Sentencia CP-166-16 — Registro 10671
Resumen
En primera instancia se condena al imputado como autor de los delitos de asesinato y por el delito de Robo de vehículo en su Grado de Ejecución de Tentativa, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por la defensa
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."El recurso no es de recibo. Los juzgadores, para determinar la existencia de un delito de asesinato, consideraron la concurrencia de dos elementos distintos: la alevosía y la premeditación; para el censor existe una indebida aplicación de la norma penal sustantiva que tipifica el delito de asesinato, pues es del criterio que no concurren los elementos de alevosía y premeditación señalado por el A-Quo; esto nos llama a tener en consideración lo señalado por esta Sala de lo Penal en la sentencia de fecha 16 de diciembre del año 2055, en el expediente 3194-2004: “La calificación jurídica en la que enmarca el hecho acontecido, el Tribunal Juzgador, es la del delito de asesinato contenido en el artículo 117 numerales 1y 2 del Código Penal, mismos que refieren a actuar con alevosía y premeditación conocida, respectivamente. El numeral tercero del apartado sobre fundamentación jurídica que contiene la sentencia recurrida, claramente define las circunstancias que el Tribunal juzgador ha tenido en consideración para determinar que la calificación jurídica del hecho acontecido y sometido a su conocimiento, es precisamente la del delito de asesinato y no de homicidio simple como lo pretenden los recurrentes. En el delito de asesinato; basta la concurrencia de una de las circunstancias específicas de agravación de la acción típica, para considerar cumplidos a satisfacción los elementos objetivos de tipo; sin embargo, ello no obsta la posibilidad de que concurra más de una circunstancia de tal índole, en cuyo caso, la segunda circunstancia ha de ser tomada por el Tribunal juzgador; como una agravante genérica que incida en la determinación de la pena concreta”. Del factum de la sentencia en donde narra la forma en que se desarrollaron los hechos (F133): “En horas de la tarde, del treinta y uno (31) de octubre del año dos mil doce, a la altura de la aldea los chagüites, del municipio de Siguatepeque, departamento de Comayagua, se conducía en un vehículo tipo: pick up, color: azul, marca: Toyota 22R, placa: PAM 4189, el señor A. O. P. acompañada de su hija M. O. O. y su nieto el menor J. M. O. C. y en la paila del referido vehículo, dos jóvenes de sexo masculino. Momentos después, agentes de policía de dicho sector, recibieron información de tres personas muertas en la comunidad de los chagüites antes indicado, esto en el lugar conocido como la balastrera, por lo que se desplazaron, realizando reconocimiento cadavérico de don A. O., quién presentaba heridas en espalda y cráneo, su hija M. O. O., quién presentaba heridas en cuello, cabeza y espalda y el menor J. M. O. C., de un año cinco meses de edad, quién presentaba herida en cráneo, todas producidas por arma de fuego, mismas que de forma inmediata les produjo la muerte. Minutos después de ocurrido los hechos agentes de la policía, reciben nuevamente llamada mediante la cual les informan que en una calle sin salida del barrio San Francisco del municipio de Siguatepeque, departamento de Comayagua, se encontraba un vehículo tipo: Pick up, color: azul, marca: Toyota 22 R, placa: PAM 4189, atascado en un zanjo y en condición de abandono, constando dichos agentes, que era el mismo que minutos antes según testigo protegido Z1 era conducido por el señor A. O. P.; El testigo protegido Z2 quién se encontraba en dicho sector cuidando ganado, es quién alerta a las autoridades, y quién observo a escasas cuadras de distancia, el vehículo atascado e inmediatamente bajarse de él mismo, a dos individuos armados reconociendo solamente a M. J. C. V., quienes salen corriendo en dirección a un río, perdiéndolos de vista; tiempo después agentes policiales detienen a M. J. C. V.”. En el caso sometido al análisis de esta Sala, se colige que, según la declaración de los hechos probados, el imputado ejecutó la acción de privar de la vida, mediando:a) La alevosía súbita, inesperada o inopinada, llamada también «sorpresiva»[2], en la que el sujeto activo, aun a la vista o en presencia de la víctima, no descubre sus intenciones y aprovechando la confianza de aquélla actúa de forma imprevista, fulgurante y repentina. La víctima es sorprendida totalmente desprevenida, ya se encuentre de espaldas o incluso de frente, gracias a lo repentino e inopinado de la agresión. En estos casos es precisamente el carácter sorpresivo de la agresión lo que suprime la posibilidad de defensa, pues quien no espera el ataque difícilmente puede prepararse contra él y reaccionar en consecuencia, al menos en la medida de lo posible. b) La alevosía de desvalimiento (que roza el abuso de superioridad),[3] en que el sujeto agente aprovecha una situación de absoluto desamparo de la víctima, como acontece en los casos de personas desvalidas por su edad (ancianos, niños), por su invalidez física o psíquica (enfermos graves), o por estar en estado de inconsciencia (personas ebrias en fase letárgica o comatosa, drogadas, dormidas o privadas de conocimiento). Aunado a lo anterior, el censor tampoco tiene razón respecto al fondo de su alegato, pues como se explicó ut supra, la premeditación no necesariamente requiere planeamiento, basta que se tenga la idea criminosa y que se aproveche una circunstancia específica para materializar la idea, deseada de manera previa; en el caso que nos ocupa, una vez que iban en la paila, ya se encontraba en el pensamiento inmerso de los sujetos activos de la presente causa y que asumieron la irrevocable decisión de cometer el ilícito y durante el trayecto analizaron el lugar en que atacarían a sus víctimas, esto por el lugar donde encuentran los occisos, una carretera de tierra desolada, una vez cometido el hecho se apoderan del vehículo propiedad del señor A. O. y huyen del lugar; con la conducta antes descrita queda evidenciada una manifestación de la alevosía proditoria.Esta Sala de lo Penal, concuerda con el A-Quo, en el análisis de los hechos, a la luz de la configuración jurídica del tipo penal de asesinato. De igual manera, esta Sala considera acertada la decisión del A-Quo en cuanto a la configuración de un delito de Robo de vehículo en grado de ejecución de tentativa, pues del hecho declarado como probado, el cual se desliga directamente de las pruebas evacuadas durante el juicio, queda acreditado que el ahora condenado M. J. C. V., fue reconocido como una de las personas que se conducían en el vehículo propiedad de la víctima de asesinato: A. O. P. En cuanto a esto, es evidente que en la acción ejecutada por el imputado concurre el elemento del despojamiento mediante violencia, la cual queda demostrado con el asesinato del propietario del bien mueble. Está claro que el acusado actuó en la ofensa contra la vida, con evidente alevosía y premeditación, consecuentemente se ha hecho una correcta elección de la norma penal que rige el caso concreto; de igual manera en lo que se refiere al ilícito contra la propiedad, por lo que procede desestimar el recurso de casación por infracción de ley interpuesto por la Defensa Pública..