Sentencia CP-169-15 — Registro 9877
Resumen
En primera instancia se condeno al imputado como autor responsable de un delito de Apropiación indebida Continuada. En casación se declara sin lugar el recurso
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Con reiteración ha expresado esta Sala de lo Penal que el ámbito de aplicación del Recurso de Casación previsto en el artículo 360 del Código Procesal Penal, se circunscribe al error cometido por el Tribunal Sentenciador cuando dados los hechos que se declaren probados se hubiere infringido un precepto penal de carácter sustantivo u otra norma jurídica del mismo carácter que debe ser observada en la aplicación de la ley penal.Este tipo de recursos obliga a respetar el relato de hechos probados de la sentencia recurrida, pues en estos casos solo se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica y tales problemas han de plantearse y resolverse sobre unos hechos predeterminados por el sentenciador. Se trata entonces de un recurso sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es el enfoque jurídico que, a unos hechos dados, ya inalterables, se pretende aplicar, en discordancia con el tribunal sentenciador. La técnica de la casación penal exige en los recursos de esta naturaleza se guarde el más absoluto respeto a los hechos probados, ya que el ámbito queda limitado al control de juricidad. De lo anterior se desprende que no se ha respetado la norma procesal y la debida técnica recursiva por el censor, pues extrapola sus argumentos recursivos a normas extrapenales –Código del Trabajo-, a las actividades procesales llevadas en sesión de juicio y la valoración intelectiva del juzgador, fundando sus argumentos en que a partir de tales actuaciones corresponde dictar un fallo absolutorio a favor del encausado en lugar de un inculpatorio. No obstante, lo anterior, esta Sala de lo Penal ha dado lectura analística a los hechos probados de la sentencia y ha podido determinar que no hay error de subsunción entre el fáctum de la sentencia y la norma penal sustantiva elegida por el sentenciador. Las ocasiones en que el señor J. A. Z. U. libró a su favor, y sin autorización del administrador único de la sociedad, cantidades que en total ascienden a noventa y ocho mil lempiras (L 98, 000.00), simulando salarios que ya habían sido acreditados; el comportamiento del acusado y el resultado lesivo al patrimonio de la empresa Vegas Electric S.A. de C.V., están relacionadas causalmente; según el fáctum la conducta no está justificada por el ordenamiento jurídico, como para que pueda excluirse la anti juricidad como elemento del tipo objetivo. El acusado se encontraba en capacidad psicológica suficiente de comportarse y motivarse por la norma; conocía la anti juricidad del acto por él protagonizado y se encontraba en condiciones psicofísicas de actuar de manera diferente.En tal sentido, no se desprende una infracción de ley por ninguno de los cincos motivos autorizados por la norma..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha dos de abril del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “I. SENTENCIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos (2) días de abril del año dos mil diecinueve, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncia: EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La sentencia en el expediente S.P.169-2015, conociendo de los Recursos de Casación por Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha veinte (20) de enero del año dos mil quince (2015), dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida, mediante la cual Falló: Primero: Condenar al acusado J. A. Z. U., como autor responsable de un delito de Apropiación indebida Continuada en perjuicio del patrimonio de la sociedad mercantil Vegas Electric S.A. de C.V., a la pena de seis (6) años ocho meses de reclusión, más una multa de nueve mil ochocientos lempiras (L 9, 800.00), y las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la pena principal. Segundo: Se declara la responsabilidad civil del condenado. Tercero: Devuélvanse los cheques No. 13214 y 13158 de HSBC y 4053, 4252, 4251 de BAC BAMER a la sociedad mercantil Vegas Electric S.A. de C.V.- Interpuso los Recursos de Casación por Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Ley, el Abogado G. V. V., Apoderado Defensor del señor J. A. Z. U.; SON PARTE:El Abogado G. V. V., apoderado defensor del señor J. A. Z. U., como recurrente; y, D. E. R. C., fiscal del Ministerio Público, como recurrida.II. HECHOS PROBADOS: “El Tribunal valorando conjuntamente las pruebas practicadas en el juicio de conformidad a las reglas de la sana crítica, declara expresa y terminantemente probado el hecho siguiente: Primero: J. A. U. comenzó a laborar para la sociedad mercantil Vegas Electric, S.A. de C.V., con domicilio en la Isla de Roatán, Islas de la Bahía, el 15 de marzo de 2012 como gerente de operaciones, quien a la primera quincena de agosto de ese año devengaba un salario de veinticuatro mil quinientos lempiras exactos, y se encontraba autorizado para disponer del dinero, en los asuntos propios de la empresa, en las cuentas en cheque que esta sociedad tiene abiertas en los bancos HSBC y BAC BAMER, para lo cual se hizo registrar la firma de J. en cada uno de estos bancos. Segundo: A mediados de agosto de 2012 la sociedad Vegas Electric, S.A. de C.V. le pagó el salario, correspondiente a la primera quincena de agosto de 2012, a J. Z. por la cantidad de veinticuatro mil quinientos lempiras exactos, mediante cheque No. 4051 de la cuenta de cheques número 301101076 de BAC BAMER a nombre de Vegas Electric, S.A. de C.V. Pero J. el 13.08.2012 emitió a su favor, sin autorización de C. H. G. en su condición de Administrador único de aquella sociedad, y cobró en la agencia Rapibanco… Plaza de Roatán el cheque No.04053, por la cantidad de veinticuatro mil quinientos lempiras, correspondiente a la cuenta No.301101076 de banco BAC BAMER a nombre de la empresa Vegas Electric, S.A. de C.V., y el l4.08.2012 emitió a su favor, sin autorización de C. H. G. en su condición de administrador único de la sociedad, y cobró en la sucursal No. 307 de HSBC el cheque No. 13214 por la cantidad de veinticuatro mil quinientos lempiras, correspondiente a la cuenta No.304-1005098 de banco HSBC a nombre de la empresa Vegas Electric, S.A. de C.V. por concepto de pago de primer quincena de agosto 2012. Apoderándose de esta manera en dos oportunidades y bajo similares circunstancias de la cantidad total de cuarenta y nueve mil lempiras exactos ocasionándole con ella una pérdida económica a la referida sociedad. Tercero: J. Z. el 23.08.2012 emitió a su favor, sin autorización de C. H. G. en su condición de administrador único de aquella sociedad, y cobró en la agencia BAC Rapibanco Aeropuerto de San Pedro Sula el cheque No.04251 por la cantidad de veinticuatro mil quinientos lempiras, correspondiente a la cuenta No.301101076 de banco BAC BAMER a nombre de la empresa Vegas Electric, S.A. de C.V. También el 23.08.2012 emitió a su favor, sin autorización de C. H. G. en su condición de administrador único de esta sociedad, y cobró en la agencia circunvalación de BAC de San Pedro Sula el cheque No.04252 por la cantidad de veinticuatro mil quinientos lempiras, correspondientes a la cuenta No.301101076 de banco BAC BAMER a nombre de la empresa Vegas Electric, S.A. de C.V. Y asimismo en fecha 24.08.12, emitió a su favor, sin autorización de C. H. G. en su condición de administrador único de aquella sociedad, los cheques No.4253 y 4252 correspondiente a la cuenta No. 301101076 de banco BAC BAMER a nombre de la empresa Vegas Electric, S.A. de C.V., los cuales no pudo cobrarlos por orden de paro de pago del 24.08.2012 que emitiera dicho banco a solicitud de Vegas Electric, S.A. de C.V. Apoderándose de esta manera en dos oportunidades más y bajo similares circunstancias de la cantidad total de cuarenta y nueve mil lempiras exactos, ocasionándole con ello una pérdida económica a la referida sociedad”.III.RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS.El Abogado G. V. V., apoderado defensor del señor J. A. Z. U., como recurrente, procedió a formalizar sus recursos de casación por quebrantamiento de forma y por infracción de ley, de la manera siguiente: “PRIMER MOTIVO DE RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA.Acuso que la Sentencia adolece del vicio de excluir o dejar de considerar dos (2) medios de prueba documental de valor decisivo que fueron ejecutados durante el debate por la Defensa, consistentes en: A) una Constancia de Trabajo otorgada por el Gerente General y Administrador Único de la Sociedad Mercantil Vegas Electric, S.A. de C.V., a favor del Señor J. A. Z. U., visible a folio 107 de autos y B) una Constancia de Trabajo otorgada por la Sub-Inspección General de Trabajo de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, a favor del Señor J. A. Z. U., visible a folio 106 de autos; con relación a la demás prueba que practicada durante el debate en su conjunto. lo que por lógica provocó que el Sentenciador al no haberlas tenido en cuenta y no haberlas apreciado para la valoración en forma conjunta y armónica del resto de la prueba ejecutada durante el debate, incurriera en una apreciación errónea de la misma; esta apreciación errónea se contrae a que el Sentenciador le confirió un mayor valor, eficacia probatoria y fuerza de convicción en cuanto a su contenido a otros medios de prueba que resultan en conflicto o contradicción a lo contenido por estas dos (2) Constancias de Trabajo; y por ende al mismo tiempo le confirió un menor valor, eficacia probatoria y fuerza de convicción en cuanto a su contenido a otros medios de prueba que resultan en armonía y alineación con lo contenido por estas. Finalmente, esta apreciación errónea se ve manifestada en los hechos probados tenidos en cuenta para dictar sentencia condenatoria. PRECEPTO AUTORIZANTEEl presente motivo de casación está comprendido en el Artículo 362 preámbulo y numeral 2 del Código Procesal Penal vigente, que consigna “Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo” EXPLICACIÓN DEL PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. Consta textualmente a la página número 15 del Acta de Audiencia de Debate del Juicio Oral y Público Expediente TSLCP-1101-2013-00247 lo siguiente: “...seguidamente se procede a evacuar la prueba documental 3 propuesta por la defensa misma que se encuentra agregada a folio 107.- Seguidamente se procede a evacuar la prueba Documental 4 constancia de trabajo que obra a folio 106.-....”, sin que existiera cuestionamientos, oposición, manifestaciones o peticiones por ninguna de las partes respecto a estas dos (2) pruebas documentales; que se refiere la primera, visible a folio 107 de autos, a una Constancia de Trabajo a fecha 18 de junio del 2012, emitida y firmada en Roatán, Islas de la Bahía por el Señor C. G. en su calidad de Gerente General de la Sociedad Mercantil Vegas Electric S.A. de C.V., con su respectivo sello, reconocida por el mismo Señor C. G. en la vista pública durante su comparecencia en el debate, y cuyo contenido citado textualmente es a saber: “Por medio de la presente hacemos constar que el señor J. A. Z. U. es ACCIONISTA de nuestra empresa: asimismo se desempeña desde el 15 de Marzo del 2012, y actualmente como GERENTE DE OPERACIONES de la misma, destacándose por ser una empleado puntual, de buen carácter y con un alto grado de responsabilidad en todas las tareas a él asignadas. El Señor Z. recibe como sueldo base anual la cantidad de Lps. 702,000.00 (Setecientos dos mil lempiras con 00/100)…”; La segunda prueba que obra a folio 106 de autos se refiere a una Constancia de Trabajo a fecha 29 de agosto del 2012, emitida, firmada y sellada en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central por el Abogado L. A. R. A. en su calidad de Sub-Inspector General por LEY de la Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, la cual tiene el carácter de instrumento o documento público de acuerdo con lo establecido en el Artículo 321 preámbulo y numeral 3 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales (L.O.A.T.) en relación con los Artículos 610, 614 y 617 del Código de Trabajo, y cuyo contenido citado textualmente es a saber: “El suscrito Subinspector General del Trabajo, Dependencia de la Inspección General del Trabajo, de la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social por este medio hace: CONSTAR, que el señor. Y. A. Z. U., con Cedula de Identidad #0311-1974-00174, labora en la empresa: VEGAS ELECTRIC, del domicilio de Roatán, Islas de la Bahía, desde el 15 de marzo del 2012, con un salario base anual de Setecientos dos mil Lempiras, LPS. 702,000.00, más colaterales y beneficios, quien fue contratado bajo la modalidad de contrato verbal, según regulación del artículo #-40 del Código de Trabajo vigente.”