Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CP-040-16 — Registro 9977

Resumen

Se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público contra la sentencia de primera instancia que absuelve al imputado por el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."EL RECURSO ES DE RECIBO. El censor del fallo interpone recurso de casación por infracción de ley arguyendo la falta de aplicación del artículo 332-B del Código Penal, el cual contiene el delito de portación ilegal de arma de fuego comercial. Alega que del relato fáctico de la sentencia se desprenden los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal citado; y que el decreto legislativo 184-2013 prorrogado en su vigencia mediante decreto legislativo 63-2014, no debía de aplicarse retroactivamente por el juzgador pues no estaba vigente ni al momento de la incautación del arma de fuego ni al momento del dictado de la sentencia definitiva. Considera que dicha decisión transgrede el principio de legalidad contemplado en el artículo 1 del Código Penal y el principio de irretroactividad contenido en el artículo 96 de la Constitución de la República. Esta Sala de lo Penal de manera previa considera dable precisar que el motivo presente obliga a respetar el relato de hechos probados de la sentencia recurrida, pues en estos casos solo se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica y tales problemas han de plantearse y resolverse sobre la base de unos hechos ya preestablecidos, que han de ser fijados al efecto por el Tribunal de Instancia. Se trata de un recurso de carácter sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es aplicar, en discordancia con el sentenciador, un enfoque jurídico que se le ha dado a unos hechos probados e inalterables. La técnica de la casación exige que en los recursos de esta naturaleza que se guarde el más absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia recurrida, ya que el ámbito propio de este recurso queda limitado al control de juridicidad, es decir, que lo único que en él se puede discutir es si la subsunción de los hechos probados es o no correcta jurídicamente, de modo que no puede salirse del contenido de tales hechos. Con las anteriores precisiones y delimitado el problema jurídico expuesto en el presente recurso, esta Sala de lo Penal advierte que el artículo 4 de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Similares (Vigente al momento de la comisión del hecho), reconoce el derecho de las personas nacionales y extranjeras de poseer y portar armas de fuego, siendo necesario previamente obtener permiso por parte de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública siempre que cumplan los requisitos exigidos por esa misma ley, los cuales son los descritos en su artículo 27 reformado de la Ley de Armas: 1) Formulario con sus datos personales y residencia; 2) Marca, modelo, número de serie, identificación de conversiones de calibre, si la tuviere, así como las demás características del arma; la persona interesada sólo podrá poseer y/o portar armas de fuego y municiones clasificadas como permitidas, mismas que deben de tener las características y especificaciones que estipulan los artículos 7 y 9 de la Ley de Armas; 3) Constancia de haberse practicado la prueba balística conforme lo señala el artículo 17 para los efectos establecidos en el artículo 19, ambos de la Ley de Armas; 4) Pago de la matrícula municipal; y 5) Documentos de identificación. El permiso es intransferible (Artículo 34 de la Ley de Armas), por ello, la persona que lo obtenga deberá de reportar en un plazo máximo de diez días a la Policía Nacional y al Registro Nacional de Armas cualquier traspaso de propiedad que haga del arma registrada, a efectos de que el nuevo propietario realice la solicitud de permiso correspondiente, igualmente deberá de reportar el robo o extravío de la misma (Artículo 20 y 31 de la Ley de Armas).El Estado de Honduras, para efectos de salvaguardar la seguridad interior, tiene el deber de realizar un estricto control de la posesión y portación de armas de fuego, por ello contempla la imposición de sanciones administrativas (Artículos 27-C, 37, 54, 55, 56 y 57 de la Ley de Armas) y sanciones penales (aplicables con independencia a las sanciones administrativas) para las personas que infrinjan dichos controles. Entre las sanciones penales encontramos la del artículo 332-B del Código Penal, el cual determina lo siguiente: “Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o vendas armas de fuego y municiones para el uso personal o deportivas (…) incurrirá en una pena de tres a seis años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones (…) Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas (…) las descritas en la ley especial”. En el caso actual, el hecho probado de la sentencia devela circunstancias fácticas tales como que el acusado M. Á. P. A. , fue requerido por agentes de la Policía Nacional Preventiva el 19 de noviembre del 2009, aproximadamente a las 6 de la tarde, en la Aldea la Jutosa de Choloma, Cortés; así como que al ser registrado se le encontró un arma de fuego comercial, Tipo pistola, marca Bersa, Modelo Thunder 380, calibre 0.380 Auto, serie No. 348786, la cual presentaba buen estado de funcionamiento tanto mecánico como operativo, sin contar con el permiso expedido por la autoridad competente.Este hecho declarado probado por el Tribunal de Sentencia tiene relevancia jurídica en el sentido que el artículo 2 del decreto legislativo 184-2013 de fecha 30 de septiembre de 2013, publicado en el Diario Oficial la Gaceta el 5 de octubre del 2013, prorrogado en su vigencia por un periodo de 6 meses mediante el decreto legislativo 63-2014, contados a partir de su fecha de vencimiento, es decir, con una temporalidad que abarca hasta el 5 de abril del 2015, no se encontraba vigente ni al momento de la comisión del hecho (19 de noviembre del 2009), ni al momento de proferir la sentencia definitiva (25 de septiembre de 2015). Lo que conlleva a darle razón al recurrente, pues el Tribunal de Sentencia efectivamente comete un error in iudicando al dejar de aplicar al hecho declarado probado de la sentencia el artículo 332-B del Código Penal, el cual ciertamente el reúne los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de portación ilegal de arma de fuego comercial, al quedar establecido que el acusado portaba un arma de fuego comercial Tipo pistola, marca Bersa, Modelo Thunder 380, calibre 0.380 Auto, serie No. 348786, sin contar con el permiso expedido por la autoridad competente. Esta conducta no puede ser amparada en una causa de atipicidad, pues el decreto legislativo 184-2013 se trata de un decreto temporal y no una ley intermedia, como erróneamente lo señala el Tribunal de Sentencia (Ver sentencia de la Sala de lo Penal de fecha 2 de abril de 2019, recaída en el expediente No. 170-2015). El decreto temporal deja en suspenso, con la concurrencia de otras condiciones, algunos de los verbos rectores del artículo 332-B, pero tiene un plazo taxativo de vigencia y como principio fundamentador no se aplicará a supuestos ni en momentos distintos de los comprendidos expresamente en ellas. En cambio, la ley intermedia al ser una ley posterior deroga la ley anterior, se da identidad plena en cuanto al hecho regulado y se viene a dar una sucesión de leyes penales. En el caso concreto, el Tribunal de Sentencia aplicó retroactivamente un decreto temporal, lo cual no es abarcado por el principio de retroactividad de la ley penal..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veinticinco de junio del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco (25) días del mes de junio de dos mil diecinueve (2019), el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian: EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La sentencia en el expediente S.P.40-2016, conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha veinticinco de septiembre del año dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, mediante la cual falló: Primero: Absolver al señor M. Á. P. A. , del delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras. Segundo: No procede condenar en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. Tercero: Se tiene a la orden del Tribunal el arma de fuego comercial puesta como evidencia, la cual deberá ser entregada a la persona que acredite su legítima propiedad previa firma de recibido. - Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley, la Abogada M. T. L. Fiscal del Ministerio Público.SON PARTE: La Abogada I. A. F. N. fiscal del Ministerio Público, como recurrente; y las Abogadas D. L. D. y A. R. P. , Defensoras Públicas, como recurrida. II. HECHOS PROBADOS: “Este Tribunal de Sentencia, valorando las pruebas practicadas en juicio, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, declara expresa y terminantemente probado el hecho siguiente: PRIMERO: El día 19 de noviembre del año dos mil nueve, aproximadamente a las 6 de la tarde, en la Aldea la Jutosa de Choloma, Cortés, agentes de la Policía Nacional Preventiva, quienes se encontraban realizando un patrullaje de rutina, requirieron al señor M. Á. P. A. , y al ser registrado se le encontró un arma de fuego comercial, Tipo pistola, marca Bersa, Modelo Thunder 380, calibre 0.380 Auto, serie No. 348786, la cual presentaba buen estado de funcionamiento tanto mecánico como operativo, sin contar con el permiso expedido por la autoridad competente.” III. RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS.La recurrente, Abogada M. T. L., fiscal del Ministerio Público, procedió a formalizar su recurso de casación por infracción de ley de la manera siguiente: “EXPOSICION DE LOS MOTIVOS DE CASACION PRIMER MOTIVO: Infracción de Ley, por Falta de Aplicación del Artículo 332-B del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO:El precepto penal de orden sustantivo que se cita como infringido textualmente dice: “Artículo 332-B: “Fabricación y Tráfico de Armas de Fuego y Municiones Comerciales, de Defensa Personal o Deportivas y Explosivos Comerciales. Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea,use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionados con ellas. Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas, municiones, explosivos y similares, las descritas en la ley especial”. (Lo resaltado es nuestro). El hecho plasmado como probado por el sentenciador es el siguiente: “PRIMERO: El día 19 de noviembre del año dos mil nueve, aproximadamente a las 6 de la tarde, en la Aldea La Jutosa de Choloma, Cortés, Agentes de la Policía Nacional Preventiva, quienes se encontraban realizando un patrullaje de rutina, requirieron al señor M. Á. P. A. , y al ser registrado se le encontró un arma de fuego comercial, tipo pistola, marca Bersa, Modelo Thunder 380, calibre 0.380 Auto, serie No. 348786, la cual presentaba buen estado de funcionamiento tanto mecánico como operativo, sin contar con el permiso expedido por la autoridad competente” Del referido cuadro fáctico se desprende, que el Tribunal Sentenciador ha tenido por establecido que el imputado fue encontrado en posesión de un arma de fuego comercial, en buen estado de funcionamiento, sin el correspondiente permiso proferido por la autoridad competente; sin embargo, emite sentencia absolutoria por considerar que la Ley aplicable en este caso es el Decreto 184-2013 por ser la que más favorece al imputado. El Juzgador en el caso en comento, estructuró el apartado de fundamentación Jurídica, procurando explicar el por qué a la acción perpetrada por el imputado (y que se describe en el fáctum) no puede aplicársele, a su criterio, la norma contemplada en el artículo 332-B pues considera que al habérsele incautado al imputado M. Á. P. el arma comercial en fecha 19 de noviembre de 2009, y al haberse publicado en fecha 05 de octubre de 2013 el Decreto 184-2013, mismo que ya no estaba en vigencia en fecha 25 de Septiembre de 2015, cuando es dictada la sentencia; es decir que al momento de la incautación no estaba vigente el Decreto señalado y al momento del fallo tampoco lo estaba,por lo que el Tribunal consideró que en el presente caso debe aplicarse la ley intermedia; sosteniendo su decisión en que entre la fecha de comisión del ilícito y de la sentencia se sucedieron tres leyes, de tal suerte que la ley más favorable al imputado es la intermedia, es decir el Decreto Legislativo 184-2013 que concedía un período de un año para registrar armas de fuego comerciales como la incautada al acusado, por tanto, a criterio del sentenciador, procede su libre absolución por el delito en cuestión. Es así que el juzgador establece: “… entre la fecha de comisión del ilícito y de la sentencia se sucedieron tres leyes, que se explican así: Vigente el artículo 332-8 del Código Penal, luego entró en vigencia el Artículo 2 del Decreto 184-2013 (derogatoria tácita temporal del artículo 332-B del Código Penal) y otra vez nuevamente vigente el Artículo 332-8 del referido texto legal, de tal suerte que la ley más favorable al imputado es la intermedia, es decir, el Decreto Legislativo 184-2013 que concedía un período de un año para registrar armas de fuego comerciales como la incautada al acusado, por tanto procede su libre absolución…”. (Último párrafo del numeral Tercero de la Fundamentación Jurídica). Vale la pena destacar que el a quo utilizó como basamento jurisdiccional, el fallo casacional recaído en el expediente 48-2009, de fecha 25 de Noviembre de 2010, la que a su vez, se fundamentó doctrinariamente en la posición del autor F. M. C. , relativa a que “si la ley intermedia resulta más beneficiosa para el reo, se acepta su aplicación en atención a que éste pudo ser juzgado con arreglo a la misma, si el juicio se hubiera celebrado bajo su vigencia y si ello no ha ocurrido, no debe aplicársele las consecuencias de la ley que le perjudica.”, postura que, a criterio del Ministerio Público, hace patente el yerro in procedendo de la sentencia de mérito, puesto que en la esencia lo que el autor sostiene es que el enjuiciado no puede resultar perjudicado por una “dilación o larga duración del juicio”, por ello definitivamente, a criterio de la Fiscalía carece de asidero legal, pues nuestra legislación no contempla regulación alguna en aspectos tan trascendentes como la penalización o no de una conducta al estimarse la misma lícita o ilícita. Como se logra evidenciar, la apreciación equívoca de la normativa que ha realizado el juzgador ha repercutido en la conformación viciada de la parte dispositiva de la sentencia, al concluir que la acción perpetrada por el acusado no es punible, al no ser lesiva del bien por serle aplicable una norma temporal que estaba en vigencia durante la tramitación del proceso, pero no en el momento de la consumación del hecho, tal y como puede apreciarse en el apartado de la Fundamentación Jurídica del fallo impugnado en los que sustenta su decisión. Del análisis de los hechos fijados por el Tribunal, quedó plenamente acreditada la existencia de un hecho típico donde el sujeto activo es el imputado M. Á. P. A., quien tomó parte directa en la ejecución del hecho al portar un arma de fuego de naturaleza comercial, en buen estado de funcionamiento, sin contar el permiso expedido por la autoridad competente, el cual se subsume en la normativa penal del artículo 332-B del Código Penal,en virtud de las razones que enunciamos a continuación: 1. Del relato fáctico se evidencia la ejecución de la acción por parte del imputado y que constituye el ilícito de Portación Ilegal de Arma Comercial, por el cual fue acusado por el Ministerio Público. 2. El sentenciador decide que la norma aplicable a los hechos plasmados en el fáctum, y que claramente describen el ilícito perpetrado por M. P., es el decreto 184-13, mismo que no se encontraba vigente al momento de la ejecución del delito. 3. El a quo justifica su decisión en que la ley más favorable al imputado es el Decreto antes señalado y se fundamenta en la opinión del Jurista Muñoz Conde; donde hace referencia a la Ley Intermedia. 4. En la causa en estudio resulta claro que cuatro años antes de la vigencia de la ley intermedia se perpetró el ilícito o sea en el ámbito temporal legislativo del artículo 332-B, luego al llegar el 5 de Octubre, se produjo una veda lo que sumado con los 6 meses que incrementó a la misma, a través del Decreto 63-2013, nos conduce a determinar que fue el 5 de abril de 2015 la fecha en que la misma culminó y dictarse el fallo en el caso en comento se pronunció el 25 de Septiembre de 2015, no cabe otra conclusión que no sea que durante la comisión del ilícito penal y el proferimiento de la sentencia, el imperio de la Ley Penal era sancionar punitivamente conductas como las que encajan en el artículo 332-B del Código Penal. 5. La decisión del sentenciador, además, está en total contravención al Principio de Legalidad estipulado en el artículo 1 del Código Penal, así como a la Garantía Criminal regulada en el artículo 2 de la misma norma; que respectivamente establecen: Artículo 1:“Nadie será penado por infracciones que no estén determinadas en una Ley anterior a la perpetración de un delito” y Artículo 2:“No se impondrán otras penas ni medidas de seguridad que las establecidas previamente por la Ley”. 6. El Tribunal también aduce que en atención al principio de irretroactividad le resulta aplicable al acusado, el decreto 184-2013 mencionado; pero consideramos que tampoco el Principio señalado es aplicable a la causa en comento, pues el artículo 96 de la Constitución de la República, que lo contiene, establece lo siguiente: “La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado”. En la causa en estudio el Decreto al que aduce el sentenciador no constituye “una nueva ley vigente”, pues como ya lo señalamos, la misma constituyó solamente una norma de vigencia temporal, y cuando el acusado Paz Alberto fue sentenciado, ya no estaba en vigencia dicha disposición legal. 7. De igual manera, reiteramos, el Tribunal señala que dicha disposición (Decreto 184-2013) le es más favorable también porque durante su vigencia pudo haberse celebrado el juicio en su contra y habérsele aplicado dicha norma; pero èsto no fue así, y por lo tanto debe aplicársele y absolverle. Consideramos que lo señalado por el Juzgador es solamente una posibilidad de falencia del sistema de justicia penal, que a efectos legales resulta imposible conceptualizar consecuencias que retrotraigan la vigencia del artículo 332-B que existía al momento de sentenciar al imputado, al período de su enjuiciamiento en donde nos encontrábamos bajo el imperio de los decretos 184-2013 y 63-2014; siendo pues, que no es factible restringir la aplicación de la Ley, por lo que solamente constituye una “posibilidad”. 8. Como ha sido señalado, el relato fáctico evidencia la responsabilidad como autor del acusado M. Á. P. A. , en el delito por el cual fue acusado y que al tenor de lo establecido en el Artículo 332-B del Código Penal, dicha conducta es constitutiva del delito de Portación Ilegal de Arma Comercial. 9. Partiendo de los argumentos jurídicos expuestos, estimamos que el A quo ha incurrido en el vicio por Falta de Aplicación del artículo 332-B del Código Penal, dado que el imputado M. Á. P. A. fue encontrado portando un arma de fuego Comercial, en perfecto estado de funcionamiento, sin contar con el permiso de la autoridad competente; por ende, resulta que el fallo emitido por el Juzgador de instancia indudablemente merece ser corregido por la Honorable Sala de lo Penal en la sentencia que resuelva el presente recurso. Por lo antes expuesto, la Fiscalía solicita se case la sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa citada.”IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Infracción de Ley: Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los hechos probados: Los hechos probados es el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia en base a lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el Juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como principio de intangibilidad de los hechos probados. 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la doctrina legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso. b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis. c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal. d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal.

En conclusión, a través del Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva hecha por el Tribunal de Sentencia, o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados).Recurso de Casación por Infracción de Ley. Único motivo. *Normas autorizantes citadas: Artículo 360 del Código Procesal Penal. *Normas procesales que se denuncian infringidas: Artículo 332-B del Código Penal. *Concepto de la infracción: Falta de aplicación. *Pretensión: Dictar sentencia apegada a derecho.El censor del fallo delata infringido por su falta de aplicación, el artículo 332-B del Código Penal. Refuta que al confrontar el hecho probado de la sentencia con el fallo de la misma, se desprende un vicio in indicando pues el primero reúne los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de portación ilegal de arma de fuego comercial; y que aún y cuando el juzgador razonó en el apartado de fundamentación jurídica, por qué a la acción perpetrada por el acusado no puede aplicársele la norma contenida en el artículo 332-B del Código Penal, por considerar el decreto legislativo 184-2013 una ley intermedia que beneficia al imputado, estima que dicho decreto no estaba vigente ni al momento de la incautación del arma de fuego ni al momento del dictado de la sentencia. Finalmente, concluye, que la decisión del juzgador transgrede el principio de legalidad contemplado en el artículo 1 del Código Penal, y el principio de irretroactividad contenido en el artículo 96 de la Constitución de la República, pues no estamos ante una ley intermedia sino ante una norma de vigencia temporal.Del principio de Retroactividad de la Ley Penal: La exigencia para que un hecho pueda castigarse como delito es preciso de modo ineludible, que previamente haya sido declarado como tal por una ley, así se refleja en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre del 10 de diciembre de 1948, artículo 11.2: "Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.”.Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, esto se le llama el principio de identidadentre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigencia una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el tribunal de justicia deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que ninguna persona debe ser castigada por una conducta que al momento de la comisión era lícita, de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben de ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello. Haseemer señala que "una ley que pretenda ser aplicable a un caso que haya ocurrido antes de que la ley haya entrado en vigor, es un fantasma del Estado Policía"[1], en virtud de que el daño, que se pretende evitar por parte de la comunidad, ya ha sido producido antes de su promulgación, cuando la misma era de carácter lícito y no reprochable. Por su parte, C. R. , explica los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad[2]: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión, sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible, sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); y, 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena).Tales tipos de retroactividad no son posibles ya que el Estado debe de determinar ante fáctum los hechos que consienta prohibidos, de modo que los ciudadanos tengan confianza en que los límites de su libertad están determinados y que pueden actuar dentro de esos límites establecidos sin que posteriormente puedan ser objetos de algún reproche por los mismos. Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir, solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva o innecesaria, lo que debe de ser apreciado no solo en procesos penales pendientes, como el caso que nos ocupa, sino además en los procesos con resoluciones firmes, antes o durante el cumplimiento de las penas. Señala Bustos Ramírez que: "Una ley más favorable no es una ley abusiva, por el contrario, significa el reconocimiento de mayores ámbitos de libertad, luego la retroactividad de la ley más favorable no niega el principio de legalidad, si no que más bien lo afirma."[3] Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entra en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente, "esta exigencia es inseparable del principio de legalidad penal; si debe existir una ley que defina las conductas delictivas para poder perseguirlas, dicha ley debe estar vigente en el momento en que se cometen los hechos, por eso la ley penal es irretroactiva y no puede aplicarse a hechos anteriores a su entrada en vigor.”[4], salvo el caso mencionado, cuando es más beneficiosa.

Ante una nueva regulación penal corresponde al juzgador determinar cuál es la ley que es más favorable al acusado o condenado: la vigente al momento del hecho o la vigente al momento de juzgamiento o ejecución de la pena, dándose tal respuesta a depender de: 1. Si la ley penal vigente al momento de los hechos ha sido derogada por una nueva ley, lo que sin dificultad se concluye que la nueva ley es más beneficiosa por despenalizar lo que la anterior tipificaba como delito; 2. Si la ley penal vigente al momento del hecho contemplaba una pena de la misma naturaleza más grave que la prevista en la ley penal vigente al momento del juzgamiento o ejecución de la pena, entonces se debe de aplicar la ley penal vigente (ley nueva), por ser más beneficiosa; o 3. Si la ley penal vigente al momento del hecho contemplaba una pena de distinta naturaleza a la prevista en la ley penal vigente al momento de juzgamiento o ejecución de la pena, el órgano jurisdiccional decidirá conforme al caso concreto y en la eventual situación de duda podrá consultar a la persona condenada cuál de las normas le resulta más beneficiosa, pues a la postre el destinatario de las mismas es ella, y el principio lo que busca es su beneficio. Lo anterior nos lleva a otra posibilidad, existirán casos en que la nueva ley contenga aspectos que le beneficie al reo o procesado, pero que a su vez también le perjudique, lo que obliga, como en el caso anterior, a que el juez realice un estudio del caso concreto, a fin de determinar cuál de las normas es la más beneficiosa en su totalidad, es decir, tomando en cuenta tanto los beneficios como los perjuicios de su aplicación, no siendo posible aplicar los aspectos más beneficiosos de la nueva ley sin aplicar los perjudiciales, ya que, como señala Muñoz Conde: "el Tribunal estaría creando una nueva norma (…) y desempeñando con ello funciones legislativas que no le competen."[5]En definitiva, el texto del artículo 96 de la Constitución de la República establece que "la ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", lo cual está desarrollado en el artículo 9 del Código Penal, que indica que: “Las leyes penales tienen efecto retroactivo en cuanto favorezcan al procesado, aunque al entrar en vigencia aquellas hubiere recaído sentencia firme y el reo estuviere cumpliendo la condena.”.V. DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO: EL RECURSO ES DE RECIBO. El censor del fallo interpone recurso de casación por infracción de ley arguyendo la falta de aplicación del artículo 332-B del Código Penal, el cual contiene el delito de portación ilegal de arma de fuego comercial. Alega que del relato fáctico de la sentencia se desprenden los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal citado; y que el decreto legislativo 184-2013 prorrogado en su vigencia mediante decreto legislativo 63-2014, no debía de aplicarse retroactivamente por el juzgador pues no estaba vigente ni al momento de la incautación del arma de fuego ni al momento del dictado de la sentencia definitiva. Considera que dicha decisión transgrede el principio de legalidad contemplado en el artículo 1 del Código Penal y el principio de irretroactividad contenido en el artículo 96 de la Constitución de la República. Esta Sala de lo Penal de manera previa considera dable precisar que el motivo presente obliga a respetar el relato de hechos probados de la sentencia recurrida, pues en estos casos solo se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica y tales problemas han de plantearse y resolverse sobre la base de unos hechos ya preestablecidos, que han de ser fijados al efecto por el Tribunal de Instancia. Se trata de un recurso de carácter sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es aplicar, en discordancia con el sentenciador, un enfoque jurídico que se le ha dado a unos hechos probados e inalterables. La técnica de la casación exige que en los recursos de esta naturaleza que se guarde el más absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia recurrida, ya que el ámbito propio de este recurso queda limitado al control de juridicidad, es decir, que lo único que en él se puede discutir es si la subsunción de los hechos probados es o no correcta jurídicamente, de modo que no puede salirse del contenido de tales hechos. Con las anteriores precisiones y delimitado el problema jurídico expuesto en el presente recurso, esta Sala de lo Penal advierte que el artículo 4 de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Similares (Vigente al momento de la comisión del hecho), reconoce el derecho de las personas nacionales y extranjeras de poseer y portar armas de fuego, siendo necesario previamente obtener permiso por parte de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública siempre que cumplan los requisitos exigidos por esa misma ley, los cuales son los descritos en su artículo 27 reformado de la Ley de Armas: 1) Formulario con sus datos personales y residencia; 2) Marca, modelo, número de serie, identificación de conversiones de calibre, si la tuviere, así como las demás características del arma; la persona interesada sólo podrá poseer y/o portar armas de fuego y municiones clasificadas como permitidas, mismas que deben de tener las características y especificaciones que estipulan los artículos 7 y 9 de la Ley de Armas; 3) Constancia de haberse practicado la prueba balística conforme lo señala el artículo 17 para los efectos establecidos en el artículo 19, ambos de la Ley de Armas; 4) Pago de la matrícula municipal; y 5) Documentos de identificación. El permiso es intransferible (Artículo 34 de la Ley de Armas), por ello, la persona que lo obtenga deberá de reportar en un plazo máximo de diez días a la Policía Nacional y al Registro Nacional de Armas cualquier traspaso de propiedad que haga del arma registrada, a efectos de que el nuevo propietario realice la solicitud de permiso correspondiente, igualmente deberá de reportar el robo o extravío de la misma (Artículo 20 y 31 de la Ley de Armas).El Estado de Honduras, para efectos de salvaguardar la seguridad interior, tiene el deber de realizar un estricto control de la posesión y portación de armas de fuego, por ello contempla la imposición de sanciones administrativas (Artículos 27-C, 37, 54, 55, 56 y 57 de la Ley de Armas) y sanciones penales (aplicables con independencia a las sanciones administrativas) para las personas que infrinjan dichos controles. Entre las sanciones penales encontramos la del artículo 332-B del Código Penal, el cual determina lo siguiente: “Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o vendas armas de fuego y municiones para el uso personal o deportivas (…) incurrirá en una pena de tres a seis años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones (…) Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas (…) las descritas en la ley especial”. En el caso actual, el hecho probado de la sentencia devela circunstancias fácticas tales como que el acusado M. Á. P. A. , fue requerido por agentes de la Policía Nacional Preventiva el 19 de noviembre del 2009, aproximadamente a las 6 de la tarde, en la Aldea la Jutosa de Choloma, Cortés; así como que al ser registrado se le encontró un arma de fuego comercial, Tipo pistola, marca Bersa, Modelo Thunder 380, calibre 0.380 Auto, serie No. 348786, la cual presentaba buen estado de funcionamiento tanto mecánico como operativo, sin contar con el permiso expedido por la autoridad competente.Este hecho declarado probado por el Tribunal de Sentencia tiene relevancia jurídica en el sentido que el artículo 2 del decreto legislativo 184-2013 de fecha 30 de septiembre de 2013, publicado en el Diario Oficial la Gaceta el 5 de octubre del 2013, prorrogado en su vigencia por un periodo de 6 meses mediante el decreto legislativo 63-2014, contados a partir de su fecha de vencimiento, es decir, con una temporalidad que abarca hasta el 5 de abril del 2015, no se encontraba vigente ni al momento de la comisión del hecho (19 de noviembre del 2009), ni al momento de proferir la sentencia definitiva (25 de septiembre de 2015). Lo que conlleva a darle razón al recurrente, pues el Tribunal de Sentencia efectivamente comete un error in iudicando al dejar de aplicar al hecho declarado probado de la sentencia el artículo 332-B del Código Penal, el cual ciertamente el reúne los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de portación ilegal de arma de fuego comercial, al quedar establecido que el acusado portaba un arma de fuego comercial Tipo pistola, marca Bersa, Modelo Thunder 380, calibre 0.380 Auto, serie No. 348786, sin contar con el permiso expedido por la autoridad competente. Esta conducta no puede ser amparada en una causa de atipicidad, pues el decreto legislativo 184-2013 se trata de un decreto temporal y no una ley intermedia, como erróneamente lo señala el Tribunal de Sentencia (Ver sentencia de la Sala de lo Penal de fecha 2 de abril de 2019, recaída en el expediente No. 170-2015). El decreto temporal deja en suspenso, con la concurrencia de otras condiciones, algunos de los verbos rectores del artículo 332-B, pero tiene un plazo taxativo de vigencia y como principio fundamentador no se aplicará a supuestos ni en momentos distintos de los comprendidos expresamente en ellas. En cambio, la ley intermedia al ser una ley posterior deroga la ley anterior, se da identidad plena en cuanto al hecho regulado y se viene a dar una sucesión de leyes penales. En el caso concreto, el Tribunal de Sentencia aplicó retroactivamente un decreto temporal, lo cual no es abarcado por el principio de retroactividad de la ley penal. VI. DECISIÓN. Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo.VII. POR TANTO, La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 360 y 363 del Código Procesal Penal; FALLA: 1) DECLARA HA LUGARel Recurso de Casación por Infracción de Ley, en su único motivo, interpuesto por la Abogada M. T. L., fiscal del Ministerio Público; en consecuencia, CASA la sentencia absolutoria de fecha veinticinco (25) de septiembre de dos mil quince (2015), dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés; 2) CONDENA AL SEÑOR M. Á. P. A. como autor responsable del delito consumado de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, imponiéndosele una pena principal de tres (03) años de reclusión; pena de reclusión a la que se le restará el tiempo en que el condenado haya estado privado de su libertad por esta causa y la que deberá cumplir en el Centro Penal de Tamara, departamento de Francisco Morazán, sin perjuicio de que sea trasladado a otros Centros Penitenciarios del país por efectos de ordenamiento interno del Establecimiento Penitenciario; 3) Condena al señor M. Á. P. A., como consecuencia de la pena de reclusión, a trabajar en obras públicas o en labores dentro del Centro Penitenciario, por el tiempo señalado para la pena de reclusión, conforme lo establece la Ley del Instituto Penitenciario; 4)Condena al señor M. Á. P. A. , a las penas accesorias de Inhabilitación Especial e Interdicción Civil, por el tiempo señalado para la pena de reclusión; 5) Se declara el comiso de la pieza de convicción consistente en un arma de fuego comercial Tipo pistola, marca Bersa, Modelo Thunder 380, calibre 0.380 Auto, serie No. 348786; y se ordena, asimismo, la entrega de dicha arma a la persona que acredite su legítima propiedad; 6)Declara la responsabilidad civil del condenado M. Á. P. A. , consistente en la indemnización de perjuicios, misma que deberá de ser exigida y cuantificada en la etapa de ejecución de esta sentencia; 7)Declara la no procedencia de condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el presente proceso. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remiten las presentes diligencias al Tribunal de origen, a efecto de dar cumplimiento al párrafo primero del artículo 385 del Código Procesal Penal, respecto a los pronunciamientos judiciales que han adquirido el carácter de firme, y, además, de librar copia certificada de la presente resolución a la Unidad de Antecedentes Penales del Poder Judicial. NOTIFÍQUESE.FIRMAS Y SELLO.JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. Magistrado Coordinador. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. Magistrado. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.Magistrada. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. Receptora Adscrita. Sala de lo Penal.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de agosto del año dos mil diecinueve. Certificación de la Sentencia de fecha veinticinco de junio del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-40-2016.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

1 de 15

[1] Hassemer, Winfried, Fundamentos del Derecho Penal, Bosh, Casa Editorial S.A., 1984., Pág. 320.

[2] Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civitas A.S., España, p. 141.

[3] Bustos Ramírez, Juan Manual, Derecho penal, Parte General, Barcelona, Edit. Ariel S.A, 3° Edición, 1989, pg. 82.

[4]Muñoz Conde, Francisco. Derecho Penal, parte general, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia España, 1° edición, 1993, pg. 98.

[5] Muñoz Conde; Francisco; García Arán, Mercedes. Derecho Penal Parte General, 3° Edición. Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 1998, Pág. 159 y 160.