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Según el recurso presentado por la defensa, establece que existe infracción del artículo 89 de la Constitución de la República; la Sala de lo Penal en materia de presunción de inocencia, no procede a hacer un nuevo análisis o valoración de la prueba practicada en juicio, ni a hacer una revisión crítica de la valoración de instancia, pues su función es verificar y comprobar que el A-Quo, dispuso de un mínimo de actividad probatoria, evacuada con todas las garantías constitucionales y procesales, que esté acreditada la existencia de tales elementos probatorios y que se respetaron las reglas de la sana critica racional, ya que la facultad de valoración de la prueba es cuestión exclusiva del tribunal de instancia.En el presente caso comparecieron al debate a declarar: Testigo Protegido clave Z1, Testigo protegido M2, y M. R. C. V.; Prueba documental: Lectura autorizada de la declaración del testigo protegido con clave Z2 (F.28 vuelto y 29 primera pieza de autos), acta de inspección ocular del lugar de los hechos, acta de diligencia policial, tres actas de levantamiento de cadáver, álbum fotográfico, certificación de acta de nacimiento de M. J. C. V.; Prueba Pericial: doctora C. G. S. A.;, quién ratificó las tres actas de levantamiento de cadáver; no habiendo prueba por parte de la defensa, y no hay evidencia de que las mismas hayan sido practicadas en violación a garantías procesales o constitucionales, habiendo contado el tribunal sentenciador con un mínimo de actividad probatoria.Esta Sala de lo Penal considera que la conclusión a que llega el A-Quo, además de fundarse en prueba legalmente admitida y evacuada, responde a las reglas de la lógica, por lo que no es posible pretender que este Supremo Tribunal valore alternativamente la prueba evacuada en primera instancia, habiendo ya sido valorada la misma por el Tribunal de Sentencia bajo los principios que rigen el proceso penal: inmediación, contradicción y oralidad, por lo que, no considera esta sala que el A-quo al momento de valorar la prueba irrespetó las reglas de la sana crítica racional, ya que las inferencias deducidas por el mismo sí son razonables, llegándose a conclusiones lógicas y concordantes, además de verdaderas, que se extraen como consecuencias de las pruebas legalmente evacuadas en el debate, y como producto de una motivación clara, completa y expresa, no pudiéndose concluir que los hechos probados de la sentencia estén en discordancia con los razonamientos expuestos en la valoración de la prueba; en consecuencia, se desestima el presente Recurso por Infracción por Precepto Constitucional..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veinticinco de junio del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “SENTENCIAEn la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días de junio de dos mil diecinueve, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de Coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, han pronunciado EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-166-2016 por Infracción de Ley, y por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha veintisiete de octubre de dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, mediante la cual: Condenó al señor M. J. C. V., como autor de los delitos de Asesinato, en perjuicio de los señores A. O. P., M. O. O. C. y J. M. O. C., a la pena de veinticinco años de reclusión por cada víctima, y por el delito de Robo de vehículo en su Grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio de A. O. P., a la pena de ocho años, diez meses, veinte días de reclusión, sumando un total de ochenta y tres años, diez meses, veinte días de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la pena principal.- Se declaró la responsabilidad civil del señor M. J. C. V., del importe de la reparación de los gastos ocasionados y de la compensación e indemnización de los perjuicios causados por el delito cometido.- No procedió condenar en costas al señor M. J. C. V. - SON PARTES: Los Abogados A. R. P. P. y M. R. A. E., en su condición de Defensores Públicos del señor M. J. C. V., como parte recurrente y la Abogada Y. M. M. L., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. -HECHOS PROBADOS“Se declaran expresamente probados los siguientes hechos: PRIMERO: En horas de la tarde, del treinta y uno(31) de octubre del año dos mil doce (2012), a la altura de la Aldea los Chagüites, del Municipio de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, se conducía en su vehículo tipo pick-up, color azul, marca Toyota, 22R, placas PAM 4189, el señor A. O. P., acompañado de su hija M. O. O. y su nieto el menor J. M. O. C., y en la paila del referido vehículo, dos jóvenes de sexo masculino.- SEGUNDO: Momentos después, Agentes de Policía de dicho sector, recibieron información de tres personas muertas en la comunidad de los Chagüites antes indicado, esto en el lugar conocido como la Balastrera, por lo que se desplazaron las autoridades competentes realizando reconocimiento cadavérico de Don A. O., quien presentada heridas en espalda y cráneo, su hija M. O. O. presentaba heridas en cuello, cabeza y espalda y el menor J. M. O. C., de un año cinco meses de edad, quien presentaba herida en cráneo, todas producidas por arma de fuego, mismas que de forma inmediata les produjo la muerte.- TERCERO: Minutos después de ocurrido los hechos Agentes de la Policía, reciben nuevamente llamada mediante la cual les informan que en una calle sin salida del Barrio San Francisco del Municipio de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, se encontraba un vehículo tipo pick-up, color azul, marca Toyota, 22R, placas PAM 4189, atascado en un zanjo y en condición de abandono, constando dichos agentes, que era el mismo que minutos antes según testigo protegido Z1 era conducido por el señor A. O. P. CUARTO El testigo protegido Z2 quien se encontraba en dicho sector cuidando ganado, es quien alerta a las autoridades, y quien observó a escasas dos cuadras de distancia, el vehículo atascado, e inmediatamente bajarse de él mismo, a dos individuos armados reconociendo solamente a M. J. C. V., quienes salen corriendo en dirección a un río, perdiéndolos de vista; tiempo después Agentes Policiales detienen a M. J. C. V.”RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS: El recurrente Abogado J. L. M. J., procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Infracción de Precepto Constitucional, de la manera siguiente:“EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN. PRIMER MOTIVO: Conforme los hechos probados en la sentencia, los juzgadores aplican en forma indebida los preceptos penales establecidos en los artículos 117 N.1 y 2, 218 párrafo segundo en relación al 15 del Código Penal. SEGUNDO MOTIVO: Se ha violentado el artículo 89 de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: Los motivos enunciados se encuentran establecidos en los artículos 360, 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN. Los hechos probados son la base de una sentencia; de ellos se desprenden los acontecimientos que han sido considerados como probados por parte de los juzgadores. De ahí que en toda sentencia debe haber una correspondencia entre las descripciones fácticas establecidas en los hechos probados y la tipificación penal que finalmente es dictada en el fallo. EXPLICACIÓN DEL PRIMER VICIO. Aplicación indebida de los artículos 117 N. 1 y 2, el 218 párrafo segundo en relación al 15 del Código Penal.- En el presente caso, el Tribunal ha establecido como hechos probados los que a continuación cito: “PRIMERO: En horas de la tarde del treinta y uno (31) de octubre del año dos mil doce, a la altura de la Aldea los Chagüites, del Municipio de Siguatepeque, Departamento de Comayagua se conducía en su vehículo tipo pick up, color azul, marca Toyota 22R, placas PAM4189, el señor A. O. P., acompañado de su hija M. O. O. y su nieto el menor J. M. O. C., y en la paila del referido vehículo dos jóvenes del sexo masculino.- SEGUNDO: Momentos después, Agentes de Policía de dicho sector, recibieron información de tres personas muertas en la comunidad de los Chagüites antes indicado, esto en el lugar conocido como la Balastrera, por lo que se desplazaron las autoridades competentes realizando reconocimiento cadavérico de Don A. O., quien presentada heridas en espalda y cráneo, su hija M. O. O. presentaba heridas en el cuello, cabeza y espalda y el menor J. M. O. C., de un año cinco meses de edad, quien presentaba herida de cráneo, todas producidas por arma de fuego, mismas que de forma inmediata les produjeron la muerte. TERCERO: Minutos después de lo ocurrido los Agentes de la Policía, reciben nuevamente llamada mediante la cual les informan que en una calle sin salida del Barrio San Francisco del Municipio de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, se encontraba un vehículo tipo pick up, color azul, marca Toyota, 22R, placas PAM 4189, atascado en un zanjo y en condiciones de abandono, constando dichos agentes, que el mismo que minutos antes según testigo protegido Z2 quien se encontraba en dicho sector cuidando ganado, es quien alerta a las autoridades, y quien observó a escasas dos cuadras de distancia, el vehículo atascado, e inmediatamente bajarse de el mismo a dos individuos armados reconociendo solamente a M. J. C. V., quienes salen corriendo en dirección a un río, perdiéndolos de vista; tiempo después Agentes Policiales detienen a M. J. C. V. Se colige de los hechos probados de la sentencia, que mi representado M. J. C. V., ha sido injustamente condenado por los delitos de TRES ASESINATOS y ROBO DE VEHÍCULO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA.- Los juzgadores en el fáctum de mérito no señalan ninguna acción realizada por mi poderdante para tenerlo como hechor de algún ilícito.- El cuadro fáctico que redacta el Tribunal carece de elementos que impongan participación ya sea a mi representado o a cualquier otra persona. También obvia cuales son las circunstancias de alevosas que permitan el aseguramiento de la ejecución del hecho, en tal sentido Francisco Muñoz Conde en su obra Derecho Penal Parte Especial (Pág.51) señala “Lo decisivo en la alevosía es, por tanto, el aseguramiento de la ejecución del hecho y la ausencia de riesgo ante la defensa que pueda hacer el ofendido” .- De igual forma en cuanto a la premeditación conocida no se desprende de los hechos probados cual ha sido esa planeación o meditación respecto a la muerte de A. O. P., M. O. O. C. Y J. M. O. C., M. A. D. de L. en su creación Diccionario de Derecho Procesal Penal (Pág. 1356) nos ilustra en cuanto a la premeditación en el homicidio “En el homicidio no existe la premeditación, si no hay prueba de que el acusado lo haya cometido después de haber reflexionado sobre él”...- Con base a lo anterior, los juzgadores han incurrido en un error al pretender condenar a mi representado por tres de delitos asesinato, y un robo de vehículo en su grado de ejecución de tentativa, en los hechos probados en los cuales no existe relación de participación de mi representado así como las circunstancias especializan tés que agraven la situación jurídica del enjuiciado. De acuerdo a nuestra jurisprudencia para que un recurso de casación por infracción de ley prospere “es necesario que tales defectuosidades se hallen en conexión con los condicionamientos determinantes de la calificación penal asignada a los hechos probados, provocando una laguna o vacío en la descripción histórica de los mismos, que determina una falta de premisa fáctica para formular la calificación jurídica, de forma que no pueda orientar, dentro del silogismo en que la sentencia queda estructurada, el pronunciamiento condenatorio o absolutorio, es decir, que resulta inadecuada para servir de argumentación lógica al fallo, y ello porque “quaestiofacti” debe servir de apoyo y sustento a la calificación jurídica o “quaestio iuris”[1]. En el presente caso, los hechos considerados como probados no subsumen acción alguna realizada por parte de mi representado, tampoco señala las agravantes especializan tés del delito de asesinato, por el cual mi representado ha sido injustamente condenado. Por lo anterior, los juzgadores han incurrido en una mala aplicación de los artículos previamente señalados en la exposición de los motivos de casación. INTERPRETACIÓN PRETENDIDA. Con el presente motivo de casación pretendo que, al no existir una correcta aplicación de las normas penales sustantivas en relación a lo declarado como hecho probado, se someta a control de logicidad de la Honorable Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, a efecto de que declare CON LUGAR el primer motivo de casación anteriormente expuesto, declarando la aplicación indebida del articulo 117 N. 1 y 2 del Código Penal y el 218 en relación al 15 del Código Penal.” “EXPLICACIÓN DEL SEGUNDO MOTIVO. La norma Constitucional que se invocan como infringida es el artículo 89 que reza: “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”. Dicha norma Constitucional en relación a lo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 8.2 que instituye: “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad”. De igual forma el Código Procesal Penal en su artículo 2 relata: “Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente de conformidad con las normas de este Código.” PRIMERO. De lo anterior se desprende que es una obligación del Estado y especialmente de los Tribunales que imparten Justicia en un Proceso Penal, el no escatimar ningún esfuerzo en la búsqueda de la verdad, para garantizarle a quien lo enfrenta, un Juicio Justo y apegado a derecho.- El ser condenado por puras sospechas, es decir sin contar con prueba directa, constituye una flagrante vulneración a la PRESUNCION DE INOCENCIA.- Resulta Honorable Corte, que la fiscalía del Ministerio Público durante todo el proceso, presentó un listado de pruebas, pero con ninguna de ellas se puede acreditar de forma directa la participación de nuestro representado en el gravoso delito de tres asesinatos y un robo de vehículo en su grado de ejecución de tentativa, las pruebas presentadas resultan insuficientes para enervar el estado de inocencia. SEGUNDO: En el caso de nuestro patrocinado el Ministerio Público fue incapaz de probar un cuadro fáctico de los hechos, y es a razón de los levantamientos de los cuerpos de las víctimas que se ha creado un supuesto de como perdieron la vida A. O. P., M. O. O. C. Y J. M. O. C. - Al analizar la prueba evacuada por el Juzgador nos encontramos con una serie de elementos que a juicio de esta Defensa no enervan el estado de inocencia de mi poderdante como ser: a.- De la declaración del señor Z1, quien en su declaración depone... yo no conocí a nadie... no las reconocí porque yo venía corriendo para Siguatepeque,... lo vi de la una en adelante... en la paila iban dos personas... como a las cuatro que regrese vi que estaban recogiendo los cuerpos,... el hecho de las muertes me di cuenta después de ver el carro.- Esta declaración Honorables Magistrados, no aporta elemento para condenar ni a mi representado o a ninguna otra persona, mucho menos se desprenden circunstancias especializan tés que agraven el ilícito de homicidio y mucho menos los motivos para realizar tan dantesco crimen. b. - El testigo M2, manifiesta... yo venía de trabajar a las tres de la tarde, a esa hora vi el carro que pasó jalado a una persona en la cabina y dos en paila, los tres eran hombres; ese carro lo dejaron más abajo en San Francisco en el pueblo, no pude reconocer a las personas que venían en el carro jalado.- Como podrán observan tampoco este testigo describe cómo sucedieron los hechos que se están juzgando. c.- El Agente de Policía M. R. C. V., testigo de referencia que declara... ubicamos un testigo... posteriormente uno de los sospechosos fue reconocido por el testigo Z2... declaración que fue incorporada como prueba anticipada que no señala como sucedieron los acontecimientos que se estaban investigando éste se limita que ve pasar el vehículo y que luego queda abandonado. Esta Defensa considera que se han violentando principios constitucionales en este sentido, los autores M. P. V., R. S. R., en su obra Prueba Ilícita en la Jurisprudencia Constitución y Penal en su Pág.11 refieren: Toda investigación debe ser dirigida a establecer la verdad y para ello existen los organismos tanto policiales como judiciales, tenemos por un lado el interés de llegar a la verdad real de los hechos, estableciendo con precisión que fue lo que ocurrió y quien fue el autor de ello, presentándose el problema que en el desarrollo de dicha labor investigativa también se debe respetar las garantías del sujeto contra el cual se dirigida ésta.- Los agentes de investigación dirigido por el Ministerio Público no realizaron ningún tipo de investigación que vulnerara el estado de inocencia de un sospechoso de estos hechos. TERCERO: En el ánimo de responsabilizar a alguien por tan impactante crimen, el Ente Acusatorio se cegó privándose de realizar una investigación concienzuda e inculpa a mi poderdante como conejillo de indias, resultan insuficientes los dichos de Z1, M2 y Z2 que dicho sea de los hechos no aportan nada, en el caso que nos ocupa se debió llegar al fondo de los hechos e investigar si realmente mi poderdante tuvo alguna participación.- Por lo tanto, solo puede decirse que son meras sospechas que resultan inútiles, y por si solas no pueden enervar la PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. CUARTO: En conclusión Honorable Tribunal de Casación, las pruebas presentadas en el juicio oral y público ninguna es una prueba directa de la participación de nuestro representado en tres asesinatos y robo de vehículo en su grado de ejecución de tentativa.- La jurista española María Félix Tena Aragón en su obra “Manual de Derecho Constitucional” (De Honduras) páginas 34 y 61, nos habla un poco acerca del Derecho a la “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA” y nos relata: “Este derecho, en su vertiente de regla de juicio que es la que vamos a tratar en este tema, más allá de su contenido material, que será objeto de exposición en el tema 5, se configura como el derecho a no ser condenado sin prueba de cargo válida. Por tanto, solo cabrá constatar la vulneración del derecho a la presunción de inocencia cuando no haya prueba de cargo válidas, es decir, cuando los órganos judiciales hayan valorado una actividad probatoria lesiva de otros derechos fundamentales o carentes de garantías, o cuando no se motive el resultado de dicha valoración, o, finalmente, cuando por ilógico o insuficiente no sea razonable el iter discursivo que conduce de la prueba al hecho probado.” Tal como lo afirma la Jurista María Félix, se entenderá vulnerado la presunción de inocencia cuando se condene sin prueba de cargo válida, entendiéndose por ésta, entre otras, cuando el razonamiento del Juez sea ilógico o insuficiente, tal como ocurre en el caso subjudice en donde el Juez ha valorado prueba y llegado a conclusiones que los testigos no han referido. La Jurista Tena Aragón en su página 61 de la obra antes citada sigue ilustrándonos y nos dice: “La significación preponderante de la presunción de inocencia afecta a las exigencias respecto a la prueba, necesarias para que pueda hacerse una válida declaración de culpabilidad. Se infringe la presunción de inocencia cuando, sin que se pruebe, legal y previamente, la culpabilidad de un acusado, se refleja en una resolución judicial que le afecta el sentir de que es culpable.” Tal es el caso de nuestro representado, que fue condenado con pruebas que arriban a meras sospechas, ya que nunca se acreditó de manera contundente con testigos oculares y/o mediante la documentación legal, que tuviese en su haber el arma con la que se quitó la vida a estas tres personas.- En ese orden de ideas podemos concluir que el Tribunal Sentenciador infringió gravemente el derecho a la PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, y que la única forma de enmendarlo es declarando con lugar el presente recurso de casación. ”FUNDAMENTACION JURIDICA. Del Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el Juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de Correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de:a) Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso. b) Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis. c) Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal. d) Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e) Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe entenderse como norma sustantiva a toda aquella que defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extra penales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas entonces normas con contenido procesal.En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia; en este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados).Recurso de Casación por Infracción de Ley, interpuesto por la Defensa Pública. Único Motivo. *Norma Autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal. *Norma Sustantiva que se