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Sentencia CP-172-16 — Registro 15062

Resumen

En primera instancia se absolvió a los imputados como autores responsables de los delitos de asesinato, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...De la procedencia del recurso. EL RECURSO NO ES DE RECIBO.El censor del fallo arguye la violación al derecho de defensa y al debido proceso, pues en audiencia de proposición de pruebas solicitó se realizara un dictamen pericial de análisis comparativo de elementos metálicos, propuesta que fue admitida por el Tribunal de Sentencia y para tal efecto, se llevó a cabo la juramentación del perito Marlon Yovany González. Asimismo, arguye el censor que para realizar la pericia, se necesitaba que el ente acusador proporcionara al perito los metales encontrados en el cuerpo del señor Desmin Jesús Monroy Ayala y los casquillos encontrados en la escena del crimen, cosa que nunca hizo, y por ende, no se pudo llevar a cabo la pericia. Finalmente, estima que el medio de prueba admitido y no evacuado es determinante para acreditar su tesis de defensa, la cual consiste en que solo uno de los acusados participó en el hecho y no los dos como aduce el sentenciador, así como que quien lo hizo estaba amparado en una causa de justificación de legítima defensa. Planteado así el escenario, el estudio que deberá realizar esta Sala de lo Penal consistirá en dos cuestiones: la primera de ellas, determinar si se dejó de evacuar el medio de prueba de pericia comparativa de elementos metálicos por parte del Tribunal de Sentencia; y, la segunda es, si en el caso que así fuese, determinar si este error judicial tiene la entidad suficiente como para cambiar la ecuación valorativa, la fundamentación fáctica de la sentencia y el posterior fallo. Este último aspecto es el que daría paso a dar razón al recurrente y declarar ha lugar el recurso, pues no solamente se trata de que exista una falta de evacuación de un medio de prueba, sino que, el medio de prueba dejado de evacuar sea de tal trascendencia que dé pie a determinar la necesidad de anular y repetir el debate que generó el estado intelectivo de culpabilidad en el juzgador. El juicio de trascendencia del medio de prueba en relación al estado intelectivo del juzgador, deberá realizarse conforme al método de inclusión hipotética “…que consiste en agregar el medio de prueba excluido a la ecuación valorativa, de modo de constatar si con la aportación de los datos de ese medio de prueba el fallo se hubiese afectado en alguno de sus pronunciamientos, de ser así, el medio de prueba es de carácter decisivo, por el contrario, aun cuando la exclusión sea indebida o la falta consideración, si su inclusión hipotética no se traduce en la modificación de algunos de los pronunciamientos del fallo, equivale a que el mismo no es de valor decisivo…”(Sentencia de la Sala de lo penal de fecha 2 de abril de 2019, recaída en el expediente SP 169-2015). Es así que al remitirnos al acta de proposición de pruebas -y tal como lo expone la defensa en su recurso- se constata que ambas partes pidieron la admisión y evacuación del medio de prueba pericial de comparación de metales, mismo que sería realizado por el perito Marlon Geovanny González y tenía como misión determinar lo siguiente: 1. Comparación de los elementos metálicos recuperados en la autopsia practicada al señor Desmin Monroy con los casquillos encontrados en la escena del crimen. 2. Determinar calibre de los proyectiles encontrados en el interior del cuerpo del señor Desmin Monroy. 3. Si los proyectiles corresponden a una o varias armas. 4. Si los casquillos encontrados en la escena del crimen son de una o varias armas. Llegada la sesión de debate (f. 94), al momento de la evacuación del medio de prueba, el perito informó al Tribunal de Sentencia que no pudo realizar la pericia porque no se le proporcionaron por Control de Evidencias ni el arma ni los objetos metálicos recuperados en la escena del crimen; ante esta situación, el Tribunal Sentenciador resolvió lo siguiente: “El Tribunal considera pertinente que no tiene sentido probatorio, en este caso las pruebas son de las partes, no del Tribunal, en aclaración al Ministerio Público, al Tribunal si no le presentan pruebas no las puede evacuar, en este caso las pruebas son de las partes, tanto del Ministerio Público y la defensa, en este caso se tiene por despachado al señor Marlon Yovany González, no se realizó la pericia y no se tiene por evacuado dicho medio de prueba.” En el caso examine, es claro que el juzgador dejó de evacuar el medio de prueba pericial comparativo, el cual fue previamente admitido y debía, por tanto, evacuarse. Correspondía, en todo caso, que el sentenciador tomara las previsiones necesarias para poner a disposición del perito los insumos que necesitaba para efecto de realizar la comparativa, y así dar cumplimiento a la resolución que él mismo había emitido en el sentido de llevar a cabo el dictamen pericial. Ahora bien, ello no basta para dar razón a la pretensión del recurrente, pues corresponde determinar si esta falencia se trata o no de prueba de valor decisivo que, de haberse evacuado y posteriormente valorado, hubiera llevado a conclusiones distintas al juzgador. Al respecto, se determina según la finalidad y el objeto del medio probatorio fijado al efecto por las partes, que no tiene la potencia para cambiar los pronunciamientos del fallo, pues la prueba de cargo es basta y suficiente para acreditar la culpabilidad de los acusados: Se presentó como medio de prueba testifical, la declaración del niño Jonathan Isaac Monroy Flores, de nueve años de edad, quien declaró: “Llegaron Darwin y don Rodolfo (acusados), nosotros íbamos para la casa con mi papá, mi mamá y mi hermano a traer unas pastillas donde mi tío, cuando las fuimos a traer ya nos íbamos para la casa, cuando llegamos a la casa mi papá nos dijo que le hiciéramos comida para comer, cuando se hizo la comida él iba a ver un partido de la selección, don Rodolfo llamó a mi papá: Monroy vení, y le dio un abrazo y allí se sacó la pistola, mi mamá al ver eso le gritó tené cuidado, y don Rodolfo le pegó un balazo en la frente y cuando mi mamá vio a mi papá caído, nos mandó a escondernos y se acercó a mi papá y lo abrazo y le sacó la pistola y en eso llegó Darwin con la pistola y le pegó unos tiros a mi mamá, don Rodolfo le terminó de pegar los tiros por la espalda a mi papá y a mi mamá le disparó Darwin y también a Domingo cuando ya venía por la puerta de la casa, y a Orbin don Rodolfo le pegó un tiro por la espalda y después