. Sin embargo, a pesar que estas dos (2) Constancias de Trabajo fueron adecuadamente ejecutadas durante el debate, consta en la sección VALORACIÓN DE LA PRUEBA de la SENTENCIA No. 5-2015, que el Sentenciador no expresa por ningún punto el valor y eficacia probatoria que se le haya dado a las mismas; y más aún, en los siete (VII) numerales que comprenden la sección VALORACIÓN DE LA PRUEBA de dicha Sentencia, no aparece mención, relación o comentario referente a estas dos (2) pruebas documentales; y mucho menos una sola referencia de que estas fueran apreciadas en relación con el resto del material probatorio practicado duran-te el debate por las partes. Por lo que resulta lógico, que el Sentenciador excluyó o dejó de considerar para la valoración de la prueba practicada en el debate en forma armónica y conjunta con estas dos (2) pruebas documentales de valor decisivo, y por ende que declaró los hechos probados que fueron usados para dictar dicha sentencia condenatoria sin tomar en cuenta estas dos (2) pruebas documentales. Cabe destacar en este punto, que el hecho que el Sentenciador haya dejado de considerar estos dos (2) medios de prueba de la Defensa del Señor J. A. Z. U., que ejecutó durante el debate únicamente tres (3) medios de prueba en total, dentro de las que se incluyen estas dos pruebas documentales, (siendo la tercera la declaración de J. L. D. H. visible a folio 68 vuelto de autos); por lógica equivale a decir que dos tercios (213) o un sesenta y seis punto sesenta y seis por ciento (66.66%) de los medios de prueba ejecutados en el debate por y para la defensa del Señor Z., y adecuadamente ejecutados durante el debate no fueron considerados por el Sentenciador, es decir que únicamente un treinta y tres punto treinta y tres por ciento (33.33%) fueron consideradas por el Sentenciador; mientras que por otro lado, el cien por ciento (100%) de las pruebas ejecutadas por el Ente Acusador si fueron consideradas por el Sentenciador; por lo que también al aplicar la lógica, se puede decir que esto resulta en una desigualdad en contra de la Defensa del Señor Z. en la práctica de la valoración de la prueba en su conjunto por el Sentenciador; equivalente en tanto como el mismo sesenta y seis punto sesenta y seis por ciento (66.66%) si hubiera que cuantificar; lo que también por lógica se puede traducir en una indefensión para la Defensa del Señor Z. en una proporción similar. Y por lo tanto el Sentenciador al haber excluido o dejado de considerar el sesenta y seis punto sesenta y seis por ciento (66.66%) de las pruebas aportadas y ejecutadas adecuadamente durante el debate por la Defensa del Señor Z., mientras que por el otro lado consideró el cien por ciento (100%) de las pruebas del Ente Acusador, INFRINGE EN CONCEPTO DE VIOLACIÓN DIRECTA LAS GARANTÍAS FUNDAMENTALES DE IGUALDAD ANTE LA LEY Y DE DEFENSAconsagradas respectivamente en los Artículos 60 y 82 Constitución de la República. En cuanto a la prueba excluida o dejada de valorar por el Sentenciador (las dos pruebas documentales denominadas Constancias de Trabajo a folios 106 y 107 de autos) se señala lo siguiente: 1) que la fuerza probatoria de estas Constancias de Trabajo es indubitable respecto a su contenido de que EL SEÑOR J. A. Z. U. RECIBIA UN SALARIO BASE DE SETECIENTOS DOS MIL LEMPIRAS (LPS. 702,000.00) ANUALMENTE, MAS COLATERALES Y BENEFICIOS (lo que equivale a cincuenta y ocho mil quinientos Lempiras [Lps. 58,500.00] mensualmente y/o veinte y nueve mil doscientos cincuenta Lempiras (Lps.29,250.00) quincenalmente; más los respectivos colaterales y beneficios); en virtud que por un lado y tal como expresado previamente, estas dos (2) pruebas documentales fueron adecuadamente evacuadas durante el debate y no hubo cuestionamientos, oposición, manifestaciones o peticiones al respecto por parte del Ente Acusador; y por el otro lado, la Constancia de Trabajo a folio 106 de autos, emitida por la Sub-Inspección General del Trabajo de la Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, resulta ser un Instrumento o Documento Público de eficacia probatoria de acuerdo a lo establecido en el Artículo 322 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales (LOAT); y la Constancia de Trabajo afolio 107 de autos, emitida por el Señor C. G. en su calidad de Gerente General de la Sociedad Mercantil Vegas Electric, S.A. de C.V., también resulta eficaz, por ser un Documento Privado, firmado, sellado y reconocido por quien es el Gerente General de dicha Sociedad Mercantil; quien de acuerdo con el Artículo 19 de la Escritura Pública No. 252 de Ejecución de Acuerdo de Fusión y Estatutos de la Sociedad Vegas Electric S.A. de C.V. (visible a folios 21-32 de autos, y que fue ejecutada en el debate) fue nombrado como su Administrador Único, y de acuerdo a los Artículos 11 y 12 de la referida Escritura resulta ser la única persona facultada para emitir documentos y firmar a nombre de dicha Sociedad Mercantil. Además, como nota relevante: resulta que estas pruebas adquieren aún mayor valor probatorio, si se considera en su análisis, que el salario, beneficios y colaterales en estas consignado, coincide exactamente con lo dicho por el Señor Z. en su declaración, y que igualmente que el Señor C. G. describió en su testimonio unos salarios (US$ 3,200.00 mensualmente), colaterales y beneficios (transporte local y nacional, electricidad, educación, vivienda, telefonía, seguro médico hospitalario, gastos de reubicación, comisiones) que también coinciden con el contenido de estas constancias.— II) Que tal es el valor decisivo de estas dos (2) Constancias de Trabajo; que el Sentenciador, al no haberlas tenido en cuenta y no haberlas apreciado para la valoración en forma conjunta y armónica del resto de la prueba ejecutada durante el debate; provocó de acuerdo con la lógica, una apreciación errónea del resto de la prueba; esta apreciación errónea se contrae a que el Sentenciador le confirió UN MAYOR VALOR, EFICACIA PROBATORIA Y FUERZA DE CONVICCIÓN en cuanto a su contenido a otros medios de prueba que resultan EN CONFLICTO O CONTRADICCIÓN a lo contenido por estas dos (2) Constancias de Trabajo, tal es el caso de las siguientes: a) la copia de Constancia emitida a 28 de Agosto del 2012 en Roatán, Islas de la Bahía por J. T. en su calidad de Auxiliar Contable de Vegas Electric S.A. de C.V., visible a folio 111 de autos, y que fue ratificada por la firmante; a la que el Sentenciador le confirió valor y eficacia probatoria sin haber considerado que los datos contenidos (sobre salarios devengados), en la misma resultan ser conflictivos y/o contradictorios con los datos de las dos (2) Constancias de Trabajo aludidas, una de las cuales fue emitida por el Señor C. G. quien resulta ser el Patrono de la señora J. T., esto se evidencia a través de las siguientes frases, párrafos y contenidos de la sección VALORACIÓN DE LA PRUEBA de la referida Sentencia y que se reproducen textualmente entre comillas (““): último párrafo de la página 5 de la Sentencia: “Por último el salario que devengaba J. Z. como gerente de operaciones y el pago regular que le hizo la sociedad Vegas Electric S.A. de C. V. por concepto de salario desde la segunda quincena de marzo 2012 hasta la primera quincena de agosto 2012 quedó establecido con la copia de constancia, debidamente autenticada, emitida en la ciudad de Roatán, Islas de la Bahía a 28.08.2012 por J. T., en su calidad de auxiliar contable de Vegas Electric S.A. de C. V. en la que se hace saber que la empresa Vegas Electric S.a. de C. V. pagó por planilla a J. A. Z. U., por concepto de sueldos devengados como gerente de operaciones de la forma siguiente:..”; al último párrafo de la página 6 de la Sentencia: “...: Por las razones precedentes le conferimos valor y eficacia probatoria a la constancia aludida.” b) la Constancia emitida a 15 de Agosto del 2012 en Roatán, Islas de la Bahía por S. D. H. S. en su calidad de Contadora General de Vegas Electric S.A. de C.V., visible a folio 538 de autos, y que no fue ratificada por la firmante; a la que el Sentenciador le confirió valor y eficacia probatoria sin haber considerado que también los datos (sobre fechas y salarios) contenidos en la misma resultan conflictivas y/o contradictorios con los datos de las dos (2) Constancias de Trabajo aludidas, una de las cuales fue emitida por el Señor C. G. quien resulta ser el Patrono de la Señora S. D. H. S., esto se evidencia con las siguientes frases, párrafos y contenidos de la sección VALORACIÓN DE LA PRUEBA de la referida Sentencia y que se reproducen textualmente entre comillas (““): al cuarto párrafo de la página 5 de la Sentencia: “También la calidad de empleado y la fecha en que comenzó a trabajar J. para dicha sociedad constató con la constancia emitida en la ciudad de Roatán, Islas de la Bahía, a 15.08.2012, por S. D. H. S., en su calidad de contadora general de Vegas Electric S.A. de C. V. en la que hace saber que J. A. Z. U., labora para la empresa Vegas Electric S.A. de C. V. como gerente de operaciones, desde el 15 de marzo de 2012, (f538)” c) el recibo (Boucher) original del cheque número 04053, visible a folio 531 de autos, al que el Sentenciador le confirió valor y eficacia probatoria sin haber considerado que los datos contenidos en este son conflictivos y/o contradictorios en relación con los datos de las dos (2) Constancias de Trabajo aludidas (en lo referente al valor del salario del Señor J. Z.), esto se evidencia con las siguientes frases, párrafos y contenidos de la sección. VALORACIÓN DE LA PRUEBA de la referida Sentencia y que se reproducen textualmente entre comillas (““): al sexto párrafo de la página 7 de la Sentencia: “Asimismo con el recibo (Boucher) original de cheque No. 04053, de fecha 13.08.2012, emitido a favor de J. Z. por la cantidad de veinticuatro mil quinientos lempiras, correspondiente a la cuenta No. 301101076 de banco BAC BAMER a nombre de la empresa Vegas Electric S.A. de C. V., (f531), se estableció que J. se adjudicó otra cantidad igual al valor del salario que percibía un día antes que cobrara el valor del cheque No. 13214”; d) el recibo (Boucher) original del cheque número 13214, visible a folio 533 de autos, al que el Sentenciador le confirió valor y eficacia probatoria sin haber considerado que los datos contenidos en este son conflictivos y/o contradictorios en relación con los datos de las dos (2) Constancias de Trabajo aludidas (en lo referente al valor del salario del Señor J. Z.), esto se evidencia con las siguientes frases, párrafos y contenidos de la sección VALORACIÓN DE LA PRUEBA de la referida Sentencia y que se reproducen textualmente entre comillas (““): al quinto párrafo de la página 7 de la Sentencia: “1.