denuncia Infringida: Artículos 117 numeral 1 y 2, 218 párrafo segundo en relación al artículo 15 del Código Penal. *Concepto de la Infracción: Aplicación indebida de la norma sustantiva. *Pretensión: Que case la sentencia recurrida. Establece el recurrente que los hechos considerados como probados no se subsumen en alguna acción realizada por parte de su representado, tampoco señala cuales agravantes (alevosía y con premeditación conocida) especializan tés del delito de asesinato, concurren en los hechos por los cuales su representado ha sido injustamente condenado. Del delito de Asesinato. Interpretando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, este Tribunal de Casación afirma que la vida (Art. 3) y la dignidad humana (Art. 1), junto con los derechos asociados de integridad corporal (Art. 3) y la libertad (Art.3), respectivamente, constituyen los derechos primarios por excelencia, de los que derivan los derechos humanos reconocidos posteriormente. La vida también constituye un derecho fundamental para la Constitución de la República, (Art 65), para la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 4.1) y para el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 6.1), que en resumen la declaran como derecho inherente a la persona humana de carácter inviolable. Con el afán de proteger este derecho el legislador nacional ha previsto en el Título I del Libro Segundo del Código Penal, un conjunto de delitos que protegen la vida y la integridad corporal, entre éstos, en el Capítulo I, el delito de asesinato. El delito de asesinato, es decir el reproche por este tipo penal, busca proteger la vida independiente como bien jurídico relevante y está tipificado en el artículo 117 que indica que “es reo de asesinato quien de muerte a una persona”, ejecutando el hecho mediante alevosía, premeditación conocida, causando grandes estragos o con ensañamiento”. De este modo se identifican como elementos objetivos del tipo penal los siguientes: 1. Sujeto Activo: Puede ser cualquier persona; 2. Sujeto Pasivo podrá ser cualquier persona diferente a los ascendientes o descendientes del sujeto activo, ya que de lo contrario podría configurarse otro tipo de delito (parricidio o infanticidio); los Jefes de Estado o Jefes de Gobierno extranjeros que se encuentren en Honduras en visita oficial, porque ello podría constituir un delito contra el Derecho de Gentes; y diferente al presidente de un Poder del Estado de Honduras, porque daría paso al delito de Magnicidio; 3. Objeto material del delito, es la vida de la persona como bien jurídico protegido, por cuanto el sujeto pasivo debe ser un ser humano ya nacido y que, además, aunque parezca obvio, se encuentre vivo al momento de sufrir el delito; 4. Conducta criminosa centrada en el verbo rector, que en este caso es matar, que dicho de otra manera implica privar de la vida; 5. Modalidad criminosa, entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector y que -en este caso- el tipo penal determina que debe llevarse a cabo mediante una de las cuatro formas descritas en el tipo penal, siendo éstas: alevosía, premeditación conocida, mediante la producción de grandes estragos o con ensañamiento. Como elemento subjetivo: el tipo penal de asesinato requiere el dolo especifico de matar (animus necandi), de carácter directo o eventual, conformado por el conocimiento del sujeto activo de que la conducta desplegada puede producir o producirá la muerte de otra persona y de la voluntad de querer realizar la acción y conseguir el resultado como propósito perseguido o aceptar el resultado como consecuencia aceptada; adicionalmente el delito requiere que el sujeto activo tenga conocimiento de la modalidad criminosa (alevosía, premeditación, mediante ensañamiento o grandes estragos) y que quiera procurarla y/o aprovecharse de ésta. Partiendo de lo anterior, se identifican como características del tipo penal de asesinato, las siguientes: 1. Según su estructura: a. Tipo penal especial: Por ser un tipo penal que parte de los elementos básicos de otro delito (homicidio), al que se agregan elementos para constituirse en un tipo penal distinto; b. Tipo penal simple: Ya que describe un solo modelo de comportamiento: dar muerte; 2.Según su contenido: a. Tipo penal de resultado que exige el cambio en el mundo físico traducido en la muerte de una persona; b. Tipo de conducta instantánea al contener un supuesto de hecho cuya realización del comportamiento descrito se agota en un solo momento; c. Tipo penal de acción porque describe un modelo de comportamiento comisivo; d. Tipo penal cerrado porque el supuesto de hecho determina con precisión la circunstancia típica, de tal manera que la conducta prohibida de matar se desprende con claridad; 3. Según el sujeto activo: a. Unisubjetivo al describir una conducta que puede ser realizada con la concurrencia de un solo sujeto activo; b. Tipo penal común ya que no exige que el sujeto activo tenga una condición especial o cualidad personal; 4. Según el bien jurídico tutelado: a. Tipo penal mono-ofensivo, al proteger un único bien jurídico, el cual es la vida independiente; b. Tipo penal de lesión al significar un menoscabo del bien jurídico tutelado al traducirse la conducta humana en la muerte de una persona. De la alevosía. La alevosía, conforme lo conceptualiza el artículo 27.2 del Código Penal, es cuando el sujeto activo realiza un delito en contra de la vida y la integridad corporal, empleando medios, modos o formas en la ejecución que tiendan directa y especialmente a asegurarla, sin riesgo para el agresor de la defensa que pudiese ofrecer la persona ofendida. Es importante resaltar dos puntos: 1) Que para la existencia de la alevosía no se requiere que el delito sea de carácter consumado, basta que el sujeto activo haya pretendido realizar la acción alevosa para que la circunstancia pueda ser considerada existente; 2) Para la existencia de la alevosía no es suficiente con la concurrencia objetiva de una situación de indefensión, sino que es preciso, además, el ánimo por parte del sujeto activo de buscar y aprovecharse de esa situación. Del concepto se derivan tres clases de alevosía: 1. La alevosía proditoria, conocida también como aleve o traicionera, existe en los casos en donde la agresión del sujeto activo precede de una trampa, emboscada, celada o apostamiento, actuando el autor “sobre seguro” y “a traición”, por tanto, adicionalmente requiere un ámbito previo de premeditación; ocurre cuando el sujeto activo se esconde o se disfraza a la vista de su víctima, para poder acercarse a ella y así atacarle; 2. Alevosía sorpresiva, conocida también como súbita o inopinada, se presenta cuando la agresión del sujeto activo es de forma sorpresiva, repentina e inesperadamente, de forma fulgurante e imprevisto por el sujeto pasivo (ex improvissu), no permitiendo al sujeto pasivo reaccionar, mucho menos evitar la agresión; típicamente la alevosía sorpresiva se presenta cuando el sujeto pasivo se encuentra de espaldas de su agresor, pero también puede presentarse cuando éste se encuentre de frente, a la vista, tratando el sujeto