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Sentencia CP-155-15 — Registro 10663

Resumen

En primera instancia se condena al imputado por los delitos de Robo Simple y Privación Injusta de la Libertad, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. Esta Sala de lo Penal analizó los argumentos de la censora y encuentra que en ningún momento el Tribunal Sentenciador ha infringido el derecho a la presunción de inocencia con el que goza toda persona imputada, pues no es cierto que la prueba evacuada en el debate sea insuficiente para quebrantar ese Estado de Inocencia y determinar la culpabilidad del imputado A. O. C. M. en los hechos a él acusados.En el caso de autos se incorporó por lectura autorizada la declaración del menor ofendido J. A. R. G. (Ofendido) ante la imposibilidad de poder localizarlo, tal como lo expuso la representante del Ministerio Público en la audiencia de debate (F 123) y, si bien se estableció por la defensa que su tío P. N. podía localizarlo, recordemos que ya no se encontraba en poder de su tío, sino que la madre del menor se lo había llevado a un lugar desconocido por aquel, por lo que, estaba probada la imposibilidad de poder llevar a juicio oral al menor J. A. R. G. Este menor declara con lujo de detalles, todo lo ocurrido el día en que fue privado de su libertad por parte del imputado y dos personas más; pues fue capaz no solo de ubicar la casa donde estuvo retenido, sino que además puso reconocer a dos de las personas que lo capturaron y lo asaltaron. El testimonio del menor J. A. R. G., aunque fue introducida su declaración por lectura autorizada, tiene toda la validez legal para considerarla como creíble y concederle valor probatorio, tal como lo hizo la mayoría del Tribunal Sentenciador; esta declaración cuenta además con pruebas periféricas de corroboración, por ejemplo la declaración de su tío el señor P. N. quien confirmó parte de la declaración del ofendido y fue la persona que le llevó a interponer la denuncia y estuvo presente cuando reconoció al ahora acusado como una de las personas que lo había privado de su libertad y lo había despojado de sus pertenencias; contando además con las declaraciones de los policías que auxiliaron al señor P. N. en la búsqueda de su sobrino y posteriormente en la captura del imputado. Todas estas razones fueron detalladamente expuestas por el A-quo en su sentencia, valorando de forma conjunta y armónica todo el legajo probatorio y concluyendo en la responsabilidad penal del imputado A. O. C. M. en los delitos de Robo Simple y Privación Injusta de la Libertad vistos en concurso real; logrando vencer así el Estado de Inocencia que gozaba el acusado; por lo que es procedente desestimar el presente recurso de casación...."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I. Sentencia. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días de enero de dos mil diecinueve, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados: Alma Consuelo Guzmán García, en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian En Nombre Del Estado De HondurasLa sentencia en el Recurso de Casación SP 155-2015por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha dos de marzo del año dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló; Primero: Condenó al señor A. O. C. M., como autor responsable del delito de Robo Simple, en perjuicio del niño J. A. R. G., a la pena de Cinco (05)años de reclusión. Segundo: Condenó al señor A. O. C. M., como autor responsable del delito de Privación Injusta de la Libertad en perjuicio del niño J. A. R. G., a la pena de Tres (03) años, Tres (03) meses de reclusión, ambos delitos cometidos en concurso real.Tercero: Condenó al señor A. O. C. M. las penas accesorias de Inhabilitación Especial e Interdicción Civil por el tiempo que dure la condena principal, por ambos delitos cometidos en concurso real. Asimismo, se le declaró la responsabilidad civil del condenado A. O. C. M. No procedió la condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, la Abogada S. C. T., actuando en su condición de Defensora Pública del señor A. O. C. M. Son Partes En La Única Instancia: La Abogada A. R. P. P., en su condición de Defensora Pública del imputado, como parte recurrente y la Abogada E. P. B. en su calidad del Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. II. Hechos Probados PRIMERO: Que el día diecisiete de junio del año dos mil trece, alrededor de las seis de la tarde (6:00 p.m.), el niño J. A. R., menor de catorce años de edad, se encontraba con su tío P. N. en una pulpería ubicada en la Colonia San Ángel que se encuentra a inmediaciones del Mercado Jacaleapa de esta Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central en donde ofrecía en venta varios productos, y como a eso de las 6:00 de la tarde el niño J. le manifestó a su tío que quería hacer sus necesidades fisiológicas, por lo que su tío le señaló que hiciera las mismas en un monte cercano en dicho mercado el cual colinda con la Colonia San Ángel, en el momento que el menor J. se encontraba a solas fue interceptado por tres individuos en los que se encontraba el imputado A. O. C. M. y un menor de edad quienes le exigieron a J. que le entregara todo lo que andaba, en vista de que éste se resistía a ello procedieron a tomarlo por la fuerza y lo condujeron