Sentencia CP-165-15 — Registro 9890
Resumen
En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Robo Agravado en su grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio de Testigo Protegido.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO.LOS MOTIVOS SON DE RECIBO. Luego de analizar los motivos de casación planteados por la recurrente y de revisar de manera minuciosa los hechos que el Tribunal Sentenciador ha considerado como probados, esta Sala de Casación observa que en efecto existe quebranto a leyes sustantivas contenidas en los artículos 14, 217, 218, 225 numeral 4, todos del Código Penal; puesto que el Juzgador ha considerado que el accionar de los imputados al despojar de sus pertenencias personales al ofendido, así como el vehículo en el que se transportaba no se había consumado, por lo que consideró sus delitos en tentativa. Esta Sala de lo Penal con la doctrina que ha asumido y a la cual se hace referencia en el numeral “1B”, considera que conforme están redactados los hechos probados, los cuales son la base y el cimiente de la sentencia penal, es posible establecer que los acusados F. M. M. y E. C. C. B. desde el momento en que despojaron de sus pertenencias al ofendido, le quitan la posibilidad de disponer libremente de ellos y por tanto el delito no sería tentado, sino que consumado; pues como lo explicábamos la mera posibilidad de disponer, es suficiente siempre y cuando el sujeto activo pueda ocultar la cosa, destruirla, consumirla o menoscabarla, aunque no llegue a hacerlo, pero que haya la disponibilidad que caracteriza la consumación, Pero si ya ha habido apoderamiento, estamos ante el delito consumado conforme al artículo 14 del Código Penal, al concurrir todos los elementos de su tipificación legal, porque se han realizado todos los actos ejecutivos, aunque no haya podido disponer definitivamente de la cosa, fase que entra ya en el grado de agotamiento del delito. Así las cosas, observamos que el Sentenciador al redactar los hechos probados y luego encajarlos al tipo penal, incurrió en aplicación indebida del artículo 15 del Código Penal y en falta de aplicación del artículo 14 del mismo cuerpo legal, al considerar las acciones de los acusados como delitos tentados, por lo que, es procedente declarar con lugar el recurso de casación por infracción de ley en sus tres motivos, imponiendo a los imputados las penas que corresponde a los delitos consumados de Robo Agravado y Robo de Vehículo Agravado. Para la determinación de la pena concreta a imponer para cada uno de los imputados y por los delitos acusados, debemos tomar en consideración lo que establece el artículo 69 del Código Penal, es decir los antecedentes personales, su mayor o menor peligrosidad, las circunstancias agravantes y atenuantes y la mayor o menor extensión de los males producidos. Conforme la audiencia de individualización de la pena, la fiscalía del Ministerio Público no aportó pruebas, solicitando la imposición de las penas mínimas para cada delito, por su parte la defensa presentó constancia de que sus patrocinados no poseen antecedentes penales y tienen buena conducta dentro del centro penal; por lo que, tomando como base los argumentos del Sentenciador, lo procedente es imponer a los imputados F. M. M. y E. C. C. B. las penas mínimas de cada delito. V. DECISIÓN Se declara ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley, interpuesto por el Ministerio Público en sus tres motivos.VI. POR TANTOLa Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 360, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 14, 69, 217, 218, 225 numeral 4 del Código Penal..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veinte de febrero del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “I. Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días de febrero de dos mil diecinueve, el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados: José Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian En Nombre Del Estado De HondurasLa sentencia en el Recurso de Casación SP 165-2015 por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha veintiocho de febrero del dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, mediante la cual falló: 1) Condenando al señor F. M. M. a la pena de Cuatro (04) años, Cinco (05) meses y diez (10) días de reclusión, por el delito de Robo Agravado en su grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio de Testigo Protegido G-1. 2) Condenando al señor F. M. M. a la pena de Ocho (08) años, diez (10) meses y veinte (20) días de reclusión, por el delito de Robo de Vehículo Agravado en su grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio de S. A. C. M. 3) Condenando al señor E. C. C. B. a la pena de Cuatro (04) años, cinco (05) meses y diez (10) días de reclusión, por el delito de Robo Agravadoen su grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio de Testigo Protegido G-1. 4) Condenando al señor E. C. C. B. a la pena de Ocho (08) años, diez (10) meses y veinte (20) días de reclusión, por el delito de Robo de Vehículo Agravado en su grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio de S. A. C. M. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley, la Abogada A. C. V. en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Son Partes En La Única Instancia: La Abogada R. L. C. G. en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente; el Abogado M. R. A. E. en su calidad de Defensor Público del imputado E. C. C. B. y el Abogado J. R. I. en su condición de Defensor Público del imputado F. M. M. ambos como partes recurridas.II. Hechos Probados PRIMERO: En fecha treinta y uno de agosto del año dos mil once aproximadamente a las dos de la tarde, se conducía el testigo protegido con la clave G-1, en un vehículo propiedad de S. A. C. M., marca Mazda, tipo turismo, color blanco, con número de placa AAG-7492 que prestaba servicio de transporte público tipo taxi con registro número 5063 y a inmediaciones de la Colonia La Paz, ubicada al sur este de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, fue abordado por una persona desconocida quien le contrató para hacer una carrera hacia la colonia Satélite, en el trayecto lo conminó con una arma de fuego a fin de que a tres cuadras, exactamente en la Colonia La Unión detuviera la marcha del vehículo, para que ingresara F. M. M. continuando el trayecto, y en la 27 calle detuvieron nuevamente el vehículo donde E. C. C. B. se subió al mismo y acto seguido despojó al testigo protegido G-1 de su billetera conteniendo documentos personales, como su licencia de conducir y un teléfono celular Motorola U-G color rojo vino, luego de lo cual ataron al testigo 0-1 de las manos y lo ingresaron en el área del baúl del vehículo. SEGUNDO: Cuando se conducían en contra vía sobre la 9 calle, de la avenida Júnior del barrio Barandillas de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, agentes policiales que realizaban operativo de rutina, observaron el vehículo descrito en el numeral anterior que se conducía en sentido contrario, haciéndole señal de parada, siendo requerido F. M. M. quien conducía el vehículo y una vez registrado se le encontró en posesión de la licencia de conducir del testigo protegido G-1, y a su acompañante E. C. C. B. se le encontró el teléfono celular Motorola U-G color rojo vino propiedad del testigo protegido G-1, percatándose los agentes policiales que en el baúl del vehículo se escuchaban golpes y ruidos y al abrir el mismo encontraron en el interior al testigo protegido G-1 que estaba atado de sus manos, por lo que procedieron a detener a los señores F. M. M. E. C. C. B. y