Sentencia CP-111-16 — Registro 12603
Resumen
En primera instancia se condena a los imputados por el delito de Extorsión en el Grado de Ejecución de Tentativa, se decalara sin lugar el recurso de casación interpuesto por la defensa
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
.."EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. En virtud de que ésta Sala de lo Penal ya ha explicado en qué consiste el Principio de Debida Técnica Recursiva, se hace evidente la inadecuada técnica de la impetrante al momento de argumentar y desarrollar su impugnación, pues si bien señaló que el Juzgador -al momento de valorar la prueba- no observó la regla lógica en su principio de no contradicción, no fue capaz de establecer de manera puntual, cuáles fueron los razonamientos erróneos del sentenciador, ya que la Censora olvida que el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, cuando se apoya en la denuncia de violación de las reglas de la sana crítica, implica confrontar éstas con los razonamientos que conforman la valoración hecha por los Juzgadores en la sentencia de los medios de prueba y por tanto no corresponde sustituir esto con un parecer personal de la calificación que debieron tener los medios de prueba. La Sala de lo Penal, no puede hacer una revalorización del material probatorio en perjuicio del criterio del Tribunal de Sentencia, quien tuvo a su disposición la inmediación y la contradicción de manera directa, sino que su misión es constatar que el desarrollo del argumento valorativo sea compatible con las reglas que componen el recto entendimiento humano agrupadas en el sistema de sana crítica, de modo que cuando los Juzgadores se apartan de esta fórmula corresponderá a ésta Sala censurar dicha valoración.Considera necesario este Tribunal de Casación, explicar en qué consiste el principio de Contradicción integrante de la Lógica y que el recurrente consideró vulnerado. Las Reglas de la Lógica: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatorio para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber: a) La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí; La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los Principios de Identidad, Contradicción y de Tercer Excluido: i) El Principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”; ii) El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual que “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba, un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera; iii) El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera.[2]Ante lo explicado se concluye entonces que, si la recurrente consideró violentado el Principio de Contradicción como integrante de la regla de la lógica, debió señalar cuales eran los razonamientos contrarios que emitió el juzgador y, que dichos juicios de valor -al ser contradictorios- se excluían entre sí, pues es imposible que esta Sala de lo Penal pueda dar una respuesta adecuada a sus planteamientos. Revisando la sentencia recurrida, es posible detectar que el Tribunal Sentenciador efectuó una extensa valoración tanto individual como armónica de toda la prueba evacuada; en el apartado Valoración de la Prueba, en el numeral primero, razona las declaraciones del testigo protegido AL 450 y además la de la señora A. E. V. R., de estos deponentes el sentenciador consideró que sirvieron para conocer de manera clara y precisa cada uno de los pormenores del hecho, como ser que un hombre desconocido la llamaba por teléfono y le exigía dinero, señalándole fecha y el lugar de entrega, asimismo con la declaración de la Agente A. V., se estableció que el señor D. M. M., junto con la coimputada E. Y. H. C. fueron vistos cuando llegó al negocio donde se encontraba la testigo protegido y recibieron junto con un joven que los acompañaba un paquete preparado para la entrega controlada, asimismo quedó debidamente acreditado que el joven de nombre G. A. amenazó a la víctima, todo lo cual se confirma con los medios de prueba documental y pericial aportados al proceso. Por lo que este Alto Tribunal de Justicia considera que las valoraciones emitidas por el Tribunal de Sentencia, se han hecho valorando en conjunto y de forma armónica todos los medios de prueba aportados al proceso, respetando las reglas de la Sana Crítica..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, Numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. Para este Tribunal de alzada el presente motivo de casación no es de recibo ya que, si bien la recurrente alega que en la fecha en que a su defendido le encuentran el arma de fuego, se encontraba vigente el decreto número 184-2013 y que durante todo ese tiempo no era constitutivo de delito portar un arma de fuego sin permiso de la autoridad competente, es importante tener en consideración que dicha disposición tal y como ha quedado relacionado en la presente resolución, es para que todos aquellos ciudadanos que en su momento tuvieran en su poder un arma de fuego comercial, procedieran a realizar los trámites correspondientes para su registro, presentando la documentación respectiva con excepción de la factura de venta de La Armería, la cual no sería necesario presentar en dicho tiempo y en el caso en estudio quedó debidamente probado que el hoy imputado utilizó dicha arma para cometer un delito de extorsión, por lo que es evidente que su intención no era la de dar cumplimiento al decreto legislativo supra relacionado en la presente sentencia.Se hizo una relación de distintas sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional, en la cual se manifestó que existían en las mismas contradicciones, en cuanto a que en unas resoluciones refiere a que las vedas tiene como finalidad que los poseedores de cualquier arma de fuego de carácter comercial, tuvieran la posibilidad de inscribirla en el registro correspondiente y obtener la debida autorización de portación; de manera que estas no constituyen una despenalización de delitos, como tampoco tienen por finalidad permitir la impunidad; en otros fallos siempre la Sala Constitucional al referirse al decreto 184-2013, específicamente manifiesta que el espíritu del legislador va encaminado en dos sentidos, el primero a originar en el ciudadano una conducta de responsabilidad, que le permita hacer efectivo un derecho, como es el de tramitar y obtener el registro de su arma comercial ante la autoridad competente y el segundo, de carácter permisivo, es que, durante la vigencia de los Decretos Legislativos carecen de positividad todas las conductas tipificadas en el artículo 332-B del Código Penal, como consecuencia del periodo de “veda” o de “gracia”; pero no es menos cierto que la misma Sala manifiesta en relación a su segunda postura que claramente entiende que el espíritu de la Ley en cuanto al Decreto no es el de despenalizar los artículos 332-B del Código Penal, ni mucho menos el de permitir la comisión de un delito con la vigencia del Decreto, más bien refiere una norma permisiva cuyo fin es el registro de armas de fuego en poder de los particulares. Asimismo, se hizo una relación de dos sentencias dictadas por esta Sala de lo Penal, en relación al decreto 184-2013, en el cual la postura que se mantiene es que la finalidad del legislador, es permitir que toda persona que en su momento tuviera en su poder un arma de fuego comercial, procediera de inmediato a su debida inscripción en el registro correspondiente, a pesar de no tener la documentación respectiva. por lo que, siguiendo ese orden de ideas en relación al imputado D. M. M., no es posible la aplicación del decreto 184-2013, ya que está debidamente acreditado que su intención nunca fue la de dar cumplimiento al dispuesto en el mismo, ya que está debidamente acreditado que con el arma de fuego participó en la comisión de otro ilícito penal.,.."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha treinta de mayo del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “SENTENCIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los treinta (30) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); el Pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados: José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian: EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, La sentencia en el Recurso de Casación S.P.111-2016 por Quebrantamiento de Forma e Infracción de Ley interpuesto contra la Sentencia de fecha diez de diciembre del año dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, mediante la cual Falló: Primero: Condenó a la señora E. Y. H. C., como autora del delito de Extorsión en el Grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio de la propiedad de Testigo Protegido “AL450” a la pena de diez años de reclusión y la multa de treinta y tres punto treinta y cuatro (33.34) salarios mínimos, más las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil por el tiempo que dure la condena principal; Segundo: Condenó al señor D. M. M., como autor del delito de Extorsión en el Grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio de la propiedad del Testigo Protegido “A”, a la pena de diez años de reclusión y la multa de treinta y tres punto treinta y cuatro salarios mínimos más las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil por el tiempo que dure la condena principal. Tercero: Condenó al señor D. M. M., como autor del delito de Portación Ilegal de Arma Comercial, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras a la pena de tres años de reclusión, ambas penas en concurso real, las cuales deberá cumplir el señor D. M. M. una en pos de la otra comenzando por la mayor, más las penas accesorias de Inhabilitación Especial e Interdicción Civil por el tiempo que dure la condena principal. Cuarto: Se le declara la Responsabilidad Civil de los señores E. Y. H. C. y D. M.. Quinto: Se declaró el comiso del arma de fuego tipo revolver con serie 3410014 de color gris con empuñadura de cartucho color café, con nueve cartuchos sin percutir de color amarillo, que se encuentra en el Almacén de evidencias del Ministerio Público. No procede a condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. - Interpone el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma e Infracción de Ley, la Abogada B. A. G. M. como defensora privada de los señores E. Y. H. C. y D. M. M.. SON PARTES: La Abogada B. A. G. M., Defensora Privada de los señores E. Y. H. C. Y D. M. M., como parte recurrente; y el Abogado S. C. A., Fiscal en representación del Ministerio Público, como parte recurrida. II. HECHOS PROBADOS: “PRIMERO: El día sábado quince de Agosto de dos mil catorce a eso de las tres de la tarde, el testigo protegido AL450 recibió una llamada del número xxxx ubicado en el sector de El Chimbo de la ciudad de Tegucigalpa, mediante la que una persona desconocida le manifestó que era de la mara 18 y que estaba cobrando el impuesto de guerra, exigiéndole a la Testigo protegido la entrega de diez mil Lempiras, a su vez que le advirtió que en caso de negarse le iban a dar muerte a ella y a su familia. SEGUNDO: La testigo protegida recibió cuarenta y ocho llamadas a los números de su teléfono celular en la que reiteradamente le amenazan y le exigían la entrega del dinero, por lo que ese mismo día interpuso una denuncia en las oficinas de la Dirección de Servicios Especiales de Investigación, donde se decidió realizar la entrega vigilada de los dos billetes de quinientos Lempiras y hojas de papel recortado del tamaño de billetes dentro de un sobre manila color amarillo. TERCERO: El día dieciséis de Agosto en horas del mediodía, la testigo AL 450 recibió otra llamada en la que el desconocido le indicó que el lugar de entrega era en las cercanía del Coliseum Nacional de Ingenieros, el testigo protegido llegó a dicho lugar según lo acordado, estando allí recibió varias llamadas en las que el mismo individuo le indicó que debía ir a la Colonia El Sitio; negándose por temor a acudir a dicho lugar; finalmente le señalaron como lugar de entrega la salida a Valle de Ángeles, sitio al que llegó la Testigo protegido donde ingresó a un negocio de venta de pollo. CUARTO: A eso de las cuatro con treinta y cinco minutos, pasó dos veces cerca del lugar el joven G. A. H., la segunda lo hizo con dirección a la colonia 21 de octubre; recibiendo la Testigo protegido una llamada en la que se le preguntaba cómo andaba vestida. Minutos después E. Y. H. C. y D. M. M. quien llevaba en la cintura un arma de fuego tipo revolver con serie 3410014 de color gris con empuñadura de cartucho color café, con nueve cartuchos sin percutir de color amarillo, junto con el joven G. A. llegaron al negocio de venta de pollo, D. se acercó a la Testigo protegido y le dijo que ya iban a pasar por el dinero, reuniéndose de nuevo con E. Y. y G. quien después se aproximó a la Testigo protegido diciéndole que no hiciera ninguna estupidez porque atrás le estaban apuntando con una pistola, recibiendo de la Testigo protegido el sobre manila color amarillo con los dos billetes de quinientos Lempiras series números T4145392 y W4121404, que había sido preparado para la entrega controlada, luego de ello G. A. se fue donde estaban D. y E. Y. y juntos se retiraron del lugar. Siendo detenidos a cinco metros del lugar por los policías que realizaban vigilancia en el lugar, decomisándole a G. A. el dinero de la Testigo protegida AL450 y a D. el arma de fuego tipo revolver, la cual llevaba sin tener permiso extendido por la autoridad competente.” III. RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: El Tribunal de Sentencias de la Ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en la Sentencia Condenatoria Dictada contra los acusados, E. Y. H. C. y D. M. M., incurrió en el Vicio de Quebrantamiento de Forma, al Dictar la Sentencia Definitiva, al NO OBSERVAR LAS REGLAS DE LA SANA CRÌTICA, DE LA LEY FUNDAMENTAL DE LA LÓGICA, DE LA COHERENCIA, ESPECÍFICAMENTE, EL PRINCIPIO LÓGICO DE NO CONTRADICCIÓN.- Vicio éste, que hizo Violentar a este Honorable Tribunal de Sentencia, los lineamientos de la Ley Vigente.- PRECEPTO AUTORIZANTE: En el artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal, se Instituye el Vicio en la Sentencia Definitiva, cuando ha incurrido el Sentenciador en: FALTA DE OBSERVACIÓN A LAS REGLAS, DE LA SANA CRÍTICAS, EN CUANTO A LA VALORACIÓN DELA PRUEBA SE REFIERE. ARTÍCULO 362: “RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. - El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, podrá interponerse cuando la Sentencia Recurrida, adolezca de algunos de los Vicios siguientes: 1.- Que falte…… ,.- 2.- Que se Base …… ,.- 3.- Que carezca de motivaciones Fácticas o Jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o SI EN LA VALORACIÓN DELA PRUEBA NO SE OBSERVARON LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA.- 4.- Que la parte ….. .,.- 5.- La Inobservancia ….. .,.- 6.- La Incongruencia …. .,.- y, 7.- Que falta …… .,”.- PRECEPTOS INFRIGIDOS: Los Preceptos Penales Adjetivos que se invocan como infringidos por falta de aplicación, en nuestro Código Procesal Penal, rezan: ARTÍCULO 202: “VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS.- LA SANA CRÍTICA.- Las pruebas serán valoradas con ARREGLO A LA SANA CRÍTICA.- El Órgano Jurisdiccional, formará su convicción VALORANDO EN FORMA CONJUNTA Y ARMÓNICA, toda la prueba producida”.- (El entrecomillado, las Negrillas, las Mayúsculas y el Subrayado, son nuestras) ARTÍCULO 336: “NORMAS PARA DELIBERACIÓN Y LA VOTACIÓN.- El Tribunal para resolver, SÓLO TENDRÁ EN CUENTA LAS PRUEBAS QUE SE HAYAN EJECUTADO DURANTE EL DEBATE, las que SERÁN APRECIADAS EN SU CONJUNTO Y DE ACUERDO, CON LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA.- El Tribunal de Sentencia Deliberará y Votará respecto de todas las cuestiones, debatidas en la Primera Fase del Juicio Oral, según el Orden siguiente: 1.- Las Relativas …..,.- 2.- LAS RELATIVAS A LA EXISTENCIA DEL HECHO, SU CALIFICACIÓN Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS DEL DELITO, A LA PARTICIPACIÒN QUE EN EL HAYA TENIDO EL IMPUTADO y a los casos de concurso de Leyes o de Delitos.- Y, 3.- En su caso,…. .,” ARTÍCULO 338:“REQUISITOS DE LA SENTENCIA.- Las Sentencias se Redactarán por escrito, con sujeción a las Reglas siguientes: PRIMERA: ... ., … .- SEGUNDA: …. .,…. .- TERCERA: …. ., …. .- CUARTA: Se consignará la fundamentación del Fallo de la manera siguiente: 1.- … ., ….,.- 2.- Valoración de la Prueba.- SEGUIDAMENTE, SE EXPRESARÁN LAS PRUEBAS TENIDAS EN CUENTA PARA DECLARAR PROBADOS ESOS HECHOS, JUSTIFICANDO, SEGÚN LAS REGLAS DE LA CRÍTICA, EL VALOR QUE SE LES HAYA DADO A LAS PRACTICADAS EN EL JUICIO y en su caso, EL RAZONAMIENTO UTILIZADO PARA OBTENER CONCLUSIONES POR PRESUNCIÓN A PARTIR DE LOS INDICIOS, igualmente Declarados Probados”.- QUINTA:… ., ..- SEXTA: … ., … .- SÉPTIMA: … ., … .- (El Entrecomillado, las Negrillas, las Mayúsculas y el Subrayado, son mías). EXPLICACIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: En la Normativa de LA SANA CRÍTICA RACIONAL que implementa a nuestro Ordenamiento Procesal Penal, en lo que se refiere a la Valoración de la Prueba, impera LA PLENA LIBERTAD DE CONVENCIMIENTO DE LOS JUECES, pero a contrario sensum se les exige, que las Conclusiones a las que arriben, sean el FRUTO RAZONADO DE LAS PRUEBAS, EN QUE SE APOYAN.- Dentro de estas Normativas, El Juzgador NO TIENE REGLAS LEGALES que establecen El Valor que debe consignársele a cada Prueba, pero esa Libertad tiene Límites, y son: LAS NORMAS QUE GOBIERNAN LA CORRECCIÒN DEL PENSAMIENTO HUMANO.- En la Sana Crítica Racional, El Juzgador logra sus Conclusiones sobre los Hechos de la Causa Instruida, Valorando la Eficacia Conviccional de cada Prueba, con Total Libertad, PERO RESPETANDO al hacerlo, los PRINCIPIOS DE LA RECTA RAZÒN, es decir, las NORMAS DE LA LÓGICA, LA PSICOLOGÍA YLA EXPERIENCIA COMÚN.- Dentro de las Reglas de la Lógica, a las que debe sujetarse el Juzgador, en la Valoración de la Prueba allegada a su presencia, se encuentran las que exigen los Artículos 202 y 336 Numeral 2, del Código Procesal Penal vigente, y recalcadas, en el Artículo 338, Regla 4, Numeral 2, del mismo Código Procesal Penal (….. Justificado, según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio…..) aparecen EL PRINCIPIO DE RAZÓN SUFICIENTE, según el cual, en palabras del Jurista Argentino FERNANDO DE LA RUA(En su libro, “ La Casación Penal ”): “EL RAZONAMIENTO DEBE ESTAR CONSTITUIDO POR INFERENCIAS RAZONABLES DEDUCIDAS DE LAS PRUEBAS Y DE LA SUCESIÓN DE CONCLUSIONES QUE EN VIRTUD DE ELLAS SE VAYAN DETERMINANDO”.- Dicho lo anterior, El Tribunal debe estructurar sus Conclusiones de las Pruebas que obran en Juicio, y en la dirección en que éstas apuntan, de tal forma que no pueda establecer su convicción, en un sentido distinto, al que todas ellas se refieren, sobre las circunstancias del hecho, es decir, EL JUZGADOR DEBE RECONSTRUIR CONCEPTUALMENTE LOS HECHOS, DE LA FORMA EN QUE LE INFORMAN LAS PRUEBAS Y NO EN OTRA DIRECCIÒN, PUES DE HACERLO, VULNERARÍA LA CARACTERÍSTICA DELA LÓGICA, LA QUE DEBE REUNIR LA MOTIVACIÓN FÁCTICA (de los hechos) O DE LO CONTRARIO, VULNERANDO A SU VEZ, EL SISTEMA DE LA SANA CRÍTICA RACIONAL, QUE INFORMA DE LA VALORACIÓN DELA PRUEBA.- Asimismo, en la Valoración de la Prueba (que forma parte de la fundamentación de la Sentencia) El Juzgador debe fundamentarse en las NORMAS DE LA EXPERIENCIA COMÚN, que Conceptualizadas en las Palabras del Precitado Autor: “LAS NORMAS DE LA EXPERIENCIA COMÚN, SON LAS NOCIONES QUE CORRESPONDEN AL CONCEPTO DE CULTURA COMÚN, APREHENSIBLES ESPONTÁNEAMENTE POR EL INTELECTO, COMO VERDADES INDISCUTIBLES”.- De tal manera, que la Sentencia que razona en contra de esas máximas, contiene un Vicio Indudable en su Motivación, que será controlable en Casación, puesto que, al ser del Dominio de cualquiera, puede Juzgar con más propiedad la Información que le brinda la Prueba y así poder, representarse mentalmente el acontecimiento Histórico, que pretende reconstruir.- (argumentos básicos de los Recursos de Casación invocados ante esta Sala de lo Penal).- Sus Señorías, en el Recurso de Casación ahora Interpuesto, inicio mi Invocación en el Quebrantamiento de Forma, en contra de la Sentencia ahora Recurrida, por considerar que las Conclusiones a que arribaron los señores jueces del Tribunal de Sentencia, de que los imputados E. Y. H. C. Y D. M. M., son Responsables de cometer los Delitos de: EXTORSIÓN EN SU GRADO DE TENTATIVA y PORTACIÓN DE ARMAS COMERCIALES, EN CONTRA DEL SEGUNDO, es producto de la Inobservancia a las Reglas de la Sana Crítica, por parte de los Jueces de Sentencia, ya que al momento de Valorar La Prueba en su conjunto, tanto prueba de cargo como prueba de descargo, a sabiendas, que la prueba de cargo no fue suficiente PARA probar la participación de éstos en los ilícitos, sin embrago a la prueba de cargo la atribuyen o le dan toda la credibilidad, sin embargo a la prueba de descargo poca o nada le conceden valor, el hecho de dar toda la credibilidad a las pruebas ofertadas por el Ministerio Público, lo que en tal sentido afecta su ánimo interior, a tal extremo, que los hizo incurrir en el vicio denunciado, ya que mencionan en sus Motivaciones Valorativas, que esas Declaraciones vertidas por todos los testigos”, fueron congruentes en sus decires, CUANDO EN REALIDAD CARECIERON DE VERACIDAD EN SUS DECLARACIONES, ya que era Notorio durante sus Deposiciones durante el Desarrollo del Debate Oral y Público, que ERAN ORIENTADAS A INCRIMINAR A LOS ACUSADOS A COMO DIERA LUGAR y aun así, los Jueces de Sentencia, les confieren Valor Probatorio, dicen por ser Creíbles y Congruentes, por no ser Contradictorias, en todo su contexto. En tal sentido ESTE RAZONAMIENTO JUDICIAL ES ATENTATORIO CONTRA LA REGLA DELA LÓGICA DE NO CONTRADICCIÓN, contemplada la Lógica como una Regla de la Sana Crítica, que se subsume como Vicio de la Sentencia, cuando la Regla es inobservada por los Jueces de Sentencia, al momento de Pronunciar su Fallo Judicial, tal como a continuación lo explico: VIOLACIÓN A LA REGLA DELA SANA CRÍTICA DE LA LÓGICA DE NO CONTRADICCIÓN: El Vicio acontece en la Sentencia Recurrida en la Valoración de la Prueba de los Testigos de la Fiscalía: TESTIGO PROTEGIDO identificado como AL450, testigo A. E. V. R., “……, De las Declaraciones rendidas por el Testigo Protegido AL450, se desprende que fue objeto de un cobro, llamado impuesto de guerra, que recibió llamada de un teléfono celular, donde le exigían cierta cantidad de dinero, que de no hacerlo le quitarían la vida a ella como su familia, así mismo le dijeron la fecha, lugar y hora donde se relazaría la entrega, ante tal situación ella denunció los hechos, a la autoridad, éstos le manifestaron que es lo que se haría por lo que se realizaron diversas actuaciones entre las cuales hicieron sereos de dinero, acta de vigilancia, entre otras, cabe señalar que del número celular que dice ella la llamaban, no pertenece a ninguno de los acusados, asimismo el acta de vigilancia no se realiza, tal como establece la Ley, puesto que es una simple acta en la que no se hacen acompañar de imágenes, videos entre otros, Sus Señorías, al iniciar nuestra explicación de la Invocación del Motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma, señalé como bien se sabe, la Violación de la Regla de la Sana Crítica, que corresponde a la Lógica, y que surge de EL PRINCIPIO DE NO CONTRADICCIÒN, el cual, se sustenta en la fórmula, DE QUE UNA COSA NO PUEDE ENTENDERSE EN DOS O MÀS DIMENSIONES AL MISMO TIEMPO.- Visto de otra manera, si se afirma una cosa o sujeto o hecho, en atención a una misma situación o relación o circunstancia en que se producen tales hechos, NO PUEDE HABLARSE DE PREMISAS JURÍDICAS, UNAS OBJETIVAS, Y OTRAS SUBJETIVAS AL MISMO TIEMPO, Dicho de otra manera, en el análisis por parte de los Jueces Sentenciadores, con el respecto de los sujetos activos, pasivos, circunstancias en que produjeron los Hechos controvertidos en el Juicio Penal, LOS JUZGADORES, DEBEN REMITIRSE PARA DICTAR SENTENCIA, AL FRUTO DE LOS CONSTRUIDOS ÈSTOS, SOBRE PILARES REALES Y NO PROBABLES, ya que en Materia Criminal, la Lógica de la Sentencia, ya sea ésta Absolutoria o Condenatoria, como es el caso, DEBE DICTARSE, SOBRE REALIDADES, Y NO SOBRE SUPUESTOS, porque de encontrarse que la Sentencia está basada en probabilidades, LA SENTENCIA DEFINITIVA POR DICTARSE, DEBE FUNDAMENTARSE EN LA LEY, Y EN CONSECUENCIA, NOS REMITE OBLIGATORIAMENTE A LA APLICACIÓN DELA FIGURA JURÍDICA - PENAL, DE LA DUDA RAZONABLE, (Artículo 339, parte final, del párrafo primero – Código Procesal Penal) Y POR LO TANTO, dicha N. P. señala, que ante la DUDA, el Tribunal de proceder a dictar SENTENCIA ABSOLUTORIA, a favor del Imputado.- En el caso que hoy nos ocupa, Sus Señorías, queda claramente establecido que EL TRIBUNAL SENTENCIADOR, LE DA CREDIBILIDAD DE LOS HECHOS ACAECIDOS, A LAS DECLARACIONES SUBJETIVAS DE LOS TESTIGOS DE CARGO, A PESAR DE NO SER CONTESTES EN SUS DECIRES, NO POR HABER LLEGADO A TAL CONVENCIMIENTO JUDICIAL, SINO PORQUE SEÑALA EN, SU SENTENCIA, COMO HECHOS PROBADOS LAS DERIVACIONES MENTALES DE TALES TESTIGOS (hechos conocidos y desconocidos que llevan a los testigos de cargo, a considerar la responsabilidad penal de los hechos de mis defendidos.- La Recurrente es del criterio, que si el Legislador ha establecido el Artículo 338, Regla Cuarta, Numeral 2, del Código Procesal Penal que reza: “….. , …. , 2) VALORACIÓN DE LA PRUEBA.- Seguidamente, se expresarán las Pruebas tenidas en Cuenta, para Declarar Probados esos Hechos, Justificando según las Reglas de la Sana Crítica, el Valor que se haya dado a las practicadas en Juicio y, en su caso, el Razonamiento utilizado para obtener Conclusiones Por Presunción, a partir de indicios igualmente declarados”.- Debe interpretarse, que lo ha hecho, para que dentro de EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y DE TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, los Jueces y Magistrados deben formular en esa Declaración, Enunciado, Valoración o Justificación, LOS RAZONAMIENTOS QUE HAN UTILIZADO, PARA DARLE VALOR A ESAS PRUEBAS EVACUADAS EN EL DESARROLLO DEL JUICIO ORAL Y PÚBLICO; pero además de esa Cualidad, DEBE ESE RAZONAMIENTO, POSEER COMO ATRIBUTO INDISPENSABLE, que esa Declaración, Enunciado, Valoración o Justificación, que lo contenga, NO SEA CONTRADICTORIA EN SUS TÉRMINOS, es decir, QUE NO ANTEPONGA PROPOSICIONES QUE SE CONTRARÍAN EN SI MISMAS , IMPOSIBLES DE CONCILIAR EN RAZÓN, como ya se dijo, del no poder ser CONOCIDAS Y DESCONOCIDAS, a un mismo tiempo, como se encuentra Acreditado en la Prueba Testifical de Cargo, Documental, Peritajes, etcétera, todas contenidas en la Pruebas de Cargo presentadas, en el Debate Oral y Público.- Ahora bien Sus Señorías, la Razón del Derecho nos señala y debemos tener en cuenta, que EL JUICIO DE CULPABILIDAD O DE INOCENCIA QUE EMITEN LOS JUECES DE SENTENCIA, DEBEN DE TENER UNA ESTRUCTURA DE PENSAMIENTO, QUE CONTROLE A TRAVÉS DE LAS LEYES DE LA LÒGICA, ES DECIR, VISTA A TRAVÉS DE LA SENTENCIA MISMA, COMO UN SILOGISMO, QUE ESTÉ COMPUESTA DE DOS PREMISAS O BASES Y UNA CONCLUSIÒN, LA PREMISA MAYOR ES EL HECHO, LA PREMISA MENOR ES EL DERECHO, QUE SE APLICA A ESE HECHO, Y UNA CONCLUSIÓN A QUE SE LLEGA, COMO TAL, DEBE TENER UNA ESTRUCTURA DE PENSAMIENTO.- Tal es el caso que hoy nos ocupa Sus Señorías, los Testigos de Cargo en sus DECIRES, NOS PUEDEN SER CREÍBLES, ya que según los mismos Sentenciadores, señalan, que Depusieron sobre HECHOS CONOCIDOS Y DESCONOCIDOS, lo que es lo mismo, HECHOS PROBABLES Y HECHOS IMPROBABLES, cuando el libre convencimiento de los señores Jueces, debe formarse sobre la base de una Prueba conjunta y armónica, pero sustentada sobre REALIDADES Y NO SOBRE SUPUESTOS.- Sus Señorías, tal Declaración, Enunciado, Valoración o Justificación que exponen los Jueces del Tribunal de Sentencia, constituye en consecuencia, UNA INCOHERENCIA QUE DA VIDA AL VICIO DE LA SENTENCIA AHORA RECURRIDA, específicamente a la Regla de la Sana Crítica, de la Ley Fundamental de la Lógica, en su Principio Lógico de No Contradicción. RECLAMACIONES PRESENTADAS PARA SUBSANAR EL VICIO PROCESAL: El vicio Procesal que sirve de Fundamento al MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, desarrollado por la Impetrante en el presente Recurso, fue cometido en el Acto mismo de la Sentencia ahora Recurrida, y por lo tanto, por su naturaleza, no se pudo intentar Reclamo alguno para su Subsanación, ya que no era el momento Procesal indicado, por ello, es que hasta ahora que se Interpone el presente Recurso.- ALCANCE DE LA PETICIÓN DELA RECURRENTE: A la Honorable Sala de lo Penal, de la Ilustre Corte Suprema de Justicia, reiterándole mis respetos, PIDO: Declarar HA LUGAR, el Primer Motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma presentado; Procediendo a ANULAR la Sentencia ahora Recurrida, regresando la causa para un nuevo enjuiciamiento que deberá hacerse con Jueces distintos a los que emitieron el fallo Y en lo demás resolver de conformidad a Derecho corresponda.-”Recurso de Casación por Infracción de Ley.SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY:1.- MOTIVO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY: MOTIVO PRIMERO: Por aplicación Indebida del artículo; 332B, del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el numeral 1 del artículo 360, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El Tribunal de Sentencia, de Tegucigalpa, a través de los integrantes de la Sala Cuarta, tomaron a bien decretar Sentencia Condenatoria al señor D. M. M., por la comisión del Delito de Portación Ilegal de Armas Comerciales, donde se dio el ilícito, obviamente nunca hubo un concierto previo con su cuñado, para participar en el delito de extorsión, en vista que fue su cuñado el que junto a otros individuos habían planificado la extorsión, y por esas cosas de la vida y estar en el lugar equivocado, se encuentra en esta situación, el hecho que haya estado en el lugar de ventas de pollo y bebidas, y por ser familias de repente se saludaron y la policía manifiesta que también son partícipes, en tal sentido mi defendido se encontraba en posesión de un arma de fuego comercial calibre 38, del cual en efecto no tenía permiso para portarla, pero resulta que en fecha 15 o 16 de Agosto del año 2014, fecha en la que le encuentran el arma a mi defendido, se encontraba vigente el decreto número 184-2013, vigente a partir del 05 de Octubre de 2013, el cual establece un período de veda por un año para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de la armería proceda con la documentación respectiva a realizar los trámites correspondientes para el registro….., El Artículo 332B, del Código Penal dice; Quién sin permiso de la Autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, subministre o venda armas de fuego o municiones para uso personal o deportivo, y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres a seis años de reclusión, sin perjuicio del comiso de esas armas, municiones, explosivos y otros materiales relacionados con ellos.- se entenderá por arma de uso personal, defensa o deportivas, municiones explosivos y similares las descritas en la Ley especial. En el presente caso el arma de fuego que llevaba consigo el imputado está clasificada según el artículo 7, numeral 1, de la Ley de Control de Armas de Fuego, municiones, explosivos y otros similares como un arma permitida (deportiva o defensiva), de tal manera que para llevarla consigo se requiere, un permiso de la autoridad competente, de lo contrario constituye una figura típica de lo que establece el artículo 332B antes relacionado, ya que los elementos típicos del tipo penal son: cualquiera de estas acciones, fabricar, almacenar, transportar, poseer, usar, ingresar o sacar del país, suministrar, vender, armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales; todo ello sin permiso de la autoridad competente, en el caso que nos ocupa, es cierto que el imputado tiene en posesión un arma de fuego comercial, sin permiso de autoridad competente, puesto que se acredita que el arma no está debidamente Registrada en el Registro de Armas correspondientes; es precisamente ésta no inscripción lo que vuelve la posesión del arma comercial un delito, ahora bien, mediante el Decreto antes referido, un Decreto Transitorio que permite un espacio temporal determinado, un año, para realizar tal registro, con lo que durante el mismo y dado el contenido del Decreto, el poseedor puede registrar el arma estableciéndose una veda para efectos de realizar ese registro, lo que implica que durante el tiempo de la misma no podrá tenerse como constitutivo del tipo penal antes relacionado la falta del permiso de autoridad competente, pues ésta misma es quien otorga ese período de tiempo para legalizar la tenencia del arma, en tal virtud y aunque el artículo 332B del Código Penal que si bien tiene vigencia, es inaplicable por la normativa temporal a que aludimos, es decir el Decreto 184-13, que hace imposible considerar la concurrencia del primer elemento típico del referido delito, como ser la falta de permiso de la autoridad competente y que a falta de concurrencia de todos los elementos de tipificación del delito contentivo el Artículo 332-B se aprecia que los honorables jueces definitivamente no hicieron una correcta aplicación de esa institución jurídica, señores Magistrados al interponer el siguiente motivo de Casación, quiero o pretendo, que se examinen todos y cada uno de los hechos probados en el fallo que se recurre, que una vez comprobado que las acciones que se le atribuyen a mis defendidos no resulten ser conductas que puedan ser calificadas como portación ilegal de armas comerciales, en consecuencia sea declarada la aplicación indebida del artículo ya antes referido, se anule el fallo y en su lugar ordene o decrete la sentencia absolutoria por el delito de Portación Ilegal de Armas Comerciales, a favor de D. M. M.. RECLAMACIONES PRESENTADAS PARA SUBSANAR EL VICIO PROCESAL: El Vicio Procesal que sirve de Fundamento al MOTIVO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY, desarrollado por la Impetrante en el presente Recurso, fue cometido en el Actos mismo de la Sentencia ahora Recurrida, y por lo tanto, por su naturaleza, no se pudo intentar Reclamo alguno para su Subsanación, ya que no era el momento Procesal indicado, por ello, es que hasta ahora que se Interpone el presente Recurso.- ALCANCE DE LA PETICIÓN DELA RECURRENTE: A la Honorable Sala de lo Penal, de la Ilustre Corte Suprema de Justicia, reiterándole mis respetos, PIDO: Declarar HA LUGAR, el segundo Motivo de Casación por Infracción de Ley, presentado; Procediendo a ANULAR PARCIALMENTE, la Sentencia ahora Recurrida y REVOCANDOla Sentencia de mérito; ordenando se decrete Sentencia Absolutoria por el delito de Portación Ilegal de Armas Comerciales, a favor de D. M. M.; Y en lo demás resolver de conformidad a Derecho corresponda.-“. IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El juicio penal debe su legalidad al respeto de las formalidades establecidas en la ley, para que el proceso pueda desembocar en una sentencia válida, pero además a las formalidades exigidas en la redacción de la sentencia misma; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe de subordinar su actividad, es pues éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Si no se cumplen con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que la norma procesal ordena (Inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (Inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal. Esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo.Único Motivo: *Norma Autorizante: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. *Norma Procesal que se denuncia Infringida: Artículos 202, 336 y 338 regla Cuarta en sus numerales 1 y 2, del Código Procesal Penal. *Concepto de la Infracción: Inobservancia a las reglas de la sana crítica. *Reclamación Ex Ante: El yerro que produce la interposición del recurso se presentó en el acto de sentenciar, por ello no hubo reclamación previa. *Pretensión: Que se ordene el reenvío de la causa, para la celebración de un nuevo juicio oral.Explicó la recurrente que el Tribunal Sentenciador al dictar un fallo condenatorio en contra de sus representados, violentó la regla de la lógica de no contradicción ya que arguye que al momento de valorar toda la prueba en su conjunto, da credibilidad a la prueba de cargo ofertada por el Ministerio Público, la cual considera es insuficiente y a la prueba de descargo ofertada por la defensa no le concede valor, manifiesta que las declaraciones vertidas por los testigos carecieron de veracidad, ya que era notorio que la deposiciones hechas por estos durante la audiencia de juicio oral y público iban orientadas a incriminar a los acusados como diera lugar y aun así los Jueces de Sentencia, les confirieron valor probatorio.De las Reglas de la Sana Crítica: Esta Sala de lo Penal ha reiterado en otros fallos, que el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “El Recurso por Quebrantamiento de Forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes…3) Que…en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica...”. En ese sentido la sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva, aquí el juzgador debe valorar la prueba conforme a las reglas de la Sana Crítica, tal como lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. De este modo la motivación lógica debe responder a las siguientes características: a) Coherencia, y por ende, congruente, no contradictoria e inequívoca, b) Fundada en razón suficiente, y por lo tanto en observancia del principio de derivación, con arreglo al cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando, c) El razonamiento debe observar las máximas de la experiencia, las normas de la psicología y las reglas de la lógica. Del Principio de Debida Técnica en el Recurso de Casación Penal: Este Tribunal de Casación viene sosteniendo reiteradamente que el Principio de Debida Técnica se desprende de los requisitos formales para la interposición del recurso, “los que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso” (Véase G. P. G.. De la Casación y la Revisión Penal. Colombia 2003. Ediciones Doctrina y Ley. P. 144). Este principio aparece recogido en el artículo 363 del Código Procesal Penal, con los requisitos obligatorios propios del rigor del recurso extraordinario de casación, estableciendo imperativamente que “El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo” y “En lo que respecta a la casación en el fondo, deberá citar, concretamente, en forma clara y precisa, los preceptos legales que considere infringidos, el sentido en que lo hubieren sido, y expresará, también concretamente, la aplicación o interpretación que pretende…” No se trata de una simple rigidez de la naturaleza del recurso impuesta por un formalismo procesal sin sentido; antes bien, la norma pretende orientar al censor de tal forma que su reproche recursivo se encause dentro de los parámetros establecidos en la normativa procesal con el propósito de precisar mediante este instrumento la falencia del vicio de juicio o de la actividad procesal que agravia al justiciable, convirtiéndose las exigencias del recurso en garantía procesal del reclamo que se intenta, en tanto estos pretenden allanar el camino a la respuesta jurisdiccional mediante el planteamiento de un recurso claro y preciso que importe la aprehensión del recurso ante el Tribunal de Casación a efectos de favorecer la respuesta más congruente ante el recurso.Por ello esta sala de lo penal ha venido reiterando que el principio de debida técnica requiere observarse en los siguientes sentidos: a) Elegir con puntualidad la causal. b) No salirse ni desbordarse con sus alegaciones, de los extremos y contenidos conceptuales o valorativos, o ámbitos propios de la causal elegida. c) Elaborar planteamientos con claridad y precisión. (en ese mismo sentido sentencia 24 de agosto de 2010 SP 273-08; sentencia 28 de octubre de 2010 SP 199-09; sentencia 18 de enero 2011 SP 351-09). Aun intentando la sala abordar el estudio desde la explicación del censor, no puede colegirse la infracción pretendida, de manera que la falta de claridad y precisión no permite a la Sala de lo Penal arribar al estudio deseado que hubiese permitido un recurso interpuesto observando los requisitos de ley[1].DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO: EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. En virtud de que ésta Sala de lo Penal ya ha explicado en qué consiste el Principio de Debida Técnica Recursiva, se hace evidente la inadecuada técnica de la impetrante al momento de argumentar y desarrollar su impugnación, pues si bien señaló que el Juzgador -al momento de valorar la prueba- no observó la regla lógica en su principio de no contradicción, no fue capaz de establecer de manera puntual, cuáles fueron los razonamientos erróneos del sentenciador, ya que la Censora olvida que el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, cuando se apoya en la denuncia de violación de las reglas de la sana crítica, implica confrontar éstas con los razonamientos que conforman la valoración hecha por los Juzgadores en la sentencia de los medios de prueba y por tanto no corresponde sustituir esto con un parecer personal de la calificación que debieron tener los medios de prueba. La Sala de lo Penal, no puede hacer una revalorización del material probatorio en perjuicio del criterio del Tribunal de Sentencia, quien tuvo a su disposición la inmediación y la contradicción de manera directa, sino que su misión es constatar que el desarrollo del argumento valorativo sea compatible con las reglas que componen el recto entendimiento humano agrupadas en el sistema de sana crítica, de modo que cuando los Juzgadores se apartan de esta fórmula corresponderá a ésta Sala censurar dicha valoración.Considera necesario este Tribunal de Casación, explicar en qué consiste el principio de Contradicción integrante de la Lógica y que el recurrente consideró vulnerado. Las Reglas de la Lógica: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatorio para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber: a) La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí; La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los Principios de Identidad, Contradicción y de Tercer Excluido: i) El Principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”; ii) El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual que “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba, un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera; iii) El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera.[2]Ante lo explicado se concluye entonces que, si la recurrente consideró violentado el Principio de Contradicción como integrante de la regla de la lógica, debió señalar cuales eran los razonamientos contrarios que emitió el juzgador y, que dichos juicios de valor -al ser contradictorios- se excluían entre sí, pues es imposible que esta Sala de lo Penal pueda dar una respuesta adecuada a sus planteamientos. Revisando la sentencia recurrida, es posible detectar que el Tribunal Sentenciador efectuó una extensa valoración tanto individual como armónica de toda la prueba evacuada; en el apartado Valoración de la Prueba, en el numeral primero, razona las declaraciones del testigo protegido AL 450 y además la de la señora A. E. V. R., de estos deponentes el sentenciador consideró que sirvieron para conocer de manera clara y precisa cada uno de los pormenores del hecho, como ser que un hombre desconocido la llamaba por teléfono y le exigía dinero, señalándole fecha y el lugar de entrega, asimismo con la declaración de la Agente A. V., se estableció que el señor D. M. M., junto con la coimputada E. Y. H. C. fueron vistos cuando llegó al negocio donde se encontraba la testigo protegido y recibieron junto con un joven que los acompañaba un paquete preparado para la entrega controlada, asimismo quedó debidamente acreditado que el joven de nombre G. A. amenazó a la víctima, todo lo cual se confirma con los medios de prueba documental y pericial aportados al proceso. Por lo que este Alto Tribunal de Justicia considera que las valoraciones emitidas por el Tribunal de Sentencia, se han hecho valorando en conjunto y de forma armónica todos los medios de prueba aportados al proceso, respetando las reglas de la Sana Crítica. Del Recurso de Casación por Infracción de Ley: Como lo ha reiterado esta Sala de lo Penal, por tratarse de un Recurso de Casación por Infracción de Ley, solo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El Recurso de Casación por Infracción de Ley, tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala, de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso, dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. En este sentido, El Recurso de Casación por Infracción de Ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el Juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (Hechos Probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma.Conforme lo regula el artículo 360 del Código Procesal Penal, el objeto de la Infracción en un Recurso de Casación por Infracción de Ley puede recaer en tres aspectos: a) Precepto Penal de Carácter Sustantivo, es decir normas penales en sentido estricto, como son las que determinan delitos, faltas, estados peligrosos, penas, medidas de seguridad, eximentes de responsabilidad penal, formas de intervención en el delito, grados de realización del delito, circunstancias agravantes o atenuantes, reglas relativas a la responsabilidad civil etc., es decir aquellas que conforman el derecho penal material o sustantivo. b) Norma Extrapenal, referente a aquellas que pertenecen al derecho penal sustantivo, que no se encuentran en el Código Penal o leyes penales especiales, pero que deben ser observadas para la aplicación de la ley penal, por ejemplo las leyes penales en blanco, que son aquellas que señalando la pena aplicable al delito, omiten establecer todo o parte de la conducta punible y para poder completarla se remite a otra norma, bien sea penal o no. c) Principio de Doctrina Legal, debemos entender por doctrina, de conformidad al párrafo segundo del artículo 360 del Código Procesal Penal, “…la reconocida como tal por la Corte Suprema de Justicia, por medio de tres sentencias conformes sobre un mismo asunto” . Otra circunstancia a considerar al momento de plantear un Recurso de Casación, son las diferentes especies del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, las cuales son: a) Violación o Falta de Aplicación, consistente en la falta de aplicación de la ley o doctrinas legales que correspondan o se ajusten a los hechos probados que enuncia la sentencia. Es la omisión de parte del juzgador, en cuanto a la cita o aplicación de la norma aplicable al caso y que justifica legalmente los hechos probados de la sentencia. b) Aplicación Indebida, consiste precisamente en la invocación por el juzgador, de leyes o doctrinas legales ajenas a la verdad concebida en los hechos probados de la sentencia, de tal suerte que se aprecia la incongruencia en el factum de la resolución y la norma que se le asigna. c) Interpretación Errónea, consistente en que citando la sentencia la ley correspondiente, se aplica otorgándole un sentido distinto al que tiene.Único Motivo: *Precepto Autorizante: 360 del Código Procesal Penal. *Normas Sustantivas que se denuncian Infringidas: Artículo 332-B del Código Penal en relación con el Decreto Legislativo No. 184-2013. *Concepto de la Infracción: Aplicación Indebida del artículo 332-B del Código Penal. *Pretensión:Anular parcialmente la sentencia, ordenando se decrete sentencia absolutoria por el delito de Portación Ilegal de Armas.Explicó la recurrente que el señor D. M. M. fue condenado por la comisión del delito de Portación Ilegal de Arma de Uso Comercial, ya que el día que se cometió el delito de extorsión su representado se encontraba en posesión de un arma de fuego comercial, calibre 38, de la cual no tenía permiso para portarla, pero alega que en la fecha en que a su defendido le encuentran el arma se encontraba vigente el decreto número 184-2013, vigente a partir del 05 de octubre de dos mil trece, el cual establece un periodo de veda de un año, para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego de uso comercial y que no posea factura de venta de la armería, proceda con la documentación respectiva a realizar los trámites correspondientes para el registro y si bien el artículo 332-B del Código Penal tiene vigencia, es inaplicable por la normativa temporal del decreto antes mencionado, ya que hace imposible la concurrencia del primer elemento para la configuración del delito, como ser la falta de permiso de autoridad competente. Del Delito de Portación Ilegal de Armas (Art.332B Código Penal): La Convención Interamericana Contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados, define como "Armas de fuego" a cualquier arma que conste de por lo menos un cañón por el cual una bala o proyectil puede ser descargado por la acción de un explosivo y que haya sido diseñada para ello o pueda convertirse fácilmente para tal efecto, excepto las armas antiguas fabricadas antes del siglo XX o sus réplicas.El artículo 4 de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones Explosiones y Otros Similares (en adelante Ley de Armas), reconoce el derecho de las personas nacionales y extranjeras de poseer y portar armas de fuego, para ello ordenaba que toda persona debía de obtener permiso previo por parte de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública, otorgado una vez que satisficiere los requisitos exigidos por esa misma ley, los cuales son los descritos en el artículo 27 reformado: 1. Formulario con sus datos personales y residencia; 2. Marca, modelo, número de serie, identificación de conversiones de calibre, si la tuviere, así como las demás características del arma.La persona interesada solo podía poseer y/o portar armas de fuego y municiones clasificadas como permitidas, mismas que tenían que tener las características y especificaciones que estipulaban los artículos 7 y 9 de la Ley de Armas; Pero además la ley era especifica en cuanto a las armas y municiones que se consideran prohibidas, es decir que no es permitida su adquisición, tenencia o portación, describiendo sus características y especificaciones en el artículo 8 y 10 de la ley mencionada;3. Constancia de haberse practicado la prueba balística conforme lo señalaba el artículo 17 para los efectos establecidos en el artículo 19, ambos de la Ley de Armas; 4. Pago de la matrícula municipal y; 5. Documentos de identificación.El permiso es intransferible (Art. 34 de la Ley de Armas), por ello la persona que lo obtenía debía de reportar en un plazo máximo de tres días a la Policía Nacional y al Registro Nacional de Armas cualquier traspaso de propiedad que haga del arma registrada, a efectos de que el nuevo propietario realizara la solicitud de permiso correspondiente, igualmente debía de reportar el robo o extravío de la misma en igual termino (Art. 20 y 31 de la Ley de Armas).El Estado de Honduras, para efectos de salvaguardar la seguridad interior, tiene el deber de realizar un estricto control de la posesión y portación de armas de fuego, por ello contempla la imposición de sanciones administrativas y de sanciones penales (aplicables con independencia a las sanciones administrativas) para las personas que infrinjan dichos controles.- Entre las sanciones penales encontramos en el artículo 332-B que determina que “Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para el uso personal o deportivas (…) incurrirá en una pena de tres a seis años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones (…) Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas (…) las descritas en la ley especial”.- Entonces incurrirán en el delito la persona que, entre otros: posea un arma de fuego para uso personal, con propósitos de defensa o propósitos deportivos, cuando no se cuente con la autorización de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública, en el caso de que su comercio sea lícito. Del Decreto Legislativo N° 184-2013:El artículo 98 de la Constitución de la República dispone que: “Ninguna persona podrá ser detenida, arrestada o presa por obligaciones que no provengan de delito o falta.”; disposición constitucional que es armónica con lo preceptuado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 15.1 establece que: “Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional……”. Por ello toda Ley debe de ser tridimensional: debe ser positiva, debe de ser válida y debe de ser eficaz; La Validez de una norma puede ser formal y material: i) Hay Validez formal cuando la ley ha sido creada mediante el procedimiento legislativo correspondiente; ii) Hay Validez Material cuando la Ley está vinculada a un ámbito material de regulación, sin lo cual no puede considerarse obligatoria (La obligatoria observancia de los ciudadanos en cumplirla y la obligatoria reacción de la autoridad de imponer las consecuencias legales a aquellos que la incumplan).Tratándose de los artículos 332-A y 332-B del Código Penal hoy vigente, su positividad ha sido suspendida temporalmente en varias ocasiones por el legislador, como consecuencia de la aprobación de Decretos Legislativos, en los que usando términos como “Veda” o “Amnistía” el legislador concede términos de gracia para que las personas particulares pudiesen hacer registro de armas comerciales y entrega de armas prohibidas; este es el caso del decreto 184-2013, el cual en su artículo 2 establecía un año de veda para que toda persona que tuviese en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial, procediera a realizar los trámites correspondientes para su registro, presentando la documentación respectiva con excepción a la factura de venta de La Armería, la cual no sería necesario presentar en dicho tiempo. En el primer párrafo del artículo 2, regulaba la posibilidad de inscripción de armas de fuego sin la necesidad de la presentación de factura de compra, refiriéndose a aquellas armas que la ley catalogaba como permitidas su tenencia y portación previo permiso de autoridad competente, enumeradas en el artículo 7 de la Ley de Armas. - El plazo de un año de “Veda” o de gracia que anunciaba el artículo 2, comenzó a correr en fecha 05 de octubre de 2013 y venció el 05 de octubre de 2014.Postura de la Sala de lo Constitucional, en relación a los Decretos de “Veda o Amnistía” Es de mencionar que previo al 09 de agosto de 2017, la Sala de lo Constitucional había estado manteniendo posturas contradictorias de manera intermitente respecto al mismo punto; Así en un total de CUATRO SENTENCIAS (de fecha 30 de septiembre de 2016 en Exp AP-1104-2014, de fecha 19 de Octubre de 2016 en Exp AP-0222-2015, de 23 de Octubre de 2016 en Exp acumulado AP-0241-2015, AP-351-2015, AP-0365-2015, AP-0370-2015, y de fecha 12 de diciembre de 2016 en Exp AP-1124-2014), señaló que el propósito de los Decretos Legislativos sobre veda es que los poseedores de cualquier arma de fuego de carácter comercial, tuvieran la posibilidad de inscribirla en el registro correspondiente y obtener la debida autorización de portación; de manera que no constituye una despenalización de delitos, como tampoco tiene por finalidad permitir la impunidad. La Sala explicó que la veda que introduce el decreto aludido era una motivación para la ciudadanía, para que efectuase el trámite de registrar sus armas comerciales y con ello el Estado obtener control del parque de armas de fuego circulantes en el país. Señaló la Sala que el ad quem confirió al decreto 184-2013, “… un alcance y efecto no contemplado en el mismo, con lo cual su decisión no ha sido dictada en consonancia con el ordenamiento jurídico vigente y al apartarse del sentido y objeto de la norma aplicable al caso, ha disminuido en perjuicio del Estado de Honduras la garantía del debido proceso y la efectiva tutela judicial…”Sin Embargo, en el sentido inverso la misma Sala de lo Constitucional, en las sentencias un total de DOCE SENTENCIAS (de fecha 11 de enero de 2016 en Exp 1025-2014, 20 de abril de 2016 en Exp AP-0398-2014, de 22 de noviembre de 2016 en Exp AP-0219-2015, de 22 de Noviembre de 2016 en Exp AP-0860-2015, del 12 de diciembre de 2016 en Exp AP-1279-2014, del 12 de diciembre de 2016 en Exp AP-1308-2014, 06 sentencias todas de fecha 23 de junio de 2017 en los Exps 1059-2014, 252-2015, 415-2015, 0507-2015, 0874-2015 y 0159-2016, y de 28 de junio de 2017 en Exp 825-2016) asumió la postura contraria, señalando:“Considerando (8): La Sala de lo Constitucional entiende que no puede atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, así como la observancia en la temporalidad de los Decretos Legislativos emitidos por el Poder Legislativo y, que al momento de proferir fallos se encuentren vigentes, normativas que van encaminadas a garantizar la seguridad jurídica tanto de personas naturales como jurídicas, y en el caso del Decreto Legislativo No.184-2013, el espíritu del legislador va encaminado en dos sentidos, el primero a originar en el ciudadano una conducta de responsabilidad, que le permita hacer efectivo un derecho, como es el de tramitar y obtener el registro de su arma comercial ante la autoridad competente y el segundo, de carácter permisivo, es que, durante la vigencia de los Decretos Legislativos carecen de positividad todas las conductas tipificadas en el artículo 332-B del Código Penal, como consecuencia del periodo de “veda” o de gracia, que fue efectivo del 05 de octubre del 2013 al 05 octubre del 2014, por lo tanto en dicho periodo, el Ministerio Publico debía abstenerse de entablar acción penal para su sanción penal, por no constituir delitos, sino hasta el vencimiento de los plazos ya previstos […]”.- Considerando (9): Igualmente la Sala de lo Constitucional entiende que el espíritu de la Ley en cuanto al Decreto no es el de despenalizar los artículos 332-B del Código Penal, ni mucho menos el de permitir la comisión de un delito con la vigencia del Decreto, más bien refiere una norma permisiva cuyo fin es el registro de armas de fuego en poder de los particulares, por lo que el Estado de Honduras durante la vigencia del Decreto, no podía exigirle a persona que fuese encontrada con un arma de fuego documentación que acreditara su registro […].”.