don Rodolfo y Darwin se fueron en el vehículo…” El Tribunal de Sentencia otorgó plena credibilidad al testigo y además le resultó corroborado con todo el andamiaje probatorio: actas de levantamiento de cadáver, dictámenes de autopsia, actas de inspección del lugar, álbum fotográfico, así como los dictámenes de exhumación y posterior autopsia del cadáver del señor Desmin Jesús Monroy Ayala. Especial énfasis hace el juzgador de la prueba pericial, con la cual descarta toda posibilidad de que las lesiones causadas a las víctimas sean en un afán de legítima defensa como sostuvo la parte procesal. Se reconoce, como no puede ser de otra forma, que existió un error al dejar de evacuar el medio de prueba de pericia comparativa, pues el Tribunal de Sentencia devenía obligado a ordenar su evacuación una vez que había sido admitido en audiencia de proposición de prueba, sin embargo, este vicio procesal no puede tener las elefantiásicas consecuencias que persigue el recurrente, pues la sólida prueba de cargo fue valorada de conformidad a las reglas de la sana crítica por el juzgador y conduce a la conclusión única y apodíctica de que fueron los acusados quienes en un codominio funcional del hecho, ocasionaron la muerte de los señores Desmin Jesús Monroy Ayala, Dirian Marlene Flores, Domingo Bautista y Orbin Darío Lemus Gámez. Además de ello, y como se sostuvo anteriormente, se descarta según el mismo andamiaje probatorio -así determinado por el sentenciador- que las acciones emprendidas por los acusados fueran en un afán de defensa; las declaraciones de los acusados si bien no son considerados medios probatorios, no resultaron corroboradas con la prueba evacuada y al contrario, se colige su contradicción con ésta. No puede aceptarse, entonces, que el medio de prueba dejado de evacuar hubiera hecho cambiar de parecer al Tribunal de Sentencia y emitir un pronunciamiento distinto en la parte dispositiva de su fallo; el defecto procesal no ocasionó la lesión al derecho de defensa y al debido proceso con la entidad suficiente como para causar la anulación del debate y ordenar su reenvío para la celebración de un nuevo juicio. El motivo decae y debe ser desestimado..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha nueve de agosto del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de agosto del año dos mil diecinueve, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de Coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia conociendo del recurso de casación SP 172-2016 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha veintitrés (23) de marzo de dos mil quince (2015), dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, mediante la cual falló: Primero: Absolver a Rodolfo Rodríguez Sánchez y Darwin Rodolfo Rodríguez Archaga, como autores responsables de los delitos de asesinato en perjuicio de Desmin Jesús Monroy Ayala, Dirian Marlene Flores, Domingo Bautista y Orbin Darío Lemus Gámez. Segundo: Condenar a Rodolfo Rodríguez Sánchez y Darwin Rodolfo Rodríguez Archaga, como autores responsables de los delitos de homicidio simple en perjuicio de Desmin Jesús Monroy Ayala, Dirian Marlene Flores, Domingo Bautista y Orbin Darío Lemus Gámez, a la pena de quince (15) años de reclusión por cada una de las víctimas, haciendo un total de sesenta (60) años de reclusión. Tercero: Condenar a Rodolfo Rodríguez Sánchez y Darwin Rodolfo Rodríguez Archaga, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la condena principal, así como a trabajar en obras públicas o en labores dentro del Centro Penitenciario. Cuarto: Se declara la responsabilidad civil de los señores Rodolfo Rodríguez Sánchez y Darwin Rodolfo Rodríguez Archaga. Quinto: No procede condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados en el juicio. Sexto: No procede el comiso. Interpuso el recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, el Abogado Bladimir Alexander Duarte Pérez, actuando en su condición de defensor privado. Son partes en única instancia: El Abogado Bladimir Alexander Duarte Pérez, defensor privado, como recurrente; y la Abogada Diana Elizabeth Rodríguez, fiscal del Ministerio Público, como recurrida. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “ÚNICO: El día veintidós de marzo del dos mil trece (22/03/2013), en la Colonia Montelimar ubicada en la Aldea de Naco, Municipio Quimistán, de este Departamento, aproximadamente a las siete y treinta minutos de la noche, los ahora imputados Rodolfo Rodríguez Sánchez y Darwin Rodolfo Rodríguez Archaga, con armas de fuego y sin motivo aparente frente a su casa de habitación le disparan al señor Desmin Jesús Monroy Ayala, causándole la muerte, posteriormente ingresan a la casa donde se encontraba Dirian Marlene Flores, y con armas de fuego le disparan a Dirían Marlene Flores, causándole la muerte, y cuando se acercaban en su auxilio los vecinos Orbin Darío Lemus y Domingo Bautista, los imputados Rodolfo Rodríguez Sánchez y Darwin Rodolfo Rodríguez Archaga, con las mismas armas de fuego les disparan también causándoles la muerte.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOSY ARGUMENTOS La parte recurrente, Abogado Bladimir Alexander Duarte Pérez, defensor privado, procedió a formalizar su recurso de casación por infracción de precepto constitucional de la manera siguiente: “ÚNICO MOTIVO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. El Tribunal de Sentencia en la sentencia condenatoria dictada contra mis representados RODOLFO RODRIGUEZ SANCHEZ, DARWIN RODOLFO RODRIGUEZ ARCHAGA, cometió Infracción de Precepto Constitucional AL NO RESPETAR LAS REGLAS DEL JUICIO. EN CUANTO A LA NO EVACUACIÓN DE UN MEDIO DE PRUEBA DECISORIO ADMITIDO LEGAL Y DEBIDA FORMA, AL NO EVACUAR DICHO MEDIO PROBATORIO SE VIOLENTA EL DERECHO CONSTITUCIONAL QUE TENÍA LOS IMPUTADOS PARA LA EVACUACIÓN DEL MISMO CONTROVERTIR LA PRUEBA CONFORME A LAS REGLAS DEL JUICIO RELATIVAS A LAS SOLEMNIDADES Y FORMALIDADES DEL DEBATE DE JUICIO ORAL Y PÚBLICO INHERENTES AL DEBIDO PROCESO Y DERECHO DE DEFENSA. El vicio a la norma constitucional hizo al Tribunal de sentencia violentar lineamientos de la ley constitucional vigente, así como a los Tratados y Convenios Internacionales relativos al DEL DERECHO A LA DEFENSA Y DEL DEBIDO PROCESO PRECEPTO ADJETIVO AUTORIZANTE En el artículo 361 del Código Procesal Penal se instituye el vicio en la Sentencia Definitiva en el caso; “Recurso de casación por infracción de precepto constitucional. En todos los casos en que, con arreglo a este Código, pueda interponerse recurso de casación contra una resolución judicial, será suficiente para fundamentado, la infracción de precepto constitucional.” PRECEPTOS CONSTITUCIONALES INFRINGIDOS. Artículo 82 de la Constitución de la República, ARTICULO 82.