Sentencia CP-126-15 — Registro 15060
Resumen
En primera instancia se condenó al imputado como autor responsable del delito de Violación Especial, resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso de casación por violación al derecho de presunción de inocencia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...De la Procedencia del Segundo Motivo EL SEGUNDO MOTIVO ES DE RECIBO. – La Sala de lo Penal encuentra que el segundo motivo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional denuncia la existencia de un vicio cuya existencia es comprobada con el estudio de la sentencia. Como bien plantea el Recurrente existe insuficiencia en la carga probatoria que desafore el estado de Inocencia al acusado, tal como lo sustenta el voto disidente del Tribunal de Sentencia, y por tanto la sentencia condenatoria emitida por la mayoría es violatoria al Derecho/Principio referido. Es importante recordar que para que una sentencia declare la responsabilidad penal basado en un único medio de prueba, debe implicar que ese medio de prueba debió haber pasado por un riguroso proceso de valoración, sorteando solventemente cualquier cuestionamiento concebible por muy insignificante que sea, demostrando su solidez probatoria al grado de no hacer factible ninguna otra realidad alterna más que la demostrada por el medio de prueba.- Tal rigurosidad debe ser aún mayor cuando se trate de un medio de prueba testifical, como consecuencia de la naturaleza de este particular medio probatorio, abatible por subjetividades derivadas de impresiones, sentimientos, prejuicios o capacidad de percepción de los hechos, por ello la suficiencia probatoria ha de ser evaluada desde una perspectiva cualitativa, cuando permita la construcción de un silogismo categórico y necesario, por mostrar una verdad única donde el acusado se vea necesariamente la persona responsable del delito, sin duda razonable admisible. En el presente caso la decisión emitida por la mayoría del Tribunal se basa en un único medio de prueba testifical: la declaración de la menor M. I. P., de cuya valoración los juzgadores derivaron como conclusión la existencia de un delito de violación y la responsabilidad del acusado D. S. C. A., en éste; Empero tal conclusión es indebida, pues el medio de prueba resulta insuficiente para poder afirmar que los hechos declarados probados están cobijados en su totalidad con la prueba aportada. La declarante es una menor de catorce años, que era un año menor cuando supuestamente ocurrieron los hechos; Explica que era un día domingo por la mañana cuando de camino a la iglesia fue interceptada por una persona que no conocía y que previo a ese momento no había visto antes, quien la mantuvo consigo un lapso aproximado de dos horas, durante el cual le agredió sexualmente. La declaración de la menor presenta grietas, apreciadas por el Juez Disidente, que socaban su suficiencia: i) La menor usa un lenguaje atípico a su edad, explicando los hechos usando conceptos y expresiones acordes a una persona con un entendimiento maduro sobre las relaciones sexuales; ii) Los hechos narrados por la menor ponen en contexto que los hechos fueron realizados por una persona de alrededor de 22 años (edad del acusado) y una niña de 13 años, en vía pública, donde el primero obligó a la segunda a tener sexo oral, esto en una de las calles principales de la Col. El Rosario, en un lugar en donde según la declarante había tránsito de personas; Luego el agresor la trasladó hasta la Colonia Policarpo para después de allí el agresor le dice a la menor que tiene una habitación por el Instituto Luis Bogran, pero al llegar allí la menor fue obligada a desnudarse en vía pública y a acostarse en unas gradas en donde el agresor se subió encima de la menor e intentó accesarla con su pene vía vaginal y después vía anal, sin que lo lograse, luego de lo cual la accesó vía bucal; Seguido el agresor va a dejar a la menor a la Colonia Policarpo, no muy lejos donde la había interceptado.- Tal dinámica es poco ortodoxa, pues trata de una menor de edad en compañía de una persona mayor, quien decide accesarla carnalmente en vía pública, bajo el gran riesgo de ser visto por los transeúntes, en especial por lo llamativo de la actividad sexual entre una menor de edad y una persona adulta; iii) La menor indica que la persona agresora era un desconocido, pero que estando detrás del vehículo vio pasar a su señor padre, reaccionando su agresor indiciándole que se agachara y que no hiciera ruido; Esta reacción fue particular, pues la menor señaló que por el lugar estaban pasando personas, pero que fue hasta que paso su Papá que el agresor tuvo esa reacción, la cual repitió cuando paso una Patrulla; iv) El Dictamen Médico Forense reporta que el cuerpo de la menor al ser examinado ese mismo día, no presentaba lesiones genitales, paragenitales ni extragenitales. Esto llamó la atención del Juez Disidente quien indica que supuestamente la menor fue obligada a acostarse en dos ocasiones, la primera en las gradas de la Colonia Policarpo y después en las gradas del Instituto Técnico Luis Bogran, soportando la presión del cuerpo del agresor encima suyo, y aun ello no se encontró ningún vestigio en su cuerpo de este hecho (laceraciones o enrojecimiento); Además la menor el día en que fue examinada presentaba sangrado por menstruación, hecho que no fue objeto de mención en su relato, desconociéndose entonces si sobre este hecho se percató su agresor o si llegó a ser perceptible para terceros después de caminar desde la Colonia Policarpo hasta el Instituto Técnico Luis Bográn y regresar de nuevo a la Colonia Policarpo; v) Las Testigos A. P. y M. A., tía y madre de la menor respectivamente, narran que ésta fue encontrada alrededor de las diez de la mañana llorando y bastante alterada, pero en cinco horas más tarde, al momento de ser evaluada por el médico forense, a quien nuevamente explica su relato, la menor se presentó lucida, consciente, orientada, colaboradora, expresándose con lenguaje claro, es decir sin ninguna alteración anímica. Otro aspecto importante es la identificación del acusado D. S. C. A., como la persona agresora.- Describe la menor que dicha persona es del sexo masculino, “no tan alto, delgado, la cara barrosa, ese día andaba peludo, andaba con gorra” (f. 235 v.), características que son tan genéricas que concuerdan con un gran número de personas en nuestro entorno y que no podrían ayudar a individualizar a alguien en específico; la menor refirió en su declaración que reconoció a su agresor al verlo posteriormente, sin explicar en qué orden se realizaron estos reconocimientos; indica que en el Ministerio Público le mostraron fotografías y que lo identificó, que lo observó en la televisión y periódicos, y que en la entonces DNIC también lo observó y que andaba inclusive con los mismos tenis del día de la agresión. Sobre este particular para la mayoría del Tribunal de Sentencia existe seguridad en la identificación que realizó la menor al reconocer al acusado D. S. C. en tres ocasiones distintas y por ello lo da por identificado; sin embargo el Tribunal de Sentencia hace mano a reconocimientos que no están documentados y que no forman parte del acervo probatorio y que por tanto no puede ser objeto de valoración; Olvidó el A-Quo que el reconocimiento está reglado en el Código Procesal Penal en aras de que éste se realice bajo protocolos específicos y pueda dársele contenido de validez y confianza a su resultado; en el presente caso no se conoce como fue realizado el reconocimiento fotográfico: quien lo dirigió, que fotografías se usaron (origen de las fotografías, antigüedad de las fotografías, ángulo de las fotografías, cuantas personas aparecían en la imagen), cuantas fotografías fueron expuestas, de cuantas personas se expusieron fotografías o de solo la persona acusada, como fue que la menor supuestamente señaló una de la fotografía como aquella que contenía la imagen del acusado (la señaló de manera espontánea o le fue señalada directamente); Tampoco existe información de cómo se realizó el reconocimiento personal del acusado, no sabiéndose en qué lugar se realizó (dentro de una celda, en una sala, etc.), si se hizo en rueda de personas o si solo se presentó al acusado, en qué condiciones estaba el acusado al momento de ser expuesto (estaba esposado, estaba o no con gorra, tenía pelo largo o corto, etc.), quienes acompañaban a la menor o que manifestaciones hizo la menor al momento de realizar dicho reconocimiento (porcentaje de coincidencia, si percibió diferencias y cuales fueron éstas). La mayoría de los jueces reflexionaron que el acusado estuvo con la menor por un espacio de dos horas, lo que le permitió observarlo a detalle y así reconocerlo, pero ese razonamiento es anfibológico pues también da cabida a una reflexión negativa pues aun a pesar de que la menor pasó ese tiempo con su agresor fue bastante parca al describirlo físicamente, pues no dio detalle de su raza, contextura, altura, color de pelo, tipo y color de vestimenta incluyendo los tenis que después dijo haber reconocido, forma de hablar, de caminar, etc. sino que solo señaló que no era muy alto, que era delgado y con la cara barrosa, lo que no contrasta con su florido lenguaje para describir el acto sexual que sufrió. La mayoría del Tribunal también hizo alusión a la existencia de tercera persona, referida por la Señora M. de la P. O. en su declaración, el que supuestamente vio al acusado con la menor, identificándolo y señalando el lugar donde vivía (f. 248 v); Referencia que tampoco sirve de apoyo para la identificación del acusado como la persona responsable, pues la testigo M. O. es testigo de referencia de lo que dijo esa tercera persona, quien en su caso -como testigo presencial- debió ser traída al estrado judicial, pero que no fue así, ya que ni siquiera se conoce su nombre. La sentencia describe que la testigo M. de la P. O., dijo que “un muchacho” le comentó que un hombre andaba con su hija agarrada de la mano (acta de debate), que esta persona (al que llama un Ángel de Dios) señaló que venía en un bus y que vio que el hombre la llevaba pero que no lo conocía; que después volvió a ver a esta persona al que llevaron al Ministerio Público y dijo “que era él” (el acusado), pero toda esta información no aparece consignada en el acta de debate ni referida por el Juez Disidente, además no existe documentación de la identidad de esta persona y mucho menos de que haya realizado reconocimiento del acusado en el Ministerio Público. Por tanto, para esta Sala de lo Penal, no existe prueba directa o indiciaria que permita sustentar el señalamiento de responsabilidad del acusado en los actos descritos por la menor M. I. P. O.; la prueba fue insuficiente para poder destruir el estado material de inocencia del que constitucionalmente goza el acusado D. S. C. A...."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha diecisiete de enero del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “I. Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los diecisiete días del mes de enero de dos mil diecinueve, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian En Nombre Del Estado De Honduras La siguiente sentencia conociendo del Recurso 126-2019 por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha quince de diciembre del año dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual Condenó al señor D. S. C. A., como autor responsable del delito de Violación Especial, en perjuicio de la menor M. I. P. O., a la pena de quince (15) años de reclusión; más las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil por el tiempo que dure la condena principal.- Asimismo Se le declaró la responsabilidad civil del condenado D. S. C. A..- No procedió la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio.- Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma e Infracción de Precepto Constitucional, el Abogado J. S., actuando en su condición de Defensor Privado del señor D. S. C. A.. Son Partes En Única Instancia: El Abogado J. H. S. V., apoderado legal privado del señor D. S. C. A., en su condición de Recurrente; y la Abogada M. E. G., Agente Fiscal del Ministerio Público, en su condición de Recurrida. II. Hechos Probados De La Instancia “Primero: El día domingo siete de abril de dos mil trece, entre siete y treinta y ocho de la mañana, el acusado D. S. C. A. se encontraba en la calle principal de la Colonia El Rosario de la ciudad de Comayagüela, M.D.C., cuando observó a M. I. P. O., en ese entonces de trece años de edad quien caminaba sola por la calle, en dirección a la casa de su tía. D. cruzó la calle e interceptó a M. I., mostrándole un cuchillo le exigió le entregara su teléfono celular, respondiéndole la joven que no llevaba nada en su cartera. D. le ordenó que lo abrazara como si fueran novios y la condujo hasta un vehículo estacionado en la vía pública, donde se escondió junto con M. I., procedió a bajarse el pantalón y el bóxer, e introdujo su órgano sexual en la boca de la joven, el tiempo que le manifestaba que la mataría si pedía ayuda. Segundo: Acto seguido, D. S. C. conduce a M. I. hasta las gradas que comunican con la Colonia Policarpo Paz García, donde le ordena a la niña que se quite el blúmer y el beiquer e intenta tener relaciones sexuales con ella; le dice a la niña que debido a que está pasando mucha gente la va a llevar a otro lugar. D. tomó el blúmer y agarró fuertemente de la mano a M. I., obligándola a que caminara junto a él, llevándola hasta las cercanías del Instituto Técnico “Luis Bográn”, antes de llegar a dicho sitio, compró una bolsa de agua y un bombón. Tercero: Estando atrás de dicho centro educativo, D. S. le quitó la ropa a M. I. e intentó penetrarla por la vagina y el ano, después le ordenó que abriera la boca, le introdujo el órgano sexual eyaculando en ella, seguidamente le dijo que botara el semen y que chupara el bombón. Recurso De Casación.- Motivos y Argumentos “A. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional Primer Motivo Casación por infracción de precepto constitucional: Infracción del artículo 90 de la Constitución de la República que se lee así: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece.” Precepto Autorizante El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal, que dice: “En todos los casos en que, con arreglo a este Código, pueda interponerse recurso de casación contra una resolución judicial será suficiente para fundamentarlo, la infracción de precepto constitucional.” Explicación Del Motivo Dentro de la garantía del debido proceso se incluye que al “Juez Natural”, entendido éste como la persona dotada de competencia para juzgar, garantía que pretende preservar la exigencia de que en cada juzgamiento exista un tribunal con objetiva imparcialidad y competencia determinada de antemano por la ley. Esta garantía, además de estar regulada en el artículo 90 de la Constitución de la República citada antes, también se encuentra recogida en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el art. 8: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.” En tal sentido, el juez natural es una auténtica garantía para el justiciable y dicho juez debe estar dotado de competencia, independencia, imparcialidad y estar establecido con anterioridad por la ley. La Corte Interamericana de Derechos Humanos precisa que la imparcialidad es una garantía fundamental del debido proceso, con la que se pretende asegurar la objetividad del juzgador, por un lado, y de otro, inspirar la confianza necesaria de las partes, la que ha de extenderse a los ciudadanos de una comunidad democrática. Específicamente, ha señalado que, el derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial exige que “El juez que interviene en una contienda particular se aproxime a los hechos de la causa careciendo, de manera subjetiva, de todo prejuicio y, asimismo, ofreciendo garantías suficientes de índole objetiva que permitan desterrar toda duda que el justiciable o la comunidad puedan albergar respecto de la ausencia de imparcialidad.”[1] También ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos que: “En cambio, la imparcialidad exige que el juez que interviene en una contienda particular se aproxime a los hechos de la causa careciendo, de manera subjetiva, de todo prejuicio y, asimismo, ofreciendo garantías suficientes de índole objetiva que permitan desterrar toda duda que el justiciable o la comunidad puedan albergar respecto de la ausencia de imparcialidad. La Corte Europea de Derechos Humanos ha explicado que la imparcialidad personal o subjetiva se presume a menos que exista prueba en contrario. Por su parte, la denominada prueba objetiva consiste en determinar si el juez cuestionado brindó elementos convincentes que permitan eliminar temores legítimos o fundadas sospechas de parcialidad sobre su persona. Ello puesto que el juez debe aparecer como actuando sin estar sujeto a influencia, aliciente, presión, amenaza o intromisión, directa o indirecta, sino única y exclusivamente conforme a -y movido por- el Derecho.”[2] En caso Mauricio Ulloa vs Costa Rica, la CIDH indicó: “La Corte Europea ha señalado que la imparcialidad tiene aspectos tanto subjetivos como objetivos, a saber: Primero, el tribunal debe carecer, de una manera subjetiva, de prejuicio personal. Segundo, también debe ser imparcial desde un punto de vista objetivo, es decir, debe ofrecer garantías suficientes para que no haya duda legítima al respecto. Bajo el análisis objetivo, se debeterminar si, aparte del comportamiento personal de los jueces, hay hechos averiguables que podrán suscitar dudas respecto de su Imparcialidad. En este sentido, hasta las apariencias podrán tener cierta importancia.”[3] El subrayado es nuestro. De esta jurisprudencia se desprende que la imparcialidad del juez exige dos circunstancias: por un lado, que tenga una posición ajena a la contienda, y, por otro lado, que tenga una actitud imparcial, es decir, que deje al margen las condiciones subjetivas en el ejercicio de sus funciones. Por tanto, también es importante que la conducta del juzgador brinde una apariencia de imparcialidad que permita a la sociedad tener una confianza en sus jueces y es por ello que es imperativo que el juez guarde las apariencias, especialmente cuando está en pleno desarrollo un proceso. Por tanto, el juez devine obligado a exponer esa imparcialidad con las actitudes que desarrolla en el juicio y evitar toda conducta que ponga en peligro el cumplimiento de esa obligación. Es lógico que el juez va formando su convicción respecto del thema decidendi, desde el momento en que se inicia la evacuación de los medios probatorios, ya que la valoración se realiza en forma simultánea pero el juez debe tener esa actitud de imparcialidad y no reflejar esa convicción que se va formando en su interior, mucho menos incorporando por sí mismo información que no ha sido allegada al proceso por las partes durante el interrogatorio y ocupando el rol que le corresponde hacer al Ministerio Público. Cafferata Nores, en su artículo Garantías y Derecho Constitucional[4], dice que “la imparcialidad se afecta no sólo cuando el juez hace de investigador (instructor) sino también cuando incorpora pruebas de oficio con la intención de ofrecer fundamento a la acusación.” En igual sentido se pronuncia Rojas Chamaca cuando indica: Algunos tribunales han alterado el espíritu y texto normativo expreso de la Ley Procesal Penal al formular interrogatorios directos o en algunos casos Induciendo respuestas a testigos o peritos, lo que afecta el natural funcionamiento del proceso penal máxime si el órgano jurisdiccional en un sistema acusatorio adolece de atribuciones en la generación y producción de prueba.”[5] En su libro Derecho Procesal Chileno, Horvitz y López señalan que “Los jueces deben ser extremadamente prudentes al hacer uso de esta facultad, pues deben considerar que las partes no podrán objetar las preguntas claramente inconducentes ni que excedan el ámbito de la mera aclaración, dejando por otro lado traslucir la pérdida de imparcialidad que debieran mantener Inalterable hasta el final del juicio”.[6] En el caso hondureño el artículo 339 del Código Procesal Penal establece que: “Los miembros del Tribunal podrán interrogar al testigo después de que lo hayan hecho las partes.” Es decir, que les concede una facultad probatoria, pero ésta debe realizarse con mesura y prudencia, de tal forma que en sus preguntas no se refleje un interés desmedido en favorecer a una parte u ocupar el lugar de ésta haciendo cuestionamientos que no fueron realizados por la misma. Sobre esa base, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, en sentencia No. 424-2006, estimó que existe violación a los principios de objetividad e imparcialidad por parte de juez cuando asume la función que le corresponde al Ministerio Público e inclusive desarrolla el interrogatorio realizando preguntas sugestivas. Igual pronunciamiento desarrolló la Corte Suprema de Justicia de Chile, en la causa Rol No.6,165-09. Estas sentencias, si bien no son de obligatorio cumplimiento en Honduras y son meramente ilustrativas, demuestran el interés especial que, en toda América Latina, reviste la imparcialidad del Juez y la prudencia con que debe actuar al realizar interrogatorios a los testigos y verter opiniones en el desarrollo del debate, situación que ha sido vulnerada de manera flagrante en el caso que nos ocupa. Obviamente, en el caso de mérito los requisitos de competencia, independencia y estar establecido con anterioridad por la ley, se han observado, no obstante, no se ha atendido el principio de imparcialidad de los jueces que constituyeron mayoría. Ya se ha acotado anteriormente que la imparcialidad es objetiva y subjetiva. Por supuesto, siendo que la imparcialidad subjetiva se encuentra en el fuero interno del juez, es difícil probar su inexistencia, a menos que el juez exteriorice de alguna forma su parcialidad. En el proceso seguido contra mi representado, no existió ese requisito de imparcialidad de los jueces, ya que durante el juicio se demostró que la mayoría de jueces del Tribunal de Sentencia tenían un interés especial en lograr la incriminación de mi representado. Sobre este punto se solicita a la honorable Sala de lo Penal que no se limite a la lectura del acta del debate, va que ésta no se encuentra transcrita en forma literal y por tanto no es posible apreciar la infracción de esta garantía constitucional, por lo que es importante que se escuche la grabación de la audiencia, a fin que se pueda corroborar este alegato de la Defensa. La vulneración de esta garantía se desprende de las interrogantes que los jueces que condenaron, realizaron a los testigos y a los peritos. Para el caso, cuando la señora M. de la P. declaró, el honorable Juez J. D. A. E. le preguntó y le indicó “nosotros sentimos mucho lo que le pasó a su hija”, es decir, que adelantó su criterio y consideró como probado que el hecho sí paso sin que se hubieran evacuado todas las pruebas en el proceso, por tanto, ya está prejuzgando, y no solamente eso, sino que estaba exteriorizando su fallo. Durante el juicio oral y público, la mayoría de jueces del Tribunal de Sentencia insistió en preguntar a los testigos y peritos, de tal suerte que hicieron preguntas que correspondía realizar al Ministerio Público y no a los jueces. Cuando declaró la señora A. P., los jueces fueron insistentes en preguntarle cuál era el comportamiento de la joven antes de los hechos, e igual hicieron en el interrogatorio del perito F. M. También se puede observar la falta de imparcialidad de la honorable Jueza E. G. M., quien interrogó a la testigo de la Defensa M. C. A. E. y le hizo preguntas que no tienen relación con el caso, como ser cuál es el nombre del profesor de matemáticas y la directora, como si este dato lo pudiera corroborar con otro dato objetivo que se haya hecho llegar al juicio o si le hubiera preguntado a la joven M. I. sobre el nombre del profesor de matemáticas y la directora. ¿Cuál era el interés de la Jueza M. al preguntar sobre el nombre del profesor de matemáticas y de la directora? ¿Acaso ella ya sabe cómo se llaman y por eso lo pregunta? Suponemos que eso es así puesto que ninguna otra prueba en el juicio refirió el nombre del profesor de matemáticas o de la directora. Inclusive la testigo M. A. indicó que ella se retira de la escuela porque tuvo un derrame, la Jueza M. le preguntó “¿un derrame?” con un tono irónico y que reflejaba la incredulidad que sentía hacia lo que la testigo estaba refiriendo, de quien la Jueza ni siquiera tuvo la consideración de estimar que era una joven de apenas diecisiete años de edad y que estaba nerviosa solamente por el hecho de declarar ante un Tribunal de Sentencia, al grado que la Defensa solicitó la protección visual de la testigo para que ésta no estuviera nerviosa pero esto fue rechazado por el Tribunal de Sentencia. Contrario a ello, en la valoración de la prueba, la mayoría del Tribunal de Sentencia indica: “Resulta manifiesto que la testigo M. A. faltó a la verdad al dar su testimonio al asegurar que la agresión sexual a la víctima ocurrió en fecha distinta, que posiblemente fueron unos hombres que la fueron a traer a su colegio un día miércoles en que tenían examen, hecho que no tienen respaldo probatorio alguno, por lo que dicha testigo creó esa historia con el único propósito de obtener la exculpación del acusado, lo que fue evidente durante rindió su testimonio ya que a la mayoría de las preguntas que se le hicieron, aun por la defensa, dijo no comprenderlas, pero sin duda era su necesidad de tiempo para idear una respuesta.” Es decir, que la mayoría del Tribunal de Sentencia estima que la joven M. mintió solamente porque no comprendía las preguntas y asume, sin que existan pruebas que lo corroboren, que era porque pretendía idear las respuestas que daría. Es evidente que la mayoría Tribunal de Sentencia no es imparcial y que trataba de cualquier manera de desvirtuar la declaración de las dos testigos de la Defensa. Aunado a lo anterior, la falta de imparcialidad de la mayoría de jueces del Tribunal de Sentencia se advierte en las valoraciones que realizaron de la declaración de los testigos de la Defensa, ya que no las consideran creíbles cuando refieren que el hecho no ocurrió como lo indicó la testigo M. I. y que mi representado estaba con su esposa el día del supuesto hecho, pero sí le brindan credibilidad en relación a que el acusado trabajaba para una ruta de buses, aduciendo lo siguiente: “Las testigos de defensa han manifestado tener una relación muy cercana con el acusado, pues una es su esposa y otra le conoce desde muchos años atrás, han establecido que el acusado labora con su padre en buses de transporte público propiedad de familia de la testigo M. A., por lo que D. S. iba con frecuencia a la Colonia El Rosario, donde residía la víctima, lugar donde fue interceptada por el acusado el domingo 7 de Abril de 2013, a eso de las ocho de la mañana.” La pregunta que se hace la Defensa es ¿cómo suponen los honorables jueces que el acusado iba con frecuencia a la Colonia El Rosario si las testigos no indicaron tal situación? Inclusive la testigo V. dijo que ella no sabía si D. frecuentaba El Rosario porque él se iba todas los días en la mañana y regresaba hasta la noche, en tanto que la testigo M. indicó que el acusado trabajaba con su papá en una empresa de transportes pero jamás refirió cuál era la ruta de dicha empresa, de tal suerte que haga suponer a la mayoría de los jueves del Tribunal de Sentencia que esto reafirma la declaración de la testigo M. I. y de la madre de ésta, cuando dicen: “con los testimonios de la defensa se acreditó que el acusado laboraba en buses de transporte público, lo que posibilita el hecho de ser una persona conocida en su comunidad; especialmente en las colonias donde vivían tanto el imputado como la víctima y su familia, en donde en un alto porcentaje las personas se conducen a pie o en transporte público por lo que es factible que se conozcan unas con otras, en lo que comúnmente se llama conoce solo de vista. El acusado D. S. C. no solo residía en una colonia ubicada en el mismo sector de la ciudad donde ejecutó la agresión sexual a la víctima, sino que también visitaba la Colonia El Rosario de la ciudad de Comayagüela donde residía la niña ofendida, y según lo declarado por su propia esposa no trabajó ese día, con lo que queda probado la oportunidad en tiempo y lugar que tuvo el acusado para ejecutar el delito.” El subrayado es nuestro. Se puede notar en esta valoración el ánimo condenatorio que persistía en la mayoría de los jueces, al grado tal que sí creen a la esposa del acusado que éste tuvo el día libre pero no le creen que él estuvo con ella ese día; de tal suerte que acomodan las declaraciones a su propia conveniencia, pero solamente por su ánimo condenatorio que fue claramente reflejado durante el debate. Es importante señalar que sí bien esta Defensa no objetó las preguntas de los señores jueces, a pesar que ellos estaban ejerciendo el rol del Ministerio Público, tal situación no impide que se considere la infracción solicitada, puesto que éste motivo no se refiere al quebrantamiento de forma sino a la infracción de un principio trascendental en el proceso, por tanto la falta de reclamo oportuno nunca permitiría considerar convalidado el defecto, pues éste es de carácter estructural y lo que afecta es la intervención del estado en el proceso de juzgamiento y el ejercicio desmedido de poder por parte de los jueces que han conocido del proceso, además que ha sido hasta la emisión del fallo que se ha hecho plausible que la mayoría de jueces del Tribunal tenía un ánimo condenatorio desmedido, a) grado que forzaron la valoración de la prueba para emitir un fallo condenatorio contra mi representado. Por ello, estima la Defensa que ha resultado evidente el interés de la mayoría de jueces del Tribunal de Sentencia y que estos no han guardado la debida imparcialidad en el juzgamiento realizado a mi representado, de tal suerte que ha quedado acreditado plenamente este motivo de casación, porque se ha vulnerado un derecho constitucional del acusado, quien ha tenido que enfrentar al Ministerio Público como parte acusadora y también a la mayoría de jueces del Tribunal de Sentencia que hacían el papel de la parte acusadora y por tanto no eran, en modo alguno, ese tercero imparcial que debía decidir la situación procesal de mi representado. Se solícita nuevamente al honorable Tribunal controlador que escuche la grabación de la audiencia para que pueda apreciar los alegatos de esta defensa, especialmente en la declaración de la testigo M. de la P. O., A. P., M. C. A. E., C. E. G. y F. M. R.. Segundo Motivo. - Casación por infracción de precepto constitucional: Infracción del artículo 89 de la Constitución de la República que se lee así: Toda persona es inocente mientras no haya sido declarada su responsabilidad por autoridad competente.” Precepto Autorizante El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal, que dice: “En todos los casos en que, con arreglo a este Código, pueda interponerse recurso de casación contra una resolución judicial será suficiente para fundamentarlo, la infracción de precepto constitucional.” Explicación Del Motivo En nuestra normativa constitucional se consagra como derecho individual, el estado de inocencia que asiste a toda persona, en tanto que no ha sido declarada su responsabilidad por Tribunal competente, es decir que el acusado no se presume inocente, sino que es considerado inocente. En tal sentido, es meritorio saber cuándo se vulnera ese principio de presunción de inocencia. Al respecto, la Honorable Sala de lo Penal ha estimado que para verificar la infracción al Principio de Presunción de Inocencia debe comprobarse lo siguiente: “a) si hay prueba en sentido material (prueba personal o real); b) si estas pruebas son de contenido incriminatorio; c) sí ha sido constitucionalmente obtenida, esto es, sí fue Incorporada lícitamente al