activo no revelar sus intenciones hasta cuando proceda a la ejecución del ataque procurando la suerte que el acto improvisto le dé la ventaja; y, 3. Alevosía de prevalimiento, llamada también con los nombres de desvalimiento o indefensión, que se presenta cuando el sujeto activo aprovecha una situación especial de indefensión o desamparo del sujeto pasivo que le impide defenderse, así por ejemplo los casos en donde la víctima se encuentre dormida, embriagada, esposada, retenida en una celda, etc. En este tipo de alevosía, el estado de indefensión no es provocado por el sujeto activo, quien al avizorarlo lo aprovecha para ejecutar su ataque.De la Premeditación.La premeditación es el estado intelectivo que se caracteriza por la frialdad de ánimo en el autor y la persistencia en la resolución delictiva, por cuanto éste contempla la posibilidad de realizar el delito y persiste con dicha idea por un tiempo claramente diferenciado, es así que la idea del delito no nace en el momento en que éste es ejecutado, sino que de él se tiene una idea preconcebida y acariciada; debe tenerse en cuenta, que la premeditación no implica planeamiento, aunque el planeamiento siempre es característica intrínseca de la premeditación, es así que una persona puede concebir la idea de ejecutar el delito, tenerlo presente en su mente como algo deseable y realizarlo al momento en que circunstancialmente identifica un momento, como el ideal para hacerlo, sin que medie planificación, por el contrario, cuando la persona se plantea el modo o la forma de ejecutar el delito, ejecutándolo de tal manera que implica planeamiento y por ende, premeditación. (Ver al respecto sentencia de la Sala de lo Penal del 27de mayo de 2014, en Exp. 057-2012). La premeditación se compone de tres elementos: 1. Elemento cronológico: implica una dilatación de tiempo entre la resolución delictiva y su ejecución; no existe un parámetro de tiempo determinado, más si requiere que entre el momento de la decisión delictiva y el momento de la ejecución de la conducta que busca su materialización exista una disolución temporal que permita apreciar los demás elementos de la premeditación; 2. Elemento ideológico: consistente en la persistencia en la resolución delictiva, en la cual el sujeto activo no solo haya ideado el cometimiento del delito, sino que persiste en la idea de su ejecución, representándose formas, medios, instrumentos o momentos para su materialización, ejecutando la conducta como decisión razonada, para lograr un resultado contemplado y deseado; y, 3. Elemento psicológico: frialdad de ánimo del sujeto activo, pues el delito no se comete por el estado de ánimo surgido del momento, sino como consecuencia de una más o menos larga contemplación reflexiva, teniendo la oportunidad de considerar todas las variables que pueden presentarse tanto en la ejecución del delito como posterior a éste, sin que el posible reproche social, el riesgo de sanción penal y principalmente el daño a la vida de terceros le desanime en su plan delictivo.De la Procedencia del Recurso. El recurso no es de recibo. Los juzgadores, para determinar la existencia de un delito de asesinato, consideraron la concurrencia de dos elementos distintos: la alevosía y la premeditación; para el censor existe una indebida aplicación de la norma penal sustantiva que tipifica el delito de asesinato, pues es del criterio que no concurren los elementos de alevosía y premeditación señalado por el A-Quo; esto nos llama a tener en consideración lo señalado por esta Sala de lo Penal en la sentencia de fecha 16 de diciembre del año 2055, en el expediente 3194-2004: “La calificación jurídica en la que enmarca el hecho acontecido, el Tribunal Juzgador, es la del delito de asesinato contenido en el artículo 117 numerales 1y 2 del Código Penal, mismos que refieren a actuar con alevosía y premeditación conocida, respectivamente. El numeral tercero del apartado sobre fundamentación jurídica que contiene la sentencia recurrida, claramente define las circunstancias que el Tribunal juzgador ha tenido en consideración para determinar que la calificación jurídica del hecho acontecido y sometido a su conocimiento, es precisamente la del delito de asesinato y no de homicidio simple como lo pretenden los recurrentes. En el delito de asesinato; basta la concurrencia de una de las circunstancias específicas de agravación de la acción típica, para considerar cumplidos a satisfacción los elementos objetivos de tipo; sin embargo, ello no obsta la posibilidad de que concurra más de una circunstancia de tal índole, en cuyo caso, la segunda circunstancia ha de ser tomada por el Tribunal juzgador; como una agravante genérica que incida en la determinación de la pena concreta”. Del factum de la sentencia en donde narra la forma en que se desarrollaron los hechos (F133): “En horas de la tarde, del treinta y uno (31) de octubre del año dos mil doce, a la altura de la aldea los chagüites, del municipio de Siguatepeque, departamento de Comayagua, se conducía en un vehículo tipo: pick up, color: azul, marca: Toyota 22R, placa: PAM 4189, el señor A. O. P. acompañada de su hija M. O. O. y su nieto el menor J. M. O. C. y en la paila del referido vehículo, dos jóvenes de sexo masculino. Momentos después, agentes de policía de dicho sector, recibieron información de tres personas muertas en la comunidad de los chagüites antes indicado, esto en el lugar conocido como la balastrera, por lo que se desplazaron, realizando reconocimiento cadavérico de don A. O., quién presentaba heridas en espalda y cráneo, su hija M. O. O., quién presentaba heridas en cuello, cabeza y espalda y el menor J. M. O. C., de un año cinco meses de edad, quién presentaba herida en cráneo, todas producidas por arma de fuego, mismas que de forma inmediata les produjo la muerte. Minutos después de ocurrido los hechos agentes de la policía, reciben nuevamente llamada mediante la cual les informan que en una calle sin salida del barrio San Francisco del municipio de Siguatepeque, departamento de Comayagua, se encontraba un vehículo tipo: Pick up, color: azul, marca: Toyota 22 R, placa: PAM 4189, atascado en un zanjo y en condición de abandono, constando dichos agentes, que era el mismo que minutos antes según testigo protegido Z1 era conducido por el señor A. O. P.; El testigo protegido Z2 quién se encontraba en dicho sector cuidando ganado, es quién alerta a las autoridades, y quién observo a escasas cuadras de distancia, el vehículo atascado e inmediatamente bajarse de él mismo, a dos individuos armados reconociendo solamente a M. J. C. V., quienes salen corriendo en dirección a un río, perdiéndolos de vista; tiempo después agentes policiales detienen a M. J. C. V.”. En el caso sometido al análisis de esta Sala, se colige que, según la declaración de los hechos probados, el imputado ejecutó la acción de privar de la vida, mediando:a) La alevosía súbita, inesperada o inopinada, llamada también «sorpresiva»[2], en la que el sujeto activo, aun a la vista o en presencia de la víctima, no descubre sus intenciones y aprovechando la confianza de aquélla actúa de forma imprevista, fulgurante y repentina. La víctima es sorprendida totalmente desprevenida, ya se encuentre de espaldas o incluso de frente, gracias a lo repentino e inopinado de la agresión. En estos casos es precisamente el carácter sorpresivo de la agresión lo que suprime la posibilidad de defensa, pues quien no espera el ataque difícilmente puede prepararse contra él y reaccionar en consecuencia, al menos en la medida de lo posible. b) La alevosía de desvalimiento (que roza el abuso de superioridad),[3] en que el sujeto agente aprovecha una situación de absoluto desamparo de la víctima, como acontece en los casos de personas desvalidas por su edad (ancianos, niños), por su invalidez física o psíquica (enfermos graves), o por estar en estado de inconsciencia (personas ebrias en fase letárgica o comatosa, drogadas, dormidas o privadas de conocimiento). Aunado a lo anterior, el censor tampoco tiene razón respecto al fondo de su alegato, pues como se explicó ut supra, la premeditación no necesariamente requiere planeamiento, basta que se tenga la idea criminosa y que se aproveche una circunstancia específica para materializar la idea, deseada de manera previa; en el caso que nos ocupa, una vez que iban en la paila, ya se encontraba en el pensamiento inmerso de los sujetos activos de la presente causa y que asumieron la irrevocable decisión de cometer el ilícito y durante el trayecto analizaron el lugar en que atacarían a sus víctimas, esto por el lugar donde encuentran los occisos, una carretera de tierra desolada, una vez cometido el hecho se apoderan del vehículo propiedad del señor A. O. y huyen del lugar; con la conducta antes descrita queda evidenciada una manifestación de la alevosía proditoria.Esta Sala de lo Penal, concuerda con el A-Quo, en el análisis de los hechos, a la luz de la configuración jurídica del tipo penal de asesinato. De igual manera, esta Sala considera acertada la decisión del A-Quo en cuanto a la configuración de un delito de Robo de vehículo en grado de ejecución de tentativa, pues del hecho declarado como probado, el cual se desliga directamente de las pruebas evacuadas durante el juicio, queda acreditado que el ahora condenado M. J. C. V., fue reconocido como una de las personas que se conducían en el vehículo propiedad de la víctima de asesinato: A. O. P. En cuanto a esto, es evidente que en la acción ejecutada por el imputado concurre el elemento del despojamiento mediante violencia, la cual queda demostrado con el asesinato del propietario del bien mueble. Está claro que el acusado actuó en la ofensa contra la vida, con evidente alevosía y premeditación, consecuentemente se ha hecho una correcta elección de la norma penal que rige el caso concreto; de igual manera en lo que se refiere al ilícito contra la propiedad, por lo que procede desestimar el recurso de casación por infracción de ley interpuesto por la Defensa Pública.Recurso de casación por infracción de precepto constitucional.El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo, la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada, un precepto constitucional.Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. [4]En general toda norma legal puede enlazarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe seleccionar este tipo de recurso en la medida en que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro (recurso ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (recursos extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández de la Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. Interpuesto por la Defensa Pública. Único Motivo. *Precepto Autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Penal. *Normas que se denuncian infringidas: Artículo 89 de la Constitución de la República. *Concepto de la Infracción: Violación al derecho fundamental de presunción de inocencia. *Remedio de Saneamiento Presentado contra el Vicio Denunciado: No determinado por la Censora; *Pretensión: Declarar con lugar el presente Recurso de Casación.Considera el recurrente que el tribunal A-Quo ha infringido el artículo 89 de la norma constitucional, referente al principio de estado de inocencia, en virtud de que su representado fue condenado por puras sospechas, es decir sin contar con prueba directa, en lo que constituye una flagrante vulneración a la presunción de inocencia; establece que el Ministerio Público presentó un listado de pruebas, pero con ninguna de ellas se puede acreditar de forma directa la participación de nuestro representado en el gravoso delito de tres asesinatos y un robo de vehículo en su grado de ejecución de tentativa y que las pruebas resultan insuficientes para enervar el estado de inocencia. Del Derecho/Principio del Estado Material de Inocencia.El derecho al estado de inocencia, proclamado y reconocido por la Constitución de la República en su artículo 89 establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente; éste derecho-principio constituye una regla de juicio, pues opera en el ámbito de la jurisdicción penal, endosando el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías; por su importancia tal principio ha sido plasmado en el Estatuto de Roma, que establece la necesidad de que los magistrados de la Corte Penal Internacional estén convencidos, más allá de toda duda razonable, de la culpabilidad que se imputa para dictar una sentencia condenatoria (Art. 66.3). De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de delito será válida, sin infracción del derecho al estado de inocencia, cuando se sustente en al menos una mínima actividad probatoria considerada de cargo, practicada de modo no arbitrario, que permita arribar certeza de la culpabilidad del acusado. El Principio de Inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. (Ver al respecto el fallo de fecha 04 de octubre del 2005 en Exp. 2597-2004 de la Sala de lo Penal).El Principio de Inocencia está íntimamente relacionado con el debido proceso probatorio: el proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad; para el pronunciamiento de la sentencia condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al juzgador, sin vacilaciones y sin dudas establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable.En el informe No. 50/00 del caso 11,298 del 13 de abril de 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha señalado que: “118 […] De todas las garantías judiciales propias del ámbito penal, la más elemental es, quizás, la presunción de inocencia […].”; Por su parte este Tribunal de Casación en fallo de fecha 14 de mayo del 2007 del Expediente 312-2006, declaró que el Estado de Inocencia “… es un estado inherente a la persona humana …”, este derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art.14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8.2), además es norma pilar de la Constitución de la República (Art. 89 Superior) que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (Arts. 1 y 2 CPP), y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto si no se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria.La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la sentencia de fecha 01 de septiembre de 2011, dictada con ocasión del caso López Mendoza vs. Venezuela ha indicado:128.