004 de la Sala de lo Penal). El Derecho/Principio de Inocencia está íntimamente relacionado con la base fáctica que dicta la realidad del hecho y la participación que en él haya tenido el acusado, incluyendo juicios de inferencia sobre el animus, que en conjunto autorizan la aplicación del Ius Puniendi, pues ningún elemento del delito, sea objetivo o subjetivo, pueden ser presumido en contra de la persona acusada; por ello el Derecho/Principio de Inocencia está relacionado con el debido proceso probatorio, pues solo los hechos de culpabilidad pueden arrebatarle el estado de inocencia a una persona; recuerde que el proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el Tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad; para el pronunciamiento de la sentencia condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al juzgador, sin vacilaciones y sin dudas establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable. En el informe No. 50/00 del caso 11,298 del 13 de abril de 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha señalado que: “118 […] De todas las garantías judiciales propias del ámbito penal, la más elemental es, quizás, la presunción de inocencia […].”; Por su parte este Tribunal de Casación en fallo de fecha 14 de mayo del 2007 del Expediente 312-2006, declaró que el Estado de Inocencia “… es un estado inherente a la persona humana …”, este derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art.14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8.2), además es norma pilar de la Constitución de la República (Art. 89 Superior) que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (Arts. 1 y 2 CPP), y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto si no se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, válida y acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la sentencia de fecha 01 de septiembre de 2011, dictada con ocasión del caso López Mendoza vs. Venezuela ha indicado: 128.- En el ámbito penal esta Corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales. La presunción de inocencia implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probando corresponde a quien acusa. Así, la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado. Además, la falta de prueba plena de la responsabilidad en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de presunción de inocencia, el cual es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho de defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme […].”. Es de considerar además que esta Sala de lo Penal ha señalado en sentencia del 30 de mayo de 2011, en expediente 304-2010: “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.”. En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal tendrá como competencia el verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que aunque mínima, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el tribunal de sentencia según las reglas de la sana crítica; así pues en casación se deberá examinar, en la medida que las partes lo expongan como motivo: (ver al respecto el fallo de fecha 05 de abril del 2011, en el Exp. 042-2009 de la Sala de lo Penal): a) Licitud de la Prueba: Si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos; b) Debido Proceso Probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal; c) Debida Motivación: Si las conclusiones probatorias del Tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad (Art. 141 CPP); d) Debido Razonamiento Probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada, sin involucrar los aspectos que exigen inmediación, de la cual carece el tribunal de casación; y e) Suficiente Carga Probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación en el hecho del acusado y su grado de culpabilidad en ellos, con la virtualidad de arrebatarle el estado material de inocencia a la persona acusada. Al respecto la Corte IDH en sentencia de fecha 26 de noviembre de 2010, en el caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, determinó que: “183. Asimismo, el Tribunal ha sostenido que tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención, dicho principio exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla. Así, la falta de prueba plena de la responsabilidad penal en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de inocencia, […].”. Un Estado que se llame a sí mismo democrático de derecho, no puede asumir como un riesgo permitido la condena a personas inocentes para evitar la posibilidad de absolver a personas culpables, pues lo primero implica un abuso intolerable de autoridad en contra de la propia condición humana, mientras que lo segundo es la consecuencia que se debe sufrir como producto de un proceso penal con endeble carga probatoria; absolver a un culpable es el fracaso de un proceso penal, pero condenar a un inocente es un fracaso de la sociedad entera. De la Prejudicialidad Como pre-judicialidad (Prae Judicium), se entiende todo aquello que requiere decisión previa al asunto o sentencia principal; existirá pre-judicialidad cuando en el proceso penal, además del conflicto de naturaleza penal traído en consideración, se deba resolver una pretensión extra-penal de manera previa, la que deberá tenerse en consideración al momento de resolver la pretensión penal. Explica Vaca Andrade (Vaca Andrade, Ricardo, en La Prejudicialidad, publicado en http:// www.análisisjurídico.com/ publicaciones/ la-prejudicialidad/) que históricamente han existido tres sistemas para la resolución de los asuntos Prejudiciales: 1. Univocidad Jurisdiccional (Sistema de origen germánico): Bajo este sistema, se establece que todas las incidencias jurídicas que se presenten en el proceso penal, sean o no de esta materia, pero que tengan relación o conexión con el fondo del asunto, tienen que ser resueltas por el mismo Tribunal Penal, lo que permite un poder jurisdiccional en todos los campos y la obligación de resolver el conflicto penal y todas sus aristas, con independencia a la materia a que se refieran (civil, laboral, mercantil, inquilinato, familia, etc.), con tal que sea conexa. Este sistema parte de que la administración de justicia es una función única y que la división por materia es solo por cuestiones prácticas, pero también parte del supuesto de que los jueces nadan con destreza en los diversos océanos del derecho. 2. Separación Jurisdiccional Absoluta (sistema de origen francés): Este sistema manda que los asuntos penales sean conocidos y resueltos de manera separada e independiente de los conflictos concernientes a otras ramas del derecho, por Tribunales diferenciados. - La desventaja de este sistema es la dilación en el tiempo de los pronunciamientos judiciales, en especial cuando tiene tramitaciones diferentes y el riesgo de resoluciones contradictorias; 3. Separación Jurisdiccional Relativa: Este sistema establece que la jurisdicción penal podrá pronunciarse respecto a los incidentes que tengan su origen en otras ramas del derecho cuando le sean conexos, excepto en los casos en que la propia ley disponga lo contrario.- Los pronunciamientos hechos por la jurisdicción penal en estos casos, solo tendrán validez en materia penal y lo resuelto no podrá ser invocado en otros procesos de distinta naturaleza.