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Sentencia CP-104-16 — Registro 9654

Resumen

En primera instancia se absuelve al impurtado por el delito de Robo y Facilitación de Transporte para el Tráfico Ilícito de Drogas, se declara con lugar el recurso de casaciòn interpuesto por el Ministerio Público.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."EL MOTIVO ES DE RECIBO. Esta Sala constata que efectivamente, el juzgador omite expresar en la fundamentación o motivación jurídica de la sentencia recurrida las razones por las que concluye que del factum no se desprende que el comportamiento del acusado se subsuma en el tipo penal de Robo en su grado de ejecución de tentativa, y que constituye uno de los delitos por el que fue llevado a juicio, de ahí que su motivación jurídica es evidentemente insuficiente. El Tribunal Sentenciador en el numeral primero de la fundamentación jurídica solo se limita a transcribir los artículos 217 y 218 del Código Penal, que refieren al delito de Robo y en el numeral segundo de dicho apartado de una forma escueta manifiesta que los hechos por los que se ha traído a juicio al acusado no reúnen las características necesarias para ser calificados como una conducta típica del delito de Robo y Facilitación de Medios de Transporte para Tráfico de Drogas, siendo evidente que el juzgador hizo un esfuerzo únicamente para motivar su decisión en cuanto al delito de Facilitación de Medios de Transporte para el Tráfico Ilícito de Drogas, pero es indudablemente insuficiente y limitado en cuanto al delito de Robo en su grado de Ejecución de Tentativa, donde como ya se dijo únicamente transcribe los artículos de nuestro Código Penal que se refieren a dicho ilícito, pero no hace un análisis del porqué dichas normas están vinculadas al caso concreto y del porqué, en su caso, no son aplicables.Esta Sala de lo Penal no se pronuncia respecto al primer motivo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto, en virtud de que el segundo motivo planteado ha sido declarado con lugar...."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha treinta y uno de octubre del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta y un días de octubre del año dos mil diecinueve, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, José Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de coordinador Alma Consuelo Guzmán García y Miguel Alberto Pineda Valle, por excusa justificada del Magistrado Rafael Bustillo Romero, pronuncian .En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 104-2016 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintiuno de septiembre del año dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, Departamento de Comayagua, mediante la cual Absolvió al señor O. V. R. de los delitos de Robo y Facilitación de Transporte para el Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de M.Y. M. y la Salud de la Población del Estado de Honduras.- Se ordenó el comiso de una bolsa plástica transparente conteniendo 4,3 g., (cuatro coma tres gramos) de marihuana sobrante de muestra analizada. Interpuesto recurso de casación la Abogada M. I. C., en su condición de Fiscal del Ministerio Público. SON PARTES: La Abogada I. A. F.N., Fiscal en representación del Ministerio Público, como parte recurrente y los Abogados M. R. A. E. y A.. A. G., como Defensores Públicos del señor O. V. R., como parte recurrida .HECHOS PROBADOS“UNICO: El día domingo Once (11) de Agosto del año 2013, en La Ciudad de Comayagua, Departamento de Comayagua, en horas del mediodía a inmediaciones del parque Central, el señor O. V. R., fue detenido por Agentes de Policías Municipales.”Recurso de Casación. Motivos y Argumentos: Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma La recurrente Abogada M. I. C., procedió a formalizar su recurso de casación por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN I. POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: PRIMER MOTIVO: No haber observado el sentenciador en valoración de la prueba las reglas de la Sana Crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación, se encuentra comprendido en la parte final del numeral 3 del artículo 362 del CPP. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: En el caso que nos ocupa, el Juzgador al momento de dictar sentencia absolutoria infringió lo que establece el artículo 202 del Código Procesal Penal, pues ha valorado la prueba de cargo testifical, en violación a las reglas de la Sana Crítica, considerando que la diligencia de Registro Personal practicada por la Policía Municipal al imputado, vulneró el derecho a la intimidad de éste y por lo tanto, la prueba evacuada carece de validèz para demostrar los dos delitos antes señalados. Esta conclusión a la cual arribó el A quo, genera impunidad en el presente caso, por lo que, se torna de vital importancia que vosotros Honorables Magistrados, reviséis el proceso lógico de razonamiento que siguió el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa al examinar cada una de las probanzas que se le allegaron a fin de demostrar el delito de Robo en el grado de Tentativa y así evidenciar la inobservancia de la regla lógica en su postulado de Derivación, integrado por el principio de razón suficiente en su característica de suficiencia. El Tribunal en la sentencia de mérito, específicamente en la sección de la valoración probatoria, expone las consideraciones que le llevaron a decidir sobre la absolución de acusado del delito de Robo en Tentativa, por lo que consideramos que es necesario realizar una breve descripción de la prueba fundamental de cargo, encaminada demostrar la existencia del señalado ilícito: 1. Testigo M. S. L., quien manifestó lo siguiente: “Yo laboro como Policía Municipal en Comayagua, un día Domingo me encontraba con mi compañero, cuando observamos a un sujeto sospechoso que intentaba asaltar a una joven y nos acercamos a él, intentó darse a la fuga y le dimos persecución, como 10 metros más adelante y al momento de registrarlo, a la altura de la cintura le encontramos un sobre que contenía marihuana y lo detuvimos formalmente y lo pusimos a la orden de la autoridad y luego se presentó la joven a declarar que él era quien la había tratado de asaltar. El acusado le estaba tratando de quitar a la muchacha una bolsa que ella andaba estaba forcejeando con ella, nos acercamos y él intentó darse a la fuga razón por la que le dimos persecución”. 2. Testigo B. V. Policía Municipal, declaró: “… era un domingo a mediodía, patrullaje de rutina con mi compañero y en ese momento observamos que venía una menor de nombre M. Y. M. y observamos que un sujeto venía detrás de ella queriéndole robar, observamos el forcejeo, al momento de acercarnos él intentó darse a la fuga, unos diez metros después lo capturamos, haciéndole un registro personal a la altura de su cintura en el lado derecho le encontramos un envoltorio de papel periódico conteniendo hierba seca, procedimos a llevarlo a la DNIC….” 3. Ofendida M. Y. M., manifestó: “… yo venía por el parque Central y él se me acercó y me tomó de la mano y me pidió algo que yo andaba, él me pidió solo una carterita. Esto fue el 11 de agosto de 2013 a mediodía, me dijo que le entregara lo que yo andaba, él era trigueño, de baja estatura, delgado... yo andaba cruzada la carterita, pero allí no andaba nada, me agarró de la mano y me dijo: “dame lo que andas” y me quiso agarrar la carterita, pero como no andaba nada no la tomó, luego se acercaron unos policías y lo agarraron”. El sentenciador respecto a la prueba testifical señaló en el numeral segundo de apartado de valoración del fallo: “sus versiones fueron elocuentes y armónica entre sí, en cuanto a su esencia, sobre todo cuando manifiestan que ello practican un registro personal en zonas íntimas, situación que vulnera el derecho a la intimidad del acusado porque ese tipo de registro debe practicarse por personal especializado y supervisado por la Policía Nacional Preventiva y no por Agentes de Policía Municipales dado que no están legitimados para ejercer ese tipo de diligencias de práctica de registro en zonas íntimas, como tampoco de redactar actas de decomiso y de registro personal, como admiten los deponentes que ellos las practicaron y que aparecen sus nombres en las citadas actas, en tal sentido la práctica de ese registro carece de validez para efectos probatorios, ya que las circunstancias de su origen la vuelve espuria” La valoración supraindicada, evidencia que el ente jurisdiccional no ha considerado las declaraciones de cargo en todo su contenido, sino que únicamente le ha otorgado relevancia, en cuanto al Registro personal efectuado por los policías municipales al acusado; es por ello, que El Ministerio Público estima que el A quo, a través de la sentencia censurada, ha incurrido en el vicio in procedendo anunciado en el primer acápite de nuestra explicación del motivo, de manera, que procederemos a resaltar lo expresado por los deponentes de cargo en el debate y que conducen indudablemente a tener por establecido; la existencia del delito de Robo en el grado de Ejecución de Tentativa por el cual se acusó y que el procesado es el autor material del mismo, conclusión a la que llegamos con el análisis siguiente: • Los testimonios, nos muestran con claridad la serie de sucesos que ocurrieron, el día que se dio captura al acusado, de tal manera que toda la prueba en conjunto encaja perfectamente, mostrándonos la relación cronológica del hecho, es decir, cuando la ofendida, es atacada por el enjuiciado, para obligarla a que le entregara lo que andaba y tratando de arrebatarle una carterita que la misma llevaba cruzada a su cuerpo, siendo esta acción observada por los Policías Municipales, quienes intervinieron a efecto de interrumpir dicha acción, dándole detención a O.V. R.. • Estas declaraciones tienen concordancia y coherencia entre sí, pues coinciden en sus afirmaciones demostrando con ello, la veracidad de sus dichos. • Resulta claro, que con su intervención los Policías evitaron que el acusado despojara de sus pertenencias a la víctima, configurándose completamente los elementos del tipo penal de Robo en su grado de Ejecución de Tentativa. • La práctica del Registro por parte de los Policías Municipales se llevó a cabo posteriormente a la detención, y esta diligencia servía de base para sostener la acusación por el delito de Facilitación de Medios de Transporte para el Tráfico de Drogas, pero no tiene relación con el ilícito de Robo en el grado de Ejecución de Tentativa. • La acción perpetrada por el acusado de despojar de sus pertenencias a la joven M. Y.M. es totalmente independiente a la acción de portar entre sus pertenencias un envoltorio de hierba seca, por lo tanto, las misma constituyen ilícitos distintos tal y como lo sostuvo el ente acusador durante el proceso. En conclusión, el registro que dio lugar al decomiso de la droga, no invalida detención del acusado por el delito de Robo en Tentativa, para lo cual los Policías Municipales estaban totalmente facultados, pues por una parte, como bien lo expresa Tribunal en su motivación, podía detener al acusado por estar perpetrando un delito contra de la joven M.Y. M., como cualquier ciudadano haría, según el artículo 84 Constitucional, para el sólo efecto de ponerlo a la orden ce la autoridad competente, en este caso la Policía Nacional y por otra parte, la Ley de Policía y Convivencia Social (Decreto 226-2001) prescribe dentro de las funciones de la Policía Municipal, garantizar a los habitantes del territorio hondureño; el libre ejercicio de sus derechos y libertades, velando por el cumplimiento de las leyes y regulaciones que tienen por objeto proteger la vida, honra, bienes y creencias de las personas; mantener el orden público, las buenas costumbres y la armónica convivencia social; la erradicación de la violencia….”, en vista que la detención que se originó por el ilícito penal de Robo en su Grado de Ejecución de Tentativa, es independiente del registro que se realiza posteriormente y del que no se obtiene ninguna evidencia relacionada con esta infracción penal, por ende, resulta improcedente pretender la aplicabilidad de la doctrina del árbol envenenado. En consecuencia y en este orden de resultados, el Ministerio Público no logra extraer la razón por la cual el sentenciador dejó de valorar el contenido de las declaraciones testificales de cargo en todo su contexto, ya que sus deposiciones son congruentes precisas y claras, y constituyen una fuente imparcial de conocimiento de los hechos; además, la misma fue legalmente incorporada y al ser analizada de manera conjunta armónica, conducen todas ellas, a la inexorable conclusión de que el imputado sí perpetró los hechos delictivos por los cuales fue enjuiciado; por ende, con el proceso intelectivo de valoración del material probatorio de cargo, se vulneró, como antes se expuso, las reglas de la Sana Crítica que debió observar el juzgador al momento de valorar la prueba antes señalada, infringiendo el postulado de la Derivación integrado por el principio de Razón Suficiente, en su característica de suficiencia, el cual está constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y la sucesión de pruebas que de ellas se vaya determinando. En consecuencia, la Fiscalía como recurrente es del firme criterio, que se violentó en todos sus alcances las reglas de la Sana Crítica que le debe merecer al juzgador al momento de valorar la prueba en comento, tal y como lo expresa el artículo 202 dl Código Procesal Penal que inicialmente hemos señalado, dejando de lado la valoración de la prueba de una manera armónica y concatenada; no habiéndose reclamado previamente este vicio, pues se produce en el acto mismo de la sentencia.” “SEGUNDO MOTIVO: Que las Motivaciones Jurídicas sean insuficientes. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 3 del artículo 362 del CPP. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Abordaremos este motivo exponiendo que la sentencia contiene motivación jurídica insuficiente, cuando no se exponen con suficiencia los argumentos jurídicos sobre cuestiones fundamentales de la causa que justifiquen la decisión del sentenciador, situación que concurre en el presente caso, donde el juzgador, omitió señalar los fundamentos relacionados al delito de Robo en el grado de Ejecución de Tentativa, por el cual fue acusado el señor O. V. R.; es decir, no relaciona los preceptos legales y/o doctrinales para sancionar o no el ilícito penal supra indicado, en total desapego a lo establecido en la Regla Cuarta, numeral 3) del artículo 338 del Código Procesal Penal que textualmente establece: “….3.- Fundamentación Jurídica. En párrafos también separados y numerados se consignarán, de forma clara, sucinta precisa, con indicación de los preceptos o doctrina legal aplicables, los fundamentos legales de la calificación de los hechos que se hubiesen tenido para cada uno de los procesados; de las causas de exención, atenuación o agravación de la responsabilidad penal, en caso de condena, así como, los fundamentos doctrinales y legales de la responsabilidad civil en que pudieran haber incurrido las personas acusadas u otra sujetas a ella; del pronunciamiento sobre las costas; y de las disposiciones que puedan adoptarse sobre el destino de los objetos secuestrados”. La obligación de sustentar y motivar las decisiones judiciales es vital en el ejercicio de la función jurisdiccional, la necesidad de justificar las decisiones judiciales garantiza que sea la voluntad de la ley y no la del sentenciador la que defina el conflicto jurídico, en este sentido, la motivación de los actos jurisdiccionales, pueden ser vistos como componente que refuerza el contenido mínimo del Debido Proceso, dado que constituye una barrera a la arbitrariedad judicial y contribuye a garantizar la sujeción del juez al ordenamiento jurídico y el posterior control sobre la razonabilidad de providencia, lo que no sucede en el proceso subjudice, donde el juzgador omite pronunciarse en relación al delito de ROBO EN EL GRADO DE EJECUCIÓN TENTATIVA, ya que solamente motiva en lo atinente a la práctica del Registro Personal practicado al acusado y que produjo como consecuencia la elaboración de las respectivas Actas de Decomiso y Registro, mismas que aunque no están relacionadas con el delito de Robo en Tentativa, sino con el de Facilitación de Medios de Transporte para el Tráfico de Drogas; centrando su explicación en la práctica de dicha diligencia, cual hace en los siguientes términos: “… lo ilegal del acto no es la detención en puesto que inclusive los particulares están legitimados para dar detención en casos flagrancia para efectos de poner al detenido a la orden de la autoridad competente, èsto según el artículo 84 de la Constitución de la República, pero la práctica de un registro en zonas corporales íntimas sólo podrá llevarse a cabo en virtud de mandato judicial de acuerdo al artículo 206 del Código Procesal Penal y en el caso de autos, el registro practicado al acusado carece de eficacia legal. en ese orden de ideas las apreciaciones anteriores llevan al Tribunal a arribar a la conclusión de que la prueba obtenida en el presente caso concreto es prueba ilegal (espuria) y por ende incapaz de sustentar la acusación del Ministerio Público”, (Ver Fundamentación Jurídica, páginas 12 y 13 de la Sentencia), los argumentos del Tribunal, excluyen lo atinente a la existencia o no del ilícito de Robo en el grado de Ejecución de Tentativa, tampoco se refieren sus consideraciones, a la participación del acusado O. V. como autor del mismo, lo que provoca un perjuicio a las partes, impidiendo hacer un adecuado uso de la vía recursiva. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del vicio.”FUNDAMENTACIÓN Del Recurso de Casación por quebrantamiento de forma El juicio penal debe su legalidad al respeto de las formalidades establecidas en la ley, para que el proceso pueda desembocar en una sentencia válida, pero además a las formalidades exigidas en la redacción de la sentencia misma; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que la norma procesal ordena (Inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (Inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal. Esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. Segundo Motivo *Norma Autorizante: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. *Norma Procesal que se denuncia Infringida: Artículo 338 en su numeral 3, regla cuarta, del Código Procesal Penal. *Concepto de la Infracción: Motivación Jurídica Insuficiente *Reclamación Ex Ante: El yerro que produce la interposición del recurso se presentó en el acto de sentenciar, por ello no hubo reclamación previa. *Pretensión: No determinada por la recurrente. Explicó la recurrente que la sentencia impugnada contiene motivación jurídica insuficiente, ya que el Tribunal de Sentencia omitió señalar los fundamentos relacionados al delito de Robo en su Grado de Ejecución de Tentativa, por el cual fue acusado el señor O.V. R., ya que excluye lo atinente a la existencia o no de dicho ilícito y las consideraciones en torno a la participación del acusado como autor del mismo, pues el tribunal sentenciador solo motiva en relación a la ilegalidad de la práctica del registro personal realizado al imputado por agentes municipales y que produjo como consecuencia la elaboración de las respectivas actas de decomiso y registro, las cuales solo tienen relación con el delito de Facilitación de Medios de Transporte para el Tráfico Ilícito de Drogas, pero no con el delito de Robo en su Grado de Ejecución de Tentativa. De la Motivación de las SentenciasEl artículo 141 del Código Procesal Penal señala que la motivación es la expresión de los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa una resolución judicial, y en el caso particular de las sentencias, de las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido. El artículo citado establece que no constituye motivación la simple relación de las actuaciones que se hayan realizado en el proceso, la mención de los requerimientos o petitorias formuladas por las partes o sus apoderados legales o la cita o trascripción de preceptos legales. Ampliando lo anterior, la Sala de lo Penal hace eco del Código Iberoamericano de Ética Judicial, que en su Capítulo III de la Parte I, señala que la obligación de motivar las decisiones se orienta a asegurar la legitimidad del juez, el buen funcionamiento de un sistema de impugnaciones procesales, el adecuado control del poder del que los jueces son titulares y en último término, la justicia de las resoluciones judiciales; señala que motivar es expresar, de manera ordenada y clara, razones jurídicamente válidas, aptas para justificar la decisión, indica que una decisión carente de motivación es una decisión arbitraria. El Código Iberoamericano de Ética Judicial además establece que el deber de motivar adquiere una intensidad máxima en relación con decisiones privativas o restrictivas de derechos, o cuando el juez ejerza un poder discrecional, recalca que el juez debe motivar sus decisiones tanto en materia de hechos como de Derecho: a. En materia de hechos: debe proceder con rigor analítico en el tratamiento del cuadro probatorio, debe mostrar en concreto lo que aporta cada medio de prueba, para luego efectuar una apreciación en su conjunto; b. En materia de Derecho: no puede limitarse a invocar las normas aplicables, especialmente en las resoluciones sobre el fondo de los asuntos, sino que debe señalar porqué una norma legal debe regir un caso concreto. Añade que la motivación debe extenderse a todas las alegaciones de las partes, o a las razones producidas por los jueces que hayan conocido antes del asunto, siempre que sean relevantes para la decisión a tomar. En todos los casos, señala el Código referido, las motivaciones deben estar expresadas en un estilo claro y preciso, sin recurrir a tecnicismos innecesarios y con la concisión que sea compatible con la completa comprensión de las razones expuestas. En resumen, la motivación debe observar las siguientes características: expresa, clara, completa, legítima y respetuosa de la sana crítica.[1]Ahora bien, ordena el artículo 141 del Código Procesal Penal que las sentencias deberán ser debidamente motivadas, redactadas conforme lo establece el artículo 338 del mismo cuerpo legal, así pues, la falta de una motivación completa se traduce en el vicio in procedendo de insuficiente motivación y la falta de una motivación expresa, se traduce en el vicio in procedendo de Carencia de Motivación, provocando ambas situaciones la nulidad de la sentencia. Es importante recordar que las sentencias son la forma de comunicación entre el juez y la sociedad, en donde el primero rinde cuentas al segundo de la autoridad que se le ha confiado, también la sentencia es la forma como el juez defiende la validez y vigencia del derecho objetivo, aplicando éste al caso concreto que es disputado, finalmente la sentencia resuelve un conflicto surgido de la inobservancia de la ley, pronunciándose sobre las pretensiones antagónicas -condenatoria y absolutoria- que le han formulado las partes. Con lo expresado es posible derivar cuándo existe insuficiencia de motivación fáctica o jurídica y cuando tales motivaciones son totalmente carentes: a. Carencia de Motivación Fáctica o Jurídica: Acontece cuando la sentencia no posee ninguna motivación fáctica o ninguna motivación jurídica, es decir la total omisión de fundamento probatorio o jurídico y con ello se produce el desconocimiento de las partes y del público en general, del porqué los juzgadores tomaron la decisión final, convirtiendo el pronunciamiento en arbitrario. b. Motivación Fáctica o Jurídica Insuficiente: Se presenta cuando los juzgadores hacen un esfuerzo limitado en razonar sus decisiones no siendo posible con la lectura de la sentencia, retomar los pasos seguidos por los juzgadores para develar sus razonamientos y análisis, que desembocaron en los pronunciamientos del fallo. Son ejemplos de este vicio cuando se hace una descripción de los medios de prueba, mas no se consigna el proceso de valoración intelectivo; cuando dicha valoración se limita a manifestar que tal o cual prueba merece crédito o no merece crédito, sin expresar las razones de dicha conclusión o, cuando en la fundamentación jurídica solo se hace la cita de las normas legales o se transcriben las mismas, sin ninguna explicación del porqué están vinculadas al caso concreto y del porqué, en su caso, las normas invocadas por las partes no son aplicables; la Insuficiencia de Motivación también se presenta cuando los juzgadores, en la individualización de la pena concreta, no justifican la necesidad de la aplicación de la pena a imponer y su extensión.De la Procedencia del Recurso. El Motivo es de Recibo. Esta Sala constata que efectivamente, el juzgador omite expresar en la fundamentación o motivación jurídica de la sentencia recurrida las razones por las que concluye que del factum no se desprende que el comportamiento del acusado se subsuma en el tipo penal de Robo en su grado de ejecución de tentativa, y que constituye uno de los delitos por el que fue llevado a juicio, de ahí que su motivación jurídica es evidentemente insuficiente. El Tribunal Sentenciador en el numeral primero de la fundamentación jurídica solo se limita a transcribir los artículos 217 y 218 del Código Penal, que refieren al delito de Robo y en el numeral segundo de dicho apartado de una forma escueta manifiesta que los hechos por los que se ha traído a juicio al acusado no reúnen las características necesarias para ser calificados como una conducta típica del delito de Robo y Facilitación de Medios de Transporte para Tráfico de Drogas, siendo evidente que el juzgador hizo un esfuerzo únicamente para motivar su decisión en cuanto al delito de Facilitación de Medios de Transporte para el Tráfico Ilícito de Drogas, pero es indudablemente insuficiente y limitado en cuanto al delito de Robo en su grado de Ejecución de Tentativa, donde como ya se dijo únicamente transcribe los artículos de nuestro Código Penal que se refieren a dicho ilícito, pero no hace un análisis del porqué dichas normas están vinculadas al caso concreto y del porqué, en su caso, no son aplicables.Esta Sala de lo Penal no se pronuncia respecto al primer motivo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto, en virtud de que el segundo motivo planteado ha sido declarado con lugar. DECISIÓN. Se declara ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su segundo motivo. POR TANTO:La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 277, 338, 359, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal. Falla: Primero: Declara ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su segundo motivo interpuesto por la Abogada M. I. C., en su condición de fiscal del Ministerio Público, contra la sentencia emitida por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, Departamento de Comayagua, en fecha veintiuno de septiembre de dos mil quince, por medio de la cual absolvió de responsabilidad penal al señor O. V. R., como autor responsable de la comisión del delito de Robo en perjuicio de M.Y. M. y Facilitación de Medios de Transporte para el Tráfico Ilícito de Drogas en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras. Segundo: Casa la sentencia Tercero: Declara la nulidad del debate y de la sentencia de fecha 21 de septiembre de dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, Departamento de Comayagua únicamente en cuanto a la absolución del señor O. V.R., por el delito de Robo, quedando incólume dicha sentencia en cuanto a la Absolución por el delito de Facilitación de Medios de Transporte para el Tráfico Ilícito de Drogas. Y MANDA: I. Que se repita el debate ante un Tribunal de Sentencia distinto al que conoció el juicio anulado. II. Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. FIRMAS Y SELLO.JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA.MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MAGISTRADO.FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de enero del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha treinta y uno de octubre del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-104-2016.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

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[1]VID Sentencia de Casación Penal SP 266-2010 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 15 de abril de 2013.