Sentencia CP-027-16 — Registro 9377
Resumen
En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Lavado de Activos, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...De la Procedencia Recurso. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. El recurrente funda su reproche recursivo por Quebrantamiento de Forma en la violación de las reglas de la sana crítica, de la lógica, constituida por la ley de derivación en la valoración intelectiva de la prueba de cargo aportada en juicio. Esta Sala considera que la declaración de los hechos probados del juicio se deriva directamente de la fundamentación intelectiva practicada por el juzgador a los medios de prueba de carácter incriminatorio, consistente en: 1) Prueba de testigos, consistente en las declaraciones rendidas por los testigos Policías M. A. R. H., I. Y. F. R., H. A. G. M., y D. A. S. S., de los que el juzgador tiene por acreditado las circunstancias de lugar y tiempo, modalidad delictiva, en que en el vehículo tipo turismo, color blanco, Marca Nissan, Placas PBS4368, propiedad del señor J. A. H. R., y conducido por el acusado M. A. C. M. con procedencia de la República de Guatemala, traía la cantidad de nueve mil novecientos ochenta y cinco dólares en denominaciones de billetes de veinte (20) de diez (10) y de cinco (5) dólares, ocultos en un compartimiento hecho a partir de una modificación al asiento trasero del referido vehículo, sellado con puntos de soldadura y silicón; 2) Prueba documental consistente en: a) Acta de Registro de Vehículo Marca Nissan Altima, tipo-turismo, color blanco, serie UR2530448112 Chasis IN4AL11D23C107014, con Placas PBS-4368, en que se encontró en una caleta situada en el respaldar del asiento una bolsa blanca con la leyenda Distribuidora del Caribe, SA, la que contiene en su interior un fajo de denominación de veinte dólares, ocho fajos en billetes de denominación de diez dólares, y dos fajos en billetes de denominación de cinco dólares, para hacer un total de nueve mil novecientos ochenta y cinco dólares; b) Acta de decomiso de un fajo de billetes que en suma asciende a nueve mil novecientos ochenta y cinco dólares americanos, la cantidad de nueve mil novecientos ochenta y cinco dólares en denominaciones de billetes de veinte (20) de diez (10) y de cinco (5) dólares, ocultos en un compartimiento hecho a partir de una modificación al asiento trasero del referido vehículo, sellado con puntos de soldadura y silicón; c) Acta de decomiso al señor M. A. C. M. del vehículo de Vehículo Marca Nissan Altima, tipo-turismo, color blanco, vidrios polarizados, serie UR2530448112 Chasis IN4AL11D23C107014, con Placas PBS-4368, que según tarjeta de revisión pertenece al señor J. A. H. R.; d) Acta de decomiso de documentos: recibo, traspaso de vehículo, dos revisiones de vehículo; e) Oficio de Dirección de Migración y Extranjería, se acredita movimientos migratorios del señor M. A. C. M., salida no registrada e ingreso con procedencia de los Estados Unidos; salida con destino hacia Colombia e ingreso no registrado; f) Oficio DEI- CIPLAFT-513-2012 de la Dirección Ejecutiva de Ingresos de declaraciones de impuestos, exportaciones e importaciones, negocios, empresa o vehículos en los últimos cinco años, entre otros del señor M. A. C. M., que acredita: que al consultar nuestros sistemas de información ETAX, SARAH y SIP, en la fecha no se encontraron registrados, entre otros el señor M. A. C. M., como contribuyente; g) Acta Especial de entrega de valores y deposito en cuenta de funcionarios del Banco Central de Honduras sucursal de San Pedro Sula, Cortés, al señor J. H. P. M., Director Ejecutivo de la Oficina Administradora de Bienes incautados OABI, de la cantidad de nueve mil novecientos ochenta y cinco dólares ($ 9,985.00) evidencia relacionada al proceso instaurado, entre otros al señor M. A. C. M., por suponerlo responsable del delito de Lavado de Activos en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras; h) Oficio de Catastro Municipal de la ciudad de San Pedro Sula, que establece: que de acuerdo a la base de datos , entre otros el señor M. A. C. M., no posee bienes inmuebles”; i) Oficio de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, que hace constar que: entre otros del señor M. A. C. M., no se cuenta con información en dichos registros”; j) Oficio de la Dirección General de Marina Mercante, 304-2013, en que se consigna que el señor M. A. C. M. no aparece como propietario o socio de embarcaciones o agencias navieras”; k) Información Financiera de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, Unidad de Información Financiera, UFI-0554-2012, 30 de julio 2012, que acredita que el señor M. A. C. M., no tiene cuentas abiertas en bancos privados, ni estatales, ni el compañías financieras, ni cooperativas; l) Asistencias Judiciales de la República de Guatemala, DFG-208-2014, que entre otros el acusado M. A. C. M., no posee cuentas de ahorro, depósitos monetarios, inversiones, y /o prestamos, en bancos, operaciones internacionales, operaciones de Wester Union y remesas familiares, tarjetas de crédito, de débito, ni de créditos, o productos bancarios, no tiene bienes inmuebles, no aparece movimiento migratorio de entrada salida aérea, terrestres y marítima en Guatemala; ll) Autorización del señor J. A. H. R., para que acusado M. A. C. M. pueda salir del país con el vehículo Marca Nissan Altima, tipo-turismo, color blanco, vidrios polarizados, serie UR2530448112 Chasis IN4AL11D23C107014, con Placas PBS-4368, y autentica, de notario, R. A. S. O.; m) Tracto sucesorio de vehículo Marca Nissan Altima, tipo-turismo, color blanco, vidrios polarizados, serie UR2530448112 Chasis IN4AL11D23C107014, con Placas PBS-4368; n) Oficio 0702-SR-12, de la Dirección General de Migración y Extranjería, que hace constar que no se encontró registro a favor de M. A. C. M., en los años que se consultaron del 2000 al 30 de julio de 2012; 3) Prueba Pericial, consistente en Dictamen Patrimonial y Financiero del señor M. A. C. M., cuyas conclusiones refieren que no reflejó movimientos que fueran acordes a los de un comerciante, respecto al flujo de efectivo de su cuenta bancaria y que pudieran respaldar las operaciones de disposición de efectivo en su cuenta bancaria mismo y que pudieran respaldar las operaciones de disposición de efectivo para la obtención de los catalizadores que vendería con posterioridad en Guatemala, no se encontró ningún tipo de documentación financiera, ni en movimientos bancarios que acrediten la transacción de compra venta del productos (catalizadores) al que se hace referencia que estaba comercializando; se acreditó mediante asistencia judicial de Guatemala, que la empresa Ferretornillos que supuestamente realiza la compra del producto (catalizadores) no se encuentra registrada su existencia en dicho país; En declaración del testigo que entregó el dinero $ 9,985.00 al señor M. A. C. M., se apreció contradicción en el nombre del jefe que realizó la compra del producto, por lo que no encontraron indicios de la transacción comercial que diera origen a dichos valores, ni evidencia de actividad comercial. Esta Sala considera que el juzgador ha vertido razones lógicas, coherentes y suficientes, para dotar de credibilidad y valor probatorio a las pruebas de cargo preinsertas y de ellas derivar un estatuto de verdad, y certeza de la participación del acusado M. A. C. M. en el delito que se le imputa. Esta Sala considera que el juzgador vierte razones lógicas, coherentes y suficientes, para restar credibilidad y valor probatorio a las pruebas de descargo consistente en: 1) Acta de Registro personal y de pertenencias encontradas al acusado M. A. C. M.; 2) Información Financiera de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Unidad de Información Financiera; 3) Constancia extendida por la Gerencia de la Sociedad Mercantil C y C Home Improvent, S, de R.L.; 4) Copia autenticada de la Escritura de Constitución de la Sociedad Mercantil C y C Home Improvent, S, de R.L.; 5) Autorización del señor J. A. H. R., para que acusado M. A. C. M. pueda salir del país con el vehículo Marca Nissan Altima, tipo-turismo, color blanco, vidrios polarizados, serie UR2530448112 Chasis IN4AL11D23C107014, con Placas PBS-4368, y autentica, de notario, R. A. S. O., por considerar que dichos medios de prueba de descargo son inútiles e insuficientes para desvirtuar la tesis acusatoria. Por lo expuesto en este caso el juzgador no ha violado las reglas de la sana critica en la valoración de la prueba aportada en juicio. .."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362,N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha treinta de mayo del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “SENTENCIA Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de mayo de dos mil diecinueve. El Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vázquez, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, han pronunciado EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-27-2016 por Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Ley, interpuesto contra la Sentencia de fecha quince (15) de Junio de dos mil quince (2015), dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual: Condenó al Señor M. A. C. M., como autor del delito de Lavado de Activos, en perjuicio de La Economía del Estado de Honduras, a la pena de quince años de reclusión. Condenó al señor M. A. C. M., a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la pena principal. Se declaró la responsabilidad civil del señor M. A. C. M. No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio al señor M. A. C. M. Procedió el comiso de la cantidad de nueve mil novecientos noventa dólares (US$ 9,900.00). Asimismo, sobre el vehículo Marca Nissan Altima, Color Blanco, Tipo Turismo, Placa PBS 4368. SON PARTES: El Abogado J. A. R. R., en su condición de Defensor Privado del señor M. A. C. M., como parte recurrente; y la Abogada M. E. G., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “ÚNICO: El día veinticinco de julio del año dos mil doce, a eso de las tres de la tarde el señor M. A. C. M., se conducía a bordo de un vehículo tipo turismo, color blanco, Marca Nissan, Placas PBS4368, propiedad del señor J. A. H. R., con procedencia de la República de Guatemala, trayendo a bordo de dicho vehículo la cantidad de nueve mil novecientos ochenta y cinco dólares en denominaciones de billetes de veinte (20) de diez (10) y de cinco (5) dólares, los cuales se encontraban ocultos en un compartimiento hecho a partir de una modificación al asiento trasero del referido vehículo, sellado con puntos de soldadura y silicón, del cual no se tiene registro de su origen, mismo que fue descubierto por Agentes de la Policía luego de haber sometido a un registro de rutina al acusado y al vehículo en que éste se transportaba.” RECURSO DE CASACION “RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMEINTO DE FORMA Y POR INFRACCION: EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN. I.- RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY I. PRIMER MOTIVO: “Aplicación indebida del artículo 3 de la Ley de Lavado de Activos”; en relación con los artículos: “5, 31, 34, 35, 40, 43, 45, 48 de la citada Ley, así como de la Norma de Remisión Penal, contenida en la Resolución Número: 325-9/2003, de fecha 24 de septiembre de 2003, emitida por el Banco Central de Honduras y publicada en el Diario oficial La Gaceta, el 26 de septiembre de 2003”. II. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360, del Código Procesal Penal. III. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La Sala de lo Penal, ha reiterado que cuando se conoce un Recurso de Casación por Infracción de Ley, se trata precisamente de examinar si en descripción de los hechos probados establecida por el Tribunal de instancia se determina de manera correcta un iuditio de subsunción del hecho en el derecho, ya que el objetivo preciso del Recurso por Infracción de Ley, lo es el relato de hechos probados en la sentencia que deben ser descritos en el fallo de manera clara y precisa conteniendo un relato fáctico que permita adecuarlos a una hipótesis normativa. Debiéndose respetar los hechos probados, pues el principio de intangibilidad de los hechos fijados en la sentencia limita el control jurídico de la casación al vedar entrar a la reconstrucción histórica de los hechos acaecidos los cuales son fijados en la sentencia recurrida, procediendo sólo revisar y corregir la aplicación del derecho sustantivo. La impetrante en Casación por Infracción de Ley, debe precisamente manifestar el vicio iudicando que se considera cometido por el Tribunal sentenciador al momento de adecuar los hechos con el derecho en la infracción de normas sustantivas penales o doctrina legal, ya sea por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea.- El Tribunal de sentencia tuvo como probados los hechos siguientes: UNICO: El día veinticinco de Julio del año dos mil doce, a eso de las tres de la tarde el señor M. A. C. M., se conducía a bordo de un vehículo tipo turismo, color blanco, marca Nissan, placas PBS 4368, propiedad del señor J. A. H. R., con procedencia de la República de Guatemala, trayendo a bordo de dicho vehículo la cantidad de nueve mil novecientos ochenta y cinco dólares en denominaciones de billetes de veinte (20) de diez (10) y de cinco (5) dólares, los cuales se encontraban ocultos en un compartimiento hecho a partir de modificaciones al asiento trasero del referido vehículo, sellado con puntos de soldadura y silicón, del cual no se tiene registro de su origen mismo que fue descubierto por Agentes de la Policía luego de haber sometido a un registro de rutina al acusado y al vehículo en que este se transportaba. Como puede apreciarse señores Magistrados de la Honorable Sala de lo Penal, en el hecho que tuvo a bien el Tribunal de Sentencia tener como probado, resaltan varios aspectos de suma importancia, como ser que mi defendido traía consigo la cantidad de Nueve Mil Novecientos Ochenta y Cinco Dólares, los cuales según el Tribunal, no tiene registro de su origen, aspecto éste que no es cierto, en que quedó plenamente acreditado cual era el origen lícito de ese dinero, el hecho de que los traía ocultos, para nadie es un hecho controvertido que en el país de Guatemala el delito de Robo ocupa el mayor índice delincuencial en ese país, y máxime cuando se trata de vehículos con placas Hondureñas, tal y como le ocurrió a unos parientes que recientemente visitaron Guatemala y donde fueron víctimas de un asalto despojándolos de la cantidad de cincuenta mil quetzales, razón por la cual mi cliente los traía escondidos. La cantidad decomisada a mi defendido no está comprendida dentro del valor a tomar en cuenta por la misma ley de lavado de activos en relación con otras leyes y decretos que abordaremos en el siguiente motivo, por lo tanto existe una aplicación indebida del artículo 3 de la Ley Contra el delito de Lavado de Activos, solicitando que se declare con lugar éste motivo de casación y se declare absuelto a mi representado. El Tribunal Sentenciador, efectuó de manera evidentemente intencionada, una aplicación indebida de la norma contenida en el artículo: 3, de la Ley contra el delito de Lavado de Activos, en relación con los artículos: 5, 31, 34, 35, 40, 43, 45, 48 de la citada Ley, así como de la Norma de Remisión Penal contenida en la Resolución Número: 325-9/2003, de fecha 24 de Septiembre de 2003, emitida por el Banco Central de Honduras y publicada en el Diario oficial La Gaceta, el 26 de Septiembre de 2003. Esta infracción a la norma penal, condujo al Tribunal Sentenciador, a la aplicación indebida de la norma penal citada, al haber soslayado evidentemente y con sobrada intención o malicia inexcusable, el hecho de que dicha norma se relaciona de manera directa y armónica, con los citados artículos: 5, 31, 34, 35, 40, 43, 45, 48 de la citada Ley, así como de la Norma de Remisión Penal contenida en la Resolución Número: 325-9/2003, de fecha 24 de Septiembre de 2003, emitida por el Banco Central de Honduras y publicada en el Diario oficial La Gaceta, el 26 de Septiembre de 2003. Para aplicar una norma penal, el Juzgador debe analizar la legislación aplicable en todo su contexto, como un universo armónico, no contradictorio entre sí, analizando y entrelazando si es el caso, de manera congruente y eficáz, todas aquellas disposiciones que sean aplicables al caso concreto. La norma penal infringida tiene relación directa, con el hecho de que en Honduras, NO CONSTITUYE DELITO, TRANSPORTAR CANTIDADES INFERIORES A DIEZ MIL DOLARES AMERICANOS (US$1O,000.00), NI EXISTE OBLIGATORIEDAD DE DECLARARLOS ANTE NINGUNA AUTORIDAD. Este hecho se deriva de que la actual Ley contra el Delito de Lavado de Activos, dispone lo siguiente en el ARTÍCULO 5. “Al ingresar o al salir de Honduras, toda persona nacional o extranjera está obligada a declarar y si fuera requerido a presentar el dinero en efectivo y títulos valores de convertibilidad inmediata, que exceda el monto establecido por el Banco Central de Honduras”. (Ley contra el delito de Lavado de Activos). Este artículo 5, se queda inconcluso al no señalar el monto de la cantidad de dinero a declarar, “al entrar o salir de Honduras”; y nos remite al “Banco Central de Honduras”, como la Institución que completa la norma penal. Para el efecto anterior, el Banco Central de Honduras, emitió el 24 de Septiembre de 2003, la Resolución Número: 325-9/2003, publicada en el Diario Oficial La Gaceta de fecha 26 de Septiembre de 2003. Esta Resolución Número: 325-9/2003, que el Tribunal de Sentencias, desconoce absolutamente su existencia, como Ley Vigente en Honduras y de aplicación obligatoria, establece en sus considerandos lo siguiente: “CONSIDERANDO: Que el artículo 48 contra el delito de Lavado de Activos, contenida en el Decreto No.45-2002, del 5 de marzo de 2002, autoriza al Banco Central de Honduras, para fijar el monto de las sumas de dinero en efectivo, y/o títulos valores de convertibilidad inmediata, que excedan el monto establecido por el Banco Central de Honduras”. CONSIDERANDO: “Que el artículo 5, de la Ley en referencia, preceptúa que toda persona nacional o extranjera al ingresar o salir del país, estará obligada a declarar y si fuere requerida a presentar el dinero en efectivo o en cualquier otro instrumento monetario que sean transportados desde o hacia la República de Honduras, que deberán ser registrados y notificados”. CONSIDERANDO: “Que los usos y prácticas internacionales en materia de prevención y control del Lavado de Activos han establecido la suma de diez mil dólares Estadounidenses (US$10,000,00) o su equivalente en otras divisas o en moneda nacional, como un límite prudencial para exigir el registro y notificación del dinero en efectivo o cualquier otro instrumento monetario de líquidez inmediata que sean transportados desde o hacia sus países. Asimismo las recomendaciones especiales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), del cual Honduras es miembro y signatario de sus acuerdos para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, se orientan a establecer regulaciones y vigilancia a instituciones que operan con sistemas alternativos de transferencias de dinero a nivel internacional, tales como remesadoras y organizaciones sin fines de lucro, ya que las mismas son particularmente vulnerables a ser utilizadas como medio de transferencia de dinero ilícito”. “POR TANTO... RESUELVE: “1.- Para efectos de la aplicación de los artículos 5 y 48 de la ley contra el delito de lavado de activos, contenida en el Decreto No. 45-2002, del 5 de marzo del 2002, se fija la suma de diez Mil dólares estadounidenses (US$.10000.00), o su equivalente en cualquier otra divisa o moneda nacional”. (Véase Resolución del Banco Central de Honduras Número: 325-9/2003, publicada en el Diario Oficial La Gaceta de fecha 26 de Septiembre de 2003). De conformidad con la citada normativa, que es Ley de la República, y que asombrosamente el Tribunal a-quo, desconoce su existencia, el acusado; no tenía ninguna obligatoriedad siquiera, de declarar la suma de dinero por la que fue sentenciado de manera arbitraria, pues no excedía la suma de “Diez mil dólares estadounidenses”, fijada por el Banco central de Honduras, en la Resolución ya referida. De conformidad a la Resolución del Banco Central de Honduras, número: 325- 9/2002.- Y no puede haber otra interpretación, pues la disposición, es clara en sus propios términos.- PORTAR MENOS DE DIEZ MIL DOLARES ESTADOUNIDENSES, ES UNA CONDUCTA LICITA, ATIPICA, NO CONSTITUTIVA DE DELITO. La Sentencia impugnada, violenta el principio de legalidad penal, contenido en la premisa de que “No hay delito ni pena sin Ley”, refiriéndose a este precepto de la Dogmática Penal, Claus Roxin, señala lo siguiente: “Como ya se ha expuesto anteriormente, un Estado de Derecho debe proteger al individuo no solo mediante el Derecho Penal, sino también del Derecho Penal. Es decir, que el ordenamiento jurídico no solo ha de disponer de métodos y medios adecuados para la prevención del delito, sino también ha de imponer límites al empleo de la potestad punitiva, para que el ciudadano no quede desprotegido y a merced de una intervención arbitraria o excesiva del “Estado Leviatán”. El principio básico “no hay crimen o delito sin ley” (nullum crimen sine lege) es un postulado básico del Estado de Derecho, se expresa así: “Un hecho solo se puede castigar si la punibilidad estuviera legalmente determinada antes de que se cometiera el hecho”... Este principio permite colarse entre las mallas de la ley penal. Por eso Franz V. Liszt, denominó al Código Penal, que realmente debería servir para combatir el delito, con una fórmula exagerada pero pegadiza “La Carta Magna del delincuente”. Ello significa lo siguiente: Que así como en su momento la “Magna Charta Libertatum” Británica (1215) protegía al individuo de intromisiones arbitrarias del poder estatal, el Código Penal pone a cubierto al ciudadano (tanto al honrado como al no honrado) de todo castigo por una conducta que no haya sido claramente declarada punible antes del hecho”. (Claus Roxin, “Derecho Penal, Parte General. Tomo I. Segunda Edición, Editorial, Civitas, Madrid, España. Pag. 137). Este principio, se complementa con el principio de reserva constitucional, contenido en el artículo, 70 de la Constitución de la República según el cual, “Todos los Hondureños tienen el derecho de hacer lo que no perjudique a otro y nadie estará obligado a hacer lo que no estuviere legalmente prescrito ni impedido de ejecutar lo que la Ley no prohíbe”. Según este principio, no se podía obligar ni mucho menos criminalizar la conducta del ahora sentenciado, por el delito de Lavado de Activos, al no haber declarado, una suma menor a diez mil dólares estadounidenses, ni se le puede impedir ejecutar tal conducta pues no está legalmente prohibida. Este Tribunal Sentenciador, al soslayar aplicar dicha normativa, eludiendo su existencia, y tratando de justificar su Sentencia Bizarra, la cual no resiste el menor análisis, sostiene con una carga de subjetivismo inquisitivo lo siguiente: “Si una persona tiene en su poder “grandes cantidades de dinero” se presume que el origen de dicho dinero no es lícito” (Pag.31, párrafo último de la sentencia). A continuación esta Joya de nuestra Justicia establece que, “Algunos juristas pueden considerar que esta situación vulnera la presunción de inocencia, pero en realidad no es así, si se toma en consideración que existe una pluralidad de aspectos dogmáticos penales cuya probanza le incumbe a la defensa como ser, la legítima defensa en la cual se debe acreditar ese ánimo defensivo que conforma los elementos de dicha causa de justificación, o bien la existencia de una causa de inimputabilidad”... Más adelante agrega, “Esta presunción juris tantum, es más bien a efectos preventivos, ya que el estado deviene obligado en controlar la actividad criminal organizada y el disfrute de los bienes provenientes de ésta. Aunado a ello, esta presunción puede ser destruida durante el proceso con prueba que demuestre lo contrario, es decir, que es la persona acusada quien ha de probar la licitud del dinero que tiene en su poder”(Pag.32 opcit.). El texto antes citado, revela la aplicación más rudimentaria del peligrosismo penal, o de la doctrina del Derecho Penal del enemigo, propias de Un Derecho Penal de excepción, anti garantista, autoritario e inconstitucional, reminiscente con las prácticas del estado Nazi Alemán. Destruye de manera bárbara el principio de presunción de inocencia y del debido proceso, al caer en imprecisiones groseras en la redacción de la sentencia, al citar para el caso el término, “Grandes Cantidades de dinero”. Que entiende este Tribunal por grandes cantidades de dinero”?. E invierte la carga de la prueba, atacando frontalmente el estado de inocencia, pretendiendo desconocer que por virtud del (artículo 89 Constitucional), todo acusado es inocente, y tiene derecho a ser juzgado con las formalidades, derechos y garantías previstos en la Constitución de la República (artículo 90 Constitucional). La sentencia impugnada, realmente constituye un precedente funesto y peligroso, que debe ser enmendado por el Tribunal de Casación, a efecto de recordar que los Jueces deben sobre todo, garantizar una correcta aplicación de la ley, fuera de toda concepción subjetivista, impropia en el derecho penal contemporáneo que no admite, analogías o interpretaciones contra legis, y sobre todo, debe estar absolutamente enmarcada en la aplicación correcta de la legislación penal existente, evitando imprecisiones subjetivistas que constituyen una verdadera amenaza a las garantías de los ciudadanos, legalmente aseguradas por nuestra Carta Magna. Por lo anteriormente expuesto solicito que se declare con lugar este recurso por Infracción de Ley y que se absuelva de toda responsabilidad a mi defendido, ordenando la devolución del dinero decomisado”.- IV.CONTINUA MANIFESTANDO EL RECUENTE EN SU SEGUNDO MOTIVO DE CASACION: POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. II- SEGUNDO MOTIVO: “No haber observado el Juzgador las Reglas de la Sana crítica en la Valoración de la Prueba”.- III PRECEPTO AUTORIZANTE. El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Esta Sala de lo Penal observa, que el reproche recursivo recae sobre el fundamento intelectivo de la sentencia impugnada, por violación de las reglas de la sana crítica, concretamente del postulado de la derivación. Esta Sala entiende que todo problema de inobservancia de las normas del correcto entendimiento humano, es decir de las máximas de la experiencia, la psicología y la lógica, es un problema de fundamentación. Las primeras se refieren al conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida, para lo cual debe partirse de la condición de hombre común que tiene el juzgador, por lo que el límite de éstos son los conocimientos técnicos especializados. Las reglas de la Psicología: están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento adquirido respecto del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquel. Las reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el Juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado. Las reglas de la lógica implican, por su parte, que el ejercicio intelectivo del juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos) y derivación (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad). La coherencia manda la observancia de los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido. Asimismo, la derivación induce a la obligatoriedad de que la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar adecuada correlación entre ellas), verdadera (el razonamiento debe derivar de elementos auténticos) y suficiente (los elementos base de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga). Dentro de las reglas de la lógica, al que debe sujetarse el juzgador en la valoración de las pruebas, aparece la característica, exigida por ellas, denominada derivada según la cual la motivación debe respetar el principio de razón suficiente, para lo cual “el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando.”. Para ello, la motivación debe ser concordante: a cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder convenientemente al elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella. Cuando se pide que una sentencia sea motivada bajo la lógica, como regla de la sana crítica, es porque se afirma que la derivación es una exigencia de la razón suficiente, de tal manera que el razonamiento de los jueces de sentencia, debe estar constituido por deducciones razonables originadas, formadas y concluidas de las pruebas, es decir, que cualquier afirmación o proposición que acredite la existencia o no de un hecho, tiene que estar fundamentada en las pruebas, por eso este principio de razón suficiente se entiende como la forma lógica del razonamiento humano; “que no se produce ningún hecho, sin que haya una razón suficiente para que sea así y no de otro modo”. Será de utilidad para una mejor comprensión de este recurso que se formaliza, en que consiste la valoración de la prueba en el proceso, el artículo 202 del Código Penal Procesal, establece “el sentenciador formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida y con arreglo a la sana crítica, aspecto este que también lo encontramos en el numeral 2 de la regla cuarta del artículo 338 del mismo cuerpo legal. La sentencia que hoy impugnamos contiene un vicio grave que atenta contra las reglas de la sana crítica a tener en consideración en la valoración de la prueba, violentando lo establecido en los artículos supra referidos, en el presente proceso y con la finalidad de acreditar la procedencia legal de la cantidad de nueve mil novecientos ochenta y cinco dólares la defensa presentó como medios de prueba documentales los siguientes: 1.- Constancia extendida por la Gerencia de la Sociedad Mercantil C&C Home Improvent S. DE R.L. con la cual se acredita que el señor M. A. C. M., es cliente de la misma y donde mi representado realizó una compra de 75 catalizadores, el día 23 de julio del año 2012, realizando un abono de treinta mil lempiras, quedando pendiente un saldo de noventa mil lempiras, el cual debía de ser cancelado el día siete de agosto del año 2012. 2.- se presentó Copia Autenticada de la Escritura de Constitución de la Sociedad Mercantil C&C HOME IMPROVENT S. DE R.L. donde entre otras cosas al giro comercial que se dedica dicha Empresa, se establece que se dedica también a la venta de ferretería en general. 3.- Autorización otorgada a favor de mi representado por el señor J. A. H. R., en la cual lo autoriza para que pueda salir del país rumbo a Guatemala en un vehículo Marca Nissan, tipo-turismo, color-blanco, con placas PBS-4368. 4.-Informe Financiero de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros de fecha 30 de julio del 2012, donde se establece que mi defendido no tiene cuentas con las instituciones allí nominadas. El Tribunal de Sentencia en el apartado de valoración conjunta de la prueba, página 26 de la sentencia impugnada, último párrafo, establece lo siguiente.” De la Prueba evacuada en juicio, no se encontró ni siquiera un indicio que permitiera al Tribunal poner en duda la procedencia del dinero, que le fue decomisado al señor C., habida cuenta, que no se presentó prueba en descargo que reflejara una transacción comercial que dio origen a dichos valores, como tampoco fue posible acreditar, la actividad económica o comercial por parte del acusado, y mucho menos que de ésta actividad económica o comercial alguna persona en la República de Guatemala, haya obtenido la cantidad de 9,985 dólares a fin de entregarlos a éste” Lo manifestado por el Tribunal, vulnera las Reglas de la Sana Crítica especialmente la de la Lógica en su característica de Derivación, ya que se acreditó de nuestra parte que nuestro representado obtuvo dicho dinero producto de un transacción lícita en la ciudad de Guatemala, además se probó con prueba documental suficiente, que mi representado obtuvo los catalizadores de la Empresa Mercantil C&C Home Improvent, S. DE R. L. la cual el Ministerio Público comprobó su existencia real en la ciudad de San Pedro Sula, mercancía ésta que vendió en la ciudad de Guatemala, si bien es cierto el ente acusador no pudo comprobar la existencia de la Empresa Comercial Ferretomillos en la Ciudad de Guatemala, la verdad es que no se sabe si la misma está inscrita o que aún esté en proceso de formación, o algún error de parte las autoridades de Guatemala no hicieron posible aclarar este aspecto, pero por tal omisión no se puede condenar a una persona que lo que hizo fue dedicarse al comercio para ganarse la vida honradamente para el sustento de su familia y la de él. Otro aspecto importante que el Tribunal no tomó en cuenta en su valoración es el hecho que fue el mismo Ministerio Fiscal, en su dictamen patrimonial y financiero, establece de forma clara y precisa que mi representado si tuvo cuenta en dólares en el Banco Ficohsa por un monto de 3,200.08 dólares de igual manera quedó probado también con dicho informe que mi defendido hizo compras de divisas al Banco BANPAIS por la cantidad de 4,350 dólares en la fecha comprendida entre 28 de diciembre al 13 de marzo del año 2013. Por lo tanto si el Juzgador hubiese realizado una correcta valoración de la probanza aportada en debate el fallo hubiese sido absolutorio, ya que estos elementos de prueba dan una información que el Tribunal no quiso extraer, violentado el postulado de razón suficiente que conforma el principio de derivación que informa la lógica como Regla de la Sana Crítica, la cual debe aplicar el Juzgador cuando valora la prueba. Llama poderosamente la atención lo esgrimido por el sentenciador en el apartado de valoración de la prueba, en la página 26, parte final del primer párrafo, donde establece: “extraña además al Tribunal, una práctica inusual de comercio, que existía supuestamente entre la Sociedad Mercantil y el señor C., la misma no tenga como respaldo ningún otro documento que garantizara el pago de una suma de dinero de supuestamente adeudaba a la sociedad mercantil” consideramos que esta observación hecha por el Tribunal, es meramente especulativa, subjetiva, apartada por completo de las reglas de la Sana Crítica, además es al ente acusador que le corresponde probar la culpabilidad de mi representado y no al mismo probar su inocencia; ya que si nos remitimos a la práctica del comercio son muchos los comercios o empresas que hacen este tipo de operaciones con clientes que gozan de la confianza absoluta de ellos, por lo tanto no es de extrañarse este extremo. Consideramos que con los medios de prueba aportados al debate se probó sin lugar a dudas que mi defendido se dedica a actividades de lícito comercio, como así lo establece la constancia extendida por la Empresa C&C Home lmprovent, S.DE R.L., con la cual se probó que mi poderdante es cliente de ellos y donde se establece además la entrega del producto que él mismo vendió en la Ciudad de Guatemala. La Honorable Sala de lo Penal, en situaciones similares a la presente causa, ha establecido lo siguiente “[1] El Tribunal sentenciador deduce inferencias razonables en su valoración de la prueba legalmente evacuada, en cuanto a que el Ministerio Público no logró demostrar que los $ 49,670.00 dólares, provengan de actividades relacionadas con el Tráfico Ilícito de Drogas, o que su origen no tenga causa o justificación económica legal, ya que como se dijo, tiene razón el sentenciador en cuanto a que el sólo hecho del hallazgo del referido dinero en efectivo de manera oculta y, la no adquisición del mismo en el mercado financiero formal, no es suficiente para poder concluir que el dinero no tiene una procedencia legal”. Sobre las pericias presentadas por el ente acusador en esta misma sentencia citada anteriormente, la Sala de lo Penal, también expresa lo siguiente:” la perito abandonó el principio de objetividad, al rebasar el objeto de su pericia, que era determinar si los $ 49,670.00 dólares y el camión decomisado corresponden con los ingresos de una actividad económica lícita o no, pero en el presente caso a perito va más allá, al referirse a que todo el patrimonio de del imputado no tiene justificación legal alguna, lo que correctamente los sentenciadores aprecian como falta de objetividad de la perito, debe tenerse en consideración que, los jueces pueden y deben valorar con deducciones razonables la credibilidad de la perito y la coherencia de lo que estas dictaminan, además de que los agentes de investigación no entrevistaron a los acusados en ningún momento, debiendo quedar claro que en todos los tipos penales la carga de la prueba corresponde al órgano acusador y los acusados no están en la obligación de probar su inocencia porque como ya es sabido es un estado inherente a su condición de ser humano que se tutela en el marco Constitucional y procesal vigente en nuestro ordenamiento jurídico”. Hacemos la aclaración de que no habíamos hecho reclamo alguno en virtud de que el vicio se dio en el momento de redactar el fallo, solicitando que el mismo sea declarado HA LUGAR.” Fundamentación Recurso de Casación por infracción de ley, por aplicación indebida del artículo 3 de la Ley de Lavado de Activos; en relación con los artículos: 5, 31, 34, 35, 40, 43, 45, 48 de la citada ley, así como de la norma de remisión penal, contenida en la Resolución número: 325-9/2003, de fecha 24 de septiembre de 2003, emitida por el Banco Central de Honduras y publicada en el Diario oficial La Gaceta, el 26 de septiembre de 2003. Único Motivo Normas Autorizantes: Artículo 360 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: Aplicación indebida del artículo 3 de la Ley de Lavado de Activos”; en relación con los artículos: 5, 31, 34, 35, 40, 43, 45, 48 de la citada Ley, así como de la Norma de Remisión Penal, contenida en la Resolución Número: 325-9/2003, de fecha 24 de septiembre de 2003, emitida por el Banco Central de Honduras y publicada en el Diario oficial La Gaceta, el 26 de septiembre de 2003. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el Pretensor. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, ordenando se dicte la sentencia de fondo que corresponda conforme a derecho. Resumen Recurso de Casación por infracción de ley por aplicación indebida del artículo 3 de la Ley de Lavado de Activos, en relación con los artículos 5, 31, 34, 35, 40, 43, 45, 48 de la citada ley, así como de la norma de remisión penal, contenida en la resolución número 325-9/2003, de fecha 24 de septiembre de 2003, emitida por el Banco Central de Honduras y publicada en el Diario oficial La Gaceta, el 26 de septiembre de 2003. En el hecho probado se establece que el acusado M. A. C. M. traía consigo la cantidad de nueve mil novecientos ochenta y cinco dólares, los cuales según el tribunal no tiene registro de su origen, aspecto que no es cierto, dado que quedó acreditado el origen lícito de ese dinero. El hecho de que los traía ocultos, responde a que en el país de Guatemala el delito de robo ocupa el mayor índice delincuencial en ese país, máxime cuando se trata de vehículos con placas hondureñas, razón por la que el acusado los traía escondidos. La cantidad decomisada al acusado no está comprendida dentro del valor a tomar en cuenta por la Ley de Lavado de Activos, en relación con otras leyes y decretos, por lo que existe una aplicación indebida del artículo 3 de la Ley Contra el delito de Lavado de Activos, solicitando que se declare con lugar este motivo de casación y se declare absuelto al acusado. El Tribunal Sentenciador, ha soslayado con malicia inexcusable, el hecho de que la norma infringida se relaciona directa y armónicamente con los citados artículos 5, 31, 34, 35, 40, 43, 45, 48 y con la norma de remisión penal contenida en la Resolución número 325-9/2003, de fecha 24 de Septiembre de 2003, emitida por el Banco Central de Honduras, publicada en el Diario oficial delito, transportar cantidades inferiores a diez mil dólares americanos (US$10,000.00), ni existe obligatoriedad de declararlos ante ninguna autoridad. La actual ley contra el Delito de Lavado de Activos, dispone en el Articulo 5, que: “Al ingresar o al salir de Honduras, toda persona nacional o extranjera está obligada a declarar y si fuera requerido a presentar el dinero en efectivo y títulos valores de convertibilidad inmediata, que exceda el monto establecido por el Banco Central de Honduras”. Este artículo 5, remite al Banco Central de Honduras, como la institución que completa la norma penal. El Banco Central de Honduras, emitió el 24 de septiembre de 2003, la Resolución número: 325-9/2003, publicada en el Diario Oficial La Gaceta de fecha 26 de septiembre de 2003. Esta resolución dispone que “Para efectos de la aplicación de los artículos 5 y 48 de la ley contra el delito de lavado de activos, contenida en el Decreto No. 45-2002, del 5 de marzo del 2002, se fija la suma de diez mil dólares estadounidenses (US$ 10000.00), o su equivalente en cualquier otra divisa o moneda nacional”. La disposición es clara, por lo que portar menos de diez mil dólares estadounidenses, es una conducta licita, atípica, y no constitutiva de delito. El principio básico “no hay crimen o delito sin ley” (Nullum crimen sine lege) es un postulado básico del Estado de Derecho. Según este principio, no se podía obligar, ni mucho menos criminalizar la conducta del sentenciado, por el delito de Lavado de Activos, al no haber declarado, una suma menor a diez mil dólares estadounidenses, ni se le puede impedir ejecutar tal conducta pues no está legalmente prohibida. A través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. A la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. El artículo 360 del Código Procesal Penal establece, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Concepto específico “En cuanto a la determinación del bien jurídico protegido en los delitos de lavado de activos, esta es una cuestión que reviste una gran complejidad, dando lugar a que se formulen distintas posturas que van desde considerar que tales comportamientos lesionan o ponen en peligro la salud pública, el tráfico lícito de bienes en el mercado, el orden socioeconómico en su conjunto, la administración de justicia, la libre competencia, la estabilidad y solidez del sistema financiero, hasta una construcción pluriofensiva que resulta de combinar dos o más de esos intereses. Con fundamento en la teoría del mantenimiento aplicada en el ámbito del encubrimiento, algunos autores consideraban que el bien jurídico protegido en los delitos de lavado de activos, era la salud pública; sin embargo el ataque y lesión al bien jurídico colectivo salud pública se produce con la realización del tráfico de drogas o cualquier otra conducta típica comprendida en la Ley Contra el Consumo y Tráfico Ilícito de Drogas, sin que el aprovechamiento obtenido incida en el aumento o mantenimiento de las condiciones sanitarias. Por tal razón se considera que el lavado de activos es una figura autónoma que protege intereses distintos a los del delito de tráfico de drogas del que pudieran proceder los bienes. Las conductas de lavado de activos obstaculizan el funcionamiento de la Administración de Justicia dificultando la investigación de los hechos delictivos, y la labor de identificación y comiso de aquellos bienes de origen criminal; no obstante, la afectación de dicho bien jurídico por aquellos comportamientos sólo se produce de manera mediata. Si se hubiese querido proteger de manera inmediata a la Administración de Justicia como interés jurídico, hubiese bastado con reformar las figuras del encubrimiento previstas en la legislación penal ya existente. Por otro lado, el lavado no supone la mera ocultación de bienes tal y como se concibe en el encubrimiento; al contrario, la adquisición, conversión, y transmisión de efectos, productos o ganancias de origen delictivo con la finalidad de darles una apariencia de legitimidad, supone un proceso dinámico, en el que los bienes no permanecen estáticos. El orden socioeconómico es una categoría sistemática que dada su vaguedad e imprecisión resulta insuficiente para designar en rigor al bien jurídico inmediatamente protegido por el delito de lavado de activos o por cualquier otro delito, siendo necesario determinar cuál o cuáles de sus parcelas son lesionadas o puestas en peligro por tales comportamientos. Para un sector de la doctrina el bien jurídico protegido es el tráfico lícito de bienes en el mercado como elemento indispensable para su normal funcionamiento y el de la economía en general. Desde tal perspectiva se confunde uno de los objetivos político-criminales que persigue el legislador al tipificar el lavado o blanqueo, con lo que constituye en sí el bien jurídico penalmente tutelado. Es obvio que con la incriminación del lavado de activos se pretende impedir que bienes de origen delictivo se incorporen a los circuitos económicos legales, sin embargo, ello no explica cuál es la concreta parcela del orden socioeconómico que se ve lesionada o puesta en peligro por tales comportamientos. Los costes a que está sujeta la obtención de recursos procedentes de actividades delictivas son abrumadoramente inferiores a los exigidos para conseguir fondos lícitos, lo que estimula y favorece la aparición de situaciones de progresiva apropiación del mercado por parte de empresas ilegales que tienden a convertirse en monopolios, expulsando con ello a las dotadas de una menor disponibilidad de medios económicos y sometidas a cargas más elevadas. Con el castigo del lavado de activos se pretende salvaguardar la libre competencia como igualdad de oportunidades que se vería lesionada por la introducción de bienes de origen delictivo en los circuitos económicos legales. Por otro lado, la inyección de grandes cantidades de dinero de origen delictivo en las entidades de intermediación financiera puede incidir negativamente en la solidez, estabilidad y credibilidad del sistema en su conjunto. Las transferencias imprevistas de fondos que suelen caracterizar algunas operaciones de lavado, pueden traer como resultado la volatilidad de los tipos de cambio y de las tasas de interés. Por otra parte, la creación de bases de pasivos inestables y de estructuras de activos poco sólidas, genera grandes riesgos de que se produzcan crisis sistémicas caracterizadas por la inestabilidad y consecuente pérdida de confianza del público. De este modo el lavado de activos se configura como un delito pluriofensivo, que protege la libre competencia como igualdad de oportunidades en el mercado, junto con la solidez, estabilidad y credibilidad del sistema financiero, los intereses y a la vez condiciones para el buen funcionamiento del orden socioeconómico, que se ven inmediatamente protegidos al sancionar penalmente esa figura delictiva. Finalmente, las funciones de la Administración de Justicia consistentes en el descubrimiento de los delitos, identificación de sus autores y partícipes y la aplicación de las consecuencias jurídicas de la infracción penal, son los intereses jurídicos mediatamente protegidos por la normativa penal relativa al lavado de activos. En torno al problema de determinar si los intervinientes en el delito previo pueden o no ser sancionados como autores del posterior delito de blanqueo, las opiniones son de lo más dispares. Algunos ordenamientos jurídicos foráneos aclaran esta controvertida cuestión, en la mayoría de las ocasiones para excluir del ámbito de sujetos activos del lavado a los autores y los cómplices del delito previo, este es el caso de países como Alemania, Austria, Italia y Suecia. En sentido contrario, en algunos países el autor o partícipe del delito previo puede también ser castigado por una posterior conducta de blanqueo, como por ejemplo en los Estados Unidos de América y Bélgica. En el Derecho español como en el suizo, el legislador ha guardado absoluto silencio, omitiendo hacer cualquier referencia explícita a la cuestión, de tal manera que ha sido por vía jurisprudencial que se ha venido resolviendo la controversia. Y es que es frecuente como lo demuestra la experiencia, que quien ha sido autor del delito previo sea también quien lleve a cabo los actos de reciclaje de capitales o intervenga de un modo u otro en tales operaciones. Y es que, aunque solo sea porque encarga los hechos de blanqueo, en mayor o menor medida, el autor del delito previo intervendrá en alguna forma en este nuevo delito, con lo cual debe analizarse si dicha intervención es típica o no. Para algunos autores la impunidad de los autores y partícipes en el delito previo se fundamenta en que su hecho reúne el carácter de acto posterior copenado. Se produciría así un concurso de leyes entre el hecho previo y el posterior lavado, que se resuelve conforme al principio de consunción. Frente a ese argumento se indica que para que el delito previo constituya un hecho posterior copenado ha de lesionar el mismo bien jurídico que el delito posterior o ha de encontrarse en la misma línea de progresión en el ataque al bien jurídico, identidad de bienes que no concurre en el delito de lavado de activos, en tanto que éste lesiona un bien jurídico propio, distinto del menoscabado por el delito previo, por lo que no puede constituir un hecho copenado. Desde otra perspectiva también se defiende la impunidad del delito posterior cometido por los responsables del hecho previo cuando pretenden eludir la acción de la justicia ejerciendo el privilegio del autoencubrimiento. Su fundamento reside en el principio de no exigibilidad de una conducta distinta a la realizada, en tanto en cuanto que no se puede exigir al delincuente que se descubra. El sujeto, ante la posibilidad de evitar los efectos perjudiciales que pueden derivarse de la acción policial o judicial encubre su delito mediante la ocultación de los bienes que de él ha obtenido. Esta tesis se apoya en derechos fundamentales como el derecho a no declarar contra sí mismo y declararse culpable. No se puede castigar a quien ha cometido un delito por encubrir los bienes derivados del mismo pues ello equivaldría a exigirle una declaración contra sí mismo. En cambio, si se puede sancionar al delincuente que realiza otros delitos distintos para encubrir los bienes, tales como estafas, falsedades documentales, etc. El mero hecho de autoencubrirse desde la perspectiva antes apuntada, da lugar a una situación de inexigibilidad de una conducta diferente, que excluye la culpabilidad del sujeto. Frente a las posiciones que abogan por la impunidad se encuentran aquellas que pugnan por el castigo de quien lava o blanquea bienes procedentes de un delito en el que ha participado. En contra de los argumentos expuestos se dice que los intervinientes en el delito previo que lavan sus ganancias quedan incluidos dentro del radio de acción del tipo de lavado de activos. Se arguye que por ejemplo los grandes capos de la droga lavan los fondos obtenidos y lesionan gravemente el bien jurídico que directamente se trata de proteger con el castigo del lavado de activos: el orden socioeconómico. En este sentido, desde una perspectiva material se hace hincapié de que el delito de lavado se fundamenta sobre la tutela de un objeto jurídico plenamente autónomo del que pueda ser afectado por el delito precedente, entendiendo que el lavado de activos cuando es ejecutado por la misma persona que cometió el delito previo no debe entenderse consumido bajo la responsabilidad que pudiera dimanar del mismo, y que al contrario, el lavado merece ser castigado sin que esa identidad subjetiva repercuta en absoluto, máxime sí se aprecia que su gravedad puede ser superior a la correspondiente a la acción ilícita anterior. La Convención de Viena de la que Honduras es suscriptor, no se pronuncia a favor de la exclusión de la responsabilidad del autor previo. La Convención de Naciones Unidas para Combatir la Delincuencia Organizada Transnacional, en su artículo 6, cuando penaliza el lavado del producto del delito, dispone en su apartado 2, que “sí así lo requieren los principios fundamentales del derecho interno de un Estado Parte, podrá disponerse que los delitos tipificados en el párrafo 1 del presente artículo no se aplicarán a las personas que hayan cometido previamente el delito determinante…”. El Reglamento Modelo CICAD OEA aprobado por la Asamblea General de la OEA en 1992, señala en su artículo 2.6 que los delitos de lavado se consideran delitos autónomos respecto de los delitos que proceden los bienes. Siendo el lavado un delito autónomo, puede deducirse que la intención de los redactores es que se pueda castigar por el delito de lavado, al ser independiente, también a los responsables del delito previo (vid. BLANCO CORDERO, ISIDORO, en AAVV “Programa de Capacitación para Jueces y Fiscales en Lavado de Activos”, OAS/OEA/CICAD, Corte Suprema de Justicia, pág. 146). En opinión de esta Sala, el legislador hondureño ha optado por la solución de castigar a quienes lavan bienes procedentes de aquellos delitos en los que han intervenido previamente. Primero: porque a pesar de que un instrumento jurídico internacional como la Convención de Naciones Unidas para Combatir la Delincuencia Organizada Transnacional permite que cada Estado pueda decidir libremente que las figuras de lavado no se apliquen a quienes hayan cometido previamente el delito determinante, el Estado de Honduras no lo ha hecho. Segundo: Porque la Convención de Viena, no dice nada al respecto, lo cual puede entenderse en el sentido de que cada país puede optar por castigar o no al autor que lava o recicla bienes procedentes del delito en el que ha intervenido anteriormente, y tercero: en tanto en cuanto que el tenor del artículo 6 párrafo segundo de nuestra Ley contra el Delito de Lavado de Activos, “las sanciones impuestas en esta ley serán aplicables también cuando su comisión esté vinculada con otras actividades ilícitas, en cuyo caso al culpable se le impondrán las penas correspondientes a las distintas infracciones…”. Finalmente es importante referirnos a la importancia de la prueba indiciaria en la determinación del origen ilícito de los bienes, y del conocimiento de ese dato por el autor en la configuración del delito de lavado de activos. La prueba de indicios identificada también como prueba indirecta, circunstancial, conjetural o de presunciones, que mediante la demostración de los mismos también llamados “hechos base”- permite deducir la ejecución del hecho delictivo y/o la participación en el mismo – el “hecho consecuencia”- siempre que exista un enlace preciso y directo entre aquéllos y éste. La debida utilización de la prueba indiciaria está sujeta, pues, a las siguientes condiciones: 1) Los indicios deben ser plurales (muy excepcionalmente puede bastar uno sólo siempre que revista una singular importancia), 2) Deben estar acreditados mediante prueba directa, 3) Deben estar estrechamente relacionados entre sí, 4) Deben ser concomitantes o, dicho de otro modo, unívocamente incriminatorios, y 5) Que entre los indicios y el hecho necesitado de prueba debe existir un enlace preciso y directo conforme a las reglas de la lógica, de la experiencia y del criterio humano. La determinación de la procedencia criminal de los bienes que son objeto de los actos típicos de lavado, no requerirá otras exigencias que la presencia antecedente de una actividad delictiva de modo genérico, que permita en atención a las circunstancias del caso concreto la exclusión de otros posibles orígenes. Como elementos indiciarios de interés, será necesario valorar para demostrar el conocimiento ilícito, entre otros muchos, datos tales como la utilización de identidades supuestas, la inexistencia de relaciones comerciales que justifiquen los movimientos de dinero, la utilización de testaferros sin disponibilidad económica real sobre los bienes, la vinculación con sociedades ficticias carentes de actividad económica alguna, muy especialmente si radican en países conceptuados como paraísos fiscales, la realización de alteraciones documentales, el fraccionamiento de ingresos en los depósitos bancarios para disimular su cuantía, la disposición de elevadas cantidades de dinero en efectivo sin origen conocido, la simulación de negocios u operaciones comerciales que no responden a la realidad, la percepción de elevadas comisiones por los intermediarios y en definitiva cualesquiera otras circunstancias concurrentes en la ejecución de tales actos que sean susceptibles de ser calificadas como irregulares o atípicas desde una perspectiva financiera o mercantil y que no vienen sino a indicar en el fondo la clara intención o voluntad de ocultar o encubrir los bienes o productos del delito. En conclusión, la construcción del tipo penal de lavado de activos se consagra sobre tres pilares o elementos, manifiestamente reveladores de la importancia y trascendencia de la prueba de indicios: 1) Incrementos patrimoniales injustificados u operaciones financieras anómalas, 2) Inexistencia de actividades económicas o comerciales legales, y 3) Vinculación con actividades delictivas. En el presente caso, los hechos declarados probados se ajustan perfectamente a los tipos penales contenidos en los Artículos 261 del Código Penal y el Artículo 3 de la Ley contra el Lavado de Activos.” (Ver Sentencia de Casación Penal registrada bajo el número CP-349-2008, de fecha 27 de octubre 2008). De la Procedencia Recurso. El Recurso no es de Recibo. Opinión de la Sala sobre el caso específico El censor aprecia que el fallo que se impugna adolece de aplicación indebida del artículo 3 de la Ley de Lavado de Activos; en relación con los artículos: 5, 31, 34, 35, 40, 43, 45, 48 de la citada ley, así como de la norma de remisión penal, contenida en la Resolución Número: 325-9/2003, de fecha 24 de septiembre de 2003, emitida por el Banco Central. Aduce que el hecho declarado probado establece que el acusado M. A. C. M. traía consigo la cantidad de nueve mil novecientos ochenta y cinco dólares ($ 9,985.000), los cuales según el tribunal no tiene registro de su origen, lo que no es cierto, pues quedó acreditado el origen lícito del dinero. Estima que el hecho de que los traía ocultos, responde a que en el país de Guatemala el delito de robo ocupa el mayor índice delincuencial en ese país, máxime cuando se trata de vehículos con placas hondureñas, razón por la que el acusado los traía escondidos. La cantidad decomisada al acusado no está comprendida dentro del valor a tomar en cuenta por la Ley de Lavado de Activos, en relación con otras leyes y decretos. Esta Sala considera que los hechos probados por el juzgador en la sentencia recurrida se ajustan perfectamente a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, que literalmente dice: “También incurre en delito de lavado de activos y ser sancionado con quince (15) años a veinte (20) años de reclusión, quien por sí o por interpósita persona, participe en actos o contratos reales o simulados que se refieran a la adquisición, posesión, transferencias o administración de bienes o valores para encubrir o simular los activos, productos o instrumentos que procedan directa o indirectamente de los delitos de tráfico ilícito de drogas, tráfico de personas, tráfico de influencias, tráfico ilegal de armas tráfico de órganos humanos, hurto o robo o fraudes financieros en las actividades públicas o privadas, secuestro, terrorismo y delitos conexos o que no tengan causa o justificación económica legal de su procedencia”. (Decreto 45-2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 29,781, de fecha 15 de mayo de 2002). Lo anterior, debido a que el tribunal sentenciador tiene por probado que el acusado M. A. C. M. traía oculta la cantidad de nueve mil novecientos ochenta y cinco dólares ($ 9,985.000), en un compartimiento camuflado debajo del asiento trasero del vehículo que conducía, sellado con puntos de soldadura y silicón, al momento de regresar a territorio nacional con procedencia de Guatemala, y sin haber logrado justificar el origen lícito del dinero, o que fuera que el mismo tuviera origen en actividades comerciales lícitas, como pretendió acreditar la defensa del acusado en juicio. Es así como -con base en las pruebas de cargo- por las que el encausado ha sido condenado por el delito de Lavado de Activos tipificado y sancionado en el artículo 3 transcrito, de la ley penal especial, en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras. Esta Sala estima que el traslado de cantidades de dinero camuflado en el interior de vehículos de Guatemala hacia nuestro país, es un modus operandi, propio de personas vinculadas a actividades ilícitas, con el propósito de borrar el origen o rastro delictivo del dinero para luego disponer de él en actividades de comercio, financieras o inversiones, poniendo con ello en precario de forma directa e indirecta la economía nacional, como bien jurídico protegido del tipo penal de lavado de activos. De haber tenido el dinero incautado en actividades lícitas, y para asegurar no ser víctima el portador de riesgos o peligros de asalto o robo en el tránsito terrestre, lo indicado hubiese sido transferir el dinero por medio de las instituciones del sistema financiero nacional. Adicionalmente, esta Sala considera que la norma penal contenida en el art. 3 de la Ley Contra el delito de Lavado de Activos, es una norma penal completa en su estructura al estar compuesta de una hipótesis de hecho establecida por el legislador y una consecuencia o sanción. No se trata pues de una norma penal en blanco, dado que no contiene vacío normativo en su estructura o conformación legal, ni impone como requisito para su implementación la remisión a otra norma penal, reglamentaria, o administrativa. Por lo expuesto, esta Sala concluye que la sentencia recurrida no incurre en vicio que da lugar al motivo de casación de infracción de ley, invocado por el recurrente. Recurso de casación por quebrantamiento de forma de inobservancia de las reglas de la sana critica en la valoración de la prueba. Normas Autorizantes: Artículo 362.3 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: inobservancia de las reglas de la sana critica en la valoración de la prueba. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la Pretensora. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, ordenando el reenvío al tribunal de origen para que repita de juicio. Resumen Recurso de casación por quebrantamiento de forma al no haber observado el juzgador las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba. Con la finalidad de acreditar la procedencia legal de la cantidad de nueve mil novecientos ochenta y cinco dólares, la defensa del acusado M. A. C. M. presentó los medios de prueba siguientes: 1) Constancia extendida por la Gerencia de la Sociedad Mercantil C&C Home Improvent S. de R.L.; 2) Copia Autenticada de la Escritura de Constitución de la Sociedad Mercantil C&C Home Improvent S. De R.L.; 3) Autorización otorgada a favor del acusado M. A. C. M. por el señor J. A. H. R., para que pueda salir del país rumbo a Guatemala en un vehículo Marca Nissan, tipo-turismo, color-blanco, con placas PBS-4368. 4) Informe Financiero de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros de fecha 30 de julio del 2012, donde se establece que el acusado no tiene cuentas con las instituciones allí nominadas. El tribunal considera que de la prueba evacuada en juicio no se encontró indicio para poner en duda la procedencia del dinero decomisado al acusado, no se presentó prueba en descargo que reflejara transacción comercial que diera origen a dichos valores, tampoco se acredita actividad económica o comercial de alguna persona en Guatemala, de la que el acusado haya obtenido la cantidad de 9,985 dólares a fin de entregarlos a éste. Lo manifestado por el Tribunal, vulnera las reglas de la sana crítica especialmente de la lógica, en su característica de derivación, ya que se acreditó que el acusado obtuvo el dinero producto de una transacción lícita en la ciudad de Guatemala. Además, se probó con prueba documental, que el acusado obtuvo los catalizadores de la Empresa Mercantil C&C Home Improvent, S. DE R. L., empresa que el Ministerio Público comprobó su existencia en la ciudad de San Pedro Sula, mercancía que el acusado vendió en la ciudad de Guatemala. El ente acusador no pudo comprobar la existencia de la Empresa Comercial Ferretornillos en la ciudad de Guatemala. Fue el Ministerio Fiscal, en su dictamen patrimonial y financiero, que establece que el acusado tuvo cuenta en dólares en el Banco Ficohsa por un monto de 3,200.08 dólares, quedó probado también con dicho informe que el acusado hizo compras de divisas al Banco Banpaís por la cantidad de 4,350 dólares, en la fecha comprendida entre 28 de diciembre al 13 de marzo del año 2013. Si el juzgador hubiese realizado una correcta valoración de la prueba aportada en debate el fallo hubiese sido absolutorio, ya que los elementos de prueba preinsertos dan información que el Tribunal no quiso extraer, violentado el postulado de razón suficiente que conforma el principio de derivación en que informa la lógica donde establece: “extraña además al Tribunal, una práctica inusual de comercio, que existía supuestamente entre la Sociedad Mercantil y el señor C., la misma no tenga como respaldo ningún otro documento que garantizara el pago de una suma de dinero que supuestamente adeudaba a la sociedad mercantil”. Esta Sala de lo Penal, considera pertinente recordar que el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: Íntima Convicción (propio del sistema de juzgamiento por jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias), y La Sana Crítica; es este último, el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de Sana Crítica de la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las pruebas en que se apoyen. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal). De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Partiendo de la Doctrina Legal sentada por esta Sala de lo Penal, en los fallos de fecha 30 de noviembre del 2001, del Exp 194-2009, de fecha 30 de noviembre del 2011, contenido en el Exp 297-09, de fecha 2 de noviembre del 2011, en el Exp 242-09 y de fecha 30 de noviembre del 2011 que resuelve el caso del Exp 125-2010, componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, sin relación alguna con el caso concreto que se juzga, y que se adquieren a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a los fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, siendo el antónimo de éstos, los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de un fenómeno. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos por qué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología: Están referidas no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento adquirido respecto del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y, 3) Las Reglas de la Lógica: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba, un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí, una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: De éste se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando. Exige que el razonamiento deba derivar de elementos auténticos y suficientes para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga. Concepto especifico Recurso de casación por Quebrantamiento de forma al no haber observado el juzgador las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba. El Tribunal, vulnera las reglas de la sana crítica especialmente de la lógica, en su característica de derivación, ya que se acreditó que el acusado obtuvo el dinero producto de una transacción lícita en la ciudad de Guatemala. Además, se probó con prueba documental, que el acusado obtuvo los catalizadores de la Empresa Mercantil C&C Home Improvent, S. de R. L.- Si el Juzgador hubiese realizado una correcta valoración de la prueba aportada en debate el fallo hubiese sido absolutorio, ya que los elementos de prueba preinsertos dan información que el Tribunal no quiso extraer, violentado el postulado de razón suficiente que conforma el principio de derivación. De la Procedencia Recurso. El Recurso no es de Recibo. El recurrente funda su reproche recursivo por Quebrantamiento de Forma en la violación de las reglas de la sana crítica, de la lógica, constituida por la ley de derivación en la valoración intelectiva de la prueba de cargo aportada en juicio. Esta Sala considera que la declaración de los hechos probados del juicio se deriva directamente de la fundamentación intelectiva practicada por el juzgador a los medios de prueba de carácter incriminatorio, consistente en: 1) Prueba de testigos, consistente en las declaraciones rendidas por los testigos Policías M. A. R. H., I. Y. F. R., H. A. G. M., y D. A. S. S., de los que el juzgador tiene por acreditado las circunstancias de lugar y tiempo, modalidad delictiva, en que en el vehículo tipo turismo, color blanco, Marca Nissan, Placas PBS4368, propiedad del señor J. A. H. R., y conducido por el acusado M. A. C. M. con procedencia de la República de Guatemala, traía la cantidad de nueve mil novecientos ochenta y cinco dólares en denominaciones de billetes de veinte (20) de diez (10) y de cinco (5) dólares, ocultos en un compartimiento hecho a partir de una modificación al asiento trasero del referido vehículo, sellado con puntos de soldadura y silicón; 2) Prueba documental consistente en: a) Acta de Registro de Vehículo Marca Nissan Altima, tipo-turismo, color blanco, serie UR2530448112 Chasis IN4AL11D23C107014, con Placas PBS-4368, en que se encontró en una caleta situada en el respaldar del asiento una bolsa blanca con la leyenda Distribuidora del Caribe, SA, la que contiene en su interior un fajo de denominación de veinte dólares, ocho fajos en billetes de denominación de diez dólares, y dos fajos en billetes de denominación de cinco dólares, para hacer un total de nueve mil novecientos ochenta y cinco dólares; b) Acta de decomiso de un fajo de billetes que en suma asciende a nueve mil novecientos ochenta y cinco dólares americanos, la cantidad de nueve mil novecientos ochenta y cinco dólares en denominaciones de billetes de veinte (20) de diez (10) y de cinco (5) dólares, ocultos en un compartimiento hecho a partir de una modificación al asiento trasero del referido vehículo, sellado con puntos de soldadura y silicón; c) Acta de decomiso al señor M. A. C. M. del vehículo de Vehículo Marca Nissan Altima, tipo-turismo, color blanco, vidrios polarizados, serie UR2530448112 Chasis IN4AL11D23C107014, con Placas PBS-4368, que según tarjeta de revisión pertenece al señor J. A. H. R.; d) Acta de decomiso de documentos: recibo, traspaso de vehículo, dos revisiones de vehículo; e) Oficio de Dirección de Migración y Extranjería, se acredita movimientos migratorios del señor M. A. C. M., salida no registrada e ingreso con procedencia de los Estados Unidos; salida con destino hacia Colombia e ingreso no registrado; f) Oficio DEI- CIPLAFT-513-2012 de la Dirección Ejecutiva de Ingresos de declaraciones de impuestos, exportaciones e importaciones, negocios, empresa o vehículos en los últimos cinco años, entre otros del señor M. A. C. M., que acredita: que al consultar nuestros sistemas de información ETAX, SARAH y SIP, en la fecha no se encontraron registrados, entre otros el señor M. A. C. M., como contribuyente; g) Acta Especial de entrega de valores y deposito en cuenta de funcionarios del Banco Central de Honduras sucursal de San Pedro Sula, Cortés, al señor J. H. P. M., Director Ejecutivo de la Oficina Administradora de Bienes incautados OABI, de la cantidad de nueve mil novecientos ochenta y cinco dólares ($ 9,985.00) evidencia relacionada al proceso instaurado, entre otros al señor M. A. C. M., por suponerlo responsable del delito de Lavado de Activos en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras; h) Oficio de Catastro Municipal de la ciudad de San Pedro Sula, que establece: que de acuerdo a la base de datos , entre otros el señor M. A. C. M., no posee bienes inmuebles”; i) Oficio de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, que hace constar que: entre otros del señor M. A. C. M., no se cuenta con información en dichos registros”; j) Oficio de la Dirección General de Marina Mercante, 304-2013, en que se consigna que el señor M. A. C. M. no aparece como propietario o socio de embarcaciones o agencias navieras”; k) Información Financiera de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, Unidad de Información Financiera, UFI-0554-2012, 30 de julio 2012, que acredita que el señor M. A. C. M., no tiene cuentas abiertas en bancos privados, ni estatales, ni el compañías financieras, ni cooperativas; l) Asistencias Judiciales de la República de Guatemala, DFG-208-2014, que entre otros el acusado M. A. C. M., no posee cuentas de ahorro, depósitos monetarios, inversiones, y /o prestamos, en bancos, operaciones internacionales, operaciones de Wester Union y remesas familiares, tarjetas de crédito, de débito, ni de créditos, o productos bancarios, no tiene bienes inmuebles, no aparece movimiento migratorio de entrada salida aérea, terrestres y marítima en Guatemala; ll) Autorización del señor J. A. H. R., para que acusado M. A. C. M. pueda salir del país con el vehículo Marca Nissan Altima, tipo-turismo, color blanco, vidrios polarizados, serie UR2530448112 Chasis IN4AL11D23C107014, con Placas PBS-4368, y autentica, de notario, R. A. S. O.; m) Tracto sucesorio de vehículo Marca Nissan Altima, tipo-turismo, color blanco, vidrios polarizados, serie UR2530448112 Chasis IN4AL11D23C107014, con Placas PBS-4368; n) Oficio 0702-SR-12, de la Dirección General de Migración y Extranjería, que hace constar que no se encontró registro a favor de M. A. C. M., en los años que se consultaron del 2000 al 30 de julio de 2012; 3) Prueba Pericial, consistente en Dictamen Patrimonial y Financiero del señor M. A. C. M., cuyas conclusiones refieren que no reflejó movimientos que fueran acordes a los de un comerciante, respecto al flujo de efectivo de su cuenta bancaria y que pudieran respaldar las operaciones de disposición de efectivo en su cuenta bancaria mismo y que pudieran respaldar las operaciones de disposición de efectivo para la obtención de los catalizadores que vendería con posterioridad en Guatemala, no se encontró ningún tipo de documentación financiera, ni en movimientos bancarios que acrediten la transacción de compra venta del productos (catalizadores) al que se hace referencia que estaba comercializando; se acreditó mediante asistencia judicial de Guatemala, que la empresa Ferretornillos que supuestamente realiza la compra del producto (catalizadores) no se encuentra registrada su existencia en dicho país; En declaración del testigo que entregó el dinero $ 9,985.00 al señor M. A. C. M., se apreció contradicción en el nombre del jefe que realizó la compra del producto, por lo que no encontraron indicios de la transacción comercial que diera origen a dichos valores, ni evidencia de actividad comercial. Esta Sala considera que el juzgador ha vertido razones lógicas, coherentes y suficientes, para dotar de credibilidad y valor probatorio a las pruebas de cargo preinsertas y de ellas derivar un estatuto de verdad, y certeza de la participación del acusado M. A. C. M. en el delito que se le imputa. Esta Sala considera que el juzgador vierte razones lógicas, coherentes y suficientes, para restar credibilidad y valor probatorio a las pruebas de descargo consistente en: 1) Acta de Registro personal y de pertenencias encontradas al acusado M. A. C. M.; 2) Información Financiera de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Unidad de Información Financiera; 3) Constancia extendida por la Gerencia de la Sociedad Mercantil C y C Home Improvent, S, de R.L.; 4) Copia autenticada de la Escritura de Constitución de la Sociedad Mercantil C y C Home Improvent, S, de R.L.; 5) Autorización del señor J. A. H. R., para que acusado M. A. C. M. pueda salir del país con el vehículo Marca Nissan Altima, tipo-turismo, color blanco, vidrios polarizados, serie UR2530448112 Chasis IN4AL11D23C107014, con Placas PBS-4368, y autentica, de notario, R. A. S. O., por considerar que dichos medios de prueba de descargo son inútiles e insuficientes para desvirtuar la tesis acusatoria. Por lo expuesto en este caso el juzgador no ha violado las reglas de la sana critica en la valoración de la prueba aportada en juicio. DECISIÓN: la Sala declara No Ha Lugar el motivo único de casación de infracción de ley sustancia, y el motivo único de casación de quebrantamiento de forma, invocados por el recurrente. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y 360 y 362.3 del Código Procesal Penal. FALLA: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por infracción de ley sustantiva, en su único motivo; y, declarar sin lugar el motivo único de casación de quebrantamiento de forma, interpuesto por la el Abogado J. A. R. R., en su condición de Defensor Privado del señor M. A. C. M., en la causa en que se le condenó, por el delito de Lavado de Activos, en perjuicio de La Economía del Estado de Honduras; Segundo: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha quince (15) de junio de dos mil quince (2015), dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán; Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de junio del año dos mil diecinueve. Certificación de la Sentencia de fecha treinta de mayo del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-27-2016.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
[1] Sentencia SB 157 2000