- El derecho de defensa es inviolable. Artículo 90. Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece. (Lo recalcado es mío) EXPLICACIÓN AL ÚNICO MOTIVO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. Se recurre ante la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, bajo este motivo de casación en ese aparte que se alude a la INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONALES sobre la sentencia en carácter de definitiva, porque es el Honorable Tribunal de sentencias NO PROCEDIÓ A EVACUAR UN MEDIO PROBATORIO DECISORIO el cual está propuesto desde la audiencia de proposición de pruebas, consistente DICTAMEN PERICIAL BALÍSTICO de nombre Marlon Geovanny González perito propuesto como medio de prueba número 2 de la defensa en la audiencia de proposición de pruebas en fecha 06 de mayo del 2014, donde se solicitó también al Tribunal de Sentencia que el Ministerio Público bajo el principio de revelación de los medios de prueba procediera a entregar con suficiente anticipación el dictamen pericial balístico en vista que el Ministerio Público como impulsador del proceso penal y como representante legales de la sociedad se encuentra sometido al principio de objetividad, es número 2 de la defensa en la audiencia de proposición de pruebas en fecha 06 de mayo del 2014, donde se solicitó también al Tribunal de Sentencia que el Ministerio Público bajo el principio de revelación de los medios de prueba procediera a entregar con suficiente anticipación el dictamen pericial balístico en vista que el Ministerio Público como impulsador del proceso penal y como representante legales de la sociedad se encuentra sometido al principio de objetividad, es así que en ese orden de ideas en fecha siete de agosto del 2014, específicamente en el folio 53 obra la juramentación del perito en mención donde se compromete a los siguiente: A realizar análisis comparativo 1.- De los elementos metálicos recuperados, en la autopsia practicada en el señor Desmin Monroy con los casquillos encontrados en la escena del crimen.- 2.- Determinar que calibre son los proyectiles encontrados en el interior del cuerpo del señor Desmin Monroy.- 3.- Si los proyectiles corresponde a una misma arma u varias armas.- 4.- Que si los casquillos encontrados en la escena del crimen son de una misma arma o de varias, y el calibre. El Código Procesal Penal vigente establece en su artículo 317.- Proposición de prueba para el debate. Inmediatamente después de vencido el plazo a que se refiere el Artículo anterior o de quedar integrado el Tribunal después de que haya sido declarada con lugar una recusación o firme la resolución que deniegue las recusaciones, nulidades o excepciones que se hayan presentado, el Presidente del Tribunal señalará audiencia, la que se celebrará dentro de los diez (10) días siguientes, para que las partes presenten la lista de los testigos y peritos con indicación de sus nombres y apellidos, profesión u oficio y dirección exacta y señalarán los hechos sobre los cuales deberán ser examinados durante el debate. En la misma audiencia propondrán, asimismo, los documentos y demás medios que sirvan para probar las pretensiones deducidas en el juicio y señalarán, en su caso, el lugar en que se encuentran. Los medios de prueba serán propuestos con indicación de los hechos o circunstancias que se pretenda probar. Después de la proposición de las pruebas y de oír las alegaciones que al respecto hagan las partes, en la misma audiencia o dentro del plazo de tres (3) días, el Tribunal resolverá por auto motivado sobre la admisión de aquellas. Solamente podrán ser rechazados los medios de prueba manifiestamente impertinentes, inútiles o desproporcionados en relación con la finalidad probatoria que se pretende, o meramente dilatorios o cuando se trate de prueba ilícita. El Tribunal de Sentencia sin ser reiterativos admite el medio probatorio tanto al Ministerio Público como a la defensa en la etapa procesal en fecha 06 de mayo del 2014, y ordena la juramentación del perito, establece que el perito deba ser juramentado, el Ministerio Público se da por entendido y la defensa hace lo mismo estableciéndose la exigencia literal del defensor de que se le entrega la copia del dictamen para efectos de defensa y debido proceso, (folios 20,30,). Es así que el debate de juicio oral y público se lleva a cabo en fecha jueves 26 de marzo del año dos mil quince o sea 8 MESES DESPUÉS DE HABERSE LLEVADO LA PROPOSICIÓN DE PRUEBAS, Y DE HABER SIDO JURAMENTADO EL PERITO FORENSE BALÍSTICO, PROPUESTO, Marlon Geovanny González. Sin embargo como un acto para la deslealtad para con la administración de justicia el Ministerio Público en fecha 26 de marzo del 2015, hace comparecer a audiencia de debate de juicio oral y público y en su alegatos formulados no hace comparecer al perito balístico forense, que como medio de prueba era decisorio, aduciendo que el perito no estaba localizable, sin embargo solicita la suspensión del debate a efectos de hacer comparecer al perito en mención suspendiéndose el debate de juicio oral y público PARA ESCUCHAR Y EVACUAR LA PERICIA BALÍSTICA DECISORIA. En vista que se trata en los hechos expuestos en el juicio sobre una legítima defensa donde hubieron varias armas, y las mismas fueron percutidas tanto por mi representado DARWIN RODOLFO RODRÍGUEZ ARCHAGA, y por las supuestas víctimas DESMIN JESUS MONRROY AYALA, DIRIAN MARLENE FLORES, por lo que revestía importancia determinar la prueba científica en vista que precisamente el principio de una anunciación de causa de extinción de la acción penal es la LEGITIMA DEFENSA, por lo tanto los casquillos, las ojivas, las trayectorias SON DECISORIAS para determinar la veracidad de los hechos. La deslealtad de ente acusador se muestra evidente al momento en que después de transcurrir 8 meses y después de una suspensión del debate haga llegar a estrados del Tribunal al perito balístico Marlon Geovanny González. Y que se comprometía hacer llegar al perito. La defensa se considera que este acto de deslealtad la fiscalía lo mantuvo hasta el último momento no pudiendo la defensa advertirlo sino hasta que el perito se hizo presente lo que vulnera aún más los derechos de DEFENSA Y DEBIDO PROCESO a mi representado. Es importante mencionar que en la INFRACCIÓN DE ESTE RECURSO se hace evidente cuando el Tribunal de Sentencia en el acta del debate en específico en la Página 11 del acta del debate.