a una tercera persona.III. Recurso De Casación. Motivos y ArgumentosRecurso de Casación por Infracción de Ley“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE CASACIÓN. PRIMER MOTIVO: Infracción de Ley por Aplicación Indebida de los artículos 217 y 218 en relación con el 15, todos del Código Penal”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO: El precepto penal de orden sustantivo que se cita como infringido textualmente dice: “Artículo 15: Hay tentativa cuando, con la intención de cometer un delito determinado, se realizan actos inequívocos de ejecución y no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente” “Artículo 217: Comete el delito de robo quien se apodera de bienes muebles ajenos, los animales incluidos, empleando violencia o intimidación en las personas o fuerzas en la cosas...” “Artículo 218: “…Al culpable del delito de robo de vehículos automotores terrestres, naves aéreas, buques y otros bienes similares se le aplicará una pena de diez (10) a quince (15) años de reclusión…” Por su parte, el Tribunal sentenciador luego de evacuadas todas las probanzas propuestas, estimó como hecho probado en lo relevante lo siguiente: “PRIMERO: En fecha treinta y uno de agosto del año dos mil once aproximadamente a las dos de la tarde, se conducía el testigo protegido con la clave G-1, en un vehículo propiedad de S. A. C. M. marca Mazda, tipo turismo, color blanco, con número de placa AAG-7492 que prestaba servicio de transporte público tipo taxi con registro número 5063 y a inmediaciones de la Colonia La Paz, ubicada al sur este de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, fue abordado por una persona desconocida quien le contrato para hacer una carrera hacia la colonia Satélite, en el trayecto lo conminó con una arma de fuego a fin de que a tres cuadras, exactamente en la Colonia La Unión detuviera la marcha del vehículo, para que ingresara F. M. M. continuando el trayecto, y en la 27 calle detuvieron nuevamente el vehículo donde E. C. C. B. se subió al mismo y acto seguido des pojó al testigo protegido G-1 de su billetera conteniendo documentos personales, como su licencia de conducir y un teléfono celular Motorola U-G color rojo vino, luego de lo cual ataron al testigo 0-1 de las manos y lo ingresaron en el área del baúl del vehículo. SEGUNDO: Cuando se conducían en contra vía sobre la 9 calle, de la avenida Júnior del barrio Barandillas de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, agentes policiales que realizaban operativo de rutina, observaron el vehículo descrito en el numeral anterior que se conducía en sentido contrario, haciéndole señal de parada, siendo requerido F. M. M. quien conducía el vehículo y una vez registrado se le encontró en posesión de la licencia de conducir del testigo protegido 0-1, y a su acompañante E. C. C. B. se le encontró el teléfono celular Motorola U-G color rojo vino propiedad del testigo protegido G- 1, percatándose los agentes policiales que en el baúl del vehículo se escuchaban golpes y ruidos y al abrir el mismo encontraron en el interior al testigo protegido 0-1 que estaba atado de sus manos, por lo que procedieron a detener a los señores F. M. M. E. C. C. B. y a una tercera persona.” El vicio en el cual ha incurrido el sentenciador se hace evidente al darle lectura al tercer párrafo del numeral primero del acápite de fundamentos jurídicos, donde HA estableció lo siguiente: “cuando ha establecido en el numeral tercero del acápite de fundamentos jurídicos, donde estableció lo siguiente: “El artículo 217 del Código Penal define que: comete el delito de robo quien se apodera de bienes muebles ajenos, los animales incluidos, empleando violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas.- En consecuencia los hechos probados y descritos en esta sentencia en el cual tuvieron participación los imputados constituyen delitos de Robo Agravado y Robo de Vehículo Agravado, ambos en su grado de Ejecución de Tentativa, quedando demostrado más allá de toda duda razonable dichos ilícitos en mención; pues el hecho que un primer sujeto abordara el taxi y haciendo uso de una arma de fuego obliga al conductor a que se subiera el segundo sujeto que corresponde al nombre de F. M. y posteriormente suben a E. C. C. B. es concluyente en afirmar que todos tenían el dominio de los hechos y respondiendo a una unidad de actuaciones, es decir que ambos encausados y en compañía de una tercera persona tuvieron el co-dominio del hecho que por virtud de una unidad de voluntades han establecido un vínculo de solidaridad, entre los acusados, y que les hace responsables en el mismo grado, pues ambos coadyuvaron de modo eficaz con su participación al fin propuesto, independientemente de los actos que individualmente ejecutaron, todos iban encaminados al logro de la propia finalidad ilícita; de igual forma dichas acciones se subsumen en el artículo 15 del Código Penal, al quedar las mismas en su grado de ejecución de tentativa, porque los imputados dirigieron sus propios actos a un fin determinado, como ser el uso de un arma de fuego, con la cual pretendieron apoderarse de bienes muebles de ajena pertenencia, incluido un vehículo automotor, al realizar dichos actos no queda duda de que se ha dado inicio a la ejecución de dos delitos determinados en concurso real de acuerdo al artículo 35 de la misma ley penal sustantiva, por haberse realizado varias acciones, dando como resultado la comisión de dos ilícitos penales, mismos que no se consumaron por la pronta intervención policial, quienes al presenciar que el vehículo circulaba en contraposición de lo establecido en la Ley de Tránsito, decidieron requerir al conductor del mismo y tras escuchar un ruido que provenía del baúl, decidieron abrirlo y fue en ese lugar donde encontraron al testigo protegido con lave G-1 quien llevaba las manos atadas; lo que conlleve en afirmar que los encausados realizaron actos inequívocos de ejecución, como ser una manifestación de voluntad de manera objetiva, como producto del plan delictual, dando comienzo a la causalidad de la acción, dichos actos realizados inciden en el núcleo de los tipos penales de robo y robo de vehículo, ambos agravados en sus grados de ejecución de tentativa, por haber participado más de dos personas en la comisión de los mismos, el cual tiene su sustento legal en los artículos 219 último párrafo en relación con el 225 numeral 4 del mismo Código Penal, pues materialmente pusieron en peligro el bien jurídico penalmente protegido como de la propiedad, al exteriorizar los actos planeados y comenzados a ejecutar penetrando efectivamente en el núcleo de los tipos penales antes descritos.” Que tal y como está estructurado el cuadro fáctico, podemos apreciar que el Juzgador ha incurrido en el vicio enunciado, esto debido a que la conducta descrita, claramente describe un delito consumado, al respecto el Jurista Bustos Ramírez, en su comentario sobre los requisitos del delito de Hurto y Robo, expresa lo siguiente: “La conducta consiste en Apoderarse de una cosa, expresión que no pareciera difícil de interpretar, pero que ha dado origen a una larga discusión en relación al momento consumativo, en razón del bien jurídico protegido. En todo caso más amplia que sustraer o extraer, ya que bastaría con la disponibilidad ilegitima de la cosa que estaba en poder de otro... En éste sentido el momento consumativo solo puede estar referido al momento en que la disponibilidad de la cosa ha pasado de manos del sujeto pasivo al sujeto activo, en ese momento se puede decir que se ha apoderado de la cosa…”. Nótese que según éste autor la consumación del delito está referida al instante en que la disponibilidad de la cosa ha pasado de manos del sujeto pasivo a manos del sujeto activo, situación que se presenta en el caso sub judice, donde los imputados utilizando intimidación en la persona del ofendido, quien en ese momento conducía el vehículo tipo turismo, marca Mazda, color blanco con placa número AAG-7492, que presentaba servicio de taxi con número 5063, fue abordado por una persona desconocida, quien con arma de fuego hizo que detuviera la marcha del vehículo para que abordara F. M. M. deteniéndose nuevamente para que lo abordara E. C. C. B. despojando al ofendido de su cartera y su teléfono celular Motorola U-G color rojo vino, luego lo ataron de sus manos y lo ingresaron al baúl de dicho automotor y porque iban contra vía, fueron detenidos por la Policía, quienes al escuchar ruido en el baúl, lo abrieron y encontraron a la víctima atada de sus manos, por lo que procedieron a la captura de los imputados, por lo que la acción realizada por los acusados constituye un delito consumado de Robo de Vehículo, y no de Robo de Vehículo, en su grado de ejecución de Tentativa como erróneamente lo calificó el juzgador. Sobre este extremo manifestado por el Juzgador, la Jurisprudencia del Tribunal Supremo Español es reiterativa al expresar: Que para la consumación jurídica de los delitos patrimoniales y, dentro de ellos, en los delitos de robos reales no violentos, basta con la disponibilidad de una parte de lo sustraído para que quede consumado en sí. La disponibilidad puede ser momentánea, fugaz o de breve duración. Sí hubo disponibilidad, aunque luego será detenido y recuperado en su integridad los objetos, se produjo la consumación. La falta de aplicación se da cuando el Juzgador establece que aun habiéndose apropiado los acusados formalmente del vehículo y las pertenencias del ofendido, este apoderamiento es meramente formal, puesto que los sujetos activos materialmente no lograron disponer del mismo por una causa externa a su voluntad, criterio que no compartimos, ya que como se ha señalado anteriormente los encartados una vez que despojaron al ofendido de su vehículo procedieron a amarrarle de sus manos, lo introdujeron en el baúl de dicho automotor y tomaron control del mismo, por lo que el bien mueble salió de la esfera de disponibilidad de la víctima y pasó aunque sea de forma momentánea a disponibilidad de los encausados. La Honorable Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Honduras, en casos similares al sub judice, se ha pronunciado de la manera siguiente: “Este motivo es de recibo, el verbo rector del delito de robo es el de “apoderar” que significa quitar la tenencia o disposición que se ejerce sobre un bien mueble, pudiera pensarse que no existe desapoderamiento cuando la proximidad del bien mueble con su dueño o tenedor no se pierde, pero en los delitos contra la propiedad mueble la proximidad sin disponibilidad o tenencia es intranscendente; por ejemplo cuando al tenedor o dueño le es arrebatado el bien y son sometidos mediante vis absoluta, el hecho de estar cerca del bien objeto del delito, sin su voluntad, sin disponibilidad sobre los mismos y sin posibilidad de recupéralos, es intrascendente.- La ley considera que existe tentativa, cuando el imputado realiza todos los actos para que se dé un resultado, y este no se da por causas ajenos a su voluntad.- En esta sentencia el juzgador subsume los hechos en el tipo de tentativa de robo, partiendo del presupuesto de que los actos realizados por el procesado no logran el apoderamiento y no sacan de la esfera de dominio del dueño o tenedor los bienes, es decir que no se perdió la tenencia o disponibilidad sobre ellos; doctrinariamente la esfera de dominio no se refiere a la distancia o proximidad del mueble, sino a la posibilidad real o efectiva de tener disponibilidad del mismo…” De lo antes expresado, se desprende que la duración temporal de esa condición de disponibilidad puede ser de diversa extensión, desde lo momentáneo hasta lo permanente y es una cuestión que en cada caso la han de definir los hechos. En la presente causa, debe recalcarse que definitivamente se consumó formalmente el apoderamiento de los bienes, pues la intervención de la policía, en realidad se dio durante la etapa de consumación material, agotamiento o terminación del delito, por tanto hubo un momento, un brevísimo espacio de tiempo si se quiere, en que los autores se apoderaron del vehículo en que se conducía la víctima y las pertenencias que portaba, mediante el uso de armas, y superando definitivamente la resistencia u oposición de éste, la intervención de la policía vino a darse con posterioridad a esta situación, no fue contemporánea sino subsiguiente al apoderamiento y éstos tuvieron una disponibilidad del automotor por un corto espacio de tiempo. Lo expuesto anteriormente evidencia lo desacertado de la posición fijada por el Sentenciador en tercer párrafo del numeral quinto del acápite de fundamentos jurídicos de la sentencia impugnada, dado que del factum no se desprende los elementos exigidos por la norma penal en los artículos 15, 217 y 218 para configuración del delito Robo de Vehículo, ambos en su grado de Ejecución de Tentativa, es por ello, que al realizar la subsunción típica de los hechos que el Juzgador consideró como verdad incuestionable, violenta por aplicación indebida las normas supra referidas.”“SEGUNDO MOTIVO: “Infracción de Ley por Falta de Aplicación de los artículos 217 y 218 en relación con el 14, todos del Código Penal”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO: Los preceptos penales de orden sustantivo que se citan como infringidos textualmente dicen: “Artículo 14: El delito es consumado cuando en él concurran todos los elementos de su tipificación legal” “Artículo 217: Comete el delito de robo quien se apodera de bienes muebles ajenos, los animales incluidos, empleando violencia o intimidación en las personas o fuerzas en la cosas...” “Artículo 218: “...Al culpable del delito de robo de vehículos automotores terrestres, naves aéreas, buques y otros bienes similares se le aplicará una pena de diez (10) a quince (15) años de reclusión...” De los hechos declarados como probados, y ya transcritos en el motivo anterior se constata que la conducta asumida por los imputados se enmarca en el delito de Robo de Vehículo Consumado, por lo que el Tribunal de Sentencia, al condenar a los procesados por las infracciones antes indicadas en su grado de ejecución de tentativa ha incurrido en el vicio in iudicando, inferencia que deviene de las consideraciones de hecho y jurídicas siguientes: El artículo 14 del Código Penal antes transcrito y el cual se ha citado como precepto infringido establece que el delito es consumado cuando en él concurren todos los elementos de su tipificación legal, del relato fáctico se describen como verdades intangibles, acciones que se enmarcan a plenitud en los requisitos objetivos y subjetivos del precepto legal citado como violado, puesto que al haber estimado el sentenciador como probado que cuando el Testigo Protegido G-1 se conducía en el vehículo tipo marca Mazda, tipo turismo, color blanco, con número de placa AAG.7492, que prestaba el servicio de transporte público (tipo taxi), fue abordado por una persona desconocida, quien le contrató para hacer una carrera a la colonia Satélite, en el trayecto lo amenazó con un arma de fuego para que detuviera la marcha del vehículo y así fue como ingreso al mismo F. M. M. continuando el trayecto más adelante abordó el vehículo E. C. C. B, despojándolo de su billetera conteniendo documentos personales, como su licencia de conducir y un teléfono celular Motorola U-G color rojo vino, lo ataron de las manos y lo ingresaron al baúl de dicho automotor y cómo iban en contra vía la policía que realizaba operativo de rutina, observaron lo que estaba ocurriendo, por lo que procedieron a detenerlos y cuando el vehículo estaba estacionado escucharon ruido en el baúl, procediendo a abrirlo encontrando al testigo protegido G-1 atado de sus manos, procediendo de inmediato a la captura de los encartados. El juzgador expone en el numeral quinto del apartado de la fundamentación jurídica: “La acción ejecutada por los imputados es típica pues concurren en ella todos los elementos del tipo penal de Robo de Vehículo Agravado ambos en su grado de ejecución de tentativa, al pretender tres personas haciendo uso de una arma de fuego, apoderarse de bienes muebles de ajena pertenencia, incluido un vehículo automotor, misma que no fue consumada por causas ajenas a la voluntad de los causantes; es antijurídica por cuanto su acción es una conducta penalmente prohibida y no está cubierta por ninguna eximente; culpable y a que se realizó voluntariamente la ejecución del injusto; punible porque las acciones probadas a los imputados tiene asignada una pena en el artículo 218 del Código Penal en relación con los artículos 15 y 66 de la misma ley sustantiva…” Estimamos necesario referir lo que la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia ha expuesto en relación al Apoderamiento en el fallo número 263-2008: “La Sala de lo Penal, partiendo de que el núcleo de la acción descrita en el tipo penal de Robo es el “apoderamiento”, entiende que, ello implica que el sujeto activo debe haberse apoderado de la cosa mueble, debiéndose entender para ese apoderamiento que el ofendido sea desapoderado de la cosa mueble para la efectiva lesión del bien jurídico tutelado, ahora bien, para considerar su plena consumación es necesario que concurra la “disponibilidad” del autor sobre la cosa mueble desapoderada a la víctima, siendo necesario para ello que, además del apoderamiento material (apropiarse de la cosa mueble), se pueda tener disponibilidad de los bienes robados, lo cual sólo sucede cuando el autor logra colocar la cosa mueble aunque sea de manera momentánea en orden o condición beneficiosa para considerar lo que hará con los bienes, es decir actos de disponibilidad de dominio, enajenar, poseerla, regalarla, etc. La disponibilidad del autor, para que vaya más allá del apoderamiento material requerirá la disponibilidad de manera momentánea o de manera permanente situación que se deberá definir en cada caso concreto de conformidad a los hechos acaecidos...” De lo antes expuesto anteriormente evidencia lo desacertado de la posición fijada por el Sentenciador en acápite de fundamentos jurídicos de la sentencia impugnada, dado que del factum se desprende los elementos exigidos por la norma penal en los artículos 14, 217 y 218 para configuración del delito de Robo de Vehículo consumado, es por ello, que al realizar la subsunción típica de los hechos que el Juzgador consideró con verdad incuestionable, violenta por falta de las normas supra referidas. “AL TERCER MOTIVO: “Infracción, por falta de aplicación del artículo 14 en relación con el 217 y 225 numeral 4) del Código Penal”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO: El precepto penal de orden sustantivo que se cita como infringido textualmente dice: “Artículo 14: El delito es consumado cuando en él concurren todos los elementos de su tipificación legal.” “Artículo 217: Comete el delito de robo quien se apodera de bienes muebles ajenos, los animales incluidos, empleando violencia o intimidación en las personas o fuerzas en la cosas...” “Artículo 225: Las penas aplicables según el Artículo anterior se aumentaran en (1/3) un tercio si el hecho se cometiere: ...4) Con la cooperación de dos o más personas o por una sola que se finja agente de la autoridad, o empleado de un servicio público;” De los hechos declarados como probados, y ya transcritos en el primer motivo se constata que la conducta asumida por los imputados E. C. C. B. Y F. M. M. se enmarca en el delito de Robo Agravado Consumado, por lo que el Tribunal de Sentencia, al haber condenado a los procesados como responsables de la comisión del delito de Robo Agravado en su grado de ejecución de tentativa, ha incurrido en el vicio in iudicando precitado, inferencia que deviene de las consideraciones de hecho y jurídicas siguientes: El delito de robo es un delito complejo en el cual, junto al ataque al patrimonio se considera la afección a la vida, no basta con la apropiación de la cosa mueble ajena, sino que además debe de estar presente la violencia para realizar dicha apropiación, en el caso en estudio, de los hechos declarados como probados se desprende que los encausados despojaron al ofendido de su billetera en donde andaba la licencia de conducir y del teléfono celular marca Motorola UG color rojo vino, al que se hace referencia en los motivos anteriores, y luego lo atan de sus manos y la introducen en el baúl del vehículo, consumando con este acto el tipo establecido en el artículo 217 del Código Penal, por lo que conforme al factum los hechos deben de calificarse como un robo consumado. Además de las explicaciones brindadas en el motivo anterior, en apoyo a nuestras tesis encontramos posiciones doctrinales como la fijada por Francisco Muñoz Conde, en la cual dentro de la fase externa del itercriminis cabe hacer una distinción entre la etapa de consumación y la etapa de agotamiento del delito, por lo que este autor señala que distinta a la “consumación formal” es la “consumación material, agotamiento o terminación del delito”, en la que el autor no solo realiza todos los elementos típicos, sino que, además, consigue satisfacer la intención que perseguía. Es lo cierto que, en el caso sub judice hubo un momento, un brevísimo espacio de tiempo si se quiere, en que los autores se apoderaron de las pertenecías propiedad de la víctima, mediante el uso de armas de fuego, y superando definitivamente la resistencia u oposición del ofendido, además que la intervención de la policía vino a darse con posterioridad a esta situación, no fue contemporánea sino subsiguiente al apoderamiento y escape de los imputados del lugar. De lo antes expresado se evidencia que las acciones ejecutadas por los encausados deben de ser tipificadas como robo, ya que, de los hechos probados, así como de la prueba que incorporada al debate, se demuestra que la infracción penal supra referida fue consumada por los procesados ya que éstos tuvieron la disponibilidad de la cosa, ya que paso de las manos de la víctima a las manos de los procesados, teniendo la posibilidad de utilizarlos y disponer de ellos, aunque fue de manera momentánea. Es por ello, que al realizar la subsunción típica de los hechos que el Tribunal de Sentencia consideró con verdad incuestionable, violenta por falta de aplicación del artículo 14 en relación con el 217 del Código Penal, al no subsumir la conducta de los enjuiciados en el delito de Robo Agravado Consumado, debiendo imponerse, la pena que de conformidad a ley corresponda.” IV. Fundamentación 1) Del Recurso de Casación por Infracción de Ley Como lo ha reiterado esta Sala de lo Penal, por tratarse de un Recurso de Casación por Infracción de Ley, solo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley, tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala, de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso, dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el Juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (Hechos Probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma.Conforme lo regula el artículo 360 del Código Procesal Penal, el objeto de la Infracción en un recurso de casación por infracción de ley puede recaer en tres aspectos: a) Precepto Penal de Carácter Sustantivo, es decir normas penales en sentido estricto, como son las que determinan delitos, faltas, estados peligrosos, penas, medidas de seguridad, eximentes de responsabilidad penal, formas de intervención en el delito, grados de realización del delito, circunstancias agravantes o atenuantes, reglas relativas a la responsabilidad civil etc., es decir aquellas que conforman el derecho penal material o sustantivo. b) Norma Extrapenal, referente a aquellas que pertenecen al derecho penal sustantivo, que no se encuentran en el Código Penal o leyes penales especiales, pero que deben ser “observadas para la aplicación de la ley penal”, por ejemplo las leyes penales en blanco, que son aquellas que señalando la pena aplicable al delito, omiten establecer todo o parte de la conducta punible y para poder completarla se remite a otra norma, bien sea penal o no. c) Principio de Doctrina Legal, debemos entender por doctrina, de conformidad al párrafo segundo del artículo 360 del Código Procesal Penal, “La reconocida como tal por la Corte Suprema de Justicia, por medio de tres sentencias conformes sobre un mismo asunto” . Otra circunstancia a considerar al momento de plantear un recurso de casación, son las diferentes especies del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, las cuales son: a) Violación o Falta de Aplicación, consistente en la falta de aplicación de la ley o doctrinas legales que correspondan o se ajusten a los hechos probados que enuncia la sentencia. Es la omisión de parte del Juzgador, en cuanto a la cita o aplicación de la norma aplicable al caso y que justifica legalmente los hechos probados de la sentencia. b) Aplicación Indebida, consiste precisamente en la invocación por el Juzgador, de leyes o doctrinas legales ajenas a la verdad concebida en los hechos probados de la sentencia, de tal suerte que se aprecia la incongruencia en el fáctum de la resolución y la norma que se le asigna. c) Interpretación Errónea, consistente en que citando la sentencia la ley correspondiente, se aplica otorgándole un sentido distinto al que tiene. En virtud que los tres motivos de casación por Infracción de Ley que ha interpuesto la recurrente, guardan estrecha relación entre sí y refieren al encuadramiento de la fundamentación fáctica del fallo, para respetar la logicidad y coherencia de la Sentencia Penal, se resolverán los tres motivos en un mismo apartado.1.a) Primer Motivo *Norma Autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal. *Norma Sustantiva que se denuncia Infringida: Artículos 217 y 218 en relación al 15, todos del Código Penal. *Concepto de la Infracción: Aplicación indebida de los delitos de Robo Agravado Tentado y Robo de Vehículo en grado de ejecución de Tentativa. *Pretensión: Sin determinar por la censora.Explicó la recurrente que al analizar el cuadro fáctico declarado como probado, se evidencia la desacertada decisión del Juzgador de encuadrar el accionar de los imputados en los delitos de Robo Agravado y Robo de vehículo, vistos ambos en su grado de ejecución de tentativa, al considerar el A-quo que no se consumó al accionar de los acusados, sin embargo, el cuadro fáctico no establece que el accionar de los acusados se configure en una tentativa, sino en un delito consumado. Segundo Motivo *Norma Autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal. *Norma Sustantiva que se denuncia Infringida: Artículos 217 y 218 en relación al 14, todos del Código Penal. *Concepto de la Infracción: Falta de aplicación de los delitos de Robo Agravado y Robo de Vehículo, ambos consumados. *Pretensión: Sin determinar por la censora. Explicó la pretensora que el artículo 14 del Código Penal establece que, el delito es consumado cuando en él concurren todos los elementos de su tipificación legal; el Juzgador en su fundamentación jurídica establece que la acción ejecutada por los imputados es típica pues concurren en ella todos los elementos del tipo penal de Robo de Vehículo y Robo Agravado en grado de ejecución de Tentativa, sin embargo, del factum de la sentencia se desprende que los delitos son consumados. Tercer Motivo *Norma Autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal. *Norma Sustantiva que se denuncia Infringida: Artículos 14 en relación al 217 y 225 numeral 4, todos del Código Penal. *Concepto de la Infracción: Falta de aplicación del artículo 14 del Código Penal que refiere al delito consumado. *Pretensión: Sin determinar por la censora.Explicó la recurrente que los hechos probados establecen que la conducta de los acusados se enmarca en el delito de Robo Agravado Consumado, pero el Tribunal ha incurrido en infracción de ley al considerar su accionar como un delito tentado; lo cierto es que en el caso sub judice, hubo un momento, un brevísimo espacio de tiempo en que los autores se apoderaron de las pertenencias propiedad de la víctima, mediante el uso de armas de fuego.1.b) Del delito de Robo[1]. El delito de robo aparece definido en el artículo 217 del Código Penal, según el cual: Comete el delito de robo quien se apodera de bienes muebles ajenos, los animales incluidos, empleando violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas. Se equipara a la violencia contra las personas el hecho de arrebatar por sorpresa a la víctima la cosa que lleva consigo o el uso de medios que debiliten o anulen su resistencia. El Código recoge las dos modalidades comisivas clásicas del delito de robo: la violencia o intimidación en las personas y la fuerza en las cosas. Sin embargo, ello no se traduce posteriormente en una distinta penalidad para sendos delitos. Efectivamente, el artículo 218 prevé para el culpable de robo una pena única, de cinco (5) a nueve (9) años de reclusión, estableciendo dos subtipos agravados y uno atenuado, con diferentes penas para el caso de que el robo recaiga sobre vehículos automotores terrestres, naves aéreas o buques (De 10 a 15 años), sobre ganado mayor (De 7 a 10), o sobre ganado menor (De 3 a 7), constituyendo agravante específica del delito el robo de tres o más cabezas de ganado mayor o menor. El empleo de violencia o intimidación en las personas supone una mayor peligrosidad que la fuerza en las cosas, y por tanto un mayor desvalor de acción, por lo que debería ser tenido en cuenta por losTribunales, al menos para individualizar la pena conforme a los criterios del artículo 69 del Código, dentro del amplio margen que la ley concede.Bien Jurídico Protegido. El bien jurídico protegido en el delito de robo es la propiedad de las cosas muebles, no el derecho de propiedad mismo -que mientras subsista la cosa sigue perteneciendo a su titular-; lo que se protege es el contenido jurídico y económico de dicho derecho de propiedad (El poder de señorío o conjunto de facultades que constituye la propiedad). De ahí que el propietario será siempre el sujeto pasivo, nunca el sujeto activo del robo (Puede incurrir en figuras de estafa o de coacciones, pero no en robo). Hay quienes consideran que, más ampliamente, se protege la posesión de cualquier origen y aun la mera tenencia, o la pacífica posesión de la cosa mueble. Sin embargo, parece que la posesión se tutela de modo indirecto, como consecuencia precisamente de la protección de la propiedad. De hecho, si se produce un segundo apoderamiento de una cosa mueble, detrayéndola del que, a su vez, la había robado a su titular, el