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Sentencia CP-162-16 — Registro 10551

Resumen

En primera instancia se condeno al imputado por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. El libelista plantea que la cadena de custodia es un medio para tutelar el debido proceso, y por ello su inobservancia constituiría de manera automática una nulidad absoluta, por cuanto se da la violación de una garantía constitucional, asimismo alega que la cadena de custodia es una garantía procesal que lo que busca es mantener la identidad de la evidencia física a lo largo de todo el proceso penal, cosa que según su criterio no ocurre en el presente caso, pues la evidencia ha sido manipulada y contaminada, generando duda sobre la autenticidad de la misma. Esta Supremo Tribunal de Justicia considera, que lo alegado por el impetrante debe ser denunciado bajo un recurso de casación de naturaleza distinta al planteado, ya que la cadena de custodia no es un tema relacionado con la licitud o ilegalidad de la prueba, sino respecto a su valoración a partir de su confiabilidad, determinado así por las reglas de la sana crítica. En ese sentido, haciendo una revisión de la sentencia recurrida, es posible detectar que el tribunal sentenciador efectuó una extensa valoración tanto individual como armónica de toda la prueba evacuada, que le permitiera conforme a las reglas mencionadas, determinar la confiabilidad que le merece la prueba ofertada en el presente proceso, ya que manifestó que la cadena de custodia coincide con el acta de decomiso, lo que permitió establecer el material y las cantidades decomisadas al acusado C.D. C. C., lo cual es congruente con el testimonio del Policía J.L.M., llegando a la conclusión dicho tribunal que la cadena de custodia es confiable, congruente con los medios de prueba que se han mencionado, razones por las cuales es procedente declarar sin lugar el presente motivo de casación..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha nueve de septiembre del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, José Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de coordinador Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 162-2016 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha tres de marzo de dos mil quince (2015), dictada por el Tribunal de Sentencia de Choluteca, y Valle, mediante la cual Condenó al señor C. D.C. C., por la comisión del delito Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras, a la pena de quince años de reclusión y multa de un millón de lempiras; más las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, por el tiempo que dure la pena principal.- Se declaró la responsabilidad civil del señor C. D. C. C.. No procedió la condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Interpuso el recurso de casación la Abogada F. A. S. S., en su condición de defensora pública. SON PARTES: El Abogado M. R. A. E., en su condición de defensor público, del señor C.D. C. C., como parte recurrente.-HECHOS PROBADOS“PRIMERO: En fecha 29 de noviembre del año 2011, aproximadamente a las nueve de la mañana, miembros de la Policía Preventiva realizaban operativo en el Municipio de Langue, Departamento de Valle, requiriendo a una persona desconocida en que se conducía a pie; quien informó que en el Mercado Municipal, se encontraba una persona del sexo masculino vendiendo drogas. SEGUNDO: El Jefe de la Policía solicitó a la Dirección de Investigación Criminal, que se le brindara apoyo para investigar la información recibida, por lo que se desplazó, momentos después un grupo de Agentes de Investigación hasta el Municipio de Langue quienes en conjunto con los Agentes Policiales, procedieron a realizar vigilancia en las inmediaciones del Mercado Municipal de Langue. TERCERO: En el operativo de vigilancia la Policía se percató de la presencia de un individuo, que sobre sus espaldas cargaba una mochila color negra, se encontraba de pie en uno de los pasillos del interior del mercado sin realizar actividades propias de los puestos de venta observando que varios jóvenes de diferentes edades y en distintos periodos de tiempo, se le acercaban y que estos con aquel realizaban intercambios. CUARTO: Al observar la conducta del individuo, la policía se le acercó y lo requirió procediendo a realizarle un registro personal, encontrándole en la mochila 90 envoltorios de papel aluminio que en su interior contenía piedras color blanco; catorce bolsitas transparentes que contenía en su