Sentencia CP-048-16 — Registro 9895
Resumen
En primera instancia se condeno al imputado como autor del delito de Extorsión Continuada en perjuicio de los Testigos Protegidos. Resolviendo en segunda instancia Sin Lugar.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"De la Procedencia del Recurso EL RECURSONO ES DE RECIBO.- En el presente caso cada una de las partes han planteado su Teoría del Caso y con éste, su Tema de Prueba:1.- El Ministerio Público, formalizó cargos (f. 123), señalando que el acusado J. A. M. A. gerente de una empresa de taxi con 38 afiliados, en el año 2008 convocó a una reunión indicándoles a los miembros transportistas que explotaban la ruta que tenían que pagar L 100.00, los días lunes de cada semana en concepto de “Impuesto de Guerra”, ya que era una exigencia de la Mara MS, y que de no pagar los mareros los iban a matar a ellos y a los pasajeros, a lo que los taxistas accedieron; en el mes de agosto de 2010,los taxistas; en el mes de octubre de 2013, el acusado señalo que una de las maras había aumentado L 50.00 la cuota y que ahora semanalmente debían de pagar L 250.00, amenazando el acusado en dar los números de taxis a los mareros en caso de que alguno de los transportistas no accediera a pagar.- El 06 de enero de 2014 el acusado fue requerido por miembros de la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA), a fin de que proporcionara información que ayudara a identificar a los miembros de la Mara MS y de la Mara 18 que le obligaban hacer los cobros a los taxistas, lo cual el acusado no hizo.- En la audiencia de debate el Ministerio Público señaló que el acusado era la persona que directamente amenazaba a los taxistas, tomando el dinero recolectado para sí.2.- La Defensa Privada, expuso como tesis de descargo en la audiencia preliminar que el acusado era el Presidente de una empresa de taxis (Taxis Olímpicos), que explota ruta donde operan dos pandillas o maras, y que por tanto era el encargado de recibir el “impuesto de guerra” y entregarlo; que el acusado en realidad fue víctima del delito de Extorsión y que efectivamente fue requerido por la FNA, pero que dadas las nulas garantías de seguridad y por temor de perder la vida o la de su familia, no colaboró con los agentes. Ambas tesis tienen hechos coincidentes como ser que el acusado era Presidente de una Asociación de Taxistas y que como tal comunicó a los asociados que tenían que pagar semanalmente una cantidad de dinero (que llego a ser de L 250.00 por vehículo), en concepto de “Impuesto de Guerra” para las Maras; cantidad de dinero que debía entregarse a las pandillas a cambio de que éstas no realizarán ningún acto en contra de la vida o integridad de los conductores de taxis o los pasajeros que utilizaban el servicio y que era recolectado por el acusado los días lunes de cada semana, desde el año 2008 hasta el 2014; El diferendo entre las tesis radica en que mientras el Ministerio Público señaló que el acusado se valió de amenazas falsas pero con apariencia de verdad para obligar a los conductores y así apropiarse del dinero, la Defensa Privada alegó que las amenazas si fueron recibidas de miembros de las pandillas y que todo el dinero recolectado se entregó a éstos.De tales tesis, el Tribunal de Sentencia, partiendo de la prueba aportada en la audiencia de debate, declaró como acreditada la planteada por el Ministerio Público; el A-Quo dio por probado que el acusado J. A. M. A. entre 2008 y 2014, falsamente señaló a los integrantes de la asociación de taxistas de la Colonia Villa Olímpica que pandillas exigían la entrega de dinero a cambio de no realizar actos violentos en contra de los conductores o pasajeros y que además amenazó directamente a los taxistas que de no pagar de manera puntual el dinero, él procedería a dar los números de taxi deudores a la pandilla para que les privara de la vida.El Recurrente, no estando de acuerdo con la decisión arribada por el Tribunal de Sentencia plantea recurso de casación por quebrantamiento de forma, mismo que adolece de defectos -tanto de forma- como de fondo que imposibilitan otorgar la pretensión perseguida con el mismo:a) Como defecto de forma el motivo planteado carece de precisión.- El recurrente estableció que su motivo consistía en denunciar violación de las reglas de la sana crítica y de hecho en el escrito inicia dando una pequeña explicación doctrinal de la regla lógica de derivación que es la que se considera inobservada en el proceso de valoración de la prueba, pero adicionalmente en el libelo el recurrente también protesta por considerar que los Jueces de Sentencia no motivaron de manera suficiente (no explicaron) por qué se otorga o se resta credibilidad a determinadas pruebas, lo que es un motivo distinto al señalado (Falta de Motivación Suficiente), y que debe ser objeto de reclamo de manera independiente.- Pero además, abonando a la falta de precisión aludida, el recurrente más adelante señala que los juzgadores solo valoraron la prueba de cargo y que rechazaron la prueba de descargo, lo que sería una nueva denuncia (Falta de Motivación) que también requería ser planteada y desarrollada en otro motivo independiente. Los defectos de forma son más importantes respecto al supuesto motivo que sustenta el recurso: La violación de la regla lógica de derivación por falta de razón suficiente.- Todo recurrente que plantee casación bajo este motivo asume un alto compromiso que implica la ardua tarea de identificar el silogismo judicial que considera indebidamente construido, determinar la fuente de la premisa mayor, de la/s premisa/s menor/es y luego, lo más importante, demostrar que la inferencia realizada (deductiva, inductiva, analógica A Pari o analógica A Fortiori) es incorrecta y que por ello la conclusión que se dice necesaria en realidad no lo es; tarea que no termina allí pues además debe explicar por qué tal conclusión malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada.En el caso de marras, el recurrente no cumple el compromiso aludido de señalar cual es el argumento judicial malogrado que alberga el vicio, no explica cuál es el supuesto silogismo violatorio del principio de razón suficiente y como éste es relevante en la decisión tomada por el Tribunal; a partir de lo alegado, la Sala de lo Penal no tiene duda de que el recurrente presenta queja sobre la valoración, no porque plantee una mala construcción del razonamiento judicial, sino porque no está de acuerdo con ella al ser disonante con su pretensión, alegato que no es propio para un Recurso de Casación. No existe en el escrito del recurso, identificación de un silogismo judicial, análisis de premisas y demostración de una mala inferencia que termine en una indebida conclusión derivada, sino una queja de que la prueba fue valorada de forma diferente a como pretendía la defensa del acusado, pues su alegato estriba en que no se puede dar credibilidad a testimonios, que no son concluyentes y que no establecen que se hacía con el dinero producto de la extorsión y que por tanto el Tribunal de Sentencia no puede tener certeza de que el acusado J. A. M. no entregaba dichas cantidades de dinero a los mareros; Es decir, el Recurrente ataca directamente la prueba y la valora de manera personal, resintiendo que el A-Quo no haya tenido la misma apreciación. Es de tener presente que conforme la naturaleza del Recurso de Casación resulta irrelevante el criterio que pueda generar la prueba al Ministerio Público, al Acusador Privado, a la Defensa, etc. e inclusive al propio Tribunal de Casación; lo que consideren las partes o la Sala de lo Penal que debió haber sido la valoración de la prueba no es vinculante, sino que lo determinante es el criterio probatorio del Tribunal de Sentencia y si éste fue construido en respeto a las reglas de la sana crítica; ergo el motivo de casación debe concentrarse única y exclusivamente en demostrar que el criterio del juzgador fue construido con inobservancia de esas reglas y principios que componen el recto entendimiento humano y en particular cuando se alegue violación al principio de derivación a causa de inexistencia de razón suficiente, dicho análisis debe ser dirigido a demostrar la inexistente conexión entre la conclusión judicial con las premisas a consecuencia de una indebida inferencia lógica.b)Como defecto de fondo dada una indebida inversión de la prueba. - Reprocha el recurrente que no se desvirtuó en el debate que el acusado J. A. M. no entregase el dinero que recolectaba de los conductores de taxis a los miembros de la mara; que de ello no tienen conocimiento los testigos de cargo; olvida el recurrente que la prueba de este hecho es tema de defensa conforme a su tesis de descargo y que por ello le correspondía al acusado a través de su defensor acreditar tales extremos. El contenido de la imputación fue acreditado por el Ministerio Público, hechos que en su mayoría fueron igualmente aceptados por la Defensa, siendo estos: i. El acusado era presidente de una empresa de taxis conocida como Taxis Olímpicos, que tenía tres puntos de atención (Puntos de Taxi), en la Colonia Villa Olímpica de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en los años 2008 al 2014; ii. Que el acusado desde el año 2008 y hasta el 2014, exigía a los conductores de taxis la entrega de unImpuesto de Guerrapor Maras o Pandillas; Tal impuesto consistía en el pago semanal de una cantidad de dinero por cada vehículo taxi que funcionaba en los puntos de atención, pues señalaba el acusado que -de no hacerse el pago- las pandillas o maras realizarían actos en contra de la vida de los conductores y/o de los pasajeros del servicio de taxi; iii. El acusado durante los años señalados recolectaba el dinero los días lunes de cada semana.Los tres hechos anteriores fueron declarados probados por el Tribunal de Sentencia y además forman parte de la tesis de la defensa; pero adicionalmente el Tribunal de Sentencia estableció como probado: iv. El acusado, cuando realizaba el cobro del Impuesto de Guerra, advertía a los conductores que de no realizar el pago respectico él proporcionaría los números de taxis de los deudores para que las Mara o Pandillas les privaran de la vida, tanto a ellos como a sus pasajeros; v. El acusado se apropiaba del dinero recolectado como Impuesto de Guerra, para su provecho propio.El Recurrente reprocha la afirmación hecha por el A-Quo que los dineros recibidos por el acusado nunca fueron entregados a los mareros sino que aquel se quedaba con ellos, increpa que no se puede dar credibilidad a testimonios que no son concluyentes y que no establecen con certeza que se hacía con el dinero producto de la extorsión; el recurrente no toma en consideración que conforme al Principio de la Carga de Prueba cada parte que afirma un hecho de cargo (Acusador) o de descargo (Defensa), le corresponde su acreditación; De este modo el Ministerio Público ha acreditado mediante la prueba, que el acusado exigió el pago y recolectó dinero a los conductores de taxis por alrededor de seis (06) años bajo la amenaza de que de no hacerlo podrían perder su vida e inclusive de los pasajeros que usaban el servicio; Tal hecho se ajusta de manera perfecta al ámbito situacional que precisamente castiga el delito de Extorsión, por lo que el ente acusador cumplió su promesa hecha en la formalización de cargos.- Por su parte la defensa alegó en la audiencia de debate que ese dinero era entregado a las Maras porque el acusado había recibido requerimientos amenazadores de ellas, más este hecho de descargo de la defensa no fue probado; el recurrente ahora en casación protesta pues indica que el Tribunal de Sentencia no tiene la certeza de que el dinero no fuera realmente entregado a las Maras por requerimiento de éstas, pero precisamente esa falta de certeza fue la que operó en contra del acusado, por ser una afirmación de descargo que debía haber sido acreditada por la defensa, lo que no ocurrió; entonces se impone la tesis primaria de la parte acusadora ya explicada.- Considérese que salvo el año 2009 que tuvo 53 semanas, los años 2008 a 2014 tuvieron 52 semanas cada uno (total 365 semanas), y que el acusado en ninguna de esas 300 veces aproximadamente que recogió el dinero de la extorsión (una vez cada semana), pudo acreditar que lo haya entregado a un miembro de la Mara o Pandilla, tampoco que durante esas 300 semanas haya él recibido una amenaza proveniente de Pandilla o Mara para la recolección y entrega de dinero. Según el Recurrente, la violación al principio lógico de razón suficiente es como consecuencia de que el Tribunal de Sentencia da valor a testigos que no tienen conocimiento ni certeza de que el dinero entregado al acusado no era para mareros, no pudiendo dar plena certeza el juzgador de que el acusado se quedaba con ese dinero; de esta forma el recurrente no solo se aleja de la naturaleza del motivo, que exige que la identificación de un razonamiento judicial construido con colisión a las reglas de la sana crítica, sino que además solicita que se interprete a favor del acusado un vacío de prueba sobre un hecho que le correspondía acreditar al mismo acusado ..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha treinta de mayo del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de mayo del año dos mil diecinueve, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, en su condición de Coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian, En Nombre Del Estado De Honduras La sentencia en el Recurso de Casación SP 048-2016por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintiocho (28) de mayo del dos mil quince (2015),dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual: Condenó al señor J. A. M. A. como autor del delito de Extorsión Continuada en perjuicio de los Testigos Protegidos Con Clave G115-01 y G115-03, a la pena de veinticinco años de reclusión y a una multa de seis cientos trece mil seiscientos once lempiras con cincuenta y ocho centavos (L 613,611.58), que es lo que equivale a los ochenta y tres punto treinta y cuatro salarios mínimos, a favor del Estado de Honduras más las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, durante el tiempo de duración de la pena principal.- Se declara al condenado J. A. M. A. responsable civilmente como consecuencia del delito por el cual ha sido condenado.- Se declara el comiso de un celular marca SONY, color negro, embalado y la cantidad de tres mil cien lempiras (L 3,100) por no poder establecer a quien pertenece. - No procede condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio, se proceda a remitirlos al destino legal correspondiente.Son Partes En La Única Instancia: El Abogado J. R. A. apoderado defensor privado del acusado J. A. M. A. en su condición de Recurrente y el Abogado S. C. A. Agente fiscal del Ministerio Público, en su condición de Recurrido. Hechos Probados De La Instancia“Único: Desde el año 2008 hasta el 2014 los taxistas afiliados al punto de taxis de la colonia Villa Olímpica de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, fueron obligados por el presidente de la empresa J. A. M. A. pagar la cantidad de doscientos cincuenta lempiras L. 250.00 semanales que dejaba para provecho propio bajo el argumento de que era un pago en concepto de impuesto de guerra cobrado por las maras MS y 18 recibiendo personalmente cada semana el dinero de los conductores, conminado a los transportistas a pagar puntualmente la cantidad indicada, advirtiéndoles a los que se negaban de no efectuar el pago, proporcionaría a los miembros de dichas organizaciones criminales, los números de taxis para que los privaran de su vida tanto a ellos como a sus pasajeros.”Recurso De Casación. - Motivos Y Argumentos“ Recurso de casación por quebrantamiento de forma: El tribunal de sentencia de san pedro sula, departamento de cortes, en la sentencia condenatoria dictada contra el imputado J. A. M. A. cometió quebrantamiento de forma a la sentencia definitiva, al no observar la regla de la sana critica de la ley fundamental de lógica de la derivación específicamente el principio lógico de razón suficiente. Precepto autorizante en el artículo 362 numeral 3 del código procesal penal se instituye el vicio en la sentencia definitiva cuando ha incurrido el sentenciador en falta de observación de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba, veamos: “que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o si en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica. “Precepto infringido los preceptos penales adjetivos que se invocan como infringidos por falta de aplicación, prescriben: artículo 202: “las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida” (lo resaltado es nuestro). - por su parte el párrafo primero del artículo 336 de la misma ley señala: “el tribunal, para resolver, sólo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica”. Artículo 338 del código procesal penal que expresa: “requisitos de la sentencia. Las sentencias se redactarán por escrito, con sujeción a las reglas siguientes: primera: segunda: tercera: cuarta: se consignará la fundamentación del fallo de la manera siguiente: 1), 2) valoración de la prueba. Seguidamente se expresarán las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos, justificando, según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio y, en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de indicios, igualmente declarados probados. (lo recalcado es mío) explicación del primer motivo de casación por quebrantamiento de forma. Honorables magistrados, como es de su conocimiento, quien pretenda invocar un motivo de quebranto de forma por haberse inobservado las reglas de la sana crítica, deberá indicar claramente el motivo establecido en la ley procesal, el vicio que cometió el juez o que permitió que se formara en su actividad de valoración de cada una de las pruebas, que regla de la sana crítica que fue inobservada en cada una de ellas y por una vía de demostración idónea, la incidencia que ha tenido ese vicio en la decisión judicial, que afecta en definitiva, el interés de las parte recurrente; consecuentemente, corresponde a la sala penal una vez planteado el recurso, realizar un juicio técnico de derecho a la sentencia definitiva promulgada por un tribunal de sentencia, sometiéndola a un examen especial, que implica determinar, si está demostrado o no, el motivo y vicio denunciado; ajustándose a las exigencias moldeadas en el artículo 363 del código procesal penal. En el caso que nos ocupa somos del criterio que se ha vulnerado el principio de razón suficiente, como principio lógico de la lógica misma que está constituida por las leyes fundamentales de la coherencia y la derivación, y por los principios lógicos de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente. Entendiéndose por derivación el que cada pensamiento provenga de otro con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir, de un juicio que no es derivado sino un punto de partida para otros. A su vez de la ley de derivación, se extrae el principio lógico de razón suficiente, por el cual todo juicio, para ser realmente verdadero, necesita de una razón suficiente, que justifique lo que en juicio se afirma o niega con la intensión de que sea verdad. Por lo que, para acreditar el motivo de casación invocado, nos remitiremos al contenido textual de los extractos de la sentencia donde se puede analizar no solo el vicio denunciado, sino su incidencia en el fallo condenatorio arbitrario e inhumano dictado en contra de mi poderdante J. A. M. A. ya que a sabiendas el tribunal de sentencia no da razón suficiente del porqué le otorga y le resta credibilidad a determinadas pruebas, entre estas la declaración de la propia supuesta de las supuestas víctimas que se constituyeron como testigos protegidos, y de las actas de vigilancia, y deposiciones de los agentes de investigación, cuando éstos refieren que esos hechos no pudieron ser cometidos, siendo otras las razones de donde se derivan su explicación y consecuentemente resultan ser decisivos porque cambiaran completamente el fallo dictado. El recurrente, establece en primer lugar que mi representado J. A. M. A. es condenado por el tribunal de sentencia como autor de cuatro delitos de extorsión continuada a la pena de 25 años de reclusión. Por lo que, según los hechos probados, la valoración de la prueba y la fundamentación jurídica de la sentencia recurrida, se aduce que el imputado J. A. M. A. : hechos probados. Único: valorando la pruebas practicadas en el acto del juicio oral de acuerdo de los criterios de la sana crítica, este tribunal declara y expresamente probado los hechos siguientes; único: desde el año dos mil ocho hasta dos mil catorce los taxistas afilados al punto de taxis de la colonia villa olímpica de san pedro sula del departamento de cortés fueron obligados por el presidente de la empresa J. A. M. A. apagar la cantidad de doscientos cincuenta lempiras semanales que dejaba para provecho propio bajo el argumento de que era un pago en concepto de impuesto de guerra, cobrado por las maras m.s y dieciocho, recibiendo personalmente cada semana el dinero de los conductores, conminando a los transportistas a pagar la cantidad indicada, advirtiéndoles a los que se negaban de que no efectuar el pago proporcionaría a los miembros de dichas organizaciones criminales los números de taxis para que los privaran de sus vidas tanto a ellos como a sus pasajeros. El origen de la conocida causa que fuera conocida y fallada por esta sala se remite que allá en los transcursos del año dos mil ocho cuando mi representado J. A. M. A. fungía como presidente de la presidente del punto de taxis de la colonia villa olímpica de esta ciudad de san pedro sula, se presentó ante los testigos protegidos quienes manifestaron que desde ese tiempo tenían que pagarle la cantidad de doscientos cincuenta lempiras, de los cuales ciento cincuenta lempiras eran para la mara 18 y cien lempiras para la mara ms en concepto de impuestos de guerra y que bajo amenazas que el taxista que no pagara J. A. M. A. haría una lista a los mareros para que los mataran con su familia o sus pasajeros. Luego el día veintisiete de enero del año dos mil catorce las autoridades competentes le dan captura a mi representado lo pone a disposición de la fiscalía del ministerio público y le dictan requerimiento fiscal porque se le encuentra al momento de practicarle registro personal que andaba tres mil cien lempiras supuestamente producto de la extorsión que aducen los testigos protegidos clave g-115-01, g-115-02 y g-115-03. Luego de esto a través de todos los momentos procesales que antecedieron el juicio oral y público mi representado no ha tenido la oportunidad de que su caso sea visto y tratado objetivamente por ni por los juzgadores ni por ente acusador del estado. En el desarrollo del juicio oral y el ministerio público se hizo valer de lo único que tuvo desde el principio que son los testimonios de los testigos protegidos con clave g.115-01, y g-115-03, igual la defensa por su parte confiando en la objetividad, imparcialidad y transparencia de la justicia, presento al testigo D. p. como también prueba documental de la defensa en dicho juicio oral y público el tribunal juzgador desecho y puso en la cesta de la basura toda la prueba de la defensa y valoró únicamente la prueba de cargo presentada por el ente acusador del estado, causando la inconformidad de mi representado por la inobservancia de la regla de la sana crítica que ha dejado como resultado una inaceptable y censurable sentencia que deja como resultado la condena a mi representado, motivando en consecuencia la promoción del recurso de casación bajo las modalidades siguientes. El tribunal sentenciador destaca del elenco probatorio evacuado en la vista del debate dos medios de prueba decisivos consistentes en la declaración de los testigos protegidos con claves. G-115-01, y g-115-03, mediante los cuales el tribunal después de analizar y hacer las valoraciones respectivas aduciendo haber hecho tal valoración tomando en cuenta su argumento que han sido cuidadosos en el análisis de los hechos declarados probados en base a los testimonios de los testigos protegidos en referencia y que los llevó al convencimiento jurídico que efectivamente el ministerio público logró probar que desde el año dos mil ocho hasta el año dos mil catorce el señor J. A. M. A. mediante amenazas le cobraba a los testigos protegidos la suma de doscientos cincuenta lempiras semanales para pago de impuesto de guerra y que dejaba para provecho personal dichas cantidades de dinero. Para señalar con claridad el error de la injusta sentencia el tribunal sentenciador solo toma en cuenta los testimonios de los tres testigos protegidos y en base a eso declara como hecho probado único el cual lo describimos en este libelo, hecho probado que dista de los criterios de valoración en vista que para poder arribar el tribunal sentenciador se hizo allegar de elementos probatorio que utilizó en forma sesgada y les dio su propia interpretación por lo que nos devengo obligado a señalar el vicio en la valoración de la prueba. En la página cuatro de sentencia en su acápite literal en la valoración de la prueba: referente a la deposición del testigo clave g 115 -01. Dijo en esta sala que hacía mucho tiempo trabajo en esta empresa, pero son perjudicados y que por temor a amenazas que hace el señor J. M. pero que bajo unas cosas no son ciertas…. Continúa manifestando el testigo según la sentencia el señor decidió pedir cien lempiras no tomaba en cuenta a los compañeros y hay que convocar a una reunión y tomar en cuenta siempre es el machismo de él y sigue de presidente de la empresa tiene interés antes se pagaba ciento cincuenta lempiras los lunes, después trescientos treinta pero no da cuenta para que es ese dinero J. se iba con un compañero pero a comer y no a dar o entregar el dinero por eso se responsabiliza M. ..........continua declarando el testigo clave g115-01 que ya no trabaja en la empresa y que ahora está en otra que corre por la Toyota y no les paga a los mareros más bien los cuidan continúa manifestando el tribunal en su página seis párrafo segundo de su valoración que a pregunta de la defensa el mismo testigo se refirió que él sabe, que ahora pagan setecientos lempiras, porque es fácil, solo mando averiguar unos compañeros tenían que averiguar si era cierto lo que decía M. pero nunca averiguaron porque todos lo hacían a la espalda de ellos el dinero que se paga ahorita lo ocupan para pagar abogado para sacarlo de la cárcel y que con la esposa y el vicepresidente dieron la orden para pagar cien lempiras para el abogado. Jamás vio la cara de los mareros ni verificaron que dieran el impuesto de guerra. (subrayado es mío) en referencia el testigo protegido identificado con la clave g-115-03, manifestó en la vista pública…. En el año dos mil ocho dijo que las maras les exigían que pagaran cien lempiras, y manifestó que el señor J. A. M. pero que no le consta que se pagara porque nadie le acompaña a dejar el dinero, ...... Continúa refiriendo el tribunal en la deposición del testigo.... Y él llamó desde el presidio y les dijo que no perdieran la empresa y se formó una directiva se pagaban cuarenta lempiras despachadores y radio, pero ahora salió uno más bárbaro y cobran ciento veinticinco lempiras diarios ese señor dice que recibe órdenes de J. M. y éste está preso y de esos ciento veinticinco lempiras se paga por parqueos y mareros, a preguntas del fiscal refiere nunca vio a quien le daba el dinero M. y no se sabe si es cierto o no. (subrayado es mío) el tribunal al valorar estas declaraciones el tribunal les da entera credibilidad en base a los siguientes elementos: el tribunal de sentencias a estas declaración les concede total valor probatorio pues se percibe por estos juzgadores que han aportado elementos consistentes sobre la dinámica de los hechos sin evidenciar en ellos ánimo alguno de alterar el conocimiento que del mismo adquirieron por sus propios sentidos por haberse encontrado en el lugar dudas en que los hechos se suscitaron, además al confrontar las declaraciones de unas de lo otras resultan coincidentes en la sustancia de los mismos tanto en actos anteriores y coetáneos y posteriores al cobro de las cantidades del dinero que semanalmente tenían que pagar de la semana del 2008, y aun después que el señor J. A. M. A. fuera detenido a consecuencia del cobro que éste les hacía que era un pago para las pandillas ms y 18 puesto que también refirieron que en la actualidad tienen que pagar para que no atenten contra sus familias y hasta pasajeros que llevan y que los pagos que hacen en la actualidad y que los pagos los entregan al señor D. evento pineda valle por ser lo persona que está encargada por la empresa de taxistas. Es importante mencionar que el tribunal les concede valor probatorio en forma total, al referir que estos testigos percibieron bajo sus sentidos los hechos como ser que el señor A. estaba encargado de cobrar una cantidad de dinero que era entregada a los mareros, si vemos con detenimiento el tribunal de sentencia al momento de emitir su fallo, hace una segmentación de los testimonios, y ese fraccionamiento de dichos relatos, los acomoda en su sentencia de tal forma que pierden su real dimisión sobre este extremo muy importante de cómo se descubrieron los hechos, y decimos que es muy importante porque precisamente de esa segmentación antojadiza que hacen los jueces de sentencia, es que derivan la responsabilidad penal del ahora imputado J. A. M. A. y obviamente de esa segmentación de los testimonios emiten sus razonamientos ilógicos alejados del principio de razón suficiente; veamos: refieren que los dineros nunca fueron entregados a los mareros sino que el imputado se quedaba con el dinero objeto del cobro, sin embargo ninguna de las deposiciones de los supuestos testigos presenciales, refieren expresiones que el mismo tribunal plasmo en su sentencia como ser pero nunca averiguaron porque todos lo hacían a la espalda de ellos el dinero que se paga ahorita lo ocupan para pagar abogado para sacarlo de la cárcel y que con la esposa y el vicepresidente dieron la orden para pagar cien lempiras para el abogado. Jamás vio la cara de los mareros ni verificaron que dieran el impuesto de guerra…a preguntas del fiscal refiere nunca vio a quien le daba el dinero M.. Como el tribunal puede dar credibilidad total a testimonios que no son concluyentes y que no establecen con certeza que se hacía con el dinero producto de la extorsión que están sufriendo todos incluyendo a mi representado J. A. M. A. y los 31 socios de la empresa de taxis, el tribunal no tiene fundamento que de la verdadera certeza de que mi representado no entregara dichas cantidades de dinero, por el contrario si tiene probanza que aún después de mi representado el testigo con clave g-115-1 manifiesta en forma contundente que...“pero ahora salió uno más bárbaro y cobran ciento veinticinco lempiras diarios ese señor dice que recibe órdenes de J. M. y este está preso y de esos ciento veinticinco lempiras se paga por parqueos y mareros, a preguntas del fiscal refiere nunca vio a quien le daba el dinero M.... Y no se sabe si es cierto o no.” Si vemos esta deposición refiere que ahora hay otro que es el encargado de recolectar el famoso impuesto de guerra, consecuencia de ello resulta fundamental que el problema del impuesto no es mi representado ni de ninguno que llegue a tener la presidencia de dicha empresa sino de la inseguridad que se vive actualmente en el país. El tribunal de sentencias falla en la valoración de la prueba en el sentido de la razón suficiente, pues resulta incongruente que por una parte los testigos no tienen el conocimiento y la certeza de que los dineros no fueron entregados a los mareros, como puede el tribunal dar la plena certeza de que se quedaba los dineros objetos de esta injusta acusación, por eso sesga las declaraciones y las acomoda a efecto de sustentar un fallo condenatorio insustentable. También se evacuaron las tres actas de vigilancias las cuales obran en la página 11, 12, de la sentencia en la valoración de dichas actas, en la cual el tribunal de sentencias refiere en cuanto a la valoración: a la prueba documental descrita que se refiere a las tres actas de vigilancia y actas deregistro y de decomiso hechas a J. A. M. estos juzgadores le damos total credibilidad, pues le corresponden los requisitos característicos de esos documentos, siendo además ratificados en su contenido por parte del agente que las realizo como agente de investigación encargado del caso y constituyen a juicio de este tribunal, medios de prueba objetivamente confiables al haber ser percibidos por el declarante directamente, constituyendo prueba de cargo suficiente contra el imputado, puesto que de los documentos se deriva en su lectura y tal como fueron ratificados, que son coincidente con lo declarado tanto por el agente f. P. c. como con los demás testigos, con la portación de que en fechas once de noviembre de dos mil trece, dos de diciembre de dos mil trece y veinte de enero del dos mil catorce, procedieron a darle vigilancia al procesado M. en esos días, fechas en que el procesado cobraba el dinero a los taxistas que se ubican en el punto del sector del estadio olímpico, exactamente refiriendo el acta de fecha 11 de noviembre del dos mil trece, que una vez que J. A. M. finalizaba la acción de, se conducía hacia su casa de habitación sin salir de la misma.- con respecto al acta de fecha 20 de enero de dos milcatorce se observa que el agente antiextorsión conoció otros puntos de taxis señalo que se ubican a una cuadra llegando al redondel de la gasolinera uno de la 33 calle y el siguiente punto se encuentra ubicado en el lugar conocido como el palón conocido así porque está localizado debajo de un árbol de tamaño grande resultando que la prueba documental referida se concatena con las declaraciones tanto de los testigos protegidos y la de los agentes que participaron en la investigación del caso. Otros detalles relevantes del caso, consisten en que dentro del curso de la identificación del autor del hecho, se observó que tanto el testigo Á. B. l. H. y el testigo f. P. corea coinciden con las especificaciones descritas en las actas de vigilancia realizadas por este último agente refiriéndose en dichas actas que cuando el señor J. A. M. A. recibía el dinero por parte de los taxistas afiliados a la empresa se dirigía a su casa de habitación y que no salía de la misma, así pese a que fue requerido por los agentes de investigación para que proporcionara los datos de la fecha, hora y lugar en que supuestamente haría la entrega del dinero que le entregaban los taxistas para darlo a las pandillas ms y 18, acciónque no hizo sino que por el contrario permanecía en su casa de habitación con cantidades de dinero que cobraba a los taxistas siendo estos extremos los mismos que relataron los afectados, dándose con ello una actitud y comportamiento atípico y enconsecuencia derivan el grado de valor concedido a estas declaraciones, para la confrontación de la certeza positiva necesaria en estos juzgadores sobre laparticipación que en los hechos tuvo el señor J. A. M. A. a quien se le encontró la cantidad de tres mil cien lempiras y un teléfono celular marca Sony color negro y un listado con la información de los números de taxis que forman parte de la empresa de la que fungió como presidente y que de la lectura del documento aparece señalado que números de taxis habían hecho el pago respectivo, dando sustento a lo declarado por los testigos protegidos con la claves supra mencionadas. El tribunal falla al darle credibilidad a las actas por el simple hecho de que fueron ratificadas en la audiencia y que estas son coincidentes con las deposiciones de los testigos agentes de investigación que refieren haber montado vigilancia durante tres días, de esto tendremos que decir que la valoración es el análisis intelectivo de cómo le tribunal el da confiabilidad al medio probatorio, el simple hecho que el tribunal le dé entera credibilidad a un medio de prueba solo porque fue ratificado no es razón suficiente para decir que el mismo es verdadero de confiabilidad, el tribunal se deviene obligado a entrar en un razonamiento jurídico tanto de forma y de fondo para poder estimar si el medio de prueba es decisorio o no para su fallo, es más debe ver si existe la congruencia entre el medio de prueba en cuestión y las deposiciones de quien lo ratifica, esto es decir, que si el tribunal hubiese analizado, donde fueron esas vigilancias y en qué lugares y fechas, hubieran llegado a la conclusión que este elemento probatorio ni en forma conjunta, ni individual era suficiente para condenar mi representado tal como lo hace ver en su sentencia. El hecho de que mi representado según actas de vigilancias cuando le entregaban el dinero se dirigía a su casa y no salía de ella, y que con esto se pretenda estimar que es suficiente para sumir que no se entregaba el dinero producto de la extorsión de la cual mi representado y sus compañeros eran víctimas. El tribunal se devenía obligado a determinar qué periodo duraban esas vigilancias, en el acta del debate se establece que las actas de la vigilancia la primera de fecha 11 de noviembre del 2013, empezó a las 2:30pm y terminó a las 6:30 pm, o sea cuatro horas, la de fecha 20 de enero del 2014, comenzó a las 2:30 pm, terminó a las 4:30 pm es decir dos horas, 02 de diciembre del 2013, comenzó a las 2.09 y terminó 2:50 pm o sea 45 minutos, como pues un vigilancia que solo dura algunas horas pueda afirmar que mi representado no entregó dichos impuestos de guerra. El medio probatorio es contradictorio con los otros medios de prueba testificales y valorados en su conjunto solo demuestran que no existe razón suficiente para afirmar la certeza absoluta de que mi representado no haya entregado las cantidades a que estaba sujeto la extorsión. Como pues el tribunal puede dar como probado el hecho que ese dinero nunca fue entregado por el solo hecho que mi representado iba a su casa, como puede el tribunal tener la certeza en qué fecha eran entregados esos dinero, si el día estaba consignado que los días martes y sábado para entregar esos dineros y no fue aportado ningún elemento probatorio vigilancias u otro medio de prueba que desvirtuaran dichos hechos, es más el ente acusador nunca verificó en el centro penal si mi representado llegaba al centro penal o no, cómo pues el tribunal solamente con dos deposiciones y actas de vigilancia inconclusas y temporales pueda condenarse tan gravosamente a mi representado a una pena de 25 años de reclusión, considera esta defensa que el tribunal de sentencias incurrió en el vicio enunciado, por lo que basado en el principio de derivación resulta preocupante como en la administración de justicia hondureña el que una persona sea sometido a juzgamiento por estos delitos, acontezca contra ellos una apología de odio, prejuicio por la afectación que en su ánimo interior exista en los juzgadores, porque, no solo basta considerar al imputado como un mentiroso, como así categóricamente lo afirman los jueces de sentencia en su razonamiento “lógico”, tergiversando toda la prueba y su contexto. Es por ello por lo que, en estos supuestos, el control casacional no puede limitarse a la mera constatación formal de que dicha declaración es hábil para ser valorada como prueba de cargo, sino que va más allá, verificando la racionalidad del proceso conclusivo en que se fundamenta la condena, como también sucede, por ejemplo, en los supuestos de prueba indiciaria. Ha de recordarse que el recurso de casación penal, además de su función propia de producir jurisprudencia también es unificadora de doctrina, por lo que cumple con lo dispuesto en nuestro ordenamiento jurídico de satisfacer la aplicación del derecho a la norma, como derecho fundamental de todo condenado a tener una posibilidad de que se repare la injusticia cometida en su contra; en consecuencia, pedimos que la sala de lo penal declare que en el presente caso se ha quebrantado la regla de la sana crítica de la lógica de razón suficiente y el principio de derivación, en vista de que el testimonio de las víctimas supuestas adolece de todos los requisitos antes expuestos, y que por tratarse de una inobservancia de una regla de la sana crítica, por ser una cuestión propiamente valorativa, que incumbe al tribunal de sentencia, ésta carece de aplicabilidad por ser ilógicas sus conclusiones, y ello produce un vacío probatorio o ausencia de prueba, supuesto con el cual la condena viola no solamente colateralmente el derecho constitucional a la presunción de inocencia y otros derechos fundamentales, sino que quebranta la forma del juicio que se ventilo en su contra, por lo que el control casacional, siendo facultad y obligación de la sala de lo penal debe aplicarlo para determinar que esa valoración hecha por el tribunal de sentencia de los testimonios de los testigos protegidos con clave g-115-01, g-115-03, supuestas víctimas y las actas de vigilancias de los agentes ratificadas de los agentes Á. l., y f. P. c., no resultan convincentes, pues de un lado no existen datos periféricos algunos de carácter corroborativo y contrariamente existen datos que restan credibilidad a dichos testimonios, por lo que dicha prueba no puede reputarse suficiente para enervar la presunción de inocencia al haberse inobservado las reglas dela sana critica de la lógica de razón suficiente y del principio lógico de derivación. La manera de reforzar nuestra invocación y en base a lo dispuesto en el artículo 19 del código procesal penal, se acompañan precedentes donde ya esta sala de lo penal a fijado su criterio casacional, en el sentido de respetar la regla de la sana crítica de la lógica, específicamente la razón suficiente y la ley de la derivación, advirtamos “...la sala ha reiterado que en el juzgamiento de casos iii.- las reglas de la sana crítica (lógica, experiencia, psicológica) imponen al juez la obligación de externar conclusiones coherentes y razonables, la lógica en su postulado de derivación implica que las conclusiones sean tomadas de derivaciones de la prueba evacuada que permita de manera clara y certera una afirmación de culpabilidad o de absolución respetando el principio de razón suficiente.- la sala, ha reiterado también que: “la deducción ante todo, no debe ser lógicamente contradictoria. Por otra parte, el principio de razón suficiente nos dice que todo objeto debe tener, valga la redundancia, una razón suficiente que lo explique. Lo que es, es por alguna razón, nada existe sin una causa o razón determinante. (véase sentencia 172-2010 del nueve de junio del año dos mil once). “(sentencia de fecha veintiocho de julio de dos mil once, recaída en el recurso de casación penal con orden de ingreso en este tribunal número s.p.60=2010) “...el criterio de la sala. 1) para que una sentencia sea legítima es imperativo que se base exclusivamente en prueba válidamente introducida al debate. Si la motivación omite la consideración de prueba decisiva introducida al debate o si se basa en elementos no introducidos formalmente como parte integral de la prueba, la sentencia es ilegítima. Si bien la estimación probatoria y las conclusiones fácticas de la sentencia están restringidas para su control casaciones, si es posible el control del ejercicio intelectivo realizado por el juez para arribar a sus conclusiones; el examen sobre las pruebas está instituido únicamente a efectos de custodiar que se cumpla la aplicación de las reglas de la sana crítica (lógica, psicología y la experiencia) en la fundamentación del fallo. 2) dentro de las reglas de la lógica está el principiode derivación que exige que cada pensamiento provenga de otro con el cual está relacionado, es decir, el razonamiento debe constituirse por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en base a ellas se vayan edificando, a cada conclusión o derivación afirmativa o negativa corresponde un elemento de convicción del cual ha de inferirse aquella. Si las conclusiones o derivaciones extraídas no se basan en elementos probatorios formalmente incorporados o son falseados en su contenido o significado, se viola la regla de la sana crítica (lógica)...” Sentencia de fecha veinticinco de marzo de dos mil diez, recaída en el recurso de casación no. S.p.No. 64-2008)“...esta sala de lo penal concluye que la sentencia recurrida efectivamente adolece de defectos en la fundamentación intelectiva, pues las razones invocadas por el a quo son inconsistentes e insuficientes, para formar su convicción judicial, e incurre en inobservancia de la regla de la sana crítica, de la lógica, específicamente de derivación, que exige razón suficiente y fundada.- por lo anterior, esta sala declara procedente el motivo de casación invocado, en cuanto a decretar la nulidad de la sentencia en lo conducente a los imputados... A efecto de que se celebre para el juzgamiento de éstos otro debate, con jueces diferentes a los que intervinieron en el debate y sentencia anulada parcialmente...” (sentencia de fecha veintiocho deabrildel año dos mil ocho, recaída en el recurso de casación no.171-06).”Fundamentación Jurídica Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República).Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo)y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio últimode nulidad 165 CPP).El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i) Que la Recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii) Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii) Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, la Recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); Ello se debe a que se trata deun recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio IuraNovit Curia, al no poderse suplir las omisiones de la Recurrente; y c. Es posible la concesión parcial del Recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo.Único Motivo *Normas Autorizantes: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. *Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Artículos 202, 336 y 338 del Código Procesal Penal; *Concepto de la Infracción: No haber observado el sentenciador en la valoración de las pruebas las reglas de la sana critica; *Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el Recurrente. *Pretensión: Sin determinar por el Recurrente. Expone el Recurrente que la sentencia impugnada ha vulnerado el Principio de Razón Suficiente, como principio lógico fundamental de la sana critica; Indica que para acreditar el motivo se hará remisión a extractos de la sentencia y así evidenciar que los juzgadores no dan razón suficiente del porque se otorga o resta credibilidad a determinadas pruebas. Luego de estos alegatos iniciales el Recurrente hace un resumen del proceso judicial, de los hechos que fueron imputados y comparte enumeración de la prueba evacuada en el debate, reprochando que de toda esa prueba los Juzgadores solo valoraron la prueba de cargo y desecharon la prueba de descargo; A continuación el Recurrente procede a reproducir el contenido de las declaraciones de los testigos protegidos G115-01 y G115-03, aquejando que el A-Quo en su valoración hace una segmentación de los testimonios, los que acomoda en la sentencia de tal modo que pierden su real dimensión. Reprocha el Recurrente la afirmación hecha por el A-Quo que los dineros recibidos por el acusado nunca fueron entregados a los marerossino que aquel se quedaba con ellos para pagar Abogados para el acusado, aun cuando ninguna de las declaraciones hace tales expresiones; Increpa que no se puede dar credibilidad a testimonios que no son concluyentes y que no establecen con certeza que se hacía con el dinero producto de la extorsión; afirma el Recurrente que el Tribunal no tiene certeza de que mi representado no entregaba dichas cantidades de dinero a los mareros. Relaciona que los testigos de cargo refirieron que después de que el acusado fue aprehendido existe otra persona encargada de recolectar el dinero del famoso “impuesto de guerra”, lo que resulta fundamental pues el problema del “impuesto“ no es el acusado ni de ninguno que llegue a la Presidencia de la Asociación, sino de la inseguridad que vive el país actualmente. Identifica que la violación al principio lógico de razón suficiente es como consecuencia de que el Tribunal de Sentencia de valor a testigos que no tienen conocimiento ni certeza de que el dinero entregado al acusado no era para mareros, no pudiendo dar plena certeza el Juzgador que el acusado se quedaba con ese dinero. De la Carga de la Prueba El proceso penal, tal como ocurre en todo proceso judicial, gravita en torno a la prueba; el Órgano Jurisdiccional, unipersonal o colegiado, independiente e imparcial, comprometido con los dictados de la ley, debe juzgar cada caso concreto del resultante entre lo alegado y probado por las partes; por ello la prueba, como una actividad dirigida a develar la verdad de las respectivas teorías planteadas, se convierte en la protagonista del proceso penal y en su objeto básico. Prueba entonces es toda información llevada al proceso por un conducto legal (medio de prueba), que motiva por su razón (elemento de prueba) al órgano juzgador a realizar una afirmación, una negación o le lleva a un estado mental intermedio (duda) respecto a uno de los hechos que son objeto de controversia en el proceso judicial. - Señala el artículo 198 del CPP que la finalidad de los medios de prueba es el establecimiento de la verdad de los hechos y sus circunstancias.Dentro del proceso la prueba se rige por diversos principios, siendo éstos: i) Carga de Prueba; ii) Iniciativa Probatoria; iii) Libertad Probatoria; iv) Originalidad de la Prueba; v) Comunidad de Prueba; vi) Ejecución de Prueba; vii) Contradicción; viii) Inmediación; ix) Oralidad; x) Publicidad; y xi) legalidad y licitud de la prueba.En particular, la Carga Probatoria es el gravamen que pesa sobre una de las partes al afirmar o negar un hecho, de acreditarlo mediante la prueba; Tal gravamen, desde la perspectiva de dicha parte se le conoce como Tema de Prueba, entendiéndose como tal todo aquello que es necesario probar que permita la aplicación o la no aplicación de las normas penales sustantivas que se discuten en el proceso penal; refiere a los hechos que se deben acreditar a un caso concreto y que son definidos como regla general por la parte actora en la formalización de la acusación y, eventualmente por la parte defensora en la contestación de los cargos. La definición del tema de prueba da pauta para que el órgano jurisdiccional tenga un norte en cuanto a los hechos que deben ser acreditados y así poder hacer un control propio de los medios de prueba que se le propongan, pudiendo evaluar su pertinencia, utilidad y proporcionalidad (Juicio de Admisibilidad); de otra manera, el proceso penal se convertiría en un foro en donde se podría buscar acreditar cualquier cosa, convirtiéndolo en un ejercicio caótico y sin sentido.La prueba se centra en las afirmaciones y negaciones que hagan las partes; corresponde al acusador la carga de probar la certeza de los hechos afirmativos o negativos que componen la acusación, así como las circunstancias que agraven el delito (Tesis o Teoría Acusatoria); por otra parte, le incumbe a la defensa la carga de probar los hechos afirmativos o negativos que, conforme a las leyes aplicables, impidan, extingan o excluyan la eficacia jurídica de los hechos acreditados por el acusador (Tesis o Teoría de Defensa). – Quedan exentos de lo anterior:i.- El Derecho Vigente en el país ya que se entiende que son conocidas por el Juez, (IuraNovit Curia). - Es derecho vigente no solo aquel que nace de los poderes constituidos del Estado, sino todo tratado o convenio internacional que forme parte del derecho interno al haber superado el proceso constitucional de aprobación; yii.- Los Hechos Notorios(Art. 201 CPP): Son aquellos que, por pertenecer a la vida diaria, ciencia, historia o comercio social, son conocidos y tenidos como ciertos por un círculo considerable de personas, (ámbito social), en el tiempo en el que se produce la decisión judicial. Un hecho puede ser notorio respecto a un ámbito geográfico determinado, o ante personas con grado de cultura medio, pero ello no le convierte en “notorio” en los términos procesales, pues para ello se requiere que el hecho sea general y absoluto: a)General: Aspecto cuantitativo, que refiere a todas las personas en la esfera del profano dentro del ámbito espacial y temporal dentro del cual la norma procesal debe de ser aplicada; b)Absoluto: Aspecto cualitativo, que refiere a que las personas conozcan el hecho, sin necesidad de estudios o investigación, sino por el simple hecho de compartir el ámbito espacial y temporal.Quien basa sus alegatos en un hecho notorio, deberá alegarlo; pues una cosa es que el hecho notorio esté exento de prueba y otra muy distinta que no exista la carga de alegarlo y determinar su relevancia en el caso concreto.El Principio de Iniciativa Probatoria, reglado en el artículo 333 CPP, manda que serán las partes las encargadas de proponer la prueba atinente a sustentar el Tema de Prueba del que pretendan hacerse valer en la audiencia de debate (Carga Probatoria); Tal obligación no puede ser suplida por el Tribunal, aunque si podrán aprovecharse de la prueba que presente la contraparte, con base en el Principio de Comunidad de Prueba, que dicta que una vez admitido un medio de prueba, éste pertenece al proceso y podrá aportar elementos a favor o en contra de las partes, con independencia de que sea el mismo proponente; ergopodrá ser invocada a su favor por cualquiera de las partes, aun cuando sea distinta al que la propuso, pero además la renuncia de un medio de prueba debe ser unánime entre las partes y a discreción del Tribunal.Recordemos que el fin último de la actividad probatoria es la demostración de las afirmaciones/negaciones de hecho realizadas por las partes en sus actos alegatorios como fundamento de sus respectivas pretensiones. De la Procedencia del RecursoEl RecursoNo es de Recibo.- En el presente caso cada una de las partes han planteado su Teoría del Caso y con éste, su Tema de Prueba:1.- El Ministerio Público, formalizó cargos (f. 123), señalando que el acusado J. A. M. A. gerente de una empresa de taxi con 38 afiliados, en el año 2008 convocó a una reunión indicándoles a los miembros transportistas que explotaban la ruta que tenían que pagar L 100.00, los días lunes de cada semana en concepto de “Impuesto de Guerra”, ya que era una exigencia de la Mara MS, y que de no pagar los mareros los iban a matar a ellos y a los pasajeros, a lo que los taxistas accedieron; en el mes de agosto de 2010, el acusado convocó nuevamente a otra reunión manifestando que la Mara 18 también estaba exigiendo la cantidad de L 100.00 semanal, lo que hacía un total de L 200.00 como nueva cuota a pagar semanalmente por el mismo concepto, a lo que de nueva cuenta accedieron los taxistas; en el mes de octubre de 2013, el acusado señalo que una de las maras había aumentado L 50.00 la cuota y que ahora semanalmente debían de pagar L 250.00, amenazando el acusado en dar los números de taxis a los mareros en caso de que alguno de los transportistas no accediera a pagar.- El 06 de enero de 2014 el acusado fue requerido por miembros de la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA), a fin de que proporcionara información que ayudara a identificar a los miembros de la Mara MS y de la Mara 18 que le obligaban hacer los cobros a los taxistas, lo cual el acusado no hizo.- En la audiencia de debate el Ministerio Público señaló que el acusado era la persona que directamente amenazaba a los taxistas, tomando el dinero recolectado para sí.2.- La Defensa Privada, expuso como tesis de descargo en la audiencia preliminar que el acusado era el Presidente de una empresa de taxis (Taxis Olímpicos), que explota ruta donde operan dos pandillas o maras, y que por tanto era el encargado de recibir el “impuesto de guerra” y entregarlo; que el acusado en realidad fue víctima del delito de Extorsión y que efectivamente fue requerido por la FNA, pero que dadas las nulas garantías de seguridad y por temor de perder la vida o la de su familia, no colaboró con los agentes.Ambas tesis tienen hechos coincidentes como ser que el acusado era Presidente de una Asociación de Taxistas y que como tal comunicó a los asociados que tenían que pagar semanalmente una cantidad de dinero (que llego a ser de L 250.00 por vehículo), en concepto de “Impuesto de Guerra” para las Maras; cantidad de dinero que debía entregarse a las pandillas a cambio de que éstas no realizarán ningún acto en contra de la vida o integridad de los conductores de taxis o los pasajeros que utilizaban el servicio y que era recolectado por el acusado los días lunes de cada semana, desde el año 2008 hasta el 2014; El diferendo entre las tesis radica en que mientras el Ministerio Público señaló que el acusado se valió de amenazas falsas pero con apariencia de verdad para obligar a los conductores y así apropiarse del dinero, la Defensa Privada alegó que las amenazas si fueron recibidas de miembros de las pandillas y que todo el dinero recolectado se entregó a éstos.De tales tesis, el Tribunal de Sentencia, partiendo de la prueba aportada en la audiencia de debate, declaró como acreditada la planteada por el Ministerio Público; el A-Quo dio por probado que el acusado J. A. M. A. entre 2008 y 2014, falsamente señaló a los integrantes de la asociación de taxistas de la Colonia Villa Olímpica que pandillas exigían la entrega de dinero a cambio de no realizar actos violentos en contra de los conductores o pasajeros y que además amenazó directamente a los taxistas que de no pagar de manera puntual el dinero, él procedería a dar los números de taxi deudores a la pandilla para que les privara de la vida.El Recurrente, no estando de acuerdo con la decisión arribada por el Tribunal de Sentencia plantea recurso de casación por quebrantamiento de forma, mismo que adolece de defectos -tanto de forma- como de fondo que imposibilitan otorgar la pretensión perseguida con el mismo:a) Como defecto de forma el motivo planteado carece de precisión.- El recurrente estableció que su motivo consistía en denunciar violación de las reglas de la sana crítica y de hecho en el escrito inicia dando una pequeña explicación doctrinal de la regla lógica de derivación que es la que se considera inobservada en el proceso de valoración de la prueba, pero adicionalmente en el libelo el recurrente también protesta por considerar que los Jueces de Sentencia no motivaron de manera suficiente (no explicaron) por qué se otorga o se resta credibilidad a determinadas pruebas, lo que es un motivo distinto al señalado (Falta de Motivación Suficiente), y que debe ser objeto de reclamo de manera independiente.- Pero además, abonando a la falta de precisión aludida, el recurrente más adelante señala que los juzgadores solo valoraron la prueba de cargo y que rechazaron la prueba de descargo, lo que sería una nueva denuncia (Falta de Motivación) que también requería ser planteada y desarrollada en otro motivo independiente. Los defectos de forma son más importantes respecto al supuesto motivo que sustenta el recurso: La violación de la regla lógica de derivación por falta de razón suficiente.- Todo recurrente que plantee casación bajo este motivo asume un alto compromiso que implica la ardua tarea de identificar el silogismo judicial que considera indebidamente construido, determinar la fuente de la premisa mayor, de la/s premisa/s menor/es y luego, lo más importante, demostrar que la inferencia realizada (deductiva, inductiva, analógica A Pari o analógica A Fortiori) es incorrecta y que por ello la conclusión que se dice necesaria en realidad no lo es; tarea que no termina allí pues además debe explicar por qué tal conclusión malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada.En el caso de marras, el recurrente no cumple el compromiso aludido de señalar cual es el argumento judicial malogrado que alberga el vicio, no explica cuál es el supuesto silogismo violatorio del principio de razón suficiente y como éste es relevante en la decisión tomada por el Tribunal; a partir de lo alegado, la Sala de lo Penal no tiene duda de que el recurrente presenta queja sobre la valoración, no porque plantee una mala construcción del razonamiento judicial, sino porque no está de acuerdo con ella al ser disonante con su pretensión, alegato que no es propio para un Recurso de Casación. No existe en el escrito del recurso, identificación de un silogismo judicial, análisis de premisas y demostración de una mala inferencia que termine en una indebida conclusión derivada, sino una queja de que la prueba fue valorada de forma diferente a como pretendía la defensa del acusado, pues su alegato estriba en que no se puede dar credibilidad a testimonios, que no son concluyentes y que no establecen que se hacía con el dinero producto de la extorsión y que por tanto el Tribunal de Sentencia no puede tener certeza de que el acusado J. A. M. no entregaba dichas cantidades de dinero a los mareros; Es decir, el Recurrente ataca directamente la prueba y la valora de manera personal, resintiendo que el A-Quo no haya tenido la misma apreciación. Es de tener presente que conforme la naturaleza del Recurso de Casación resulta irrelevante el criterio que pueda generar la prueba al Ministerio Público, al Acusador Privado, a la Defensa, etc. e inclusive al propio Tribunal de Casación; lo que consideren las partes o la Sala de lo Penal que debió haber sido la valoración de la prueba no es vinculante, sino que lo determinante es el criterio probatorio del Tribunal de Sentencia y si éste fue construido en respeto a las reglas de la sana crítica; ergo el motivo de casación debe concentrarse única y exclusivamente en demostrar que el criterio del juzgador fue construido con inobservancia de esas reglas y principios que componen el recto entendimiento humano y en particular cuando se alegue violación al principio de derivación a causa de inexistencia de razón suficiente, dicho análisis debe ser dirigido a demostrar la inexistente conexión entre la conclusión judicial con las premisas a consecuencia de una indebida inferencia lógica.b)Como defecto de fondo dada una indebida inversión de la prueba. - Reprocha el recurrente que no se desvirtuó en el debate que el acusado J. A. M. no entregase el dinero que recolectaba de los conductores de taxis a los miembros de la mara; que de ello no tienen conocimiento los testigos de cargo; olvida el recurrente que la prueba de este hecho es tema de defensa conforme a su tesis de descargo y que por ello le correspondía al acusado a través de su defensor acreditar tales extremos. El contenido de la imputación fue acreditado por el Ministerio Público, hechos que en su mayoría fueron igualmente aceptados por la Defensa, siendo estos: i. El acusado era presidente de una empresa de taxis conocida como Taxis Olímpicos, que tenía tres puntos de atención (Puntos de Taxi), en la Colonia Villa Olímpica de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en los años 2008 al 2014; ii. Que el acusado desde el año 2008 y hasta el 2014, exigía a los conductores de taxis la entrega de unImpuesto de Guerrapor Maras o Pandillas; Tal impuesto consistía en el pago semanal de una cantidad de dinero por cada vehículo taxi que funcionaba en los puntos de atención, pues señalaba el acusado que -de no hacerse el pago- las pandillas o maras realizarían actos en contra de la vida de los conductores y/o de los pasajeros del servicio de taxi; iii. El acusado durante los años señalados recolectaba el dinero los días lunes de cada semana.Los tres hechos anteriores fueron declarados probados por el Tribunal de Sentencia y además forman parte de la tesis de la defensa; pero adicionalmente el Tribunal de Sentencia estableció como probado: iv. El acusado, cuando realizaba el cobro del Impuesto de Guerra, advertía a los conductores que de no realizar el pago respectico él proporcionaría los números de taxis de los deudores para que las Mara o Pandillas les privaran de la vida, tanto a ellos como a sus pasajeros; v. El acusado se apropiaba del dinero recolectado como Impuesto de Guerra, para su provecho propio.El Recurrente reprocha la afirmación hecha por el A-Quo que los dineros recibidos por el acusado nunca fueron entregados a los mareros sino que aquel se quedaba con ellos, increpa que no se puede dar credibilidad a testimonios que no son concluyentes y que no establecen con certeza que se hacía con el dinero producto de la extorsión; el recurrente no toma en consideración que conforme al Principio de la Carga de Prueba cada parte que afirma un hecho de cargo (Acusador) o de descargo (Defensa), le corresponde su acreditación; De este modo el Ministerio Público ha acreditado mediante la prueba, que el acusado exigió el pago y recolectó dinero a los conductores de taxis por alrededor de seis (06) años bajo la amenaza de que de no hacerlo podrían perder su vida e inclusive de los pasajeros que usaban el servicio; Tal hecho se ajusta de manera perfecta al ámbito situacional que precisamente castiga el delito de Extorsión, por lo que el ente acusador cumplió su promesa hecha en la formalización de cargos.- Por su parte la defensa alegó en la audiencia de debate que ese dinero era entregado a las Maras porque el acusado había recibido requerimientos amenazadores de ellas, más este hecho de descargo de la defensa no fue probado; el recurrente ahora en casación protesta pues indica que el Tribunal de Sentencia no tiene la certeza de que el dinero no fuera realmente entregado a las Maras por requerimiento de éstas, pero precisamente esa falta de certeza fue la que operó en contra del acusado, por ser una afirmación de descargo que debía haber sido acreditada por la defensa, lo que no ocurrió; entonces se impone la tesis primaria de la parte acusadora ya explicada.- Considérese que salvo el año 2009 que tuvo 53 semanas, los años 2008 a 2014 tuvieron 52 semanas cada uno (total 365 semanas), y que el acusado en ninguna de esas 300 veces aproximadamente que recogió el dinero de la extorsión (una vez cada semana), pudo acreditar que lo haya entregado a un miembro de la Mara o Pandilla, tampoco que durante esas 300 semanas haya él recibido una amenaza proveniente de Pandilla o Mara para la recolección y entrega de dinero.Según el Recurrente, la violación al principio lógico de razón suficiente es como consecuencia de que el Tribunal de Sentencia da valor a testigos que no tienen conocimiento ni certeza de que el dinero entregado al acusado no era para mareros, no pudiendo dar plena certeza el juzgador de que el acusado se quedaba con ese dinero; de esta forma el recurrente no solo se aleja de la naturaleza del motivo, que exige que la identificación de un razonamiento judicial construido con colisión a las reglas de la sana crítica, sino que además solicita que se interprete a favor del acusado un vacío de prueba sobre un hecho que le correspondía acreditar al mismo acusado.DecisiónNo Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su motivo único.Por TantoLa Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 362 del Código Procesal Penal Falla: Primero: DeclaraNoHa Lugarel motivo único del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto por el Abogado J. R. A. apoderado defensor del acusado J. A. M. A.-Segundo: Se declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha veintiocho (28) de mayo de dos mil quince (2015) (f. 186), dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés.- Y Manda: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal Colegiado de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.FIRMAS Y SELLO.JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO COORDINADOR.RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO.ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de julio del año dos mil diecinueve. Certificación de la Sentencia de fecha treinta de mayo del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-48-2016.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
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