juicio oral; d) si ha sido practicada con regularidad procesal; e) si es suficiente para enervar la presunción de inocencia; y t) si ha sido racionalmente valorada por el Tribunal sentenciador.” CP14211. En tal sentido, existe vulneración de este principio cuando se condena sin pruebas, entendiendo como tales las evacuadas en el juicio oral y público conforme a las reglas establecidas al efecto por la ley, o cuando las pruebas producidas en el juicio son insuficientes, es decir cuando no evidencian la concurrencia del tipo penal o la participación del acusado en el mismo. Delimitados los presupuestos de concurrencia de la infracción al estado de inocencia, es imperativo examinar si en el proceso que se sometió a mi representado se acreditó la existencia del delito acusado y la participación del acusado en el mismo, ya que es sobre estas dos circunstancias que debe girar la oferta probatoria de las partes. Sobre esa base, se hará un análisis separado sobre estas dos circunstancias: a) Sobre la existencia del delito acusado. El delito de Violación Especial se encuentra regulado en el artículo 140 del Código Penal que dice: “El acceso carnal de uno u otro sexo mediante violencia o amenaza de ocasionarle al sujeto pasivo, al cónyuge de éste o compañero de hogar, o a uno de los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad un perjuicio grave e inminente. Para efectos de este artículo se entenderá por acceso carnal, el que se tenga por vía vaginal, anal o bucal. Será sancionado con pena de diez a quince años de reclusión. Son casos especiales de violación el acceso carnal con persona de uno u otro sexo cuando sin mediar violencia o amenaza concurra cualquiera de las circunstancias siguientes. Tales casos serán sancionados con pena de quince (15) a veinte (20) años de reclusión y son los siguientes: 1) Cuando la víctima sea menor de catorce (14) años de edad...” Es necesario determinar si las pruebas vertidas en el Juicio Oral y Público han servido para demostrar en grados de certeza y consiguiente puntualizar la convicción del juzgador, como para no dudar que existió un acceso carnal hacia la ofendida. Sin duda alguna, la probanza de un delito contra la libertad sexual resulta difícil, razón por la cual en ocasiones amerita acudir a la prueba indiciaria, que requiere la existencia de indicios plurales, fiables y pertinentes. Estos indicios no estuvieron presentes en el fallo que se recurre, el cual fue emitido por la mayoría del Tribunal de Sentencia sin contar con las pruebas para ello, situación que se ve reflejada en los grandes esfuerzos que hace la mayoría del Tribunal para acomodar las declaraciones a un forzado fallo condenatorio. De un análisis de la sentencia emitida, se vislumbra que la prueba toral que la mayoría del Tribunal tomó para considerar acreditado el hecho, es la declaración de la joven M. I. P. O., quien es la supuesta víctima en el caso, ya que, al suprimir hipotéticamente su declaración, el hecho se desvanece. Siendo que la versión de la víctima es la única que refiere la existencia del delito, para que logre crear una certeza sobre la existencia de ese hecho se necesita que tenga contundencia en sí misma y correspondencia con hechos periféricos que hayan sido probados con otros medios de prueba; cabe señalar que en este análisis no corresponde señalar si la joven M. I. miente o dice la verdad sobre el supuesto hecho, sino únicamente si su declaración es apoyada en otros medios de prueba. En el caso de análisis se vislumbra que la declaración de la menor no reúne los requisitos antes mencionados, por las siguientes razones: 1.- La joven M. I. no tuvo persistencia en su declaración, por cuanto ha variado la misma en el tiempo. Para el caso, al Médico Forense, la joven M. I. no le indicó la existencia de un abuso sexual vía oral, a pesar de estar siendo evaluada el mismo día del hecho y a escasa horas de haber ocurrido el mismo; la joven M. I. tampoco narró al médico forense que se había cepillado los dientes, dato que consignó el doctor en su protocolo, en tanto que cambió su versión en el juicio oral sobre este punto. Dicha versión la cambió cuando le narró el hecho al médico siquiátrico y al psicólogo, quienes la evaluaron un año siete meses después, lo que demuestra la variación de su deposición. Es menester señalar que esa variación puede originarse a que ya ha transcurrido bastante tiempo del hecho y la joven M. I. se había percatado de los aspectos que debería enfatizar o las contradicciones que debía evitar e inclusive esa información podría ser sugerida por otra persona, consciente o inconscientemente. Es cierto que el paso del tiempo puede afectar la memoria de las personas y por tanto podría ser lógico que la joven no recordara un detalle minúsculo en el devenir del tiempo, pero no es lógico que olvidara ese detalle tan importante de haber mantenido un órgano viril masculino en su boca, precisamente a pocas horas de haber ocurrido el hecho. Por tanto, más parece que la versión de la joven M. I. ha sido acomodada a las conveniencias del proceso, lo cual incluso puede deberse a que ella misma lo ha considerado así habida cuenta que es una joven con una inteligencia superior al promedio normal, tal como lo dejó sentado el peritaje psicológico. 2.- No existe una tipicidad en el lenguaje de la joven M. I., quien utiliza palabras que no son propias de su edad y de su educación, como ser “semen”, “pene”, “vagina”, “sexo oral”, “masturbación”. Es de conocimiento general, que este tipo de lenguaje es más bien culto y no es utilizado por jóvenes de escasa edad; si bien podría argumentarse que la joven M. I. ha tenido una buena educación, lo cierto es que en el momento de los hechos ella apenas estaba en séptimo grado y que residía en un lugar donde generalmente se utiliza un lenguaje vulgar, aunado al hecho que ella resultaba ser una joven virgen. Por tanto, la utilización de este lenguaje culto refleja que las declaraciones de la joven fueron estudiadas y preparadas. Inclusive, la joven M. I. indica que el hecho “le causó un daño muy grande y le marcó la vida”, palabras que tampoco son propias de una joven de su edad y de su contexto social, sino que más bien son palabras de un adulto. 3.- Su versión no es corroborada por prueba científica inmediata, ya que en el dictamen médico forense no se encontró ningún indicio de abuso sexual, como ser enrojecimiento en el área genital o espermatozoides en el área bucal. También es importante recalcar que el dictamen médico indica que la joven tenía sangrado transvaginal producto de su menstruación, situación que dicha joven no mencionó durante su deposición en juicio. En tal sentido, si la joven tenía sangrado como producto de la menstruación, que inició el cuatro de Abril del dos mil trece, es decir, tres días antes del supuesto hecho; por tanto, si la joven fue despojada de su blúmer, aunado a que no se había bañado, era lógico que el médico hubiera observado evidencia que la joven M. I. efectivamente estuvo sin blúmer durante algún tiempo y que consignara esa información en su dictamen, pero ello no ocurrió precisamente porque el hecho nunca existió. Igualmente es importante acotar que el médico forense señaló que la joven M. I. estaba normal ni tenía labilidad emocional, es decir que no estaba alterada, lo cual contradice la versión de las testigos A. y M. de la P., ya que éstas indicaron que la joven estaba llorando y con el pelo alborotado, pero ya para cuando la evaluó el médico estaba sin labilidad emocional, lo que no se condice con una joven de trece años que supuestamente ha pasado por un hecho de impacto en su vida, tal como lo refirió el psiquiatra. Todas estas razones hacen colegir que la versión de la joven M. I. no es suficiente para estimar que el hecho típico ocurrió. b) En relación a la participación del acusado en el hecho. Partiendo del supuesto que el hecho haya existido, lo cual no es así para esta defensa por las razones que ya se ha señalado, es menester analizar si se acreditó con prueba suficiente que el acusado fue quien cometió el hecho. Analizamos nuevamente la versión de la joven M. I. y se puede notar que ella dio características generales de la persona que la agredió, diciendo que era un sujeto “no muy alto, delgado, cara barrosa”, características que en ningún momento son individualizantes y es importante recalcar que la joven M. I. nunca dijo que fuera mi representado D. S. C. A., quien la había agredido, ya que no lo reconoció durante el juicio y tampoco durante la audiencia inicial y mucho menos se hizo un reconocimiento en rueda que hiciera colegir que a quien la joven M. I. dijo reconocer en sede administrativa fue a mi representado. De hecho, durante el proceso tampoco se hizo llegar una prueba que acreditara la existencia de ese reconocimiento en sede administrativa, ningún acta de reconocimiento, ninguna fotografía y ni siquiera la fotografía del periódico donde la joven M. I. dijo reconocerlo. Entonces se pregunta esta defensa ¿cómo llega la mayoría de miembros del Tribunal de Sentencia a colegir que el acusado es quien fue reconocido por la joven M. I., si no cuenta con pruebas al respecto? Tampoco las testigos de cargo A. P. y M. de la P. O. reconocieron al acusado durante el juicio o se hizo algún reconocimiento en rueda que permitiera inferir que se referían a la misma persona. La argumentación valorativa de la mayoría de miembros del Tribunal de Sentencia es contradictoria, porque al valorar la prueba de la joven M. I. dice: “En cuanto a la identificación de su agresor, M. I. ha manifestado que no tenía conocimiento previo del acusado, ha dicho “para mí era un total desconocido lo que coincide con el hecho de que durante su testimonio en ningún momento lo llamó por su nombre, no obstante al interrogatorio de las partes, lo ha descrito como un hombre no alto, ni bajo, delgado, cara barrosa, que andaba con una gorra, características que concuerdan con el aspecto físico del acusado, respecto de quien ha dicho “él tenía como 19 años edad que no se encuentra muy distante de la edad del imputado al tiempo de los hechos (22 años).” En este análisis, los mismos jueces que hicieron mayoría para condenar a mi representado reconocen que M. I. no identificó plenamente al acusado durante el juicio, ni llamándolo por su nombre, ni reconociéndolo en l audiencia, pero, aun así, con su afán de condenar asumen que la joven M. I. se refería a mi representado. Aunado a ello, los jueces continúan valorando la declaración de la joven M. I. y dicen: “Al explicar la forma en que se realizó su reconocimiento fue contundente al decir “cuando me llevan al Ministerio Público me enseñan fotos efectivamente era él en la DGIC con un carro de vidrios polarizados y era él, incluso andaba los mismos tenis, cuando lo vi en las noticias y salló en los periódicos era él... “demostrando, en todo momento, seguridad en la identificación, la cual ha sido decisiva para la mayoría del Tribunal, pues el acusado D. S. C. fue reconocido por la víctima en tres ocasiones distintas...” Nótese que la mayoría de miembros se refiere a un reconocimiento supuestamente ocurrido en sede administrativa, pero del cual no se hizo llegar ni una tan sola prueba en el Juicio Oral y Público; en el caso solo se evacuó la deposición de M. I. P. O., A. P. y M. de la P. O. pero ninguna de ellas señaló durante el juicio que fuera el acusado que cometió el hecho, sino que solamente dicen que M. I. reconoció a una persona en el periódico, e inclusive la señora M. de la P. indicó que en el periódico salía que esa persona estaba relacionada con la niña del Rosario, es decir que es que el periódico tenía información sobre el caso, quedando una duda respecto a sí ese periódico fue el origen del reconocimiento o lo fue las fotografías que le enseñaron, de manera evidentemente sugestiva, en el Ministerio Público. Sobre este punto, M. I. dijo que “cuando lo pasaron por la televisión, era él y que cuando la llevaron al Ministerio le enseñaron unas fotos, una de él y otra de otro hombre y obviamente era ese hombre, y que antes de que lo capturaran le llevaron a) Ministerio Público y le enseñaron una foto que cree que era de la identidad y era él, además la llevaron a la DNIC en carro de vidrios polarizados era él porque andaba con los mismos tenis”. Pero se reitera que ésta es la única deposición que existe respecto al reconocimiento de una persona, que hasta el momento se desconoce quién era, ya que la testigo no señaló al acusado durante el juicio como esa persona que ella reconoció en el Ministerio Público y en la DNIC. Por otro lado, en el ánimo de condenar, los mismos jueces son contradictorios en su valoración, ya que sí brindan credibilidad a un supuesto reconocimiento que ocurrió en sede administrativa, pero al analizar que la joven M. I. no le dijo al médico forense que había sufrido un abuso sexual oral, le restan valor a tal declaración aduciendo que solamente hace prueba la declaración rendida ante juez competente y citan la jurisprudencia de la Sala de lo Penal planteada en la sentencia de casación penal No. SP98-2011, que dice “...El Artículo 88 de la Constitución de la República determina que solo haré prueba la declaración rendida ante juez competente, ello porque el órgano jurisdiccional que recibe esta declaración se encarga de la observancia de los principios que gobiernan la actividad procesal, tales como la igualdad, contradicción, concentración, publicidad y defensa e inmediación; y que no son, ni tienen que ser observados en un estudio clínico, habida cuenta que no es ese su objeto, sino que, como ya se ha señalado, es el estudio científico o empírico (dependiendo si son peritos letrados o iletrados en el campo de estudio) de hecho relacionado con la causa criminal. Es decir que la mayoría de miembros del Tribunal de Sentencia no le da valor a la narración que la testigo hizo al médico forense porque asume que solamente es válida la declaración rendida ante juez competente, pero sí le da valor a un reconocimiento que la joven M. I. hizo en el Ministerio Público, es decir que no se hizo ante juez competente y por tanto no se garantizó, si es que este reconocimiento existió, los mínimos derechos a la persona que fue reconocida. En la sentencia de Casación Penal No. 255-2009, la honorable Sala de lo Penal, refiriéndose al reconocimiento fotográfico indicó: “Como lo apunta el jurista español DE DIEGO DIEZ, es relativamente frecuente que la primera identificación del presunto autor de un hecho delictivo se realice en las dependencias policiales a partir de la exhibición a los testigos de álbumes fotográficos de delincuentes. A veces, porque no existen datos para identificar al delincuente y, por tanto, no ha podido ser detenido, es imprescindible acudir a la exhibición de fotografías, procedimiento válido desde luego, pero tan sólo como medio policial de investigación que puede servir para ulteriores diligencias, que sean base de verdaderas pruebas posteriores. En las dependencias policiales, a los testigos deben mostrárseles álbumes con una pluralidad de fotografías, y permitirles que los examinen sin sugerir la posible identificación de algunas de ellas, refiriendo el citado autor, que el Tribunal Supremo de su país en sentencia de fecha 1 de diciembre de 1995 entendió que mostrar solo una fotografía revela falta de neutralidad del investigador, añadiendo que la necesidad de que sean varias las fotografías que se exhiban al testigo recognoscente se deriva del propio texto legal toda vez que la identificación fotográfica puede servir de punto de partida para la práctica ulterior de la diligencia de un reconocimiento en rueda o con eficacia probatoria propia a través de la introducción de otro medio de prueba en el debate como lo es la comparecencia del identificante o de los policías ante los cuales se practicó el reconocimiento.” El subrayado es nuestro. En tal sentido, el reconocimiento fotográfico rendido en sede administrativa, según la misma jurisprudencia de la Sala de lo Penal, requiere al menos dos elementos: a) Que sean varias las fotografías que se exhiban al testigo recognoscente, y, b) que ese reconocimiento solo es un medio policial de investigación que puede servir para ulteriores diligencias. Sobre esa base, si efectivamente ocurrió el reconocimiento fotográfico referido por la joven M. I., el mismo únicamente podía servir para investigaciones posteriores pero además se vulneró el requisito de que fueran varias fotografías las mostradas, ya que la joven M. I. refirió que en una ocasión le mostraron fotografías de dos hombres y en otra ocasión le mostraron una fotografía de la identidad, de tal manera que el reconocimiento fue sugerido, porque en ningún momento se le mostró un álbum con varias fotografías, de tal suerte que la joven M. I. pudiera elegir entre esas varias fotografías y así decidir cuál era el supuesto autor del hecho. En sentencia de Casación Penal No. 357-2010, la Sala de lo Penal indicó: “En cuanto a la identificación realizada con el padrón fotográfico obtenido en el medio periodístico supra mencionado, dicho procedimiento a lo sumo puede ser válido únicamente como medio policial de Investigación que puede servir para ulteriores diligencias, que sirvan para sustentar posteriormente verdaderas pruebas, por ello, es razonable cuando el A -quo, no le otorga credibilidad. al no haberse presentado las actas de reconocimiento fotográfico, el álbum utilizado, o diligencia de reconocimiento en rueda.” El subrayado es nuestro. Evidentemente, en el caso de mérito, la mayoría de miembros del Tribunal de Sentencia le ha concedido credibilidad a un supuesto reconocimiento que no se ha acreditado, ni se ha presentado acta de reconocimiento fotográfico, el álbum utilizado y muchísimo menos el reconocimiento en rueda. Por tanto, la credibilidad que la mayoría del Tribunal de Sentencia brinda a la deposición de la testigo M. I. respecto a este reconocimiento, no tiene ningún sustento sólido en otra prueba incorporada al juicio. Se puede observar que, si se suprime hipotéticamente la declaración de M. I. respecto a la existencia de este supuesto reconocimiento fotográfico que solo ella refiere, entonces no existe manera alguna de concluir que se hizo reconocimiento alguno y mucho menos que fue mi representado la persona que fue reconocida. De hecho, aun con la declaración de M. I. refiriendo que hizo un reconocimiento fotográfico y desde un vehículo, tampoco se puede extraer que la persona reconocida haya sido el acusado, puesto que no existe ninguna otra prueba que lo corrobore. La mayoría de jueces del Tribunal de Sentencia en su valoración indicó que: “en cuanto a la identificación de su agresor, M. I. ha manifestado que no tenía conocimiento previo del acusado, ha dicho que “para mí era un total desconocido”, lo que coincide con el hecho de que durante su testimonio en ningún momento lo llamó por su nombre, no obstante a interrogantes de las partes, lo ha descrito como un hombre no alto ni bajo, delgado, cara barrosa, que andaba con una gorra, características que concuerdan con el aspecto físico del acusado, respecto de quien ha dicho “él tenía como 19 años edad que no se encuentra muy distante de la edad del imputado al tiempo de los hechos (22 años). “Es decir que la mayoría del Tribunal insiste en considerar que efectivamente a quien se reconoció fue al imputado, solamente por las características físicas, que son sumamente generales y no individualizantes porque muchas personas tienen las mismas características, situación que se desprende de la experiencia e inclusive varias reconocidas figuras del mundo artístico tienen características muy parecidas, de tal forma que aunque no son parientes pasarían por hermanos e incluso pasarían por ser la misma persona, baste un ejemplo de ello en los famosos autores Tom Cruise y Tea Leoni, por tanto también es posible que estas similitudes ocurran entre varias personas de la misma localidad. Por otro lado, la mayoría del Tribunal de Sentencia no concedió valor probatorio a las declaraciones de los testigos de la Defensa, especialmente a la declaración de V. E. G. G., aduciendo respecto a ésta que: “Por su parte, la esposa del acusado ha sostenido que el día del hecho especialmente en horas de la mañana el acusado permaneció con ella, especialmente a la hora del hecho, no obstante la prueba de cargo de manera fehaciente acreditó que a esa hora D. S. C. se encontraba en la Colonia El Rosario.” En este punto la mayoría del Tribunal de Sentencia no indica por qué no cree la versión de la esposa del acusado limitándose a decir que la prueba de cargo acreditó que el acusado estaba en la Colonia El Rosario, cuando tal situación no es así porque el acusado jamás fue reconocido en el juicio ni en otra diligencia realizada judicialmente, y mucho menos se hizo llegar al proceso el acta del supuesto reconocimiento fotográfico realizado en sede administrativa de tal suerte que se pueda inferir que fue precisamente mi representado la persona que fue reconocida. Véase el ánimo de condenar que primaba en la mayoría de los jueces, quienes no brindan credibilidad a la señora V. respecto a que el acusado estaba en su casa el día del hecho, pero sí le creen que ese día el acusado tenía el día libre y por tanto esto lo consideran un indicio de oportunidad e inclusive llegan más allá y consideran que “confirma el dicho de la víctima sobre que el imputado le dijo que ya la había visto.” Así las cosas, y citando nuevamente la jurisprudencia de la honorable Sala de lo Penal, se puede verificar que es posible apreciar la participación del acusado en el supuesto hecho por las razones siguientes: a) No hay prueba en sentido material que indique qué fue mi representado quien cometió el hecho, puesto que no existe prueba que señale que el reconocimiento fotográfico existió; b) El análisis que .la mayoría de miembros del Tribunal de Sentencia realiza sobre el reconocimiento fotográfico realizado por la joven M. I. implica la inclusión ilícita de una prueba que no se hizo llegar al juicio y que por tanto tampoco fue practicada con regularidad procesal; c) La prueba evacuada no es suficiente para enervar la presunción de inocencia simplemente porque no existe ninguna prueba que indique que fue mi representado quien cometió el hecho, y; d) La mayoría de miembros del Tribunal de Sentencia, en su ánimo de condenar, no ha valorado correctamente la prueba, puesto que extrae de la misma, circunstancias que dicha prueba no refleja, como ser que fue el acusado la persona que fue reconocida por la joven M. I., cuando ésta jamás refirió tal cosa. Por tales razones, es criterio de la Defensa que en este caso existe una vulneración al Principio de Presunción de Inocencia, porque ha quedado acreditado, de manera irrefutable que la prueba que sirvió de fundamento a la mayoría de miembros del Tribunal de Sentencia para condenar a mi representado D. S. C. A., es insuficiente para considerar la existencia del delito y la participación del acusado en el mismo, por lo que se ha vulnerado el estado de inocencia que constitucionalmente asiste al señor D. S. C. A.. Por tanto, se ha configurado este motivo por infracción de precepto constitucional. B.- Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma Primer Motivo Casación por vulneración a las Reglas de la Sana Crítica, en infracción a lo que disponen los artículos 202 del Código Procesal Penal que dice: Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida “y el artículo 338 del Código Procesal Penal, regla cuarta, numeral segundo que dice: Seguidamente, se expresarán las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos, justificando, según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio y, en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de indicios, igualmente declarados probados. Precepto Autorizante El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal, en la parte que dice: “Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o si en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana critica;... Explicación Del Motivo La Sala de lo Penal en diferentes sentencias (No. 194-2009, 297-09, 242-09 y 125- 2010) ha explicado que las Reglas de la Sana Crítica está integrado por: “1) Reglas de la Experiencia Común: Se refieren juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el Juzgador, sin relación alguna con el caso concreto que se Juzga, y que se adquieren a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por éste hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a los fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que, por lo tanto, no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del Juzgador no es permitido en la valoración de la prueba, al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El Juzgador deberá de analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de un fenómeno natural. Las reglas de la Experiencia Común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el Juzgador valora un hecho, considerara el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos el por qué lo considera así 2) Las reglas de la Psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento adquirido respecto del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquel. Las reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el Juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado. 3) Las Reglas de la Lógica: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a) La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí; La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: 1) El Principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión “X” solo puede ser “X”, sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”; ii) El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B” y “A” no es igual de “B” se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera; iii) El principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera. b) La Derivación: De este se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando; exige que el razonamiento deba derivar de elementos auténticos y suficientes para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga.” Nótese que, en todo el relato de la testigo, ésta indicó que fueron varios los lugares por los que caminaron, algunos de los cuales bastante públicos, ya que incluso pasaron frente al Mall Premier, lugar que, aunque sea un día domingo es muy transcurrido, tal como dijeron también las otras testigos de cargo. También refirió la testigo que ella llevaba dos bolsas en sus manos, conteniendo ropa de su papá, una loción y ciruelas, y que él la llevaba agarrada con la mano derecha y las bolsas en la mano izquierda y el puñal lo llevaba entre la piel y el pantalón. Es decir, que la supuesta agresión que sufría no era inminente, habida cuenta que el sujeto no llevaba en la mano el puñal ni amenazaba a la joven M. I. con el mismo, por tanto, ésta tenía posibilidad de huir. A pesar de todas estas inconsistencias de la declaración de la joven M. I. con las reglas de la experiencia, la mayoría de miembros del Tribunal de Sentencia estimó creíble la versión de la joven M. I., por tanto, sin duda se han vulnerado las reglas de la experiencia como elemento esencial de las Reglas de la Sana Crítica.b) Violación de las Reglas de la Psicología. Ya se explicaba antes que las reglas de la psicología se refieren al conocimiento adquirido respecto del comportamiento humano, basándose en el proceso deductivo, es decir, se parte de lo general a lo particular. Por tanto, se analiza el comportamiento general de la población o un segmento de ésta, determinando sus valores, creencias y sentimientos y luego se transfiere este análisis al comportamiento individual. Es conocido que los adolescentes tienen un comportamiento adaptativo y que en muchas ocasiones pueden disentir de los patrones de conducta que sus padres o la sociedad les imponen, precisamente porque su personalidad está en etapa de formación. Así pues, si una joven ha sido educada en un ambiente familiar rígido y quiere tener alguna libertad, con seguridad puede tener temor a las represalias que pueden surgir de un comportamiento que su familia considera inadecuadas. En el caso que nos ocupa la joven M. I. no salía mucho de su casa y ni siquiera podía ir a la casa de una amiga porque no estaban acostumbrados a eso, tal como lo depuso la testigo M. de la P. O., madre de la joven M. I.. Igualmente, de las deposiciones de las testigos de cargo se desprende que la joven M. I. tenía parámetros rígidos de comportamiento en su hogar y que inclusive tenía que asistir a la iglesia a discipulados, por tanto, siendo que es una joven con una personalidad en formación, tal como lo dijo el psicólogo, dicha joven podía tener otras expectativa de las que tenía su familia y un interés en experimentar situaciones diferentes a las que hasta entonces había vivido, como ser tener un novio puesto que aunque era una joven de trece años, ya tenía un desarrollo de señorita y por tanto la revolución hormonal natural que viven los adolescentes. También debe considerarse el ambiente religioso en que se ha desenvuelto M. I., que necesariamente espera de ella un comportamiento adecuado a esas creencias religiosas y que por tanto harían reprochable que ella realizara una actuación diferente, como ser tener un novio y estar con él a solas sin el permiso correspondiente de sus padres o tener una relación sexual con él sin haberse casado. Sobre esa base, resulta lógico que la joven M. I. tratara de modificar la verdad ya que ella misma indicó que llegó a una cuesta donde encontró a su hermana llorando porque no la encontraban, que su madre estaba preocupada, que habían hablado a su hermano, a la esposa y a su tía y que también llegaron los miembros de la iglesia. Ante la presencia de todas estas personas ¿es posible que una joven que ha sido educada bajo rígidos cánones de comportamiento decida revelar que en realidad ella estaba con su novio? Es obvio que no, puesto que ese no es el comportamiento que todas esas personas preocupadas por ella estaban esperando. En tal sentido, resulta lógico que la joven M. I. agregue pequeños detalles a una situación que pudo ser consentida, de tal suerte que esa situación consentida se convierta en no consentida y así ella justificaba su ausencia ante todas esas personas que le rodeaban. De hecho, esto es muy posible puesto que M. I. es una joven con un coeficiente normal alto, superior al de los jóvenes de su edad, tal como lo refirió el perito R. C., quien inclusive señaló que las personas con ese coeficiente intelectual son capaces de manipular a los demás. También es lógico que M. I. presentara conflictos en el área sexual, si en su vida ocurrió un hecho que quizás ella misma había consentido, pero no había considerado sus alcances precisamente porque estaba experimentando abrirse al mundo de la sexualidad y su primera experiencia no fue totalmente satisfactoria. Así pues, desde el punto de vista de las reglas de la psicología también existen razones para dudar de la veracidad de la declaración de M. I., no obstante, estas consideraciones fueron descartadas por la mayoría de los miembros del Tribunal de Sentencia. c) Violación de las Reglas de la Lógica. Una de las leyes de la lógica es la de Coherencia que implica la existencia de los principios de identidad, contradicción y tercero excluido. En tal sentido, analizaremos como la valoración de la prueba por parte de la mayoría de miembros del Tribunal de Sentencia ha vulnerado estos principios. El principio de identidad implica que una conclusión X solo puede ser X, pero no puede ser Y al mismo tiempo. La mayoría de miembros del Tribunal de Sentencia ha vulnerado el principio de identidad cuando ha considerado creíble un supuesto reconocimiento que ocurrió en sede administrativa, pero al analizar que la joven M. I. no le dijo al médico forense que había sufrido un abuso sexual oral, le restan valor a tal declaración aduciendo que solamente hace prueba la declaración rendida ante juez competente. Es evidente que si la conclusión es que solo forma prueba la rendida ante juez competente, no es posible estimar que en unos casos tal prueba es válida, pero en otros casos no lo es, precisamente porque esa prueba no puede ser válida e inválida al mismo tiempo. El principio de contradicción implica que un hecho no puede ser y no ser al mismo tiempo, puesto que solamente una de las afirmaciones puede ser verdadera. La mayoría del Tribunal de Sentencia vulnera este principio cuando brinda credibilidad a la testigo V., esposa del acusado, y creen su dicho respecto a que mi representado tenía libre ese día, estimando que éste es un indicio de oportunidad, pero a renglón seguido no le creen que mi representado estuvo con ella esa mañana. Siendo que las declaraciones de las testigos M. I. y V. son excluyentes entre sí, no es posible brindar credibilidad parcial a una para creerle a la otra, puesto que el mismo principio de contradicción implica que una proposición no puede ser verdadera o falsa al mismo tiempo, por ende, dos juicios contrapuestos o contradictorios se neutralizan o destruyen entre sí, del tal suerte que el acusado no pudo estar en el lugar del supuesto hecho y en su casa al mismo tiempo. En tal sentido, la mayoría del Tribunal de Sentencia dejó de aplicar también el principio del Tercero Excluido, regla lógica que nos indica que una proposición no puede ser verdadera o falsa al mismo tiempo, por tanto, si un juicio de valor es verdadero el otro tiene que ser falso. Por tanto, si creían en la deposición de M. I. no podía ser creíble la declaración de V. respecto a que el acusado tenía el día libre, precisamente porque no puede haber dos juicios verdaderos al mismo tiempo. Fundamentalmente, la mayoría del Tribunal de Sentencia vulneró la Ley de Derivación, en su Principio de Razón Suficiente, que señala que cualquier afirmación o proposición que acredite la existencia o no de un hecho, tiene que estar fundamentada y probada, es decir, que la valoración debe sustentarse en inferencias razonables, auténticas y suficientes. Al respecto cabe señalar que la única deposición que refiere la ocurrencia del hecho es la de M. I., y los jueces se apoyan también en la declaración de A. y M. de la P., pero es posible notar que las deposiciones de éstas últimas testigos se sustentan a su vez en lo que M. I. les dijo, habida cuenta que son testigos de referencia; así pues, la declaración de M. I. es la base en que se sustenta el fallo condenatorio, por tanto el análisis de su declaración reviste de especial importancia. Los jueces también se apoyan en las pericias psicológica y psiquiátrica, diciendo que las mismas reflejan que la joven tiene un trastorno de estrés post traumático y problemas asociados con la sexualidad, pero no tomaron en cuenta, como bien lo dice el Juez disidente, que los peritos solo evaluaron a la joven en una sesión y que inclusive M. I. estuvo acompañada por su tía, quien, de hecho, según el dictamen pericial, le auxilió al brindar la historia médico legal. Es decir, que la mayoría del Tribunal no consideró la influencia que podía tener la tía sobre M. I. al momento en que brindó la historia médica legal y la necesidad que podía tener M. I. de mantener su versión e inclusive acomodarla ante las falencias que había tenido anteriormente ante el médico forense y señalar que sí existió una relación sexual oral, lo cual también se lo permitió el tiempo transcurrido y las declaraciones que ya había rendido, sin tomar en cuenta las veces que tuvo que contar la historia a su familia o las veces que ésta la repitió. Igualmente, la mayoría del Tribunal obvió considerar que ni el psiquiatra ni el psicólogo no realizaron investigación alguna respecto a si existió un evento, distinto del mencionado por M. I., que provocara el trastorno de estrés postraumático que según el diagnóstico ésta padecía, por lo que ambos peritos también se sustentaron únicamente en lo que dijo M. I.. Es decir, que se vuelve nuevamente a que la prueba originaria la constituye la declaración de M. I.. La mayoría del Tribunal tampoco consideró que al médico forense, M. I. no le dijo que había tenido un abuso sexual oral y aun cuando el doctor indicó que la joven le había dicho al final la existencia de tal abuso sexual, éste no lo consignó en el dictamen, situación que no resulta creíble puesto que un médico forense que atiende a un sinnúmero de pacientes al mes, sin duda no va a recordar detalles específicos si no están consignados en el protocolo de la evaluación, tal como ocurrió en el presenta caso en que el doctor no consignó esa aseveración en su protocolo. Los jueces también derivan una conclusión de hechos que no fueron probados en el juicio, como ser la existencia del reconocimiento fotográfico que supuestamente existió en sede administrativa. Inclusive la mayoría del Tribunal deriva en la conclusión que fue al acusado que se reconoció cuando jamás se hizo llegar prueba alguna al respecto e inclusive ni siquiera existió reconocimiento en rueda o realizado en la sala del juicio, por tanto, no hay manera de extraer de la prueba que es mi representado el sujeto a quien se refería M. I.. Es decir que no existe un acervo probatorio en el que se puede considerar acreditado el cuadro fáctico acusado. Por otro lado, es evidente que el Tribunal de Sentencia no fundamentó adecuadamente las razones por las que no brindó credibilidad a los testigos de la Defensa, alegando únicamente en forma falaz que la prueba de cargo había sido más concluyente, a pesar que parte de sus argumentos valorativos respecto a la declaración de M. I. estuvieron apoyados en lo que dijeron las testigos de la Defensa. Cabe señalar que esta motivación no encierra ningún pensamiento claro y convincente en cuanto a fundamentar la desestimación de la prueba a que nos hemos venido refiriendo, puesto que el argumento referente a que existe amistad y parentesco, no son suficientes para fundar una desestimación, sino que debía haberse expuesto otras consideraciones que hicieran colegir, en forma razonable, por qué la mayoría del Tribunal de Sentencia no creyó en la versión de dichas testigos. Cabe señalar que, conforme a los principios lógicos mencionados, si la versión de las testigos de descargo hubiera sido aceptada por la mayoría del Tribunal de Sentencia, se hubiera desvanecido totalmente la imputación, puesto que un hecho no puede ser A y 6 al mismo tiempo, por tanto, el acusado no podía estar en dos lugares el mismo día y en el mismo momento. De tal suerte que el Tribunal de Sentencia también dejó de considerar prueba decisiva, sin fundamentar adecuadamente el por qué la dejó de considerar, situación que constituye el vicio de casación alegado. Por todas estas razones, es criterio de la Defensa que la mayoría de los jueces del Tribunal de Sentencia han vulnerado las Reglas de la Sana Crítica, en las leyes y principios supra señalados, por lo que corresponde decretar la nulidad de la sentencia emitida. Segundo Motivo Casación por Violación al artículo 90 de la Constitución de la República en relación al artículo 200 del Código Procesal Penal. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal, en la parte que dice: “Que se base medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. Explicación Del Motivo La norma Constitucional que se invoca como infringida es el artículo 90 de la Constitución de la República que dice: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.” En relación al artículo 200 del Código Procesal Penal prescribe: “Carecerán de eficacia probatoria los actos o hechos que vulneren las garantías procesales establecidas en la Constitución de la República y en los convenios internacionales relativos a derechos humanos de los que Honduras forme parte; así como cuantos sean consecuencia necesaria de tales actos o hechos y que no hubiera sido posible su obtención sin la información derivada de ellos, sin perjuicio de la responsabilidad en que haya podido incurrir quien obtuvo ilícitamente la Información.” Asimismo, el artículo 15 del Código Procesal Penal, prescribe que: “Toda persona deberá contar con la asistencia y defensa técnica de un Profesional del Derecho, desde que es detenida como supuesto partícipe en un hecho delictivo o en el momento en que voluntariamente rinda declaración, hasta que la sentencia haya sido plenamente ejecutada... Este derecho es Irrenunciable. Su violación producirá la nulidad absoluta de los actos que se produzcan sin la participación del Defensor del imputado”. Partiendo de ambas normas y aplicándolas a nuestro caso en concreto, resulta incuestionable que los imputados gozaron de su derecho de ser asistidos técnica y jurídicamente por un profesional del derecho de su propia elección, para que ejerciera su defensa, desde el inicio de su proceso penal hasta inclusive el actual momento recursivo, lo cual implicaba también que cualquier medio de prueba que hubiese sido obtenido mediante la vulneración de estos derechos, no tendría ninguna eficacia probatorio. Al analizar el caso concreto, se puede observar que el sustento probatorio del hecho probado por la mayoría de miembros del Tribunal de Sentencia es precisamente la declaración de M. I. P. O., quien señaló la existencia de un reconocimiento fotográfico en el Ministerio Público, donde le enseñaron fotografía de dos hombres y también le enseñaron una fotografía de una tarjeta de identidad, y que luego la llevaron en un vehículo de vidrios polarizados para que reconociera a una persona. Evidentemente, este último reconocimiento, no fue precisamente un reconocimiento de unas fotografías, sino que constituyó más bien una especie de reconocimiento en rueda cuando ya estaba habido el supuesto hechor, sin que se haya llevado a cabo dicho reconocimiento con los requisitos que establece el artículo 253 del Código Procesal Penal, que literalmente establece: “Para Identificar a una persona o para establecer que quien la menciona efectivamente la conoce o la ha visto, deberá practicarse su reconocimiento, el cual se hará de la manera siguiente: 1.- Quien lleve a cabo el reconocimiento, describirá a la persona de que se trate y manifestará si después del hecho que es objeto de investigación, la ha visto de nuevo, en qué lugar, por qué motivo y con qué propósito; 2.- Se tomarán las previsiones para que el imputado no se desfigure y se fe pondrá junto a otras personas que físicamente se le parezcan 3.- Se preguntará a quien lleva a cabo el reconocimiento, sí entre las personas a que se refiere el numeral anterior, se halla el imputado, y, en caso afirmativo, se le invitará para que lo señale en forma precisa; y, 4,- Finalmente, quien lleve a cabo el reconocimiento, expresará las diferencias y semejanzas que observe entre el estado actual de la persona señalada y el que tenía en la época a que la refiere la declaración. El reconocimiento procederá aún sin el consentimiento del imputado. Cuando el imputado no pueda estar presente, se podrá utilizar su fotografía u otros registros. La observación de las personas a que se refieren los numerales 1) y 2), se practicará desde un lugar en el que quien hace la identificación no pueda ser visto por aquél a quien se trata de identificar.” Este reconocimiento, además de lo anterior, tiene como elemento esencial que se realice en presencia de un juez de garantías y de un defensor, por tanto si el sujeto que se reconocía tenía el carácter de sospechosos, bien pudo ser llevados ante presencia judicial a fin de que la joven M. I. efectuará el reconocimiento en rueda, tutelada esta diligencia por un Juez de Garantías, pero en este caso no lo que se hizo fue inducir a la joven M. I. primero enseñándole fotografías de personas específicas y por tanto sugiriéndole el reconocimiento y después mostrándole a una persona física, sin brindarle a ésta las mínimas garantías para su defensa. Este reconocimiento inducido violenta el debido proceso y el derecho a una defensa efectiva. En la Sentencia Penal No. CP83-2009, la Sala de lo Penal indicó: “El recontamiento en rueda de un imputado, es por lo general, una diligencia propia de la etapa preparatoria, atípica por lo tanto en la fase del juicio oral y público. Cuando se pretenda darle el carácter de prueba anticipada debe llevarse a cabo en sede Judicial, con presencia del Fiscal y del Defensor, diligencia en la que el imputado es colocado Junto a otras personas de similares características físicas, a la vista protegida de testigos oculares, con el propósito frecuente de que, en forma separada, estos manifiesten al Juez si el acusado es o no la persona que han visto realizar la conducta Ilícita sometida a Juzgamiento. Este medio de prueba requiere de la observancia de ritos procesales y formalidades, que aseguren el respeto a los derechos y garantías del encausado.” El subrayado es nuestro. En el caso de mérito, la mayoría del Tribunal de Sentencia ha sustentado su fallo en pruebas que no se han hecho llegar al juicio, habida cuenta que no hay evidencia del supuesto reconocimiento que existió, prueba que no es válida porque no ha sido obtenidas ni incorporada al juicio oral con respeto a los derechos fundamentales y con arreglo a las normas que regulan su práctica. En tal sentido, considera la Defensa que el sustento probatorio en que la mayoría de miembros del Tribunal de Sentencia ha emitido un fallo condenatorio, es inválido y no se ha hecho llegar debidamente al proceso. Por lo anteriormente expuesto, solicito que se declare procedente estos dos motivos de casación por quebrantamiento de forma, anulando el fallo recurrido, ordenando la devolución de los antecedentes al respectivo Tribunal de Sentencia para que el trámite de que se trate quede substanciado de conformidad con la Ley. En virtud de haberse producido el vicio in procediendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del mismo”. IV. Fundamentación Jurídica 1.- Recurso de Casación por Infracción Precepto Constitucional El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional; esta Sala de lo Penal ha entendido que se trata de una tercera vía recursiva distinta a las tradicionales de fondo (infracción de ley) y forma (quebrantamiento de forma). Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[7]. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso deberá denunciar la infracción de un derecho fundamental, un derecho reconocido en el bloque constitucional o de doctrina legal constitucional, cuando dicha violación haya tenido una influencia decisiva en la decisión del Órgano Jurisdiccional; En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, Rafael Alvarado Manzano, Liticom, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115): “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”. Entonces los motivos a plantear en este Recurso de Casación, presentados bajo Numerus Apertus, son: a. Negación de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; b. Aplicación Restrictiva de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; c. Interpretación errónea sobre la naturaleza y/o alcance de un derecho Constitucional del bloque constitucional, o sobre una Doctrina Legal Constitucional, que atañe al derecho procesal penal o al derecho penal sustantivo. En una buena técnica recursiva, el Recurrente debe hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Primer Motivo. *Norma Autorizante: 361 del Código Procesal Penal; *Norma que se denuncia Infringida: 90 de la Constitución de la República; *Concepto de la Infracción: Violación al Principio de la Imparcialidad. *Reclamo Ex Ante al Recurso de Casación: No se interpuso reclamo o recurso alguno; *Pretensión: Sin Determinar por el Pretensor. Aduce el Recurrente que en el presente caso la mayoría de los Jueces de Sentencia, quienes pronunciaron la sentencia condenatoria, violentaron el principio de Imparcialidad, al demostrar en la audiencia de debate su interés especial en lograr la incriminación de la persona acusada; Tal interés, explica, se develó por el interrogatorio hecho por los Jueces a los testigos y peritos, formulando preguntas que le correspondía realizar al Ministerio Público; detalla el Recurrente que el Juez J. D. A. E., expresó a la testigo M. de la P. O. (madre de la menor). “nosotros sentimos mucho lo que le paso a su hija”, adelantando su criterio en cuanto a la concurrencia del delito, entretanto la Jueza E. G. M., formuló a la testigo M. C. A. E., preguntas que no tenía relación con el caso concreto, como el nombre del profesor de matemáticas o de la Directora de la escuela donde estudiaba ella y la menor señalada como ofendida. Agrega el Recurrente que la falta de imparcialidad también se evidencia en las valoraciones hechas por la mayoría del tribunal a los testigos que fueron propuestos por la Defensa Privada, derivando de éstos que el acusado visitaba con frecuencia la Colonia El Rosario donde residía la víctima, sin explicar cómo llegaron a dicha conclusión, además al señalar que sí creen en lo dicho por la testigo V. E. G., que el acusado tuvo libre en el trabajo ese día 07 de abril de 2013, pero no creerle lo dicho por esta misma cuando afirma que todo ese día el acusado la paso con ella. Del Debido Proceso Legal La Garantía del debido Proceso se encuentra regulada por el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República, conocida como el Debido Proceso Legal, el cual refiere los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (con independencia de su naturaleza).-La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Informe No. 1/95 de fecha 07 de febrero de 1995, del caso 11,006, referente al proceso de Alan Garcia, Perú, indicó: “El artículo 8 de la Convención Americana en su inciso primero establece que toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra. - Así mismo, el mencionado artículo en su inciso segundo prevé que durante el trámite del proceso toda persona tiene derecho a que se respeten ciertas garantías mínimas. La enumeración contenida en esta cláusula ha sido interpretada como una nómina de garantías mínimas no taxativas. De este modo, se ha considerado que existen otras garantías reconocidas en el derecho interno de los Estados que, si bien no están incluidas explícitamente en el texto de la Convención, igualmente se encuentran amparadas por el contenido amplio del inciso 1 del artículo 8 de la Convención”. El Principio del Debido Proceso Legal, más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que este juez además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues los llamados Principios Procesales o Principios Informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituye reglas mínimas de juzgamiento, como ser: i.- Prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; ii.- Derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; iii.- A un juez predeterminado por la ley; iv.- A la imparcialidad del juez; v.- A la independencia del juez; vi.- Derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; vii.- A la igualdad de armas procesales; viii.- A un proceso público sin dilaciones indebidas; ix.- Respeto al principio de presunción de inocencia; x.- Posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; xi.- Derecho a ser oído en un plazo razonable; xii.- Deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; xiii.- El derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; ix.- A una justicia gratuita. En fin el derecho a un debido Proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. La CIDH, en su informe No. 30/97 del caso 10,087 de fecha 30 de septiembre de 1997, referente a Gustavo Carranza, Argentina, indicó: “67.- El artículo 8 de la Convención Americana impone la existencia de “debidas garantías” durante el proceso de determinación de derechos […] En efecto, el mencionado artículo no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales. Este artículo reconoce el llamado “Debido proceso legal” que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.”. Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en sentencia de 02 de febrero de 2001, en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, afirmó que: “Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto “sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, deben respetar el debido proceso legal.”. El Debido Proceso Legal se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe substanciarse la etapa de juicio y en particular el debate, ergo, la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. En conclusión, la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado. Derecho a un Tribunal Imparcial Los Principios de Independencia Judicial e Imparcialidad Judicial si bien están íntimamente relacionados, tienen cada uno de ellos su propio contenido y significancia; la Independencia encarna el tradicional valor constitucional de separación de poderes y libertad de actuación del órgano jurisdiccional con estricto sometimiento a la ley, entretanto la imparcialidad a la posición personal del Juez frente al caso en concreto que debe resolver, referido a la ausencia de prejuicios tanto real como aparente. Con todo, la subordinación de la Imparcialidad Judicial a la Independencia Judicial es innegable, pues un juez solo podrá llegar a ser imparcial si previamente es independiente. De modo que un Juez puede ser independiente pero no imparcial, más un Juez que no sea independiente jamás podrá ser imparcial. El Derecho a ser juzgado por un Tribunal Imparcial se encuentra previsto en los artículos 10 de la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 303 de la Constitución de la República y 07 del Código Procesal Penal. A tal normativa se suma el desarrollo que sobre el tema hacen los artículos 7 a 10 del Estatuto del Juez Iberoamericano y los artículos 9 al 15 del Código Iberoamericano de Ética Judicial. Señala el artículo 9 del Código Iberoamericano de Ética Judicial que “La imparcialidad judicial tiene su fundamento en el derecho de los justiciables a ser tratados por igual y, por tanto, a no ser discriminados en lo que respecta al desarrollo de la función jurisdiccional.”; Esta misma normativa, en el artículo 10 califica como Juez Imparcial a aquel “que persigue con objetividad y con fundamento en la prueba la verdad de los hechos, manteniendo a lo largo de todo el proceso una equivalente distancia con las partes y con sus abogados, y evita todo tipo de comportamiento que pueda reflejar favoritismo, predisposición o prejuicio.”. Resume el Valor 2 de los Principios de Bangalore sobre la conducta judicial que: “La Imparcialidad es esencial para el desempeño correcto de las funciones jurisdiccionales. La Imparcialidad se refiere no solo a la decisión en sí misma, sino también al proceso mediante el cual se toma esa decisión.”. (Lo resaltado no se aprecia en el original). La Imparcialidad Judicial que blinde no solo la decisión final plasmada en la sentencia, sino a todo proceso penal desde que éste inicia hasta la firmeza de la resolución que le ponga fin, debe ser Subjetiva y Objetiva: a. Imparcialidad Subjetiva: Una forma de garantizar la imparcialidad es contando con Jueces no vinculados por alguna relación previa o sobrevenida, directa o indirecta, con el conflicto jurídico llamado a resolver, con algunos de los profesionales del derecho, con alguna de las partes litigantes y en fin con cualquiera de las personas llamadas a intervenir, de modo que tal desvinculación le permita de manera objetiva estudiar y decidir el caso concreto. El Juez debe realizar su labor libre de prejuicios como posibles influencias en la toma de una decisión que puedan llegar a nublar un correcto y objetivo desempeño; Entendiéndose como “prejuicio” la simpatía, inclinación, preferencia o favoritismo hacia una u otra parte, o hacía un resultado determinado. La imparcialidad personal o subjetiva se presume, a menos que exista prueba en contrario (Presunción Iuris Tantum), la cual debe ser aportada por el juez al momento de presentar excusa o puede ser presentada por alguna de las partes del proceso al oponer una recusación (Al respecto ver sentencia de la Corte IDH en sentencia de 17 de noviembre de 2009, en el caso Barreto Leiva vs Venezuela). La Corte IDH, en sentencia de 05 de agosto de 2008 en el caso Apitz Barbera y otros vs Venezuela, párrafo 63 ha indicado que la Institución Procesal de la Recusación/Excusa “tiene un doble fin: por un lado, actúa como una garantía para las partes en el proceso, y por el otro, busca otorgar credibilidad a la función que desarrolla la jurisdicción.”: i. La Excusa: Ante la existencia de una causa que comprometa su imparcialidad, el juez debe apartarse del caso de manera inmediata, “sin tardanza” según nuestra legislación procesal; tal separación en la legislación nacional se debe realizar bajo la figura de excusa y por las causas establecidas en el artículo 83 del Código Procesal Penal.- Contra las excusas no se admitirá recurso alguno, pero si fueren indebidas los respectivos jueces volverán al conocimiento de la causa penal, sin perjuicio de las medidas disciplinarias establecidas por la ley o por la Corte Suprema de Justicia. ii. Recusaciones: La recusación es la forma en que las partes pueden hacer control de la imparcialidad del juez. Determina el artículo 85 del Código Procesal Penal que la recusación solo podrá ser intentada por las partes, el Ministerio Público incluido, o por sus mandatarios o representantes legales y por quienes puedan resultar civilmente responsables por el delito, acreditando fehacientemente alguna de las causales del artículo 83 del Código Procesal Penal. Es importante recordar que ningún juez, una vez reclamada su intervención de forma legal sobre asuntos objetos de su competencia, podrá apartarse de ejercer su autoridad en la contienda sometida a su decisión, salvo causa prevista en la ley (Art. 9 LOAT), por ello la Excusa/Recusación requiere ser debidamente probada. b. Imparcialidad Objetiva: El juez debe dar un trato igualitario a las partes litigantes, a sus abogados y cualquiera que sea llamado a la duela judicial, solo obligado a atender las diferencias que la ley prevé, dado que solo así la imparcialidad se ve materializada. La confianza del público en la labor judicial pende esencialmente la labor jurisdiccional imparcial se ponga en evidencia por los jueces Juezas. Por ello el juez no solo debe ser materialmente imparcial, sino que reflejar tal actitud, tanto en su vida personal como en el ejercicio profesional, debiendo abrazar la deontología judicial, apartándose de cualquier situación que le pueda colocar en una posición parcial, de manera real o aparente, frente al caso concreto y que puedan provocar desconfianza y/o motivar a alguna de las partes a solicitar sea apartado de su conocimiento por Recusación. Se habrá logrado imparcial objetiva cuando un observador objetivo del proceso no encuentre razones que le pueda generar desconfianza en cuanto a la posición imparcial de los juzgadores. La Corte IDH, en la sentencia de 02 de julio de 2004, en el caso Herrera Ulloa vs Costa Rica, en el párrafo 170 señaló que los tribunales deben dar garantía de imparcialidad objetiva: “… es decir, deben ofrecer garantías suficientes para que no haya duda legítima al respecto. Bajo el análisis objetivo, se debeterminar si, aparte del comportamiento personal de los Jueces, hay hechos averiguables que podrán suscitar dudas respecto de su imparcialidad. Lo que está en juego es la confianza que deben inspirar los tribunales a los ciudadanos en una sociedad democrática y, sobre todo, en las partes del caso.”. Se trata de un diagnóstico de percepción si un Órgano Jurisdiccional cuenta con las condiciones o garantías objetivas esenciales de imparcialidad; por ende el cuestionamiento sobre la imparcialidad de un tribunal no necesita ser demostrado a nivel real, aunque en caso de demostrarse sería decisivo para el cuestionamiento; basta el resultado negativo dado por un observador razonable, quien a partir de un conjunto de circunstancias específicas, sean estas oficiales o personales, perciba la falta de garantías de imparcialidad del juez. Por ello, tratándose de la Imparcialidad Judicial Objetiva, corresponde al Órgano Jurisdiccional dar las garantías necesarias de su existencia, es decir el Tribunal tanto como órgano jurisdiccional como cada una de las personas individuales que le componen a nivel individual, deben conducirse de tal modo que no den margen alguna a ser cuestionados respecto a su imparcialidad. Poder de los Jueces para Interrogar en el Proceso Penal La prueba es el conjunto de elementos que son presentados ante el Órgano Jurisdiccional con el objeto de crear en éste la certeza de que los hechos afirmados por una parte son reales o, a contrario sensu, que los hechos negados por una de las partes no son reales. La prueba no tiene un concepto univoco, pues éste depende de si se estudia como una actividad procesal (normas reguladoras del proceso probatorio), como resultado de una actividad procesal (los hechos declarados probados) o como instrumento de hacer llegar información al proceso penal (medio de prueba); pero sea cual fuese el caso, no existe plexo cuando se señala que la prueba es la esencia del proceso judicial; El juez, independiente e imparcial, juzga únicamente conforme a lo alegado y probado por las partes en contienda, siendo éste entonces el destinatario de la prueba y jamás su productor. El Derecho Probatorio no solo es derecho procesal, es Derecho Constitucional aplicado, en el cual deben observarse todos los derechos fundamentales que en general rigen en el proceso penal (Legalidad, Inocencia, Defensa, Debido Proceso, Juez Predeterminado por la Ley, etc.), a los que se le suman el derecho fundamental a un debido proceso probatorio, que se define por un conjunto de principios particulares de la actividad probatoria, siendo éstos (Al respecto ver a Parra Quijano, Jairo, en Manual de Derecho Probatorio 16ta edición, Editorial ABC, 2007):
Principio
Campo de Estudio del Principio
- Principio de la Separación del Investigador y del Juzgador
Iniciativa Probatoria e Imparcialidad del Juzgador; Auto para Mejor Proveer; Poder Interrogatorio de los Juzgadores
- Principio de la Necesidad de la Prueba
Hechos susceptibles de probanza y hechos exentos de prueba; Prohibición del Conocimiento Privado del Juzgador
- Principio de Autorresponsabilidad
Carga Probatoria por los Hechos Afirmados
- Principio de Igualdad
Revelación Oportuna de la Prueba a la Contraparte
- Principio de la Libertad de los Medios de Prueba
Oportunidad cualquier cosa como prueba, siempre que sea lícita y objetivamente confiable
- Principio del Derecho a la Prueba
Derecho a proponer la prueba; Juicio de Admisibilidad de la Prueba
- Principio de la Licitud de la Prueba
Respeto a Derechos Fundamentales, Teoría del Fruto del Árbol Envenenado y sus excepciones
- Principio de la Formalidad y Legitimidad de la Prueba
Respeto de las formalidades legales de tiempo, lugar y forma; Prueba Administrativa; Prueba Preconstituida; Prueba Anticipada; Testigos de Referencia; Introducción de Prueba por Lectura; Prueba en Segunda Instancia; Prueba en Única Instancia
- Principio de Veracidad
Pruebas carente de malicia o falsedad; Prohibición de Prueba Fraudulenta; Autenticidad de la Prueba y Cadena de Custodia
- Principio de la Contradicción de la Prueba
Derecho a Presenciar la prueba y oponerse a ella; Derecho de Defensa; Introducción de Prueba por Lectura para Confrontación
- Principio de Adquisición Procesal
Comunidad de la Prueba Admitida; Necesidad de Renuncia a la Prueba por todas las Partes
- Principio de Publicidad
Conocimiento Público de la Prueba; Oralidad;
- Principio de la Inmediación
Percepción Directa de la Prueba por el Juzgador; Prueba mediante Video Conferencia; La Concentración del Debate y las reglas para su Suspensión; Reglas para la Deliberación
- Principio de la Unidad de la Prueba
Valoración Conjunta de la Prueba
- Principio de Libre Apreciación
Valoración Conforme a la Sana Critica; Prueba Indiciaria.
De los principios enumerados interesa en esta oportunidad a la Sala de lo Penal abordar el primero de ellos, por tener relación con el motivo planteado por el Recurrente. El Principio de la Separación del Investigador y del Juzgador, es una derivación del Principio Acusatorio que en términos generales manda a que la acusación sea sustentada por un órgano diferente a aquel llamado a realizar el juzgamiento; este principio -reducido al derecho probatorio- señala que serán las partes quienes tendrán la iniciativa probatoria (como regla general), pues es de ellas el interés de acreditar los hechos afirmados, y por ende le está vedado al órgano jurisdiccional (se insiste: como regla general), hacer propuesta de medios probatorios o hacer llegar información al proceso, esto a efectos de mantener incólume su posición de imparcialidad (subjetiva y objetiva).- A este respecto, Parra Quijano explica que las partes y en especial aquella encargada de la acusación, tendrán la tarea de realizar investigaciones sobre los hechos objeto del proceso, lo que le exige a la persona ser “audaz, imaginativo, casi aventurero” (Ob. Cit, página 18) coligiendo el autor que en esa labor se requiere la formulación de hipótesis y la elaboración de preconceptos, que se convierten en esa posible realidad que después debe demostrarse en el proceso penal, no siendo extraño que el investigador sea benévolo con su propia concepción y a veces en demasía, recogiendo como prueba aquello que no lo es o dándole un alcance que no tiene. Advierte el autor referenciado que “Si el funcionario que busca la prueba, que fundamentalmente imagina, fuese quien tuviera que decidir y hacer la valoración de la prueba, no podría casi nunca distinguir entre lo que realmente observó y lo que imaginó para conseguirla…” (ob. Cit. Pág. 18). Entonces la prueba solo adquiere tal nombre cuando es presentada en la duela judicial ante un imparcial, y no cuando se impone como parte de ejercicio de poder; en conclusión, es incompatible el papel de investigador y de juzgador, resultando ser un oxímoron material, pues un juez que tenga la calidad de imparcial no podría vestir la túnica del inquisidor. La separación de investigador/acusador con la de juzgador es clara en la Constitución de la República, al determinar como mandato único a los Órganos Jurisdiccionales el juzgar y ejecutar lo juzgado (art. 304), no estando comprendido dentro de esta fórmula el “previo investigar”; Por tanto, las facultades de iniciativa probatoria (auto para mejor proveer como excepción) y de interrogación a testigos, peritos y personas acusadas que otorga el Código Procesal Penal a los jueces, deben ser usadas como excepcionalidades y siempre bajo el cuidado de mantener incólume su papel de imparcialidad. Los artículos 237-B, 326 y 330 del Código Procesal Penal, señalan que una vez finalizado el interrogatorio y contra-interrogatorio de las partes a un testigo o a un perito, el Órgano Jurisdiccional podrá igualmente formularle preguntas; en cuanto a la declaración de la persona acusada, el Código Procesal Penal prevé un determinado protocolo, pues dicha declaración inicia con las consultas que debe hacer el Órgano Jurisdiccional sobre sus datos generales, luego de lo cual invitará a que declare libremente sobre los hechos contenidos en el requerimiento fiscal (audiencia de declaración del acusado) o los hechos de la acusación (audiencia de debate); declaración que es voluntaria y libre, luego de la cual las partes podrán formular preguntas sobre el contenido de lo declarado (Art. 290 CPP); Una vez interrogado por las partes el Tribunal podrá igualmente formular preguntas a la persona acusada (Art. 323 CPP), y después consultarle sobre los medios de prueba que desee sean traídos al proceso (en la audiencia de declaración de imputado) y/o si reconoce los objetos o instrumentos del delito que se hayan hecho llegar en ese momento al proceso (audiencia de debate). Ahora bien, esta facultad para interrogar no es absoluta, pues no se trata de que el Tribunal desarrolle su propia línea de interrogación, buscando información que las partes no se han preocupado en conseguir, o preguntas para apuntalar la confianza o para desacreditar al compareciente, pues esto convertiría a los jueces en inquisidores, perdiendo su condición de imparcialidad; La facultad de preguntar de los jueces está limitada a preguntas estrictamente aclaratorias de expresiones o conceptos usados para describir los hechos que fueron mencionados por el comparecientes y/o preguntados por alguna de las partes, y nunca sobre un hecho nuevo, esté o no relacionado con lo depuesto.- Téngase en cuenta que cada parte desarrolla su propia “Teoría del Caso” y que en tal desarrollo sigue una estrategia específica que incluye que preguntas hacer o no hacer, pudiendo entonces ser que aquella pregunta que considera el juez como faltante haya sido omitida a propósito; En todo caso y aun cuando se tratare de una verdadera omisión en el interrogatorio, los jueces no pueden hacer las veces de acusadores o de defensores formulando las preguntas que dejaron de ser presentadas por la parte litigante, no pueden mutar su mandato de juzgador al de inquisidor, expulsando del estrado judicial al Principio de Imparcialidad, lo que ocurre cuando proceden a desarrollar largas líneas de interrogación, formulando preguntas repetitivas, preguntas para ampliar algunas de las respuestas o preguntas sobre hechos antes no referidos por el deponente. La Ley Procesal es cauta en cuanto al poder de interrogación de los jueces; en los casos específicos de los medios de prueba de reconocimiento en rueda de personas, reconstrucción de hechos o en el Careo, la ley procesal manda al Órgano Jurisdiccional a formular preguntas puntuales a los participantes, esto con el propósito de dirección y validación del medio probatorio, más tal mandamiento no se extiende al de interrogar de manera libre a testigos, peritos o personas acusadas; También en el artículo 311, señala que serán las partes las que deberán solicitar la introducción por lectura de declaraciones previas de los testigos o peritos e incluso de la persona acusada cuando ésta acceda a declarar para ser confrontadas con la declaración que esté brindando en la audiencia de debate, debiendo ser éstas quienes le pidan explicaciones sobre las contradicciones que adviertan y no el órgano jurisdiccional. Se insiste que el Órgano Jurisdiccional -llámese Juzgado de Letras o Tribunal de Sentencia- no debe suplir lo que considera deficiencias en el proceso de interrogación de los testigos, peritos e incluso de la propia persona acusada, pues su deber no es ser productor de información, sino el receptor de la misma; Prohibición que también está dirigida a la segunda instancia y a la única instancia; véase por ejemplo que en la Audiencia de Casación Penal el Código Procesal Penal señala que los Jueces solo podrán formular preguntas específicas para aclarar argumentos y pretensiones a las partes (Art. 367 CPP). Para finalizar el apartado es oportuno hacer eco a Brichetti (En Brichetti, Giovanni. La evidencia en el derecho procesal penal. Ediciones Europa-América. Buenos Aires, 1973, pág. 28.), quien elocuentemente reflexiona que el Juez: "... Debe hacerse, pues, discípulo del hecho; lo debe escrutar y no prevenir; debe buscar sus causas y sus consecuencias, no imaginarlas según su arbitrio. El estudio del hecho debe ser diligente e inteligente, porque si no lo lleva a cabo con recto criterio, el hecho, por sí mismo, no siempre vale para conducir a la verdad, e incluso puede ser ocasión de error. Sobre todo, el juez debe tener presente que no es suficiente ser guiados por la voluntad de la verdad para alcanzarla, sino que para posesionarse de la verdad hay que acercarse a ella con la mente libre de intereses y sentimientos perturbadores, y no inclinada ya a obtener una respuesta con preferencia a otra; porque de otra manera no siente ya lo que la verdad nos dice, sino lo que deseamos oír.”. De la Procedencia del Primer Motivo El Primer Motivo No Es De RECIBO. - La Sala de lo Penal, tras examinar el primer motivo planteado, advierte que no es procedente atender la denuncia interpuesta por el Recurrente, por defecto de forma y de fondo, Como defecto de forma aprecia este Ad-Quem que el Recurrente mencionó como importante la escucha de las grabaciones de la audiencia de debate, para corroborar la existencia del vicio, pues del registro oficial de aquella: el acta que corre agregada al expediente judicial, no se puede apreciar la supuesta postura parcial que tuvieron los jueces que emitieron la sentencia condenatoria por mayoría, indicando más adelante que tal escucha de grabaciones es una solicitud, sin embargo, el recurrente no fue claro al indicar en qué sentido realizaba dicha solicitud.- El artículo 368 del Código Procesal Penal advierte al Recurrente del Recurso de Casación que cuando el defecto alegado no aparezca en el acta de debate o en la sentencia, deberá ofrecer prueba con el objeto de demostrarlo, ofrecimiento que debe realizarse en el escrito de interposición del recurso y que debe ser objeto de contradictorio para poder realizar posteriormente el juicio de admisibilidad (pertinencia, utilidad y proporcionalidad); En el presente caso el Recurrente no ofreció medio de prueba alguno para sustentar el vicio. Por otra parte, y como defecto de fondo del recurso, el Recurrente plantea como pretensión la nulidad de la sentencia condenatoria emitida por mayoría, como consecuencia de que los Jueces que la emitieron fueron parciales a la posición acusatoria del Ministerio Público, esto como consecuencia del abuso de la facultad que la ley da para poder interrogar a los testigos y peritos; Sin embargo el propio Recurrente señala que cuando aconteció esto durante el debate no presentó ningún reclamo al respecto, mediante la objeción de las preguntas y eventual recurso de reposición en caso de denegatoria; Esto constituye una omisión importante en el proceso de impugnación, dado que al no hacer dicho reclamo de manera oportuna el Recurrente consintió el acto que ahora señala como defecto, tal como advierte el artículo 170 del Código Procesal Penal; Véase que el artículo 363 del Código de Rito exige al recurrente expresar claramente los reclamaciones hechas contra el vicio alegado para su saneamiento, a efecto de evitar que éste quedase subsanado. Como consecuencia de lo referido no le es posible a esta Sala de lo Penal determinar si existió o no un exceso de parte de los Jueces de Sentencia en las facultades que da el Código Procesal Penal para interrogar a los testigos, peritos y persona imputada en el proceso penal.
Segundo Motivo. *Norma Autorizante: 361 del Código Procesal Penal; *Norma que se denuncia Infringida: 89 de la Constitución de la República; *Concepto de la Infracción: Violación al Estado de Inocencia por Insuficiencia Probatoria que Sustente la Sentencia Condenatoria *Reclamo Ex Ante al Recurso de Casación: Sin Determinar por el Recurrente; *Pretensión: Sin Determinar por el Recurrente. El Recurrente alega que se ha violentado el Estado Material de Inocencia del Acusado como consecuencia de haberse emitido una sentencia condenatoria por mayoría; Indica que el defecto se presenta tanto en la carga probatoria para acreditar el hecho como en la carga probatoria para vincular al acusado con el supuesto hecho.*Respecto a la Existencia del hecho: Explica el Recurrente que la prueba considerada por el A-Quo para tener por cierta la existencia del delito fue la declaración testifical de la menor M. I. P., por lo que reflexiona que dicha declaración debería tener la contundencia necesaria para crear la certeza sobre el hecho, lo que no es así, pues: i) La menor no tuvo persistencia en su declaración, al no informar al Médico Forense sobre el supuesto abuso sexual oral; ii) Falta de tipicidad en el lenguaje de la menor, quien estando en séptimo grado utilizo palabras “de un adulto” para informar lo ocurrido; iii) Su declaración no puede ser corroborada con prueba científica inmediata, al no reportar el Examen Médico Legal la existencia de indicios de abuso sexual; Además la contradicción entre el Médico Forense y las testigos A. y M. de la P., pues el primero señala que la menor no se encontraba alterada, entretanto las segundas indicaron que si lo estaba; y *Respecto a la participación del acusado en los hechos, dado que la menor Ma. I. P. dio como características físicas de su agresor: “no muy alto, delgado, cara barrosa”, las que no son individualizantes, sin indicar nunca en la audiencia de debate que haya sido el acusado D. S. C. A., quien le había agredido, pues no se hizo reconocimiento en rueda, tampoco en la audiencia inicial, ni en el debate. Menciona que el A-Quo hace relación a un supuesto reconocimiento hecho por la menor en sede administrativa, del cual no hay prueba alguna, advirtiendo que, si se suprime de la sentencia lo que respecta a este supuesto reconocimiento, no queda prueba alguna para determinar que el acusado participó en los hechos juzgados. Del Derecho/Principio del Estado Material de Inocencia El Derecho/Principio de Inocencia es proclamado y reconocido por la Declaración Universal Sobre los Derechos Humanos en el artículo 11.1, por el Paco Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 14.2, por la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en el artículo 8.2 y por la Constitución de la República en su artículo 89, desarrollado por el Código Procesal Penal en los artículos 2, 191.2 y 282.5, cuyo contenido establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente, y que no solo debe estar presente en el proceso penal, sino que debe respetarse por todo poder público en el desarrollo de sus funciones; Ahora bien, en la esfera jurisdiccional este derecho-principio constituye una regla de juicio, endosando el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías; Por su importancia tal principio ha sido plasmado en el Estatuto de Roma, que establece la necesidad de que los Magistrados de la Corte Penal Internacional estén convencidos, más allá de toda duda razonable, de la culpabilidad que se imputa para dictar una sentencia condenatoria (Art. 66.3). De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de delito será válida, sin infracción del derecho al estado de inocencia, cuando se sustente en al menos una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar certeza de la culpabilidad del acusado o acusada. El Derecho/Principio de Inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. (Ver al respecto el fallo de fecha 04 de octubre del 2005 en Exp. 2597-2004 de la Sala de lo Penal). El Derecho/Principio de Inocencia está íntimamente relacionado a la base fáctica que dicta la realidad del hecho y la participación que en él haya tenido el acusado, incluyendo juicios de inferencia sobre el animus, que en conjunto autorizan la aplicación del Ius Puniendi, pues ningún elemento del delito, sea objetivo o subjetivo, pueden ser presumido en contra de la persona acusada; Por ello el Derecho/Principio de Inocencia está relacionado con el debido proceso probatorio, pues solo los hechos de culpabilidad pueden arrebatarle el estado de inocencia a una persona. Recuerde que el proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el Tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad; Para el pronunciamiento de la Sentencia Condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al juzgador, sin vacilaciones y sin dudas establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable. En el informe No. 50/00 del caso 11,298 del 13 de abril de 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha señalado que: “118 […] De todas las garantías judiciales propias del ámbito penal, la más elemental es, quizás, la presunción de inocencia […].”; Por su parte este Tribunal de Casación en fallo de fecha 14 de mayo del 2007 del Expediente 312-2006, declaró que el Estado de Inocencia “… es un estado inherente a la persona humana …”, este derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art.14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8.2), además es norma pilar de la Constitución de la República (Art. 89 Superior) que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (Arts. 1 y 2 CPP), y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto sino se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, valida y acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la Sentencia de fecha 01 de septiembre de 2011, dictada con ocasión del caso López Mendoza vs. Venezuela ha indicado: 128.- En el ámbito penal esta Corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales. La presunción de inocencia implica que el acusado no debemostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probando corresponde a quien acusa. Así, la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado. Además, la falta de prueba plena de la responsabilidad en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de presunción de inocencia, el cual es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho de defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme […].”. Es de considerar además que esta Sala de lo Penal ha señalado en sentencia del 30 de mayo de 2011, en expediente 304-2010: “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.”. En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal tendrá como competencia el verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que aunque mínima, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el tribunal de sentencia según las reglas de la sana crítica; así pues en casación se deberá examinar, en la medida que las partes lo expongan como motivo: (Ver al respecto el fallo de fecha 05 de abril del 2011, en el Exp. 042-2009 de la Sala de lo Penal): a) Licitud de la Prueba: Si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos; b) Debido Proceso Probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; Incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal; c) Debida Motivación: Si las conclusiones probatorias del Tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad (Art. 141 CPP); d) Debido Razonamiento Probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada, sin involucrar los aspectos que exigen inmediación, de la cual carece el tribunal de casación; y e) Suficiente Carga Probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación en el hecho del acusado y su grado de culpabilidad en ellos, con la virtualidad de arrebatarle el estado material de inocencia a la persona acusada. Al respecto la Corte IDH en sentencia de fecha 26 de noviembre de 2010, en el caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, determinó que: “183. Asimismo, el Tribunal ha sostenido que tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención, dicho principio exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla. Así, la falta de prueba plena de la responsabilidad penal en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de inocencia, […].”. Un Estado que se llame así mismo democrático de derecho, no puede asumir como un riesgo permitido la condena a personas inocentes para evitar la posibilidad de absolver a personas culpables, pues lo primero implica un abuso intolerable de autoridad en contra de la propia condición humana, mientras que lo segundo es la consecuencia que se debe sufrir como producto de un proceso penal con endeble carga probatoria; absolver a un culpable es el fracaso de un proceso penal, pero condenar a un inocente es un fracaso de la sociedad entera. De la Procedencia del Segundo Motivo El Segundo Motivo es de Recibo. – La Sala de lo Penal encuentra que el segundo motivo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional denuncia la existencia de un vicio cuya existencia es comprobada con el estudio de la sentencia. Como bien plantea el Recurrente existe insuficiencia en la carga probatoria que desafore el estado de Inocencia al acusado, tal como lo sustenta el voto disidente del Tribunal de Sentencia, y por tanto la sentencia condenatoria emitida por la mayoría es violatoria al Derecho/Principio referido. Es importante recordar que para que una sentencia declare la responsabilidad penal basado en un único medio de prueba, debe implicar que ese medio de prueba debió haber pasado por un riguroso proceso de valoración, sorteando solventemente cualquier cuestionamiento concebible por muy insignificante que sea, demostrando su solidez probatoria al grado de no hacer factible ninguna otra realidad alterna más que la demostrada por el medio de prueba.- Tal rigurosidad debe ser aún mayor cuando se trate de un medio de prueba testifical, como consecuencia de la naturaleza de este particular medio probatorio, abatible por subjetividades derivadas de impresiones, sentimientos, prejuicios o capacidad de percepción de los hechos, por ello la suficiencia probatoria ha de ser evaluada desde una perspectiva cualitativa, cuando permita la construcción de un silogismo categórico y necesario, por mostrar una verdad única donde el acusado se vea necesariamente la persona responsable del delito, sin duda razonable admisible. En el presente caso la decisión emitida por la mayoría del Tribunal se basa en un único medio de prueba testifical: la declaración de la menor M. I. P., de cuya valoración los juzgadores derivaron como conclusión la existencia de un delito de violación y la responsabilidad del acusado D. S. C. A., en éste; Empero tal conclusión es indebida, pues el medio de prueba resulta insuficiente para poder afirmar que los hechos declarados probados están cobijados en su totalidad con la prueba aportada. La declarante es una menor de catorce años, que era un año menor cuando supuestamente ocurrieron los hechos; Explica que era un día domingo por la mañana cuando de camino a la iglesia fue interceptada por una persona que no conocía y que previo a ese momento no había visto antes, quien la mantuvo consigo un lapso aproximado de dos horas, durante el cual le agredió sexualmente. La declaración de la menor presenta grietas, apreciadas por el Juez Disidente, que socaban su suficiencia: i) La menor usa un lenguaje atípico a su edad, explicando los hechos usando conceptos y expresiones acordes a una persona con un entendimiento maduro sobre las relaciones sexuales; ii) Los hechos narrados por la menor ponen en contexto que los hechos fueron realizados por una persona de alrededor de 22 años (edad del acusado) y una niña de 13 años, en vía pública, donde el primero obligó a la segunda a tener sexo oral, esto en una de las calles principales de la Col. El Rosario, en un lugar en donde según la declarante había tránsito de personas; Luego el agresor la trasladó hasta la Colonia Policarpo para después de allí el agresor le dice a la menor que tiene una habitación por el Instituto Luis Bogran, pero al llegar allí la menor fue obligada a desnudarse en vía pública y a acostarse en unas gradas en donde el agresor se subió encima de la menor e intentó accesarla con su pene vía vaginal y después vía anal, sin que lo lograse, luego de lo cual la accesó vía bucal; Seguido el agresor va a dejar a la menor a la Colonia Policarpo, no muy lejos donde la había interceptado.- Tal dinámica es poco ortodoxa, pues trata de una menor de edad en compañía de una persona mayor, quien decide accesarla carnalmente en vía pública, bajo el gran riesgo de ser visto por los transeúntes, en especial por lo llamativo de la actividad sexual entre una menor de edad y una persona adulta; iii) La menor indica que la persona agresora era un desconocido, pero que estando detrás del vehículo vio pasar a su señor padre, reaccionando su agresor indiciándole que se agachara y que no hiciera ruido; Esta reacción fue particular, pues la menor señaló que por el lugar estaban pasando personas, pero que fue hasta que paso su Papá que el agresor tuvo esa reacción, la cual repitió cuando paso una Patrulla; iv) El Dictamen Médico Forense reporta que el cuerpo de la menor al ser examinado ese mismo día, no presentaba lesiones genitales, paragenitales ni extragenitales. Esto llamó la atención del Juez Disidente quien indica que supuestamente la menor fue obligada a acostarse en dos ocasiones, la primera en las gradas de la Colonia Policarpo y después en las gradas del Instituto Técnico Luis Bogran, soportando la presión del cuerpo del agresor encima suyo, y aun ello no se encontró ningún vestigio en su cuerpo de este hecho (laceraciones o enrojecimiento); Además la menor el día en que fue examinada presentaba sangrado por menstruación, hecho que no fue objeto de mención en su relato, desconociéndose entonces si sobre este hecho se percató su agresor o si llegó a ser perceptible para terceros después de caminar desde la Colonia Policarpo hasta el Instituto Técnico Luis Bográn y regresar de nuevo a la Colonia Policarpo; v) Las Testigos A. P. y M. A., tía y madre de la menor respectivamente, narran que ésta fue encontrada alrededor de las diez de la mañana llorando y bastante alterada, pero en cinco horas más tarde, al momento de ser evaluada por el médico forense, a quien nuevamente explica su relato, la menor se presentó lucida, consciente, orientada, colaboradora, expresándose con lenguaje claro, es decir sin ninguna alteración anímica. Otro aspecto importante es la identificación del acusado D. S. C. A., como la persona agresora.- Describe la menor que dicha persona es del sexo masculino, “no tan alto, delgado, la cara barrosa, ese día andaba peludo, andaba con gorra” (f. 235 v.), características que son tan genéricas que concuerdan con un gran número de personas en nuestro entorno y que no podrían ayudar a individualizar a alguien en específico; la menor refirió en su declaración que reconoció a su agresor al verlo posteriormente, sin explicar en qué orden se realizaron estos reconocimientos; indica que en el Ministerio Público le mostraron fotografías y que lo identificó, que lo observó en la televisión y periódicos, y que en la entonces DNIC también lo observó y que andaba inclusive con los mismos tenis del día de la agresión. Sobre este particular para la mayoría del Tribunal de Sentencia existe seguridad en la identificación que realizó la menor al reconocer al acusado D. S. C. en tres ocasiones distintas y por ello lo da por identificado; sin embargo el Tribunal de Sentencia hace mano a reconocimientos que no están documentados y que no forman parte del acervo probatorio y que por tanto no puede ser objeto de valoración; Olvidó el A-Quo que el reconocimiento está reglado en el Código Procesal Penal en aras de que éste se realice bajo protocolos específicos y pueda dársele contenido de validez y confianza a su resultado; en el presente caso no se conoce como fue realizado el reconocimiento fotográfico: quien lo dirigió, que fotografías se usaron (origen de las fotografías, antigüedad de las fotografías, ángulo de las fotografías, cuantas personas aparecían en la imagen), cuantas fotografías fueron expuestas, de cuantas personas se expusieron fotografías o de solo la persona acusada, como fue que la menor supuestamente señaló una de la fotografía como aquella que contenía la imagen del acusado (la señaló de manera espontánea o le fue señalada directamente); Tampoco existe información de cómo se realizó el reconocimiento personal del acusado, no sabiéndose en qué lugar se realizó (dentro de una celda, en una sala, etc.), si se hizo en rueda de personas o si solo se presentó al acusado, en qué condiciones estaba el acusado al momento de ser expuesto (estaba esposado, estaba o no con gorra, tenía pelo largo o corto, etc.), quienes acompañaban a la menor o que manifestaciones hizo la menor al momento de realizar dicho reconocimiento (porcentaje de coincidencia, si percibió diferencias y cuales fueron éstas). La mayoría de los jueces reflexionaron que el acusado estuvo con la menor por un espacio de dos horas, lo que le permitió observarlo a detalle y así reconocerlo, pero ese razonamiento es anfibológico pues también da cabida a una reflexión negativa pues aun a pesar de que la menor pasó ese tiempo con su agresor fue bastante parca al describirlo físicamente, pues no dio detalle de su raza, contextura, altura, color de pelo, tipo y color de vestimenta incluyendo los tenis que después dijo haber reconocido, forma de hablar, de caminar, etc. sino que solo señaló que no era muy alto, que era delgado y con la cara barrosa, lo que no contrasta con su florido lenguaje para describir el acto sexual que sufrió. La mayoría del Tribunal también hizo alusión a la existencia de tercera persona, referida por la Señora M. de la P. O. en su declaración, el que supuestamente vio al acusado con la menor, identificándolo y señalando el lugar donde vivía (f. 248 v); Referencia que tampoco sirve de apoyo para la identificación del acusado como la persona responsable, pues la testigo M. O. es testigo de referencia de lo que dijo esa tercera persona, quien en su caso -como testigo presencial- debió ser traída al estrado judicial, pero que no fue así, ya que ni siquiera se conoce su nombre. La sentencia describe que la testigo M. de la P. O., dijo que “un muchacho” le comentó que un hombre andaba con su hija agarrada de la mano (acta de debate), que esta persona (al que llama un Ángel de Dios) señaló que venía en un bus y que vio que el hombre la llevaba pero que no lo conocía; que después volvió a ver a esta persona al que llevaron al Ministerio Público y dijo “que era él” (el acusado), pero toda esta información no aparece consignada en el acta de debate ni referida por el Juez Disidente, además no existe documentación de la identidad de esta persona y mucho menos de que haya realizado reconocimiento del acusado en el Ministerio Público. Por tanto, para esta Sala de lo Penal, no existe prueba directa o indiciaria que permita sustentar el señalamiento de responsabilidad del acusado en los actos descritos por la menor M. I. P. O.; la prueba fue insuficiente para poder destruir el estado material de inocencia del que constitucionalmente goza el acusado D. S. C. A.. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Recurrente en su escrito adicionalmente interpone Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, planteando dos motivos: 1. Primer Motivo: Violación a las reglas de la sana crítica en la valoración de los medios de prueba; especificando que se violentaron las reglas de la psicología y los principios de la lógica de identidad, no contradicción, tercero excluido y derivación; y 2. Segundo Motivo: Basarse la sentencia en medios probatorios no incorporados legalmente al juicio, pues se ha dado valor a un reconocimiento administrativo que no formó parte de la prueba en el debate. Para la Sala de lo Penal, habiendo un pronunciamiento de fondo tras resolver con lugar uno de los motivos de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, resulta improcedente desarrollar y pronunciarse sobre los dos motivos in procedendo relacionados, al ser su pretensión anulatoria la cual es incompatible con el pronunciamiento de fondo realizado en el primer recurso. V. DECISIÓN 1. Declarar No ha Lugar el primer motivo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional; y 2. Declarar Ha Lugar el Segundo motivo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. VI. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 361 y 362 del Código Procesal Penal.- Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su primer motivo, interpuesto por el Abogado J. S., en su condición de defensor del acusado.- Segundo: Declara Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su segundo motivo, interpuesto por el Abogado J. S., en su condición de defensor privado del acusado.-Tercero: Casa la sentencia condenatoria de fecha quince (15) de diciembre de dos mil catorce (2014) (f. 242), dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, la cual Se Revoca; EN CONSECUENCIA: 1.- Se debe absolver y Absuelve al Señor D. S. C. A., cuyas menciones generales de identidad ya han sido detalladas en el preámbulo de esta sentencia, de toda responsabilidad penal como autor directo de un delito consumado de Violación Especial, en perjuicio de la niña M. I. P. O.; 2.- Se Revocan todas las medidas cautelares impuestas al Señor D. S. C.. A., con ocasión del presente proceso criminal; 3.- Se declara la no-procedencia de condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el presente proceso criminal.- Y Manda: Que la Secretaría del Despacho notifique a la representación del Ministerio Público y a la Defensa Privada y oportunamente devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.- Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. magistrada coordinadora. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA. RECEPTOR ADSCRITO. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de febrero del año dos mil diecinueve. Certificación de la Sentencia de fecha diecisiete de enero del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-126-2015.
JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA
RECEPTOR ADSCRITO
SALA DE LO PENAL
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[1] Caso Barreto Leiva vs Venezuela, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 17 de noviembre de 2009, párr.. 98
[2] Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primero de lo Contencioso Administrativo”) Vs Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr.. 56.
[3] Caso Mauricio Ulloa Vs Costa Rica, Fondeo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 17 de noviembre de 2009, párr.. 170
[4] CAFFERATA NORES, José: “Garantías y sistema constitucional” Revista de derecho penal, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2002, P.142.
[5] ROJAS CHAMACA, Julio: El Rol del Juez en la Prueba: “Efectos que genera en el juicio oral la formulación de preguntas aclaratorias a testigos y peritos conforme al artículo 329 inciso 4 del Código Procesal Penal” en: htt://www,cehanerucas,org/congreso10a_rpp/JROJAS_efectosquegeneraeneljuicioorallaformulacion.pdf
[6] HORVITZ, MARIA INES & LOPEZ JULIAN, Derecho Procesal Penal Chileno, Tomo II, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2005, p.295.
[7] El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que, durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.