- Cuando la ley lo ordene, los conflictos conexos a la materia penal, pero que no pertenezcan a esta rama del derecho, deberán ser conocidos y resueltos por tribunales distintos y de manera previa cuando de su resolución dependa la suerte del conflicto penal, a fin de evitar resoluciones contradictorias. La pre-judicialidad puede ser de dos clases: 1. Pre-judicialidad a la Acción: Es aquella que determina la imposibilidad de entablar la acción penal sin que previamente se haya resuelto la incidencia conexa relacionada con otra rama del derecho, por el órgano jurisdiccional competente en dicha materia; y 2. Pre-judicialidad a la Sentencia: Acontece cuando, después de presentada la acción penal, se releva la existencia de un asunto prejudicial que debe ser definido de manera previa por un órgano jurisdiccional distinto, competente en la materia a que trata dicho incidente. El estudiar la doctrina y compararla con lo que establece el artículo 54 del Código Procesal Penal, se puede concluir con facilidad que el legislador hondureño ha optado por el Sistema de Separación Jurisdiccional Relativa; En consecuencia, los Juzgados y Tribunales con competencia en materia penal, al momento de resolver las acciones penales, podrán extender su pronunciamiento, y por tanto su jurisdicción, a cuestiones incidentales que pertenezcan a otras materias distintas a la penal, siempre que dichas cuestiones se encuentren ligadas al hecho imputado de tal forma que sea imposible su pronunciamiento por separado; en todos los casos, lo resuelto en dichas materias solo tendrá efecto en materia penal.- Ahora bien, y como excepción, el legislador hondureño ha dispuesto la existencia de pre judicialidad por separación absoluta cuando se trate de: 1. Determinación del Estado Civil de las personas; 2. Sobre el derecho de propiedad de un bien, en los procesos incoados por el delito de Usurpación; 3. Las cuestiones relacionadas con la naturaleza fraudulenta o culposo de la Quiebra; 4. Delitos de Enriquecimiento Ilícito, cuya acción penal pende a la existencia previa de una resolución firme emitida por el Tribunal Superior de Cuentas que así lo declare (Art. 63 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas). En los casos enumerados, el Juzgado o Tribunal de lo Penal no podrá emitir sentencia sino hasta que el Órgano Jurisdiccional con competencia en dichas materias, se pronuncie en relación a dichas incidencias; en tales casos el negocio jurídico a resolver por el órgano jurisdiccional con competencia en materia civil y por el ente administrativo, está íntimamente vinculada a los elementos objetivos y/o subjetivos del tipo penal en que se sustenta la acusación o a las condiciones de punibilidad, por lo que se requiere un pronunciamiento previo de aquel. En caso de presentarse una acción penal estando pendiente alguno de los cuatro supuestos determinados por la ley como asuntos de pre-judicialidad, la parte interesada podrá plantear Excepción por Falta de Acción (Art. 46.2 del CPP), en los momentos procesales pertinentes (Art. 47 del CPP), debiendo el Juzgado o Tribunal resolver el mismo, ordenando el archivo del proceso penal hasta tanto exista el pronunciamiento sobre el asunto de pre-judiciabilidad mediante resolución firme (Art. 48 del CPP). De la Procedencia del Único Motivo El Único Motivo es de Recibo Parcialmente.– El recurrente plantea dos situaciones, una referente a la suficiencia probatoria que interesa al derecho fundamental del Estado Material de Inocencia y otra a la pre-judicialidad, que atañe al derecho a un debido proceso judicial; si bien estas cuestiones debieron ser planteadas de manera separada, la Sala de lo Penal ha señalado en múltiples sentencias que la falta de técnica recursiva por forma no obsta para que el Recurrente pueda obtener una respuesta de este Ad Quem; por ello se desarrollaran tales asuntos con la debida separación: i. En Cuanto a la Suficiencia Probatoria: Arguye el recurrente que existe insuficiente prueba para que se declare la responsabilidad de los querellados por el delito de Daños; su argumento estriba en que la declaratoria de responsabilidad solo deriva de prueba testifical, sin explayar sobre la supuesta falta de acreditación de elementos objetivos y subjetivos del tipo respecto a la responsabilidad personal del Señor G. A. B. E. y de la Señora A. C. B. G. A pesar del alegato lacónico, la Sala de lo Penal considera que el recurrente tiene parcialmente razón en su denuncia: según el Tribunal de Sentencia la responsabilidad de ambos querellados por el delito de Daños fue acreditada mediante: a) Declaración del querellado G. A. B., que señala que la querellada A. B. fue contratada para realizar remodelaciones en el bien inmueble; b) Declaración de la querellada A. B., la que señaló haberse encargado del mantenimiento del bien inmueble; c) Declaración de la Señora B. B. I., quien refirió que alquilaban el bien inmueble, que se presentó la querellada A. solicitándoles que desocuparan el lugar, que los estuvo presionando y que después de ello “tumbaron” (destruyeron) la pila, trancaron (cerraron) los baños y comenzaron a “tumbar” (botar) unos palos (arboles) que estaban allí, luego de lo cual la querellada A. los seguía presionando, que les arrancaron las puertas y “amurallaron” (levantaron construcción para evitar acceso) los baños y amurallaron la puerta de entrada y en dos ocasiones llenaron la casa de agua con una manguera y después “cortaron la luz” (desconectaron la energía eléctrica); d) Declaración de la Señora L. A., quien alquilaba uno de los locales del bien inmueble, la que señaló que comenzaron a ponerle “trabas” (a presionar) para que nos “salieran” (desocuparan el bien inmueble); que les cerraron la puerta, les cerraron los baños, la pila la deshicieron y no les permitieron sacar lo que tenían dentro. Es a partir de esta prueba que el Tribunal concluyó que no fueron controvertidos los hechos, pues los mismos querellados manifestaron que realizaron obras en el inmueble, a lo que ellos llamaron remodelaciones, pero que en realidad consistió en botar paredes, arboles, demoler partes de la casa, etc. (F. 125 v); apreciación que parcialmente es correcta, pues la prueba hace relación a la conducta realizada por la querellada A. B., sin que se hubiese acreditado algún grado de participación del querellado G. B., como inductor, autor inmediato, autor mediato, coautor o cómplice. Así pues, la prueba si bien resulta suficiente en cuanto a que cubre los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de daños, así como se establece la participación de la querellada A. B. (sin consideración a lo que señala los hechos probados, tema del Recurso por Infracción de Ley), no ocurre lo mismo respecto al querellado G. B., a quien la prueba no lo vincula de ninguna forma con el hecho de que se califica como delito de daños. Recuérdese que cuando se alega insuficiencia probatoria como causa del Quebrantamiento del estado material de Inocencia, la Sala de lo Penal no audita la fuerza probatoria de los medios de prueba, no es un trabajo de revaloración de la prueba y establecimiento