- Tal como se estableció en el acápite anterior a J. se le pagó la primera quincena de agosto de 2012 con el cheque No. 4051 por un valor de veinticuatro mil quinientos lempiras exactos de la cuenta de cheques número 301-1010-76 de BAC BAMER a nombre de Vegas Electric S.A. de C.V. (dato obtenido de la constancia emitida por J. T. y con el acta levantada por la fiscal Vera Gálvez,); sin embargo con el recibo (Boucher) original de cheque No. 13214. de fecha 14.08.2012, emitido a favor de J. Z. por la cantidad de veinticuatro mil quinientos lempiras, correspondientes a la cuenta No. 304-1005098 de banco HSBC a nombre de la empresa Vegas Electric S.A. de C. y, en cuya parte inferior reza: Pago 1er quincena Agosto J., (f 533,), se refuta lo alegado por J., en virtud que tal como lo indica este recibo el concepto del cheque es para pago de primer quincena de agosto de 2012, la cual ya se le había cancelado por la sociedad Vegas Electric S.A. de C.V. con cheque No. 4051”. Igualmente con lo aquí descrito por el Sentenciador se evidencia que también le confirió valor y eficacia probatoria al e) Acta levantada por la fiscal V. E. G. consignando que C. H. G. le hizo entrega de los cheques 04251, 04252, 04253, 04051 y 13214, visible a folios 529-530 de autos, sin haber considerado que los datos contenidos en los cheques entregados son conflictivos y/o contradictorios en relación con los datos de las dos (2) Constancias de Trabajo aludidas (en lo referente al valor del salario del Señor J. Z.), en este mismo contexto, el Sentenciador operó de la misma forma con f) los cheques originales número 04251 y 04252; g) la Constancia emitida el 28 de Agosto del 2012 por la gerencia de BAC Honduras haciendo saber que Vegas Electric solicitó mediante carta a 24 de Agosto del 2012 se pusiera en “paro de pago” los cheques 04251, 04252, 04253 y 04254, visible a folio 367 de autos, a la que también el Sentenciador le confirió valor y eficacia probatoria respecto a los datos contenidos en relación con los cheques mencionados en la misma, incluyendo los cheques originales número 04251 y 04252 que como se expresó resultan en conflicto y/o contradictorios con los datos de las dos (2) Constancias de Trabajo aludidas (en lo referente al valor del salario del Señor J. Z.). Resulta también que; por ende; el Sentenciador le confirió UN MENOR VALOR, EFICACIA PROBATORIA Y FUERZA DE CONVICCIÓNen cuanto a su contenido a otros medios de prueba que resultan en ARMONÍA Y ALINEACIÓN con lo contenido por estas dos (2) Constancias de Trabajo como ser la DECLARACIÓN DEL SEÑOR J. A. Z. U.; al no haber considerado que los datos aportados por el Señor Z. en su declaración están en armonía y alineación con los datos de las dos (2) Constancias de Trabajo aludidas (en lo referente al valor del salario, colaterales, beneficios, calidad de accionista, cantidades de dinero que la empresa estaba obligada a pagarle), esto se evidencia a través de las siguientes frases, párrafos y contenidos de la sección VALORACIÓN DE LA PRUEBA de la referida Sentencia y que se reproducen textualmente entre comillas (““): al último párrafo de la página 8 de la Sentencia: “III. - Con lo expuesto se pone en manifiesto como la versión de los hechos brindada por J. Z. se desploma semejante a un castillo de arenas, al encontrase desprovista de corroboración por prueba objetiva e independiente, que además se ve controvertida con el resto del material probatorio a tal punto que se logró establecer un modus operandi en su actuar, que a su vez demostró que J. ex profeso emitía y cobraba valores monetarios de cheques de las cuentas de la sociedad Vegas Electric S.A. de C.V. de los bancos HSBC y BAC BAMER, sin contar con la debida autorización por parte de C. G., apoderándose de esta manera de cantidades de dinero que no le correspondían por ningún concepto y ocasionándole con ello pérdidas económicas a dicha sociedad, ya que no estaba obligada a desembolsarías...”. Finalmente, esta apreciación errónea descrita en este motivo se ve manifestada en los tres hechos probados tenidos en cuenta para dictar sentencia condenatoria, y muy especialmente incide en los hechos probados PRIMERO y SEGUNDO que tratan el salario supuestamente devengado y pagado al Señor J. A. Z. U. Respecto a: EL RECLAMO QUE LA DEFENSA DEL SEÑOR Z. HAYA REALIZADO EN SU OPORTUNIDAD PARA SUBSANAR LOS VICIOS DESCRITOS EN ESTE MOTIVO, es de señalar que en vista que el vicio ocurrió del debate, durante la deliberación y votación, no ha existido por ende oportunidad para la Defensa de efectuar reclamos fuera del presente recurso: razón por la que se impone la casación de la sentencia en este punto y por lo tanto procede casar la sentencia por el motivo invocado. SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. Haber incurrido el Sentenciador en inobservancia de las reglas de la sane crítica en la VALORACIÓN DE LA PRUEBA, puntualmente en lo referente al PRINCIPIO LÓGICO DE RAZÓN SUFICIENTE (que exige que la prueba en que se funde una conclusión permita arribar a esa única conclusión y no a otra); por cuanto en repetidas oportunidades, en dicha Valoración de la Prueba, el Sentenciador fundó una conclusión en prueba que no permite arribar a esa única conclusión, sino que también a otras conclusiones lógicas, que resultan diferentes, e inclusive hasta opuestas a la elegida por el Sentenciador. PRECEPTO AUTORIZANTE. El presente motivo de casación está comprendido en el Artículo 362 preámbulo y numeral 3 del Código Procesal Penal vigente, que consigna “Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o si en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica” EXPLICACION DEL SEGUNDO MOTIVO DE CASACION PORQUEBRANTAMIENTO DE FORMA. Los Artículos 202 y 336 del Código Procesal Penal imponen las reglas de la sana crítica como método intelectivo para la valoración de la prueba allegada al proceso; y así de esta forma llegar a la verdad material (de los hechos y circunstancias), que es la finalidad de la prueba, tal y como lo establece el Artículo 198 del mismo Código. Al respecto, es de decir que las reglas de la sana crítica están integradas por las pautas de la lógica, la psicología, y la experiencia común; y aun el sentido común, que aunadas llevan al convencimiento humano.- Sin embargo, la libertad otorgada por la sana crítica al Juzgador, reconoce un límite que es el respeto a las normas que gobiernan la corrección del pensamiento; es decir, el respeto a los principios de la misma lógica, psicología y experiencia común; por lo que resulta exigible que las conclusiones que se arribe con este método, sean el fruto racional de las pruebas del proceso, pero sin afectación de los referidos principios (que incluyen el principio lógico de razón suficiente, de identidad, contradicción, tercero excluido, etc.); dentro de los cuales destaca el PRINCIPIO LÓGICO DE RAZÓN SUFICIENTE; que exige que la prueba en que se funde una conclusión, solo permita arribar a esa conclusión, y no a otra; es así que con la aplicación de este principio la conclusión contara con una CERTEZA APODICTICA (que no deja lugar a duda o discusión); lo que resulta especialmente exigible cuando una conclusión o elección por parte del Juzgador, se fundamente en prueba indiciaria o indirecta ya que caso contrario de no aplicar este principio se estaría confundiendo a la sana crítica con la arbitrariedad o libertinaje de convicción; es decir que el Juzgador al fundamentar la razón de su conclusión o elección, lo debe hacer no basándose en el convencimiento personal, no en lo que personalmente cree (arbitrariedad); sino que lo debe hacer observando este principio, de forma razonada, aplicando la sana crítica; por lo que, en resumen, el convencimiento debe realizarse mediante la prueba aportada y debatida en el proceso, analizada objetiva y científicamente a la luz del derecho, de forma conjunta y armónica, contando con una certeza apodíctica de que dicha prueba permite llegar a esa única conclusión y no a otra.- Reconociéndose de esta forma el PRINCIPIO LÓGICO DE RAZÓN SUFICIENTE como una de las más fundamentales reglas de la sana crítica a ser observadas por el Juzgador, para fundamentar sus conclusiones, específicamente cuando lo haga a partir de prueba indiciaria y/o indirecta.- Además, cabe subrayar que al no contar el Juzgador con la referida certeza apodíctica que otorga el PRINCIPIO LÓGICO DE RAZÓN SUFICIENTE, en sus conclusiones estaría dejando lugar rara la duda y discusión y dado este caso, procede la aplicación del PRINCIPIO INDUBIO PRO REO, aceptado por la legislación penal hondureña; el cual instaura que, ante conclusiones positivas dudosas ha de fallarse o resolverse a favor del procesado. No obstante, al examinar las conclusiones del Sentenciador y la prueba tenida en consideración para arribar a las mismas, en la Sentencia No. 5-2015, y teniendo el cuidado de no incurrir en el error de hacer un estudio aislado de las pruebas tenidas en cuenta por el Sentenciador para arribar a sus conclusiones en la Valoración de la Prueba; sino que evaluando dichas conclusiones y pruebas de forma directa, en el mismo contexto y tal cual lo manifiesta el Sentenciador que lo hizo; resulta que: en repetidas oportunidades en la Valoración de la Prueba el Sentenciador indica haber llegado a una conclusión, que se fundó en prueba que permite arribar a una o varias conclusiones lógicas diferentes y hasta opuestas a la elegida por el Sentenciador; razón por la que dichas conclusiones (que repercuten en los hechos probados para dictar sentencia condenatoria), carecen de la certeza apodíctica dada de observar el PRINCIPIO LÓGICO DE RAZÓN SUFICIENTE como regla de la sana crítica.- Dicho de otro modo, en repetidas oportunidades en la valoración de la prueba de la sentencia referida; no se observaron las reglas de la sana crítica, puntualmente el principio lógico de razón suficiente; al fundar el Sentenciador en dichas oportunidades una conclusión, en prueba, que no permite arribar a esa única conclusión que eligió; sino que también, a otras lógicas, diferentes y hasta opuestas.- Se describen a continuación algunas conclusiones específicas de la valoración de la prueba que concurren con la descrito: A) La conclusión del Sentenciador de: conferirle valor y eficacia probatoria a la Constancia emitida el 28.08.2012 en Roatán, Islas de la Bahía por J. T. en su calidad de Auxiliar Contable de Vegas Electric S.A. de C.V., visible a folio III de autos, y la cual fue ratificada por la firmante que se encuentra descrita al final del inciso b) del numeral uno (1) de la sección Valoración de la Prueba de la Sentencia (a pagina 6, párrafo ultimo); y la que fundamenta el Sentenciador a partir de los medios probatorios que son: 1) una Constancia emitida por la gerencia del banco BAC Honduras en fecha 28.08.2012 describiendo las Transferencias Electrónicas de la cuenta numero 301 101 076 a nombre de la empresa Vegas Electric S.A. de C.V. a la cuenta numero 723 669 641 a nombre de J. A. Z. U., visible a folio 370 de autos; y II) el Acta levantada por la fiscal V. E. G. consignando que C. H. G. le hizo entrega de los cheques 04251, 04252, 04253, 04051 y 13214, visible a folios 529-530 de autos; ambas en su relación con la señalada Constancia emitida por J. T. - Sin embargo, al observar esta prueba descrita por el Sentenciador para arribar a la referida conclusión, resulta que: con la mismísima prueba usada por el Sentenciador para su conclusión, y aplicando el método lógico, se puede arribar a otras conclusiones totalmente diferentes a la elegida por el Sentenciador, e inclusive a conclusiones opuestas, tal es el caso de la siguiente: No conferirle valor y eficacia probatoria a la Constancia emitida el 28.082012 en Roatán, Islas de la Bahía por J. T. en su calidad de Auxiliar Contable de Vegas Electric S.A. de C.V, visible a folio 111 de autos, y que fue ratificada por la firmante esto en virtud que: por un lado, la referida Constancia de J. T. contiene un total de once (11) datos o valores relevantes, que son relativos a supuestos créditos (seis), transferencias (una), cheques (tres) y anticipos de caja (uno); de los cuales, supuestamente, diez (10) de estos obedecen a pagos de sueldos devengados por el Señor Z. y uno a supuestos anticipos; y por el otro lado, la referida Constancia del banco BAC Honduras contiene al menos treinta (30) valores en concepto de Transferencias electrónicas, y la referida Acta de la Fiscal V. G. contiene cinco (5) cheques recibidos; no obstante, de entre los once (11) valores consignados en la referida Constancia de J. T. solamente uno de estos o un onceavo (1/11), o un nueve por ciento (9%) aproximado, fue constatado con la referida Constancia del banco BAC Honduras; igualmente solamente uno de estos o un onceavo (1/11) o un nueve por ciento (9%) aproximado, fue constatado con la referida Acta de la Fiscal V. G.; es decir, que de entre los once (11) valores consignados en la referida Constancia de J. T. solamente dos de estos, o dos onceavos (2/11), lo que equivale a un dieciocho por ciento (18%) aproximado, fueron constatados con los otros medios de prueba señalados y por ende, nueve onceavos (9/11) o un ochenta y dos por ciento (82%) aproximado de los valores en la referida constancia no pudieron ser constatados con los otros medios de prueba señalados, agregado a este último dato (que 82% de los datos no fueron constatados), también se puede observar que la referida Constancia no contiene el formalismo del sello de la empresa, o el sello profesional del Colegio de Peritos Mercantiles y Contadores Públicos de Honduras, o el número de colegiación en el mismo, la que es requerida por la Ley para ejercer la profesión de Auxiliar Contable.- No obstante que resulta evidente que la referida conclusión del Sentenciador fue efectuada sin observar el principio lógico de razón suficiente como regla de la sana crítica, es de subrayar que aparece manifestada como parte de los tres hechos probados para dictar sentencia condenatoria. B) La conclusión del Sentenciador de que: El Señor J. Z. en fecha24.08.2012 emitió los cheques No. 04253 y 04254 de la cuenta en el banco BAC Honduras de la empresa Vegas Electric S.A. de C.V.; los cuales no pudo cobrar, debido a una orden de “paro de pago” del mismo banco a solicitud de la empresa que se encuentra descrita al numeral dos (II) inciso tres (3) de la sección Valoración de la Prueba de la Sentencia (a pagina 8, párrafos 3ero y 4to de la sentencia); y la que fundamenta el Sentenciador a partir de los medios probatorios que son: 1) los cheques originales número 04251 y 04252, y 2) una constancia emitida por el banco BAC Honduras donde indica que en fecha 2408.2012 recibió una solicitud de la empresa Vegas Electric S.A. de C.V., para que pusiera en paro de pago los cheque número 04251, 04252, 04253 y 04254; de los cuales los dos primeros ya habían sido cobrados y los otros dos se pusieron en paro de pago; sin embargo, al observar esta prueba descrita por el Sentenciador para arribar a la referida conclusión, resulta que: con la mismísima prueba usada por el Sentenciador para su conclusión, y aplicando el método lógico, se puede arribar a otras conclusiones totalmente diferentes a la elegida por el Sentenciador, e inclusive a conclusiones opuestas, tal es el caso de la siguiente: El Señor J. Z. no emitió (del verbo emitir, que se entiende en este contexto como el acto de suscribir vioponer en circulación) el 24.08.2012 y no trató de cobrar los referidos cheques número 04253 y 04254esto en virtud que; 1) ni en los referidos recibos (Boucher) originales de los cheques número 04251 y 04252; II) ni en la referida constancia del banco BAC Honduras; III) ni al observar estos dos medios de prueba solos vio en forma conjunta y armónica; se logra certificar que el Señor Z. haya emitido los cheques número 04253 y 04254; ni cómo los emitió, ni donde los emitió, ni por cual monto los emitió, y en realidad tampoco cuando los emitió como señaló el Sentenciador (ya que la constancia del banco BAC Honduras solo indica la fecha 24.08.2012 como la fecha en que recibió la referida solicitud de “paro de pago” y no como la fecha de emisión de los cheques).No obstante que resulta evidente que la referida conclusión del Juzgador fue efectuada sin observar el principio lógico de razón suficiente como regla de la sana crítica, es de subrayar que aparece manifestada como parte de los hechos probados para dictar sentencia condenatoria, especialmente en el hecho probado tercero de la Sentencia. C) La conclusión del Sentenciador de que: No se requerían conocimientos especiales en contabilidad (pericia contable de auditoría) para acreditar que el señor J. Z. se apropió de cantidades de dinero (a través de los cheques número 04053, 13214, 04251 y 04252; por veinticuatro mil lempiras cada uno) que se encuentra descrita en el numeral seis (VI) de la sección Valoración de la Prueba de la Sentencia (a pagina 10, párrafos 3ro de la sentencia); y la que fundamenta el Sentenciador a partir de los medios probatorios que son: 1) los datos contemplados en los cheques supra señalados; y, II) la versión de los hechos argüida por el Señor J. Z. en su declaración; sin embargo, al observar esta prueba descrita por el Sentenciador para arribar a la referida conclusión, resulta que: con la mismísima prueba usada por el Sentenciador para su conclusión, y aplicando el método lógico, se puede arribar a otras conclusiones totalmente diferentes a la elegida por el Sentenciador, e inclusive a conclusiones opuestas, tal es el caso de la siguiente: que si se requería de conocimientos especiales en contabilidad (pericia contable de auditoría) para acreditar que el señor J. Z. se apropió de cantidades de dinero (a través de los cheques número 04053, 13214, 04251 y 04252; por veinticuatro mil lempiras cada uno)esto en virtud que: por un lado, en el contexto contable y financiero que es el contexto en el cual se presentaron los cheques supra señalados, y de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA); los cheques supra señalados así como sus datos (serie, fecha de emisión, nombre del beneficiario, concepto cuando lo tenga, firma, endoso, sello bancario de pagado); se constituyen como registros contables de apoyo y no como simples títulos valores de las mismas formas que lo hacen las facturas, contratos, registros de transferencias de fondos, libros generales y auxiliares, asientos diarios y otros ajustes en los estados financieros que no se reflejan en los asientos formales, registros como hojas de trabajo y hojas de cálculo de las asignaciones de costos, cálculos y conciliaciones; lo cual se puede corroborar al observar la definición de “registros contables” dada por el Manual de Control de Calidad Internacional, Auditoria, Revisión, Verificación y Pronunciamientos Relacionados, volumen 1, edición 2012 de la Federación Internacional de Contadores (IFAC) que es aceptada por la profesión contable- financiera hondureña.-. Y con estos supraindicados cheques, solamente se podría llegar a la certeza de cuál es su razón de ser, así como cuál es su impacto económico-financiero (perjuicio real), reflejado en el resto de los estados financieros de la empresa; cuando se examinan y aprecian en su contexto, y de forma conjunta y armónica con el resto de los registros y movimientos contables de la empresa; lo cual solo se logra con una Auditoria Contable-Financiera Calificada efectuada de acuerdo a lo dispuesto en la normativa aplicable; pero, es de reiterar, que aunque se tratara de valorar y/o apreciar a un solo cheque, nunca tal certeza se puede dar a partir de la simple observancia de los datos de los cheques mismos, por fácil y sencilla que parezca su sumatoria y/o pequeño su volumen, contrastada con una versión de los hechos.– Es decir, al tenor de los principios contables, para determinar si el monto de dinero en uno solo de los cheques (no digamos cuatro, como en este caso), que fue emitido por una persona legalmente facultada para hacerlo; corresponde a un uso indebido, a una apropiación indebida, o por lo contrario corresponde a un uso debido y determinado; se necesita de una Auditoria Contable-Financiera Calificada que examine dicho cheque en su contexto y de forma conjunta y armónica con el resto cte los registros y movimientos contable-financieros de la empresa, y solo así se alcanza saber con certeza:si los montos de los cheques fueron o no restados de una o más cuentas bancarias; pero también si al mismo tiempo fueron o no sumados a la cuenta contable de activo“cuentas por cobrar a empleados” (como manifestó el Señor Z. en su declaración); si los montos de los cheques fueron o no reintegrados a la empresa posteriormente (como manifestó en su declaración el Señor Z. que hacía regularmente, y lo confirmó el mismo Señor C. G. en su declaración,y la Fiscal del Ministerio Público en su acusación y conclusiones del debate, si los montos de los cheques fueron o no sumados a otras cuentas contables de activo y/o resultado como “anticipos salariales y préstamos a empleados”, “pagos de planilla, sueldos y salarios”, “pago de beneficios y colaterales de empleados”; etc.; si obedecen o no al pago de alguna factura, recibo o contrato (como manifestó el Señor Z.); igualmente, si fueron o no emitidos con autorización, de acuerdo a algún manual administrativo y/o al uso y costumbre de la empresa (como manifestó el Señor Z.); si están o no adecuadamente reflejados en los estados contable-financieros de la empresa y/o estados bancarios que recibió el Señor C. G. (como manifestó el Señor Z.); etc. Por lo explicado, resulta lógico que, de forma aislada los datos en los cheques supra señalados son insuficientes para concluir con certeza que dichos cheques obedecen a un uso o apropiación indebida; y que no se necesita de una auditoría contable- financiera calificada para constatar la verdad contable-financiera de estos cheques; la cual no es captable directamente por los sentidos o por la simple observancia de los cheques mismos.- Por otro lado, respecto a la “versión de los hechos argüida por J.” es de señalar que la misma es absolutamente consistente y contundente en cuanto a que: él estaba autorizado por la empresa como parte de las estipulaciones de trabajo de su contrato para emitir dichos cheques; que dicha emisión la hacía a razón de anticipos de salarios y/o préstamos a empleados (que se tipifican en los Artículos 372 y 373 del Código de Trabajo); pago de salarios, colaterales o beneficios; y de los que dejaba recibo o constancia contable electrónica e impresa que lo hacía en observancia de los usos y costumbres de la empresa; que siempre liquidaba los anticipos y/o préstamos a empleados, sea reintegrando los fondos o efectuando la apropiada conciliación contable; y que el Señor C. G. estaba enterado de esta práctica; asimismo él reconoció a la vista pública la firma y endoso de los cheques supra señalados.- Por lo que también resulta lógico que: la versión del Señor Z. resulta insuficiente para concluir con certeza que los cheques supra señalados obedecen a un uso o apropiación indebida; y que no se necesita de una auditoría contable-financiera calificada para constatar la realidad contable-financiera de estos cheques. Y al analizar estos medios probatorios tenidos en cuenta por el Sentenciador (datos en los cheques y versión de los hechos según el Señor J. Z.) para arribar a su conclusión de que no se requerían conocimientos especiales en contabilidad (pericia contable de auditoría); al ser observados aisladamente y/o en forma conjunta y armónica; resulta obvio que no se logra sustituir la necesidad de una auditoría contable calificada que supla la ausencia de conocimiento contable y financiero del Sentenciador; ni para constatar la realidad contable-financiera de los cheques en cuestión, la cual no es captable directamente por los sentidos o por la simple observancia de los cheques contrastada con la versión de los hechos argüida por el Señor Z. - No obstante resulta evidente que la referida conclusión del Juzgador fue efectuada sin observar el principio lógico de razón suficiente como regla de la sana crítica, es de subrayar que aparece manifestada e incide como parte de los hechos probados para dictar sentencia condenatoria. D) La conclusión del Sentenciador de que: la versión brindada por el Señor E. C. es verosímil y que es otro dato a tomar en cuenta referente a que el Señor C. G. desconocía el uso que el señor J. Z. hacía de las cuentas de cheques de la sociedad Vegas Electric, S.A. de C.V. que se encuentra descrita al numeral dos (II) inciso dos (2) de la sección Valoración de la Prueba de la Sentencia (a pagina 8, párrafos 2do); y la que fundamenta el Sentenciador a partir de los medios probatorios que son: 1) un acta de entrega del cheque número 13158 del banco HSBC, al portador, por sesenta mil lempiras (Lps.60,000.00), levantada por la fiscal V. E. G.; II) el relato brindado por el testigo E. A. C. R. y; III) el cheque numero 13158 cuya firma fue reconocida por el Señor J. Z.; sin embargo, al observar esta prueba descrita por el Sentenciador para arribar a la referida conclusión, resulta que: con la mismísima prueba usada por el Sentenciador para su conclusión, y aplicando el método lógico, se puede arribar a otras conclusiones parcial o totalmente diferentes a la elegida por el Sentenciador, e inclusive a conclusiones opuestas, tal es el caso de la siguiente: L versión brindada por el Señor E. C. es solo parcialmente verosímil (ya que en general su declaración se refiere a un testimonio de oídas, es decir de lo que él escuchó de un empleado suyo de nombre M. L. como consta a página 14 del Acta de Debate), y no es para nada un dato quese pueda tomar en cuenta referente a que el Señor C. G. desconocía el uso que el Señor Z. hacía de las cuentas de cheques de la empresaesto en virtud que: 1) ninguna de la prueba aquí considerada por el Sentenciador; II)ni el acta de entrega de cheque de la Fiscal V. G.; III) ni el cheque cuya firma reconoció el Señor Z., ni la declaración del Señor C., analizados aisladamente o en forma conjunta y armónica tratan directa o indirectamente sobre el conocimiento que el Señor C. G. tenía respecto al uso que el Señor Z. hacía de una cuenta de cheques específica (la del banco HSBC); y muchos menos de las otras cuentas de cheques de la empresa Vegas Electric, S.A. de C.V.- En este punto también cabe subrayar que en su testimonio, en la vista pública el Señor E. A. C. Romero no declaró que haya sido notificado “por agentes del banco, que la firma de J. ya había sido cancelada”como lo expresó el Sentenciador; sino que lo que el Señor C. manifestó es que la cuenta de la empresa “estaba congelada”lo que resulta ser un concepto radicalmente diferente a lo expresado por el Sentenciador.- No obstante que resulta evidente que la referida conclusión del Juzgador fue efectuada sin observar el principio lógico de razón suficiente como regla de la sana crítica, es de subrayar que aparece manifestada como parte de los hechos probados para dictar sentencia condenatoria. Por las razones precedentes, se induce que el Sentenciador no observó las reglas de la sana crítica en la VALORACIÓN DE LA PRUEBA, puntualmente en lo referente al PRINCIPIO LÓGICO DE RAZÓN SUFICIENTE, pues fundó varias conclusiones que inciden directamente en la declaración de los hechos probados, que fueron tenidos en cuenta para dictar sentencia condenatoria; en prueba que no permite arribar a esas únicas conclusiones elegidas por el Sentenciador; sino que cuando se examina dicha prueba a la luz de la lógica; también permite llegar a otras conclusiones que resultan diferentes e inclusive hasta opuestas a la elegida por el Sentenciador. Por lo que, dichas conclusiones carecen de certeza apodíctica, dejando lugar para la duda y discusióny por lo tanto procede la aplicación del PRINCIPIO INDUBIO PRO REO, de que ante dichas conclusiones dudosas ha de fallarse o resolverse a favor del procesado. Respecto a: EL RECLAMO QUE LA DEFENSA DEL SEÑOR Z. HAYA REALIZADO EN SU OPORTUNIDAD PARA SUBSANAR LOS VICIOS DESCRITOS EN ESTE MOTIVO, es de señalar que, en vista que el vicio ocurrió después del cierre del debate, durante la deliberación y votación que es cuando el Sentenciador efectúa la valoración de la prueba de acuerdo al Artículo 336 del Código Procesal Penal; no ha existido por ende, oportunidad para la Defensa de efectuar reclamos fuera del presente recurso; razón por la que se impone la casación de la sentencia en este punto y por lo tanto procede casar la sentencia por el motivo invocado. “RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY O DOCTRINA LEGAL: PRIMER Y ÚNICO MOTIVO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY O DOCTRINA LEGAL.Acuso la Sentencia de ser violatoria de Ley sustantiva de Orden Público por infracción del Artículo 30 del Código de Trabajo, proveniente de no haber aplicado el Sentenciador en la valoración de la prueba la PRESUNCIÓN de que: es el trabajador quien dice la verdad sobre las estipulaciones de trabajo en la relación laboral, cuando no se haya celebrado un contrato de trabajo por escrito, al menos que el patrono presente prueba en contrario a lo alegado por el trabajador. PRECEPTO AUTORIZANTE.El presente motivo de casación está comprendido en el Artículo 360 del Código Procesal Penal vigente. Que expresa “Habrá lugar al recurso de casación por Infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. Se entenderá por doctrina legal la reconocida como tal por la Corte Suprema de Justicia, por medio de tres (3) sentencias conformes sobre un mismo asunto. Los errores cometidos en la cita de las disposiciones legales que le sirven de fundamento a la sentencia recurrida, que no hayan influido en su parte dispositiva, no darán lugar a la casación” EXPLICACIÓN DEL PRIMER Y ÚNICO MOTIVO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY O DOCTRINA LEGAL.Consta enel Acta de Debate que tanto el Señor C. H. G. como el Señor J. A. Z. U., en sus respectivas manifestaciones libres, voluntarias y espontaneas que brindaron al Tribunal de Sentencia en la vista pública, consintieron en que: el primero era el patrono del segundo; y en que la relación patrono-trabajador estaba regulada en virtud de un contrato verbal; asimismo, y tal como lo enuncia de forma condensada el Sentenciador en el numeral dos (II) de la sección “valoración de la prueba” de la sentencia recurrida, se pone de manifiesto con el examen de las referidas manifestaciones de los Señores G. y Z., que la controversia del proceso yacía en lo siguiente: que por un lado, 1) El Señor G. en su calidad de Gerente General y Administrador Único de la empresa Vegas Electric S.A. de C.V., acusó al Señor Z. de que en su calidad de empleado (Gerente de Operaciones) de la referida empresa, distrajo varias cantidades de dinero de las cuentas bancarias de la empresa, para su propio beneficio; y que aunque en algunas ocasiones el Señor Z. efectuó reintegros de montos de dinero a las cuentas bancarias; el Señor G. no tenía conocimiento de estas prácticas y no había dado autorización para las mismas; y por el otro lado, II) el Señor Z. refutó la acusación del Señor G. y alegó que los montos que emitió a su favor obedecían al pago de salarios, beneficios, colaterales y/o a anticipos y préstamos a empleados; lo que estaba comprendido dentro de las estipulaciones de su contrato de trabajo, y para lo que estaba autorizado por el Señor G., que a su vez estaba enterado de dichas prácticas; asimismo, que cuando dichos montos correspondían a anticipos y/o préstamos a empleados, él pagaba dichos montos haciendo los correspondientes reintegros a las cuentas bancarias de la empresa y/o efectuando la correspondiente reconciliación bancaria. De lo anterior resulta especialmente relevante lo siguiente: a) Que en la relación de trabajo, el Señor G. se constituyó como el patrono y el Señor Z. como el trabajador; b) que la controversia se origina dentro de la relación de trabajo, la cual no estaba regulada por un contrato por escrito; c) que aunque no pertenecen al orden penal, las cuestiones laborales (en este caso las relativas a salarios, beneficios, colaterales, así como anticipos y/o préstamos a empleados, además facultades, atribuciones, prohibiciones, etc.; del Señor Z.) se encuentran tan íntimamente ligadas al hecho punible en este proceso, que resulta racionalmente imposible su separación, y por lo tanto corresponde al Tribunal, resolver estas cuestiones laborales (aunque solo produciendo efectos en materia penal); y para tales efectos el Sentenciador debe observar los preceptos legales correspondientes (en este caso el Código de Trabajo y demás leyes laborales aplicables ); en la forma que analógicamente lo propone el Artículo 54 del Código Procesal Penal; d) que la solución de la controversia bajo los principios de nuestro sistema penal de naturaleza acusatoria, vendrá dada por la verisimilitud que lo dicho por el Señor G. en su acusación, se pueda mantener con prueba objetiva, independiente y confiable. Respecto a este último inciso cabe profundizar; en virtud que: el Sentenciador refirió reiteradamente directa e indirectamente en la sección “Valoración de la Prueba” de la Sentencia; que el Señor Z., debía corroborar sus manifestaciones con prueba objetiva, independiente y confiable; tal y como se muestra en las siguientes frases, párrafos y contenidos que se reproducen textualmente entre comillas (““): Al primer y segundo párrafo del numeral dos (II) de la referida sección, visible a la página número 7 de dicha Sentencia, indica el Sentenciador lo siguiente: “II.- La controversia del presente proceso se centró en el argumento a saber: Según el relato voluntario y espontaneo de J., al rendir su manifestación al Tribunal aseveró que se encontraba justificado para disponer de cantidades de dinero de las cuentas de Vegas Electric,, porque estaba autorizado por C. H. G. al tratarse en algunos casos de anticipo de salario y en otros por concepto de préstamos; por su parte C. H. G. refutó lo alegado por J. y alegó que no estaba enterado de lo referido.- La solución del conflicto, entonces vendrá dada por el mérito que merece cada una de aquellas manifestaciones, a lo cual puede arribarse sólo con la verosimilitud que cada uno de aquellos dichos pueda mantener con prueba objetiva, independiente y confiable siendo para ello preciso contrastar las aludidas manifestaciones con el resto del acervo probatorio’ continua el Sentenciador expresando al primer párrafo del numeral tres (III) de la misma sección (a la página número 8 de dicha Sentencia) lo siguiente: “III. - Con lo expuesto se pone en manifiesto como la versión de los hechos brindada por J. Z. se desploma semejante a un castillo de arenas, al encontrase desprovista de corroboración por prueba objetiva e independiente, que además se ve controvertida con el resto del material probatorio a tal punto que se logró establecer un modus operandi en su actuar, que a su vez demostró que J. ex profeso emitía y cobraba valores monetarios de cheques de las cuentas de la sociedad Vegas Electric S.A. de C. V. de los bancos HSBC y BAC BAMER, sin contar con la debida autorización por parte de C. G., apoderándose de esta manera de cantidades de dinero que no le correspondían por ningún concepto y ocasionándole con ello pérdidas económicas a dicha sociedad, ya que no estaba obligada a desembolsarlas...”. Con las referidas manifestaciones, en las que el Sentenciador demanda prueba objetiva, independiente y confiable al Señor Z. en su calidad de acusado, para demostrar la verisimilitud de sus dichos y manifestaciones, y en consecuencia su inocencia; se transgrede los principios fundamentales de nuestro sistema penal de naturaleza acusatoria; en el cual, el imputado no está obligado a probar su inocencia, sino que es el acusador quien debe probar la culpabilidad del imputado.- Pero también, y considerando que como dicho arriba, que resulta racionalmente imposible separar del proceso, las cuestiones relativas a la resolución de las estipulaciones de trabajo alegadas por el Señor Z. (salarios, beneficios, colaterales, también anticipos y préstamos a empleados, asimismo facultades, atribuciones, prohibiciones, etc.); y que para resolverlas, el Sentenciador debe observar los preceptos legales prescritos en el Códigode Trabajo y demás leyes laborales aplicables; resulta que: al tenor de lo establecido en el Código de Trabajo, se infringe lo establecido en el Artículo 30 del Código de Trabajo, que a la letra dice que: “la inexistencia del contrato escrito exigido por este Código es imputable al patrono. El patrono que no celebre por escrito los contratos de trabajo u omita alguno de sus requisitos, hará presumir en caso de controversia que son ciertas las estipulaciones de trabajo alegadas por el trabajador, sin perjuicio de prueba en contrario, estableciéndose en este precepto del Código de Trabajo, el cual tiene carácter de Ley de Orden Público, la PRESUNCIÓN de que: es el trabajador quien dice la verdad sobre las estipulaciones de trabajo en la relación una laboral, cuando no se haya celebrado un contrato de trabajo por escrito; y por ende que no es el patrono quien dice la verdad, al menos que presente prueba en contrario a lo alegado por el trabajador. Es decir, que, en este proceso, el Sentenciador tenía que tomar como ciertos y/o verdaderos los alegatos del Señor Z. en lo relacionado a estipulaciones de trabajo, sin exigirle una tan sola prueba para tales efectos; y al mismo tiempo, tenía que tornar como no ciertos los alegatos del Señor G. en lo relacionado a las estipulaciones de trabajo, y por lo tanto, exigirle prueba objetiva, independiente y confiable, de que lo alegado por el Señor Z. no era cierto. Contrariamente el Sentenciador indicó que los dichos del Señor Z. también requerían en la mismísima forma que los dichos del Señor G. de prueba objetiva, independiente y confiable para mantenerse; infringiéndose la presunción de que es el trabajador quien dice la verdad sobre las estipulaciones de trabajo en la relación laboral cuando no se haya celebrado un contrato de trabajo por escrito. Infracción que se materializa en el análisis intelectivo efectuado por el Sentenciador en la valoración de la prueba; además porque el Sentenciador, no exigió de prueba en contrario por parte del Señor G. o el Ente Acusador, para dejar de considerar en la valoración de la prueba, como PRUEBA POR PRESUNCIÓN las siguientes estipulaciones de trabajo alegas por el Señor Z.: i) que estaba expresamente autorizado para efectuar anticipos y préstamos a empleados como parte de su contrato laboral; ii) que podía dentro de sus facultades y atribuciones efectuarse pagos y desembolsos; iii) que no tenía ninguna prohibición expresa del Señor G. para tales efectos y iv) que lo efectuaba todo lo descrito de acuerdo al uso y costumbre de la empresa; v) que en los documentos contables se podía evidenciar históricamente las reconciliaciones yio reintegros efectuados por estos conceptos de anticipos y préstamos, vi) que todavía tenía unos beneficios y unos colaterales pendientes de reconciliar; etcétera.- Y, consiguientemente, resulta lógico que, ya que el Sentenciador no procedió tal y como manda el Código de Trabajo a tomar por ciertas estas estipulaciones de trabajo; y otorgarles el adecuado valor y eficacia probatoria, como prueba por presunción; entonces también omitió la posibilidad de que estas pruebas, analizadas en su conjunto y armónicamente con el resto del material probatorio; podían hacer concurrir la causa de justificación de “haber obrado el Señor Z. en el ejercicio legítimo de su cargo”, consignada en el numeral 5 del Artículo 24 del Código Penal; lo que también se puede evidenciar al estudiar el cuarto inciso de la “Fundamentación Jurídica” de la sentencia, donde no consideraron las referidas estipulaciones de trabajo. Respecto al SENTIDO EN QUE HUBIERE SIDO SE DESCRIBE LO SIGUIENTE: en vista que las cuestiones relativas a las estipulaciones de trabajo (que incluyen lo relativo a salarios, beneficios, colaterales, también anticipos y préstamos a empleados, asimismo a facultades, atribuciones, prohibiciones, etc.) están tan íntimamente relacionadas con el hecho punible en cuestión; resulta racionalmente imposible su separación del proceso, por lo que debían ser evacuadas por el Sentenciador observando lo prescrito en el Código de Trabajo; que establece a su vez en su Artículo 30, la PRESUNCIÓN de que: es el trabajador quien dice la verdad sobre las estipulaciones de trabajo en la relación laboral, cuando no se haya celebrado un contrato de trabajo por escrito; y por lo tanto, que no es el patrono quien dice la verdad; al menos que presente prueba en contrario a lo alegado por el trabajador; por lo que de acuerdo con este precepto de presunción; el Sentenciador debía tomar como ciertos y/o verdaderos los alegatos del Señor Z. en lo relacionado a estipulaciones de trabajo, sin exigir una tan sola prueba; y al mismo tiempo tenía que tomar como no ciertos los alegatos del Señor G. en este mismo sentido; y consecuentemente, exigirle prueba objetiva, independiente y confiable de que lo alegado por el Señor Z. no era cierto.- Y en virtud que el Señor G. y/o el Ente Acusador, no presentó prueba en contra de las siguientes estipulaciones de trabajo alegadas por el Señor Z.: i) que estaba expresamente autorizado para efectuar anticipos y préstamos a empleados como parte de su contrato laboral; ii) que podía dentro de sus facultades y atribuciones efectuarse pagos y desembolsos; iii) que no tenía ninguna prohibición expresa del Señor G. para tales efectos y iv) que lo efectuaba todo de acuerdo al uso y costumbre de la empresa; v) que en los documentos contables se podía evidenciar históricamente las reconciliaciones y/o reintegros efectuados por estos conceptos de anticipos y préstamos, vi) que todavía tenía unos beneficios y unos colaterales pendientes de reconciliar; etcétera.- Consiguientemente el Sentenciador debía tomar por ciertas las referidas estipulaciones de trabajo; y darles valor y eficacia probatoria por presunción; y por lo tanto, valorarlas como PRUEBA POR PRESUNCIÓN a favor del Señor J. Z.; y de esta forma, apreciar y analizar estas pruebas por presunción en su conjunto y armónicamente con el resto del material probatorio; y por lo consiguiente, proceder a evacuar y/o confirmar la concurrencia o no de la causa de justificación de “haber obrado el Señor Z. en el ejercicio legítimo de su cargo”, consignada en el numeral 5 del Artículo 24 del Código Penal.- En conclusión, por lo aquí explicado, resulta obvio que la Sentencia se constituye violatoria del Código de Trabajo corno Ley sustantiva de Orden Público que debía ser observada; por infracción del Artículo 30 del Código de Trabajo, proveniente de no haber aplicado el Sentenciador en la valoración de la prueba, la PRESUNCIÓN de que: fue el trabajador J. Z. quien dijo la verdad sobre las estipulaciones do trabajo en la relación laboral con la empresa Vegas Electric, S.A. de C.V., ya que no se había celebrado un contrato de trabajo por escrito. - Por lo que se impone la casación de la sentencia en este punto y por lo tanto procede casar la sentencia por el motivo invocado”.IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICARecurso de Casación por Quebrantamiento de Forma.El proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que ésta sentencia tenga validez debe de estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio.Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe de subordinar su actividad, es pues éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumplen con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El recurso de casación por quebrantamiento de las formas procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas fijadas en la ley.Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por el Acusador Público. Primer Motivo. *Normas autorizantes citadas: Artículo 362.2 del Código Procesal Penal. *Normas procesales que se denuncian infringidas: No determinado por el censor. *Concepto de la infracción: Indebida exclusión de dos medios probatorios de carácter decisivo. *Acciones de saneamiento: Imposibilidad de reclamo previo pues el vicio consta en la sentencia. *Pretensión: Se declare el reenvío del expediente para la celebración de un nuevo debate de juicio oral y público.El censor del fallo denuncia que el sentenciador dejó de considerar dos medios de prueba documentales de valor decisivo, mismos que fueron evacuados durante el debate y que consisten en una constancia de trabajo otorgada por el Gerente General y Administrador Único de la Sociedad Mercantil Vegas Electric S.A. de C.V., a favor del señor J. A. Z. U., visible a folio 107 de la pieza de instancia, y, en una constancia de trabajo otorgada por la Sub Inspección de Trabajo de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad a favor del señor J. A. Z. U. Asimismo, considera, que dichos medios de prueba son de carácter relevante para el fallo, ya que de haber valorado dichos medios de prueba se hubiese tenido una apreciación correcta del andamiaje probatorio. Continúa argumentando que lo anterior conlleva necesariamente a una violación del derecho de defensa que asiste al acusado, ya que solamente se presentaron tres medios de prueba y dos de ellos no fueron considerados. De la exclusión y de la falta de consideración de prueba de valor decisivo.El proceso penal es una concatenación de actos interrelacionados entre sí, que tienen como objetivo propiciar un escenario donde el Tribunal de Sentencia, pueda pronunciarse sobre el fondo debatido en estricto respeto de los principios de legalidad y el debido proceso. Entre esos actos está el proceso probatorio que va desde la proposición, pasando por la admisión, reproducción y finalizando con la valoración de los distintos medios de prueba; éste proceso inicia con la celebración de la audiencia de proposición de medios de prueba (Artículo 317 del Código Procesal Penal), donde las partes podrán proponer los medios de prueba que tengan a bien, siendo estos admitidos cuando superen los requisitos de admisibilidad establecidos en la Ley (Artículo 199 del Código Procesal Penal), seguidamente se celebra la audiencia de juicio en donde solo se deben de reproducir los medios de prueba que hayan sido previamente admitidos en la audiencia de proposición de medios de prueba (primera parte del Artículo 333 del Código Procesal Penal) y, como excepción, en la etapa de incidentes del debate (Artículo 320 del Código Procesal Penal) o como auto para mejor proveer (Segunda parte del Artículo 333 del Código Procesal Penal) y finalmente, como resultante del debate, el Tribunal dictará sentencia en donde la totalidad de la prueba reproducida debe de ser motivada descriptiva e intelectivamente (Artículos 202 y 338.2 del Código Procesal Penal), sin que se pueda considerar otra prueba distinta o dejar de considerar la que formó parte del proceso. Así las cosas, constituye actividad procesal defectuosa cuando el Tribunal de Sentencia irrespete el proceso probatorio, siendo uno de éstos vicios el previsto por el Artículo 362.2 del Código Procesal Penal que reprocha cuando en la sentencia indebidamente se “… excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo”.Existe indebida exclusión de prueba cuando habiéndose admitido un medio de prueba y reproducido en la audiencia de debate conforme a las reglas procesales, el órgano juzgador en su sentencia, sin dar a conocer ningún razonamiento, le niega valor alguno al medio de prueba, es decir, hace mención del medio de prueba pero no externa si el mismo merece crédito o por el contrario carece de fiabilidad; otra forma de exclusión indebida de un medio de prueba es cuando el Tribunal de Sentencia haciendo una incorrecta aplicación de la ley, refuta a un medio de prueba como ilícito o no apreciable por falta de cadena de custodia, descartándolo del proceso de valoración, en otras palabras, negándole valor alguno como consecuencia de un desatinado criterio jurídico.Por otra parte, existe falta de consideración cuando habiéndose admitido un medio de prueba y reproducido en la audiencia de debate conforme a las reglas procesales, el órgano juzgador en su sentencia, no hace mención alguna de dicho medio de prueba, es decir, omite toda referencia a ella y consecuentemente deja de valorarla. La norma procesal además exige para la configuración del vicio que el medio de prueba indebidamente excluido o no considerado posea un valor decisivo en la emisión del fallo, cuya evaluación en casación se efectúa conforme al método la inclusión hipotética, que consiste en agregar el medio de prueba excluido a la ecuación valorativa, de modo de constatar si con la aportación de los datos de ese medio de prueba el fallo se hubiese afectado en alguno de sus pronunciamientos, de ser así, el medio de prueba es de carácter decisivo, por el contrario, aun cuando la exclusión sea indebida o la falta consideración, si su inclusión hipotética no se traduce en la modificación de algunos de los pronunciamientos del fallo, equivale a que el mismo no es de valor decisivo, no dando paso al vicio in procedendoprevisto en el artículo 362.2 del Código Procesal Penal.DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO: EL PRIMER MOTIVO NO ES DE RECIBO. El censor del fallo denuncia que el sentenciador dejó de considerar dos medios de prueba documentales, mismos que consisten en una constancia de trabajo otorgada por el Gerente General y Administrador Único de la Sociedad Mercantil Vegas Electric S.A. de C.V., a favor del señor J. A. Z. U., visible a folio 107 de la pieza de instancia; y, en una constancia de trabajo otorgada por la Sub Inspección de Trabajo de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad a favor del señor J. A. Z. U. Arguye que estos dos medios de prueba no considerados tienen carácter decisivo en el fallo, ya que al darles valor probatorio contradicen el contenido de los medios de prueba presentados por el Ministerio Público. Así las cosas, al tener un motivo como el planteado, corresponde a este Tribunal de Casación como primera tarea, remitirnos al acta de proposición de prueba y al acta de debate, para confirmar que dichos medios de prueba fueron propuestos, admitidos y evacuados en sesión de juicio, luego confrontar esta actividad procesal con la fundamentación probatoria del fallo, y así comprobar si existe o no la falta de consideración de los medios de prueba en cuestión; más la labor no concluye ahí, pues la norma procesal además exige para la configuración del vicio, que el medio de prueba no considerado – en caso que lo haya sido– debe poseer un valor decisivo en la emisión del fallo, cuya evaluación en casación se efectúa, conforme al método la inclusión hipotética, el cual fue explicado anteriormente; solo así, al medio de prueba dejado de considerar se le atribuirá ese carácter de decisivo, lo que dará paso al vicio in procedendoprevisto en el artículo 362.2 del Código Procesal Penal.Al remitirnos al acta de audiencia de proposición de pruebas, es verificable a folios 465v y 466 del Tomo III, que la defensa técnica del señor J. A. Z. U., propuso como medios de prueba documentales los siguientes: Constancia extendida por la empresa Vegas Electric a nombre del encausado, con la cual pretendía acreditar las formas de pago y que entre ellas se encontraba la modalidad de transferencias personales (f. 111 Tomo I); Constancia de Trabajo extendida por la empresa Vegas Electric, a favor del encausado cuya finalidad probatoria es establecer la relación laboral del acusado con dicha empresa y en la cual se manifiesta que tiene la calidad de accionista (agregada a folio 107 Tomo I); Constancia del Colegio de Peritos de Honduras a nombre del señor L. D. H.; y, una auditoria forense realizada por el señor H. A. Es decir, no hay propuesta alguna en relación a la constancia emitida por la Secretaría de Estado en los Despachos del Trabajo y Seguridad Social, la cual corre agregada a folio 106 del Tomo I.En lo que respecta a los incidentes planteados en sesión de juicio por la defensa técnica del encausado, se constata a folio 627 del Tomo IV, que los mismos se circunscribieron a denunciar la ilegalidad de un medio de prueba pericial, el cual fue expulsado del acervo probatorio, y, a proponer un análisis financiero realizado por el señor J. L. D.; más no hay propuesta alguna en relación a la constancia emitida por la Secretaría de Estado en los Despachos del Trabajo y Seguridad Social la cual corre agregada a folio 106 del Tomo I. No obstante lo anterior, se desprende a folio 631 del Tomo IV, que al evacuar la prueba documental propuesta por la defensa, se exhibió también la constancia de trabajo que obra a folio 106 del Tomo I, la cual no fue propuesta por ninguna de las partes, existiendo una actividad procesal defectuosa por evacuar un medio de prueba que no había sido debidamente propuesto y admitido; sin embargo, el defecto en cuestión no se materializó en la sentencia pues el Tribunal no lo consideró al momento de la valorar los medios de prueba. De todo lo anterior se desprende que el recurrente en su afán de denunciar un vicio de falta de consideración de un medio de prueba de valor decisivo, más bien invita a que el Tribunal de Sentencia incurra en una infracción procesal y valore prueba no incorporada legalmente al juicio. Se reconoce, como no puede ser de otra forma, que existió un error al tener por evacuado dicho documento que no fue propuesto por las partes, ni tampoco solicitado como mejor proveer por el Tribunal de Sentencia, más este error no trascendió a la fundamentación probatoria del fallo, pues el juzgador omitió toda referencia a este documento.En lo que respecta a la constancia de trabajo de fecha dieciocho (18) de junio de dos mil doce (2012), misma que obra a folio 107 del Tomo I, la cual detalla que el señor J. A. Z. U. se desempeñaba como gerente de operaciones en la empresa Vegas Electric S.A. de C.V., devengando un salario anual de setecientos dos mil lempiras (L 702, 000.00), dicha constancia si bien no fue mencionada expresamente en la valoración probatoria, no resultó ser un hecho controvertido para las partes la relación laboral existente entre el acusado y la empresa Vegas Electric S.A. de C.V., y aún y cuando el recurrente denuncie que el contenido de este medio de prueba al ser considerado contradice el contenido de otros medios de prueba, tal argumento se desvanece por la misma finalidad probatoria perseguida por la defensa técnica al momento de proponer este medio de prueba, la cual era establecer la relación laboral del acusado con dicha empresa y la calidad de accionista que ostentaba (ver f. 466 Tomo III). Este medio de prueba, aunque no haya sido expresamente citado en la fundamentación probatoria, las circunstancias perseguidas por la defensa al proponerlo, resultaron acreditadas para el sentenciador, razón por la cual tampoco se identifica un vicio de falta de consideración de un medio de prueba de valor decisivo. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por el Acusador Público. Segundo Motivo: *Normas autorizantes citadas: Artículo 362.3 del Código Procesal Penal. *Normas procesales que se denuncian infringidas: Artículo 202 y 336 del Código Procesal Penal. *Concepto de la infracción: Violación a las reglas de la sana crítica en la valoración probatoria. *Acciones de saneamiento: Imposibilidad de reclamo previo pues el vicio consta en la sentencia. *Pretensión: Darle el curso legal correspondiente.El Censor del fallo reprocha que los medios de prueba consistentes en la constancia emitida el veintiocho de agosto de dos mil doce, en la ciudad de Roatán, Islas de la Bahía, por J. T., auxiliar contable de la empresa Vegas Electric S.A. de C.V., visible a folio 111 del Tomo I, relacionada con la constancia emitida por la Gerencia del Banco BAC Honduras y el acta levantada por la fiscal V. E. G. consignando la entrega de cheques, permite arribar a conclusiones lógicas distintas y hasta contradictorias a las emitidas por el juzgador, esto en virtud que la primera constancia no coincide con la extendida por la institución financiera ni con el acta levantada por la fiscal; así también, arguye, que la conclusión del sentenciador de que el acusado en fecha veinticuatro de agosto de dos mil doce, emitió dos cheques No. 04253 y 04254 de la cuenta de BAC Honduras de la empresa Vegas Electric S.A. de C.V., los cuales no pudo cobrar debido a una orden de paro de pago del mismo banco a solicitud de la empresa, dicha conclusión el juzgador la fundamenta en los cheques originales número 04251 y 04252 y en una constancia emitida por BAC Honduras donde indica que en determinada fecha recibió solicitud de la empresa Vegas Electric S.A. de C.V., para que pusiera en paro de pago los cheques citados, y de los cuales también se puede concluir lógicamente que el Señor J. Z. no emitió y no trató de cobrar los cheques referidos.Denuncia la conclusión de que no se requerían conocimientos especiales en contabilidad para acreditar que el señor J. Z. se apropió de cantidades de dinero, considera que con la misma prueba usada por el sentenciador para arribar a su conclusión se puede arribar a otra distinta, por ejemplo, que sí se requerían conocimientos especiales en contabilidad para acreditar que el señor J. Z. se apropió de cantidades de dinero, ya que solamente se podía llegar a la certeza por medio de una auditoría contable financiera calificada. Por último, la conclusión de que la versión brindada por el señor E. C. es verosímil y que otro dato a tomar en cuenta es que el señor C. G. desconocía el uso que el señor J. Z. hacía de las cuentas de cheque de la sociedad mercantil. Esta última conclusión la fundamenta sobre los medios de prueba consistente en un acta de entrega del cheque 13158 del Banco HSBC, al portador, por sesenta mil lempiras (L 60, 000.00); el relato de E. A. C. R., y el cheque 13158 reconocida por el señor J. Z. Con estos medios de prueba se puede arribar a la conclusión lógica de que la versión brindada por el señor C. es solo parcialmente verosímil ya que su declaración se refiere a un testimonio de oídas y no es un dato que se pueda tomar en cuenta. De las Reglas de la Sana Crítica: El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los Jueces de Sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones.El artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. - Al respecto, se ha señalado que:“… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal).En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: Íntima Convicción (propio del sistema de juzgamiento por jurados), prueba legal o tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la sana crítica; es éste último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal.En el sistema de sana crítica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la sana crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia: Se refieren juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social.Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: I. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. II. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o,Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria.Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él por qué lo considera así.2) Las Reglas de la Psicología: Están referidas no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y,3) Las Reglas de la Lógica: La lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “lógica no formal”, llamada en el ámbito como razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba.Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la ley de la coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: I. El principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” II. El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. III. El principio de tercero excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible.b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella.Existirá omisión al principio lógico de derivación: I. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; II. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. III. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. IV. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado.De la derivación se extrae el principio de razón suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado.De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando las siguientes características: I. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; II. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; III. No Contradictoria: por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; IV. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y V. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento.El autor citado (Ob. Cit., pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión.DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO: EL SEGUNDO MOTIVO NO ES DE RECIBO.Esta Sala de lo Penal, previo a referirse concretamente al caso que nos ocupa, recuerda que el artículo 202 del Código Procesal Penal establece que el sistema de valoración de la prueba, es el de la sana crítica, por el que la sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado el juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no y además, por qué un elemento de prueba u otro le lleva a una conclusión determinada. Sobre este fundamento intelectivo recae el reproche del recurso de casación por violación de las reglas de la sana crítica.En el caso actual, el primer argumento recursivo del censor consiste en denunciar que los medios de prueba consistentes en la constancia emitida el veintiocho de agosto de dos mil doce, en la ciudad de Roatán, Islas de la Bahía, por J. T., auxiliar contable de la empresa Vegas Electric S.A. de C.V., visible a folio 111 del Tomo I, relacionada con la constancia emitida por la Gerencia del Banco BAC Honduras y el acta levantada por la fiscal V. E. G. consignando la entrega de cheques, permite arribar a conclusiones lógicas distintas y hasta contradictorias a las emitidas por el juzgador, esto en virtud que la primera constancia no coincide con la extendida por la institución financiera ni con el acta levantada por la fiscal.Frente a lo anterior, es necesario mencionar que no existe vulneración a la regla lógica de derivación en su principio de razón suficiente, cuando se debe a una interpretación subjetiva distinta de la prueba que hace el propio recurrente y que no coincide con la valoración del juzgador. Desde un punto de vista lógico, la eficacia probatoria de la constancia cuestionada, nace a partir de la corroboración de su contenido con el de la constancia emitida por la gerencia de BAC Honduras y el del acta levantada por la fiscal Vera Eloísa. El contenido del acta que obra a folio 111 del Tomo I, en manera alguna contraria o contradice el contenido del acta emitida por la gerencia de la institución financiera BAC Honduras y el acta levantada por la fiscal Vera Eloísa; la primera resultó corroborado para el sentenciador con el de estos últimos documentos por coincidir en cuanto a su contenido. Razón que reviste de suficiencia la conclusión derivada del sentenciador que determinó las operaciones financieras realizadas por la empresa Vegas Electric S.A. de C.V., a favor del señor J. A. Z. U. Los once datos o valores que menciona el censor que contiene la constancia que obra a folio 111 del Tomo I, en manera alguna se niegan en el contenido de los otros dos documentos para que no puedan coexistir pacíficamente en una misma entidad valorativa. Así también en lo que respecta a la conclusión del sentenciador de que el acusado en fecha veinticuatro de agosto de dos mil doce, emitió dos cheques No. 04253 y 04254 de la cuenta de BAC Honduras a nombre de la empresa Vegas Electric S.A. de C.V., los cuales no pudo cobrar debido a una orden de paro de pago del mismo banco a solicitud de la empresa; arguye que dicha conclusión el juzgador la fundamenta en los cheques originales número 04251 y 04252 y en una constancia emitida por la institución financiera BAC Honduras donde indica que en determinada fecha recibió solicitud de la empresa Vegas Electric S.A. de C.V., para que pusiera en paro de pago los cheques citados, y de los cuales también se puede concluir que el Señor J. Z. no emitió y no trató de cobrar los cheques referidos.Lo anterior constituye una suposición o una interpretación convenientemente sesgada del recurrente. El juzgador también echa mano de la declaración rendida por el señor E. C., quien manifestó que en su condición de empleado del casino Aladino, recibió del señor M. L. –otro empleado del casino que estaba en turno el domingo 19 de agosto de 2012- un cheque de la cuenta de la empresa Vegas Electric y autorizado en su contenido con la firma del señor J. Z., para cobrar la cantidad sesenta mil lempiras exactos (L 60, 000.00), mismo que no pudo cobrar en virtud que la cuenta estaba congelada. Por lo que las conclusiones valorativas alcanzadas por el sentenciador no resultan cuestionables tal cual lo arguye el censor. Continúa manifestando en esa misma línea recursiva, que la conclusión de que no se requerían conocimientos especiales en contabilidad para acreditar que el señor J. Z. se apropió de cantidades de dinero, considera que con la misma prueba usada por el sentenciador para arribar a su conclusión se puede arribar a otra distinta, por ejemplo, que sí se requerían conocimientos especiales en contabilidad para acreditar que el señor J. Z. se apropió de cantidades de dinero, ya que solamente se podía llegar a la certeza por medio de una auditoría contable financiera calificada.En este sentido, muy correctamente el sentenciador justifica la razón de su conclusión, pues la operación aritmética tampoco resultaba muy compleja de realizar como pretende hacerse ver por el censor. Basta contrastar los cheques supra señalados con la demás prueba evacuada y la versión de los testigos, para colegir la emisión anómala de los títulos valores en cuestión, por lo que este alegato tampoco es de recibo. Por último, cuestiona la conclusión de que la versión brindada por el señor E. C. es verosímil y que otro dato a tomar en cuenta es que el señor C. G. desconocía el uso que el señor J. Z. hacía de las cuentas de cheque de la sociedad mercantil, la cual fundamenta sobre los medios de prueba consistente en un acta de entrega del cheque 13158 del Banco HSBC, al portador, por sesenta mil lempiras (L 60, 000.00); el relato de E. A. C. R., y el cheque 13158 reconocida por el señor J. Z. Con estos medios de prueba se puede arribar a la conclusión lógica de que la versión brindada por el señor C. es solo parcialmente verosímil ya que su declaración se refiere a un testimonio de oídas y no es un dato que se pueda tomar en cuenta. Lo anterior constituye, como se ha dicho antes, una interpretación convenientemente sesgada del censor, pues el sentenciador ha sido amplio y ha dotado de suficiencia la valoración intelectiva del testimonio en cuestión. No solamente en cuanto la verosimilitud de su relato, sino también en la persistencia del mismo y la corroboración que tiene con el demás andamiaje probatorio. La circunstancia de cómo el señor E. C. acude a las oficinas de Vegas Electric S.A. de C.V., a reclamar el pago del cheque librado al portador por el importe de sesenta mil lempiras (L 60, 000.00), por el entonces Gerente Operacional J. Z. en el Casino Aladino, a raíz de que las cuentas de la empresa Vegas Electric S.A. de C.V., se encontraban congeladas por solicitud de su titular, circunstancias todas que resultaron corroboradas para el sentenciador. Por todo lo anterior, deviene la improcedencia del segundo motivo del recurso de casación por quebrantamiento de forma, interpuesto por el acusador público.Recurso de Casación por Infracción de Ley: Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del Recurso de Casación por infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los hechos probados: Los hechos probados es el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia en base a lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el Juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los Hechos Probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados. 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por Infracción de Precepto Sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso. b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis. c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal. d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión, a través del Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva hecha por el Tribunal de Sentencia, o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el Recurso de Casación por Infracción de Ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados).Recurso de Casación por Infracción de Ley. Único Motivo: *Precepto Autorizante: 360 del Código Procesal Penal. *Normas que se denuncian infringidas: Artículo 30 del Código del Trabajo. *Concepto de la Infracción: No determinado por el censor; *Pretensión: Que se declare ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley.Denuncia la falta de aplicación del artículo 30 del Código del Trabajo, el cual contiene la presunción de que es el trabajador quien dice la verdad sobre las estipulaciones de trabajo en la relación laboral, cuando no se haya celebrado un contrato de trabajo por escrito, al menos que el patrono presente prueba en contrario. Complementa su alegato argumentando que en la audiencia de juicio y en la valoración intelectiva, quedó plenamente acreditada esta condición y por la estrecha relación entre la remuneración del trabajador y el objeto del hecho punible, resulta imposible su separación y debe atañer a la jurisdicción laboral y no penal. DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO: EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Con reiteración ha expresado esta Sala de lo Penal que el ámbito de aplicación del Recurso de Casación previsto en el artículo 360 del Código Procesal Penal, se circunscribe al error cometido por el Tribunal Sentenciador cuando dados los hechos que se declaren probados se hubiere infringido un precepto penal de carácter sustantivo u otra norma jurídica del mismo carácter que debe ser observada en la aplicación de la ley penal.Este tipo de recursos obliga a respetar el relato de hechos probados de la sentencia recurrida, pues en estos casos solo se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica y tales problemas han de plantearse y resolverse sobre unos hechos predeterminados por el sentenciador. Se trata entonces de un recurso sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es el enfoque jurídico que, a unos hechos dados, ya inalterables, se pretende aplicar, en discordancia con el tribunal sentenciador. La técnica de la casación penal exige en los recursos de esta naturaleza se guarde el más absoluto respeto a los hechos probados, ya que el ámbito queda limitado al control de juricidad. De lo anterior se desprende que no se ha respetado la norma procesal y la debida técnica recursiva por el censor, pues extrapola sus argumentos recursivos a normas extrapenales –Código del Trabajo-, a las actividades procesales llevadas en sesión de juicio y la valoración intelectiva del juzgador, fundando sus argumentos en que a partir de tales actuaciones corresponde dictar un fallo absolutorio a favor del encausado en lugar de un inculpatorio. No obstante, lo anterior, esta Sala de lo Penal ha dado lectura analística a los hechos probados de la sentencia y ha podido determinar que no hay error de subsunción entre el fáctum de la sentencia y la norma penal sustantiva elegida por el sentenciador. Las ocasiones en que el señor J. A. Z. U. libró a su favor, y sin autorización del administrador único de la sociedad, cantidades que en total ascienden a noventa y ocho mil lempiras (L 98, 000.00), simulando salarios que ya habían sido acreditados; el comportamiento del acusado y el resultado lesivo al patrimonio de la empresa Vegas Electric S.A. de C.V., están relacionadas causalmente; según el fáctum la conducta no está justificada por el ordenamiento jurídico, como para que pueda excluirse la anti juricidad como elemento del tipo objetivo. El acusado se encontraba en capacidad psicológica suficiente de comportarse y motivarse por la norma; conocía la anti juricidad del acto por él protagonizado y se encontraba en condiciones psicofísicas de actuar de manera diferente.En tal sentido, no se desprende una infracción de ley por ninguno de los cincos motivos autorizados por la norma. V. DECISIÓN: -No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos. -No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo. VI. POR TANTO, La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 361, 362 y 363 del Código Procesal Penal. FALLA: 1) DECLARA NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en sus dos motivos, interpuesto por el Abogado G. V. V., Apoderado Defensor del señor J. A. Z. V.; 2) DECLARA NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por el Abogado G. V. V., apoderado defensor del señor J. A. Z. V.; 3) DECLARA FIRME Y EJECUTABLE LA SENTENCIA condenatoria de fecha veinte (20) de enero del año dos mil quince (2015), dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ceiba, departamento de Atlántida.Y MANDA:Que, con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a derecho. NOTIFÍQUESE.FIRMAS Y SELLO.JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. Magistrado Coordinador.RAFAEL BUSTILLO ROMERO. Magistrado. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.Magistrada.FIRMA Y SELLO. MICHELLE ALESSANDRA IZAGUIRRE. RECEPTORA ADSCRITA. SECRETARÍA GENERAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a losveintitrés días del mes de mayodel año dos mil diecinueve. Certificación de la Sentencia de fecha dos de abril del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-169-2015.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
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