interior hierba seca y trece envoltorios en papel periódico conteniendo igualmente en su interior hierba seca; cuatro teléfonos celulares, setecientos noventa lempiras en efectivo, decomisando la autoridad lo encontrado y deteniendo al individuo quien responde al nombre de C. D. C. C.. QUINTO: El análisis practicado a parte de la evidencia reveló que lo decomisado es Marihuana y crack.”Recurso de Casación. Motivos y Argumentos: Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional La recurrente Abogada F. A. S. S., procedió a formalizar su recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional, de la manera siguiente:“MOTIVO ÚNICO: Infracción del artículo 90 de la Constitución de la República, en relación a los artículos 64 numeral 3 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras y artículo 3 del Reglamento sobre el manejo de indicios y evidencias físicas o biológicas obtenidas como consecuencia de la comisión de un hecho constitutivo de delito. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal.- EXPOSICIÓN DEL MOTIVO El precepto constitucional citado como infringido se encuentra en el artículo 90 de la Constitución de la República de Honduras: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”, es así que la esencia del debido proceso constituye el respeto a una serie de principios con la finalidad de asegurar que el enjuiciamiento criminal en un sistema democrático, será y es por naturaleza propia sometido a una serie de procedimientos y principios que tutelan los derechos fundamentales de los enjuiciados, para tener la certeza de que se concluirá con una sentencia fundada en respeto a los principios que exige el marco constitucional.[1]La Ley Orgánica de la Policía Nacional Preventiva en su artículo 64 numeral 3 establece: “La Dirección Nacional de Investigación Criminal “DNIC” tendrá las atribuciones siguientes: 1..2...3 Recolectar, asegurar y embalar conforme a la cadena de prueba, los indicios, evidencias y elementos probatorios, efectos, antecedentes y demás elementos necesarios para la investigación de los hechos”.- Sobre este punto es importante establecer que la cadena de custodia es un tipo de acta, es un documento que registra el procedimiento de control que se emplea para los objetos, elementos o sustancias que han sido calificadas como evidencias por estar relacionadas con la comisión de un delito y que registra desde su hallazgo hasta su destino final, todo lo cual es valorado al momento del debate y que tiene por finalidad garantizar su autenticidad, descartando el peligro de contaminación, alteración, deterioro, daños, reemplazos o destrucción, dando fe que el manejo de la evidencia ha sido exitoso al presentar al debate el mismo objeto, elemento o sustancia que fue inicialmente recolectado o haciendo constar cual fue su destino final anticipado.[2]En el presente caso el Tribunal de Sentencia por mayoría de votos declaró culpable a mi defendido por un delito de tráfico ilícito de drogas, se evacuó en el juicio oral y público prueba testifical, documental y pericial, declarando como hecho probado que en fecha 29 de noviembre del año 2011, en un operativo en el Municipio de Langue, Departamento de Valle, se requirió al señor C.D.C. C., quien portaba una mochila y se le encontró en el interior 90 envoltorios de papel aluminio que en su interior contenía piedras color blanco; catorce bolsitas transparente que contenía en su interior hierba seca y trece envoltorios en papel periódico conteniendo igualmente hierba seca, cuatro teléfonos celulares, setecientos noventa lempiras en efectivo, decomisado la autoridad lo encontrado y deteniendo al referido señor.- Como prueba testifical se presentó el señor E. A. S., quien declaró. “Que detuvieron a una persona cuando realizaban un operativo, y que lo observaron que venía en estado no normal por lo que lo detuvieron y al entrevistarlo extrañamente no tenía aliento a alcohol, que esta persona les expresó que consumía droga y que cuando le preguntaron de donde había obtenido la droga, les dijo donde la había adquirido, manifestó el testigo que le pidió a la Policía de análisis que se realizara una vigilancia, manifestando que a la Policía les informó sobre las características de la persona que supuestamente vendía la droga; relató el testigo que los Policías hicieron vigilancia y ubicaron a la persona descrita y la registraron, encontrándole droga, que decomisaron 90 envoltorios de papel aluminio que contenía crack, 14 bolsitas plásticas que sirven para las charamusca, color transparente, que contenía hierba y no recuerda exactamente si eran 11 o 6 envoltorios de papel periódico que contenían hierba seca, continuó declarando que no se realizó de manera personal el registro, y que no recuerda haber realizado alguna acta.. .Declaró que del mercado a la Jefatura se tardaron 3 minutos en trasladarse; y que el acarreo de la evidencia hasta la jefatura del Municipio estuvo a cargo de su persona, y después la evidencia se la entregó al muchacho de análisis el clase 1 J. L.M., manifestando el declarante que el clase contó la supuesta droga y realizó la documentación respectiva; respondía el testigo que no recuerda haber firmado algún acta” Lo que busca la norma jurídica respecto de la cadena de custodia es la tutela al debido proceso, derecho constitucionalmente protegido para todas las personas. Por ello, la inobservancia de la cadena de custodia constituiría de manera automática una nulidad absoluta por cuanto se da la violación de una garantía constitucional. De la misma forma la cadena de custodia se puede decir, es más bien una garantía procesal, ya que lo que se busca es mantener la identidad de la evidencia física a lo largo de todo el proceso penal. Por lo mismo, el resguardo adecuado de la cadena de custodia de los elementos probatorios, le brinda al imputado la garantía de que la prueba aportada en su contra no será arbitrariamente manipulada[3], cosa que ocurre en este caso, pues se puede ver claramente que la evidencia ha sido manipulada y contaminada, generando duda sobre la autenticidad de la misma, ya que de lo manifestado por el testigo E. A., señalando que identificó, contó, levantó, transportó y entregó la evidencia incautada al sospechoso, pero el Agente J.L. M. aseguró que no participó en el registro personal ni en el decomiso de la evidencia incautada, únicamente en la detención y captura de mi representado, pero no dejó constancia de su intervención y manipulación de la evidencia, a fin de ratificar la veracidad y confiabilidad en su dichos, lo cual una vez confrontada con la declaración de E. A. S., se genera un acto de manipulación y contaminación del proceso de autenticidad de la evidencia, lo cual se convierte en un procedimiento irregular y no confiable desde la primera fase de la cadena de custodia como ser el hallazgo y custodia de la evidencia, etapa que es importante ya que se deben seguir de manera estricta las técnicas de la criminalística para el manejo de la evidencia, en especial aquellos que son localizados en el escenario del crimen, ya que este proceso es único e irrepetible, definiendo aquí la suerte de la investigación y posterior proceso penal.[4]Se evacuó como prueba documental acta de decomiso, en la cual se hizo constar que al señor C. D. C. C., se le decomisó: Catorce (14) envoltorios en bolsitas transparentes (plástico) conteniendo en su interior hierba de color verde oscuro de supuesta droga (marihuana), trece envoltorios medianos en papel periódico conteniendo en su interior hierba color oscuro verde de supuesta droga (marihuana), noventa envoltorios pequeños en papel brillante (aluminio) que en su interior contiene sustancia sólida de color blanca supuesta droga (piedra crack), un teléfono celular... Consta acta de rechazo extendida por el Laboratorio Químico Toxicológico de fecha 02 de diciembre del 2011, donde los peritos toxicológicos observaron que el contenido de la cadena de custodia y lo que materialmente se remitió no coinciden, por ello se rechazó la evidencia, pues claramente se observaba que la cantidad enviada no correspondía a lo que describía la cadena, pues dicha acta debía contener catorce (14) bolsitas transparentes con hierba verde y solo se encontraron seis bolsitas.- Bolsa número dos. Dice contener trece (13) envoltorios de papel periódico con hierba verde y solo se encontraron seis (6) envoltorios de papel periódico. Bolsa número tres. Dice contener noventa (90) envoltorios de papel aluminio de supuesto crack y solo se encontró cuarenta y cuatro (44) (ver medio de prueba acta de rechazo), ésto relacionado con lo relacionado admitido por el mismo Oficial de Policía E. A. S., de quien se infiere manipuló la supuesta droga decomisada, al participar en el conteo, identificación, levantamiento, transporte y entrega de la evidencia, sin ser ratificada su participación por los Agentes Policiales J. L. M. como R. G.E., mucho menos, a través del documento que hace constar la cadena de custodia de la evidencia, extremos que una vez confrontados con la hoja de rechazo del análisis pericial de la misma, dejó en evidencia la flagrante manipulación, contaminación y pérdida de la evidencia denunciado por el Laboratorio Químico Toxicológico, al momento en que se percató que las cantidades de la evidencia enviada no coincidían con las cantidades y formas de la evidencia recibida. Para encontrar la verdad (material) no es a cualquier costo, ya que el proceso penal se cimienta en el respecto a los derechos, formalidades y garantías que la ley establece, precepto que se encuentra contenido en la Constitución de la República de Honduras y que es la fuente del demás ordenamiento jurídico interno, siendo así que el artículo 3 del Reglamento sobre el manejo de indicios y evidencias físicas o biológicas obtenidas como consecuencia de la comisión de un hecho constitutivo de delito, establece: La garantía de autenticidad al conjunto de procedimientos transparentes y debidamente documentados, a los que se sujeta un indicio localizado, en un sitio de un suceso criminal o relacionado con este, mientras transita por diferentes momentos, lugares y condiciones, hasta ser presentado legítimamente como elemento de prueba en juicio penal, en este caso en específico hubo un quebrantamiento del procedimiento señalado, dando por resultado un irrespeto a la garantía procesal de autenticidad de la cadena de custodia, ya que la misma fue manipulada tal como quedó establecido con el acta de rechazo de evidencia, extendida por el Laboratorio Químico Toxicológico, prueba de gran valor decisivo y que se vincula con el resto de la probanza, pero la misma fue contaminada por los mismos agentes policiales, pues como se establece en el voto disidente del Juez C. G. . que el Ministerio Público no logró enervar el estado de inocencia del acusado, en virtud de llevar al debate elementos de prueba que no reúnen las garantías procesales debidas, ante la flagrante manipulación, contaminación y perdida de la evidencia (ver voto disidente) dictando una sentencia absolutoria, razonamiento que es compartido por esta defensa y por los motivos ya supra explicados se ha provocado un acto irregular y no apegado a la normas procedimentales para garantizar la autenticidad de la evidencia, tal inobservancia constituye de manera automática una nulidad absoluta por cuanto se da la violación de una garantía constitucional. Así las cosas, que el Tribunal sentenciador al momento de condenar a mi representado a la pena de QUINCE AÑOS (15) años de reclusión por el delito de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, lo hace violentando el artículo 90 de la Constitución de la República de Honduras, por lo que resulta procedente que la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, declare Con Lugar el presente recurso, absolviendo de toda responsabilidad al señor C. D. C. C. por el delito de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS.”FUNDAMENTACIÓN Del Recurso de Casación por infracción de precepto constitucional Elartículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentar la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario) En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”. La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. *Norma Autorizante: 361 del Código Procesal Penal; *Normas que se denuncian infringidas: Artículo 90 de la Constitución de la República; *Concepto de la infracción: Violación al Debido Proceso por manipulación y contaminación de la prueba a causa de quebrantamiento de la cadena de custodia; *Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el pretensor; *Pretensión: Se dicte fallo absolutorio. El recurrente específicamente señala que se ha violentado el artículo 90 de la Constitución de la República, que contiene el derecho fundamental a un debido proceso y a su vez los artículos 64 numeral 3 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras y 3 del Reglamento sobre Manejo de Indicios y Evidencias Físicas o Biológicas obtenidas como consecuencia de la comisión de un hecho constitutivo de delito, ello como consecuencia de que la prueba fue manipulada y contaminada por los agentes de policía en la fase de hallazgo y custodia, en el proceso de formación de la cadena de custodia; asimismo porque consta en el proceso un acta de rechazo de cadena de custodia extendida por el Laboratorio Químico Toxicológico, de fecha 02 de diciembre de 2011, ya que los peritos observaron que el contenido de la cadena de custodia y lo que materialmente les fue remitido no coincidían. Del debido procesoLa garantía del debido proceso, invocada por el libelista como aquella que ha sufrido inobservancia por el Tribunal de Sentencia, se encuentra regulada por el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República, conocida como el Debido Proceso Legal, el cual refiere los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (con independencia de su naturaleza).El Principio del Debido Proceso Legal más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que este juez -además de respetar las formas procesales- reproduzca en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues los llamados Principios Procesales o Principios Informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento, como ser: i.- Prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; ii.- Derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; iii.- A un juez predeterminado por la ley; iv.- A la imparcialidad e independencia del juez; v.- Derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; vi.- A la igualdad de armas procesales; vii.- A un proceso público sin dilaciones indebidas; viii.- Respeto al principio de presunción de inocencia; ix.- Posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; x.- Derecho a ser oído en un plazo razonable; xi.- Deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; xii.- Derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; xiii.- A una justicia gratuita; en fin el derecho a un debido proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. De la cadena de custodia La cadena de custodia es un tipo de acta, es un documento que registra el procedimiento de control que se emplea para los objetos, elementos o sustancias que han sido calificadas como evidencias por estar relacionadas con la comisión de un delito y que registra desde su hallazgo hasta su destino final, todo lo cual es valorado al momento del debate y que tiene como finalidad garantizar su autenticidad, descartando el peligro de contaminación, alteración, deterioro, daños, reemplazos o destrucción, dando fe de que el manejo de la evidencia ha sido exitoso al presentar a debate el mismo objeto, elemento o sustancia que fue inicialmente recolectado o haciendo constar cual fue su destino final anticipado. Conforme a los artículos 136, 203, 209, 217, 219, 220, 251 y 283 del Código Procesal Penal; 57.31, 64 numerales 3, 5 y 7 y artículo 123.11 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional Preventiva y el Reglamento sobre el Manejo de Indicios y Evidencias Físicas o Biológicas Obtenidas como consecuencia de la comisión de un hecho constitutivo de delito, son las fases de la cadena de custodia: 1. Hallazgo y custodia: Es el proceso mediante el cual se identifica a un objeto, elemento o sustancia como relevante para la investigación criminal, por lo que el mismo debe ser custodiado, de modo que permanezca inalterable hasta tanto no sea fijado y levantado de manera adecuada para su debida conservación. En esta fase, se deben seguir de manera estricta las técnicas de la criminalística para el manejo de la evidencia, en especial aquellos que son localizados en el escenario del crimen, ya que este proceso es único e irrepetible, definiendo aquí la suerte de la investigación y posterior proceso penal; 2. Fijación de la evidencia: Permite determinar con exactitud la ubicación y estado en que fue encontrada la evidencia; la fijación se realiza enumerando la evidencia que es encontrada y el registro de su ubicación mediante la combinación de video, fotografía, planos y actas policiales; esta fase es de suma importancia a efectos de no confundir la evidencia, para poder determinar donde fue encontrada, el estado en que fue encontrada y además porque podría permitir la reconstrucción de los hechos de manera posterior; 3. Recolección: La mayor parte de las alteraciones que sufren las evidencias se da en el momento de la recolección, por lo que se exige que este proceso se realice de manera adecuada, ergo el tipo de evidencia determinará la técnica a utilizar y la calificación del personal que lo realice; 4.Preservación y embalaje: El embalaje está integrado por el empaque, el sellado y el etiquetado. a) El empaque es un envoltorio o recipiente que se utiliza para depositar la evidencia; b) El sellado es el sistema de cierre que evita al máximo cualquier riesgo de que el empaque se abra sin dejar evidencia alguna, es decir, que mediante el sellado se garantiza que el empaque deje rastro de haber sido abierto de modo de controlar la inalterabilidad de la evidencia; c) El etiquetado es la consignación de la identidad de la evidencia que contiene el empaque. La información contenida en el etiquetado individualiza la evidencia y su origen, reduciendo el riesgo de que la misma se confunda con pruebas de otros procesos o que pueda ser alterada o cambiada a posterior. El embalaje estará condicionado a la naturaleza de la evidencia que se pretende proteger y preservar; 5.Transporte y entrega de la evidencia: La etapa de entrega comprende cada una de las transmisiones que se suscitan durante el recorrido de la evidencia. Normalmente la evidencia, previo a ser presentada en la audiencia de debate, hace un recorrido por varios lugares, estando a su vez a cargo de diversas personas, por lo que debe registrarse este recorrido e identificarse las personas que en algún momento tuvieron a su disposición la evidencia ya embalada, todo ello consignado en el acta de la Cadena de Custodia, la cual obedece su nombre precisamente a que cada persona que haya tenido la custodia de la evidencia se convierte en un eslabón de esta cadena que debe estar registrado en el acta; 6.Análisis pericial: Si bien no corresponde a la generalidad, si es común que la evidencia tenga que ser sometida a un análisis a efecto de determinar mediante el método científico sus características generales e individualizantes, su composición, su naturaleza, origen, etc. El punto de contacto entre la cadena de custodia y el dictamen pericial, es que el primero debe reflejar la práctica de la pericia, persona encargada y además documentar cualquier alteración (o destrucción) que sufra la evidencia como consecuencia de dicho análisis, entretanto la segunda debe hacer constar las condiciones en que se recibe tanto el embalaje como la evidencia misma y posteriormente documentar las condiciones como se devuelve o su destrucción en el proceso de análisis; 7. Custodia: Es el almacenamiento de la evidencia en un lugar que asegure su integridad y debida conservación, conforme a su naturaleza; además, aun cuando parezca obvio, la custodia debe facilitar la rápida localización de la evidencia para su transporte y presentación a las autoridades que así lo requieran; es en esta fase en donde la práctica forense nos indica se da la mayor parte de las pérdidas de las evidencias; 8. Destino de la evidencia: El destino final de la evidencia dependerá de su naturaleza; por lo general la evidencia debe ser conservada hasta que finalice el proceso penal donde podría: a. Pasar a formar parte del patrimonio del estado en caso de que se declare el comiso; b. Ordenar la devolución a la persona que acredite ser su legítimo dueño o; c. Proceder a su destrucción en caso de que sea un objeto de ilícita tenencia. Sin embargo, no en pocas veces la evidencia deberá ser destruida (algunas veces en el proceso de peritaje), devuelta provisional o definitivamente a su legítimo dueño, declarada en abandono o incluso objeto de comiso por ser de naturaleza perecedera, de manera anticipada a la terminación del proceso. Cualquiera que fuese el caso, ello deberá de constar en la cadena de custodia, indicando tanto la fecha del suceso, la autoridad que emitió la orden y la persona que ejecutó la misma, para luego presentar el documento en la audiencia del debate en caso de que fuese necesario. 1La cadena de custodia, es un tema relacionado, no con la licitud o legalidad del medio de prueba, sino respecto a su valoración a partir de su confiabilidad, determinado así por las reglas de la sana crítica. La cadena de custodia documenta los actos a los cuales fue sometida una evidencia, desde el momento de su identificación como tal -generalmente en el escenario del crimen- hasta el momento en que se almacena o se destruye, a efecto de poder verificar su manejo, los lugares en donde ha estado, las personas que han tenido acceso a ella y los cambios que ha sufrido por efecto de su estudio o deterioro natural, es decir la cadena de custodia responde sobre la autenticidad e inalterabilidad de la evidencia, es un instrumento de confiabilidad de la evidencia que más tarde se convertirá en un medio de prueba. Se le denomina “cadena” debido a que cada persona que tiene contacto con la evidencia es considerada un eslabón, teniendo la obligación de someterla al protocolo que corresponde al objeto de su custodia, así pues el investigador debe observar un protocolo determinado en la fijación, recolección, embalaje, rotulación y traslado del indicio, el perito debe observar un protocolo determinado en el análisis de la evidencia, etc., en fin un manejo adecuado de la evidencia por cada uno de los eslabones, en cada una de las fases de la cadena de custodia. Acontece fractura de la cadena de custodia cuando ha ocurrido un hecho que compromete la autenticidad o inalterabilidad de la evidencia, hecho que puede ser en sí mismo un acto delictivo o un acto imprudente y que podrá repercutir en la valoración del medio de prueba.2 Es en ese sentido que esta Sala de lo Penal, quiere subrayar que el hecho de que la cadena de custodia se fracture como consecuencia de un hecho delictivo o de un acto de mera imprudencia, no transforma a la evidencia -que en el futuro será prueba- en ilícita o ilegal, siendo pues su consecuencia la afectación en la valoración de la misma conforme a las reglas de la sana crítica, para determinar su confiabilidad o no. De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. El libelista plantea que la cadena de custodia es un medio para tutelar el debido proceso, y por ello su inobservancia constituiría de manera automática una nulidad absoluta, por cuanto se da la violación de una garantía constitucional, asimismo alega que la cadena de custodia es una garantía procesal que lo que busca es mantener la identidad de la evidencia física a lo largo de todo el proceso penal, cosa que según su criterio no ocurre en el presente caso, pues la evidencia ha sido manipulada y contaminada, generando duda sobre la autenticidad de la misma. Esta Supremo Tribunal de Justicia considera, que lo alegado por el impetrante debe ser denunciado bajo un recurso de casación de naturaleza distinta al planteado, ya que la cadena de custodia no es un tema relacionado con la licitud o ilegalidad de la prueba, sino respecto a su valoración a partir de su confiabilidad, determinado así por las reglas de la sana crítica. En ese sentido, haciendo una revisión de la sentencia recurrida, es posible detectar que el tribunal sentenciador efectuó una extensa valoración tanto individual como armónica de toda la prueba evacuada, que le permitiera conforme a las reglas mencionadas, determinar la confiabilidad que le merece la prueba ofertada en el presente proceso, ya que manifestó que la cadena de custodia coincide con el acta de decomiso, lo que permitió establecer el material y las cantidades decomisadas al acusado C.D. C. C., lo cual es congruente con el testimonio del Policía J.L.M., llegando a la conclusión dicho tribunal que la cadena de custodia es confiable, congruente con los medios de prueba que se han mencionado, razones por las cuales es procedente declarar sin lugar el presente motivo de casación. DECISIÓN. Se declara no ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su único motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 95, 303, 304, 313 atribución 5, 316, 321 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 90 y 361 del Código Procesal Penal. FALLA: Primero: Declara no ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su único motivo interpuesto por la Abogada F. A. S.S., en su condición de defensora pública del señor C. D. C. C.. Segundo: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha tres de marzo de dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de Choluteca y Valle, mediante la cual condenó al señor C.D. C. C. como autor responsable de un delito de Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de la Salud de la población del Estado de Honduras a la pena de quince años de reclusión y multa de un millón de lempiras (L 1.000.000.00). Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. FIRMAS Y SELLO.JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de octubre del año dos mil diecinueve. Certificación de la Sentencia de fecha nueve de septiembre del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-162-2016.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

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[1] Sentencia No.- 130-2009 de la Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia de fecha 18 de agosto del 2011.

[2] Sentencia No. 328-10, Pág., 11 de la Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia de Honduras. -

[3] Sentencia de la Sala Penal No. 333-2009 de fecha 11 de junio 2013.

[4]Sentencia No 238-2010 de la Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, de fecha 10 de enero del 2013.-