Sentencia CP-047-16 — Registro 9981
Resumen
En primera instancia se condena al imputado como autor del delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por la defensa
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
.."EL PRIMER Y SEGUNDO MOTIVO NO SON DE RECIBO.- Los hechos declarados probados, ut supra transcritos, cuentan que el día 04 de febrero de 2015, el señor L. A. G. R. se encontraba en compañía de tres personas más en la Aldea el suspiro, Municipio de Esparta, Departamento de Atlántida; siendo requerido por elementos de la Policía Militar, encontrándosele en posesión de un arma de fuego, la que llevaba en su cintura; arma de fuego marca Smith & Wesson, calibre 9 mm, con cargador conteniendo 13 cartuchos sin percutir y sin contar con el permiso de la autoridad competente para su portación. Para el recurrente la conducta descrita está exenta de responsabilidad a partir de lo mandado por el Decreto legislativo 060-2015, cuyos efectos se encontraban en vigencia el día de los hechos, lo que constituye una interpretación errónea de los alcances de las normas que contienen dicho decreto, pues el acusado de ningún modo se dirigía en ese momento a realizar el trámite de inscripción del arma, sino que más bien evidencia que estaba en posesión de la misma con plena indiferencia tanto a la oportunidad de poder regularizar su tenencia, como la norma penal que reprocha dicha conducta contenida en el artículo 332-B del Código Penal, esto dado que: i.- El lugar donde fue requerido el acusado no funciona ninguna oficina destinada para el registro de armas; ii.- El acusado se encontraba en compañía de otras personas en un lugar específico y no en tránsito para el registro del arma; iii.- El arma de fuego era portada por el acusado en su cintura lo que le permitía tener acceso rápido a ella para su utilización y no en contenedor, estuche o depósito como forma segura de traslado; iv.- El arma de fuego se encontraba cargada y en condiciones óptimas para ser usada, esperándose que si se tratase de traslado, el arma se transportaría descargada con la cartuchería separada. La Sala de lo Penal desea dejar establecido que ninguno de los Decretos Legislativos que hoy se identifican como “Decretos de Veda/Amnistía”, albergan causa de atipicidad, justificación, de inculpabilidad o causa absolutoria a la punibilidad, sino que son gracias que el Poder Legislativo ha concedido; los decretos estipulan la obligación de la inscripción de las armas de fuego comercial, que es la misma obligación que existe en los tiempos donde dichos decretos no tienen vigencia, siendo la única diferencia que durante la vigencia de aquellos los habitantes no tienen que presentar la totalidad de la documentación que se exige normalmente; entonces el plazo señalado en los decretos no es un tiempo de gracia para portar el arma de manera impune, sino gracia para que el registro se realice satisfaciendo requisitos mínimos..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha treinta de mayo del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “I. SENTENCIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta (30) días del mes de mayo del año dos mil diecinueve (2019), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García pronuncian: EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS,La Sentencia conociendo del Recurso de Casación número S.P.47-2016 por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha diecisiete (17) de noviembre del dos mil quince (2015), dictada por el Tribunal de Sentencia de Tela, Departamento de Atlántida, mediante la cual condenó al Señor L. A. G. R. a la pena de tres años de reclusión, como autor del delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, con suspensión condicional de la pena. Más las penas accesorias consistentes en Inhabilitación Especial e Interdicción Civil. - Se declaró la responsabilidad civil del condenado. - No procede condenar en Costas. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley el Abogado M. A. M. L. en su condición de Defensor Público del señor L. A. G. R. SON PARTES: Los Abogados J. R. I. S. y M. A. agentes de la Defensa Pública, apoderados legales del acusado L. A. G. R. como recurrentes, y el Abogado S. C. A. Agente Fiscal del Ministerio Público, en su condición de recurrido. II. HECHOS PROBADOS: “Primero: El día cuatro (04) de febrero del presente año (2,015), elementos de la Policía Militar del orden público realizaron un patrullaje de rutina en el municipio de Esparta, Atlántida, cuando transitaban por la aldea El Suspiro observaron a cuatro (04) individuos que les parecieron sospechosos, por lo que procedieron a la detención de L. A. G. R. quien estaba en posesión de un arma de fuego. Segundo: Que al momento de su detención L. A. G. R. portaba en el lado izquierdo de su cintura un arma de fuego marca Smith & Weason modelo SW9VE, calibre 9mm con número de serie PBT8939 con su respectivo cargador metálico con trece (13) cartuchos calibre 9mm sin percutir, de la cual no tenía licencia o permiso de portación. Tercero: El arma descrita presenta buen estado de funcionamiento mecánico y operativo, siendo capaz de efectuar disparos con la munición o cartuchería del calibre para el cual fue fabricada.”III. RECURSO DE CASACIÓN. - MOTIVOS Y ARGUMENTOS. “Recurso de Casación por Infracción de Ley: Primer Motivo: Infracción de ley por aplicación indebida del artículo 332-B del Código Procesal Penal. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 del Código Procesal Penal. - Exposición Del Motivo Aplicar una norma jurídica que reclame la aplicación de otra implica siempre una inobservancia de esta última, y tanto la inobservancia como la aplicación errónea configuran violaciones a la voluntad del legislador. La declaración de hecho probado el Juzgador describe aquellas conductas que puede ser calificados como delitos y en consecuencia adecua ese cuadro fáctico al presupuesto normativo penal que se supone infringido. - La errónea aplicación de adecuación o falta de correspondencia de la norma aplicada al caso concreto, es lo que constituye el motivo. “La aplicación indebida” es una especie de casación por Infracción de ley, consistente en la invocación por los sentenciadores de leyes o doctrinas legales ajenas a la verdad que aparece consignada en los hechos probados, de tal forma que se aprecia la incongruencia entre el fáctum de la sentencia y la norma penal que se asigna, por lo que la infracción se produce al citar y fundamentar el fallo con una norma extraña a los hechos estimados probados”[1]El artículo 332-B del Código Penal establece: Fabricación y Tráfico de Armas de Fuego y Municiones Comerciales, de Defensa Personal o Deportivas y Explosivos Comerciales. Quien, sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionados con ellas. Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas, municiones, explosivos y similares, las descritas en la ley especial. Artículo que ha aplicado incorrectamente el Tribunal de Sentencia, al no ajustarse a la ley vigente, pues los miembros del Tribunal establecen en el hecho probado que mi defendido el día 04 de febrero del 2015 portaba un arma de fuego marca Smith & Weason modelo Sw9VE, calibre 9mm con número de serie PBT8939 con su respectivo cargador metálico con trece (13) cartuchos calibre 9mm sin percutir, de la cual no tenía licencia o permiso de portación. En fecha diecisiete de noviembre del 2015 se emite fallo definitivo, condenando a mi representado a la pena de tres (3) años de reclusión por el delito de portación ilegal de arma comercial; sin embargo el artículo 1 del Decreto Legislativo número 63-2014 de fecha 19 de agosto del dos mil catorce (2014), publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 06 de noviembre del mismo año establece: “Prorrogar la vigencia de lo dispuesto en el Decreto No- 184-2013 de fecha 1 de septiembre de 2013, el cual establece un período de veda por (1) año, para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de la Armería, proceda con la documentación respectiva a excepción de dicha factura, realizar los trámites correspondientes para dicho registro, por un período de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del decreto referido”.’ Mediante Decreto Legislativo número 60-2015 de fecha veintiuno de mayo del 2015 y publicado en el diario oficial la Gaceta en fecha 08 de septiembre del 2015 establece: Artículo 1 Prorrogar a partir de la fecha de vencimiento del Decreto No. 63-2014 de fecha 19 de agosto del 2014, la vigencia por un período hasta el 31 de diciembre de 2015, para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de la Armería, proceda con la documentación respectiva a excepción de dicha factura, al realizar los trámites correspondientes para dicho registro” De ahí pues que resulta claro que al cobrar vigencia el artículo 1 del decreto en mención, deja en suspenso la aplicación de la norma contenida en el artículo 332-B, del Código Penal, aplicando indebidamente el artículo 332-B del Código Penal. Una conducta para que sea calificada como delito, debe estar establecida como tal y con anterioridad a la realización de esa conducta, para que haya delito debe especificarse en que consiste la conducta delictiva. Ni la misma ley puede delegar en los jueces la facultad de declarar delito lo que tengan a bien considerar como tal, Los Tribunales no tienen facultades para considerar delitos hechos distintos a los tipificados por la ley. (Lo resaltado no corresponde al texto original) proceder de otra manera es invadir la competencia del Poder Legislativo. (Garantía Criminal. Nullum crimen sin lege, no hay delito sin ley)[2], postulado que se encuentra en el artículo 1 de nuestro Código Penal donde establece: “Nadie podrá ser penado por infracciones que no estén determinadas en una Ley anterior a la perpetración de un delito”. Así las cosas, se afirma que el sentenciador al haber condenado a mi representado por el delito de Portación Ilegal De Arma Comercial, ha producido como consecuencia la aplicación indebida del precepto legal citado como vulnerado. - Por lo antes expuesto, esta Defensa Pública solicita se case la sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa citada más adelante. Segundo Motivo: Infracción a la ley por Falta de Aplicación del artículo 1 del Decreto Legislativo No- 60-2015 de fecha veintiuno de mayo del 2015. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 del Código Procesal Exposición Del Motivo La falta de aplicación se da cuando la norma no es seleccionada para resolver el caso, debiendo serlo, independientemente de la que resultado se haya llegado ya sea porque se ignora su existencia, porque no se le considera vigente o por un equivocado entendimiento de su significación o su alcance.[3]Del hecho probado se establece: Primero: El día cuatro (04) de febrero del presente año (2015), elementos de la Policía Militar el orden público realizaron un patrullaje de rutina en el municipio de Esparta, Atlántida, cuando transitaban por la aldea El Suspiro observaron a cuatro (4) individuos que les parecieron sospechosos, por lo que procedieron a la detención de Luís Alberto Gonzáles Rodríguez quien estaba en posesión de un arma de fuego. Segundo: Que al momento de su detención Luís Alberto Gonzales Rodríguez portaba en el lado izquierdo de su cintura un arma de fuego marca Smith & Weason modelo SW9VE, calibre 9mm con número de serie PBT8939 con su respectivo cargador metálico con trece (13) cartuchos calibre 9mm sin percutir, de la cual no tenía licencia o permiso de portación. De lo anterior sacamos el siguiente análisis: 1. El hecho ocurrido fue en fecha 04 de febrero del 2015. 2. Al momento de la detención del señor L. A. G. se le decomisó un arma de fuego marca Smith & Weason modelo SW9VE, calibre 9mm con número de serie PBT8939 con su respectivo cargador metálico con trece (13) cartuchos calibre 9mm sin percutir. 3. No contaba con permiso de portación de dicha arma. En relación a lo anterior hay que dejar establecido que el espacio que media entre la fecha de entrada en vigencia de una ley penal y la fecha de su derogación recibe el nombre de “vigencia” La vigencia de una ley penal puede considerarse, sin embargo, desde un punto de vista formal y desde un punto de vista material. La vigencia formal comienza con la entrada en vigor de la ley y termina con su derogación. La vigencia material consiste, por su parte, en la aplicación de la ley a los hechos ocurridos bajo su imperio aún en el caso de que haya sido derogada. El principio general es el de que la ley penal se aplica a aquellos hechos ocurridos desde que entró en vigor hasta que fue derogada. A este principio se le llama “principio de identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal”[4]Mediante Decreto Legislativo número 60-2015 de fecha veintiuno de mayo del 2015 y publicado en el diario oficial la Gaceta en fecha 08 de septiembre del 2015 establece: Artículo 1 Prorrogar a partir de la fecha de vencimiento del Decreto No. 63-2014 de fecha 19 de agosto del 2014, la vigencia por un período hasta el 31 de diciembre de 2015, para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de la Armería, proceda con la documentación respectiva a excepción de dicha factura, al realizar los trámites correspondientes para dicho registro”, dicho decreto es producto de una sucesión de decretos legislativos, 69-2007, 184-2013, 63-2014, etc., para que este precepto tenga aplicación al caso de autos, resulta necesario en principio que quien lo invoque se halle al momento de la comisión del hecho bajo el imperio o vigencia concreta de esta disposición, en otras palabras, para que una persona sorprendida en posesión de un arma de fuego comercial sin el respectivo permiso de portación, pueda ampararse en esta disposición para que no le sea aplicado el artículo 332-8 del Código Penal, es necesario que al momento de producirse la portación ilegal se encuentre en vigencia la norma que autoriza el plazo de seis meses para registrar el arma, en consecuencia resulta determinante establecer si al momento de la infracción imputada al encartado ya estaba vigente ese artículo,[5](lo resaltado no corresponde al texto original) de lo anterior resulta claro que al cobrar vigencia el artículo 1 del decreto en mención, deja en suspenso la aplicación de la norma contenida en el artículo 332-B, del Código Penal. Es así que la ley vigente al momento de la comisión del hecho y cuando se dicta sentencia es la contentiva en el referido decreto. La Constitución de la República de Honduras en su artículo 221 establece: La Ley es obligatoria en virtud de su promulgación y después de haber transcurrido (20) veinte días de terminada su publicación en el diario oficial La Gaceta. Podrá, sin embargo, restringirse o ampliarse en la misma ley el plazo de que trata este artículo y ordenarse, en casos especiales, otra forma de promulgación. Siendo así que las leyes vigentes forman parte del derecho positivo y conforme a lo establecido en el Código Civil en los artículos 42, 43 y 44 la ley puede ser derogada total o parcialmente por otra ley, bien sea en forma tácita, cuando la nueva ley contiene disposiciones que pueda conciliarse con las de la ley anterior o expresa, cuando la nueva ley dice expresamente que deroga la anterior, en nuestro caso con el ya supra mencionado decreto que a todas luces es irreconciliable con las normas establecidas para el tipo penal de portación ilegal de armas, pues existe una veda donde es permitido que las personas porten armas de fuego en forma visible en espacios públicos o privados durante un determinado tiempo (hasta el 31 de diciembre del 2015). Como consecuencia de la resistencia en aplicar la ley vigente al caso concreto, como ocurrió en el presente caso produjo la falta de aplicación del artículo 1 del Decreto Legislativo No- 60-2015 de fecha veintiuno de mayo del 2015, por lo tanto, se solicita se case la sentencia y se decrete en su lugar una Sentencia Absolutoria.”IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. Recurso de Casación por Infracción de Ley: Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal:1. Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados.2. Falta de Correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe entenderse como norma sustantiva a toda aquella que defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extra penales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas entonces normas con contenido procesal. En conclusión a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; De allí que a la Sala de lo Penal, tratándose del motivo invocado sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva hecha por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia; sn este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados).Motivos del Recurso: Primer Motivo: *Precepto Autorizante: 360 del Código Procesal Penal; *Normas Sustantivas que se denuncian Infringidas: Artículo 332-B del Código Penal; *Concepto de la Infracción: Aplicación indebida de la norma que tipifica el Delito de Posesión Ilegal de Arma de Fuego Comercial; y *Pretensión: Se case la sentencia y en su lugar se dicte otra apegada a Derecho. La Defensa Pública fustiga la sentencia al ser del criterio que mediante ésta se ha hecho una aplicación indebida del artículo 332-B del Código Penal, pues arguye que si bien su representado fue encontrado en posesión de un arma de fuego sin el permiso de la autoridad competente, tal y como se señala en los hechos declarados probados, la conducta en la fecha de su realización no podía ser reprochada por lo dispuesto en el Decreto Legislativo 184-2013 y sus prórrogas contenidas en los Decretos Legislativos 063-2014 y 060-2015, este último vigente al momento del hecho, en virtud de que todos ellos establecen tiempo de veda para el registro de cualquier tipo de arma de fuego comercial, de allí que el recurrente interpreta que durante la vigencia de los Decretos enumerados estaba en suspenso la aplicación del artículo 332-B del Código Penal. Segundo Motivo:*Precepto Autorizante: 360 del Código Procesal Penal; *Normas Sustantivas que se denuncian Infringidas: Decreto Legislativo No. 060-2015; *Concepto de la Infracción: Falta de Aplicación del artículo 1 del Decreto Legislativo 060-2015; y *Pretensión: Se decrete sentencia absolutoria a favor del acusado. Siguiendo la idea planteada en el Primer Motivo, el recurrente reprocha que el Tribunal de Sentencia no haya hecho aplicación del artículo 1 del Decreto Legislativo 060-2015, el cual estaba vigente al momento en que los hechos declarados probados señalan que el acusado realizó la conducta por la cual se le juzgó y que estipulaba un período de veda para que las personas pudiesen registrar cualquier tipo de arma comercial. De la Interpretación de la Ley: La labor de complementación que debe realizar el juez, la desarrolla mediante la interpretación que hace de la ley al momento de aplicarla al caso concreto que se está juzgando, pues la norma es la manifestación de un pensamiento hipotético que, como paso previo a su aplicación, debe adecuarse a la realidad.Interpretar no es más que el proceso mediante el cual se desentraña el sentido, objeto y alcance de la norma legal, es decir es el proceso que pretende comprender la norma para su mejor aplicación, pues en retrospectiva una adecuada aplicación de las normas depende no solo del conocimiento del contenido de la norma, sino que además de su comprensión, lo que incluye conocimiento/comprensión del contexto normativo y su influencia en el plexo social.- El juez interprete deberá comprobar que un determinado hecho se ajusta al ámbito situacional previsto en la norma y creada precisamente para regular ese tipo de conductas. V. (V. V. F. Derecho Penal Parte General. 3° Edición. Editorial Temis S.A., Bogotá Colombia, 1997. Pág. 132) nos señala que, en una sistematización, cuando se habla de interpretación, existen tres categorías: según el intérprete, según los medios empleados y según el resultado obtenido. A) SEGÚN EL INTÉRPRETE: 1. Autentica: Es aquella que realiza el creador de la norma, siendo éste el legislador; (Art. 205.1 de la Constitución); 2. Doctrinaria: Es la interpretación hecha por estudiosos del derecho, las cuales son de carácter ilustrativa no vinculante; sin embargo, es innegable la importancia que la interpretación doctrinaria representa para el ejercicio de la jurisdicción, pues presentan puntos de vista que pueden ser o no compartidos, pero en ambos casos llegan a plantear alternativas posibles a la realidad normativa; y 3. Judicial: Es la realizada por los órganos jurisdiccionales en su labor de juzgamiento de casos concretos; las interpretaciones de las normas solo tendrán el alcance del caso concreto al que se aplica, salvo cuando éstas emanen de la Corte Suprema de Justicia y que hayan servido para resolver tres casos distintos, resueltos en igual número de sentencias, pues en este supuesto la interpretación de la norma constituye doctrina legal (Art. 360 CPP), pasando a ser de carácter obligatorio para todo el sistema judicial y que contribuye a la formación del derecho y a la seguridad jurídica mediante la unificación de criterios que posibilita la previsibilidad de las decisiones judiciales. B) SEGÚN EL MÉTODO: Existen diferentes métodos de interpretación (erigidos por diferentes Escuelas Doctrinarias), que la forma en que estas deben realizarse; son algunas de estas Escuelas (Galindo Garfias, Ignacio, Interpretación e Integración de la Ley, Universidad Nacional Autónoma de México, Estudios Jurídicos Revista 38, año 2006): 1. Método Exegético: Señala que la labor del interprete es indagar sobre el pensamiento del legislador al momento de la elaboración de la norma; parte de que la fórmula legal deriva de la voluntad del legislador con independencia de antecedentes históricos, sociales, políticos, etc., lo que lleva como consecuencia que el sentido de la norma es inmutable en el tiempo, siendo imposible adoptarla a las exigencias futuras. Este método fue uno de los primeros planteados, hoy en día superados, pues la norma no puede anclarse en un punto en el tiempo, mucho menos atender a la voluntad que en su momento tuvo el legislador al crearla, pues una vez puesta en vigencia la norma ingresa a todo el sistema legal, con el que se interrelaciona (Normas Constitucionales, Normas de Convencionalidad, Principios del Derecho Sustantivo y normas de la misma institución legal), y que condicionan la interpretación que debe tener.- Lo anterior no quiere decir que no se pueda tener en cuenta la intención del legislador al momento de crear la norma, pero ello no implica que sea éste el norte que debe seguir el juzgador al momento de interpretarla, pues se insisten, hay múltiples principios que influyen en dicho proceso. 2. Método Dogmático: Parte como fundamento que la fuente de la formula legislativa es el pueblo (soberano), por lo que la ley no puede ser considerada como un hecho fijo e invariable, sino como una significación lógica que evoluciona y se transforma.- Considera al ordenamiento jurídico como un todo establecido sistemáticamente, en la cual cada norma está vinculada con las demás para construir un sistema coherente y uniforme.- Este método señala que la interpretación tiene cuatro elementos, los cuales no son excluyentes, sino complementarios, a saber: a. Gramatical: Permite al interprete empoderarse de la norma a través del lenguaje usado para su construcción; b. Racional o lógico: Consiste en la disección del pensamiento del legislador para identificar las distintas partes que componen la norma y establecer sus relaciones; c. Histórico: Es el estudio retrospectivo del derecho imperante al momento de la creación de la norma y los hechos sociales que motivaron su creación; y d. Sistemático: Promulga que la norma sostiene un vínculo inquebrantable con una institución legal y ésta a su vez, con una rama del derecho específica, la que a su vez se relaciona con el resto del sistema legal. 3. Método Teleológico: Señala que la interpretación deberá partir del fin que se le dé a la norma legal; por ello lo primero es indagar cual es el interés social que pretende proteger para luego identificar la forma en que la norma pretende lograrlo, de modo que su aplicación resulte efectiva. 4. Método de la Evolución Histórica: Parte como principio de que la ley es el producto de las circunstancias sociales imperantes al momento de su elaboración, pero que están tienen la capacidad de adaptación a las nuevas exigencias que se van presentando en la evolución social, a través de la interpretación, la que ciertamente no debe realizarse conforme a la voluntad del legislador, sino atendiendo las necesidades económicas y sociales del momento en que la ley fue formulada, pues ésta tiene vida propia.- Se trata de una “interpretación evolutiva”, que parte de los textos legales en consonancia con las transformaciones de la sociedad, permitiendo que en cada época se pueda dar un sentido regido por la vida social actual. C) SEGÚN EL RESULTADO: Debe entenderse que las normas son construcciones abstractas, hipótesis de hechos que en sí mismas no constituyen verdades, sino que son instrumentos para la resolución de casos concretos; por ello es labor del intérprete fijar los límites de esa aplicación, atendiendo los elementos gramatical, racional, histórico y sociológico de la norma y de lo cual depende tres posibles resultados: 1. Interpretación declarativa: Mediante la cual el resultado obtenido concuerda de manera idéntica con la fórmula legal, de modo que el intérprete no puede ni ampliar ni restringir el alcance de su tenor literal y éste se limita a resolver la eventual duda, con la exacta correspondencia entre el espíritu y la letra de la ley. 2. Interpretación Extensiva: Que se produce cuando el intérprete evidencia que al texto de la norma puede dársele una significancia más grande y por ende puede tener un espectro de aplicación más amplia, ello debido a que las palabras usadas expresan más de lo que verdaderamente la norma comprende; Interpretación Restrictiva: Cuando el intérprete comprueba que las palabras empleadas en el texto expresan menos que el verdadero contenido de la norma; en estos casos el intérprete define que la norma solo es aplicable a un supuesto de hecho especifico; INTERPRETACIÓN DE LA NORMA PENAL: En las sentencias emitidas por esta Sala de lo Penal en Exp 079-2009, del 11de marzo de 2010, en Exp 270-2009, de fecha 06 de abril de 2010 y el Exp 218-2010 de 29 de septiembre de 2011, se ha apelado a las reglas de interpretación establecidas en el Código Civil, el que manda primero tener en cuenta la intención del legislador (Método Exegético) mediante una interpretación gramatical de la formula legislativa (Art. 17 y 18 CC), pero además hace mano del Método Dogmático, mandando a realizar una interpretación sistemática (Art. 19 CC) y finalmente dispone que como alternativa última se observe el Método de Evolución Histórica (Art. 20 CC); Es así que el Código Civil adopta una postura ecléctica en lo que concierne a los métodos de interpretación de las normas que debe ser usada atendiendo además los límites que devienen de la naturaleza del Derecho Penal.- De este modo, con base en los Principios Pro Homine, Pro Libertate, Legalidad, Inocencia y Favor Rei, son reglas de la interpretación de las normas penales sustantivas: 1. Conforme al Interprete: Los Órganos Jurisdiccionales deberán acatar las interpretaciones a las normas penales que haga el legislador y, en su defecto, las que constituyan Doctrina Legal emanada por la Corte Suprema de Justicia, ello sin perjuicio de plasmar en su resolución su criterio sobre lo atinado o no de éstas; 2. Conforme al Método: a. Se debe tomar como referencia interpretativa el origen de la norma sustantiva, tanto en el derecho nacional, como en el derecho comparado; igualmente, para dicha referencia, podrán considerarse los hechos históricos imperantes al momento de la creación de la norma y la intención que en su momento tuvo el legislador (Método Exegético); b. El estudio de la norma vigente, propiamente dicha, comienza mediante la interpretación gramatical, dándosele el significado legal a las palabras usadas por el legislador (Método Dogmático: Interpretación Gramatical), identificando su inteligencia, es decir la logicidad de la formula legislativa (Método Dogmático: Interpretación Lógica); c. Debe reemplazarse la “voluntad del legislador”, por la “voluntad de la norma” (Método Teleológico), entendiéndose como el propósito encomendado a ésta en su actual vigencia cuyo norte es el bien jurídico que se pretende tutelar (Principio de Lesividad) y su concepción en el momento de la aplicación de la norma al caso concreto; La norma debe interpretarse tomando en consideración la dinámica social imperante, ergo no existe una interpretación válida para todo los tiempos (Método de la Evolución Histórica); d. La interpretación de la norma debe hacerse con plenitud al ordenamiento jurídico, tanto desde la perspectiva vertical, como horizontal (Método Dogmático: Interpretación Sistemática): i.- Perspectiva Vertical (Principio de Jerarquía Normativa): Primero el sentido de la interpretación debe ser armónica con los derechos fundamentales constitucionales y con los derechos humanos contenidos en las normas del bloque constitucional, por lo que de todas las posibilidades interpretativas, deberá elegirse aquella que sea acorde con la norma superior; ii.- Perspectiva Horizontal (Principio de Unidad Sistemática): Por otro lado la norma deberá asemejarse a un engrane que forma parte del todo, por lo que la interpretación deberá realizarse a modo de que no exista discordia con el resto de las normas de la institución jurídica de la que forme parte, de las normas de la rama del derecho a la que pertenezca y finalmente de todo el sistema jurídico nacional. 3. Conforme al Resultado: a. La interpretación analógica de las normas penales sustantivas es prohibida en derecho penal cuando ésta sea in mala partem, aun cuando ésta sea ordenada por el legislador nacional, pues impera el control de Convencionalidad y la primacía de la Constitución; b. Las normas deberán interpretarse restrictivamente cuando sea in mala partem y extensivamente cuando sea in bonam partem; y c. En caso de duda sobre el sentido de una norma, deberá siempre tomarse entre las posibilidades la interpretación que más favorezca al reo.4. Artículo 332-B del Código Penal: La Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros materiales relacionados, define como "armas de fuego" a cualquier arma que conste de por lo menos un cañón por el cual una bala o proyectil puede ser descargado por la acción de un explosivo y que haya sido diseñada para ello o pueda convertirse fácilmente para tal efecto, excepto las armas antiguas fabricadas antes del siglo XX o sus réplicas. El artículo 4 de la otrora vigente Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones Explosiones y otros similares (en adelante: Ley de Armas), reconocía el derecho de las personas nacionales y extranjeras de poseer y portar armas de fuego, para ello ordenaba que toda persona debía obtener permiso previo por parte de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública, otorgado una vez que satisficiere los requisitos exigidos por esa misma ley, los cuales son los descritos en el artículo 27 reformado: 1. Formulario con sus datos personales y residencia; 2. Marca, modelo, número de serie, identificación de conversiones de calibre, si la tuviere, así como las demás características del arma. La persona interesada solo podía poseer y/o portar armas de fuego y municiones clasificadas como permitidas, mismas que tenían que tener las características y especificaciones que estipulaban los artículos 7 y 9 de la Ley de Armas; Pero además la ley era específica en cuanto a las armas y municiones que se consideran prohibidas, es decir que no es permitida su adquisición, tenencia o portación, describiendo sus características y especificaciones en el artículo 8 y 10 de la ley mencionada; 3. Constancia de haberse practicado la prueba balística conforme lo señalaba el artículo 17 para los efectos establecidos en el artículo 19, ambos de la Ley de Armas; 4. Pago de la matrícula municipal; y; 5.Documentos de identificación. El permiso es intransferible (Art. 34 de la Ley de Armas), por ello la persona que lo obtenía debía reportar en un plazo máximo de tres días a la Policía Nacional y al Registro Nacional de Armas cualquier traspaso de propiedad que haga del arma registrada, a efectos de que el nuevo propietario realizara la solicitud de permiso correspondiente, igualmente debía reportar el robo o extravío de la misma en igual término (Art. 20 y 31 de la Ley de Armas).El Estado de Honduras, para efectos de salvaguardar la seguridad interior, tiene el deber de realizar un estricto control de la posesión y portación de armas de fuego, por ello contempla la imposición de sanciones administrativas y de sanciones penales (aplicables con independencia a las sanciones administrativas) para las personas que infrinjan dichos controles.- Entre las sanciones penales encontramos en el artículo 332-B que determina que “Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para el uso personal o deportivas (…) incurrirá en una pena de tres a seis años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones (…) Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas (…) las descritas en la ley especial”.- Entonces incurrirán en el delito: la persona que, entre otros: posea un arma de fuego para uso personal, con propósitos de defensa o propósitos deportivos, cuando no se cuente con la autorización de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública, en el caso de que su comercio sea lícito.5.- Decretos Legislativos de gracia o de “Veda” o “Amnistía”:El legislador hondureño ha dispuesto en varias ocasiones emitir leyes y normas temporales con el objeto de establecer reglas especiales, algunas veces exonerando de requisitos, para que las personas dueñas y poseedoras de armas de fuego regularicen su tenencia o, en su caso, hagan entrega de aquellas que la ley ha catalogado como prohibidas. Estas normas legales, de naturaleza administrativa, tiene el propósito de motivar a los particulares a que se ajusten a las leyes que regulan el tema de arma de fuego, no debiendo entenderse que buscan como propósito exonerar de responsabilidad penal por delitos relacionados con estos objetos. Desde el año 2001 han estado en vigencia 09 leyes distintas que regulan tiempos de exención, siendo éstas: a. La Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros similares: En el artículo 62 se estableció un período de gracia de 12 meses, a contar a partir de su vigencia, para que las personas que estuvieran en posesión de armas permitidas pudieran hacer el trámite para la obtención del permiso correspondiente sin la necesidad de presentar documentos de propiedad alguno; Dentro del mismo plazo las personas que tuvieran en su poder armas de guerra, automáticas, explosivos, municiones o accesorios prohibidos, podían entregarlas a la autoridad pública sin responsabilidad alguna. El término referido en el artículo 62 transcurrió del 29 de julio del 2000 hasta el 29 de julio del 2001. b. Decreto No. 257-2002: El artículo 2 estableció que las personas que estaban en posesión de armas de fuego permitidas por la ley, entendiéndose como tales las enumeradas en el artículo 7 de la Ley de Armas, tenían un plazo de seis (06) meses para su registro y obtención del permiso, sin la necesidad de presentación de documento alguno sobre la procedencia del arma. El período de gracia establecido en esta ley fue del 07 de octubre de 2002 hasta el 06 de abril de 2003. c. Decreto No. 101-2003: El artículo 3 establecía un término de noventa (90) días para que las personas que estuviesen en posesión de armas de fuego de guerra o reservadas para uso de las Fuerzas Armadas de Honduras y armas de fabricación artesanal (Art. 8 de la Ley de Armas), las entregaran a la autoridad competente sin responsabilidad penal o civil. Los 90 días comenzaron a correr desde el 11 de julio hasta el 08 de octubre de 2003.- Durante dicho tiempo quedó en suspenso la vigencia del artículo 4 del decreto 101-2003, que creaba un nuevo tipo penal de Tenencia y Portación de Armas de Fuego de Guerra y de Fabricación Artesanal y que entró en vigencia precisamente al vencerse el plazo, es decir el 09 de octubre de 2003, hasta su fecha de derogación el 15 de enero de 2004. d. Decreto No. 274-2005: En el artículo 1 establece que es permitida la inscripción de armas de fuego de marcas y calibres específicos, siempre que sean de los modelos de fusiles semiautomáticos y carabinas, sin la necesidad de documentación de origen, en un período de gracia que no fue determinado en el decreto, lo que llevó como consecuencia a que dicho decreto no tuviese efectividad alguna.e.Decreto No. 069-2007: Este decreto además de reformar el artículo 27 y adicionar los artículos 27-A, 27-B y 27-C a la Ley de Armas, estableció en su artículo 2 un plazo de seis (06) meses para que las personas pudieran registrar las armas de fuego que tuvieren en posesión de manera irregular; conjuntamente establecía el artículo 3 que el decreto entraría en vigor 20 días después de la publicación oficial, misma que fue hecha el 29 de agosto de 2007; el término de seis meses establecido comenzó a correr el 18 de septiembre del año 2007 y venció el 18 de marzo del 2008, a media noche. f. Decreto No. 184-2013: El artículo 2 establecía un año de veda para que toda persona que tuviese en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial, procediera a realizar los trámites correspondientes para su registro, presentando la documentación respectiva con excepción a la factura de venta de La Armería, la cual no sería necesario presentar en dicho tiempo. En el primer párrafo del artículo 2, regulaba la posibilidad de inscripción de armas de fuego sin la necesidad de la presentación de factura de compra, refiriéndose a aquellas armas que la ley catalogaba como permitidas su tenencia y portación previo permiso de autoridad competente, enumeradas en el artículo 7 de la Ley de Armas. - El plazo de un año de “veda” o de gracia que anunciaba el artículo 2, comenzó a correr en fecha 05 de octubre de 2013 y venció el 05 de octubre de 2014. g. Decreto No. 063-2014:El artículo 1 concedió prorrogar de la vigencia del decreto No. 184-2013, por un período de seis (06) meses, a partir del vencimiento de dicho decreto, con el objeto de que toda persona que tuviera en su poder cualquier tipo de arma de fuego proceda a realizar los trámites de registro, debiendo presentar toda la documentación pertinente a excepción de la factura de compra en La Armería. El término de prórroga comenzó a correr el día siguiente al vencimiento del plazo señalado en el decreto 184-2013, es decir el 06 de octubre de 2014, venciéndose el 06 de abril de 2015. h. Decreto No. 060-2015: El Legislador nuevamente, dispone en el artículo 1 prorrogar el decreto No. 063-2014, a partir de su vencimiento y hasta el 31 de diciembre de dos mil quince, con los mismos efectos. i. Decreto No. 052-2017: El legislador decretó conceder el beneficio de amnistía desde el 04 de agosto de 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2018, para que todas las personas que no hayan realizado el registro de cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posean la factura de la venta de La Armería, procedan con la documentación restante a realizar dicho registro. Existe controversia sobre los alcances que en materia penal han tenido los Decretos Legislativos enumerados durante el tiempo en que estuvieron en vigencia (no se olvide que se trata de leyes temporales); controversia que ha sido sometida a conocimiento y resolución de la Corte Suprema de Justicia en no pocas ocasiones, existiendo ya a la fecha un criterio definido, tanto en la Sala de lo Constitucional como en la Sala de lo Penal. A) Sala de lo Constitucional: En sentencias del 09 de agosto de 2017 emitidas en los Exp 0283-2015 y 0688-2015 y en sentencias del 16 de mayo de 2017 de los Exp 198-2016 y 329-2016 la Sala de lo Constitucional, tras haber desarrollado posturas diferentes sobre el tema, declaró apartarse de su propia doctrina legal, refiriendo que el dilema es una cuestión de mera legalidad que debe ser resuelto en instancia y no mediante la garantía constitucional de Amparo, por lo que consideró que a partir de esa fecha lo procedente es sobreseer todas las acciones que se refieran a este tema en específico; de este modo la Sala de lo Penal es la llamada para resolver el diferendo de criterios jurídicos. B) Sala de lo Penal: La Sala de lo Penal, a partir del año 2018, apelando al Método Dogmático de interpretación de las normas jurídicas, ha determinado que los Decretos Legislativos In Comento son normas de índole administrativas cuyo ámbito de aplicación son en esa materia sin que tengan conexidad, mucho menos incidencia en el derecho penal. Recordemos que manda el artículo 17 del Código Civil que “No podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención de legislador”. Los decretos de veda o amnistía tuvieron como propósito establecer condiciones especiales para motivar a la población del territorio hondureño regularizar su posesión de armas de fuego, sea obteniendo el permiso de la autoridad pública sin la presentación de la documentación que normalmente se exige, sea entregando sin responsabilidad algunas armas de tenencia prohibida. En específico el Decreto Legislativo 060-2015 (invocado por el recurrente), constituye resolución legislativa de prórroga del Decreto Legislativo No. 063-2014 y éste a su vez prórroga del Decreto Legislativo 184- 2013, con cuya vigencia se procuraba que los poseedores de cualquier arma de fuego de carácter comercial que no poseían factura de venta procedente de la Armería, tuvieran la posibilidad de inscribirla en el registro correspondiente y obtener la autorización para la portación de tales armas; dicho decreto no despenaliza bajo ningún concepto la tenencia ilegal, tampoco suspende su positividad o determina suspenso de antijuricidad de la conducta (que han sido los argumentos judiciales aplicados); en general no tiene por finalidad permitir la impunidad de esta tipología de delitos de peligro abstracto, sino que el fin expreso y taxativo del mismo es promover el registro de armas de fuego en poder de los particulares, para efectos de que el Estado obtenga control del parque de armas de fuego circulantes en el país, en efectivo cumplimiento de las políticas públicas y de la seguridad jurídica como valor constitucional fundante del Estado de Derecho. El Decreto No. 060-2015 (tema del Recurso de Casación que nos ocupa), se concedió un plazo de tiempo para que las personas pudiesen obtener su permiso de portación y tenencia de arma de fuego comercial o de uso personal, esto no debe entenderse como “carta blanca” en donde la persona pudiese desplazarse impunemente en el territorio nacional, portando un arma de fuego en lugares y en tiempos en donde revela que su intención no es hacer el trámite para su registro, sino el de poner en peligro abstracto el bien jurídicamente tutelado: la seguridad interior del Estado de Honduras.DE LA PROCEDENCIA DEL PRIMER Y SEGUNDO MOTIVO: EL PRIMER Y SEGUNDO MOTIVO NO SON DE RECIBO.- Los hechos declarados probados, ut supra transcritos, cuentan que el día 04 de febrero de 2015, el señor L. A. G. R. se encontraba en compañía de tres personas más en la Aldea el suspiro, Municipio de Esparta, Departamento de Atlántida; siendo requerido por elementos de la Policía Militar, encontrándosele en posesión de un arma de fuego, la que llevaba en su cintura; arma de fuego marca Smith & Wesson, calibre 9 mm, con cargador conteniendo 13 cartuchos sin percutir y sin contar con el permiso de la autoridad competente para su portación. Para el recurrente la conducta descrita está exenta de responsabilidad a partir de lo mandado por el Decreto legislativo 060-2015, cuyos efectos se encontraban en vigencia el día de los hechos, lo que constituye una interpretación errónea de los alcances de las normas que contienen dicho decreto, pues el acusado de ningún modo se dirigía en ese momento a realizar el trámite de inscripción del arma, sino que más bien evidencia que estaba en posesión de la misma con plena indiferencia tanto a la oportunidad de poder regularizar su tenencia, como la norma penal que reprocha dicha conducta contenida en el artículo 332-B del Código Penal, esto dado que: i.- El lugar donde fue requerido el acusado no funciona ninguna oficina destinada para el registro de armas; ii.- El acusado se encontraba en compañía de otras personas en un lugar específico y no en tránsito para el registro del arma; iii.- El arma de fuego era portada por el acusado en su cintura lo que le permitía tener acceso rápido a ella para su utilización y no en contenedor, estuche o depósito como forma segura de traslado; iv.- El arma de fuego se encontraba cargada y en condiciones óptimas para ser usada, esperándose que si se tratase de traslado, el arma se transportaría descargada con la cartuchería separada. La Sala de lo Penal desea dejar establecido que ninguno de los Decretos Legislativos que hoy se identifican como “Decretos de Veda/Amnistía”, albergan causa de atipicidad, justificación, de inculpabilidad o causa absolutoria a la punibilidad, sino que son gracias que el Poder Legislativo ha concedido; los decretos estipulan la obligación de la inscripción de las armas de fuego comercial, que es la misma obligación que existe en los tiempos donde dichos decretos no tienen vigencia, siendo la única diferencia que durante la vigencia de aquellos los habitantes no tienen que presentar la totalidad de la documentación que se exige normalmente; entonces el plazo señalado en los decretos no es un tiempo de gracia para portar el arma de manera impune, sino gracia para que el registro se realice satisfaciendo requisitos mínimos.V. DECISIÓNNo ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en sus dos motivos.VI. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360 del Código Procesal Penal.- FALLA: PRIMERO: DECLARA NO HA LUGARel Recurso de Casación por Infracción de Ley sus dos motivos, interpuesto por la Defensa Pública.- SEGUNDO: DECLARA FIRME Y EJECUTABLE la sentencia de fecha diecisiete (17) de noviembre de dos mil quince (2015), dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Tela, Departamento de Atlántida.-Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al tribunal de origen para que se observen los efectos que la ley manda con la emisión de una sentencia condenatoria en materia penal.-NOTIFÍQUESE.FIRMAS Y SELLO.JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. Magistrado Coordinador.RAFAEL BUSTILLO ROMERO. Magistrado.ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.Magistrada. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY.Receptora Adscrita. Sala de lo Penal.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de agosto del año dos mil diecinueve. Certificación de la Sentencia de fecha treinta de mayo del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-47-2016.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
21 de 21
[1]Sentencia de Recurso de Casación Penal N: SP. 96-2011, de fecha diecinueve de septiembre del 2012, Pág. 6
[2]Suazo Lagos, René, Lecciones de Derecho Penal 1 (Parte General), 9 edición, Pág., 55
[3]Sentencia de recurso de casación penal No= 48-2009 de fecha veinticinco de noviembre de dos mil diez.
[4]Suazo Lagos, René, Lecciones de Derecho Penal 1 (Parte General), 9 edición, Pág., 60.
[5]Sentencia de recurso de casación penal No= 48-2009 de fecha veinticinco de noviembre de dos mil diez.