a una casa que se encontraba en la parte de atrás de dicho Mercado Jacaleapa, una vez que lo introdujeron al interior de la misma uno de los sujetos lo sostuvo de las manos, otro de los pies y el otro le tapaba la boca, reteniéndolo en dicho lugar por espacio de cuatro horas, procediendo a quitarle la cantidad de Cuarenta Lempiras (Lps.400.00) y amenazándolo de que no saliera de dicha vivienda, sin embargo llegada las 10:00 de la noche los sujetos procedieron a poner en libertad al menor J. A. R. - SEGUNDO: Durante todo este tiempo el señor P. N. procedía a buscar a su sobrino J., quien al no encontrarlo decidió interponer la denuncia en la UMEP 4 de la Colonia Kennedy, por su parte el niño J. una vez que fue liberado logró pedir aventón en un vehículo, logrando llegar a su casa a su tío como a esa de la 1:00 de la madrugada del día 18 del mismo mes y año, procediendo entonces el señor P. N. a presentarse nuevamente a la Estación Policial junto a su sobrino, procediendo éste a conducir a los Agentes de Policía hasta el lugar donde había sido retenido por un espacio de tiempo, al llegar a dicho lugar situado en la parte de atrás del Mercado Jacaleapa el niño J. A. R. logró identificar en las afueras de las viviendas se encontraban dos de los tres individuos que lo habían retenido en dicho lugar, siendo uno de ellos el imputado A. O. C. y un menor de edad, por lo que la autoridad policial procedió a darles detención. III. Recurso De Casación. Motivos y ArgumentosRecurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional“EXPRESIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN POR PRECEPTO CONSTITUCIONAL MOTIVO ÚNICO: Infracción de los Preceptos Constitucionales contenidos en los artículos 89, 90 en relación con los artículos 1, 2 y 202 del Código Procesal Penal PRECEPTO AUTORIZANTE. El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO PRIMERO: Las normas que ha violentado gravemente el Juzgador, son los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República que dicen: Artículo 89. “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”. Artículo 90: “Nadie puede ser Juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”. Estas normas constitucionales en relación a lo que establecen los artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal que dice: Artículo 1. “Juicio Previo: Ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haberse probado los hechos en un juicio oral y público llevado a cabo conforme los principios establecidos en la Constitución de la República, los tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte y el presente código y con respeto estricto de los derechos del imputado”. Artículo 2. “Estado de inocencia. Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente e conformidad con las normas de este Código.......”. SEGUNDO: El Juzgador al dictar sentencia condenatoria en contra el señor A. O. C. M., a quien se le sigue proceso por el Delito de ROBO SIMPLE Y PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD en perjuicio del menor J. A. R. G., infringe gravemente los fundamentales derechos referidos en el numeral anterior, afectando con ello la presunción de inocencia y al debido proceso que le asisten al imputado por mandato constitucional, porque el ente acusador no obstante estar obligado a demostrar, fuera de toda duda, la imputación en contra del señor A. O. C. M., produjo un mínimo de actividad probatoria. TERCERO: En el presente caso, la probanza utilizada para declarar el cuadro factico de la sentencia se extrajo de la prueba de cargo, como ser las declaraciones de los testigos P. N., Y los policías N. A. V. Y D. O. R. H., siendo testigo de referencia, porque todo lo que relataron es lo que manifiesto el menor J. A. R. G., y que es la única fuente informativa que aporto el Ministerio Publico, esta prueba de cargo traída a juicio, resulta insuficiente e incompleta y no certera para inculpar a mi representado de la acusación que se le imputa, pues no aporta nada, pues no existe en el presente juicio pruebas periciales, como ser evaluaciones psicológicas, pruebas fundamentales que hubieran aportado elementos suficientes para esclarecer el hecho que se investiga. O sea que en el juicio penal no basta solamente la obtención de la sentencia condenatoria desde el punto de vista formal, para lograr el quebrantamiento del Estado de inocencia del imputado, sino que durante el proceso deben satisfacerse unas condiciones mínimas de juzgamiento que garanticen que esa sentencia condenatoria está legitimada. Algunas de las manifestaciones del presente principio o sea el Estado de inocencia consiste en: a) Que a la acusación le corresponde, mediante presentación de pruebas, demostrar culpabilidad del imputado, lo que implica que el acusado no está obligado a probar su inocencia, b) la obligación en el órgano jurisdiccional de absolver, cuando no se haya probado culpabilidad del imputado, de ello se sigue que se debe absolver en caso de duda, o cuando los hechos no hayan quedado suficientemente probados, y c) Certeza de culpabilidad, que las pruebas del proceso se hayan recibido con las debidas garantías. Así que en el presente caso además de la falencia probatoria mostrada en la sentencia sobre la prueba de cargo analizada, no se encuentra respaldo probatorio en si mismo, ni en los restantes medios de prueba, evacuados en el juicio. Cabe destacar que el fallo que ahora se ataca no es unánime, y no compartimos este criterio, avalamos el acertado razonamiento efectuado por el Juez disidente J. D. A. E., al discrepar con el fallo. CUARTO: De lo antes expuesto y que siendo que es en el juicio oral y público donde los medios de prueba de cargo deben dotar al Tribunal de sentencia de la certeza de la existencia de un hecho, dentro del cual se enmarquen todos los elementos de tipificación legal de un delito, así como la participación del acusado, si esto no se logra con la práctica de dicha prueba solamente procede dictar sentencia absolutoria, porque no existe prueba de cargo válida para condenar al imputado. El derecho fundamental a la presunción de inocencia, además de encontrarse reconocido en nuestra constitución y normas legales secundarias, también lo está en instrumentos jurídicos internacionales suscritos por el Estado de Honduras, como son entre otras, la Declaración Universal de los Derechos Humanos art. 11.1, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 19 de diciembre de 1966 (art. 14.2). De todo lo anterior, concluyo que en el presente caso el Ministerio Público no presentó elementos probatorios suficientes y contundentes o pruebas de cargo válidas, para lograr enervar el estado de inocencia de mí representado, por lo que solicitamos se case la sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa penal citada”.IV.Fundamentación 1)Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto ConstitucionalEl Artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentar la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del Legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el Artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica, el peticionario debe de hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). La esencia del Recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República, frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial.1.a) Único MotivoNorma Autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Penal.Norma Constitucional que se denuncia Infringida: Artículo 89, 90 del Código Penal.Concepto de la Infracción: Violación a la Presunción de Inocencia y el Debido Proceso.Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el Pretensor. Pretensión: Que se case la sentencia.Explicó lacensora que se ha vulnerado la presunción de inocencia de su patrocinado, pues la probanza utilizada para declarar el cuadro fáctico de la sentencia, se extrajo de la prueba de cargo consistente en los testigos N. A. V., D. O. R. H., quienes son testigos de referencia, pues todo lo que manifestaron fue lo que les contó el menor J. A. R. G.; por lo que la prueba de cargo traída a juicio resulta insuficiente e incompleta y no certera para inculpar al acusado, 1.b) Del Derecho a la Presunción de Inocencia. Resulta conveniente establecer los parámetros que ha establecido esta Sala de lo Penal, acerca del derecho a la presunción de inocencia. El artículo 89 de la Constitución de la República establece: “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”. El derecho fundamental a la presunción de inocencia, además de encontrarse expresamente reconocido en nuestra Constitución y normas legales secundarias (vid. Arts. 1 y 2 del Código Procesal Penal), también lo está en instrumentos jurídicos internacionales suscritos por el Estado de Honduras, como son entre otros, la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948 (art. 11.1), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 19 de diciembre de 1966 (art.14.2) y la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8.2). Significa el derecho de todo acusado a ser absuelto sino se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria y de la intervención en los mismos del procesado. En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal deberá considerar: a) Las pruebas que tuvo en cuenta el Tribunal de Instancia para atribuir unos hechos delictivos a una persona,b) Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción y publicidad, c) Si de haber sido practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal, d) Si las pruebas se practicaron con observancia de las normas procesales y respeto a los derechos fundamentales, y e) Si las conclusiones probatorias del Tribunal sentenciador no resultan arbitrarias. En este sentido, corresponde al Tribunal de Casación comprobar que el Tribunal de Instancia ha dispuesto de la precisa actividad probatoria para la afirmación fáctica contenida en la sentencia, lo que supone constatar que existió, que se ha realizado con observancia de la legalidad en su obtención y se practica en el juicio oral bajo la vigencia de los principios de inmediación, oralidad, contradicción efectiva y publicidad, y que el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos y razonables que permitan su consideración de prueba de cargo[1].1.c) Del Derecho al Debido Proceso. La garantía del Debido Proceso se encuentra regulada por el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República, conocida como el debido proceso legal, el cual refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (Con independencia de su naturaleza). El Principio del Debido Proceso Legal