- se llama al perito forense balístico MARLON GEOBANY GONZÁLEZ, el Presidente pregunta a la Secretaria Adjunta sobre el dictamen pericial, rendido por el perito, la secretaria adjunta responde informo a sus señorías QUE NO FUE PUESTO A LA ORDEN de esta secretaría el dictamen pericial de análisis comparativo de los elementos metálicos que se pudieran encontrar en la exhumación, y posterior autopsia de Doctora Karol Córdoba Burgos, el Presidente pregunta al perito el motivo de no haber hecho la pericia el señor MARLON GONZÁLEZ responde que comparece a esta sala por la cita enviada pero informo a sus señorías que pude realizar la pericia, en virtud EN QUE NUNCA SE ME PUSO A DISPOSICIÓN DE MI PERSONA, por el control de evidencias, ni el arma ni los objetos metálicos recuperados en la escena del crimen para poder hacer la prueba comparativa solicitada POR AMBAS PARTES, se le cede la palabra por el fiscal al haber sido solicitada la pericia balística ante este Tribunal estaba confiada en que el Tribunal dictaría las directrices tanto a la Doctora Córdoba que una vez realizada la exhumación y recuperada una ojiva metálica la misma fuera remitida a los laboratorios balísticos de Tegucigalpa, a efecto de que el señor MARLON GONZÁLEZ realizase la pericia al parecer esa instrucción no le fue dada a Doctora Córdoba, se le cede la palabra a la defensa para que quede constancia solicitó además de lo que ha expresado el Abogado Vicente Reyes como Fiscal del Ministerio Público que también el perito realizara un peritaje sobre los casquillos en la escena del crimen para determinar si éstos habían sido percutidos por una sola arma o diferentes armas, y a que calibre pertenecen dichos casquillos, hasta donde tengo entendido esta evidencia se encuentra en poder del Ministerio Público y quisiéramos para ese sentido una explicación porque no se envió esos casquillos al Departamento de balística para hacer este peritaje que fue ordenado por este Tribunal. (LO SUBRAYADO ES NUESTRO) El Presidente informa a las partes, el Tribunal que no tiene sentido probatorio en este caso las pruebas son de las partes en aclaración al Ministerio Público al Ministerio Público sino le presentan las pruebas no las puede evacuar en este caso las pruebas son de las partes tanto del Ministerio Público y la defensa en este caso se tiene por despachado al señor MARLON GEOVANI GONZÁLEZ no se realizó la pericia y no se tiene por evacuado dicho medio de prueba. EN LA SENTENCIA PROFERIDA POR EL TRIBUNAL DE SENTENCIA a todo lo largo ancho de su fallo refiere lo siguiente: 1.- EN LOS ANTECEDENTES PROCESALES.- “que los ahora imputados con armas de fuego tipo pistola disparan sin justificación alguna” “en los HECHOS PROBADOS, en su ÚNICO MOTIVO “refieren el día 22 de marzo del 2013; en la Colonia Montelimar en la Aldea de Naco Municipio de Quimistan aproximadamente a las 7 y treinta de la noche los ahora imputados Rodolfo Rodríguez Sánchez con armas de fuego y sin motivo aparente le disparan al señor DESMIN JESÚS MONROY causándole la muerte, posteriormente ingresan a la casa donde se encontraba Marlene flores y con armas de fuego les disparan causándole la muerte y cuando se acercaban en su auxilio los vecinos Orbin Darío Lemus y Bautista Rodolfo Sánchez, con las mismas armas de fuego causándole la muerte. EL TRIBUNAL DE SENTENCIA NAVEGA EN LA IMAGINACIÓN Y CAE EN INFRACCIÓN CONSTITUCIONAL al exponer en su hechos probados así como en toda su sentencias la utilización de las armas de fuego, se vuelve hasta temerario que REFIERAN QUE CON LAS MISMAS ARMAS DE FUEGO.- cuando no haya un medio de prueba PERICIAL QUE ACREDITE ESA CERTEZA que solo a través de la prueba científica lo puede establecer. Al no evacuarse el medio probatorio propuesto en tiempo y forma solicitado por la defensa y haber sido reclamado por el defensor oportunamente como ser DICTAMEN PERITO BALÍSTICO FORENSE con las finalidades A realizar análisis comparativo 1.- De los elementos metálicos recuperados, en la autopsia practicada en el señor Desmin Monroy con los casquillos encontrados en la escena del crimen 2.- Determinar que calibre son los proyectiles encontrados en el interior del cuerpo del señor Desmin Monroy, 3.- Si los proyectiles corresponde a una misma arma u varias armas, 4.- Que si los casquillos encontrados en la escena del crimen son de una misma arma o de varias, y el calibre, SE VIOLENTARON LAS GARANTÍAS PROCESALES ESTABLECIDAS Artículo 82 de la Constitución de la República, ARTICULO 82.- El derecho de defensa es inviolable. Artículo 90. Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece. (Lo recalcado es mío)LE VIOLENTAN EL DERECHO A LA DEFENSA A MIS REPRESENTADOS PORQUE NO SE EVACÚA UN MEDIO DE PRUEBA PROPUESTO, ADMITIDO, Y QUE EL MINISTERIO PÚBLICO TENIA LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE HACER LLEGAR AL JUICIO PARA BUSCAR LA VERDAD Y EL TRIBUNAL COMO GARANTE DEL PROCESO VELAR POR QUE ESE MEDIO DE PRUEBA SE EVACUARA POR ES DECISORIO.- ANTE LA TESIS DE LA DEFENSA Y LAS PARTES, QUE LOS DISPAROS COMENZARON POR PARTE DEL HOY OCCISO, Y QUE HABÍA VARIAS ARMAS DE FUEGO DE LOS OCCISOS Y MI REPRESENTADO. LOS SE REALIZARON LAS PERICIAS COMPARATIVAS DE LOS CASQUILLOS FUNDAMENTAL PARA DETERMINAR QUIEN PERCUTIÓ ESA ARMA Y SI ESOS PROYECTILES CAUSARON LA MUERTE A ALGUNA PERSONA. 3.- EN EL CASO DE MI REPRESENTADO RODOLFO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, NI TAN SIQUIERA PORTABA ARMA.- Todas estas dudas pudieron ser evacuadas en el debate sin embargo el Tribunal en su sentencia no lo hace y en su valoración alguna y se limita a referir que la pericia balística no se realizó, sin embargo le da valor probatorio veamos “y según la balística forense la ojiva encontrada en la región escapular izquierda es de una bala calibre 9 milímetros y las heridas de bala en el cráneo llevan una dirección de delante hacia atrás NO SE EVACUÓ EL DICTAMEN PERICIAL DE BALÍSTICA. COMPARATIVO QUE IBA A HACER RATIFICADO POR EL PERITO MARLON GEOBANY GONZÁLEZ POR NO HABER REALIZADO LA PERICIA RESPECTIVA, ESTA PRUEBA PERICIAL EVACUADA Y EMITIDA POR PROFESIONALES COMPETENTES EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES RESULTAN OBJETIVAMENTE CONFIABLES AL NO EXISTIR INTERESES EN LOS PERITOS MAS QUE SU TRABAJO.” ¿Cómo puede decir que arma fue percutida? ¿Cómo puede decir que proyectil percutido por arma de fuego dio muerte a quién? Y aún más temerario como puede manifestar QUE SON LAS MISMAS ARMAS. Honorables Magistrados de la Sala de lo Penal, El derecho a la presunción de inocencia reconocido en el artículo 89 de la Constitución de la República implica (sí la interpretamos de manera sistemática) que toda persona imputada de un delito o falta debe ser considerada inocente, no solo hasta que se demuestre su culpabilidad por un Tribunal competente, sino hasta que se demuestre su culpabilidad con arreglo a la Ley, ésto de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, lo cual supone que se haya desarrollado una actividad probatoria de cargo con arreglo a las previsiones constitucionales y legales, y por lo tanto válida, cuyo contenido incriminatorio, racionalmente valorado de acuerdo con las reglas de la lógica, las máximas de experiencia y los conocimientos científicos, sea suficiente para desvirtuar aquella presunción inicial, en cuanto que permita al Tribunal de Sentencia alcanzar una certeza objetiva sobre los hechos ocurridos y con base en la misma declararlos probados, así como la participación del acusado en ellos, descartando, al mismo tiempo y en su caso, la versión alternativa por carencia de la necesaria racionalidad. Es así que al no evacuarse el medio de prueba DECISORIO para el Tribunal como ser PERICIA BALÍSTICA debió absolver a mis representados de la imputación de estos delitos pues en uno de ellos no quedó probado que dispara arma de fuego alguna y en el otro amparado el acto de legítima defensa se estableció con la prueba evacuada testifical y documental la existencia de más armas, de más personas armadas, de casquillos de diferentes calibres. Por lo que debió ser absuelto por la causa de justificación de legítima defensa y a lo sumo la insuficiencia probatoria. ESA CERTEZA OBJETIVA SOLO SE PUEDE LLEGAR A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE PRUEBA DEBIDAMENTE ADMITIDOS Y QUE DEBAN Y DEBEN SER EVACUADOS EN EL DEBATE DEL JUICIO ORAL Y PUBLICO, ESTE PROCESO ADOLECE DE ESTOS VICIOS POR LO TANTO A afecto de establecer algunos conceptos Constitucionales citados por el recurrente, que la jurisprudencia Hondureña ya ha señalado fehacientemente, me permito citar las siguientes una sentencia de casación en base a lo establecido en el artículo 19 del Código Procesal Penal SOBRE EL DEBIDO PROCESO Y DERECHO A LA DEFENSA “...EL PRINCIPIO-DERECHO DEBIDO PROCESO, como ya los hemos dicho en otras ocasiones, supone que toda persona deba ser juzgada observando las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, según lo que se dispone en el artículo 90 de la Constitución de la República. Una de esas formalidades esenciales la establecen LAS REGLAS DEL JUICIO, según las cuales el Juez para decidir un caso solamente tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate. ESTA REGLA ESENCIAL DEL JUICIO, y concretamente de la deliberación del caso, supone que los jueces y tribunales para formar su convicción, solamente podrán hacerlo a partir de aquellas pruebas que se hayan practicado en el debate de acuerdo a las reglas establecidas en el Código Procesal Penal, conforme a lo dispuesto por el artículo 336 del Código. Cualquier quebranto de estas reglas implicará evidentemente una vulneración de las reglas del juicio, que en caso de tratarse de algo esencial que trascienda al resto del fallo, puede implicar la nulidad de éste...” (Sentencia de fecha quince de diciembre de dos mil cinco, recaída en el recurso de Casación No. 1441-2033=2004) A afecto de establecer algunos conceptos constitucionales citados por el recurrente, que la jurisprudencia Hondureña ya ha señalado fehacientemente, me permito citar las siguientes sentencias de casación en base a lo establecido en el artículo 19 del Código Procesal Penal “...ESTA SALA ha determinado QUE EL DERECHO DE DEFENSA SE CARACTERIZA en su esencia por la oportunidad que tenga el procesado de alegar prueba al juicio e intervenir en la evacuación de la propuesta por la otra parte en un debate público y contradictorio (en su caso), así como de tener acceso a la interposición de los recursos legales correspondientes,...” (Sentencia de fecha dieciocho de febrero de dos mil cinco, recaída en el Recurso de Casación número 538=04) Al DEBIDO PROCESO le nutren derechos fundamentales, entre los cuales se encuentra el DERECHO DE DEFENSA, de rango constitucional, considerado inviolable según el artículo 82 de la Constitución de la República, con el cual se pretende evitar la imposición de una pena, con desconocimiento del derecho fundamental de defensa como ha sucedido en el presente caso.. .“ (Sentencia de fecha quince de junio de dos mil cinco, recaída en el Recurso de Casación registrado bajo el No. 2874=03) “...EL PRINCIPIO-DERECHO DEBIDO PROCESO, como ya los hemos dicho en otras ocasiones, supone que toda persona deba ser juzgada observando las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, según lo que se dispone en el artículo 90 de la Constitución de la República. Una de esas formalidades esenciales la establecen LAS REGLAS DEL JUICIO, según las cuales el Juezpara decidir un caso solamente tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate. ESTA REGLA ESENCIAL DEL JUICIO, y concretamente de la deliberación del caso, supone que los jueces y tribunales para formar su convicción, solamente podrán hacerlo a partir de aquellas pruebas que se hayan practicado en el debate de acuerdo a las reglas establecidas en el Código Procesal Penal, conforme a lo dispuesto por el artículo 336 del Código. Cualquier quebranto de estas reglas implicará evidentemente una vulneración de las reglas del juicio, que en caso de tratarse de algo esencial que trascienda al resto del fallo, puede implicar la nulidad de éste...” (Sentencia de fecha quince de diciembre de dos mil cinco, recaída en el recurso de Casación No. 1441-2033=2004). RECLAMACIONES HECHAS PARA SUBSANAR EL VICIO PROCESAL. El Vicio Procesal que da fundamento al Motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma expuesto en el presente Recurso, fue cometido en el acto mismo de la Sentencia, y por tanto, por su naturaleza no era posible intentar reclamo alguno para su subsanación más que la interposición del presente Recurso. ALCANCE DE LA PETICIÓN DEL RECURRENTE: A la Honorable Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, respetuosamente pido, declarar HA LUGAR el primer Motivo de Casación Por Quebrantamiento de Forma, SE ANULE la Sentencia recurrida y se ordene su reenvío al Tribunal de Origen. “...El Criterio de la Sala. 1) Para que una sentencia sea legítima es imperativo que se base exclusivamente en prueba válidamente introducida al debate. Si la motivación omite la consideración de prueba decisiva introducida al debate o si se basa en elementos no introducidos formalmente como parte integral de la prueba, la sentencia es ilegítima. Si bien la estimación probatoria y las conclusiones fácticas de la sentencia están restringidas para su control casacional, si es posible el control del ejercicio intelectivo realizado por el Juez para arribar a sus conclusiones; el examen sobre las pruebas está instituido únicamente a efectos de custodiar que se cumpla la aplicación de las reglas de la sana crítica (lógica, psicología y la experiencia) en la fundamentación del fallo. 2) Dentro de las reglas de la lógica está el principio de derivación que exige que cada pensamiento provenga de otro con el cual está relacionado, es decir, el razonamiento debe constituirse por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en base a ellas se vayan edificando, a cada conclusión o derivación afirmativa o negativa corresponde un elemento de convicción del cual ha de inferirse aquella. Si las conclusiones o derivaciones extraídas no se basan en elementos probatorios formalmente incorporados o son falseados en su contenido o significado, se viola la regla de la sana crítica (lógica)...” Sentencia de fecha veinticinco de marzo de dos mil diez, recaída en el Recurso de Casación No. S.P. No. 64-2008) “...ESTA SALA DE LO PENAL concluye que la sentencia recurrida efectivamente adolece de defectos en la fundamentación intelectiva, pues las razones invocadas por el A Quo son inconsistentes e insuficientes, para formar su convicción judicial, e incurre en inobservancia de la regla de la sana crítica, de la lógica, específicamente de derivación, que exige razón suficiente y fundada.- Por lo anterior, ESTA SALA declara procedente el motivo de casación invocado, en cuanto a decretar la nulidad de la sentencia en lo conducente a los imputados... ,a efecto de que se celebre para el juzgamiento de éstos otro debate, con jueces diferentes a los que intervinieron en el debate y sentencia anulada parcialmente...” (SENTENCIA de fecha veintiocho de abril del año dos mil ocho, recaída en el Recurso de Casación No.171-06). De lo anterior por eso decimos que los Jueces de Sentencia prefieren sacrificar los derechos y garantías constitucionales de mis representados, para dictar a cualquier costo humano, una sentencia condenatoria, no importándoles a su vez que dicha prueba pericial ERA DECISORIA SU EVACUACIÓN POR LA MODALIDAD DE LOS HECHOS CONTROVERTIDOS adoleciendo esta sentencia de una grave violación a una regla del juicio oral y público que afecta el debido proceso, y derecho de defensa.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de casación por infracción de precepto constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior.[1] En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe de seleccionar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Recurso de casación por infracción de precepto constitucional. Único Motivo. *Precepto Autorizante: 361 del Código Procesal Penal. *Normas constitucionales que se denuncian infringidas: 82 y 90 de la Constitución de la República. *Concepto de la Infracción: Violación al derecho de defensa y al debido proceso; *Pretensión: Casar la sentencia recurrida y resolver conforme a derecho. La defensa privada argumenta que en la audiencia de proposición de pruebas de fecha 6 de mayo de 2014 (f. 29), solicitó la realización de un dictamen pericial de análisis comparativo de elementos metálicos, el cual se llevaría a cabo por el perito Marlon Geovanny González; dicha pretensión fue admitida por el Tribunal de Sentencia y se juramentó al perito en fecha 7 de agosto de 2014 (f. 53). Expone el censor que se ordenó al Ministerio Público entregar con suficiente anticipación al perito los objetos metálicos recuperados en la escena del crimen y los metales encontrados en el cuerpo del señor Desmin Jesús Monroy, a efecto de que pudiera realizar la pericia comparativa y determinar lo siguiente: 1. Comparación de los elementos metálicos recuperados en la autopsia practicada al señor Desmin Monroy con los casquillos encontrados en la escena del crimen. 2. Determinar calibre de los proyectiles encontrados en el interior del cuerpo del señor Desmin Monroy. 3. Si los proyectiles corresponden a una o varias armas. 4. Si los casquillos encontrados en la escena del crimen son de una o varias armas. El censor continúa su línea recursiva argumentando que, el debate se realizó 8 meses después de la audiencia de proposición de pruebas, y en la misma el perito informó que no pudo realizar la pericia comparativa porque nunca se puso a su disposición el control de evidencias, ni el arma ni los objetos recuperados en la escena del crimen. Concluye que al no haberse facilitado por el Ministerio Público estos elementos, y en consecuencia, al no haberse evacuado un medio de prueba pericial previamente admitido, ocasionó la lesión al derecho de defensa y el debido proceso que asiste a sus representados, pues la tesis defensiva consistía en que solo uno de los acusados participó en el hecho y no los dos como aduce el Tribunal de Sentencia, y el que participó, lo hizo amparado en una legítima defensa como causa de justificación y elemento negativo de la antijuricidad del tipo penal de homicidio simple. Pide, en definitiva, casar la sentencia y dictar una conforme a derecho. Del derecho a la defensa Una de las posibles consecuencias de la inobservancia a un debido proceso es la violación al derecho de defensa, al crearse un desbalance de oportunidad entre las partes provocado por el órgano jurisdiccional. La inobservancia de las normas procesales penales provoca indefensión cuando el órgano jurisdiccional niega el espacio de petición, cuando no procura la contradicción o cuando rechaza pretensiones basados en criterios contrarios a la legalidad, mermando así la oportunidad de sustento de la teoría del caso que presenta una de las partes, con la indefectible consecuencia de un fallo contrario a sus intereses. Es importante señalar que el derecho de defensa no es exclusivo de la persona imputada, pues le asiste a cada una de las partes, dado que cada una de ellas acuden al proceso penal en defensa de intereses subjetivos: 1. La parte acusadora en defensa de los intereses de la víctima; 2. El Ministerio Público en defensa de los intereses sociales; 3. La Procuraduría General de la República en defensa de los intereses del Estado como persona jurídica; y, 4. El acusado en defensa de los intereses individuales. Como consecuencia, cualquiera de las partes podrá alegar violación al derecho de defensa cuando el órgano jurisdiccional reduzca su participación procesal a un mero acompañamiento, sin oportunidad de solicitar, controvertir y obtener resoluciones favorables conforme a un debido proceso legal. Del debido proceso La garantía genérica del debido proceso, invocada por el censor como aquélla que ha inobservado por el Tribunal de Sentencia, se encuentra regulada en los artículos 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República; el debido proceso legal refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (con independencia de su naturaleza). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Informe No. 1/95 de fecha 07 de febrero de 1995, del caso 11,006, referente al proceso de Alan García vs. Perú, indicó: “El artículo 8 de la Convención Americana en su inciso primero establece que toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra. Así mismo, el mencionado artículo en su inciso segundo prevé que durante el trámite del proceso toda persona tiene derecho a que se respeten ciertas garantías mínimas. La enumeración contenida en esta cláusula ha sido interpretada como una nómina de garantías mínimas no taxativas. De este modo, se ha considerado que existen otras garantías reconocidas en el derecho interno de los Estados que, si bien no están incluidas explícitamente en el texto de la Convención, igualmente se encuentran amparadas por el contenido amplio del inciso 1 del artículo 8 de la Convención”. La garantía del debido proceso, más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que este juez, además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte; así pues, los llamados principios procesales o principios informadores del proceso no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento; entre estas encontramos: 1. Prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; 2. Derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; 3. Derecho a un juez predeterminado por la ley; 4. Derecho a la imparcialidad e independencia del juez; 5. Derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; 6. Derecho a la igualdad de armas procesales; 7. Derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas; 8. Respeto al principio de presunción de inocencia; 9. Posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; 10. Derecho a ser oído en un plazo razonable; 11. Deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; 12. Derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; 13. Derecho a una justicia gratuita; y en fin, el derecho a un debido proceso exige la materialización del principio de legalidad. La CIDH, en su informe No. 30/97 del caso 10,087 de fecha 30 de septiembre de 1997, referente a Gustavo Carranza, Argentina, indicó: “67. El artículo 8 de la Convención Americana impone la existencia de “debidas garantías” durante el proceso de determinación de derechos […] En efecto, el mencionado artículo no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales. Este artículo reconoce el llamado “Debido proceso legal” que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.”. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en sentencia de 02 de febrero de 2001, en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, afirmó que: “Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto “sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, deben respetar el debido proceso legal.”. El debido proceso se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero, cómo debe substanciarse la etapa de juicio y en particular el debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. En conclusión, la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado. De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo.El censor del fallo arguye la violación al derecho de defensa y al debido proceso, pues en audiencia de proposición de pruebas solicitó se realizara un dictamen pericial de análisis comparativo de elementos metálicos, propuesta que fue admitida por el Tribunal de Sentencia y para tal efecto, se llevó a cabo la juramentación del perito Marlon Yovany González. Asimismo, arguye el censor que para realizar la pericia, se necesitaba que el ente acusador proporcionara al perito los metales encontrados en el cuerpo del señor Desmin Jesús Monroy Ayala y los casquillos encontrados en la escena del crimen, cosa que nunca hizo, y por ende, no se pudo llevar a cabo la pericia. Finalmente, estima que el medio de prueba admitido y no evacuado es determinante para acreditar su tesis de defensa, la cual consiste en que solo uno de los acusados participó en el hecho y no los dos como aduce el sentenciador, así como que quien lo hizo estaba amparado en una causa de justificación de legítima defensa. Planteado así el escenario, el estudio que deberá realizar esta Sala de lo Penal consistirá en dos cuestiones: la primera de ellas, determinar si se dejó de evacuar el medio de prueba de pericia comparativa de elementos metálicos por parte del Tribunal de Sentencia; y, la segunda es, si en el caso que así fuese, determinar si este error judicial tiene la entidad suficiente como para cambiar la ecuación valorativa, la fundamentación fáctica de la sentencia y el posterior fallo. Este último aspecto es el que daría paso a dar razón al recurrente y declarar ha lugar el recurso, pues no solamente se trata de que exista una falta de evacuación de un medio de prueba, sino que, el medio de prueba dejado de evacuar sea de tal trascendencia que dé pie a determinar la necesidad de anular y repetir el debate que generó el estado intelectivo de culpabilidad en el juzgador. El juicio de trascendencia del medio de prueba en relación al estado intelectivo del juzgador, deberá realizarse conforme al método de inclusión hipotética “…que consiste en agregar el medio de prueba excluido a la ecuación valorativa, de modo de constatar si con la aportación de los datos de ese medio de prueba el fallo se hubiese afectado en alguno de sus pronunciamientos, de ser así, el medio de prueba es de carácter decisivo, por el contrario, aun cuando la exclusión sea indebida o la falta consideración, si su inclusión hipotética no se traduce en la modificación de algunos de los pronunciamientos del fallo, equivale a que el mismo no es de valor decisivo…”(Sentencia de la Sala de lo penal de fecha 2 de abril de 2019, recaída en el expediente SP 169-2015). Es así que al remitirnos al acta de proposición de pruebas -y tal como lo expone la defensa en su recurso- se constata que ambas partes pidieron la admisión y evacuación del medio de prueba pericial de comparación de metales, mismo que sería realizado por el perito Marlon Geovanny González y tenía como misión determinar lo siguiente: 1. Comparación de los elementos metálicos recuperados en la autopsia practicada al señor Desmin Monroy con los casquillos encontrados en la escena del crimen. 