- En el ámbito penal esta Corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales. La presunción de inocencia implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probando corresponde a quien acusa. Así, la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado. Además, la falta de prueba plena de la responsabilidad en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de presunción de inocencia, el cual es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho de defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme […].”.Es de considerar además que esta Sala de lo Penal ha señalado en sentencia del 30 de mayo de 2011, en expediente 304-2010:“La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.”.En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal tendrá la tarea de verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que aunque mínima, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías y valorada prudentemente por el tribunal de sentencia según las reglas de la sana crítica, así pues en casación se deberá examinar (ver al respecto el fallo de fecha 05 de abril del 2011, en el Exp. 042-2009 de la Sala de lo Penal): a)Licitud de la Prueba: Si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos; b) Debido Proceso Probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal; c) Debida Motivación: Si las conclusiones probatorias del Tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad; d) Debido Razonamiento Probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada; y e) Suficiente Carga Probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación en el hecho del acusado y su grado de culpabilidad en ellos.Al respecto la Corte IDH en sentencia de fecha 26 de noviembre de 2010, en el caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, determinó que:“183. Asimismo, el Tribunal ha sostenido que tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención, dicho principio exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla. Así, la falta de prueba plena de la responsabilidad penal en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de inocencia, […].”.De la Procedencia del Recurso El recurso no es de recibo. Según el recurso presentado por la defensa, establece que existe infracción del artículo 89 de la Constitución de la República; la Sala de lo Penal en materia de presunción de inocencia, no procede a hacer un nuevo análisis o valoración de la prueba practicada en juicio, ni a hacer una revisión crítica de la valoración de instancia, pues su función es verificar y comprobar que el A-Quo, dispuso de un mínimo de actividad probatoria, evacuada con todas las garantías constitucionales y procesales, que esté acreditada la existencia de tales elementos probatorios y que se respetaron las reglas de la sana critica racional, ya que la facultad de valoración de la prueba es cuestión exclusiva del tribunal de instancia.En el presente caso comparecieron al debate a declarar: Testigo Protegido clave Z1, Testigo protegido M2, y M. R. C. V.; Prueba documental: Lectura autorizada de la declaración del testigo protegido con clave Z2 (F.28 vuelto y 29 primera pieza de autos), acta de inspección ocular del lugar de los hechos, acta de diligencia policial, tres actas de levantamiento de cadáver, álbum fotográfico, certificación de acta de nacimiento de M. J. C. V.; Prueba Pericial: doctora C. G. S. A.;, quién ratificó las tres actas de levantamiento de cadáver; no habiendo prueba por parte de la defensa, y no hay evidencia de que las mismas hayan sido practicadas en violación a garantías procesales o constitucionales, habiendo contado el tribunal sentenciador con un mínimo de actividad probatoria.Esta Sala de lo Penal considera que la conclusión a que llega el A-Quo, además de fundarse en prueba legalmente admitida y evacuada, responde a las reglas de la lógica, por lo que no es posible pretender que este Supremo Tribunal valore alternativamente la prueba evacuada en primera instancia, habiendo ya sido valorada la misma por el Tribunal de Sentencia bajo los principios que rigen el proceso penal: inmediación, contradicción y oralidad, por lo que, no considera esta sala que el A-quo al momento de valorar la prueba irrespetó las reglas de la sana crítica racional, ya que las inferencias deducidas por el mismo sí son razonables, llegándose a conclusiones lógicas y concordantes, además de verdaderas, que se extraen como consecuencias de las pruebas legalmente evacuadas en el debate, y como producto de una motivación clara, completa y expresa, no pudiéndose concluir que los hechos probados de la sentencia estén en discordancia con los razonamientos expuestos en la valoración de la prueba; en consecuencia, se desestima el presente Recurso por Infracción por Precepto Constitucional. DECISIÓNNo ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley, en su único motivo, interpuesto por la Defensa Pública. No ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su único motivo, interpuesto por la Defensa Pública. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 360, 361, 363 y 369 del Código Procesal Penal; FALLA: PRIMERO: Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo interpuesto por el Abogado J. L. M. J., en su condición de Defensor Público de M. J. C. V. SEGUNDO: Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo interpuesto por el Abogado J. L. M. J., en su condición de Defensor Público de M. J. C. V. TERCERO: Declara FIRME Y EJECUTABLE la sentencia de fecha veintisiete de octubre de dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, departamento de Comayagua. Y MANDA: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.FIRMAS Y SELLO.JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. Magistrado Coordinador. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. Magistrado. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.Magistrada. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. Receptora Adscrita. Sala de lo Penal.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de agosto del año dos mil diecinueve. Certificación de la Sentencia de fecha veinticinco de junio del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-166-2016.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
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[1] Sentencia de fecha veintinueve de septiembre de dos mil once en el proceso No. 218-2010, emitida por la Honorable Corte Suprema de Justicia.
[2]Manual de Derecho Penal. Parte Especial. Vol.1/L. Alfredo de Diego Diez. Magistrado. Doctor en Derecho.
Profesor de Derecho Procesal de la Universidad” Pablo de Olavide” (Sevilla-España)
[3] Manual de Derecho Penal. Parte Especial. Vol.1/L. Alfredo de Diego Diez. Magistrado. Doctor en Derecho.
Profesor de Derecho Procesal de la Universidad” Pablo de Olavide” (Sevilla-España)
[4]El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que, durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.