más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez o jueza natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que éste juez o jueza además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues los llamados principios procesales o principios informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento, como ser: i. Prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; ii. Derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; iii. A un juez/a predeterminado por la ley; iv. A la imparcialidad e independencia del juez/a; v. Derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; vi. A la igualdad de armas procesales; vii. A un proceso público sin dilaciones indebidas; viii. Respeto al principio de presunción de inocencia; ix. Posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; x. Derecho a ser oído en un plazo razonable; xi. Deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; xii. El derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; xiii. A una justicia gratuita; en fin, el derecho a un debido Proceso exige la materialización del Principio de Legalidad.El Debido Proceso legal se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe de substanciarse la etapa de Juicio y en particular el debate, pues la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. Con conclusión la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado.1.d) De la Procedencia del Recurso.El Motivo no es de Recibo. Esta Sala de lo Penal analizó los argumentos de la censora y encuentra que en ningún momento el Tribunal Sentenciador ha infringido el derecho a la presunción de inocencia con el que goza toda persona imputada, pues no es cierto que la prueba evacuada en el debate sea insuficiente para quebrantar ese Estado de Inocencia y determinar la culpabilidad del imputado A. O. C. M. en los hechos a él acusados.En el caso de autos se incorporó por lectura autorizada la declaración del menor ofendido J. A. R. G. (Ofendido) ante la imposibilidad de poder localizarlo, tal como lo expuso la representante del Ministerio Público en la audiencia de debate (F 123) y, si bien se estableció por la defensa que su tío P. N. podía localizarlo, recordemos que ya no se encontraba en poder de su tío, sino que la madre del menor se lo había llevado a un lugar desconocido por aquel, por lo que, estaba probada la imposibilidad de poder llevar a juicio oral al menor J. A. R. G. Este menor declara con lujo de detalles, todo lo ocurrido el día en que fue privado de su libertad por parte del imputado y dos personas más; pues fue capaz no solo de ubicar la casa donde estuvo retenido, sino que además puso reconocer a dos de las personas que lo capturaron y lo asaltaron. El testimonio del menor J. A. R. G., aunque fue introducida su declaración por lectura autorizada, tiene toda la validez legal para considerarla como creíble y concederle valor probatorio, tal como lo hizo la mayoría del Tribunal Sentenciador; esta declaración cuenta además con pruebas periféricas de corroboración, por ejemplo la declaración de su tío el señor P. N. quien confirmó parte de la declaración del ofendido y fue la persona que le llevó a interponer la denuncia y estuvo presente cuando reconoció al ahora acusado como una de las personas que lo había privado de su libertad y lo había despojado de sus pertenencias; contando además con las declaraciones de los policías que auxiliaron al señor P. N. en la búsqueda de su sobrino y posteriormente en la captura del imputado. Todas estas razones fueron detalladamente expuestas por el A-quo en su sentencia, valorando de forma conjunta y armónica todo el legajo probatorio y concluyendo en la responsabilidad penal del imputado A. O. C. M. en los delitos de Robo Simple y Privación Injusta de la Libertad vistos en concurso real; logrando vencer así el Estado de Inocencia que gozaba el acusado; por lo que es procedente desestimar el presente recurso de casación. V. Decisión Se declara no ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto por la Defensa Pública. VI. Por TantoLa Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 89, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 359, 361, 363 y 369 del Código Procesal Penal.Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la Abogada S. C. T., en su condición de Defensora Pública del señor A. O. C. M. a quien se le condenó por los delitos de Robo Simple y Privación Injusta de la Libertad, en perjuicio del niño J. A. R. G., ambos delitos cometidos en concurso real. Segundo: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha dos de marzo del dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Firmas y Sello. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada Coordinadora. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Firma y Sello. José ramón Cruz Ferrera. Receptor Adscrito. Sala de lo Penal.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de febrero del año dos mil diecinueve. Certificación de la sentencia de fecha once de enero del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-155-2015.

JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA

RECEPTOR ADSCRITO

SALA DE LO PENAL

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[1]Sentencia de Casación Penal SP 42-2009 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 05 de abril del 2011