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Sentencia CP-128-15 — Registro 12604

Resumen

En primera instancia se condena al imputado por los delitos de Homicidio Simple y Portación Ilegal De Armas, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

.."EL RECURSO NO ES DE RECIBO. – La Sala de lo Penal ha revisado la carga probatoria en el presente caso, concluyendo que ésta cuantitativa y en especial cualitativamente es suficiente para conducir a la certeza, tal como ocurrió, de que el acusado es responsable penalmente de los dos delitos por los cuales fue enjuiciado. El acusado J. M. M. O., al momento de los hechos, era una persona de 68 años de edad, quien estaba en posesión de un arma de fuego tipo fusil, marca Remington, calibre 22m, la cual mantenía en su casa de habitación sin contar con autorización para ello extendida por la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública; Aconteciendo que el día domingo uno de Agosto de 2019, se encontraba en su casa de habitación, lugar en donde además se encontraba el Señor L. A. P., y alrededor de las 04:30 p.m. paso por la calle el joven de 18 años de edad D. A. J. M., en estado de ebriedad, a quien le empezaron a ladrar los perros que tenía el acusado en su vivienda; El acusado al escuchar los ladridos y temiendo que el Señor D. J. lesionara a sus canes, salió de su casa, comenzando así una discusión entre ellos, decidiendo en un momento dado el acusado ingresar a la vivienda y tomar el arma de fuego descrita, la cual acciono, disparando un proyectil que impacto en el pecho del Señor D. J., lesionándolo gravemente lo que le provocó la muerte. El acusado conociendo y entendiendo sus derechos procesales y debidamente asesorado por su defensa técnica, señaló al Tribunal de Sentencia su deseo de declarar en la audiencia de debate, señalando concretamente: 1.- Que el arma de fuego era de su propiedad, que no estaba registrada y que la tenía desde hace tiempo como herencia de su Padre; Es pues que el acusado estaba consciente de que poseía un arma de fuego al margen de la ley; Arma que después de tenerla tanto tiempo es posible determinar que la conocía a la perfección, igualmente su condición mecánica, pues hacía año y medio la había llevado a un técnico; 2.- El acusado señaló que como consecuencia de la discusión que estaba teniendo con el joven D. A. J., decidió ingresar a su casa a tomar el arma para persuadirlo, pero que al tomar ésta se disparó; Es de considerar que el acusado reconoce que el ofendido jamás entro a su casa y por tanto no existía peligro inminente en contra de su persona; Por otro lado, y en el supuesto que hubiese sido así, el acusado opto en lugar de pedir auxilio a la persona que se encontraba en su casa (El Señor L. A. P.), decidió tomar un arma de fuego, la cual disparo directamente en contra el ofendido, pues la trayectoria del proyectil que reporta el Dictamen de Autopsia es de: *.- adelante/atrás; **.- arriba/abajo; ***.- Derecha/izquierda, el cual impacto en el centro del pecho, lo que solo pudo ocurrir si previo se dirige el cañón del arma con dirección al cuerpo de la persona de manera directa. El relato del acusado resulto concordante con el resto de la prueba: i.- Inspección Ocular a la vivienda del acusado, con la cual el Tribunal de Sentencia supo que ésta ubicada en la Colonia San Miguel, El Paraíso, que se encuentra cercada con malla ciclón y alambre de púa, con postes de madera, y que en la parte frontal derecho un hilo de alambre de púas esta reventado y la malla en mal estado; ii.- E. A. R., aporta que cuando él y el ofendido pasaron por casa del acusado, perros que se encontraban en el interior empezaron a ladrar, logrando uno de ellos salir del cercado, luego de lo cual el acusado salió de la vivienda, produciéndose la discusión entre éste y el ofendido, escuchando después el disparo; iii.- Testigo L. A. P., que indicó que se encontraba en casa del acusado, cuando escucho que los perros de la casa de éste ladraban al joven D. A., quien andaba ebrio; Que observó al acusado tomar un viejo fusil el cual “se disparó”; iv.- La testigo M. del S. E., confirma que se dio la discusión entre el acusado y la víctima y el haber escuchado de seguido una detonación de arma de fuego, además de ver como el ofendido cayó al suelo después de eso, fuera de la vivienda; v.- O. S. E. L., Agente de la Policía Nacional, quien se presentó al lugar de los hechos tras ser notificado de lo ocurrido, quien indicó que el acusado le entrego el arma de fuego, explicándole que el arma se había disparado. Como se aprecia la prueba resulto útil, valida, legal y suficiente, de modo que la certeza a la que señalan los Señores Jueces haber arribado de que el acusado es responsable de los delitos imputados no ha sido como consecuencia de la violación al Estado/Derecho de Inocencia; Valga señalar que el acusado al momento de plantear este argumento lo hace de manera genérica y abstracta, sin concretar específicamente en que consistió la violación al derecho fundamental mencionado, más con ello este Ad-Quem ha pasado revista a la sentencia y no encuentra vicio alguno relacionado con dicho derecho. También, como parte de la argumentación recursiva, el Recurrente señaló que la violación al Estado/Derecho de Inocencia se daba como consecuencia de que no se presentó a debate tres medios de prueba: Prueba de Absorción atómica para determinar que el acusado fue la persona que disparo; Prueba de Balística del arma incautada para determinar si ésta fue el arma que fue disparada e; Inspección Ocular del lugar en donde ocurrieron los hechos. Empero lo alegado nada tiene en relación al Estado/derecho que se anuncia como violentado, pues cuando se alega insuficiencia probatoria debe de auditarse los medios de prueba que hayan sido presentados en la audiencia de debate y si éstos fueron suficientes cualitativamente para poder destruir la presunción de inocencia; Por otra parte lo que se alega como omisión probatoria es igualmente imputable a la Defensa, pues le correspondía acreditar el alegato sostenido de que el hecho ocurrió como consecuencia del ejercicio de una legítima defensa; Finalmente, es de considerar que la propia defensa privada aportó prueba a efecto de determinar los hechos que ahora cuestiona, incluyendo la declaración del propio acusado J. M. M., quien señaló no solo la existencia de la discusión con el Señor D. A. J., sino que además el hecho de haber tomado el arma de fuego, la cual fue la misma que realizó el disparo que impacto en el ofendido y que le provocó la muerte; Entonces la prueba de absorción atómica y la prueba de balística que ahora reclama el Recurrente como faltantes pierden relevancia ante la propia declaración del acusado; Siendo oportuno señalar que las armas de fuego no se disparan de manera autónoma, sino que se requiere que sea accionado su mecanismo, ergo ello permitió a los Jueces de Sentencia señalar sin lugar a dudas que el acusado fue la persona que disparo en contra del ofendido, privándole de la vida.."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha diecisiete de enero del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los diecisiete (17) días del mes de enero del año dos mil diecinueve (2019), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero pronuncia: EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, La Sentencia en el Expediente SP128-2015, conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha diez de octubre del año dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Danlí, Departamento de El Paraíso, mediante la cual falló: Primero: Condenó al señor J. M. M. O., alias “C.”, como autor responsable del delito de Homicidio Simple, en perjuicio del joven D. A. J. M., a la pena de quince (15) años de reclusión; más las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta E Interdicción Civil, por el tiempo que dure la condena principal.- Segundo: Condenó al señor J. M. M. O., como autor responsable del delito de Portación Ilegal De Armas, en perjuicio de la Seguridad Interior Del Estado De Honduras, a la pena de tres (03) años de reclusión y como pena accesoria la Inhabilitación Especial E Interdicción Civil.- Tercero: En virtud de habérsele declarado la culpabilidad en Concurso Real De Delitos, la pena acumulada es de dieciocho (18) años de reclusión.- Cuarto: Se declaró la responsabilidad civil del condenado J. M. M. O., por los delitos que fue condenado.- No procedió la condena en costas procesales, personales ni los gastos ocasionados por el juicio.- Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, el Abogado D. R. M. Z., actuando en su condición de Defensor Privado del señor J. M. M. O.. SON PARTES: El Abogado D. R. M. Z., defensor privado del acusado, en su condición de Recurrente, y la Abogada E. P. B., Agente Fiscal del Ministerio Público, en su condición de Recurrida. II. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA Único: Que el día Domingo Uno (1) de Agosto del año Dos Mil Diez, siendo las cuatro y media de la tarde aproximadamente en la Colonia San Miguel, El Paraíso, el hoy occiso D. A. J. M., transitaba frente a la vivienda del señor J. M. M. O., aparentemente bajo los efectos del alcohol cuando de pronto empezaron a latir los perros propiedad del señor J. M., quien al percatarse que había un individuo salió a las afueras de su casa, pudiendo observar a la víctima que golpeaba su cercado de malla ciclón y alambre de púa, y con insistencia lo insultaba con causarle un daño a su integridad física por lo que empezaron a discutir, entonces decide el señor J. M. M. O., ingresar nuevamente a su vivienda, tomando una arma de fuego tipo fusil, marca remington, calibre 22 M, color negra, sin serie, la cual no estaba registrada ante la autoridad competente, por lo que no se percató que dentro de la misma arma de fuego, se encontraba en su recámara y proyectil, el cual fue percutido impactando en la humanidad del occiso D. A. J. M., y causándole la muerte casi de manera instantánea. III. RECURSO DE CASACIÓN. - MOTIVOS Y ARGUMENTOS. Recurso De Casación Por Infracción De Precepto Constitucional: Motivo Único: Infracción de los preceptos constitucionales contenidos en los artículos 89, 90 en relación con los artículos 1, 2 y 202 del Código Procesal Penal. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. Exposición Del Motivo Primero: Las normas que ha violentado gravemente el Juzgador son los artículos 89 y 90 de Constitución de la República que dicen: Artículo 89 “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”. Artículo 90: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal Competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece...” Estas normas constitucionales en relación a lo que establecen los artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal que dice artículo 1”. Juicio previo ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad sino en virtud de sentencia firme dictada por el Órgano Jurisdiccional competente después de haberse probado los hechos en un juicio oral y público, llevando a cabo conforme los principios establecidos en la Constitución de la República, los tratados internacionales de los c ales Honduras forma parte, el presente Código y con respeto estricto d los derechos del imputado Artículo 2” Estado de inocencia. Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el Órgano Jurisdiccional competente de conformidad con las normas de este Código” .... Segundo: El Juzgador al dictar sentencia condenatoria en contra de J. M. M. O.por los delitos de Homicidio simple y portación ilegal de armas en perjuicio de D. A. J., y la Seguridad Interior del Estado de Honduras infringe gravemente los fundamentales derechos referidos en el numeral anterior, afectando con ello la presunción de inocencia y al debido proceso que le asisten al imputado por maniato constitucional, porque el Ente Acusador (Ministerio Público) no obstante estar obligado a demostrar fuera de toda duda la imputación en contra de J. M. M. O., produjo un mínimo de actividad probatoria. Tercero: En el presente caso, la probanza utilizada para declarar el cuadro fáctico de la sentencia se extrajo de la prueba de cargo, corno ser el acta de defunción incorporada por la lectura al debate y los testigos de cargo. M. I. del S. E. N., E. A. R., O. S. E. L., esta prueba de cargo traída a juicio, resulta insuficiente e incompleta y NO certera para inculpar a mi representado le la acusación que se le imputa, pues no aporta nada ya que no existe n el presente juicio prueba de absorción atómica, dictamen forense del arma e inspección ocular al lugar de los hechos, pruebas fundamentales que hubieran aportado elementos suficientes para esclarecer el hecho, o sea que en el juicio penal no basta solamente la obtención de la sentencia condenatoria desde el punto de vista formal para lograr el quebrantamiento del estado de inocencia del imputado, sino que durante el proceso deben satisfacerse las condiciones mínimas de juzgamiento que garanticen que esa sentencia condenatoria está legitimada, algunos de las manifestaciones del presente principio o sea el estado de inocencia consisten en: a) Que a la acusación le corresponde, mediante presentación de pruebas demostrar la culpabilidad del imputado, lo que implica que el acusado no está obligado a probar inocencia; b) La obligación en el Órgano jurisdiccional de absolver, cuando se haya probado culpabilidad del imputado, de ello se sigue que se debe absolver en caso de duda o cuando los hechos no hayan quedado suficientemente probados; c) Certeza de culpabilidad, que las pruebas del proceso se hayan recibido con las debidas garantías esa que en el presente caso además de la Palencia probatoria mostrada en la sentencia sobre la prueba de cargo analizada, no se encuentra respaldo probatorio en sí mismo, ni en los restantes medios de prueba evacuados en el juicio, ya que no existe dictamen balístico de que realmente el arma fue disparada, puesto que era precisamente un arma que no se tenía para dispararle a nadie, y peor para matar a una persona se conservaba como un recuerdo ya que no funcionaba. Cuarta: De los antes expuesto y que siendo que en el juicio oral y público donde los medios de prueba de cargo deben dotar al Tribunal de Sentencia de la Certeza de la existencia del hecho, dentro del cual se enmarquen todos los elementos de tipificación legal de un delito, así como la participación del acusado, si esto no se logra con la práctica de dicha prueba solamente procede dictar sentencia absolutoria, porque no existe prueba de cargo válida para condenar al imputado. El derecho fundamental a la presunción de inocencia, además de encontrarse reconocido en nuestra constitución y normas legales secundarias; también lo está en instrumentos jurídicos internacionales suscritos por el Estado de Honduras como son: La Declaración Universal de Derechos, artículo 11.1, el pacto internacional de derechos civiles y políticos del 19 de diciembre de 1966- Artículo 14.2. De todo lo anterior concluyo que en el presente caso el Ministerio Público no presentó elementos probatorios suficientes y contundentes o prueba de cargo validas, para lograr enervar el estado de inocencia de mi represent3do, por lo que solicitamos se case la sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa penal citada. IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. 1.-Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse Recurso de Casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional; Esta Sala de lo Penal ha entendido que se trata de una tercera vía recursiva distinta a las tradicionales de fondo (infracción de ley) y forma (quebrantamiento de forma). Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al Recurso de Casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[1]. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso deberá de denunciar la infracción de un derecho fundamental, un derecho reconocido en el bloque constitucional o de doctrina legal constitucional, cuando dicha violación haya tenido una influencia decisiva en la decisión del Órgano Jurisdiccional; En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, Rafael Alvarado Manzano, Liticom, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115): “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”. Entonces los motivos a plantear en este Recurso de Casación, presentados bajo Numerus Apertus, son: a. Negación de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; b. Aplicación Restrictiva de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; c. Interpretación errónea sobre la naturaleza y/o alcance de un derecho Constitucional del bloque Constitucional, o sobre una Doctrina Legal Constitucional, que atañe al derecho procesal penal o al derecho penal sustantivo. En una buena técnica recursiva, el Recurrente debe de hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los Recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). La esencia del Recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. 2.- Único Motivo. *Norma Autorizante: 361 del Código Procesal Penal; *Normas que se denuncian Infringidas: Artículo 89 de la Constitución de la República; Artículo 90 de la Constitución de la República; Artículos 1, 2 y 202 del Código Procesal Penal; *Concepto de la Infracción: Violación al Debido Proceso y al Estado Material de Inocencia; *Reclamación Ex Ante: Sin Determinar por el Recurrente; *Pretensión: Se Case la Sentencia y en su lugar se dicte otra apegada a Derecho. Señala el Recurrente que la sentencia condenatoria en donde se declara la responsabilidad del Señor J. M. M. O., por los de Homicidio Simple y Portación Ilegal de Armas, en perjuicio del joven D. A. J., infringe gravemente los derechos fundamentales a un debido proceso judicial y al estado material de inocencia esto porque la prueba de cargo traída resultó insuficiente, incompleta y no certera para inculpar al acusado.- Alega el Recurrente que no existe en el proceso prueba de absorción atómica, dictamen forense del arma para comprobar si realmente fue disparada e inspección ocular al lugar de los hechos, que son pruebas fundamentales que pudieron aportar elementos para esclarecer los hechos. 3.- Del Derecho/Principio del Estado Material de Inocencia. El Recurrente señala la violación de dos derechos fundamentales: i.- El Debido Proceso y; ii.- Estado Material de Inocencia; Sin embargo, en su líbelo solo desarrolla uno de ellos, dado que alega que su representado fue condenado sin que existiere suficiente carga probatoria; Por ello esta Sala de lo Penal procederá a hacer una breve relación del contenido del Derecho Fundamental al Estado Material de Inocencia, para luego resolver el caso concreto. El Derecho/Principio de Inocencia es proclamado y reconocido por la Declaración Universal Sobre los Derechos Humanos en el artículo 11.1, por el Paco Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 14.2, por la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en el artículo 8.2 y por la Constitución de la República en su artículo 89, desarrollado por el Código Procesal Penal en los artículos 2, 191.2 y 282.5, cuyo contenido establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente, y que no solo debe de estar presente en el proceso penal, sino que debe de respetarse por todo poder público en el desarrollo de sus funciones; Ahora bien en la esfera jurisdiccional este derecho-principio constituye una regla de juicio, endosando el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías; Por su importancia tal principio ha sido plasmado en el Estatuto de Roma, que establece la necesidad de que los Magistrados de la Corte Penal Internacional estén convencidos, más allá de toda duda razonable, de la culpabilidad que se imputa para dictar una sentencia condenatoria (Art. 66.3). De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de delito será válida, sin infracción del derecho al estado de inocencia, cuando se sustente en al menos una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar certeza de la culpabilidad del acusado o acusada. El Derecho/Principio de Inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. (Ver al respecto el fallo de fecha 04 de octubre del 2005 en Exp. 2597-2004 de la Sala de lo Penal). El Derecho/Principio de Inocencia está íntimamente relacionado a la base fáctica que dicta la realidad del hecho y la participación que en él haya tenido el acusado/a, incluyendo juicios de inferencia sobre el animus, que en conjunto autorizan la aplicación del IusPuniendi, pues ningún elemento del delito, sea objetivo o subjetivo, pueden ser presumido en contra de la persona acusada; Por ello el Derecho/Principio de Inocencia está relacionado con el debido proceso probatorio, pues solo los hechos de culpabilidad pueden arrebatarle el estado de inocencia a una persona; Recuerde que el proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el Tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad; Para el pronunciamiento de la Sentencia Condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al Juzgador, sin vacilaciones y sin dudas establecer la responsabilidad penal del imputado/a con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable. En el informe No. 50/00 del caso 11,298 del 13 de abril de 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha señalado que: “118 […] De todas las garantías judiciales propias del ámbito penal, la más elemental es, quizás, la presunción de inocencia […].”; Por su parte este Tribunal de Casación en fallo de fecha 14 de mayo del 2007 del Expediente 312-2006, declaró que el Estado de Inocencia “… es un estado inherente a la persona humana …”, éste derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art.14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8.2), además es norma pilar de la Constitución de la República (Art. 89 Superior) que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (Arts. 1 y 2 CPP), y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto sino se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, valida y acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la Sentencia de fecha 01 de septiembre de 2011, dictada con ocasión del caso L. M. vs. Venezuela ha indicado: 128.- En el ámbito penal esta Corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales. La presunción de inocencia implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probando corresponde a quien acusa. Así, la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado. Además, la falta de prueba plena de la responsabilidad en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de presunción de inocencia, el cual es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho de defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme […].”. Es de considerar además que esta Sala de lo Penal ha señalado en sentencia del 30 de mayo de 2011, en expediente 304-2010: “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.”. En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal tendrá como competencia el verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que aunque mínima, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el tribunal de sentencia según las reglas de la sana crítica; así pues en casación se deberá de examinar, en la medida que las partes lo expongan como motivo: (Ver al respecto el fallo de fecha 05 de abril del 2011, en el Exp. 042-2009 de la Sala de lo Penal): a) Licitud de la Prueba: Si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos; b) Debido Proceso Probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; Incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal; c) Debida Motivación: Si las conclusiones probatorias del Tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad (Art. 141 cpp); d) Debido Razonamiento Probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada, sin involucrar los aspectos que exigen inmediación, de la cual carece el tribunal de casación; y e) Suficiente Carga Probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación en el hecho del acusado y su grado de culpabilidad en ellos, con la virtualidad de arrebatarle el estado material de inocencia a la persona acusada. Al respecto la Corte IDH en sentencia de fecha 26 de noviembre de 2010, en el caso C. G. y M. F. Vs. México, determinó que: “183. Asimismo, el Tribunal ha sostenido que tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención, dicho principio exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla. Así, la falta de prueba plena de la responsabilidad penal en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de inocencia, […].”. Un Estado que se llame así mismo democrático de derecho, no puede asumir como un riesgo permitido la condena a personas inocentes para evitar la posibilidad de absolver a personas culpables, pues lo primero implica un abuso intolerable de autoridad en contra de la propia condición humana, mientras que lo segundo es la consecuencia que se debe de sufrir como producto de un proceso penal con endeble carga probatoria; Absolver a un Culpable es el fracaso de un proceso penal, pero condenar a un inocente es un fracaso de la sociedad entera. 4.- De la Procedencia del Recurso. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. – La Sala de lo Penal ha revisado la carga probatoria en el presente caso, concluyendo que ésta cuantitativa y en especial cualitativamente es suficiente para conducir a la certeza, tal como ocurrió, de que el acusado es responsable penalmente de los dos delitos por los cuales fue enjuiciado. El acusado J. M. M. O., al momento de los hechos, era una persona de 68 años de edad, quien estaba en posesión de un arma de fuego tipo fusil, marca Remington, calibre 22m, la cual mantenía en su casa de habitación sin contar con autorización para ello extendida por la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública; Aconteciendo que el día domingo uno de Agosto de 2019, se encontraba en su casa de habitación, lugar en donde además se encontraba el Señor L. A. P., y alrededor de las 04:30 p.m. paso por la calle el joven de 18 años de edad D. A. J. M., en estado de ebriedad, a quien le empezaron a ladrar los perros que tenía el acusado en su vivienda; El acusado al escuchar los ladridos y temiendo que el Señor D. J. lesionara a sus canes, salió de su casa, comenzando así una discusión entre ellos, decidiendo en un momento dado el acusado ingresar a la vivienda y tomar el arma de fuego descrita, la cual acciono, disparando un proyectil que impacto en el pecho del Señor D. J., lesionándolo gravemente lo que le provocó la muerte. El acusado conociendo y entendiendo sus derechos procesales y debidamente asesorado por su defensa técnica, señaló al Tribunal de Sentencia su deseo de declarar en la audiencia de debate, señalando concretamente: 1.- Que el arma de fuego era de su propiedad, que no estaba registrada y que la tenía desde hace tiempo como herencia de su Padre; Es pues que el acusado estaba consciente de que poseía un arma de fuego al margen de la ley; Arma que después de tenerla tanto tiempo es posible determinar que la conocía a la perfección, igualmente su condición mecánica, pues hacía año y medio la había llevado a un técnico; 2.- El acusado señaló que como consecuencia de la discusión que estaba teniendo con el joven D. A. J., decidió ingresar a su casa a tomar el arma para persuadirlo, pero que al tomar ésta se disparó; Es de considerar que el acusado reconoce que el ofendido jamás entro a su casa y por tanto no existía peligro inminente en contra de su persona; Por otro lado, y en el supuesto que hubiese sido así, el acusado opto en lugar de pedir auxilio a la persona que se encontraba en su casa (El Señor L. A. P.), decidió tomar un arma de fuego, la cual disparo directamente en contra el ofendido, pues la trayectoria del proyectil que reporta el Dictamen de Autopsia es de: *.- adelante/atrás; **.- arriba/abajo; ***.- Derecha/izquierda, el cual impacto en el centro del pecho, lo que solo pudo ocurrir si previo se dirige el cañón del arma con dirección al cuerpo de la persona de manera directa. El relato del acusado resulto concordante con el resto de la prueba: i.- Inspección Ocular a la vivienda del acusado, con la cual el Tribunal de Sentencia supo que ésta ubicada en la Colonia San Miguel, El Paraíso, que se encuentra cercada con malla ciclón y alambre de púa, con postes de madera, y que en la parte frontal derecho un hilo de alambre de púas esta reventado y la malla en mal estado; ii.- E. A. R., aporta que cuando él y el ofendido pasaron por casa del acusado, perros que se encontraban en el interior empezaron a ladrar, logrando uno de ellos salir del cercado, luego de lo cual el acusado salió de la vivienda, produciéndose la discusión entre éste y el ofendido, escuchando después el disparo; iii.- Testigo L. A. P., que indicó que se encontraba en casa del acusado, cuando escucho que los perros de la casa de éste ladraban al joven D. A., quien andaba ebrio; Que observó al acusado tomar un viejo fusil el cual “se disparó”; iv.- La testigo M. del S. E., confirma que se dio la discusión entre el acusado y la víctima y el haber escuchado de seguido una detonación de arma de fuego, además de ver como el ofendido cayó al suelo después de eso, fuera de la vivienda; v.- O. S. E. L., Agente de la Policía Nacional, quien se presentó al lugar de los hechos tras ser notificado de lo ocurrido, quien indicó que el acusado le entrego el arma de fuego, explicándole que el arma se había disparado. Como se aprecia la prueba resulto útil, valida, legal y suficiente, de modo que la certeza a la que señalan los Señores Jueces haber arribado de que el acusado es responsable de los delitos imputados no ha sido como consecuencia de la violación al Estado/Derecho de Inocencia; Valga señalar que el acusado al momento de plantear este argumento lo hace de manera genérica y abstracta, sin concretar específicamente en que consistió la violación al derecho fundamental mencionado, más con ello este Ad-Quem ha pasado revista a la sentencia y no encuentra vicio alguno relacionado con dicho derecho. También, como parte de la argumentación recursiva, el Recurrente señaló que la violación al Estado/Derecho de Inocencia se daba como consecuencia de que no se presentó a debate tres medios de prueba: Prueba de Absorción atómica para determinar que el acusado fue la persona que disparo; Prueba de Balística del arma incautada para determinar si ésta fue el arma que fue disparada e; Inspección Ocular del lugar en donde ocurrieron los hechos. Empero lo alegado nada tiene en relación al Estado/derecho que se anuncia como violentado, pues cuando se alega insuficiencia probatoria debe de auditarse los medios de prueba que hayan sido presentados en la audiencia de debate y si éstos fueron suficientes cualitativamente para poder destruir la presunción de inocencia; Por otra parte lo que se alega como omisión probatoria es igualmente imputable a la Defensa, pues le correspondía acreditar el alegato sostenido de que el hecho ocurrió como consecuencia del ejercicio de una legítima defensa; Finalmente, es de considerar que la propia defensa privada aportó prueba a efecto de determinar los hechos que ahora cuestiona, incluyendo la declaración del propio acusado J. M. M., quien señaló no solo la existencia de la discusión con el Señor D. A. J., sino que además el hecho de haber tomado el arma de fuego, la cual fue la misma que realizó el disparo que impacto en el ofendido y que le provocó la muerte; Entonces la prueba de absorción atómica y la prueba de balística que ahora reclama el Recurrente como faltantes pierden relevancia ante la propia declaración del acusado; Siendo oportuno señalar que las armas de fuego no se disparan de manera autónoma, sino que se requiere que sea accionado su mecanismo, ergo ello permitió a los Jueces de Sentencia señalar sin lugar a dudas que el acusado fue la persona que disparo en contra del ofendido, privándole de la vida. V. DECISIÓN Declarar No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su único motivo. VI. POR TANTO, La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y 361 del Código Procesal Penal.- FALLA: PRIMERO: DECLARAR NO HA LUGARel Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por el Abogado D. R. M. Z., en su condición de Defensor Privado del acusado.- SEGUNDO: DECLARAR FIRME Y EJECUTABLE la sentencia de fecha diez (10) de Octubre de dos mil catorce (2014) (f. 70), dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Danli, Departamento de El Paraíso, en la cual se declara la responsabilidad penal del Señor J. M. M. O., como autor de un delito consumado de Homicidio, en perjuicio del Señor D. A. J. M., y como autor responsable de un delito consumado de Posesión Ilícita de Arma de Fuego Comercial, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras.- Y MANDA:Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. - NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. Magistrada Coordinadora. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. Magistrado. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. Magistrado. FIRMA Y SELLO. JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA. Receptor Adscrito. Sala de lo Penal.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil diecinueve. Certificación de la Sentencia de fecha diecisiete de enero del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-128-2015.

JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA

RECEPTOR ADSCRITO

SALA DE LO PENAL

[1]El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que, durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.