de grado de credibilidad, sino simplemente que estos efectivamente presenten el ámbito situacional del tipo penal, tanto en su aspecto objetivo como subjetivo, y además señalen a la persona que realizó la conducta, como lo es en el presente caso respecto a la querellada A. B., quien realizó la conducta de deteriorar un bien inmueble ajeno, no así en cuanto al querellado G. B., a quien se le violentó su Derecho al Estado de Inocencia, al haberse declarado su responsabilidad penal por un delito de Daños sin que existiese prueba suficiente para ello. ii. En Cuanto a la Pre-judicialidad: Sostiene el recurrente que respecto al delito de Usurpación, la controversia surgida entre las partes ha debido ser conocida y resuelta de manera previa por los tribunales del orden civil (Pre-judicialidad), citando como fundamento el último párrafo del artículo 54 del Código Procesal Penal que indica que “…los litigios referentes a la determinación del estado civil de las personas, al derecho de propiedad en el caso de usurpación y las relacionadas con la naturaleza fraudulenta o culposa de la quiebra, sólo podrán ser resueltas por los tribunales civiles…”; sin embargo, tal cita se realiza sin tomar en cuenta todo el contexto de la norma (Art. 19 del Código Civil), que obliga a considerarla para poder entender su verdadero alcance, pero además sin considerar todo el universo jurídico, puesto que, al formar parte de un todo, debe tenérsele en cuenta para hacer un estudio coherente de las normas; así las cosas, lo primero a considerar es que el legislador ha tenido a bien la tipificación del delito de Usurpación, el cual corresponde al artículo 227 del Código Penal, por lo que, prima fase, es claro que la conducta descrita en la norma que se cita, corresponde ser conocida y resuelta por los Tribunales de la República con Competencia en Materia Penal (primer párrafo del artículo 54 del Código Procesal Penal), sólo existiendo Pre-judicialidad (de sentencia), cuando durante el proceso penal por dicho delito, no exista determinación de la persona natural o jurídica titular del derecho de propiedad del bien inmueble objeto del delito o, cuando dicho derecho se encuentre en disputa (ausencia o concurso de Títulos de Propiedad, reclamo de menajes hereditarios, proceso judiciales relativos a usufructos o servidumbres, etc.), por lo que en estos casos el proceso penal no podría continuarse, sino hasta determinarse quién es el titular del derecho de propiedad en un proceso civil y, posteriormente definir en el proceso penal si existe o no delito de Usurpación (detentación de un bien inmueble por persona distinta al que tiene su dominio o posesión legítima). En el caso examiné, no existe condición de Pre-judicialidad, puesto que durante el proceso penal conocido por el Tribunal de Sentencia de Juticalpa, Departamento de Olancho, no se presentó incidencia en cuanto a quien es el titular del derecho de propiedad a determinar previamente por un Juzgado de Letras de lo Civil, puesto que ello fue definido (probado) por la parte querellante al presentar la escritura respectiva, tampoco surgió incidencia debido a que la titularidad del bien inmueble esté siendo disputada o pueda ser disputada dado que dos personas ostentan documentos legítimos que les permite reclamar dicho derecho y que requieran definir cuál de dichos títulos es el válido por antigüedad o por legitimidad de tracto por un Juzgado de Letras de lo Civil, mucho menos se encuentran pendientes de resolver cuestiones relativas a usufructos o servidumbres. (ver sentencia de la Sala de lo Penal del 27 de julio de 2010, en Expediente 283-2008. En su lugar el Recurrente llama a considerar una acción civil de nulidad de declaratoria de herencia Ab Intestato, misma que no atañe directamente a disputa por titularidad de derecho real de bien inmueble objeto del delito, pues es claro que a la fecha del hecho y a la fecha del juzgamiento existe un registro del derecho real de dominio a favor de los querellantes en el que no tiene participación alguna los querellados. Téngase en cuenta que aun cuando la acción civil relacionada fuese declarada con lugar, ésta no otorga ningún derecho real a los querellados -ni de manera presente, mucho menos de manera retroactiva- por lo que seguiría existiendo el delito al haber detentando un bien inmueble ajeno. Como consecuencia no se ha violentado el Derecho Fundamental a un Debido Proceso Judicial. 2.- Recurso de Casación por Infracción de Ley Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de Correspondencia entre los hechos Probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que, debe entenderse como norma sustantiva a toda aquella de defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extra penales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas entonces normas con contenido procesal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva realizada por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Primer Motivo *Precepto Autorizante: 360 del Código Procesal Penal; *Normas Sustantivas que se denuncian Infringidas: Artículo 227 en relación con el artículo 13 del Código Penal; *Concepto de la Infracción: Indebida aplicación de la norma que tipifica el delito de Usurpación; y *Pretensión: Al ser los hechos atípicos, no antijurídicos y no culpables, se dicte a favor de los querellados una Sentencia Absolutoria. Indica el Recurrente que los hechos declarados probados no tiene indicación alguna de que la querellada A. C. B. G. haya despojado a los querellantes de un bien inmueble, ocupándolo o impidiendo su ocupación, por cuanto conforme los hechos probados su actuar se limitó a realizar remodelaciones sobre el mismo, no así a sacar o quitar a los propietarios, lo que demuestra una aplicación indebida de la norma. Por otra parte, indica el recurrente que los hechos probados evidencian la ausencia de dolo en el actuar del querellado G. B., al encontrarse en la fiel creencia de estar ejerciendo un derecho legítimo, declarado poseedor ante la Notario R. B., siendo además las solicitudes presentadas ante el Instituto de la Propiedad y ante la Municipalidad evidencia de la convicción de que se tenía sobre el bien inmueble un derecho legítimo. Del Delito de Usurpación por Despojo El artículo 103 de la Constitución de la República reconoce, fomenta y garantiza la existencia de la propiedad privada, agregando en el artículo 106 que “nadie puede ser privado de su propiedad sino por causa de necesidad o interés público calificados por la ley o por resolución fundada en ley”, debiendo entenderse por propiedad todos aquellos intereses que el hombre aprecia fuera de sí mismo, de su vida y de su libertad y que son susceptibles de apropiación. Bajo el Título VII del Libro Segundo del Código Penal, el legislador ha creado tipos Penales cuyo objeto es la defensa del bien jurídico Propiedad y sus diversas relaciones jurídicas con las personas: ius utendi (posesión), ius fruendi (usufructo) y ius abutendi (dominio). Entre los delitos contemplados encontramos el de Usurpación, previsto en el artículo 227 del Código Penal cuya finalidad es la protección del derecho a la propiedad de los bienes inmuebles (artículo 602 del Código Civil) y además la protección de la titularidad de los derechos reales enumerados en el artículo 610 del Código Civil.- El tipo penal contempla que será sancionado con una pena de dos (2) a cuatro (4) años de reclusión, más las penas accesorias correspondientes, a quien usurpe un bien inmueble o derecho real, entendiéndose por usurpar cualquier conducta humana que implique disponer de un bien inmueble tal como lo haría su legítimo dueño o que implique el disfrute de un derecho real destinado a otra persona y por sobre de ésta, con indiferencia de si se realiza con o sin violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas (al respecto ver Fallo de la Sala de lo Penal de fecha 15 de abril del 2008 en Exp 098-2007).- La usurpación se diferencia de la mera detentación, debido a que requiere cierta permanencia en la conducta que revelen la intencionalidad. Los elementos objetivos del tipo penal en estudio, son: 1. Sujeto Activo: El artículo identifica al sujeto activo con la voz “Quien” refiriéndose a cualquier persona, sin que se requiera que tenga alguna cualidad en especial. - El Sujeto activo puede ser tanto una persona natural o jurídica distinta a aquella que es el titular del derecho real cuyo ejercicio está siendo suplantado como una persona que sea comunero con otra, a la cual impide el ejercicio del derecho real; 2. Sujeto Pasivo: Es la persona natural o jurídica de derecho privado, que es titular o co-titular del derecho real que está siendo ejercido por el sujeto activo; cuando el sujeto pasivo sea el Estado de Honduras, el tipo penal a aplicar será el contenido en el artículo 231 del Código Penal; 3. Objeto material del delito: Se trata de cualquiera de los derechos reales (Art. 610 del Código Civil), inherentes a un bien inmueble (artículo 602 del Código Civil), el mismo suelo y/o todo aquello adherido a él o que formen parte de él, como las edificaciones, plantaciones, cultivos, bosques, ríos, lagunas, playas, etc. 4. Conducta Criminosa: Usurpar implica una conducta realizada por el sujeto activo, quien sin estar legitimado ejerce un derecho real, impidiendo a la vez que la persona cuyo título confiere tal derecho pueda ejercerla.- La usurpación puede ser la consecuencia de: a. Tomar de manera clandestina la posesión del bien inmueble, ello por la ausencia del titular del derecho o de alguna persona que le represente; b. Quitar mediante intimidación o violencia en contra de las persona, o fuerza en contra de las cosas, la tenencia o posesión al titular del derecho real o a la persona que le esté representando, o; c. Impedir la ocupación total o parcialmente del bien inmueble al titular del derecho real o a la persona que le represente. Como consecuencia, el delito existe tanto cuando el sujeto activo desplazase al sujeto activo como cuando le impida la ocupación.- La usurpación puede ser parcial o total: Es parcial cuando el sujeto pasivo le es despojado o le es impedido poder ejercer el derecho real en una sección del bien inmueble, la cual es demarcada e independizada del total por el sujeto activo; y es total cuando el sujeto pasivo no puede ejercer su derecho real en ninguna sección o unidad del bien inmueble.- En resumen, la conducta de usurpar puede ser como consecuencia de: invasión al bien inmueble ejerciendo un derecho real impropio, mantenimiento de un derecho real del cual ya se ha dejado de ser titular o expulsando al titular del bien inmueble.- Es importante señalar que la conducta de usurpar no se limita a meros actos de perturbación del ejercicio real (tipificados en el artículo 229 del Código Penal), sino en actos que vayan dirigidos a subrogarse ilegítimamente el derecho real que pertenecen al titular. 5. Modalidad Criminosa: Constituida por la forma de llevar a cabo el verbo rector.- En el tipo penal simple el delito no exige ninguna forma determinada para llevar a cabo la modalidad criminosa, por lo que ésta puede ser llevada a cabo mediante engaño, intimidación o violencia contra las personas o fuerza en contra de las cosas, o simplemente por el mero ejercicio clandestino del derecho real conociendo que pertenece a otro y queriendo ejercerlo, sin que el quantum de la pena se vea afectada como consecuencia de ejecutar el delito mediante alguna de esas modalidades; 6. Bien Jurídico Protegido: Es la protección al derecho de propiedad sobre un bien inmueble, que no solo abarca el dominio, sino todos los derechos reales que de él pueden emanar, como ser: posesión, dominio, usufructo, uso y habitación, y las servidumbres activas. 7. Penalidad: Conmina el legislador la conducta reprochada en el delito con la pena de reclusión de dos (02) a cuatro (04) años de reclusión, más las penas accesorias correspondientes. Como Elemento Subjetivo el tipo penal exige que el sujeto activo actúe con dolo y con un propósito de lucro, el cual se pone de manifiesto cuando el sujeto activo mantiene su actuar aun cuando ha sido requerido fehacientemente para que cese el apoderamiento del bien inmueble; por el contrario, no da paso a la existencia del delito, por ausencia de dolo, en los casos en donde entre los colindantes surja conflicto por linderos dudosos o ignorados, cuando exista alteración de los linderos sin un apoderamiento lucrativo o cuando el sujeto activo se conduzca con la creencia de estar en el ejercicio de un derecho legítimo por ausencia de determinación de la titularidad del derecho de propiedad o del derecho real en cuestión o porque cree haberla adquirido del que en apariencia la ostentaba legalmente, o cuando dicha titularidad esté siendo disputada en el fuero civil, siendo en este último caso procedente diferir la causa al ámbito civil tal como lo ordena el artículo 54 del Código Procesal Penal. Así las cosas, el delito de Usurpación reúne las siguientes características: 1. Por su estructura: a.- Tipo Penal Básico: Al describir el modelo de comportamiento de manera independiente a otros tipos penales; b.- Tipo Penal Simple: Por describir un único modelo de comportamiento; 2. Por su contenido: a.- Tipo Penal de Resultado: Dado que se requiere la materialización del resultado el cual es cuando el sujeto activo ejerce ocupación sobre un bien inmueble o disfruta un derecho real en perjuicio del verdadero dueño o legitimo titular, respectivamente; b.- Tipo Penal de Conducta Permanente: En virtud de que el comportamiento se renueva de manera continua mientras se esté realizando la acción de usurpar; c.- Tipo Penal de Comisión: Ya que se exige la realización de una acción para efectuar del delito; d.- Tipo Penal Cerrado o Determinado: Debido a que el artículo 227 del Código Penal describe el tipo penal con precisión, desprendiéndose con toda claridad la conducta prohibida; 3. Según el Sujeto Activo: a.- Tipo Penal Unisubjetivo: El tipo penal puede ser realizado a partir de la participación de una sola persona; aunque la práctica forense nos enseña que es común que sea cometido por un grupo de personas; b.- Tipo Penal Común: Debido a que puede constituirse como sujeto activo cualquier persona sin la necesidad de tener calidades especiales; y 4. Por el Bien Jurídico Tutelado: a.- Tipo Penal mono Ofensivo: Al proteger un bien jurídico especifico, cual es la Propiedad Privada ejercida sobre los bienes inmuebles; y b.- Tipo Penal de Lesión: El delito de Usurpación se considera consumado al darse materialmente una lesión al bien jurídico protegido, en ese sentido el sujeto pasivo deberá ver disminuido o anulado su derecho a la propiedad del bien inmueble o el ejercicio a un derecho real específico. De la Procedencia del Primer Motivo El Primer Motivo es de Recibo Parcialmente.- Mediante los hechos declarados probados, el Tribunal de Sentencia hace el relato histórico que tiene como centro el bien inmueble de naturaleza urbana en el cual se edificó una vivienda, ubicado frente al parque central de la ciudad de Campamento, Municipio de Campamento, Departamento de Olancho; en los hechos probados se describen diversos acontecimientos, los que son presentados de manera desordenada lo que dificulta su comprensión, por lo que esta Sala de lo Penal, en el camino de dar respuesta al recurrente, procede a reproducirlos en orden cronológico conforme la fecha en que se observaron:
Fecha
Hechos
08/agosto/1984
La Señora P. E. B. Adquiere el bien inmueble, por compra hecha a la Municipalidad de Campamento;
20/agosto/2010
El Señor G. B. de manera unilateral, se declara poseedor del bien inmueble ante Notario Público;
20/agosto/2010
El Señor G. B. se apoderó del bien inmueble;
16/marzo/2011
La Municipalidad de Campamento declara sin lugar la solicitud del Señor G. B., a efecto de que se le otorgase el dominio pleno del bien inmueble;
07/junio/2011
Los Señores L. O., R. E., S. E. y A. J., todos de apellidos B. E., se declaran herederos de los bienes, derechos y acciones de la causante P. E.;
15/julio/2011
El Instituto de la Propiedad registra el dominio del bien inmueble a favor de los Señores L. O., R. E., S. E. y A. J., todos de apellidos B. E.;
08/agosto/2011
El Señor G. B. como vendedor y Señores S. M. P. y G. B., como compradores, celebran contrato de tradición de dominio del bien inmueble ante Notario Público;
28/noviembre/2011
El Instituto de la Propiedad declaró sin lugar la solicitud del Señor G. B., de que se le concediera el dominio pleno del bien inmueble;
Los hechos probados señalan que el querellado G. B., realizó actos de dominio sobre el bien inmueble a partir del 20 de agosto de 2010, además que a partir de dicha fecha arrendó el bien inmueble a varias personas, lo que constituye un claro ánimo de usurpar el derecho de dominio de los verdaderos titulares, acudiendo el querellado inclusive, según los hechos probados, al uso de medios violentos para mantener su dominio ilegal, como ser el uso de personas armadas quienes repelieron en reiteradas ocasiones el reclamo que le hacían las personas titulares del derecho sobre bien inmueble; explican los hechos probados que si bien en fecha 08 de agosto de 2011, el querellado G. B. formalizó tradición de dominio a favor de la Señora G. O. B., que es su hija y a favor del Señor S. M. P., el que es su yerno, esposo de la otra compradora, lo cierto es que aquel continuó ejerciendo posesión ilegitima del bien inmueble y junto con su otra hija, la ahora querellada A. C. B. G., realizaron remodelaciones en la vivienda, botando árboles, paredes, cerrando baños, quitando puertas, levantando muros y en general una serie de actos sin contar con el consentimiento de los propietarios. El Recurrente indica que el querellado G. B. no realizó las conductas descritas con dolo, pues estaba en la fiel creencia de que tenía derecho legítimo sobre el bien inmueble en cuestión; alegato que no es de recibo, al considerar que los actos de usurpación iniciaron a partir de auto declararse el querellado como poseedor del bien inmueble de manera unilateral, inconsulta y sin justa causa; posesión que mantuvo aún a pesar de habérsele denegado no una sino en dos oportunidades, por dos instituciones distintas, su solicitud de dominio pleno, aunado a que el querellado procuró mantener con el auxilio de personas armadas, quienes repelían los legítimos reclamos de los titulares del derecho real sobre el bien inmueble.- Los hechos declarados probados, tal cual se fijan en la sentencia, no dejan margen de duda del conocimiento del querellado de que eran otras personas distintas a él quienes tenían el derecho de domino sobre el inmueble; de su conocimiento de que su actuar constituía actos de usurpación del bien inmueble ,y de su voluntad de realizar dichos actos; en otras palabras el querellado realizó las conductas con dolo, todo con un ánimo de conseguir lucro, no solo buscando incrementar su patrimonio mediante la inclusión del bien inmueble sino que además mediante los contratos celebrados de arrendamiento con otras personas que le significaron la apropiación de frutos que no le correspondían. Como segundo alegato el Recurrente plantea que los hechos declarados probados no tienen indicación de que la querellada A. C. B. haya realizado despojo a los querellantes del bien inmueble; lo alegado es de recibo, ello debido a que conforme a los hechos declarados probados, la querellada A. C. B. nunca realizó conducta que consistiere en la detentación del bien inmueble en perjuicio de aquellos quienes tenían el legítimo derecho real; conforme al Factum la conducta realizada por la querellada fue la de realizar remodelaciones a la vivienda que se erige sobre el bien inmueble, botar árboles, destruir paredes, cerrar baños, botar puertas, levantar muros, todo sobre el mismo inmueble sin consentimiento de sus propietarios, lo que no constituye delito de usurpación sino que se ajusta a una figura delictiva distinta. Así entonces el A Quo dejó por sentado que era el querellado G. B. el que realizó actos de posesión y de disposición sobre el bien inmueble de manera ilegítima, y no la querellada A. B., por lo que la declaratoria de responsabilidad penal por un delito de Usurpación constituye una aplicación indebida del artículo 227 del Código Penal. Segundo Motivo *Precepto Autorizante: 360 del Código Procesal Penal; *Normas Sustantivas que se denuncian Infringidas: Artículo 254 en relación con el artículo 13 del Código Penal; *Concepto de la Infracción: Aplicación Indebida del artículo 254 del Código Penal que tipifica el delito de Daños; y *Pretensión: Se dicte una Sentencia Absolutoria a favor de los Querellados. Reflexiona el Recurrente que el delito de Daños, tal y como se encuentra tipificado, implica el destruir, inutilizar, hacer desaparecer o deteriorar una cosa, más en el presente caso los querellados realizaron remodelaciones al bien inmueble, que más de restarle valor, se lo aumentaron. Agrega el Recurrente que el delito de Daños exige un Animus Damnandi, el que no se observa en el caso de autos dado que las acciones realizadas por los querellados no pueden ser consideradas con el fin de deteriorar o disminuir el valor del inmueble, ya que, si el Señor G. B. dispuso de éste como propio, es incoherente señalar que tenía la intención de dañarlo. Del Delito de Daños Como se ha relacionado ya, el artículo 103 de la Constitución de la República reconoce, fomenta y garantiza la existencia de la propiedad privada, siendo el delito de daños otra de las figuras delictivas que ha