perjudicado sigue siendo éste último. Y, a partir del texto legal -que es desde donde ha de llevarse a cabo la determinación del bien jurídico- resulta que en el mismo se habla de la «ajenidad» del bien mueble robado (Art. 217) y en el hurto se refiere el Código al dueño como sujeto pasivo del delito (Art. 223). En el caso del delito de robo con violencia o intimidación, nos encontramos ante un delito complejo, plurio ofensivo, que protege además la libertad y la seguridad de las personas (O incluso la integridad física, o la salud o la vida del sujeto pasivo), pero el tratamiento que da el legislador a la hora de fijar la pena es el mismo en ambos casos.Sujetos Activo y Pasivo. Sujeto activo del delito de robo puede ser cualquiera, excepción hecha del dueño de la cosa. Se plantean interesantes cuestiones en cuanto a la participación. En principio, se resolverán por las reglas de los artículos 32 y 33 del CP, siendo posible considerar coautores en el delito de robo tanto a la persona que físicamente se apodera de la cosa, como a los que hacen uso de la fuerza o de la violencia o intimidación, o incluso despliegan otro tipo de actividad relevante, siempre que actúen de acuerdo. Por ejemplo, siguiendo las teorías del dominio del hecho o de la importancia o escasez de las aportaciones efectuadas por cada interviniente, se han considerado coautores en sentido propio o en su caso cooperadores necesarios a los que, existiendo concierto previo, se han repartido los papeles para realizar funciones de vigilancia en el exterior mientras los demás partícipes penetran a robar en una casa, o al que espera en un automóvil en marcha a los que entran a atracar un banco para darse a la fuga inmediatamente después, o a quien distrae a la víctima para que otro le sustraiga la cartera o el bolso, etc. Sujeto pasivo será el propietario de la cosa, que con la desposesión ve limitadas sus facultades dominicales (Si se opta por la posesión como bien jurídico protegido, lo será precisamente el poseedor, aunque sea accidental o mero detentador).Objeto Material. El Código exige que se trate de «bienes muebles ajenos», lo que exige determinar el contenido de cada uno de tales vocablos. A) Concepto de bien. El concepto penal de «bien» no coincide exactamente con el civil; así, penalmente ha de entenderse como toda cosa u objeto material, valuable en dinero, aprehensible y transportable; es decir, susceptible de apoderamiento. Ha de tratarse, por tanto, de cosas corporales. Los derechos inmateriales tendrán otro tipo de protección (Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, por ejemplo) o, en caso contrario, su apoderamiento será atípico. b) Concepto de mueble El carácter de «mueble» se refiere a su sentido más descriptivo y funcional, esto es, a la posibilidad de su traslado. Por ello, tampoco coincide exactamente con el concepto civil, porque los bienes inmuebles por destino o incorporación según el Derecho Civil (Frutos pendientes, árboles, estatuas u ornamentos adosados a los edificios, etc.) son susceptibles de aprehensión, y por tanto del delito de robo, y en general, de los demás delitos de apoderamiento. El artículo 217 incluye expresamente los animales, que pertenecen civilmente a la categoría intermedia de semovientes, pero cuya referencia no era estrictamente necesaria, por cuanto son claramente bienes muebles a estos efectos. Hay que añadir que, en el caso del hurto, el artículo 223, último párrafo, equipara a la cosa mueble «la energía eléctrica, el espectro radioeléctrico y las demás clases de ondas o energía en los sistemas telefónicos, televisivos, facsimilares de computación o cualquiera otras que tenga valor económico». C) Concepto de «lo ajeno». El bien mueble ha de ser, además, «ajeno». Este concepto es un elemento normativo del tipo, que se caracteriza por dos notas negativas: un bien es ajeno cuando no es propio y cuando no es susceptible de ocupación (STS 661/1993, de 25 de marzo). La condición de dueño en la persona que se apodera del bien quelegalmente se encuentra en poder de otro, podrá suponer, en su caso, la calificación del hecho como coacciones, daños o estafa, pero no como robo ni hurto. La exigencia de que el bien no sea propio suscita importantes problemas en los casos de copropiedad o condominio. La opinión tradicional entiende que no hay delito porque la cosa no es ajena (Carrara, Groizard). Otros sostienen la tesis contraria sobre la base de que hay un apoderamiento de cuotas ajenas en cuanto pertenecientes a los otros condueños, consocios o coherederos (Viada, Cuello Calón). Una tercera postura (Quintano, Rodríguez Devesa) opta por distinguir entre los dos tipos de comunidad: Si se trata de una copropiedad de inspiración romana, por cuotas, al existir una división ideal de la cosa, la sustracción de la misma supone cometer delito de robo (O de hurto) por la incorporación al patrimonio del autor de las cuotas o partes ajenas. Incluso algún autor (Muñoz Conde) defiende, quizá en una interpretación demasiado «extensiva», que también hay delito, aunque sólo se apodere de la cuota que le corresponde antes de producirse la división, pues con ello se perjudica el valor económico del todo. Si se trata en cambio de copropiedad germánica o en mano común, al ser toda la cosa propiedad de todos no podría hablarse de cosa ajena, ni siquiera parcialmente, por lo que resulta difícil calificar el apoderamiento como robo (O hurto). El Código de todas formas, no prevé expresamente estos supuestos de copropiedad. Se exige, además, que los bienes no sean susceptibles de adquirirse legítimamente por ocupación. Las cosas abandonadas (Res derelictae), las cosas sin dueño (Res nullius) y las cosas de todos (Res communesomnium), no pueden ser objeto de delito, por cuanto la propiedad de las mismas corresponderá legítimamente a cualquier persona que las tome (STS 661/1993, de 25 de marzo). En todo caso, el abandono no se presume, y deberá ser probado por quien lo alegue.Por lo que atañe a las cosas extra commertium, sobre las que no existe un derecho de propiedad lícito (Drogas, especies protegidas, etc.), el Tribunal Supremo español ha apreciado la existencia de delito (De robo o de hurto) tratándose de drogas, en cuanto que es materia susceptible de propiedad, aunque esta titularidad sea ilegítima (SSTS de 21 de junio de 1982 y 26 de enero de 1984); y en caso de especies animales protegidas (STS 661/1993, de 25 de marzo). Los supuestos relativos a la apropiación de las cosas perdidas –que no son lo mismo que abandonadas- se califican de hurto (Art. 223.2), por lo que se expondrán posteriormente. D) Valuable económicamente. Además de los tres requisitos anteriormente expuestos, la doctrina española ha venido exigiendo que el bien mueble y ajeno sea valuable económicamente. Se podría discutir, desde esta perspectiva, si las cosas que sólo tengan un valor afectivo o sentimental, pueden ser o no objeto de robo (O hurto), o lo serían de coacciones o daños. En el Código Penal hondureño no se exige en el tipo que el bien tenga un valor concreto, y, todo valor afectivo o sentimental bien puede traducirse en un valor moral evaluable económicamente, aunque sea con un valor mínimo y simbólico, por lo que, desde un punto de vista práctico es posible calificar esos hechos de robo o, en su caso, de hurto. Elemento Subjetivo. Estos delitos se cometen únicamente de forma dolosa; dolo que debe abarcar tanto el conocimiento de la ajenidad del bien, como la representación de la voluntad contraria del dueño. Además, como en todos los delitos de enriquecimiento, la doctrina ha exigido un elemento subjetivo, constituido por el ánimo de lucro.Lo cierto es que en la descripción típica que el artículo 217 hace sobre el delito de robo, y el artículo 233 sobre el hurto, no se incluye expresamente ese ánimo de lucro, quizás porque lo importante de estos delitos es la acción depredatoria o de apoderamiento; ello, no obstante, no podemos olvidar que el robo es un delito de enriquecimiento, y eso es precisamente lo que sirve para diferenciarlo, en algunos supuestos, del delito de daños, en el que no existe ese elemento. La interpretación de ese ánimo de lucro ha de ser amplia, entendiendo como tal cualquier provecho, beneficio, ventaja o utilidad, incluso altruista o meramente contemplativa, para sí o para un tercero.Conducta Típica. La conducta típica consiste en «apoderarse», «arrebatar» (Robo) y «tomar» (Hurto). Las tres expresiones describen una estructura compleja desarrollada en distintos momentos, desde el tocamiento o contacto con la cosa, pasando por su aprehensión, hasta el apoderamiento o apropiación. En la determinación del momento consumativo se enfrentan dos tesis extremas: la que sostiene que con tocar el bien o con tomarlo o aprehenderlo se consuma ya el delito (Contrectatio) y la opuesta que requiere el efectivo dominio sobre el bien (Illatio). Una tercera tesis intermedia fija el momento consumativo en la disponibilidad del bien.Esta última es la aceptada por la jurisprudencia española, señalando que el momento consumativo en los delitos de robo y hurto es aquel en que el infractor ha tenido la libre disponibilidad del bien, siquiera sea de modo momentáneo, fugaz o de breve duración (P. ej., STS de 25 de octubre de 1994). Se reconoce así, en estos delitos, una consumación anticipada, siendo innecesario el logro del lucro o fin de aprovechamiento, y radicando el paso de la tentativa a la consumación en el hecho de la disponibilidad de la cosa sustraída, que ha de interpretarse, más que como real y efectiva disposición -que supondría la entrada en la fase de agotamiento- como ideal o potencial capacidad de disposición, o de realización de cualquier acto de dominio material sobre ella (STS 2955/1993, de 27 de diciembre).Un buen resumen de la doctrina jurisprudencial española al respecto lo encontramos en la STS 1502/2003, de 14 de noviembre: La jurisprudencia de esta Sala (Sentencia 349/2001, de 9 de marzo), ha distinguido los distintos momentos que cabe apreciar en el apoderamiento del robo, o en el tomar las cosas ajenas del hurto: a) la «contrectatio», que supone el tocamiento o contacto con la cosa; b) la «aprehensio» o aprehensión de la cosa; c) la «ablatio», que implica la separación de la cosa del lugar donde se halla; y d) la «illatio» que significa el traslado de la res furtiva a un lugar que permita la disponibilidad de la misma; llegando la jurisprudencia de esta Sala a la conclusión de que los delitos de apoderamiento, y entre ellos, por tanto, los robos violentos, quedan consumados cuando se alcanza la disponibilidad de las cosas sustraídas; disponibilidad que pueda ser momentánea o fugaz y basta que sea potencial (SS. De 25 de septiembre de 1981, 27 de abril de 1982, 30 de enero de 1984, 7 de mayo y 2 de noviembre de 1992, 196/1994 de 8 de febrero y 1077/1995 de 27 de octubre). Obsérvese que basta la mera posibilidad de disponer para que quepa hablar de disponibilidad del bien; y, por ello, es suficiente que el agente pueda ocultar la cosa, destruirla, consumirla o menoscabarla, aunque no llegue a hacerlo, para que haya la disponibilidad que caracteriza la consumación. Si el autor consigue entrar en el lugar donde se encuentra el bien (Por ejemplo, en la casa, en el automóvil), pero no logra apoderarse delmismo, nos encontraremos ante el delito en el grado de tentativa conforme al artículo 15 del Código (Se han realizado actos inequívocos de ejecución con la intención de cometer el delito, pero no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente). Sin embargo, la mera aproximación a dicho lugar, incluso aunque pudiera probarse el ánimo de sustraer en él, no supone aún la ejecución de actos inequívocamente típicos (Son actos preparatorios impunes), por lo que no constituiría ni robo ni hurto. Pero si ya ha habido apoderamiento, estamos ante el delito consumado conforme al artículo 14 del Código Penal, al concurrir todos los elementos de su tipificación legal, porque se han realizado todos los actos ejecutivos, aunque no haya podido disponer definitivamente de la cosa, fase que entra ya en el grado de agotamiento del delito (Por ejemplo, en la práctica de Honduras se considera consumado el delito cuando el autor es detenido in fraganti con el bien al salir del lugar del hecho). Medio Empleado. El tipo básico del robo se comete cuando en el apoderamiento se ejecuta empleando violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas. a) Robo con violencia en las personas. La violencia física (Vis absoluta), se refiere a arrebatar, arrancar o tomar por la fuerza el bien, concurriendo en todos los casos en que existe un maltrato físico a las personas, aunque sea de escasa entidad (Constituyen «violencia» los empujones, golpes, forcejeos, bofetadas, tirones, etc.). b) Robo con intimidación en las personas. La intimidación (Vis compulsiva o psíquica) es el temor racional y fundado de sufrir un mal inminente de suficiente entidad para vencer la voluntad contraria del sujeto contra el que se dirige. Tiene por objeto atacar la libertad de decisión del sujeto pasivo (Se la denomina «fuerza perturbadora del espíritu»), que se ve obligado a tolerar el desapoderamiento en contra de su voluntad, sin oponer reacción, o incluso entregando él mismo el bien. No es problemática la diferencia entre violencia e intimidación, pero sí cuál ha de ser el límite mínimo de ésta, y si ha de considerarse con criterios objetivos o subjetivos. C) Robo con fuerza en las cosas. En el delito de robo en el que se emplea fuerza se castiga la mayor gravedad que supone, respecto del hurto, el violentar los mecanismos de protección que preservan los bienes: es éste un ataque más intenso a la propiedad. El artículo 217 habla de emplear «fuerza en las cosas», sin efectuar posteriormente una descripción del término «fuerza» a efectos jurídico-penales, por lo que deberá ser labor del intérprete el deslindar elconcepto normativo del puramente gramatical. La STS de 31 de marzo de 1981 nos ofrece una aproximación al concepto penal de fuerza: «todo apoderamiento de dinero, efectos o bienes muebles ajenos que se realicen violentando, forzando, empleando el esfuerzo humano, directa o mecánicamente ayudado, para dolosamente quebrantar aquellas protecciones de cierre y guarda que el propietario adoptó para la defensa de su patrimonio». En todo caso, «apoderarse (De bienes muebles ajenos) empleando fuerza en las cosas», suscita la cuestión de si la fuerza ha de preceder al apoderamiento, como defiende la doctrina mayoritaria, o si cabe incluir también la fuerza posterior, empleada para salir del lugar cerrado (Por ejemplo, el autor accede a un establecimiento en el horario en que está abierto al público, se esconde, apoderándose de los bienes una vez que ha sido cerrado por los empleados, teniendo que fracturar la puerta parasalir). En la práctica forense de Honduras se ha venido considerandocomo delito de robo al que, además, habría que aplicar el subtipo agravado (también para el hurto) si se trata de edificio o lugar destinado a habitación (Arts. 219, último párrafo, y 225.3 del CP). Conductas Agravadas. El artículo 219 establece circunstancias agravatorias del robo, aumentando en un tercio la pena. Los supuestos que se recogen en el apartado 2.a), b), c) y d) son considerados en otros Códigos (Como el español), una lista cerrada o numerus clausus de fuerza en las cosas. En el Código Penal hondureño tales circunstancias vienen referidas exclusivamente al robo producido «en casa habitada o en una oficina pública, en un edificio destinado a un culto religioso, en un centro docente o cultural público o privado, en un establecimiento comercial, bancario o de asistencia social». Son las siguientes: a) Escalamiento. b) Rompimiento de paredes, techos, suelos o pavimentos o fractura de puertas o ventanas. c) Empleando llaves falsas, ganzúas u otros instrumentos semejantes; se considera llave falsa la legítima sustraída al propietario; y, d) Fractura de armarios, cajas fuertes u otra clase de muebles u objetos sellados o cerrados o mediante la sustracción de los mismos para ser abiertos o violentados fuera del lugar del robo: e) Portar armas El fundamento de la agravación obedece a la mayor peligrosidad, al riesgo que supone para la integridad física el hecho de que los autores cometan el robo provistos de armas. No es preciso, para aplicar el subtipo agravado, que el arma se haya usado de forma efectiva; bastacon portarla. De ahí que, si los autores las llevan encima, aunque no las hubieran exhibido durante la acción, sea de aplicación el artículo 219, por cuanto las armas se están «portando», y ello ya incorpora el peligro de que puedan acabarse usando durante el robo, con el correspondiente riesgo para la víctima, que es lo que el legislador quiere castigar.1.c) De la Procedencia del Recurso.Los motivos son de Recibo. Luego de analizar los motivos de casación planteados por la recurrente y de revisar de manera minuciosa los hechos que el Tribunal Sentenciador ha considerado como probados, esta Sala de Casación observa que en efecto existe quebranto a leyes sustantivas contenidas en los artículos 14, 217, 218, 225 numeral 4, todos del Código Penal; puesto que el Juzgador ha considerado que el accionar de los imputados al despojar de sus pertenencias personales al ofendido, así como el vehículo en el que se transportaba no se había consumado, por lo que consideró sus delitos en tentativa. Esta Sala de lo Penal con la doctrina que ha asumido y a la cual se hace referencia en el numeral “1B”, considera que conforme están redactados los hechos probados, los cuales son la base y el cimiente de la sentencia penal, es posible establecer que los acusados F. M. M. y E. C. C. B. desde el momento en que despojaron de sus pertenencias al ofendido, le quitan la posibilidad de disponer libremente de ellos y por tanto el delito no sería tentado, sino que consumado; pues como lo explicábamos la mera posibilidad de disponer, es suficiente siempre y cuando el sujeto activo pueda ocultar la cosa, destruirla, consumirla o menoscabarla, aunque no llegue a hacerlo, pero que haya la disponibilidad que caracteriza la consumación, Pero si ya ha habido apoderamiento, estamos ante el delito consumado conforme al artículo 14 del Código Penal, al concurrir todos los elementos de su tipificación legal, porque se han realizado todos los actos ejecutivos, aunque no haya podido disponer definitivamente de la cosa, fase que entra ya en el grado de agotamiento del delito. Así las cosas, observamos que el Sentenciador al redactar los hechos probados y luego encajarlos al tipo penal, incurrió en aplicación indebida del artículo 15 del Código Penal y en falta de aplicación del artículo 14 del mismo cuerpo legal, al considerar las acciones de los acusados como delitos tentados, por lo que, es procedente declarar con lugar el recurso de casación por infracción de ley en sus tres motivos, imponiendo a los imputados las penas que corresponde a los delitos consumados de Robo Agravado y Robo de Vehículo Agravado.Para la determinación de la pena concreta a imponer para cada uno de los imputados y por los delitos acusados, debemos tomar en consideración lo que establece el artículo 69 del Código Penal, es decir los antecedentes personales, su mayor o menor peligrosidad, las circunstancias agravantes y atenuantes y la mayor o menor extensión de los males producidos. Conforme la audiencia de individualización de la pena, la fiscalía del Ministerio Público no aportó pruebas, solicitando la imposición de las penas mínimas para cada delito, por su parte la defensa presentó constancia de que sus patrocinados no poseen antecedentes penales y tienen buena conducta dentro del centro penal; por lo que, tomando como base los argumentos del Sentenciador, lo procedente es imponer a los imputados F. M. M. y E. C. C. B. las penas mínimas de cada delito. V. Decisión Se declara ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley, interpuesto por el Ministerio Público en sus tres motivos.VI. Por TantoLa Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 360, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 14, 69, 217, 218, 225 numeral 4 del Código Penal. Falla: Primero: Declara Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en sus tres motivos, interpuesto por la abogada A. C. V. en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Segundo: Revocar parcialmente la sentencia de fecha veintiocho de febrero del dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés. Tercero: Casa parcialmentela sentencia recurrida en el sentido siguiente: 1.Condena al señor F. M. M. por el delito de Robo Agravadoen perjuicio del Testigo Clave G-1,a la pena de Seis (6) años, Ocho (8) meses de reclusión, la cual deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional que señale el Juez de Ejecución, imponiéndole las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil,declarándolo laresponsabilidad civil del condenado por este delito. 2. Condena a l señor F. M. M. por el delito de Robo de Vehículo Agravado en perjuicio del S. A. C. M. a la pena de Trece (13) años, Cuatro (4) meses de reclusión, la cual deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional que señale el Juez de Ejecución, imponiéndole las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil,declarando laresponsabilidad civil del condenado por este delito. 3. Condena al señor E. C. C. B. por el delito de Robo Agravadoen perjuicio del Testigo Clave G-1, a la pena de Seis (6) años, Ocho (8) meses de reclusión, la cual deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional que señale el Juez de Ejecución, imponiéndole las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, declarando la responsabilidad civil del condenado por este delito. 4.Condena al señor E. C. C. B. por el delito de Robo de Vehículo Agravado en perjuicio del S. A. C. M. a la pena de Trece (13) años, Cuatro (4) meses de reclusión, la cual deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional que señale el Juez de Ejecución, imponiéndole las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil,declarándolo laresponsabilidad civil del condenado por este delito Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. FIRMAS Y SELLO.JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA. RECEPTOR ADSCRITO. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de abril del año dos mil diecinueve. Certificación de la Sentencia de fecha veinte de febrero del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-165-2015.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
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[1] De Diego Díez, Luis Alfredo. Manual de Derecho Penal Hondureño, Parte Especial, Volumen I. Magistrado - Doctor en Derecho. Profesor de Derecho Procesal de la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla-España)