2. Determinar calibre de los proyectiles encontrados en el interior del cuerpo del señor Desmin Monroy. 3. Si los proyectiles corresponden a una o varias armas. 4. Si los casquillos encontrados en la escena del crimen son de una o varias armas. Llegada la sesión de debate (f. 94), al momento de la evacuación del medio de prueba, el perito informó al Tribunal de Sentencia que no pudo realizar la pericia porque no se le proporcionaron por Control de Evidencias ni el arma ni los objetos metálicos recuperados en la escena del crimen; ante esta situación, el Tribunal Sentenciador resolvió lo siguiente: “El Tribunal considera pertinente que no tiene sentido probatorio, en este caso las pruebas son de las partes, no del Tribunal, en aclaración al Ministerio Público, al Tribunal si no le presentan pruebas no las puede evacuar, en este caso las pruebas son de las partes, tanto del Ministerio Público y la defensa, en este caso se tiene por despachado al señor Marlon Yovany González, no se realizó la pericia y no se tiene por evacuado dicho medio de prueba.” En el caso examine, es claro que el juzgador dejó de evacuar el medio de prueba pericial comparativo, el cual fue previamente admitido y debía, por tanto, evacuarse. Correspondía, en todo caso, que el sentenciador tomara las previsiones necesarias para poner a disposición del perito los insumos que necesitaba para efecto de realizar la comparativa, y así dar cumplimiento a la resolución que él mismo había emitido en el sentido de llevar a cabo el dictamen pericial. Ahora bien, ello no basta para dar razón a la pretensión del recurrente, pues corresponde determinar si esta falencia se trata o no de prueba de valor decisivo que, de haberse evacuado y posteriormente valorado, hubiera llevado a conclusiones distintas al juzgador. Al respecto, se determina según la finalidad y el objeto del medio probatorio fijado al efecto por las partes, que no tiene la potencia para cambiar los pronunciamientos del fallo, pues la prueba de cargo es basta y suficiente para acreditar la culpabilidad de los acusados: Se presentó como medio de prueba testifical, la declaración del niño Jonathan Isaac Monroy Flores, de nueve años de edad, quien declaró: “Llegaron Darwin y don Rodolfo (acusados), nosotros íbamos para la casa con mi papá, mi mamá y mi hermano a traer unas pastillas donde mi tío, cuando las fuimos a traer ya nos íbamos para la casa, cuando llegamos a la casa mi papá nos dijo que le hiciéramos comida para comer, cuando se hizo la comida él iba a ver un partido de la selección, don Rodolfo llamó a mi papá: Monroy vení, y le dio un abrazo y allí se sacó la pistola, mi mamá al ver eso le gritó tené cuidado, y don Rodolfo le pegó un balazo en la frente y cuando mi mamá vio a mi papá caído, nos mandó a escondernos y se acercó a mi papá y lo abrazo y le sacó la pistola y en eso llegó Darwin con la pistola y le pegó unos tiros a mi mamá, don Rodolfo le terminó de pegar los tiros por la espalda a mi papá y a mi mamá le disparó Darwin y también a Domingo cuando ya venía por la puerta de la casa, y a Orbin don Rodolfo le pegó un tiro por la espalda y después don Rodolfo y Darwin se fueron en el vehículo…” El Tribunal de Sentencia otorgó plena credibilidad al testigo y además le resultó corroborado con todo el andamiaje probatorio: actas de levantamiento de cadáver, dictámenes de autopsia, actas de inspección del lugar, álbum fotográfico, así como los dictámenes de exhumación y posterior autopsia del cadáver del señor Desmin Jesús Monroy Ayala. Especial énfasis hace el juzgador de la prueba pericial, con la cual descarta toda posibilidad de que las lesiones causadas a las víctimas sean en un afán de legítima defensa como sostuvo la parte procesal. Se reconoce, como no puede ser de otra forma, que existió un error al dejar de evacuar el medio de prueba de pericia comparativa, pues el Tribunal de Sentencia devenía obligado a ordenar su evacuación una vez que había sido admitido en audiencia de proposición de prueba, sin embargo, este vicio procesal no puede tener las elefantiásicas consecuencias que persigue el recurrente, pues la sólida prueba de cargo fue valorada de conformidad a las reglas de la sana crítica por el juzgador y conduce a la conclusión única y apodíctica de que fueron los acusados quienes en un codominio funcional del hecho, ocasionaron la muerte de los señores Desmin Jesús Monroy Ayala, Dirian Marlene Flores, Domingo Bautista y Orbin Darío Lemus Gámez. Además de ello, y como se sostuvo anteriormente, se descarta según el mismo andamiaje probatorio -así determinado por el sentenciador- que las acciones emprendidas por los acusados fueran en un afán de defensa; las declaraciones de los acusados si bien no son considerados medios probatorios, no resultaron corroboradas con la prueba evacuada y al contrario, se colige su contradicción con ésta. No puede aceptarse, entonces, que el medio de prueba dejado de evacuar hubiera hecho cambiar de parecer al Tribunal de Sentencia y emitir un pronunciamiento distinto en la parte dispositiva de su fallo; el defecto procesal no ocasionó la lesión al derecho de defensa y al debido proceso con la entidad suficiente como para causar la anulación del debate y ordenar su reenvío para la celebración de un nuevo juicio. El motivo decae y debe ser desestimado. DECISIÓN No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la defensa privada. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales;360, 361y 363 del Código Procesal Penal, FALLA:1) Declara NO HA LUGAR el recurso de casación por infracción de precepto constitucional interpuesto por el Abogado Bladimir Alexander Duarte Pérez, actuando en su condición de apoderado defensor de los señores Rodolfo Rodríguez Sánchez y Darwin Rodolfo Rodríguez Archaga; 2) Declara firme y ejecutable la sentencia de fecha veintitrés de marzo de dos mil quince, emitida por el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a derecho. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de octubre del año dos mil diecinueve. Certificación de la Sentencia de fecha nueve de agosto del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-172-2016.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

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[1]El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.