creado el legislador para protegerle, como delito contra el patrimonio, ejecutado sin que exista lucro por parte del sujeto activo. El artículo 254 del Código Penal establece: “Se impondrá reclusión de tres (3) a cinco (5) años a quien destruya, inutilice, haga desaparecer o, de cualquier modo, deteriore cosas muebles o inmuebles o animales de ajena pertenencia, siempre que el hecho no constituya un delito de los previstos en el capítulo siguiente (Incendio y otros Estragos). La misma pena se impondrá al que por cualquier medio destruya, altere, inutilice o de cualquier otro modo dañe los datos, programas o documentos electrónicos ajenos, contenidos en redes, soportes o sistemas informáticos.” Así las cosas, constituyen elementos objetivos del tipo penal de daños (doloso): 1. Sujeto Activo: puede ser cualquier persona diferente al titular del bien mueble o inmueble, ya que el tipo penal exige que se trate de bienes de ajena pertenencia; Así entonces es indiferente si el sujeto activo conoce la persona titular del derecho de dominio del bien, siendo suficiente su conocimiento de que no le es propio; 2. Sujeto Pasivo, podrá ser cualquier persona natural o jurídica que sea el propietario del bien mueble o inmueble; Ello no obsta para que el perjuicio se pueda extender a cualquier persona que tenga algún derecho real sobre el bien inmueble objeto del delito; 3. Objeto material del delito, es el “bien mueble o inmueble” de “ajena pertenencia”, entendiéndose como: i) Bien mueble lo señalado por el artículo 601 Código Penal, los animales incluidos como indica el artículo 254 del Código Penal; ii) Bien inmueble lo señalado por el artículo 602 del Código Civil; y iii) “ajena pertenencia” que ese bien mueble o inmueble no le es propio del sujeto activo, ni tampoco es objeto de accesión u ocupación en los términos de los artículos 634 y 660 del Código Civil respectivamente. Otro aspecto importante es que los daños pueden ser producidos a un bien ajeno que legítimamente se esté poseyendo (como el caso del arrendador). Finalmente, es importante decir que el objeto material del delito debe tener un valor superior a los diez lempiras (L10.00), ya que de lo contrario no constituiría delito sino una falta, como lo determina el artículo 400.7 del Código Penal; 4. Conducta criminosa, centrada en los verbos rectores, que en este caso implican: a. Destruir: Que implica tener como resultado que el bien mueble o inmueble sea reducido a pedazos o cenizas por una acción diferente al fuego; cuando hablamos de animales implicaría dar muerte; b. Hacer desaparecer: Es imposibilitar la localización del bien mueble. En el caso de los animales, estaría abarcada la conducta de dejar libres a aquellos que estuviesen en legítimo cautiverio; c. Inutilizar: Es la conducta que tiene como resultado que el bien no pueda ser aprovechado para el fin para el cual está construido o para el fin para el cual estaba siendo destinado y que además cause un detrimento en el patrimonio del sujeto pasivo, por cuanto existen formas de inutilizar algunos bienes sin que acarree disminución de su valor y por tanto sin perjuicio en el patrimonio (Ejemplo: desinflar las llantas de un vehículo); y d. Deteriorar: Constituye una conducta que ponga en una condición de menor valor el bien, por afectar su funcionamiento o rendimiento, o por afectar su estética que la haga menos atractivo al comercio; 5. Modalidad criminosa, entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector, puede ser ejecutada de cualquier manera o forma, lo que convierte a este tipo de delito en un tipo penal abierto. Por otra, parte el elemento subjetivo del delito de daños del artículo 254 es el dolo, conformado por el conocimiento de que la conducta desplegada implica la ejecución de uno de los verbos rectores (destruir, desaparecer, inutilizar o deteriorar) un bien mueble o inmueble de ajena pertenencia, el conocimiento que ello perjudica el patrimonio de la persona titular del bien y de la voluntad de querer realizar la acción y conseguir el propósito (Animus Damnandi). No es excesivo recalcar, que con la acción el sujeto activo no debe perseguir conseguir lucro para sí o para tercera persona, ya que de ser éste el propósito, estaríamos frente a un delito diferente al de daños. De este modo, las características del tipo penal de daños del artículo 254 del Código Penal son: 1. Según su Estructura: a.- Tipo Penal básico: por describir de manera independiente varios modelos de comportamiento humano en una sola descripción; b.-Tipo Penal Compuesto: ya que en él se describen varios modelos de comportamiento, cada uno de los cuales está en la capacidad de conformar por sí mismo una descripción típica; 2. Según su Contenido; a.- Tipo Penal de resultado que exige el cambio en el mundo físico, éste realizado mediante la destrucción el desaparecimiento, la inutilización o el deterioro del bien mueble o inmueble; b.- Tipo de Conducta Instantánea al contener un supuesto de hecho cuya realización del comportamiento descrito se agota en un solo momento; c.- Tipo Penal de Acción: Porque describe un modelo de comportamiento comisivo; d.- Tipo Penal abierto ya que si bien, la conducta criminosa está determinada mediante cuatro verbos rectores, la modalidad criminosa para ejecutar los mismos pueden presentarse de diversas maneras a depender la naturaleza del bien mueble o inmueble y la función a la que esté destinado, todo a evaluar en cada caso concreto por el juzgador; 3. Según el Sujeto Activo: a.- Unisubjetivo al describir una conducta que puede ser realizada con la concurrencia de un solo sujeto activo; b.- Tipo Penal 4.omún ya que no exige que el sujeto activo tenga una condición especial o cualidad personal; 4. Según el Bien Jurídico Tutelado: a.- Tipo Penal mono ofensivo, al proteger un único bien jurídico, el cual es la Propiedad; b.- Tipo Penal de lesión al significar un menoscabo del bien jurídico tutelado. De la Procedencia del Segundo Motivo El Segundo Motivo es de RECIBO. - La Sala de lo Penal contestará este segundo motivo respecto a la imputación que por el delito de daños se formuló en contra de la Señora A. C. B. G., pues respecto a aquella en contra del Señor G. A. B., se ha dado una respuesta definitiva al resolverse el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. Para el Recurrente, los hechos declarados probados no se configuran en el delito de Daños en contra de la Querellada A. B., pues el tipo penal describe como conducta criminosa el destruir, inutilizar, hacer desaparecer o deteriorar una cosa, más en el presente caso la mencionada realizó remodelaciones al bien inmueble, que más que restarle valor, se lo aumentaron. Con ocasión de lo alegado por el Recurrente es oportuno recordar que el delito de daños es un delito contra el patrimonio, por lo que solo se podrá deducir responsabilidad a una persona por este delito, conforme ordena el artículo 2-C del Código Penal, cuando el bien jurídicamente tutelado se vea lesionado o cuando menos en peligro, y esto solo ocurre cuando acontece disminución en el patrimonio.- En el caso de mérito los hechos declarados probados por el A Quo refieren que la querellada A. C. B. realizó “remodelaciones”, que es la acción de modificar la manera como se encuentra una cosa y que en el presente caso implicaría modificar el estado original del bien inmueble; describe el Factum que dichas remodelaciones consistieron en: botar árboles, paredes, cerrar baños, botar puertas, levantar muros y otros actos sin concretar cuales fueron todos esos actos y, más importante aún, sin especificar si esto disminuyó el valor del bien (daño emergente), o cuando menos constituyó una modificación de tal envergadura que a partir de ello no pueda ser destinado a aquello para lo cual se estaba usando previo a dicha conducta, ocasionando perjuicio económico a futuro (lucro cesante). Se insiste que para que exista delito de daño, no basta que la conducta sea realizada sin el consentimiento del sujeto pasivo, sino que además debe acontecer un detrimento económico en perjuicio de éste, el cual si es menor o igual a L 10.00 se califica como falta y si es mayor se califica como delito (400.7 del Código Penal), siendo éste el elemento faltante en el factum que impide la subsunción en el tipo penal del artículo 254 del Código Penal, ya que llama el A Quo a la conducta de la querellada “remodelaciones” que es un concepto que no necesariamente puede constituir en la destrucción, inutilización o deterioro del bien, máxime cuando no se describe que ésta haya tenido como consecuencia una disminución en el valor del bien inmueble como consecuencia de daño emergente o de lucro cesante. En conclusión, los hechos declarados probados no se subsumen en el ámbito situacional que prevé el artículo 254 del Código Penal, por lo que su aplicación es una decisión jurisdiccional indebida. 3.- Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que el Recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el Recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); Ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del Recurrente; y c. Es posible la concesión parcial del Recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Único Motivo *Normas Autorizantes: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. *Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Artículo 202 del Código Procesal Penal. *Concepto de la Infracción: Violación de las reglas de la sana crÏtica en su ley lógica de derivación; *Reclamación Ex Ante: Imposibilidad, en virtud de que el vicio consta en la Sentencia. *Pretensión: Sin determinar por el Recurrente. Denuncia el Recurrente que el Tribunal de Sentencia violento la regla lógica de derivación, como integrante de la sana crÍtica, al atribuir a las declaraciones testificales de las Señoras B. B. I. y L. A., alcances probatorios que no poseen, pues a partir de éstas el A Quo concluyó que los querellados se acompañaban de personas armadas para repeler la posesión por parte de los querellantes, así como los daños causados al inmueble, prueba que no es suficiente para dar total credibilidad a los testigos (SIC) por no contar con prueba periférica que soporte sus dichos. De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los Jueces de Sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. - Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el Juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de Sana Crítica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal); De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica:
- Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia: Se refieren juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el Juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del Juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El Juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la Experiencia Común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porqué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología: Están referidas no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. iv. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; 3. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la Procedencia del Único Motivo El Único Motivo No es de Recibo.- Debe tenerse presente que la sentencia se construye a partir de múltiples silogismos encadenados que constituyen el razonamiento judicial y que cada silogismo debe tener la cualidad de ser categórico, compuestos por premisas de las que se deriva una conclusión, teniendo precisamente a aquellas premisas como la razón suficiente para arribar a la conclusión; por ende la Recurrente al alegar la violación del Principio de Derivación por falta de Razón Suficiente asume un alto compromiso que implica la ardua tarea de identificar el silogismo judicial que considera indebidamente construido, determinar la fuente de la premisa mayor, de la premisa menor y luego, lo más importante, demostrar que la inferencia realizada (deductiva, inductiva, analógica A Pari o analógica A Fortiori) es incorrecta (por una de las razones señaladas Ut Supra) y que por ello la conclusión que se dice necesaria en realidad no lo es; tarea que no termina allí pues además debe explicar porqué tal conclusión malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. En el presente caso el Recurrente no señala cual es el argumento judicial que considera malogrado, mucho menos confronta dicho argumento judicial con las reglas de la sana crítica, explicando como el silogismo es violatorio del principio de derivación y como éste es relevante en la decisión tomada por el Tribunal; en otras palabras no existe en el escrito del recurso identificación de un silogismo judicial, análisis de premisas y demostración de una mala inferencia que termine en una indebida conclusión derivada. En lugar de ello el Recurrente formula protesta contra la valoración positiva que hizo el A Quo de las declaraciones de las Señoras B. B. I. y L. A., indicando que ello es un error a falta de “prueba periférica que soporte sus dichos”, es decir, a falta de prueba que respalde lo señalado por aquellas, con lo cual lo que hace es compartir cuál es su criterio personal de como debieron ser valoradas dichas declaraciones, siendo la falta de coincidencia con el criterio del A Quo el motivo de la denuncia. Para la Sala de lo Penal es claro que el recurrente acude al motivo referido como una forma de disfrazar la verdadera pretensión de reexamen o revalorización de la actividad probatoria (revisio de facto) como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el Tribunal a dos declaraciones testificales, pretendiendo así que los Jueces de Casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren esta prueba, extraigan conclusiones probatorias y luego las compare con aquellas a las que arribó el A Quo, decidiendo finalmente si lo hecho por los jueces de la instancia está bien o mal, a depender si coincide la valoración de la prueba hecha en única instancia, todo ello impropio. Como hemos explicado, no existe una previa determinación de pruebas (prueba tasada), por lo que éste debe ser asignado por el juzgador de la instancia haciendo mano de las reglas de la sana crítica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto en relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo (inmediación) ajeno a los jueces de casación. Por ello el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; la casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba; las partes en la interposición del recurso no pueden pretender que este Tribunal declare el acierto o desacierto del Tribunal de Sentencia sobre sus criterios estrictamente valorativos, pues ello sería rebasar las potestades legales conferidas por la ley a los jueces de casación. Es de tener presente que conforme la naturaleza del Recurso de Casación resulta irrelevante el criterio que pueda generar la prueba al Ministerio Público, al Acusador Privado, a la Defensa, etc. e inclusive al propio Tribunal de Casación; lo que consideren las partes o la Sala de lo Penal que debió haber sido la valoración de la prueba no es vinculante sino que lo determinante es el criterio probatorio del Tribunal de Sentencia y si éste fue construido en respeto a las reglas de la sana crítica; ergo el motivo de casación debe concentrarse única y exclusivamente en demostrar que el criterio del juzgador fue construido con inobservancia de esas reglas y principios que componen el recto entendimiento humano y en particular cuando se alegue violación al principio de derivación a causa de inexistencia de razón suficiente, dicho análisis debe ser dirigido a demostrar la inexistente conexión entre la conclusión judicial con las premisas a consecuencia de una indebida inferencia lógica. Decisión 1. Ha Lugar Parcialmente el Único Motivo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional; 2. Ha Lugar Parcialmente el primer motivo y Ha Lugar el Segundo Motivo del Recurso de Casación por Infracción de Ley; y 3. No ha Lugar el único motivo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360, 361 y 362 del Código Procesal Penal.- Falla: Primero: Declara Ha Lugar Parcialmente el Único Motivo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional; Ha Lugar Parcialmente el primer motivo y Ha Lugar el Segundo Motivo del Recurso de Casación por Infracción de Ley; y No ha Lugar el único motivo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma.- Segundo: Casa Parcialmente la sentencia de fecha seis (06) de agosto de dos mil quince (2015) (f. 120), dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Juticalpa, Departamento de Olancho; como consecuencia se Revoca el Pronunciamiento Condenatorio dictado en contra del Señor G. A. B. por un delito de Daños, y contra la Señora A. C. B., por un delito de Usurpación y un delito de Daños, confirmando el pronunciamiento condenatorio por el delito de Usurpación dictado en contra del Señor G. A. B. y el pronunciamiento absolutorio que por el delito de Falsificación de Documentos que fue dictado a favor del Señor G. A. B. E.; en consecuencia de ello se Reforma la parte Resolutiva de la Sentencia, misma que deberá leerse de la siguiente manera: “Primero: Se debe absolver y se absuelve de toda responsabilidad penal a los Señores G. A. B. E., como autor responsable del delito consumado de Falsificación de Documentos, en perjuicio de la Fe Pública del Estado de Honduras; y como coautor responsable de un delito consumado de Daños en perjuicio de los Señores L. O., S. E. y A. J., todos de apellido B. E..- Segundo: Se debe absolver y se absuelve a la Señora A. C. B. G., como coautora de un delito consumado de Usurpación y como coautora responsable de un delito consumado de Daños, ambos en perjuicio de los Señores L. O., S. E. y A. J., todos de apellido B. E..- Segundo: Se debe condenar y se condena al Señor G. A. B. E., como autor directo responsable de un delito de Usurpación, en perjuicio de los Señores L. O., S. E. y A. J., todos de apellido B. E., imponiéndosele una pena principal de tres (03) años de reclusión, la cual deberá computársele previa deducción del tiempo que haya estado privado de la libertad cautelarmente por el presente proceso penal y que deberá cumplir en el Centro Penal de la ciudad de Juticalpa, Departamento de Olancho, ello sin perjuicio de los traslados que ordene el Instituto Penitenciario por efecto de ordenamiento interno, factores de resocialización o seguridad.- Tercero: Que se debe condenar y se condena al Señor G. A. B. E. a las penas accesorias de Inhabilitación Especial e Interdicción Civil durante el tiempo señalado para el cumplimiento de la pena principal, debiendo el Juzgado de Ejecución realizar las gestiones pertinentes para su estricto cumplimiento.- Cuarto: Se declara exento al Señor G. A. B. E., de trabajar en obras públicas o en labores dentro del Centro Penitenciario, por el tiempo señalado para la pena de reclusión, de conformidad al artículo 44 del Código Penal.- Quinto: Declara la responsabilidad civil del condenado G. A. B. E., que deberá ser exigida y cuantificada en la etapa de ejecución de esta sentencia.- Sexto: No Procede en el presente caso declaratoria de comiso de instrumentos, beneficios o ganancias derivadas del delito.- Séptimo: Declara la no-procedencia de condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el presente proceso criminal.”.- Y Manda: Que una vez notificada la presente sentencia, se proceda a librar certificación al Tribunal de origen junto con la devolución de la carpeta judicial, a efecto de dar cumplimiento al párrafo primero del artículo 385 del Código Procesal Penal respecto a los pronunciamientos condenatorios que han adquirido el carácter de firme, además de librar copia certificada de la presente resolución a la Unidad de Antecedentes Penales del Poder Judicial para su debido registro.- Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. MICHELLE ALESSANDRA IZAGUIRRE COLINDRES. RECEPTORA ADSCRITA. SECRETARÍA GENERAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de julio del año dos mil diecinueve. Certificación de la Sentencia de fecha veinticuatro de abril del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-174-2016.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
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[1] Sentencia dictada por la sala de lo penal en el recurso de casación no. Sp-71-2009 de 2 de marzo de 2011.
[2] Tema Aragón, María Félix, manual de derecho constitucional, pág.34.
[3] Cálix Hernández, Jacobo, “la estructura del tipo doloso y culposo en el ámbito penal” en aa. Vv., tema de derecho penal. Libro homenaje a José maría palacios mejía, ed. López, Tegucigalpa, 2014, pág.187.
[4] Creus, Carlos, derecho penal. Parte especial, t. I, 6ta ed., Ed astrea, 1997, pág.559.
[5] sentencia dictada por la sala de lo penal en el recurso de casación no. Sp-71-2009 de 2 de marzo de 2011.
[6] Cálix Hernández, Jacobo, ídem, pág.187.
[7] D’ Alessio, Andrés José, código penal: comentado y anotado: parte especial, ed. La ley, Buenos Aires, 2004, págs.566 y 5667.
[8] Rodríguez De Miguel Ramos, Joaquín, en a.a. V.v., código penal. Comentado y con jurisprudencia, 3ª ed, ed. La ley, 2009, pág.882.
[9] De La Rúa, Fernando, la casación penal. El recurso de casación penal en el nuevo código procesal penal de la nación, 2ª ed., ed. Lexis nexis, Buenos Aires, 2006, pág. 155.
[10] el artículo 8.2 literal h) de la convención americana sobre derechos humanos establece que, durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.