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Sentencia CP-145-15 — Registro 12616

Resumen

En primera instancia se absolvió al imputado por el delito de Robo y se condenó por el delito de Portación Ilegal De Armas Comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estadio De Honduras, resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO.- EL PRIMER Y SEGUNDO MOTIVO SON DE RECIBO. - La Sentencia contiene afirmaciones y negaciones sobre un mismo hecho, las que se excluyen entre si al no ser irreconciliables, haciendo atendible lo denunciado por el Recurrente en cuanto a que estamos ante una Sentencia con vicio in procedendo. La Sala de lo Penal desea advertir que, en base al motivo planteado, se limita a revisar la coherencia interna de los diferentes razonamientos judiciales, constatando que existe defecto al haberse afirmado y negado un mismo hecho, el cual es relevante por ser el hecho que sustenta la imputación por uno de los delitos juzgados; no es labor de los Jueces de Casación indicar si existe o no responsabilidad de la persona acusada en el delito, ya que esto es privativo de los Tribunales de Sentencia.A.- Primer Motivo.La sentencia impugnada cuenta con secciones diferenciadas, siendo una de ellas la Valoración Probatoria compuesta por dos numerales; en el primero de ellos se aprecia la motivación descriptiva de lo que fue la declaración testifical de los Señores N. M. R. y F. T. B., éste último señalado como ofendido de un delito de robo mediante intimidación; los testigos in comento informaron que el día domingo 30 de septiembre de 2012, alrededor de las 04:00 a.m., cuando transitaban por un puente peatonal fueron interceptados por varias personas, siendo una de ellas el acusado L. E. T., quienes le exigieron al ofendido la entrega de dinero y un aparato celular, a lo que éste obedeció al ser amenazado con un arma de fuego de fabricación casera que portaba el acusado. En la sentencia se consigna el proceso de valoración intelectiva de la prueba descrita, en donde el A-Quo califica a los testigos como coherentes, irrefutables y creíbles, al grado que para los Juzgadores acreditaron que el acusado fue la persona que despojó al ofendido de sus objetos, sin que exista duda que éste participo en los hechos (F. 19 v.).- En este punto de lectura de la sentencia el lector aprecia que existe un aparente convencimiento de los Jueces sobre la responsabilidad del acusado en los hechos descritos por los testigos F. B. y N. R., pero esto no permanece así por mucho dado que en el mismo párrafo los Juzgadores niegan la acreditación de la responsabilidad al no existir prueba que acredite el objeto material del delito: el aparato celular y el dinero, generando así confusión, sobre a qué convencimiento llegaron los jueces, quienes por una parte se manifiestan persuadidos que el acusado participó en los hechos tal como fueron relatados por los testigos y con ello por acreditado el delito, pero al mismo tiempo señalan que no existe delito al no probarse la existencia del dinero y del aparato celular, lo que hace que el lector encuentre entonces que no era cierto que los testigos eran creíbles, pues es estos son los que indican que existía un celular y dinero y que esto fue lo que les despojó el acusado.El vicio se repite con la valoración de los testimonios rendidos por los Señores H. M. y C. Á.; los Jueces de Sentencia señalaron que estos testimonios (también) eran irrebatibles y coherentes, sin hacer excepción sobre alguna parte de su contenido, por lo que el lector debe de entender que los Jueces tuvieron como cierto todo lo que éstos refirieron, es decir que como policías atendieron al ofendido cuando éste denunció que había sido objeto de robo de su celular y de una cantidad de dinero y que por ello se movilizaron en una patrulla hasta encontrar al acusado en posesión de un arma de fuego de fabricación casera; testigos que si bien son de referencia, al ser “irrebatibles”, probarían que el ofendido interpuso la denuncia de robo del celular y del dinero, contribuyendo a más confusión del lector en cuanto a la idea que se desea transmitir en la sentencia.B.- Segundo Motivo. La Fundamentación Jurídica de la Sentencia exponen los Juzgadores que los delitos en contra de la propiedad requieren la acreditación del objeto material, en este caso de un teléfono celular y de dinero en efectivo, los cuales no le fue encontrado en posesión al acusado L. E. T. al momento de su aprehensión, lo que impide señalarle como responsable del delito de robo; lo anterior colisiona con la exposición hecha por el A-Quo en la valoración de la prueba, en donde indican que a partir de la valoración positiva de las declaraciones de los Señores F. B. y N. M. R., se puede afirmar que el acusado L. E. T. es la persona que despojo al Señor B. de sus objetos, no quedando duda que éste participó en los hechos. Se evidencia una contradicción entre las afirmaciones hechas por el Tribunal de Sentencia: mientras en la Fundamentación Jurídica se señala que no se acredito la existencia de los objetos supuestamente despojados al ofendido debido a que no le fueron encontrados al acusado y por ello el delito de robo no puede ser imputado, de manera previa en la sentencia se hizo la afirmación de que el acusado fue la persona que despojo al ofendido de sus objetos muebles. En conclusión, el Tribunal de Sentencia afirma y niega al mismo tiempo un hecho, el cual es relevante pues este es precisamente el objeto de juzgamiento de la causa, convirtiendo en invalida la sentencia en cuanto a todo lo relacionado con el delito de robo..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veinte de febrero del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “I. SENTENCIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinte (20) días del mes de febrero del año dos mil diecinueve (2019), el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de Coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y Miguel Alberto Pineda Valle, como Magistrado Integrante, en sustitución del Magistrado Rafael Bustillo Romero, por excusa justificada; pronuncia: EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS,La Sentencia conociendo del Recurso de Casación S.P.145-2015 por Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintinueve de septiembre del dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, Departamento de Comayagua, mediante la cual Falló: 1) Absolviendo al señor L. E. T., del delito de Robo, en perjuicio de F. T. B.; 2) Condenando al señor L. E. T., a la pena de cuatro (04) años de reclusión, por el delito de Portación Ilegal De Armas Comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estadio De Honduras; 3) Condenando al señor L. E. T., a las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil.- Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, el Abogado V. M., en su condición de Fiscal del Ministerio Público.SON PARTES: La Abogada I. A. F., Agente Fiscal del Ministerio Público en su condición de Recurrente; los Abogada D. L. y J. R. I., Defensores Públicos, apoderados legales del acusado L. E. T. O., en su condición de Recurrentes. II. HECHOS PROBADOS. Único: El día 30 de septiembre del año 2012 en horas de la madrugada, en la salida hacia el norte de esta ciudad de Comayagua, departamento de Comayagua, agentes de policía dan detención al señor L. E. T. O., por encontrarse portando un arma de fuego de fabricación artesanal comúnmente conocida como chimba.III. RECURSO DE CASACIÓN. - MOTIVOS Y ARGUMENTOS. 1.-RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY. : Primer Motivo: Aplicación Indebida del artículo 332-8 del Código Penal, en relación con los artículos 7 y 27 de la ley de Control de Armas Municiones, Explosivos y otros similares. Precepto Autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal. Exposición Del Motivo: En el proceso de mérito, el Juzgador al momento de emitir sentencia estimó y declaró como probados los hechos que se transcriben a continuación: “Único: El día 30 de septiembre del año 2012 en horas de la madrugada, en la salida hacia el norte de esta ciudad de Comayagua, departamento de Comayagua, agentes de policía dan detención al señor L. E. T. O., por encontrarse portando un arma de fuego de fabricación artesanal comúnmente conocida como chimba”. Del referido cuadro fáctico se desprende, que el Tribunal Sentenciador ha tenido por establecido que el imputado fue encontrado en posesión ilegal, de un arma de fuego de fabricación casera conocida como chimba y en razón de ello, emite sentencia condenatoria imponiéndole una pena de cuatro (4) años de reclusión, lo que evidencia que subsumió el actuar antes descrito en el artículo 332-B del Código Penal, que regula el delito de Portación Ilegal de Armas de naturaleza Comercial, que al respecto establece: “Quien sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea, use ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionados con ellas...” De la norma supra indicada advertimos, que el primer elemento típico que exige, es “quien sin permiso de la autoridad competente”, permiso que está regulado en el artículo 7 de la Ley de Control de Armas y en el que nos describe las armas permitidas prescribiendo lo siguiente: “Para los efectos de esta ley, se consideran permitidas de conformidad con reglamentación al efecto, las armas defensivas y deportivas siguientes: 1) Armas de puño o cortas: Los revólveres y pistolas semiautomáticas hasta punto cuarenta y cinco pulgadas (45) u once punto cinco milímetros (11.5) de calibre. 2) Las armas de hombro o largas: Fusiles y cabinas de acción mecánica semiautomática, hasta punto trescientas ocho pulgadas de calibre (308), y 3) Escopetas de acción mecánica el que nos describe las armas permitidas 10, doce (12), dieciséis (16), veinte (20) y punto cuatrocientos diez (410), siempre que el cañón no sea menor de cuarenta y seis centímetros o dieciocho pulgadas”. Al confrontar los hechos estimados y declarados probados por el juzgador y la normativa citada como infringida por Aplicación Indebida, se denota sin lugar a dudas, la concurrencia del vicio in iudicando en que se fundamenta este motivo de Casación, pues un arma de fabricación casera (chimba) no se considera como de uso personal defensivo, deportivo, ni comercial, en virtud que este tipo de arma se excluye de la nómina establecida en el artículo 7 de la Ley de Control de Armas. Otro aspecto de vital importancia es que la acción por la cual el encausado fue llevado a juicio, se circunscribió a la penalización de la posesión del objeto en sí denominado comúnmente como “chimba”, independientemente del tipo de munición que sea utilizada para su percusión, misma que jamás podría ser objeto de un registro legal por parte del Estado, consecuentemente tampoco resulta factible la obtención de permiso emitido por autoridad competente, ni autorizada su fabricación, ni tenencia; circunstancia que imposibilita que se pueda tornar de carácter comercial. Extremo que es admitido por el propio Tribunal en el apartado de fundamentación jurídica cuando indica que dicha arma de fuego Artesanal tipo Chimba se considera “no convencional”. Siendo así, no le es aplicable la norma citada como infringida por aplicación indebida. Atendiendo las citadas argumentaciones, es que estima el Ministerio Público, que el precepto penal sustantivo aplicado por el ente jurisdiccional no tiene vigencia en la decisión del caso subjudice, por ende, solicita que se case la sentencia cuestionada a través de esta vía impugnativa. Segundo Motivo: Falta de Aplicación del Artículo 332-A del Código Penal. Precepto Autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal. Exposición Del Motivo: El precepto penal de orden sustantivo que se cita como infringido textualmente dice: “Artículo 332-A: “Fabricación y Tráfico de material de guerra, armas y municiones. La persona no autorizada que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda armas, municiones, explosivos o material de guerra o de combate, incluidas en estas últimas las armas AK-47, en cualquiera de sus modelos será sancionada con pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (Lps. 5,000.00) a diez mil (Lps. 10,000.00) lempiras por cada arma incautada.” El Juzgador realiza su fundamentación jurídica, orientada a sustentar el por qué, el tipo que se adecua al hecho único declarado como probado, es el contenido en el artículo 332-B del Código Penal, señalando que aunque la referida arma es “no convencional” por ser una chimba, se debe considerar que fue diseñada para disparar munición Calibre 12 Gauge; es así, que en el citado apartado establece “... cuya munición es la permitida por la ley conforme lo establece el artículo 7 numeral 3 de la Ley de Control de Armas de Fuego, municiones, explosivos y otros similares es considerada comercial, norma que se encuentra configurada de acorde a los artículos 332-B, que sanciona penalmente esta portación...” Como se logra evidenciar, el juzgador carece de un soporte legal para establecer con certeza que el hecho de poseer un arma de fuego artesanal (chimba) no es una conducta constitutiva del ilícito penal de Portación Ilegal de Armas de Guerra, por lo que se ve obligado a acudir a sus meras apreciaciones, en la sección del fallo que corresponde a explicar los fundamentos jurídicos en que sustenta su decisión. Del análisis del precepto en referencia, conforme los hechos fijados por el Tribunal, los cuales fueron transcritos en el motivo que antecede, quedó plenamente acreditado la existencia de un hecho típico donde el sujeto activo es el imputado L. E. T., quien tomó parte directa en la ejecución del hecho al poseer un artefacto de fabricación casera prohibido por la ley, el cual se subsume en la normativa penal del articulo 332 A del Código Penal, en virtud de que, como hemos indicado en el primer motivo planteado, se trata de armas para las cuales el Estado no prevé una posibilidad de registrar y por ende legalizar. En ese sentido debemos indicar, que la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado en relación a que: “sólo se podrán poseer y/o portar armas de fuego y municiones clasificadas como permitidas, mismas que deberán tener las características que estipula el artículo 7 y 9 de la Ley de Armas” (ver sentencia SP-248-2010 de 17 de Febrero de 2013); y como hemos venido arguyendo, las armas de fuego de fabricación artesanal (chimbas) no se ajustan a tales parámetros y llevan implícito un riesgo mayor al no poseer controles estatales. Partiendo de los argumentos jurídicos expuestos, estimamos que el A quo ha incurrido en el vicio por Falta de Aplicación del artículo 332-A, dado que el imputado fue encontrado portando un arma, en este caso de fabricación casera, sin contar con el permiso de la autoridad competente por ser prohibida y por considerarla un arma de guerra; por ende, resulta que el fallo emitido por el Juzgador de instancia indudablemente merece ser corregido por la Honorable Sala de lo Penal en la sentencia que resuelva el presente recurso. Por lo antes expuesto, la Fiscalía solícita se case la sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa citada.B.- RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: Primer Motivo: “Que las motivaciones fácticas sean contradictorias” Precepto Autorizante: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Explicación Del Motivo: La motivación probatoria de la sentencia en comento, presenta contradicciones que la vuelven incomprensible y que consecuentemente vician la misma, pues no hay claridad respecto al razonamiento intelectivo del Tribunal y la conclusión a la cual finalmente arribó, ya que la contradicción que se evidencia en éste apartado del fallo, no sólo afecta al relato fáctico, sino también, a todo el contenido de la misma, la cual no resulta armónica, ni congruente en todas sus partes; sin embargo en éste primer motivo del recurso, nos referiremos a la contradicción dentro de la misma valoración probatoria, la cual, como veremos a continuación resulta ambigua. El Juzgador, al valorar las declaraciones de los testigos de cargo F. T. B. y N. M. R., concluye de la siguiente manera: “Los anteriores de ponentes son testigos presénciales de los hechos, ya que los perciben de forma directa, por ende, sus testimonios son coherentes e irrefutables... Para el Tribunal los testimonios anteriores resultan creíbles al sostener en sus relatos haber observado los hechos de forma directa, ya que éstos se ubican en tiempo y espacio e indican que el acusado L. E. T. es la persona que des pojó al señor F. de sus objetos, no le queda ninguna duda que esta persona participó en estos hechos”. Inmediatamente después agrega: “sin embargo, siendo que se trata de un delito contra la propiedad, no existe ningún otro elemento de prueba que respalde éste tipo penal, como ser la acreditación del objeto material (aparato celular) y de la suma de dinero que refiere el ofendido que fue despojado”. Como se puede observar, la contradicción es evidente, inicialmente el sentenciador refiere que no tiene duda de que el acusado participó en los hechos constitutivos de un delito de Robo, lo cual se deduce de la prueba testifical de cargo, que le ha merecido absoluta credibilidad, teniendo por cierto, que el ofendido fue despojado de sus objetos (un celular y L.400.00), por parte del acusado y posteriormente establece, que dichas declaraciones no le resultan suficientemente creíbles, pues requiere otros elementos de prueba que respalden la acreditación del objeto material; la valoración que realiza el ente jurisdiccional, contiene una grave contradicción, en vista que por una parte afirma que el acusado es autor de un delito de robo (pues lo deduce de la prueba evacuada) y al mismo tiempo asevera, que el acusado no es autor de dicho delito (pues considera que la prueba evacuada no logró acreditarlo), como si no hubiese establecido en su motivación, que le cree a la versión de los testigos de cargo en todo su contenido, incluido el hecho que el señor F. fue despojado de un aparato celular y dinero, es decir, tiene por acreditada la existencia de los objetos, aunque no le fueron encontrados al enjuiciado al momento de su detención. Más adelante, dentro del mismo apartado de la sentencia, es decir, el de Valoración Probatoria, el sentenciador nuevamente incurre en la contradicción antes señalada al referirse a la prueba documental, la cual relaciona con las deposiciones de los Policías que dieron captura al acusado, refiriéndose en los siguientes términos: “Para el Tribunal estos testimonios de los señores agentes del orden A. M. y F. Á. son irrebatibles y coherentes... dichas versiones son enlazadas con la prueba documental”; Si bien es cierto el sentenciador hace énfasis en el decomiso del arma de fabricación casera que se hizo al acusado, también dichos testimonios prueban el hecho de que el ofendido, frente a los policías, pudo identificar al acusado L. T. como la persona que le había despojado de sus pertenencias apuntándole con la mencionada arma y que he fuera decomisada por los Agentes Policiales. Con las evidentes contradicciones señaladas, la sentencia en mención adolece del vicio que se enuncia en el presente motivo, al no cumplir con los requisitos básicos para motivar la misma y que ya establece el Código Procesal Penal; al respecto es procedente relacionar lo señalado por la Honorable Corte Suprema de Justicia en la sentencia SP-361-2009, de fecha 16 de Agosto de 2012, en cuanto a las formalidades o requisitos que debe reunir la motivación en la sentencia: “La Sentencia, para que se revista de validez, debe de contener una adecuada y suficiente motivación la cual es un producto intelectual de los juzgadores en el que se da a conocer los fundamentos de hecho y de derecho que cimientan cada uno de los pronunciamientos del fallo, constituyéndose una garantía constitucional de fiscalización de legalidad en el ejercicio de la jurisdicción. En la motivación los juzgadores demuestran que han estudiado el conflicto traído a ellos, el cual resuelven dentro del ámbito de la acusación, demuestran cómo ha sido el proceso de valoración de las pruebas conforme al sistema de la sana crítica y demuestran la vinculación de los hechos con normas legales que aplican, seleccionadas por ser las que de manera más propia dictan la pauta de solución al caso concreto. La motivación demuestra su eficiencia cuando cualquier persona, incluso sin tener conocimiento alguno en la ciencia del derecho, puede saber por qué el Órgano Sentenciador ha tomado la decisión señalada en el fallo, independientemente si comparte o no dicha decisión, pueda enterarse del camino que siguieron los juzgadores en el razonamiento del caso y a partir del cual se plantearon una serie de argumentos asociantes cuya correspondencia entre si hacen de la sentencia un silogismo categórico coherente.- Es tanta la importancia que tiene una debida motivación que el legislador determinó, en el artículo 141 del Código Procesal Penal, sancionar con nulidad las resoluciones que carezcan de una motivación clara y precisa, nulidad que puede ser decretada, entre otras formas, como consecuencia de un Recurso de casación por quebrantamiento de las formas procesales, así el artículo 362.3 del mismo cuerpo legal advierte como vicios: 1).- Ausencia de motivaciones fácticas; 2).- Insuficientes motivaciones Fácticas; 3).- Ausencia de motivaciones jurídicas; 4).- Insuficientes motivaciones jurídicas; y 5).- Motivación Contradictoria. De manera general, existe motivación contradictoria cuando el Órgano Juzgador en su sentencia desarrolla juicios contrapuestos, de modo que la coherencia en el fallo fuese ausente por desbordarse los límites de la logicidad en los argumentos desarrollados socavando la seguridad de la decisión adoptada al ser la conclusión de un discurso falaz.- La contradicción puede presentarse entre los hechos probados y la fundamentación probatoria, entre aquellos y la fundamentación jurídica, entre la fundamentación probatoria y la fundamentación jurídica o internamente en cada una de ellas”. (Lo subrayado y en negritas no corresponde al texto original). De lo cual, nos queda concluir que la sentencia que ahora se cuestiona por ésta vía impugnativa adolece del vicio referido en éste primer motivo del recurso al realizar la motivación fáctica introduciendo juicios irreconciliables entre sí. Por haberse producido el vicio in procedendodenunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del mismo. Segundo Motivo: “Que las motivaciones fácticas y jurídicas sean contradictorias. - Precepto Autorizante: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Explicación Del Motivo: Abordaremos este motivo exponiendo que la sentencia contiene una motivación contradictoria cuando se irrespeta el principio elemental de coherencia, al no desarrollarse los argumentos del sentenciador de forma armónica en su conjunto, produciendo como resultado juicios inconciliables y equívocos. En la sentencia impugnada y como fue señalado en el motivo precedente, la fundamentación probatoria es contradictoria en sí misma, pero esto se extiende más allá al ser incoherente con lo plasmado por el juzgador en la motivación jurídica, es así que en el último párrafo, numeral segundo de dicho apartado, el sentenciador señala que “no se logró acreditar la participación del acusado en el tipo penal de Robo”; habiendo afirmado en la fundamentación probatoria, como antes fue señalado, que “no le queda ninguna duda de la participación del acusado en estos hechos’ (Ver última línea de la página 5 en contraste con el tercer párrafo de la página 10 de la Sentencia). En referencia, la Sentencia CP-01-2011 de fecha 27 de Junio de 2013 dictada por la Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, se pronunció en los siguientes términos: “La consecuencia de que una sentencia contenga motivación contradictoria es su invalidación y por tanto su declaratoria de nulidad, por cuanto no puede tener vida jurídica el pronunciamiento de un Tribunal, cuyo sustento es contradictorio, dejando a los justiciables y al público en general, bajo la incertidumbre de saber cuáles fueron los verdaderos motivos en que se basó para tomar la decisión final”. La obligación de sustentar y motivar coherentemente las decisiones judiciales es vital en el ejercicio de la función jurisdiccional, la necesidad de justificar las decisiones judiciales garantiza que sea la voluntad de la ley y no la del sentenciador la que defina el conflicto jurídico, en este sentido, la motivación de los actos jurisdiccionales, pueden ser vistos como un componente que refuerza el contenido mínimo del debido proceso, dado que constituye una barrera a la arbitrariedad judicial y contribuye a garantizar a sujeción del juez al ordenamiento jurídico y el posterior control sobre la razonabilidad de la providencia, lo que no sucede en el proceso subjudice, donde el juzgador emite motivaciones o razonamientos contradictorios, afirmando y negando juicios, dejando plasmado un razonamiento ambiguo, lo que provoca la invalidez de la sentencia siendo procedente su anulación por ésta vía recursiva. Por haberse producido el vicio in procedendodenunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del vicio. Por lo anteriormente expuesto, solicitamos se declare procedente los dos motivos de Casación por Quebrantamiento de Forma, anulando el fallo recurrido, ordenando la devolución de los antecedentes al respectivo Tribunal de Sentencia de Comayagua, para que el trámite de que se trate sea substanciado de conformidad con la ley.IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. 1.- RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal:1. Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados es el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia en base a lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el Juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de Recurso por Infracción de Ley o de Doctrina Legal, se debe de guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de Correspondencia entre los hechos Probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y, e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal.Es importante anotar que debe de entenderse como norma sustantiva a toda aquella de defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (Como es el caso de las normas extra penales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas entonces normas con contenido procesal.En conclusión a través del Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia; en este sentido, el Recurso de Casación por Infracción de Ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados).2.-MOTIVOS.Primer Motivo. *Precepto Autorizante: 360 del Código Procesal Penal; *Normas Sustantivas que se denuncian Infringidas: Artículo 332-B del Código Penal, en relación con los artículos 7 y 27 de la Ley de Control de Armas, Municiones, Explosivos y Similares; *Concepto de la Infracción: Aplicación Indebida del artículo que tipifica el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Personal; y *Pretensión: Se case la Sentencia y se profiera en su lugar sentencia apegada a derecho.Explica el Recurrente que el vicio in iudicando que presenta la sentencia es el haber considerado un arma de fabricación cacera como de uso personal, defensivo, deportivo o comercial, ello en virtud de que este tipo de arma se excluye de la nómina prevista en el artículo 7 de la Ley de Control de Arma.Segundo Motivo: *Precepto Autorizante: 360 del Código Procesal Penal; *Normas Sustantivas que se denuncian Infringidas: Artículo 332-A del Código Penal; *Concepto de la Infracción: Falta de aplicación de la norma Penal Sustantiva que Tipifica conductas cuyo objeto del delito son las Armas Prohibidas por la Ley; y *Pretensión: Se case la Sentencia y se profiera en su lugar sentencia apegada a derecho.Discute el Ministerio Público que el juzgador no tiene soporte legal para establecer que el hecho de poseer un arma de fabricación cacera no constituye conducta del ilícito penal de portación de arma de guerra; refiere que conforme los hechos declarados probados quedó acreditado la existencia del hecho típico que se subsume en el artículo 332-A del Código Penal, el cual no se ha aplicado, siendo éste el vicio reclamado.Tratamiento Penal de las Armas de Fabricación Casera o Artesanal: Esta Sala de lo Penal ha encontrado en las sentencias emitidas por los Tribunales de la República diversos criterios de cómo se debe de calificar las conductas que tienen por objeto armas de fuego de fabricación casera; así pues en algunos Tribunales de la República han señalado que no existe tipificación en cuanto a esa conducta, otros señalan que se encuentra tipificado en el artículo 332-A y otros en el Artículo 332-B.- Sin embargo tal dilema ya ha sido resuelto por esta Sala de lo Penal, pues en los Fallos No. 336-2015 No. 409-2015 y No. 473-2015, todos del 28 de julio de 2016 y No. 449-2013, de fecha 30 días del mes de enero de 2017, se ha fijado ya doctrina legal al respecto.Recordemos que la Convención Interamericana Contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados, define como "Armas De Fuego" a cualquier arma que conste de por lo menos un cañón por el cual una bala o proyectil puede ser descargado por la acción de un explosivo y que haya sido diseñada para ello o pueda convertirse fácilmente para tal efecto, excepto las armas antiguas fabricadas antes del siglo XX o sus réplicas. Mediante la Convención referida los Estados, entre ellos Honduras, se comprometieron a comercializar armas de fuego que tengan el marcaje adecuado del nombre del fabricante, lugar de fabricación y número de serie y, además, marcaje de importación que incluya nombre y dirección del importador; también a que las armas destinadas para uso oficial contengan el Marcaje adecuado que las identifique.Por su parte el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, define como “Fabricación Ilícita” de armas la fabricación o montajes de armas de fuego a partir de piezas y/o componentes que hayan sido objeto de tráfico ilícito, o cuando se realice la fabricación o montaje sin contar con la licencia o autorización de una autoridad competente del Estado o aquellas armas que al momento de su fabricación no fueren objeto de marcaje.Concluimos entonces que las armas de fabricación casera o artesanal, son “Armas De Fuego”, en los términos referidos en los artículos 332-A y 332-B del Código Penal; ahora bien, tarea diferente es establecer en cuál de los tipos penales se encuentran tipificadas, lo que exige un estudio de todas las normas legales relacionadas con el tema.Se ha pronunciado esta Sala de lo Penal que la diversidad de calificativos que proporciona las leyes en relación a las armas de fuego no obedece a una acertada técnica legislativa, esto por su uso indistinto, como ser: armas comerciales, armas personales, armas deportivas, armas prohibidas y armas de guerra, lo que obliga hacer la respectiva distinción.- El artículo 7 de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones Explosiones y Otros Similares (Ley de Armas) hace una enumeración de “armas permitidas por la ley”, entendiéndose como tales a aquellas armas que la ley autoriza su comercio, pudiendo adquirirse, regalarse, venderse, importarse, exportarse, trasportarse, almacenarse, poseerse o usarse, siempre que ello sea previamente autorizado por autoridad competente en base a ley. Por otra parte, el Artículo 8 de la misma ley, hace una enumeración de las armas que se consideran “prohibidas”, es decir aquellas cuyo comercio no es permitido; no debiendo entenderse que se trata de armas que son penadas, pues la norma a la que hacemos referencia es administrativa, no penal. En resumen el artículo 7 y 8 de la Ley de Armas definen que armas que pueden ser objeto de comercio y cuáles no, sin que se ocupen de definir cuáles son las armas de uso personal, armas deportivas o armas de guerra, que son los términos que utilizan los artículos 332-A y 332-B; tampoco podría afirmarse que las armas enumeradas en el artículo 7 de la Ley de Armas son aquellas que deben de considerarse como de uso personal o deportivas y las enumeradas en el artículo 8 las de guerra, puesto en uno y otro artículo se aprecian armas de diferentes naturaleza; véase que las especificaciones que realiza el artículo 7 de las armas de puño o cortas, armas de hombro o largas y armas de mecánica o semi automática, pueden ser tanto armas de uso personal como armas deportivas; a su vez algunas de las armas descritas en el artículo 8 no son de guerra, como ser las armas de fantasía. En resumen, son armas permitidas y por lo tanto cuyo comercio es lícito las descritas en el artículo 7 de la Ley de Armas; y son armas prohibidas, cuyo comercio no es lícito, no solo aquellas enumeradas en el artículo 8, sino todas aquellas cuyas especificaciones no responden a las descritas en el artículo 7.Los calificativos que hace el derecho penal sobre las armas de fuego como: “arma de uso personal”, “arma comercial”, “arma deportiva” y “arma de guerra”, deben de ser explicados conforme a aspectos objetivos extraídos de las normas penales en su conjunto y en particular de los artículos 332-A y 332-B, que tipifican los delitos que tienen por objeto las mismas:1).-Armas de Guerra: El artículo332-A, tipifica el delito el de “Fabricación y Tráfico de material de Guerra, Armas y Municiones”, cuyo contenido es: “La persona no autorizada que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda Armas, municiones, explosivos o material de guerra o de combate, incluidas en estas últimas las armas AK-47 en cualquiera de sus modelos, será sancionada con la pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (L. 5, 000.00) a diez mil (L. 10,000.00) lempiras.- La Policía Nacional o cualquier otra autoridad que decomise ese material lo pondrá de inmediato a disposición del Ministerio Público.”.- El artículo citado nada dice de cuáles son las armas que deben de ser consideradas de Guerra, salvo la referencia a las armas AK-47 en cualquiera de sus modelos, tampoco la Ley de Armas hace alguna referencia de ellas; por consiguiente debemos de remitirnos a la Convención Interamericana Sobre Transparencia en Las Adquisiciones De Armas Convencionales, en cuyo Anexo I proporciona un listado de armas convencionales objeto de regulación, además a la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonales y su Destrucción, al Protocolo sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Minas, Armas y Otros Artefactos, al Protocolo Sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Armas Incendiarias, al Protocolo sobre Armas Láser Cegadoras, Protocolo sobre Fragmentos no Localizables, la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxicas y sobre su Destrucción, la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y su Destrucción y el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.Como consecuencia y conforme al Artículo 332-A del Código Penal, cualquier persona no autorizada por el Estado de Honduras, que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda algunas de las armas enumeradas en los instrumentos internacionales citados, sus componentes o municiones, además del arma de fuego Ak-42, en todas sus versiones, será sancionado con la pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (L. 5, 000.00) a diez mil (L. 10,000.00) lempiras; particularmente, la fabricación, puede ser industrialmente (mediante el uso de mecanismos automático o semi automático, para fabricación y/o ensamblaje de piezas) o artesanalmente (mediante la manufacturación de piezas o ensamblaje manual, o con ayuda de herramientas usadas manualmente).2).- Armas de Uso Personal.- El artículo 332-B del Código Penal establece como título del delito la “Fabricación y Tráfico de Armas de Fuego y Municiones comerciales, de Defensa Personal o Deportivas y Explosivos Comerciales”, sin embargo al remitirnos al contenido del tipo penal, al supuesto elegido por el legislador y que es objeto de reproche, no se usa el término “armas comerciales”, sino de armas personales, armas de defensa, armas deportivas y de explosivos comerciales, por lo tanto hay una discrepancia entre el título del tipo penal y su contenido, debiendo asirnos al contenido, puesto que éste es el ámbito situacional que sanciona el legislador.- Señala el tipo penal: “Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión sin perjuicio del comiso de dicha armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionados con ellas.- Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas, municiones, explosivos y similares, las descritas en la ley especial.”.El tipo penal está construido en dos párrafos, el primero identifica como el objeto del delito las armas de uso personal y las armas deportivas, entretanto en el segundo párrafo señala que la ley especial, definirá cuales son las armas de uso personal, las armas de defensa y las armas deportivas; el problema con esta enumeración es que las armas de uso personal pueden ser para propósitos de defensa o para propósitos deportivos, por lo que la clasificación hecha por el legislador no es útil al hacer diferencia entre armas de uso personal y armas deportivas cuando las últimas son parte del conjunto que integran las primeras.- Es importante también acotar que la remisión a una ley especial convierte a la norma en un tipo penal en blanco, sin embargo al no mencionar a que ley especial se refiere, debemos entender que puede ser cualquier ley que regule las conductas relacionadas con las armas de fuego, ello incluye los Tratados y Convenios Internacionales que forman parte del derecho interno hondureño; por otro lado es de subrayar que en el segundo párrafo se habla de armas de defensa, mismo que no es parte del supuesto que contempla el primer párrafo como objeto del delito; además y aun cuando el tipo penal remite a otra ley para entender el concepto de armas de uso personal, de defensa y deportivas, tal definición no se encuentra en ninguna ley, particularmente en la ley de armas que sería la llamada a hacerlo.Por tanto, es llamada la Sala de lo Penal, por vía de doctrina legal llenar de contenido los conceptos enumerados, y por ello llama a entender como arma de uso personal todas aquellas destinadas para un fin distinto a la guerra (descritas anteriormente).- Como se ha señalado ya, las armas de uso personal pueden tener propósitos de defensa o propósitos deportivos (cacería); entre las armas de uso personal están aquellas de comercio lícito o aquellas de comercio ilícito, siendo las primeras objeto de permiso mientras que las segundas no.Las armas de uso personal de comercio lícito están descritas en el artículo 7 de la Ley de Armas, entendiéndose (por concepto negativo) que todas aquellas que reúnan especificaciones distintas a las señaladas en la norma citada se consideran armas de uso personal de comercio ilícito. Además, se consideran armas de uso personal de comercio ilícito las descritas en los numerales 1 (Armas automáticas) y 5 (Armas de Fantasía) del artículo 8 de la Ley de armas, mismas que no podemos considerar armas de guerra, dada su naturaleza y poder ofensivo, pero que si proscritas por el peligro que representan: a. Las armas automáticas como consecuencia del mecanismo de disparo; y b. Las armas de fantasía, al tener una apariencia inocua que pueden hacerlas pasar inadvertidas.Incurrirán en el delito tipificado en el artículo 332-B, las personas que fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego para uso personal, con propósitos de defensa o propósitos deportivos, cuando: a. No se cuente con la autorización de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública, en el caso de que su comercio sea lícito; o b. Se trate de armas de fuego que no siendo de guerra, su comercio igualmente sea ilícito, del que en ningún caso se podrá contar con autorización de autoridad competente. La sanción a imponer a las personas responsables será de tres (3) a seis (6) años.Habiéndose establecido que se debe de considerar armas de guerra y armas de uso personal (deportivas, de defensa o comerciales), corresponde concretar cómo deben de ser catalogadas las armas de fuego de fabricación casera o artesanal, entre ellas las conocidas como “chimbas”; Es tener presente que las conductas fijadas como verbo rector en los artículos 332-A y 332-B del Código Penal son: unas de resultado y otras de mera actividad, pero todas representan un peligro abstracto que atenta contra la Seguridad Interior del Estado como bien jurídico tutelado por la ley penal; en el caso particular de los verbos rectores de mera actividad, como ser: almacenar, transportar, usar, ingresar o sacar del país, suministrar o vender (Art. 332-A y 332-B), adquirir (Art. 332-A) y poseer (Art. 332-B) basta para su consumación su mera realización sin que se requiera un resultado o cambio fenoménicamente apreciable; por su parte el verbo rector fabricar, requiere un resultado y es la confección terminada del arma de fuego, municiones o explosivos.Al revisar las exigencias objetivas que contiene los tipos penales relacionado, aparece que: “quien sin permiso de la autoridadcompetente…” realice cualquiera de los verbos rectores, será objeto de sanción penal. - Las armas de fabricación casera o artesanal, son precisamente armas de fuego, al estar diseñadas para lanzar proyectiles, aprovechando la fuerza de expansión de los gases de la pólvora. Su fabricación es prohibida, dado que no se permite la producción, tenencia y comercialización de éste tipo de armas; es por ello que están catalogadas como armas prohibidas (Art. 7.1 de la Ley de Control de Armas de Fuego. Municiones. Explosivos y Otros Similares, en adelante Ley de Armas). Se consideran armas de fabricación casera tanto aquellas fabricadas a partir de componentes no destinados para su elaboración, como aquellas de fabricación industrial a la cual se le agregan componentes ajenos no dispuestos en el diseño original (Como miras telescópicas o silenciadores).- Normalmente las armas de fabricación casera se diseñan para accionar cartuchería fabricada industrialmente, por lo que el proyectil (objeto que se proyecta), son balas industriales, la mayoría de veces de comercio lícito.Se insiste en que un arma de fabricación artesanal es considerada prohibida, y por ende, su portación será siempre sin contar con el permiso de autoridad alguna, pudiendo ser de guerra (Art. 332-A) o de uso personal (Art. 332-B), a depender de su naturaleza; de este modo si el arma fabricada se ajusta a la descripción de aquellas descritas por los Tratados o Convenios internacionales que regulan las armas no convencionales, toxicas, químicas, Bacteriológicas, nucleares, cegadoras, incendiarias o minas antipersonales, (enumerados en el apartado anterior), el arma sin duda es de aquellas sancionadas por el artículo 332-A del Código Penal; pero si el arma fabricada artesanalmente no se encuentra regulada por los Convenios y Tratados internacionales que regulan el tema, sino por el contrario es un arma cuya confección permite el uso de munición de carácter comercial, estaremos ante un arma de uso personal sancionada por el artículo 332-B del Código Penal.El reproche formulado por las conductas que tengan como objeto armas de fuego, se realiza sin que sea necesario acreditar un Animus Domini, siendo suficiente el Animus Detinendi, es decir la relación entre el arma y el sujeto activo del delito que permita el uso, tenencia, posesión o la disponibilidad de la misma, conforme su voluntad, para darle el destino o función objetiva que le es inherente.Las armas de fabricación casera, contrario a la opinión externa por la Sección de Asesoría Técnico Jurídica de la Fiscalía General del Ministerio Público, en su Dictamen FGR-ATJN.2, del 05 de Noviembre de 2013, no se encuadran exclusivamente en el artículo 332-A del Código Penal, dado que ello dependerá de su naturaleza como ya hemos explicado; por ejemplo un arma artesanal, compuestas por tubos, uno de ellos como cañón y una aguja percutora, capaz de accionar cartuchos de venta comercial, ciertamente constituirá un arma de uso personal por su potencial destructivo, si bien es real, no es igual a las armas fabricadas industriales de comercio lícito, mucho menos a alguna de las armas de guerra, siendo su calificación correcta la dispuesta en el Artículo 332-B cuando la conducta a reprochar sea su fabricación, almacenaje, tenencia, transporte, uso, importación, exportación, adquisición o venta.Se insiste que al referirse el artículo 332-B, sobre armas de uso personal, están comprendidas dentro de ellas las chimbas o de fabricación artesanal que tenga una ofensividad convencional. Esta Sala considera que no obstante que en la ley penal vigente no menciona de forma expresa que constituya delito la fabricación y posesión de chimbas, lo cierto es que este tipo de armas se ajusta perfectamente al concepto general de arma de fuego dispuesto en la Convención Interamericana Contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados, y a su vez dicha definición debe articularse con lo dispuesto en alguno de los artículos 332-A y 332- B del Código Penal, eso en razón al tipo de mecanismo, calibre, poder destructivo y demás características particulares que tenga el arma de fabricación no industrial, casera o artesanal de que se trate. La intención del legislador ha sido el de penalizar la portación, uso, fabricación, y demás actividades ilícitas vinculadas, de todo tipo de armas de fuego, incluyendo las de fabricación casera o artesanal, con las cuales también se pone en peligro la seguridad interior del Estado de Honduras, y de su población en general, pues con ellas, personas particulares, así como miembros de organizaciones criminales cometen toda clase de delitos que por la gravedad deben ser sancionada penalmente, conforme a las líneas interpretativas establecidas en casación.DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO.- LOS MOTIVOS PRIMERO Y SEGUNDOS NO SON DE RECIBO. - La Sala de lo Penal ha confrontado los hechos probados y el artículo 332-B del Código Penal, concluyendo que existe identidad entre uno y otro, pues el factum reproduce el ámbito situacional previsto en la norma, encuadrándose con los elementos objetivos y subjetivos del tipo.Según el propio relato de los hechos fijado por los Juzgadores el acusado L. E. T. O. es responsable penalmente de un delito de Portación ilegal de arma de uso personal, pues fue requerido por la autoridad policial al momento en que tenía en su poder un arma de fuego fabricada artesanalmente con la capacidad de detonar cartuchería calibre 12 Gauge, conducta que puso en peligro la seguridad general o comunitaria, en tanto que siendo un instrumento apto para herir o incluso matar, ha estado en posesión del acusado al margen de la fiscalización o control que sobre las armas de fuego debe ejercer el Estado de Honduras, de ahí que el comportamiento del procesado merezca el reproche penal previsto en el artículo 332-B del Código Penal.El Ministerio Público como recurrente, planteada: 1.- Como Primer Motivo: Indebida aplicación del artículo 332-B del Código Penal, al considerar que el arma decomisada no es un arma personal; 2.- Como Segundo Motivo, falta de aplicación del artículo 332-A, del Código Penal, al calificar el arma encontrada en poder del acusado como “arma de guerra”; no siendo de recibo ninguno de los motivos, pues los hechos probados claramente dibujan un hecho en el que se ve involucrada un objeto que es considerada arma de fuego y que no reúne ninguna de las especificaciones de los tratados o instrumentos internacionales que tratan sobre armas de guerra, siendo entonces un arma de uso personal, la que fue fabricada al margen de los controles estatales.- Acceder a lo que el Recurrente pretende sería un contra sentido comparativamente: castigar con una pena de 8 a 10 años de reclusión y multa de cinco mil a diez mil lempiras al poseedor de una chimba con capacidad para disparar cartuchería 12, y con una pena de 3 a 6 años de reclusión la portación sin permiso de la autoridad competente de una escopeta calibre 12, cuando es la segunda la que tiene mayor ofensivo que la primera, dado su mecanismo de disparo, alcance y efectividad de disparo.Al estar relacionados ambos motivos de casación, esta Sala de lo Penal les da respuesta en un solo pronunciamiento, declarando a ambos improcedentes. 3.- DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA.El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República).Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 cpp). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 cpp), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 cpp) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 cpp).El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que el Recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de cpp); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 cpp), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo Recurso de Casación. Además de los requisitos señalados, el Recurrente debe de tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben de cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero cpp) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 cpp); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 cpp); b. Es inaplicable el principio IuraNovit Curia, al no poderse suplir las omisiones del Recurrente; y c. Es posible la concesión parcial del Recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo.4.- MOTIVOSPrimer Motivo: *Normas Autorizantes Citadas: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal; *Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Sin Determinar por el Recurrente. *Concepto de la Infracción Anunciado: Motivaciones fácticas contradictorias; *Reclamación Ex Ante: Imposibilidad, en virtud de que el vicio consta en la Sentencia. *Pretensión: Se anule la Sentencia impugnada.Alerta el Recurrente que el Tribunal de Sentencia, al valorar las declaraciones de los testigos F. T. B. y N. M. R., incurre en profundas contradicciones, esto porque primero afirma que a partir de sus dichos no queda la menor duda que el acusado participo en el delito de robo, esto porque dichas declaraciones le merecieron absoluta credibilidad, pero también afirma que no existe prueba que respalde la existencia del delito en contra de la propiedad, por no ser estas declaraciones suficientemente creíbles, pues requiere de otros medios de prueba que respalden la acreditación del objeto material. Contradicción que según el Recurrente se ahonda más cuando al valorar las declaraciones de los testigos A. M. y F. A. señala que son irrebatibles y coherentes, las que prueban como el ofendido reconoció al acusado como aquella persona que le había despojado de sus pertenencias.Segundo Motivo: *Normas Autorizantes Citadas: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal; *Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Sin Determinar por el Recurrente.*Concepto de la Infracción Anunciado: Motivaciones fáctica y jurídica contradictorias; *Reclamación Ex Ante: Imposibilidad, en virtud de que el vicio consta en la Sentencia. *Pretensión: Se anule la Sentencia impugnada. Llama a atencionar el Recurrente lo que considera una contradicción de juicio; señala que en la motivación jurídica los Jueces señalan que no se logró acreditar la participación del acusado en el tipo penal de robo, pero en la motivación probatoria indicó que no quedaba duda de la participación del acusado en los hechos. El Recurrente denuncia que el A-Quo plantea en la sentencia razonamiento ambiguo, afirmando y negando hechos, lo que invalida la resolución impugnada.Concepto de Motivación Contradictoria.La Sentencia Judicial, si bien compuesta por varias partes o apartados, constituye toda ella una sola verdad, debiendo entonces guarda coherencia entre cada parte y éstas con el todo. - La sentencia debe de contar con la cualidad de logicidad, de modo que de contener argumentos coherentes, concomitantes y derivados en toda su estructura.La Sentencia, para que se revista de validez, debe de observar una adecuada y suficiente motivación la cual es un producto intelectual de los juzgadores en el que se da a conocer los fundamentos de hecho y de derecho que cimientan cada uno de los pronunciamientos del fallo, constituyéndose una garantía constitucional de fiscalización de legalidad en el ejercicio de la jurisdicción. En la motivación los juzgadores demuestran que han estudiado el conflicto traído a ellos, el cual resuelven dentro del ámbito de la acusación, demuestran cómo ha sido el proceso de valoración de las pruebas conforme al sistema de la sana crítica y demuestran la vinculación de los hechos con normas legales que aplican, seleccionadas por ser las que de manera más propia dictan la pauta de solución al caso concreto.La motivación manifiesta su eficiencia cuando cualquier persona, incluso sin tener conocimiento alguno en la ciencia del derecho, puede saber el por qué el Órgano Sentenciador ha tomado la decisión señalada en el fallo, independientemente si comparte o no dicha decisión, enterándose del camino que siguieron los juzgadores en el razonamiento del caso y a partir del cual se plantearon una serie de argumentos asociantes cuya correspondencia entre si hacen de la sentencia un silogismo categórico coherente.Es tanta la importancia que tiene una debida motivación que el legislador determinó, en el artículo 141 del Código Procesal Penal, sancionar con nulidad las resoluciones que carezcan de una motivación clara y precisa, coherente y consecuente; nulidad que puede ser decretada, como resultado de un Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales, así el artículo 362.3 del mismo cuerpo legal advierte como vicios, entre otros, una Motivación Contradictoria.La cualidad de logicidad, exigida en las actividades particulares como la construcción de los hechos declarados probados (Art. 362.1 cpp) o en el proceso de razonamiento valorativo de la prueba (Art. 362.3), igualmente es exigido como requisito general en la construcción de la sentencia, pues esta como un todo único debe de contener pronunciamientos coherentes y articulados, concomitantes y derivados en toda su estructura. Entonces, se produce vicio in procedendo, conforme lo señala el artículo 362.3 del Código Procesal Penal, cuando la sentencia contenga argumentos judiciales que se contrapongan entre si y que por tanto excluyan sus contenidos, ya sea que los mismos se estén desarrollados en un solo apartado de la resolución, como ser la fundamentación probatoria o la fundamentación jurídica, como cuando dichos argumentos se encuentren en distintas apartados, como ser los que se encuentren en la motivación punitiva y en la parte dispositiva del fallo.Para que el vicio sea atendible la contradicción debe de ser esencial, es pues que se trate de manifestaciones principales que por ser contrapuestas se excluyan mutuamente, dejando un vacío de información sin el cual no sea posible adoptar la decisión.- La consecuencia de que una sentencia contenga motivación contradictoria es su invalidación declarándola nula, por cuanto no puede tener vida jurídica el pronunciamiento de un Tribunal, cuyo sustento son afirmaciones colisionantes, dejando a los justiciables y al público en general, bajo la incertidumbre de cuáles fueron los verdaderos motivos en que se basó para tomar la decisión final.La consecuencia de que una sentencia contenga motivación contradictoria, con planteamientos antagónicos que se excluyen entre sí, es la imposibilidad de definir cuáles de dichos planteamientos es el correcto, o cuáles de ellos apuntalan la decisión adoptada, provocando su validez y consecuentemente la necesidad de declararla nula para que tal vicio sea corregido, por cuanto no puede tener vida jurídica el pronunciamiento de un Tribunal, cuyo sustento es contradictorio, dejando a los justiciables y al público en general, bajo la incertidumbre de cuáles fueron los verdaderos motivos en que se basó para tomar la decisión final.DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO.- EL PRIMER Y SEGUNDO MOTIVO SON DE RECIBO. - La Sentencia contiene afirmaciones y negaciones sobre un mismo hecho, las que se excluyen entre si al no ser irreconciliables, haciendo atendible lo denunciado por el Recurrente en cuanto a que estamos ante una Sentencia con vicio in procedendo. La Sala de lo Penal desea advertir que, en base al motivo planteado, se limita a revisar la coherencia interna de los diferentes razonamientos judiciales, constatando que existe defecto al haberse afirmado y negado un mismo hecho, el cual es relevante por ser el hecho que sustenta la imputación por uno de los delitos juzgados; no es labor de los Jueces de Casación indicar si existe o no responsabilidad de la persona acusada en el delito, ya que esto es privativo de los Tribunales de Sentencia.A.- Primer Motivo.La sentencia impugnada cuenta con secciones diferenciadas, siendo una de ellas la Valoración Probatoria compuesta por dos numerales; en el primero de ellos se aprecia la motivación descriptiva de lo que fue la declaración testifical de los Señores N. M. R. y F. T. B., éste último señalado como ofendido de un delito de robo mediante intimidación; los testigos in comento informaron que el día domingo 30 de septiembre de 2012, alrededor de las 04:00 a.m., cuando transitaban por un puente peatonal fueron interceptados por varias personas, siendo una de ellas el acusado L. E. T., quienes le exigieron al ofendido la entrega de dinero y un aparato celular, a lo que éste obedeció al ser amenazado con un arma de fuego de fabricación casera que portaba el acusado. En la sentencia se consigna el proceso de valoración intelectiva de la prueba descrita, en donde el A-Quo califica a los testigos como coherentes, irrefutables y creíbles, al grado que para los Juzgadores acreditaron que el acusado fue la persona que despojó al ofendido de sus objetos, sin que exista duda que éste participo en los hechos (F. 19 v.).- En este punto de lectura de la sentencia el lector aprecia que existe un aparente convencimiento de los Jueces sobre la responsabilidad del acusado en los hechos descritos por los testigos F. B. y N. R., pero esto no permanece así por mucho dado que en el mismo párrafo los Juzgadores niegan la acreditación de la responsabilidad al no existir prueba que acredite el objeto material del delito: el aparato celular y el dinero, generando así confusión, sobre a qué convencimiento llegaron los jueces, quienes por una parte se manifiestan persuadidos que el acusado participó en los hechos tal como fueron relatados por los testigos y con ello por acreditado el delito, pero al mismo tiempo señalan que no existe delito al no probarse la existencia del dinero y del aparato celular, lo que hace que el lector encuentre entonces que no era cierto que los testigos eran creíbles, pues es estos son los que indican que existía un celular y dinero y que esto fue lo que les despojó el acusado.El vicio se repite con la valoración de los testimonios rendidos por los Señores H. M. y C. Á.; los Jueces de Sentencia señalaron que estos testimonios (también) eran irrebatibles y coherentes, sin hacer excepción sobre alguna parte de su contenido, por lo que el lector debe de entender que los Jueces tuvieron como cierto todo lo que éstos refirieron, es decir que como policías atendieron al ofendido cuando éste denunció que había sido objeto de robo de su celular y de una cantidad de dinero y que por ello se movilizaron en una patrulla hasta encontrar al acusado en posesión de un arma de fuego de fabricación casera; testigos que si bien son de referencia, al ser “irrebatibles”, probarían que el ofendido interpuso la denuncia de robo del celular y del dinero, contribuyendo a más confusión del lector en cuanto a la idea que se desea transmitir en la sentencia.B.- Segundo Motivo. La Fundamentación Jurídica de la Sentencia exponen los Juzgadores que los delitos en contra de la propiedad requieren la acreditación del objeto material, en este caso de un teléfono celular y de dinero en efectivo, los cuales no le fue encontrado en posesión al acusado L. E. T. al momento de su aprehensión, lo que impide señalarle como responsable del delito de robo; lo anterior colisiona con la exposición hecha por el A-Quo en la valoración de la prueba, en donde indican que a partir de la valoración positiva de las declaraciones de los Señores F. B. y N. M. R., se puede afirmar que el acusado L. E. T. es la persona que despojo al Señor B. de sus objetos, no quedando duda que éste participó en los hechos.Se evidencia una contradicción entre las afirmaciones hechas por el Tribunal de Sentencia: mientras en la Fundamentación Jurídica se señala que no se acredito la existencia de los objetos supuestamente despojados al ofendido debido a que no le fueron encontrados al acusado y por ello el delito de robo no puede ser imputado, de manera previa en la sentencia se hizo la afirmación de que el acusado fue la persona que despojo al ofendido de sus objetos muebles. En conclusión, el Tribunal de Sentencia afirma y niega al mismo tiempo un hecho, el cual es relevante pues este es precisamente el objeto de juzgamiento de la causa, convirtiendo en invalida la sentencia en cuanto a todo lo relacionado con el delito de robo.V. DECISIÓNNo Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en sus dos motivos; yHa Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos.VI. POR TANTO,La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360 y 362 del Código Procesal Penal, FALLA: PRIMERO: DECLARA NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley, en sus dos motivos, interpuesto por el Ministerio Público.- SEGUNDO: DECLARA FIRME Y EJECUTABLE el pronunciamiento condenatorio emitido en contra del acusado L. E. T., por ser responsable a título de autor directo de un delito consumado de Portación Ilegal de Arma de Fuego de Uso Personal, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras.- TERCERO: DECLARA HA LUGARel Recurso de Casación Quebrantamiento de Forma, en sus dos motivos, interpuesto por el Ministerio Público.- CUARTO: CASA PARCIALMENTE la Sentencia de fecha veintinueve (29) de Septiembre de dos mil catorce (2014), emitida por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Comayagua, Departamento de Comayagua; en consecuencia de decreta su nulidad parcial en todo y cuanto se refiere a la acusación criminal incoada en contra del acusado por suponerlo responsable a título de coautor de un delito consumado de robo, en perjuicio del Señor F. T. B., así como la nulidad parcial del debate que le origina, celebrado en fecha trece (13) de agosto de dos mil catorce (2014) (f. 32).- Y MANDA: PRIMERO: Que en estricto apego a los términos señalados en el Código Procesal Penal, que el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Comayagua, Departamento del mismo nombre, proceda a celebrar nuevo debate en donde se haga pronunciamiento de fondo sobre la acusación presentada en contra del Señor L. E. T., por suponerlo responsable a título de coautor, de un delito consumado de Robo mediante intimidación, en perjuicio del Señor F. T. B., en el cual deberán de participar jueces /zas distintos/as a aquellos/as que participaron en la emisión de la Sentencia de fecha veintinueve (29) de septiembre de dos mil catorce (2014).- SEGUNDO: Que dentro del término de ley la Secretaría del Despacho proceda a notificar a las partes personadas en única instancia de la presente resolución y en su oportunidad se devuelva el expediente judicial al Tribunal de Sentencia de su origen, junto con certificación original de la presente sentencia de casación, a fin de que se le dé estricto cumplimiento.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO.JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. Magistrado coordinador. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. Magistrada. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. Magistrado Integrante. FIRMA Y SELLO. JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA. Receptor Adscrito. Sala de lo Penal.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de abril del año dos mil diecinueve. Certificación de la Sentencia de fecha veinte de febrero del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-145-2015.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL