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Sentencia CP-105-16 — Registro 15052

Resumen

En primera instancia se absolvió al imputado por el delito de Cohecho, en perjuicio de La Administración Pública, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...Esta Sala Penal, considera que la conclusión a que llega el A-Quo, además de fundarse en prueba legalmente admitida y evacuada, responde a las reglas de la lógica, ya que, el razonamiento de los juzgadores resulta coherente en concluir que estas declaraciones no constituyen suficiente prueba para establecer con certeza que se quebrantó el estado de inocencia de Elmer Chinchilla. También se refirió al testimonio de Emilio Amaya Calix (F41 y F52), el cual refiere: “por lo que vengo en realidad es porque don Victoriano me llamo a la fiscalía a que firme un traspaso de un vehículo, lo firme y eso fue todo, al Interrogatorio contesto: don Victoriano me dijo que firmara un traspaso para declararlo en la DEI, fui atendido en la oficina de él, que iba a llevar un traspaso, yo no escuche nada de él, llegue a las diez, pero no recuerdo la fecha que le vendí el vehículo, el no le dijo nada hasta que estaba allí, don Victoriano dijo que le firmara el traspaso”. El Tribunal sentenciador en análisis de este testimonio establece que el testigo llegó al Ministerio Público para que firmara el traspaso de un vehículo, pero refiere no haber escuchado nada. Siendo para el A-Quo importante valorar el medio de prueba documental consistente en el traspaso de vehículo, el cual fue incorporado mediante lectura en donde el señor Emilio Amaya Cálix, declara ser propietario del vehículo, que le vendió al señor Victoriano Hernández, y el cual se lo traspasó al señor Victoriano, en el municipio de Marcala, Departamento de la Paz, a los dos días del mes de marzo de 2012; al confrontar este medio de prueba documental con los testimonios rendidos sin lugar a dudas demuestra una clara contradicción, en relación a la fecha que refiere que en los meses de noviembre o diciembre del año 2012, el abogado Elmer Chinchilla atendió la denuncia número 867-12, y le solicitó unos centavos para arreglar unos papeles en Comayagua, por lo que le entregaron la cantidad de 1000 lempiras refiriéndose que el señor Emilio llegó a las instalaciones del Ministerio Público a firmar un traspaso de un vehículo, denotando que han faltado a la verdad ya que la fecha en que firmaron dicho traspaso de vehículo fue en fecha 22 de marzo del año 2012. Así mismo el Tribunal hace valoración de la prueba documental evacuada en juicio, consistente en: 1.- Copia certificada de acuerdo de nombramiento del señor Elmer Roberto Chinchilla; 2.- Copia certificada del oficio MAR-LP 505-2013 enviado por la Coordinadora de la Fiscalía del Ministerio Público de Márcala, La Paz al señor Coordinador Regional del Ministerio Público, sobre la denuncia interpuesta por el señor Victoriano Hernández; 3.- Copia certificada del libro de novedades que tienen asignados los vigilantes del Ministerio Público del año 2012 y 2013; 4.- Copia del informe final de la Dirección Nacional de Investigación sobre la denuncia número 867-12, por un delito de apropiación indebida, interpuesto por el señor Victoriano Hernández en contra del señor Lucio Benítez; 5.- Copia certificada de la hoja de asignación de casos del mes de febrero del año 2013, de la Fiscalía local de Márcala, La Paz, al abogado Elmer Roberto Chinchilla. A estas pruebas documentales, el Tribunal de Sentencia le dio su respectiva valoración a folio 53 de la sentencia, estableciendo en ellos que se acredita que el Abogado Elmer Chinchilla era funcionario de dicha institución en el año 2007; en cuanto al oficio enviado por la Coordinadora de la Fiscalía del Ministerio Público de Marcala, La Paz, en el cual es importante mencionar que en la fecha en la que se refiere el denunciante en fechas noviembre o diciembre del año 2012 aún no se le había asignado dicha denuncia, lo que significa que el contenido de esta denuncia no coincide y contradice lo contemplado con el traspaso de vehículo al señor Victoriano Hernández de Emilio Amaya con relación a la fecha que se supone llegaron a las oficinas del Ministerio Público; en el libro de novedades asignados a los vigilantes del Ministerio Público consta que en fecha 12/12/12 llegó el señor Victoriano Hernández con número de identidad diferente al que corresponde a su documento personal, pero lo mas notorio de esto es que, de acuerdo al libro de novedades en comento, el señor denunciante llegó solo y no acompañado como lo han referido en sus testimonios y por último el informe de la denuncia número 867-12 enviado por los agentes de investigación y la hoja de asignación de casos del mes de febrero al abogado Chinchilla. En la conclusión final el Tribunal establece: “...Para el Tribunal no es desconocido tampoco es un hecho controvertido que el agente fiscal del Ministerio Público ejercía su función como tal, no obstante el Ministerio Público no ha acreditado que el agente fiscal sea la persona que participó en el tipo penal de cohecho por los aspectos siguientes: 1) que los hechos relacionados por los agentes fiscales refieren que los hechos sucedieron en fecha 12 de diciembre de 2012 y que el señor Victoriano Hernández llegó en compañía de Santos Pablo Hernández, Emilio Amaya a firmar un documento de traspaso lo que no coincide con la fecha de expedición de dicho traspaso; y 2) en segundo lugar son las enormes contradicciones de la prueba testifical con la prueba documental y por último no se ha acreditado que el agente fiscal en fecha 12-12-12 haya tenido asignado dicho caso en el cual existan elementos sustanciales del injusto..”. Por lo anterior, al no haber logrado derivar de los medios de prueba preinsertos, razones suficientes para concluir la participación culpable del acusado en los hechos por los que se le acusa, esta Sala de lo Penal concluye que el A-Quo no ha vulnerado la regla de la sana crítica de la lógica, en su postulado de derivación, en sus apartados de razón suficiente y veracidad; en consecuencia de lo anterior, no se evidencia que se haya producido un vicio in procedendo; razón por la cual deriva declarar improcedente el único motivo de Casación interpuesto por el Ministerio Público..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha nueve de agosto del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de agosto del año dos mil diecinueve, el Pleno de la Sala Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de Coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, han pronunciado EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-105-2016 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha diez de agosto del año dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, departamento de Comayagua, mediante la cual Absolvió al señor Elmer Roberto Chinchilla Iriarte, del delito de Cohecho, en perjuicio de La Administración Pública- No procede a condenar en Costas al Ministerio Público. SON PARTES: La Abogada Yessenia María Márquez Lobo, Fiscal en representación del Ministerio Público, como parte recurrente; y el Abogado Julio Cesar Gabriel Eduardo García Murillo, Defensor Privado del señor Elmer Roberto Chinchilla Iriarte, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “Valorando las pruebas practicadas en el acto del Juicio Oral, de acuerdo a los criterios de la sana crítica, este Tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: Único: En fecha 28 al 31 de julio del año 2015, en el Municipio de Marcala, Departamento de La Paz, se celebró audiencia de Juicio Oral y Público en contra de Elmer Roberto Chinchilla Iriarte por un proceso penal que fue incoado por el delito de Cohecho en perjuicio de La Administración Pública.” RECURSO DE CASACIÓN, MOTIVOS Y ARGUMENTOS: La recurrente Abogada Karla Padilla, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. MOTIVO ÙNICO: Que, al haber dictado el Juzgador, sentencia absolutoria a favor de ELMER ROBERTO CHINCHILLA IRIARTE, lo hizo valorando la prueba inobservando las Reglas de la Sana Crítica. PRECEPTOS AUTORIZANTES: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 3 del Artículo 362 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Al examinar la sentencia ya referida, observamos que adolece de vicio in procedendo, pues infringe el artículo 202 del Código Procesal Penal, que establece: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El Órgano Jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida” en virtud que el Juzgador al momento de dictar sentencia absolutoria en fecha diez (10) de Agosto del Dos Mil Quince (2015), respecto al imputado ELMER ROBERTO CHINCHILLA IRIARTE, lo hizo vulnerando la Regla Lógica, en su apartado de razón suficiente y su característica, valga la redundancia de Suficiencia, de la manera que a continuación desarrollamos: El Tribunal asevera en el apartado de fundamentación jurídica: “en el presente caso con la prueba desfilada en Juicio, no se encuadra en la conducta descrita por el tipo penal incoado por la acusación, conclusión a la que arriba este Tribunal, dado que se desprende del cuadro fáctico, que lo que se acreditó fue que el señor Victoriano Hernández interpuso una denuncia contra el acusado, no obstante el contenido de dicha denuncia, no fue posible acreditar los señalamientos que realiza el denunciante, ya que sólo se contó con las afirmaciones que expresó el denunciante y su hijo, que en sus testimonios aseguran que a solicitud del acusado le entregaron la suma de Mil lempiras al señor Elmer Roberto Chinchilla en concepto por realizar unos trámites relacionados con la propiedad del vehículo, pero dichos relatos no son suficientes para dar por sentados que sean verosímiles, es decir, que en todo caso no fue posible corroborar estos hechos denunciados, de que el señor Elmer Chinchilla haya recibido la suma de (1000) mil lempiras por parte del denunciante”. De lo anterior cabe citar entonces, que la razón por la cual el Tribunal de Sentencia, absuelve al encartado ELMER ROBERTO CHINCHILLA IRIARTE, es porque considera que el material probatorio con el cual se pretendió establecer los hechos son insuficientes para comprobar los cargos formulados por el Ministerio Público, por el delito de Cohecho. Ante esta premisa, no podemos obviar que el Juzgador posea cierto grado de incipiente valoración fáctica, si éste únicamente se enfoca en “que la prueba desfilada en juicio no reflejó los hechos atribuidos al acusado”; sin embargo, al Juzgador nuestra Norma Adjetiva le manda que debe ir más allá, debiendo revisar y valorar la probanza allegada al juicio en su conjunto y de manera armónica; mandamiento que es ratificado por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia al establecer que: “….la verificación de la existencia de prueba de cargo suficiente, requiere una triple comprobación. En primer lugar, que el tribunal de instancia haya apoyado su relato fáctico, en pruebas relativas a la existencia del hecho y a la participación del acusado en él. En segundo lugar, que las pruebas sean válidas, es decir, que hayan sido obtenidas e incorporadas al Juicio Oral con respeto a los derechos fundamentales y con arreglo a las normas que regulan su práctica, y en tercer lugar, que la valoración realizada para llegar a las conclusiones fácticas que son la base de la condena, teniendo en cuenta el contenido probatorio de la prueba de cargo disponible, no se aparte de las reglas de la lógica, de las máximas de la experiencia y de los conocimientos científicos cuando se haya acudido a ellos y que no es, por tanto, irracional, inconsistente o manifiestamente errónea”. Ver sentencia No 177-08 de fecha 16/11/2009. Para poder apreciar la valoración por parte del Tribunal Sentenciador, debemos indicar que durante la audiencia de debate presentó como prueba de cargo, la siguiente: PRUEBA TESTIFICAL. 1. Declaración de LEYLA LETICIA TORRES MEJÌA en su condición de Coordinadora de la Fiscalía de la ciudad de Marcala en el departamento de la Paz, dependiente de la Fiscalía Regional de Comayagua; quien expresó que el día doce de octubre del año dos mil doce, el Abogado Elmer Roberto Chinchilla fue trasladado de la ciudad de La Paz a la Fiscalía que ella dirige y en fecha quince de agosto del año dos mil trece, el señor Victoriano Hernández Vásquez, se presentó ante ella, exponiéndole una situación, manifestándole que a finales del mes de noviembre o principios de diciembre del año dos mil doce llegó a las oficinas de la fiscalía, en compañía de otras personas, entre ellas su hijo Santos Pablo Hernández García, con el objeto de obtener información de una denuncia que había interpuesto contra el señor Lucio Benítez, por el delito de Apropiación Indebida; y lo atendió el Fiscal Elmer Roberto Chinchilla, a quien le había entregado dinero porque le iba a hacer un papeleo en la ciudad de Comayagua, por lo que ella le habló al Abogado Adrián Rosales, Coordinador Regional, quien le dijo que levantara una denuncia y le mandara un informe y ella así lo hizo; posteriormente el Abogado Roberto Aldana, quien fungía como Director de Fiscales le solicitó al Abogado Rosales que ampliara las declaraciones de los testigos, por lo que ella citó nuevamente a los testigos y les tomó declaración, en la que don Victoriano ratificó haberle dado dinero al Abogado Elmer Chinchilla, que en ese momento sólo andaba quinientos lempiras (Lps.500.00), pero su hijo andaba otros quinientos lempiras (Lps.500.00) y entre los dos le dieron mil lempiras, ya que el Abogado Chinchilla le dijo que necesitaba unos centavos para hacer unos trámites en Comayagua, indicando además que ese día hicieron el traspaso de un vehículo; señala la testigo que ellos en la oficina local llevan un control de hojas de asignaciones y ella le había asignado el expediente correspondiente al caso de don Victoriano, al Abogado Chinchilla en fecha doce de febrero del año dos mil trece, por lo que en la fecha que adujo el denunciante se produjeron los hechos aún no tenía asignado el expediente en cuestión. (Lo resaltado es nuestro) 2. Declaración de VICTORIANO HERNANDEZ VASQUEZ quien relató que le entregó al acusado la cantidad de mil lempiras, en su oficina, ya que éste le dijo que necesitaba ese dinero para realizar un viaje y en ese momento sólo estaba su hijo Santos Pablo Hernández. (Lo resaltado es nuestro). 3. Declaración de SANTOS PABLO HERNÀNDEZ GARCÌA, quien afirmó haber acompañado a su padre a la Fiscalía Local de Marcala, y que le dieron un dinero al señor Elmer Chinchilla, por el traspaso de un vehículo, eran mil lempiras que entre su padre y él ajustaron para reponer unos papeles en la ciudad de Comayagua, de un vehículo que fue extraviado y estaba a nombre del señor Emilio Amaya, quien se lo había vendido a su padre en el mes de marzo, hacía como tres años, el que a su vez fue engañado porque el vehículo estaba en malas condiciones, después se dio una orden para detener dicho vehículo y él lo buscaba por el número de placa, pero ya estaba cambiada y pintado en otro color, por lo que ellos interpusieron denuncia ante la Dirección Nacional de investigación Criminal, el vehículo fue encontrado y el señor Emilio Amaya les hizo el traspaso del mismo; el testigo aduce que el acusado les dijo que necesitaba unos centavitos para ir a Comayagua y solucionaban el caso, por lo que ellos le dieron la cantidad de mil lempiras (Lps. 1,000.00), pero como no obtuvieron respuesta decidieron denunciar al señor Elmer Chinchilla. (Lo resaltado es nuestro). 4. Declaración del señor EMILIO AMAYA CÀLIX quien manifestó que lo llamaron a la Fiscalía de Marcala para que firmara el traspaso de un vehículo Toyota, tipo pick up, color rojo, motor 22R0846996, chasis JT4RN65S4E5032692, vin JT4RN65S4E5032692; indicando el testigo que en el momento que llegó no había más fiscales, sólo el señor Elmer Chinchilla, quien le dijo que iba a llevar el traspaso con un abogado que tenía; no escuchó más conversación, luego de firmar el traspaso se fue y con dicho documento se quedó el Fiscal y don Victoriano; además de don Victoriano, estaba su hijo y otra persona que no conoce; no recuerda la fecha en la que firmó el traspaso en cuestión. (Lo resaltado es nuestro). PRUEBA DOCUMENTAL. 1.- Copia certificada de acuerdo de nombramiento número 191-2007, del señor ELMER ROBERTO CHINCHILLA IRIARTE; en el cargo de Fiscal Auxiliar, entrando en vigencia el dieciséis de Julio del año dos mil siete. 2.- Copia certificada del informe de fecha veinte de agosto del año dos mil trece, enviado por la coordinadora de la Fiscalía de Marcala, en el departamento de La Paz, al coordinador regional de la ciudad de Comayagua; Abogado Adrián Rosales, en relación a la denuncia interpuesta en fecha quince de agosto del año dos mil trece por el señor Victoriano Hernández. 3.- Copia certificada del libro de novedades, asignado a los vigilantes de la Fiscalía de Marcala, La Paz; los años Dos Mil Doce y Dos Mil Trece, en el que consta la presencia del señor Victoriano Hernández el Doce de Diciembre del Dos Mil Doce, en esa sede fiscal. 4.- Copia del informe final de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, de la denuncia 867-2012, por el delito de Apropiación Indebida, como denunciante Victoriano Hernández y como denunciado Lucio Benítez, de fecha Veinte de Noviembre del Dos Mil Doce. 5.- Copia certificada de la hoja de asignación de casos del mes de febrero del año Dos Mil Trece, de la Fiscalía Local de Marcala, La Paz; al Abogado Elmer Roberto Chinchilla, en la que se encuentra la denuncia por delito de Apropiación indebida interpuesta por el señor Victoriano Hernández, antes mencionada. Él Tribunal resta valía probatoria a los testigos de cargo Victoriano Hernández y Santos Pablo Hernández, aduciendo que sus dichos no son coincidentes en cuanto al motivo por el cual el acusado Elmer Chinchilla les solicitó dinero, ya que refiere, que Victoriano dijo que era para un viaje y su hijo Santos que era por un traspaso de un documento; aseveración que se aparta de la verdad, pues se desprende de la declaración de los deponentes que éstos han sido contestes, en cuanto entregaron el dinero al fiscal Chinchilla por una ida o viaje a Comayagua, que iba a arreglar unos papeles de un carro. En ese mismo sentido, el juzgador evidenciando una valoración aislada de la prueba, en desapego a las reglas de la sana crítica, considera la declaración de la testigo Leila Torres, sólo en una parte de su contenido, pues ella es clara al expresar, que en el momento que el enjuiciado solicita dinero al denunciante Victoriano (Noviembre o Diciembre de 2012) aún no tenía asignada la denuncia, lo cual no resulta ilógico al razonamiento humano, como indica el ente jurisdiccional, pues precisamente la pretensión acusatoria va dirigida a esa conducta del servidor, de intervenir en una denuncia que no era aún de su competencia, pues ni siquiera había ingresado a la sede fiscal; cabe señalar, que la versión de los testigos denunciantes se ve corroborada con la copia certificada del libro de novedades, donde se establece que el 12 de Diciembre de 2012 el denunciante Victoriano Hernández se presentó a las oficinas del Ministerio Público de la ciudad de Marcala, siendo las diez de la mañana y si bien no se indica en tal documento que iba en compañía de Santos Pablo Hernández y Emilio Amaya Cálix; esta diligencia probatoria se ve complementada con el dicho de los mismos, que se ubican en las instalaciones del Ministerio Público, unos con otros, en presencia del Abogado Elmer Chinchilla, de manera que esta circunstancia no se torna relevante para desacreditar lo narrado por los denunciantes; aunado al hecho, que las máximas de la experiencia nos conducen a saber, que los guardias o vigilantes de las oficinas públicas, no acostumbran a colocar todos los nombres de las personas que ingresan a una institución, sino que les basta con uno, en el caso subjudice, fue precisamente el nombre del señor Victoriano Hernández por ser la persona que iba obtener información de su denuncia. El testigo Emilio Amaya, aunque dijo no haber escuchado ninguna conversación al comparecer a la sede fiscal, si confirmó que lo llamaron con el objetivo de firmar un traspaso del vehículo que le había vendido a don Victoriano, como lo adujo Santos Pablo Hernández y que ese documento fue firmado en presencia del fiscal. Las supraindicadas probanzas han dejado establecido sin lugar a dudas, la presencia de los testigos de cargo en las oficinas del Ministerio Público, en fecha 12 de Diciembre de 2012, en presencia del fiscal Elmer Chinchilla, donde a cambio de dinero realizó actos tendientes a intervenir en una denuncia interpuesta por el señor Victoriano Hernández, la cual no tenía asignada, pues apenas se encontraba en investigación en la DNIC, siendo hasta el 12 de febrero del 2013, que le es asignada según ha referido la Coordinadora de Marcala, Leila Torres; lo que evidencia su interés por resolver un asunto que le es consultado por el ofendido, con motivo de su cargo como fiscal del Ministerio Público y en el cual incide tratando de resolverlo por vías diferentes a las establecidas en la ley, en lugar de brindarle la información que corresponde, investigando en la policía de investigación el estado de su denuncia. Cuestiona también el juzgador, que el traspaso tiene fecha marzo de 2012 y la presencia en la fiscalía para firmar el mismo, según el denunciante, fue en diciembre de 2012. A este respecto no puede desconocer el Tribunal, que el Traspaso de un vehículo no necesariamente llevará la fecha en que lo firma el vendedor, pues es costumbre efectuar el mismo con posterioridad y esta circunstancia, no desvalora la probanza producida en el juicio, ya que está claramente establecido que el señor Victoriano Hernández, acudió a la Fiscalía, junto a su hijo, siendo atendido por el acusado y ese mismo día se presentó el señor Emilio Amaya a firmar el traspaso. Ha referido la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 08 de septiembre de 2005, respecto a la valoración de la prueba testifical: “...También esta Sala que la no coincidencia de parte de los testigos en los hechos o circunstancias periféricas, no son motivo para descalificarlos, salvo que se pruebe que ellos no estuvieron en el lugar de los hechos o que tienen una causa subjetiva para mentir…. Si bien es cierto, en este tipo de casos es difícil que exista un recibo que acredite la entrega de dinero; porque si así fuese la responsabilidad sería evidente; sin embargo de las declaraciones de los testigos, las cuales fueron corroboradas por medio de prueba documental, se acredita que efectivamente los señores Victoriano Hernández y su hijo Santos Pablo Hernández García, estuvieron presentes en la Fiscalía Local de Marcala, La Paz; donde fueron atendidos por el señor Elmer Roberto Chinchilla Iriarte, quien fungía como Fiscal en ese momento: por una denuncia preexistente en la que el ofendido era el señor Victoriano Hernández, la cual no se encontraba asignada al señor Chinchilla, porque ni siquiera había llegado a sede Fiscal como expediente investigativo y prevaliéndose de su cargo les solicitó dinero a la víctima de la citada denuncia, diciéndole que realizaría diligencias de la misma que no le correspondían, en la ciudad de Comayagua y la firma de un traspaso en su presencia; lo cual denota un comportamiento arbitrario, fuera de la Constitución y las Leyes; acción que no sólo es irregular, sino que es tipificada como delito de Cohecho, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 362 del Código Penal. La jurisprudencia española a través de sentencia T.S. 186/2012, de fecha 14 de marzo del año 2012; la Sala 2 del Tribunal Supremo de la Villa de Madrid, en relación al delito de Cohecho expuso lo siguiente; “El bien jurídico protegido en el delito de cohecho afirma la STS 31.7.2006 es la recta imparcialidad en el ejercicio de la función pública y el consiguiente prestigio de la función. Así, en general, los delitos de cohecho son infracciones contra la integridad de la gestión administrativa al dejarse llevar el funcionario por móviles ajenos a su misión pública como lo es el hecho ilícito y, por su parte, el particular ataca el bien jurídico consistente en el respeto que debe al normal funcionamiento de los Órganos del Estado. El cohecho pasivo es el realizado por el funcionario que solicita, recibe o acepta la dádiva, presente ofrecimiento o promesa. Cuestionándose en el caso presente la cualidad de funcionario, la jurisprudencia, STS 1030/2007, de 4-12 y 1125/2011 de 2-11, ha señalado, que el concepto de funcionario público contenido en el artículo 24 del Código Penal, según el cual “se considerará funcionario público a todo el que por disposición inmediata de la Ley, por elección, o por nombramiento de Autoridad competente participe en el ejercicio de funciones públicas”, es un concepto aplicable a efectos penales, como se desprende del mismo precepto, que es diferente del característico del ámbito administrativo, dentro del cual los funcionarios son personas incorporadas a la Administración Pública por una relación de servicios profesionales y retribuidos, regulada por el derecho administrativo. Por el contrario, se trata de un concepto más amplio que éste, pues sus elementos son exclusivamente el relativo al origen del nombramiento, que ha de serlo por una de las vías que el artículo 24 enumera, y de otro lado, la participación en funciones públicas, con independencia de otros requisitos referidos a la incorporación formal a la Administración Pública o relativos a la temporalidad o permanencia en el cargo, (STS n.° 1292/2000, de 10 de julio; STS n.° 68/2003, de 27 de enero; STS n.° 333/2003, de 28 de febrero y STS n.° 663/2005, de 23 de mayo), e incluso de la clase o tipo de función pública, y aquella participación en las funciones públicas puede serlo -como expresa la STS 22-4-2003 - tanto en las del Estado, entidades locales o comunidades autonómicas e incluso en los de la llamada administración institucional que tiene lugar cuando una entidad pública adopta una forma independiente, incluso con personalidad jurídica propia, en ocasiones de sociedad mercantil, con el fin de conseguir un más ágil y eficàz funcionamiento, de modo que “cualquier actuación de estas entidades donde existe un interés público responde a este concepto amplio de función pública…. c) En relación al ejercicio del cargo, no es exigible en el delito de cohecho que el funcionario que solicita la dádiva sea el encargado del acto sobre el que actúa el cohecho bastando que el mismo se vea facilitado por la acción del funcionario receptor que solicita el cohecho antes petición pacífica que resulta del propio tenor legal del tipo penal que refiere la recepción para la realización de ese acto en el ejercicio de su cargo. (S. 504/2003, de 2-4).”[1] Sobre este último aspecto y como ya lo indicamos el Abogado Chinchilla en su condición de Fiscal, aún no tenía asignado el expediente investigativo que motivó su proceso, sin embargo se valió de esa condición para solicitarle dinero al señor Victoriano Hernández, para realizar diligencias que no le correspondían y que en tal sentido debió haberlo orientado sobre el estado de su causa, pero no fue así y como lo señaló el testigo Santos Pablo Hernández, como no miraban respuesta de su denuncia procedieron a denunciarlo ante la Coordinadora Local del Ministerio Público de la ciudad de Marcala, la Paz; sede fiscal a la que el acusado estaba asignado. El A quo, al haber concluido que al acusado no es responsable de la acción delictiva que le ha imputado el Ministerio Público, vulnera la regla lógica de la Derivación en su apartado de Suficiencia, que exige que el proceso intelectivo de valoración de las probanzas se fundamente en una serie de inferencias que se desprendan del contenido de dichas probanzas y cuyo cúmulo indefectiblemente desembocan en una conclusión de absolver o condenar al enjuiciado; pues de la prueba evacuada se desprende que el señor ELMER ROBERTO CHINCHILLA IRIARTE, fue la persona que solicitó y recibió dinero para realizar diligencias de una causa que no tenía asignada; siendo evidente que con el andamiaje probatorio se acreditó, que el procesado ha tenido participación en el delito de COHECHO, establecido en el artículo 362 y 32 del Código Penal; es decir, el acusado ha perpetrado un delito contra la integridad de la gestión administrativa al dejarse llevar el funcionario por móviles ajenos a su misión pública, como lo es, el lucro ilícito, por tanto tal y como lo hemos venido señalando, si el juzgador hubiese valorado la prueba de conformidad a lo establecido en el artículo 202 del CPP el fallo ahora cuestionado, sería totalmente contrario, siendo indiscutible el quebranto a la regla de derivación en su apartado de suficiencia. En consecuencia, el Ministerio Público como recurrente es del firme criterio, que se violentaron en todos sus alcances las reglas de la Sana Crítica que debe observar el juzgador al momento de valorar la prueba antes señalada, tal y como lo expresa el artículo 202 del Código Procesal Penal, dejando de lado la valoración de prueba de una manera armónica y concatenada, pues se dedica a efectuar apreciaciones que se encuentran fuera del marco legal, ya que las declaraciones de los testigos fueron complementarias entre sí en relación establecer la participación del acusado en los hechos; no habiéndose reclamado previamente este vicio, pues se produce en el acto de la sentencia.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Establece el artículo 362 del Código Procesal Penal que el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes: 1. Que falte la declaración de los hechos que el Tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria. 2. Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. 3. Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o sí en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica; 4. Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales, tales como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en caso de condena; 5. La inobservancia de las reglas establecidas en el presente código para la realización del juicio oral y público; 6. La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes según el artículo 337; y, 7. Que falte la firma de alguno de los miembros del Tribunal de Sentencia salvo los casos previstos en el artículo 145. Es así como la ley procesal vigente, refleja que el Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no sólo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley procesal y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Único Motivo. *Norma Autorizante: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. *Norma Sustantiva que se denuncia Infringida: Artículo 202 del Código Procesal Penal. * Concepto de la Infracción: Violación a las reglas de la sana crítica. *Reclamación Ex Ante: el vicio se produce en el acta de la sentencia. *Pretensión: Que se case la sentencia. El Ministerio Público viene invocando como motivo de casación la infracción de las reglas de la sana crítica, señalando como precepto autorizante el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. El argumento principal del censor se centra en afirmar que al desestimar el juzgador los testimonios de los testigos de cargo Victoriano Hernández y Santos Pablo Hernández, quebranta el postulado de la derivación integrado por el principio de razón suficiente, principio que se encuentra vulnerado al establecer el juzgador como conclusión derivada de las pruebas que no ha sido posible establecer prueba suficiente contra los imputados, razonamiento que resulta lesivo al postulado indicado pues según el sensor sí es posible de las pruebas tener por acreditada la participación del imputado en el hecho criminoso. De las Reglas de la Sana Crítica. El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia para la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Esta Sala de lo Penal ha considerado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallos de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09; también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). Valoración de la Prueba. En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: Íntima Convicción (propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de la Sana Crítica en la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia de convicción de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común; De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). La sana crítica como sistema de valoración de la prueba se asienta en tres pilares fundamentales: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia. Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: •Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. •Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o •Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos por qué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología. Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las Reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica. La lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatorio para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del Juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica se fundamentan sobre leyes universales: a) La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Que exige que toda noción empleada en el razonamiento debe tener una sola y única significación en el todo contextualizado, es decir: una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí: una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b) La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento debe provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero, además, la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia. ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida en base a medios de pruebas inexistentes; o iv. Cuando la conclusión está basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí. 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella. 3. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles. 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. De la Procedencia del Recurso. El recurso no es de recibo. Como se ha explicado, el control casacional a través del recurso de Casación por Quebrantamiento de las formas procesales, tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley, resultando solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de sus conclusiones. Esta Sala de lo Penal ha reiterado en otros fallos, que el artículo 362 N° 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes …3) Que … en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana critica.”. El proceso lógico seguido por el juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto al control a través del examen casacional. El Tribunal de Casación, en consecuencia, realiza un examen sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal, salvaguardando de ese modo la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Ello implica que siendo libre (y por lo tanto no sujeto a la prueba tasada) el Tribunal sentenciador en la apreciación de las pruebas que generan su convicción, porque debido al principio de inmediación sólo él las ha tenido ante sí, su juicio de valoración debe ser razonable, es decir, someter a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, que den base para determinar cuáles juicios son verdaderos y cuáles falsos. Como consecuencia de lo anterior, y sin realizar una nueva valoración de la prueba, esta Sala ha examinado la valoración intelectiva realizada por el A-quo, para establecer si se han irrespetado o no las reglas de la sana crítica. Así las cosas, encuentra esta sala, que, en el acervo probatorio, figuran las declaraciones de los testigos, Leila Leticia Torres, Victoriano Hernández, Santos Pablo Hernández y Emilio Amaya Cálix, quienes establecen:Testigo Leila Leticia Torres: (F51) “… yo soy la coordinadora en fecha 12 de octubre del año 2012, fue trasladado el abogado Elmer Chinchilla, nos mandaron un memorando que venía de La Paz el señor don victoriano se presentó a la oficina se acercó a mi persona manifestándome que el señor Chinchilla lo había atendido por una denuncia, yo le dije que si lo quería denunciar y dijo que en esa fecha el abogado Chinchilla le había pedido unos centavos para hacer un papeleo en Comayagua, tome la denuncia, tome declaraciones informe al Abogado Adrián Rosales y me pidieron que ampliara las declaraciones, el señor Victoriano ratificó lo mismo que el abogado Chinchilla le pidió unos centavos y en ese momento andaba 500 lempiras y el hijo andaba los otros 500 lempiras, le asigné el caso en el año 2013, por lo tanto él no tenía asignado el expediente, yo hice mi informe e hicieron el trámite correspondiente…”. Por otro lado, se evacuó en juicio prueba documental consistente en copia certificada del oficio MAR-LP 505-2013, mediante la cual la testigo le informa al Señor Coordinador Regional del Ministerio Público abogado Adrián Rosales, sobre la denuncia interpuesta por Victoriano Hernández contra el agente fiscal. Asimismo, el Tribunal Sentenciador recibió prueba documental consistente en copia certificada de la hoja de asignación de casos del mes de febrero de 2013, según el cual el caso contra Lucio Benítez en perjuicio de Victoriano Hernández, le fue asignado ese mes a Elmer Chinchilla. El Tribunal sentenciador al analizar el testimonio de Leila Torres, nota una incertidumbre entre su testimonio y el oficio enviado a su superior jerárquico, en el sentido que indica que cuando interpone la denuncia el señor Victoriano Hernández en fecha 20 de agosto de 2013, manifiesta que no recuerda la fecha en que sucedieron los hechos refiriendo que fue en noviembre o en diciembre que el agente fiscal le hace la solicitud de mil lempiras, no resultando lógico a todo razonamiento humano porque también, la testigo, refiere en el oficio enviado a su superior, que Elmer Chinchilla aún no tenía asignada esta denuncia como fiscal del Ministerio Público, por lo tanto no podía cumplir su función asignada en los meses en que ocurrieron los hechos según la denuncia. Testigo Victoriano Hernández (F43 y F51) refiere: “Es por un dinero que le pague al abogado Chinchilla, me dijo que necesitaba el dinero para realizar un viaje, fueron L.1,000.00 se los entregue para ir hacer un viaje, en la fiscalía solo estaba Santos Pablo, el decía que era un viaje urgente a Comayagua”. Testigo Santos Pablo Hernández (F41,42 y F51) refiere: “ pues no será por un dinero, que pusimos una denuncia por un dinero que habíamos dado por mi papa, al ser interrogado, contesta de unos mi lempiras para reponer unos papeles nada mas de un vehículo que fue extraviado a nombre de Emilio, dijo que era para unos gastos dijo el abogado Chinchilla, aquí en Márcala, en la oficina de la Fiscalía, mi papá entrego 500 lempiras y yo di 500lempiras, era por una vuelta porque iba a arreglar unos papeles de un carro, Emilio nos dio una hoja en la oficina, era un traspaso, la fecha no la recuerdo, Chinchilla nos dijo que necesitaba unos centavos para ir a Comayagua donde estaba el carro, don Emilio solo entrego un documento hace como tres años, el iba a resolver lo del carro perdido”. El Tribunal estableció que la versión del señor Victoriano Hernández, quién es la persona que interpone denuncia en fecha 20 de agosto de 2013, ante la agente fiscal del Ministerio Público Leila Torres, al momento de rendir su testimonio sólo se limitó a decir que le entregó la cantidad de mil lempiras al abogado Chinchilla y le dijo que los necesitaba para hacer un viaje, en cuanto al hijo de éste, el señor Pablo Hernández, refiere que le entregaron un dinero para reponer unos papeles indicando que la fecha no la recuerda, pero que el abogado Chinchilla dijo que necesitaba unos centavos para ir a Comayagua, por lo que la versión del señor Victoriano Hernández y su hijo Pablo Hernández no cuentan con el suficiente sustento ya que solamente refieren que el abogado Chinchilla les solicitó la suma de 1000 lempiras, indicando uno que era para un viaje y el otro para unos documentos (traspaso); en relación a ello aprecia esta Sala que no existe prueba alguna que sustente o confirme lo dicho por uno u otro, es decir que el simple hecho de que dos testigos refieran que les han solicitado una cantidad de dinero o que han entregado el mismo, no es determinante para dar por cierto su dicho, los datos aportados por ellos necesitan ser confirmados mediante pruebas más objetivas, y en el caso de autos no se evacuó en el debate otra prueba objetivamente confiable con la que se pudiese confirmar o concatenar dicha afirmación. Esta Sala Penal, considera que la conclusión a que llega el A-Quo, además de fundarse en prueba legalmente admitida y evacuada, responde a las reglas de la lógica, ya que, el razonamiento de los juzgadores resulta coherente en concluir que estas declaraciones no constituyen suficiente prueba para establecer con certeza que se quebrantó el estado de inocencia de Elmer Chinchilla. También se refirió al testimonio de Emilio Amaya Calix (F41 y F52), el cual refiere: “por lo que vengo en realidad es porque don Victoriano me llamo a la fiscalía a que firme un traspaso de un vehículo, lo firme y eso fue todo, al Interrogatorio contesto: don Victoriano me dijo que firmara un traspaso para declararlo en la DEI, fui atendido en la oficina de él, que iba a llevar un traspaso, yo no escuche nada de él, llegue a las diez, pero no recuerdo la fecha que le vendí el vehículo, el no le dijo nada hasta que estaba allí, don Victoriano dijo que le firmara el traspaso”. El Tribunal sentenciador en análisis de este testimonio establece que el testigo llegó al Ministerio Público para que firmara el traspaso de un vehículo, pero refiere no haber escuchado nada. Siendo para el A-Quo importante valorar el medio de prueba documental consistente en el traspaso de vehículo, el cual fue incorporado mediante lectura en donde el señor Emilio Amaya Cálix, declara ser propietario del vehículo, que le vendió al señor Victoriano Hernández, y el cual se lo traspasó al señor Victoriano, en el municipio de Marcala, Departamento de la Paz, a los dos días del mes de marzo de 2012; al confrontar este medio de prueba documental con los testimonios rendidos sin lugar a dudas demuestra una clara contradicción, en relación a la fecha que refiere que en los meses de noviembre o diciembre del año 2012, el abogado Elmer Chinchilla atendió la denuncia número 867-12, y le solicitó unos centavos para arreglar unos papeles en Comayagua, por lo que le entregaron la cantidad de 1000 lempiras refiriéndose que el señor Emilio llegó a las instalaciones del Ministerio Público a firmar un traspaso de un vehículo, denotando que han faltado a la verdad ya que la fecha en que firmaron dicho traspaso de vehículo fue en fecha 22 de marzo del año 2012. Así mismo el Tribunal hace valoración de la prueba documental evacuada en juicio, consistente en: 1.- Copia certificada de acuerdo de nombramiento del señor Elmer Roberto Chinchilla; 2.- Copia certificada del oficio MAR-LP 505-2013 enviado por la Coordinadora de la Fiscalía del Ministerio Público de Márcala, La Paz al señor Coordinador Regional del Ministerio Público, sobre la denuncia interpuesta por el señor Victoriano Hernández; 3.- Copia certificada del libro de novedades que tienen asignados los vigilantes del Ministerio Público del año 2012 y 2013; 4.- Copia del informe final de la Dirección Nacional de Investigación sobre la denuncia número 867-12, por un delito de apropiación indebida, interpuesto por el señor Victoriano Hernández en contra del señor Lucio Benítez; 5.- Copia certificada de la hoja de asignación de casos del mes de febrero del año 2013, de la Fiscalía local de Márcala, La Paz, al abogado Elmer Roberto Chinchilla. A estas pruebas documentales, el Tribunal de Sentencia le dio su respectiva valoración a folio 53 de la sentencia, estableciendo en ellos que se acredita que el Abogado Elmer Chinchilla era funcionario de dicha institución en el año 2007; en cuanto al oficio enviado por la Coordinadora de la Fiscalía del Ministerio Público de Marcala, La Paz, en el cual es importante mencionar que en la fecha en la que se refiere el denunciante en fechas noviembre o diciembre del año 2012 aún no se le había asignado dicha denuncia, lo que significa que el contenido de esta denuncia no coincide y contradice lo contemplado con el traspaso de vehículo al señor Victoriano Hernández de Emilio Amaya con relación a la fecha que se supone llegaron a las oficinas del Ministerio Público; en el libro de novedades asignados a los vigilantes del Ministerio Público consta que en fecha 12/12/12 llegó el señor Victoriano Hernández con número de identidad diferente al que corresponde a su documento personal, pero lo mas notorio de esto es que, de acuerdo al libro de novedades en comento, el señor denunciante llegó solo y no acompañado como lo han referido en sus testimonios y por último el informe de la denuncia número 867-12 enviado por los agentes de investigación y la hoja de asignación de casos del mes de febrero al abogado Chinchilla. En la conclusión final el Tribunal establece: “...Para el Tribunal no es desconocido tampoco es un hecho controvertido que el agente fiscal del Ministerio Público ejercía su función como tal, no obstante el Ministerio Público no ha acreditado que el agente fiscal sea la persona que participó en el tipo penal de cohecho por los aspectos siguientes: 1) que los hechos relacionados por los agentes fiscales refieren que los hechos sucedieron en fecha 12 de diciembre de 2012 y que el señor Victoriano Hernández llegó en compañía de Santos Pablo Hernández, Emilio Amaya a firmar un documento de traspaso lo que no coincide con la fecha de expedición de dicho traspaso; y 2) en segundo lugar son las enormes contradicciones de la prueba testifical con la prueba documental y por último no se ha acreditado que el agente fiscal en fecha 12-12-12 haya tenido asignado dicho caso en el cual existan elementos sustanciales del injusto..”. Por lo anterior, al no haber logrado derivar de los medios de prueba preinsertos, razones suficientes para concluir la participación culpable del acusado en los hechos por los que se le acusa, esta Sala de lo Penal concluye que el A-Quo no ha vulnerado la regla de la sana crítica de la lógica, en su postulado de derivación, en sus apartados de razón suficiente y veracidad; en consecuencia de lo anterior, no se evidencia que se haya producido un vicio in procedendo; razón por la cual deriva declarar improcedente el único motivo de Casación interpuesto por el Ministerio Público. DECISION No ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal; FALLA: PRIMERO: Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo interpuesto por la Abogada Karla Padilla, en su condición de Fiscal del Ministerio Público.; SEGUNDO: Declara firme y ejecutable la sentencia de fecha diez de agosto de dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, Departamento de Comayagua. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.FIRMAS Y SELLO. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve. Certificación de la Sentencia de fecha nueve de agosto del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-105-2016.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

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