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Sentencia CP-131-15 — Registro 12609

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Homicidio Simple, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...Procedencia del RecursoEL RECURSO NO ES DE RECIBO.- Son dos los derechos fundamentales que denuncia la Recurrente como los violentados por la decisión judicial, sin embargo en el desarrollo del libelo solo se encuentra argumentación recursiva relacionada con el Derecho/Principio de Inocencia, no identificándose alegato alguno que tenga relación con el Derecho a un Debido Proceso Judicial; Por tanto la Sala de lo Penal hará el análisis de lo planteado en el recurso y dirigirá su respuesta en torno al Derecho Fundamental del Principio de Inocencia.En el estudio de la suficiencia probatoria, como exigencia del Derecho Fundamental que se denuncia violentado, la Sala de lo Penal encuentra que la prueba presentada en la audiencia de debate tiene la virtusidad señalada por el A-Quo para desaforar al acusado de su estado de inocencia.La Sentencia impugnada, caracterizada por una amplia y amigable motivación, desarrolla el análisis de los medios de prueba, señalando los elementos de hecho que extrae de cada uno de ellos y a la vez explicando por qué las objeciones opuestas por la Defensa no fueron atendibles en cada caso. En el Recurso, la Casasionista increpa que la prueba es insuficiente pues aduce que la decisión de deducir responsabilidad penal al acusado deriva de la declaración de un único testigo, lo cual es un argumento inexacto, pues los demás testigos si bien no se encontraban en el lugar precioso donde ocurrieron los hechos, presenciaron hechos previos, coetáneos y posteriores, que calzan con lo señalado por el testigo presencial y con la prueba científica, de modo que la valoración conjunta permite la reconstrucción del hecho histórico que hoy el Estado reprocha al acusado y por el cual resultó condenado.El testigo J. R. del C. S., señala que el acusado H. M. M. y el ofendido F. G. B. estaban juntos ese día, e incluso hizo referencia que éste último le pidió prestado L. 50.00; Los testigos J. R. G. C. y M. N. H. P., concuerdan que el acusado y el ofendido andaban juntos y que llegaron a la casa de la última, en donde funciona un billar, dirigiéndose hacia la parte de atrás, junto con el hijo del ofendido; El testigo J. R. del Cid, indica que fue al billar a dejarle el dinero que el ofendido le había pedido, encontrando al acusado H. M. con un arma de fuego en la mano, quien le dijo “no te metas”; Los testigos G. C. y H. P., declararon que el joven J. A. G. S., fue a avisar a las personas que estaban en el billar que el acusado H. M., había “baleado” (disparado con arma de fuego) a su padre F. G.; Especifica el acusado J. R. G., que al ir atrás de la casa observó al ofendido F. G., recostado, con un “balazo” (herida producida por arma de fuego). Los anteriores testigos proporcionan información importante, respecto a que el acusado se encontraba con el ofendido y su hijo, que el acusado andaba con un arma de fuego, que el ofendido murió por disparo de arma de fuego y sobre la actitud amenazante del acusado instantes después de que se produjo la muerte del ofendido; La pieza central de la reconstrucción histórica es la declaración del joven J. A. G. S., más no es el único testigo que soporta la decisión condenatoria como aduce la Recurrente, pues toda la prueba forma un entramado fuerte e inequívoco que provocó certeza en los Jueces sobre lo que se declaró probado; El testigo G. S., explica que se encontraba con su papá y con el acusado atrás del billar (concuerda con los testigos Del C. S., G. C. y H. P.), y que el acusado comenzó a bromear con la pistola, cuando en momento determinado el ofendido le comentó a aquel “ya no tiene tiros”, a lo que reacciono el acusado “como que no”, alzando el arma con dirección al ofendido y accionando el mecanismo de disparo, proyectando una bala que le impacto en la cabeza y que más tarde le produciría la muerte (Coincide con el Dictamen de Autopsia); Señala el testigo G. S., que instantes después llego al lugar el Señor J. R. Del C., para entregarle L. 50.00 al ofendido, pero que el acusado le respondió “F. no existe”, y que además le ordenó que se fuera (concordando con la declaración del testigo Del C. S.); Después el testigo G. S., señala que corrió al billar a decir lo que había pasado, en donde encontró a los Señores J. R. G. C. y M. N. H. P., entre otros (Concuerda con la declaración de los testigos G. C. y H. P.). Finalmente, la declaración del Agente de Policía J. M. C. G., quien indica que el acusado fue aprehendido en su casa de habitación, la cual estaba rodeada de vecinos del lugar.La prueba descrita es cualitativa suficiente, aportando elementos de hecho suficientes, confiables y validos que permitieron a los Juzgadores poder reconstruir los hechos y con ellos poder afirmar a nivel de certeza, de que fue el acusado y no otra persona, el que buscó privar de la vida al ofendido, usando como instrumento un arma de fuego, la que detono impactando una bala en la cabeza de aquel, consiguiendo su propósito cuando dos días después el ofendido perdió la vida, aun a pesar de estar recibiendo asistencia médica. Por tanto, no existe violación al Estado de Inocencia, y tampoco al Derecho a un Debido Proceso Judicial, como denuncio la Recurrente..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha diecisiete de enero del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “I. SENTENCIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los diecisiete (17) días del mes de enero del año dos mil diecinueve (2019), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero pronuncia: EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS,La Sentencia conociendo del Recurso de Casación SP131-2015, por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha catorce de enero de dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida, mediante la cual falló:1) Condenando al Señor H. M. M., a la pena de dieciséis (16) años de reclusión, por el delito de Homicidio Simple, en perjuicio de F. G. B.; asimismo lo condenó a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil. 2) Declaró la responsabilidad civil de dicho imputado F. G. B.. 3) No Condenó en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por dicho juicio. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, la Abogada K. Y. Y. W., en su condición de Defensora Pública del señor H. M. M..SON PARTES: Los Defensores Públicos A. A. G. A. y J. R. I. S., apoderados legales del Señor H. M. M., en su condición de Recurrentes; La Abogada M. E. G., Agente Fiscal del Ministerio Público, y la Abogada J. B. M. L., acusadora privada, en sus condiciones de Recurridas. II. HECHOS PROBADOS.Único: El 06 de noviembre del año 2013 a eso de las 6:00 de la tarde, H. M. M., F. G. B. y el niño J. A. B. de 8 años de edad, hijo de éste último, estaban en el patio posterior del predio donde está ubicado el Billar propiedad de Beto, sita en la Aldea San Francisco de las Marías del municipio de Jutiapa, departamento de Atlántida; mientras conversaban H. y F., H. M. con un arma de fuego trató de disparar en dirección hacia arriba, pero el arma no se detonó, por lo que F. G. le manifestó que no tenía balas, H. M. le respondió: “cómo que no tiene balas”, y acto seguido esgrimió el arma contra la humanidad de F. G., ocasionándole una herida en la cabeza, con orificio de entrada en la región parietal izquierda y orificio de salida en la región parietal derecha, con trayectoria de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba, de atrás hacia delante, que le causó herida de piel, fractura de los huesos del cráneo, laceración cerebral y hemorragia cerebral, que le produjo la muerte en fecha 8111’12013, en el Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula Cortés. Minutos después de realizar el disparo H. M. se retiró del lugar con el arma de fuego en la mano.III. RECURSO DE CASACIÓN. - MOTIVOS Y ARGUMENTOS. Recurso De Casación Por Infracción De Precepto Constitucional: “Expresión Del Motivo De Casación. Motivo Único: Infracción de los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal. Precepto Autorizante. El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. - Exposición Del Motivo. Las normas que ha violentado gravemente el Juzgador, son los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República que rezan: Artículo 89, Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente, artículo 90, nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- Estas normas constitucionales en relación a lo que establecen los artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal que establece: Artículo 1.-) Juicio Previo. Ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haberse probado los hechos en un juicio oral y público llevado conforme los principios establecidos en la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte y el presente Código y con respeto estricto de los derechos del imputado. - Artículo 2.-) Estado De Inocencia. Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente de conformidad con las normas de este Código.- En el acápite valoración de la prueba de cargo, misma que se encuentra en la sentencia, el sentenciador establece, “No hay duda que fue el acusado quien le disparo al occiso, pues era la única persona armado que se encontraba con él en el acto de la agresión y su accionar fue observado por J. A.; se descarta el supuesto suicidio alegado por la defensa, porque ese día el occiso no portaba arma de fuego, y si el ofendido se hubiere auto lesionado, resulta ilógico el comportamiento del acusado de retirarse del lugar con el arma de fuego y ocultarlo posteriormente (no lo presentó, ni se le decomiso cuando fue detenido); dejando gravemente a una persona que conocía muy bien, pues eran vecinos y el occiso era tío de su esposa, tal como lo Indicaron los testigos’ de lo anterior se plasma que a criterio del Tribunal Sentenciador constituye que hay plena prueba y le da certeza de que mi representado es la persona que dio muerte al señor F. G. B., sin embargo dicho razonamiento lo hace en una clara violación al principio de inocencia y debido proceso, ya que solamente se cuenta con la declaración de un solo testigo (J. A. G. S.), quien tiene es hijo del hoy occiso y cuya deposición no puede ser corroborada por ninguna otra prueba periférica, que establezca que sus dichos son ciertos. En el juicio oral y público también se evacuo otros testigos de cargo, él policía J. M. C. G., que solamente depuso que: recibieron una llamada de que en San Francisco de las Marías había un fallecido y que el hechor estaba ahí nos hicimos presente y lo detuvimos. A preguntas el testigo respondió. Él estaba dentro de una casa, lo tenía rodeado los vecinos, al salir le dimos detención, el salió a la puerta...Es H. M.” de lo anterior se deduce que no es un testigo presencial, solamente es testigo de la captura; el testigo J. R. G. C., declaró: “El día miércoles 6 de noviembre de 2013, me encontraba ahí en el billar, llegó H. al billar donde N. con mi tío F. G., H. le dijo que fuera para atrás de la casa, F. estaba con J.. Después J. vino a decir que H. había baleado a su papá...H. estaba con la pistola en la mano, era una 38 pequeña...” el testigo G. tampoco es testigo presencial, es un testigo de oídas; M. N. H. P., quien declaró: “el hecho sucedió el 6 de noviembre de 2013, como a las 6 de la tarde estaba adentro de mi casa. El disparo provenía de atrás de la casa... Yo supe después que el finado F. estaba baleado…”, tampoco es testigo presencial, hasta después tuvo conocimiento que el señor F. estaba baleado; J. R. del C., quien declaró: “En el momento que pasó el hecho yo iba por la calle, él (señalando a H.) me amenazó con un arma. A preguntas el testigo contestó: F. me había pedido 50 lempiras, yo iba a buscar a F., me salió H., andaba bolo, andaba con un arma me dijo que no me metiera y a H. consumiendo bebidas cuando estaba con F....” tampoco es testigo presencial, al momento que ocurrieron los hechos iba por la calle. De lo dicho por los testigos resulta que mi defendido andaba armado, esta defensa hace la siguiente pregunta: ¿Probó el Ministerio Público que mi defendido fue sorprendido en posesión de arma alguna?, no consta actas de decomiso o secuestro, siendo que la captura fue efectuada inmediatamente después de haber ocurrido el hecho, por lo tanto sus dichos no son corroborados con otra prueba periférica, mucho menos con prueba científica (dictamen de absorción atómica) por lo tanto no se acreditó que mi defendido haya manipulado arma de fuego alguna o que tenga restos de pólvora en sus manos o ropa.- En el caso subjudice, el razonamiento del sentenciador resulta ilógico e insuficiente, ya que con las pruebas presentadas en juicio se condena a mi representado en una clara violación a la Presunción de inocencia y al Debido proceso, por una clara violación a la Presunción de inocencia y al debido proceso, por una insuficiente actividad probatoria, la prueba puede ser indiciaria, siempre y cuando no se trate de simples sospechas, que se trate de hechos probados y que los hechos constitutivos de delitos se deduzcan en esos indicios a través de un proceso mental razonado y acorde con las reglas del criterio humano, sobre este aspecto la Sala Penal se ha pronunciado anteriormente en otros fallos “...Debe tenerse en cuenta que los indicios son hechos plenamente probados y no simple probabilidades, por ello, deben ser preferentemente acreditados con prueba directa, pues las sentencias en materia penal deben sustentarse en pruebas concluyentes que den certeza absoluta de la existencia del delito y de la identidad del delincuente.”[1] .-A simple vista en la sentencia recurrida, el sentenciador no cumple con los requisitos de prueba indiciaria, ya que las declaraciones de los testigos no parten de hechos plenamente probados, ya que solamente existe la declaración de un solo testigo presencial (J. A. G. S.), y el resto de testigos no presenciaron los hechos, no habiendo más prueba que incrimine a mi defendido.- El artículo 339 del Código Procesal Penal, establece si el Tribunal considera que no hay pruebas suficientes para condenar al imputado, dictará sentencia absolutoria; asimismo, será absuelto en caso de duda razonable, cosa que no hizo el Tribunal Sentenciador en este caso.- La construcción de culpabilidad exige precisión que implica certeza, pues caso contrario se preserva la no culpabilidad del acusado y con ello su estado de inocencia, al convencimiento de que un acusado es culpable se puede llegar no solo por la existencia de dudas, sino también por su superación, pero ciertamente la superación de las posibles dudas, no obedece a la pura voluntad subjetiva del Juez, sino que debe surgir con el razonamiento coherente que solo se logra con la consideración racional de las pruebas que acreditan la culpabilidad del acusado y con ello la disipación de las posibles dudas si las hubiere.[2]Ante la escasa actividad probatoria y ausencia de prueba indiciaria, el Tribunal Sentenciador dicta sentencia condenatoria en contra de mi defendido violentando su derecho constitucional de presunción de inocencia y en consecuencia del debido proceso.- Por lo anterior, resulta procedente que la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, declare Con Lugar el presente recurso, absolviendo de toda responsabilidad al señor H. M. M..IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. 1.- Recurso de Casación por Infracción Precepto Constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional; Esta Sala de lo Penal ha entendido que se trata de una tercera vía recursiva distinta a las tradicionales de fondo (infracción de ley) y forma (quebrantamiento de forma).Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[3]. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso deberá de denunciar la infracción de un derecho fundamental, un derecho reconocido en el bloque constitucional o de doctrina legal constitucional, cuando dicha violación haya tenido una influencia decisiva en la decisión del Órgano Jurisdiccional; En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, R. A. M., LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115):“la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”. Entonces los motivos a plantear en este Recurso de Casación, presentados bajo Numerus Apertus, son: 1. Negación de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; 2. Aplicación Restrictiva de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; 3. Interpretación errónea sobre la naturaleza y/o alcance de un derecho Constitucional del bloque Constitucional, o sobre una Doctrina Legal Constitucional, que atañe al derecho procesal penal o al derecho penal sustantivo.En una buena técnica recursiva, el Recurrente debe de hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial.2.- Motivo Único. *Norma Autorizante: 361 del Código Procesal Penal; *Normas que se denuncian Infringidas: Artículos 89 y 90 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal; *Concepto de la Infracción: Violación al estado material de Inocencia y al debido proceso; *Reclamo Ex Ante al Recurso de Casación: Sin determinar por la Recurrente; *Pretensión: Se absuelva al acusado H. M. M..Explica la recurrente que el Tribunal de Sentencia declaró existir plena prueba de que el acusado H. M. M., dio muerte al Señor F. G. B., pero tal conclusión es producto de la violación al Estado de Inocencia y al Debido Proceso, ya que en el proceso penal solo se contó con la declaración de un solo testigo presencial: el menor J. A. G. S., esto porque los demás testigos: J. M. C., J. R. G. C., M. N. H. P. y J. R. del Cid, no presenciaron los hechos. Además, no se acreditó que el acusado estuviese en posesión de arma de fuego, dado que no consta que se haya realizado decomiso o secuestro de alguna, mucho menos que éste haya manipulado un arma de fuego. Concluye que, ante la escasa actividad probatoria y ausencia de prueba indiciaria, el dictar una sentencia condenatoria en contra del acusado es violatorio del derecho constitucional de presunción de inocencia y del debido proceso.3.- Del Derecho/Principio del Estado Material de Inocencia. El Recurrente señala la violación de dos derechos fundamentales: i.- El Debido Proceso y; ii.- Estado Material de Inocencia; Sin embargo, en su líbelo solo desarrolla uno de ellos, dado que alega que su representado fue condenado sin que existiere suficiente carga probatoria; Por ello esta Sala de lo Penal procederá a hacer una breve relación del contenido del Derecho Fundamental al Estado Material de Inocencia, para luego resolver el caso concreto.El Derecho/Principio de Inocencia es proclamado y reconocido por la Declaración Universal Sobre los Derechos Humanos en el artículo 11.1, por el Paco Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 14.2, por la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en el artículo 8.2 y por la Constitución de la República en su artículo 89, desarrollado por el Código Procesal Penal en los artículos 2, 191.2 y 282.5, cuyo contenido establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente, y que no solo debe de estar presente en el proceso penal, sino que debe de respetarse por todo poder público en el desarrollo de sus funciones; Ahora bien en la esfera jurisdiccional este derecho-principio constituye una regla de juicio, endosando el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías; Por su importancia tal principio ha sido plasmado en el Estatuto de Roma, que establece la necesidad de que los Magistrados de la Corte Penal Internacional estén convencidos, más allá de toda duda razonable, de la culpabilidad que se imputa para dictar una sentencia condenatoria (Art. 66.3)De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de delito será válida, sin infracción del derecho al estado de inocencia, cuando se sustente en al menos una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar certeza de la culpabilidad del acusado o acusada. El Derecho/Principio de Inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. (Ver al respecto el fallo de fecha 04 de octubre del 2005 en Exp. 2597-2004 de la Sala de lo Penal).El Derecho/Principio de Inocencia está íntimamente relacionado a la base fáctica que dicta la realidad del hecho y la participación que en él haya tenido el acusado/a, incluyendo juicios de inferencia sobre el animus, que en conjunto autorizan la aplicación del IusPuniendi, pues ningún elemento del delito, sea objetivo o subjetivo, pueden ser presumido en contra de la persona acusada; Por ello el Derecho/Principio de Inocencia está relacionado con el debido proceso probatorio, pues solo los hechos de culpabilidad pueden arrebatarle el estado de inocencia a una persona; Recuerde que el proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el Tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad; Para el pronunciamiento de la Sentencia Condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al Juzgador, sin vacilaciones y sin dudas establecer la responsabilidad penal del imputado/a con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable.En el informe No. 50/00 del caso 11,298 del 13 de abril de 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha señalado que: “118 […] De todas las garantías judiciales propias del ámbito penal, la más elemental es, quizás, la presunción de inocencia […].”; Por su parte este Tribunal de Casación en fallo de fecha 14 de mayo del 2007 del Expediente 312-2006, declaró que el Estado de Inocencia “… es un estado inherente a la persona humana …”, éste derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art.14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8.2), además es norma pilar de la Constitución de la República (Art. 89 Superior) que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (Arts. 1 y 2 CPP), y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto sino se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, valida y acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria.La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la Sentencia de fecha 01 de septiembre de 2011, dictada con ocasión del caso López Mendoza vs. Venezuela ha indicado:128.- En el ámbito penal esta Corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales. La presunción de inocencia implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probando corresponde a quien acusa. Así, la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado. Además, la falta de prueba plena de la responsabilidad en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de presunción de inocencia, el cual es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho de defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme […].”.Es de considerar además que esta Sala de lo Penal ha señalado en sentencia del 30 de mayo de 2011, en expediente 304-2010:“La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.”.En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal tendrá como competencia el verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que aunque mínima, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el tribunal de sentencia según las reglas de la sana crítica; así pues en casación se deberá de examinar, en la medida que las partes lo expongan como motivo: (Ver al respecto el fallo de fecha 05 de abril del 2011, en el Exp. 042-2009 de la Sala de lo Penal): a) Licitud de la Prueba: Si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos; b) Debido Proceso Probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; Incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal; c) Debida Motivación: Si las conclusiones probatorias del Tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad (Art. 141 cpp); d) Debido Razonamiento Probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada, sin involucrar los aspectos que exigen inmediación, de la cual carece el tribunal de casación; y c) Suficiente Carga Probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación en el hecho del acusado y su grado de culpabilidad en ellos, con la virtualidad de arrebatarle el estado material de inocencia a la persona acusada.Al respecto la Corte IDH en sentencia de fecha 26 de noviembre de 2010, en el caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, determinó que:“183. Asimismo, el Tribunal ha sostenido que tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención, dicho principio exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla. Así, la falta de prueba plena de la responsabilidad penal en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de inocencia, […].”.Un Estado que se llame así mismo democrático de derecho, no puede asumir como un riesgo permitido la condena a personas inocentes para evitar la posibilidad de absolver a personas culpables, pues lo primero implica un abuso intolerable de autoridad en contra de la propia condición humana, mientras que lo segundo es la consecuencia que se debe de sufrir como producto de un proceso penal con endeble carga probatoria; Absolver a un Culpable es el fracaso de un proceso penal, pero condenar a un inocente es un fracaso de la sociedad entera.4.- De la Procedencia del RecursoEL RECURSO NO ES DE RECIBO.- Son dos los derechos fundamentales que denuncia la Recurrente como los violentados por la decisión judicial, sin embargo en el desarrollo del libelo solo se encuentra argumentación recursiva relacionada con el Derecho/Principio de Inocencia, no identificándose alegato alguno que tenga relación con el Derecho a un Debido Proceso Judicial; Por tanto la Sala de lo Penal hará el análisis de lo planteado en el recurso y dirigirá su respuesta en torno al Derecho Fundamental del Principio de Inocencia.En el estudio de la suficiencia probatoria, como exigencia del Derecho Fundamental que se denuncia violentado, la Sala de lo Penal encuentra que la prueba presentada en la audiencia de debate tiene la virtusidad señalada por el A-Quo para desaforar al acusado de su estado de inocencia.La Sentencia impugnada, caracterizada por una amplia y amigable motivación, desarrolla el análisis de los medios de prueba, señalando los elementos de hecho que extrae de cada uno de ellos y a la vez explicando por qué las objeciones opuestas por la Defensa no fueron atendibles en cada caso. En el Recurso, la Casasionista increpa que la prueba es insuficiente pues aduce que la decisión de deducir responsabilidad penal al acusado deriva de la declaración de un único testigo, lo cual es un argumento inexacto, pues los demás testigos si bien no se encontraban en el lugar precioso donde ocurrieron los hechos, presenciaron hechos previos, coetáneos y posteriores, que calzan con lo señalado por el testigo presencial y con la prueba científica, de modo que la valoración conjunta permite la reconstrucción del hecho histórico que hoy el Estado reprocha al acusado y por el cual resultó condenado.El testigo J. R. del C. S., señala que el acusado H. M. M. y el ofendido F. G. B. estaban juntos ese día, e incluso hizo referencia que éste último le pidió prestado L. 50.00; Los testigos J. R. G. C. y M. N. H. P., concuerdan que el acusado y el ofendido andaban juntos y que llegaron a la casa de la última, en donde funciona un billar, dirigiéndose hacia la parte de atrás, junto con el hijo del ofendido; El testigo J. R. del Cid, indica que fue al billar a dejarle el dinero que el ofendido le había pedido, encontrando al acusado H. M. con un arma de fuego en la mano, quien le dijo “no te metas”; Los testigos G. C. y H. P., declararon que el joven J. A. G. S., fue a avisar a las personas que estaban en el billar que el acusado H. M., había “baleado” (disparado con arma de fuego) a su padre F. G.; Especifica el acusado J. R. G., que al ir atrás de la casa observó al ofendido F. G., recostado, con un “balazo” (herida producida por arma de fuego). Los anteriores testigos proporcionan información importante, respecto a que el acusado se encontraba con el ofendido y su hijo, que el acusado andaba con un arma de fuego, que el ofendido murió por disparo de arma de fuego y sobre la actitud amenazante del acusado instantes después de que se produjo la muerte del ofendido; La pieza central de la reconstrucción histórica es la declaración del joven J. A. G. S., más no es el único testigo que soporta la decisión condenatoria como aduce la Recurrente, pues toda la prueba forma un entramado fuerte e inequívoco que provocó certeza en los Jueces sobre lo que se declaró probado; El testigo G. S., explica que se encontraba con su papá y con el acusado atrás del billar (concuerda con los testigos Del C. S., G. C. y H. P.), y que el acusado comenzó a bromear con la pistola, cuando en momento determinado el ofendido le comentó a aquel “ya no tiene tiros”, a lo que reacciono el acusado “como que no”, alzando el arma con dirección al ofendido y accionando el mecanismo de disparo, proyectando una bala que le impacto en la cabeza y que más tarde le produciría la muerte (Coincide con el Dictamen de Autopsia); Señala el testigo G. S., que instantes después llego al lugar el Señor J. R. Del C., para entregarle L. 50.00 al ofendido, pero que el acusado le respondió “F. no existe”, y que además le ordenó que se fuera (concordando con la declaración del testigo Del C. S.); Después el testigo G. S., señala que corrió al billar a decir lo que había pasado, en donde encontró a los Señores J. R. G. C. y M. N. H. P., entre otros (Concuerda con la declaración de los testigos G. C. y H. P.). Finalmente, la declaración del Agente de Policía J. M. C. G., quien indica que el acusado fue aprehendido en su casa de habitación, la cual estaba rodeada de vecinos del lugar.La prueba descrita es cualitativa suficiente, aportando elementos de hecho suficientes, confiables y validos que permitieron a los Juzgadores poder reconstruir los hechos y con ellos poder afirmar a nivel de certeza, de que fue el acusado y no otra persona, el que buscó privar de la vida al ofendido, usando como instrumento un arma de fuego, la que detono impactando una bala en la cabeza de aquel, consiguiendo su propósito cuando dos días después el ofendido perdió la vida, aun a pesar de estar recibiendo asistencia médica. Por tanto, no existe violación al Estado de Inocencia, y tampoco al Derecho a un Debido Proceso Judicial, como denuncio la Recurrente.V. DECISIÓN. No ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su único motivo.VI. POR TANTO, La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 361 del Código Procesal Penal.- FALLA: PRIMERO: DECLARAR NO HA LUGARel Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, por violación al Estado Material de Inocencia, interpuesto por la Defensa Pública.- SEGUNDO: DECLARAR FIRME Y EJECUTABLE la sentencia de fecha catorce (14) de Enero del año dos mil quince (2015) (f. 114), dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida.- Y Manda: Que la Secretaria del Despacho notifique a la representación del Ministerio Público, de la Acusación Privada y a la representación de la Defensa Pública del presente fallo y oportunamente devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.- NOTIFÍQUESE.FIRMAS Y SELLO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. Magistrada Coordinadora. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. Magistrado. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. Magistrado. FIRMA Y SELLO. JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA. Receptor Adscrito. Sala de lo Penal.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil diecinueve. Certificación de la Sentencia de fecha diecisiete de enero del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-131-2015.

JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA

RECEPTOR ADSCRITO

SALA DE LO PENAL

[1] Sentencia de la Sala Penal, Corte Suprema de Justicia, CP=399-08, Pag.8

[2][2]Sentencia de la Sala Penal, Corte Suprema de Justicia, CP=02-2009.Pag.9 y 10

[3]El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que, durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.