(lo resaltado es nuestro) (En Exp 0860-2015). Postura de la Sala de lo Penal en relación al Decreto N°184-2013: La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia se ha ocupado de estudiar y definir los alcances del Decreto No. 184-2013 génesis de dos decretos más (No. 063-2014 y No. 060-2015)emitiendo dos sentencias con pronunciamientos uniformes al respecto: En Sentencia de 02 de noviembre de 2016 en el Exp 370-2014 se indicó: “Durante la vigencia del Decreto 184-2013, se establece un período de veda por el término de un año para que toda persona que tenga en su poder cualquier arma de uso comercial la pueda legalizar, aunque no posea factura de venta de La Armería, con la documentación respectiva, a excepción de dicha factura. Todo ello para que una gran cantidad de armas no continúen siendo ilegales en posesión de sus propietarios. Por tanto, el decreto de veda aludido, no deroga la vigencia del delito de Portación ilegal de armas de tipo comerciales, tipificada en el Art. 332 B del Código Penal, sino que tácitamente lo declara en suspenso, solo para poseedores de buena fe, para que estos procedan a registrarla legalmente, en los casos en que el arma de fuego comercial no haya sido adquirida en La Armería, de la Fuerzas Armadas, sino por compra realizada en forma privada a otro particular. No tiene eficacia legal alguna dicho Decreto de Veda para los casos de posesión de armas comerciales de mala fe o de armas que tengan reporte de robo. Lo anterior, en virtud que el tenedor del arma de fuego con reporte de robo carece de un título legítimo de posesión, no solo de factura de la Armería, tampoco cuenta con el documento de traspaso de dominio respectivo, por lo que, a falta de todo ello, no podría registrar dicha arma bajo ninguna circunstancia.”.En Sentencia de fecha 12 días de diciembre de 2016 en el Exp 521-2014: “Si bien es cierto el decreto en cuestión no menciona expresamente que deroga la normativa penal que sanciona la portación ilegal de armas, importa una derogatoria tácita temporal derivadade la naturaleza de la norma temporal pues si entendiéramos que la pretensión del legislador era dejar vigente el artículo 332 B del Código Penal, al regir el artículo 2 del Decreto 184-2013, aún las personas que hubieren acudido a registrar sus armas dentro del plazo fijado por el mencionado artículo 2, incurrirían en el delito de portación ilegal de armas por el tiempo que la ostentaron antes de acudir a dicho registro, en cuyo caso no tendría sentido el plazo de un año otorgado por la disposición relacionada, disposición cuya finalidad es lograr en primer lugar el registro de armas en poder de los particulares, para efectos del control formal por parte del Estado.”. DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO: EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. Para este Tribunal de alzada el presente motivo de casación no es de recibo ya que, si bien la recurrente alega que en la fecha en que a su defendido le encuentran el arma de fuego, se encontraba vigente el decreto número 184-2013 y que durante todo ese tiempo no era constitutivo de delito portar un arma de fuego sin permiso de la autoridad competente, es importante tener en consideración que dicha disposición tal y como ha quedado relacionado en la presente resolución, es para que todos aquellos ciudadanos que en su momento tuvieran en su poder un arma de fuego comercial, procedieran a realizar los trámites correspondientes para su registro, presentando la documentación respectiva con excepción de la factura de venta de La Armería, la cual no sería necesario presentar en dicho tiempo y en el caso en estudio quedó debidamente probado que el hoy imputado utilizó dicha arma para cometer un delito de extorsión, por lo que es evidente que su intención no era la de dar cumplimiento al decreto legislativo supra relacionado en la presente sentencia.Se hizo una relación de distintas sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional, en la cual se manifestó que existían en las mismas contradicciones, en cuanto a que en unas resoluciones refiere a que las vedas tiene como finalidad que los poseedores de cualquier arma de fuego de carácter comercial, tuvieran la posibilidad de inscribirla en el registro correspondiente y obtener la debida autorización de portación; de manera que estas no constituyen una despenalización de delitos, como tampoco tienen por finalidad permitir la impunidad; en otros fallos siempre la Sala Constitucional al referirse al decreto 184-2013, específicamente manifiesta que el espíritu del legislador va encaminado en dos sentidos, el primero a originar en el ciudadano una conducta de responsabilidad, que le permita hacer efectivo un derecho, como es el de tramitar y obtener el registro de su arma comercial ante la autoridad competente y el segundo, de carácter permisivo, es que, durante la vigencia de los Decretos Legislativos carecen de positividad todas las conductas tipificadas en el artículo 332-B del Código Penal, como consecuencia del periodo de “veda” o de “gracia”; pero no es menos cierto que la misma Sala manifiesta en relación a su segunda postura que claramente entiende que el espíritu de la Ley en cuanto al Decreto no es el de despenalizar los artículos 332-B del Código Penal, ni mucho menos el de permitir la comisión de un delito con la vigencia del Decreto, más bien refiere una norma permisiva cuyo fin es el registro de armas de fuego en poder de los particulares. Asimismo, se hizo una relación de dos sentencias dictadas por esta Sala de lo Penal, en relación al decreto 184-2013, en el cual la postura que se mantiene es que la finalidad del legislador, es permitir que toda persona que en su momento tuviera en su poder un arma de fuego comercial, procediera de inmediato a su debida inscripción en el registro correspondiente, a pesar de no tener la documentación respectiva. por lo que, siguiendo ese orden de ideas en relación al imputado D. M. M., no es posible la aplicación del decreto 184-2013, ya que está debidamente acreditado que su intención nunca fue la de dar cumplimiento al dispuesto en el mismo, ya que está debidamente acreditado que con el arma de fuego participó en la comisión de otro ilícito penal. V. DECISIÓN. -Se declara no ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo. -Se declara no ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo. VI. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 360 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal.FALLA: PRIMERO: DECLARA NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo interpuesto por la abogada B. A. G., en su condición de Defensora Privada de los señores E. Y. H. C. y D. M. M.. SEGUNDO: DECLARA NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley, en su único motivo interpuesto por la abogada B. A. G., en su condición de Defensora Privada de los señores E. Y. H. C. y D. M. M.. TERCERO: DECLARA FIRME Y EJECUTABLE la sentencia de fecha diez de diciembre de dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, mediante la cual condenó a los señores E. Y. H. C. y D. M. M. como autores responsables de un delito de Extorsión en el Grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio de la propiedad de Testigo Protegido a la pena de diez años de reclusión y muta de treinta y tres punto treinta y cuatro (33.34) salarios mínimos, asimismo condenó al señor D. M. M. como autor responsable de un delito de Portación Ilegal de Arma Comercial, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de tres años de reclusión. Y MANDA: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO.JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. Magistrado Coordinador. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. Magistrado. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.Magistrada. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. Receptora Adscrita. Sala de lo Penal.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de agosto del año dos mil diecinueve. Certificación de la Sentencia de fecha treinta de mayo del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-111-2016.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
[1]VID Sentencia de Casación Penal SP 41-2010 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 08 de marzo del 2012
[2] VID Sentencia de Casación Penal N° SP 189-2010 de fecha 19 de septiembre del 2012 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia.