Sentencia CP-003-16 — Registro 9973
Resumen
En primera instancia se condena a la imputada como autora del delito de maltrato por transgresión, se declara sin lugar el recurso de casaciòn interpuesto por su defensa.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."EL RECURSO NO ES DE RECIBO. – El planteamiento del recurso adolece de defectos de forma y de fondo que en conjunto niegan la razón al recurrente, debiendo ser declarado sin lugar el recurso. Desde el aspecto formal el recurso carece de precisión, pues de inicio se anuncia que la violación al Estado de Inocencia es como consecuencia de insuficiencia probatoria, pero luego en el libelo se ataca la valoración de la prueba a la que se le acusa de ser arbitraria, ilógica y espuria y con ello el reclamo muta de la denuncia de un supuesto vicio a otro vicio distinto. Además, el planteamiento erra al no dirigir las argumentaciones recursivas a demostrar la existencia de cuando menos uno de los vicios denunciados: i.- Respecto a la insuficiencia probatoria, el recurrente no hace el debido pareo entre los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal aplicado por el tribunal de sentencia y los medios de prueba que fueron presentados en la audiencia del debate a efecto de demostrar que uno o más de aquellos elementos no fueron objeto de probanza, dejando un vacío demostrativo que resulta importante y que impide identificar en lo probado la plenitud del supuesto de hecho previsto en la norma; ii.- Respecto a una indebida valoración probatoria, el recurrente procede a atacar a las declaraciones testificales de la menor R. E. B. C. y de la señora R. E. C. L. a las que acusa de mentirosas, señalando que éstas se motivaron por venganza, al no haber participado la primera en el evento escolar denominado “Catrachilandia”, lo que constituye un alegato de primera instancia y no de única instancia, pues con éste, el recurrente lo que pide es que la Sala de lo Penal, sin contar con la inmediación, recalifique la valoración probatoria asignada por el A-Quo a dichas declaraciones, negándoles credibilidad; en el mismo sentido hace mención de las declaraciones testificales de las niñas C. I. P. B. y Y. M. C. T. señalando que éstas fueron valoradas negativamente siendo esto una conclusión no coherente ni derivada de principios lógicos. El recurrente, olvida que lo revisable en casación es la legalidad de lo resuelto y dentro de ello que los argumentos judiciales sean construidos conforme a las reglas de la sana crítica, ergo, en su caso, se debió señalar cual o cuales fueron las valoraciones intelectivas que consideraba viciadas, pero aún más importante: demostrar por qué dichas valoraciones inobservaron las reglas de la sana crítica mediante la confrontación debida entre unas y otras, pero en su lugar el recurrente hace su valoración privada de los medios de prueba solicitando que sea ésta la que debe ser tomada como válida. En cuanto al fondo: es de tener presente que la Ley Fundamental de la Educación reconoce a los educandos como titulares de derechos y actor principal del proceso enseñanza/aprendizaje (Art. 1); establece además que los docentes tendrán libertad de cátedra (Art. 11.2), empero ésta debe desarrollarse bajo el principio de Dialogicidad, que rechaza cualquier forma de autoritarismo en la relación pedagógica (Art. 13); por otra parte el Estatuto del Docente señala que es una obligación del docente “respetar la libertad, dignidad e integridad física, psíquica y moral de los educandos” (Art. 9.10), señalando el Código de la Niñez y de la Adolescencia que la educación deberá impartirse de modo que fomente el respeto recíproco entre el educador y el educando (Art. 35.b), y que en ningún caso podrá someterse a menores de edad a tratos humillantes, aun cuando con ellos se pretenda realizar acto disciplinario o correctivo (Art. 24).El recurrente en el libelo realza que la menor R. E. B. C. no se comportaba de manera adecuada, mostrándose “malcriada” tanto con su madre como con la acusada I. E. B. P. alegato que, como se ha señalado previo, no es propio en Casación pues se busca con éste que se revalore la prueba aminorando el crédito dado a las testigos de cargo, pero que además no es propio respecto al fondo, pues aun cuando esto lo hubiese tenido por probado el Tribunal de Sentencia, de ninguna forma justifica a la acusada para dar como respuesta un maltrato verbal a su alumna, como consecuencia del mal comportamiento de ésta. Entiéndase por maltrato toda acción u omisión que violente los derechos del menor, afectando, entre otros, su estado mental y/o emocional (Art. 162 Código de la Niñez); el maltrato puede ser por transgresión, que ocurre cuando se somete al niño o niña a conductas de rechazo y/o humillantes (Art. 165 Código de la Niñez), como fue tenido por probado en este caso, donde la acusada I. E. B. P. en su condición de maestra de la menor R. E. B. la maltrató verbalmente, calificándola de menos, con un fin humillante, degradándola de manera privada y pública delante de los demás alumnos; hecho que no solo genera responsabilidad penal, sino que además responsabilidad administrativa (Art. 166 Código de la Niñez)...."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha treinta de mayo del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los treinta días del mes de mayo del año dos mil diecinueve (2019), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el Expediente 003-2016, conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto contra la sentencia de fecha veintinueve de enero del año dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, mediante la cual Primero: Condenó a la señora I. E. B. P., como autora del delito de Maltrato por Transgresión, en perjuicio de la menor R. E. B. C. a la pena principal de dos años de reclusión, más las penas accesorias de Inhabilitación Especial e Interdicción Civil por el tiempo que dure la condena principal.- Segundo: Se le declara la responsabilidad civil de la condenada a la compensación e indemnización del daño moral y perjuicios causados por el delito ocasionados a la menor R. E. B. C.- Tercero: Suspender condicionalmente la ejecución de la pena a la que ha sido condenada la señora I. E. B. P., estableciendo un período de prueba de cinco años.- No procede a condenar en Costas Procesales, Personales, ni Gastos ocasionados en el juicio.Son Partes En Única Instancia: El Abogado B. A. D., apoderados legal privado de la acusada I. E. B. P., en su condición de Recurrente; y la Abogada D. E. R. C., agente del Ministerio Público, en su condición de Recurrida. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA“Que desde el inicio y durante el año dos mil doce cuando la hoy víctima R. A. B. C. cursaba el sexto grado en la Escuela Francisco Morazán ubicada en el Barrio las Galeras, del Municipio de Santa Bárbara Departamento de Santa Bárbara, fue objeto de varias acciones ejecutadas por su maestra de grado I. E. B. P., quien la menospreciaba por considerarla no inteligente, la discriminaba por no ser según la imputada una alumna inteligente, al grado de manifestarle frente a sus compañeros del sexto grado que no servía para nada, expresión que también se la exteriorizó a su madre la señora R. E. C. L.”RECURSO DE CASACIÓN. - MOTIVOS Y ARGUMENTOS“Único Motivo: El Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara. En la Sentencia Condenatoria dictada en contra de mi patrocinada I. E. B. P., cometió una grave Infracción a Precepto Constitucional, al emitir conclusiones irracionales e arbitrarias, que desde todo punto de vista de las máximas de la experiencia, reglas de la lógica o de los principios científicos sería imposible alcanzar bajo el correcto entendimiento humano, vicio que los hizo violentar lineamientos de la ley constitucional vigente. Precepto Autorizante En el artículo 361 del Código Procesal Penal se instituye el vicio en la Sentencia Definitiva cuando ha incurrido el sentenciador en una Infracción a Precepto Constitucional. Precepto Infringido Los preceptos que se invocan como infringidos lo constituyen el artículo 89 de la Constitución de la República, en relación con el artículo 2 del Código Procesal Penal. El Artículo 89 de la Constitución de la República, Presunción de inocencia.” Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente.” La norma que se cita como infringida en relación al anterior prescribe: Artículo 2 del Código Procesal Penal. Estado de Inocencia.” Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el Órgano Jurisdiccional Competente de conformidad con las normas de este Código. Explicación Al Primer Motivo De Casación Por Infracción De Precepto Constitucional. El Tribunal sentenciador en la presente causa, ha tenido como probados los hechos siguientes: “Hechos Probados. .Primero: Que desde el inicio y durante el año dos mil doce cuando la hoy víctima R .A. B. C. cursaba el sexto grado en la Escuela Francisco Morazán ubicada en el barrio las Galeras, del Municipio de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, fue objeto de varias acciones ejecutadas por su Maestra I. E. B. P. quien la menospreciaba por considerarla no inteligente, al grado de manifestarle frente a sus compañeros del sexto grado que no servía para nada, expresión que también se la exteriorizó a su madre la señora R. E. C. L.” Los juzgadores para declarar como probados los hechos antes transcritos, se apoyaron o fundamentaron exclusivamente en las declaraciones testificales de la supuesta ofendida R. E. B. C. y su madre R. E. C. L. veamos cual es esa prueba de cargo que según los juzgadores es suficiente y contundente para dictar un fallo de condena: En primer lugar, debemos analizar las declaraciones de los testigos en referencia. Así el testigo identificado como R. E. B. C. dijo al Tribunal de Sentencia entre lo más relevante: Valoración De La Prueba. Primero.... “Ella fue mi maestra (I. E. B. P.) me dio el sexto grado en la Escuela Francisco Morazán, salí el año pasado, me trataba muy mal, me decía que no servía para nada, eso sucedió en varias ocasiones no se dé el porqué de su comportamiento no sé qué pasó conmigo, me salía a llorar afuera y le conté a mi mamá, siempre pasaba separando en grupo a los más inteligentes, en Catrachilandia ella me negó a participar yo estaba ensayando y me apago la grabadora y se burlaba de mi diciéndome que no servía para nada, después de esto la pase muy mal, una vez le lleve pastel y lo botó.” (el subrayado es nuestro). Por su parte el testigo R. E. C. L. dijo: Valoración De La Prueba… Primero… “La niña mía ha sido objeto de maltratos por la profe I., ella llegaba triste llorando y no me decía nada, pero de ahí me dijo es que yo quería ir a catrachilandia y la profe I. me apagó la grabadora y me dijo que no servía para nada y que no participara, entonces yo fui a la Escuela y le reclamé a la Profe, y ella me dijo que no le seguiría diciendo nada, en una ocasión mi hija pasó adelante a exponer y ella le dijo ésta cuatro ojos no puede ni leer, ella rompió las láminas y salió, ella siempre le decía que no servía, yo fui a la Escuela a pedirle permiso a ella y al Director para que mi hija participara en catrachilandia y la Profe H. me dijo R. deje de incentivar a esa niña que no sirve para nada y fue cuando recurrí a los derechos humanos...” (el subrayado es nuestro). Previo a entrar a ese análisis es preciso destacar que bajo la rúbrica de los motivos de impugnación por la vía de Casación Penal por Infracción de Precepto Constitucional, lo que como recurrente vengo a invocar es la vulneración del Derecho a la presunción de Inocencia por insuficiencia de la prueba de cargo practicada, dado que en la sentencia definitiva se emitieron conclusiones irracionales e arbitrarias, que desde todo Punto de vista de las máximas de la experiencia, realas de la lógica o de los principios científicos sería imposible alcanzar bajo el correcto entendimiento humano, vicio que los hizo violentar lineamientos de la ley Constitucional vigente. Obviamente haciendo la aclaración, que como ha dicho esta distinguida Sala de lo Penal, con reiteración en su jurisprudencia, que cuando se alegó Infracción del Derecho a la Presunción de Inocencia, la función de la Sala no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas a presencia de los Jueces del Tribunal de Sentencia, porque a éstos solo les corresponde esa función valorativa, pero si puede la Sala de lo Penal verificar que, efectivamente, los jueces de sentencia no contaron con suficiente prueba de signo acusatorio sobre la comisión del hecho y la participación en él de la acusada, para dictar un fallo de condena, cerciorándose también la Sala de lo Penal de que esa prueba fue obtenida sin violar derechos o libertades fundamentales y en correctas condiciones de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción y comprobando también que en la preceptiva de que la motivación de la sentencia se ha expresado por parte del Tribunal de Sentencia el proceso de su raciocinio, al menos en sus aspectos fundamentales, que le han llevado a decidir el fallo sin infringir en ellos los criterios de la lógica y de la experiencia. En definitiva, el control de la sala de lo Penal en cuanto a la vulneración a la presunción de inocencia se extenderá a la constatación de la existencia de una actividad probatoria sobre todos y cada uno de los elementos del tipo penal, con examen de la denominada disciplina de garantía de la prueba, y del proceso de formación de la prueba, por su obtención de acuerdo a los principios de inmediación, oralidad, contradicción efectiva y publicidad, pero también esencialmente al proceso racional, expresado en la sentencia, a través del cual, de la prueba practicada, resulta la acreditación de un hecho y la participación en el mismo de una persona a la que se imputó la comisión de un hecho delictivo. Esta estructura racional del recurso valorativo si puede ser revisada en Casación, censurando aquellas fundamentaciones que contenga el fallo recurrido cuando éstas resulten ser ilógicas, irracionales, absurdas o, en definitiva arbitraria, o bien que sean contradictorias con los principios constitucionales. Aplicando tales parámetros al caso concreto, no cabe duda que ha existido prueba (declaración de la acusada, testificales diversas cargo y descargo, entre ellas la de la víctima, su madre, pericial y documental), que la misma se ha practicado con observancia estricta de los procedimientos de debate de Juicio Oral y Público, pero si entramos a realizar un examen al juicio de argumentación sobre las inferencias a las que arribaron los jueces de sentencia sobre la valoración de credibilidad o no de esas pruebas, llegamos sencillamente a la conclusión que dichas reflexiones, son irracionales, ilógicas y no ajustadas a las reglas de la sana crítica, consecuentemente no son al propio resultado probatorio que se produjo en el Debate de Juicio Oral y Público. En efecto, si advertimos las declaraciones de R. E. B. C. y su madre R. E. C. L. estas narraciones resultan ser producto de un acontecimiento que les indignó al extremo de configurar hechos y actos realizados supuestamente por la acusada como si éstos fueran constitutivos de maltrato por trasgresión; todo ello radica en la no participación de la supuesta víctima en un evento de la Escuela denominado Catrachilandia, origen y fin de la indignación de madre e hija para infundar testimonios, relatos y acontecimientos, no corroborados por otras pruebas, sino solo por sus propios dichos; Véase, que ambas testigos enfocan sus relatos a ese rechazo de las autoridades para que participara la supuesta víctima a ese evento, obviamente, se olvidaron los jueces de sentencia, que las reglas de la sana crítica, nos informan que en la vida de los seres humanos existe una continua y perenne competencia, donde unos y otros seres humanos constantemente competimos sanamente para alcanzar metas y objetivos; lógicamente, no todos podemos alcanzar esas metas o fines, y por esas razones humanas, emergerá la frustración en los perdedores y en los triunfadores la alegría de haber sobresalido ante los demás; En el mismo orden de ideas, en toda competencia, existirá los árbitros o jueces que son las personas, que tomaran las decisiones más difíciles para descalificar a unos y valorar satisfactoriamente a otros; De ahí que Nunca serán criticados con justicia, pero ello, es aceptable considerar, dado que esas críticas constituyen máxima de experiencia, pero lo que no es aceptable desde todo punto de vista ético, moral, o de mínima participación del Estado en la Persecución Penal y de repercusión, es que los perdedores o sus familiares en un ánimo de venganza, recurran a la infamia de la mentira, para construir hechos, actos o acontecimientos donde destruyan la imagen, integridad humana y física de esos árbitros o jueces que por disposición de la ley, devienen obligados a descartar a unos y clasificar a otros en esos concursos o eventos. Véase, que ambos testigos, enfocan sus testimonios reiteradamente a la desclasificación de la supuesta víctima a ese evento de Catrachilandia, de ahí, surgen los reclamos, no solo ante la Maestra, sino ante el Director de la Escuela, y al no ser integrada R. E. B. C. bajo sus exigencias y las de su madre R. E. C. L. confeccionan relatos de Maltrato por Trasgresión, que curiosamente no son respaldados por otros testimonios de cargo o descargo, ni por el propio Director, ya que por lo visto, la imputación confeccionada por el Ministerio Público, nunca alcanzó llegar a proporcionarle a los Jueces de Sentencia la verdadera realidad de los hechos acontecidos, sino a simplemente presentar dos testimonios de cargo fundados en la venganza para con ello conseguir la pretensión acusatoria; Por tanto, correspondía al Tribunal de Sentencia, a no dejarse afectar en su ánimo interior, por relatos que pueden ser muy lastimeros, pero fundados en la mentira; en ese sentido, se olvidaron los jueces de sentencia, que los seres humanos son vengativos y utilizan cualquier artificio o ardid para lograr sus cometidos basados en la maldad, de ahí, que una vez llegado al pronunciamiento de la sentencia no deben cometerse graves Infracciones a Preceptos Constitucionales, como en el caso que nos ocupa, donde el Tribunal de Sentencia al emitir sus conclusiones de condena, se limita simplemente a argumentar lo siguiente: Valoración De La Prueba… Primero “Este Tribunal al estudiar y analizar ambas declaraciones concluye que las mismas son coherentes y contundentes en relación al acontecimiento de los hechos, siendo las mismas creíbles y válidas para los fines del presente juicio, además por haberse recibido bajo las formalidades y solemnidades establecidas por la ley y con las cuales se acredita sin duda alguna la existencia de los hechos que originaron el presente juicio.” Evidentemente estas argumentaciones están cimentadas en silogismos irracionales y arbitrarios, que desde todo punto de vista de las máximas de la experiencia, reglas de la lógica o de los principios científicos son imposibles alcanzarlas bajo el correcto entendimiento humano, dado que su insuficiencia o mezquindad dejan mucho que desear para justificar la quimera conclusión para enervar el estado de inocencia de mi representada, vicio que los hizo violentar lineamientos de La Ley Constitucional Vigente. En fin esa condena que ahora se combate a través de esta vía de Casación, no puede ni siquiera estimarse respaldada en prueba directa, considerando que tiene que ver principalmente con el testimonio de la supuesta víctima y su madre. Dichos testimonios, no son hábiles para enervar la presunción de inocencia de mi representada I. E. B. P. porque ambos relatos si bien han sido reiterados persistentemente en el Debate, éstos son rebatidos con los testimonios proporcionados por otros alumnos (C. I. P. B. y Y. M. C. T.), que siendo compañeras de la supuesta ofendida y alumnas de la ahora imputada, fueron testigos creíbles del comportamiento y actitudes de ambas personas, denotando que Jamás observaron algún maltrato por trasgresión, de los que ahora se mencionan en la presente imputación; Aquí surge, otro aspecto que puede calificarse como grave en la argumentación de la sentencia de condena, ya que está alejado del correcto entendimiento humano, y ello acontece, cuando los jueces de sentencia, simple y llanamente, afirman (como lo haría cualquier paisano) que dichos testimonios no son creíbles porque: “Este Tribunal de Sentencia al hacer la valoración de las dos declaraciones testificales, encuentra sin duda alguna de que las mismas son contradictorias con el Dictamen de Trabajo Social en donde la perito plasmó que de la investigación de campo realizada precisamente en la Escuela Francisco Morazán la hoy víctima siempre tuvo una buena conducta y los testigos dicen lo contrario, denotándose en sus declaraciones la intensión de favorecer a la hoy imputada, lo que es natural en este tipo de casos, donde la defensa procura traer prueba al debate encaminada a desvirtuar los hechos imputados por el ente acusador, pero en el presente caso el ente acusador presentó prueba contundente como ser la prueba pericial y testifical, reflejando sin duda alguna un enlace entre los hechos que motivaron el presente enjuiciamiento, por lo que las declaraciones testificales en referencia no son suficientes para desvirtuar el grado de participación de la hoy imputada en el delito por el cual fue acusada.” Veamos; Primero: El que una prueba testifical no corresponda a una prueba pericial, no necesariamente, se convierte en no creíble, dado que la valoración de la prueba para dictar sentencia definitiva, no es un proceso de descarte que deba ser tasado, como si estuviéramos en el sistema inquisitivo; obsérvese que peligroso el argumento “racional” que dice arribar el Tribunal de Sentencia en este caso, que dicho sea de paso, si por alguna razón “irracional” alguien quisiera estimarlo como basado en el correcto entendimiento humano, se llevaría de encuentro el propio relato de la madre de la supuesta víctima; SEGUNDO: El Trabajo Social, realizado por un perito del Ministerio Público, siempre va orientado a determinar aspectos parciales y fuera de tiempo y nunca sobre hechos anteriormente acontecidos y precisamente ello así resulta ser, porque son de difícil constatación y verificación, por ello, existen los Juicios Orales y Públicos, Los Jueces, Fiscales y Defensores, para que bajo ese proceso, que se conoce como procedimiento Ordinario, se juzgue a las personas, y no que venga un Tribunal de Sentencia a decir temerariamente, que esa prueba pericial de trabajo social, está por encima del valor probatorio de otras pruebas, nada más absurdo, arbitrario e ilógico de la manera de pensar de un juez. Tercero: Ambos testigos C. I. P. B. Y Y. M. C. T. se afirma que sus relatos no son creíbles, por el simple hecho de que mencionan que la conducta personal de la supuesta ofendida R. E. B. C. era malcriada y desobediente con la Maestra y por el contrario el peritaje de trabajo social dice todo lo contrario que la supuesta víctima era una persona obediente, educada, estudiosa etc.; Entonces, nos preguntamos, cómo se encaja esta reflexión de los Jueces de Sentencia en las reglas de la sana crítica, ya que si nos remitimos al principio de la razón suficiente, esta conclusión no resulta ser coherente ni derivada a los principios lógicos, dado que esta conclusión nada tiene de racional, sino de arbitrario, donde una prueba se le ubica por encima de las otras y se le da un carácter de prueba tasada; Cuarto: El proceso de valoración de credibilidad o no de testimonios, no es aislado o exclusivo entre una y otra prueba, sino que en su conjunto y de manera armónica como lo presupuesta el Código Procesal Penal, por lo tanto, al valorar aisladamente las pruebas, se olvidaron los jueces de sentencia que la propia madre de la supuesta víctima, R. E. C. L. afirmó en Audiencia Pública, que su hija se comportaba de manera malcriada con ella y con la Maestra; obviamente, esta testigo, no manifestó que esa malcriadez de su hija, devenían por la educación que le daba en su hogar, sino que era producto o culpa de la Maestra por haberla descartado del evento de Catrachilandia (vea usted); por lo que nos preguntamos, tenía que ver la afirmación de las mala educación de la supuesta víctima para ser creíble o no un testimonio conforme a las reglas de la sana crítica, cuando lo esencial era determinar para los fines del IusPuniendi, si la Maestra en alguna ocasión cometió Maltrato por Transgresión contra alguna alumna; éste era el elemento a considerar para los fines de la aplicación de la ley penal, consecuentemente, si nos basamos en la lógica de contradicción o tercero excluido, los testimonios de descargo también son creíbles a criterio del mismo Tribunal de Sentencia, porque no los descalifican por no ser creíbles sobre los supuestos actos delictivos, sino porque afirman que la supuesta víctima era una malcriada. Quinto: El enlace causal solo existe bajo parámetros determinados en el campo de la constatación de los hechos y resultados, y no de las pruebas, como indocta e irracionalmente así lo infiere el Tribunal de Sentencia, hay que recordarle lo que media entre la doctrina de la causalidad de hecho, entendida como conditio sine qua non, por un lado, y los criterios normativos de imputación objetiva y subjetiva (culpa y dolo), por el otro, que delimitan en cada grupo de casos el círculo de responsables. Tal y como puede apreciar la Sala de lo Penal a través del control de casación, la sentencia proferida por el Tribunal de Sentencia se halla viciada por motivaciones cimentadas en argumentaciones arbitrarias, ilógicas y hasta espurias, porque sobreponen a los fines de la justicia, las declaraciones de la supuesta víctima R. E. B. C. y su madre R. E. C. L. sobre otras pruebas de igual o mayor relevancia en la constatación de los hechos juzgados; ya que los relatos de los testigos de cargo evidentemente tienen motivos suficientes para declarar bajo la mentira, porque están fundados en la animadversión o venganza hacia la Maestra I. E. B. P. ya que ni por lo menos, ninguna otra prueba puede dar por acreditado sus dichos, además, de no estar corroborados por datos objetivos periféricos, consideración que sobrevenía contener el parte pericial; En suma, el testimonio de la perjudicada y su Madre, en el caso concreto, no es suficiente para enervar la presunción de inocencia de mi representada, siendo las reflexiones a las que arribar los jueces de sentencia irracionales, arbitrarias, ilógicas y fuera de los marcos de las máximas de la experiencia, o que es lo mismo, fuera de los parámetros racionales del correcto entendimiento humano, único aspecto en el que un Tribunal de Sentencia puede entrar a considerar, al momento de valorar la prueba y expresar sus juicios de valor al dictar su fallo: en ese sentido, al carecer el fallo recurrido de conclusiones racionables, que desde todo punto de vista de las máximas de la experiencia, reglas de la lógica o de los principios científicos sean posibles alcanzar bajo el correcto entendimiento humano, surge el vicio en la sentencia definitiva que se denuncia, que hace violentar los lineamientos de La Ley Constitucional Vigente. Honorables Magistrados de la Sala de lo Penal, la comisión de todo acto delictivo tiene un móvil y ese móvil no nace o aparece por sí solo, sino que siempre tiene que existir un motivo, y ese motivo debe ser suficiente para que el autor de la acción constitutiva de delito, se vea impulsado a delinquir a sabiendas que lo más seguro es que la justicia se encargara de cobrarle el acto antijurídico cometido y en este caso particularmente hablando, no se encuentra por ningún apartado de las actuaciones o diligencias evacuadas hasta ahora, cuál ha sido ese motivo generador que haya influido en el ánimo de la imputada para tomar la decisión de ejercer actos de Maltrato Por Transgresión en contra de R. E. B. C ; Porque si analizaremos ahora los posibles indicios o pruebas directas que supuestamente el Tribunal de Sentencia haya tomado como base para condenar a mi patrocinada; decimos posibles, porque en el fallo no se expresa en lo absoluto si la condena se basa en prueba indiciaria o circunstancial, sino, que solamente en la misma se hace declaración de los hechos probados, sustentando los mismos en lo que se supone refieren los dos testigos de cargo ya citados y no se menciona o especifica indicio alguno para la conclusión de culpabilidad a la cual arribo el sentenciador; llamándonos mucho la atención la forma en que se decidió condenar a la imputada I. E. B. P. en la cual esta defensa considera que no existe prueba creíble para fundar dicha condena, por las razones que ya se dejaron al descubierto. En conclusión, de la prueba antes descrita y que sirvió de base o fundamento para condenar a mi representada, sin realizar un mayor esfuerzo mental se puede concluir que la misma no es apta o suficiente para destruir el estado de inocencia que la ha favorecido en todo el proceso a mi representada, el Tribunal de Sentencia le ha dado crédito a unas declaraciones testificales que solo constituyen sospechas o conjeturas y más principalmente cimentadas en la venganza sobre lo participación de la acusada, ya que como se ha explicado anteriormente no existen otros testigos de cargo que por lo menos ratifiquen sus dichos, o que hubieran identificado a mi cliente como la responsable del hecho delictivo que se le acusa, por lo tanto, esa prueba en la cual el Tribunal de Sentencia dice haber sustentado el fallo de condena, no es apta para destruir el estado de inocencia de mi representada, por no reunir los requisitos o condiciones necesarias de variedad, precisión, gravedad. probanza, concordancia y esencialmente sinceridad, en tal orden de ideas, el Jurista CaferataNores (La Prueba en el Proceso Penal. pág. 121) nos dice, que los jueces al momento de dictar sentencia deben tener en consideración, el interés de los testigos en declarar en el asunto ya sea por conveniencia, precio o remuneración, así, como también las relaciones de familia, odio, ira, afecto o venganza. Con lo anterior Honorable Sala de lo Penal he tratado de ilustrar en que consiste la flagrante violación por parte del Tribunal de Sentencia al principio-derecho de inocencia, que consagra el artículo 89 de la Constitución de la República, y el artículo 2 del Código Procesal Penal, relacionado con el artículo 1 que determina que ninguna persona podrá ser condenada a una pena, sino en virtud de sentencia firme después de haberse probado los hechos en un Juicio Oral, conforme a los principios Constitucionales, los Tratados Internacionales de los que Honduras forma parte y el presente Código. Cierto es la declaración Constitucional y de La Ley Procesal en su artículo 2, al establecer que todo imputado será considerado como inocente hasta que se declare su culpabilidad por el Órgano Jurisdiccional Competente; pero esa declaratoria tiene que estar sustentada en auténticos medios de prueba, de tal suerte que no quede ningún margen de duda sobre la participación del indiciado, y es el caso de autos el Tribunal de Sentencia basándose en una prueba superficial que no reúne las condiciones de probidad, sin haber una certeza de participación, ha dictado un fallo de condena A I. E. B. P. violando como consecuencia el Derecho de Inocencia que Constitucionalmente le sigue favoreciendo hasta que la misma adquiera el carácter de firme. En apoyo de lo que hemos expuesto anteriormente, la mayoría de los Convenios Internacionales que Honduras a suscrito con la comunidad Jurídica Internacional, defienden enérgicamente la violación al Derecho de Inocencia, así la Convención Americana de Derechos Humanos, o Pacto de San José, en su artículo 8 inciso 2, señala: “que toda persona inculpada de un delito, tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad”. Por otra parte, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 11 determina: “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la Ley y en Juicio Público en que se le haya asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”. Y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 14 “Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la Ley”. Y así podemos citar una serie de instrumentos más, de los que Honduras forma parte por haberlos ratificado, como ser La Convención Internacional de Derechos Humanos que exige que una persona no puede ser condenada, mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal, si obra prueba incompleta o insuficiente no es procedente condenarla sino absolverla; y es el caso de autos donde claramente se desprende que el Tribunal de Sentencia con la concurrencia de algunas sospechas manifestadas por personas que tenían graves prejuicios, odios y venganzas aducen actos de participación de mi cliente, tomo la decisión de condenarla, violándose con ello el Principio de Inocencia que pregono nuestra Carta Magna. Como Jurisprudencia Internacional relativa al principio o Derecho de Inocencia, podemos citar La sentencia dictada por la Corte Internacional de Derechos Humanos, en el caso Cantoral Benavides, de fecha 18 de agosto del 2000, en el cual el Estado de El Perú condenó a dicho imputado a 20 años de reclusión por el delito de Terrorismo, y entre otras cosas estableció: “Los jueces que actuaron en el presente caso abordaron la causa con prejuicios y supusieron a priori que el acusado era culpable, por lo que el Perú violó el artículo 8.2 de la Convención, corresponde al Estado el Onusprobandi de la culpabilidad del imputado y no a éste la prueba de su inocencia. Los indicios tenidos en cuenta para condenar a L. A. C. B. no reunían los caracteres de gravedad, precisión y concordancia suficientes para tener por establecida la vinculación subjetiva que debe existir entre el autor de la ofensa penal y el hecho criminoso, por lo tanto El Perú castigó a una persona inocente cuya vinculación a actividades de tipo terrorista no se demostró.” Es el caso que nos ocupa Honorable Sala de lo Penal Corte, donde mi patrocinada I. E. B. P. ha sido condenada por pura sospecha de su participación, pero nunca por una verdadera prueba que demuestre fehacientemente la culpabilidad de mi cliente. También debemos citar la extensa Jurisprudencia del Tribunal Supremo Español, citado por el Doctor M. C. M. De L. Fiscal de ese Tribunal, en su texto La Alegación De Derechos Fundamentales En El Recurso De Casación, mencionando entre otras sentencias las siguientes: No 1079/200, 623/1999, 6572/1999, 1450/1999, 1347/2000; donde dice: Se ha establecido, que cuando se alegó en esta sede casacional, la violación del Derecho de la Presunción de Inocencia, el control casacional queda limitado a dos aspectos: a) verificar el juicio sobre la prueba, es decir a constatar la existencia de prueba de cargo legalmente obtenida e incorporada a los autos. b) Verificación de la racionalidad de los juicios de inferencia alcanzados por la Sala lo que es de la mayor importancia en los casos de prueba indirecta o Indiciaria en su caso, y todo ello en garantía de verificar que la conclusión alcanzada no es irrazonable o arbitraria desde las máximas de la experiencia, reglas de la lógica y principios científicos. Al respecto y para finalizar la exposición de este motivo, señalaremos lo que estableció El Tribunal Constitucional Español, en su Sentencia No.150/1989 de 25 de septiembre y dice: “Que la sentencia condenatoria debe fundamentarse en auténticos actos de prueba y que dicha actividad probatoria sea efectivamente incriminatoria, para que de su resultado se derive la evidencia del hecho punible, y la evidencia de la participación del acusado”. Situación que recalcamos en la presente sentencia que se recurre, donde no se dio las razones coherentes, derivadas, ni racionales de sus decisiones valorativas, que ya se han señalado en el presente recurso de casación; por ello decimos, que bien es sabido que el sentenciador tiene libertad para valorar en su conjunto las pruebas que se ejecuten en el juicio, pero respetando las reglas que la Ley señala que deben ser observadas, ya que nuestro Sistema Procesal se basa en la Sana Crítica Racional, es decir un conjunto de normas o reglas que el juzgador debe observar al momento de valorar la prueba, no siéndole permitido hacer valoraciones a su arbitrio, tal y como está permitido en el sistema de Íntima Convicción o de Prueba Libre que se practica en algunas legislaciones, donde el Juzgador o Jurado según el caso, valora a su propia conciencia las pruebas evacuadas, y no tiene ni la mínima obligación de explicar el porqué de su decisión; pero en el caso de nuestro sistema, que no es otro que la Sana Crítica Racional, como su nombre lo indica aparte que el juzgador debe dar las razones válidas y verdaderas de su decisión, pero tales razones deben sustentarse como ya se dijo, en verdaderos o auténticos actos de prueba que no deje ningún margen de duda sobre la participación culpable del acusado.- Para finalizar, Honorables Magistrados de la Sala de lo Penal, se ha acreditado como el Tribunal de Sentencia ha emitido conclusiones irracionables e arbitrarias, que desde todo punto de vista de las máximas de la experiencia, reglas de la lógica o de los principios científicos sería imposible alcanzar bajo el correcto entendimiento humano, vicio que los hizo violentar lineamientos de la Ley Constitucional vigente; en ese orden de ideas, al verificar bajo el control casacional el juicio sobre la suficiencia, es decir, si se constata la existencia de prueba de cargo suficiente, y ésta es de tal consistencia que tiene la virtualidad de provocar el decaimiento de la presunción de inocencia; podéis llegar a la conclusión de que no existe tal suficiencia probatoria, en vista, de no reunir los requisitos o condiciones necesarias de variedad, precisión, gravedad, probanza, concordancia y esencialmente sinceridad, sino que también, al ser excluida hipotéticamente del proceso dicha prueba, resulta notorio, que no concurre o existe otra prueba de cargo que permita enervar el estado de inocencia de mi representada I. E. B. P. En efecto, al verificar el juicio sobre la motivación su razonabilidad, en el sentido de determinar si el Tribunal de sentencia cumplió o no con el deber de motivación, es decir, si explicito los razonamientos para justificar el efectivo decaimiento de la Presunción de Inocencia, entendiendo éste, como actividad de enjuiciamiento, que por un lado, se realiza una actuación individualizadora no seriada o tasada, y por otra parte, como una actividad razonable, podéis también llegar a la conclusión, que dichas exigencias no fueron satisfechas por el Tribunal de Sentencia; dados que los procesos intelectuales que le han llevado a un juicio de certeza de naturaleza incriminatoria para condenar a I. E. B. P. no se construyeron bajo presupuestos de razonabilidad de la decisión, sino, en grave transgresión en relación a la presunción de inocencia, porque la motivación que sobre el valor probatorio dicen haber alcanzado, no tiene los estándares exigibles, en consecuencia, la decisión de condenar alcanzada por el Tribunal Sentenciador, en sí misma considerada, es ilógica, incoherente, arbitraria e irrazonable, por no ir de acuerdo con las máximas de experiencia, reglas de la lógica y principios científicos, y este vicio es de tal magnitud que alcanza otras conclusiones de la sentencia definitiva, porque si bien es cierto, no se trata de comparar conclusiones sino más limitadamente, comprobar si la decisión escogida por el Tribunal de sentencia soporta y mantiene la condena. Así acotado el ámbito del control casacional en relación a la presunción de inocencia, bien puede decirse que la Sala de lo Penal en cuanto controlador de la Verificación de la racionalidad de los juicios e inferencia alcanzados en la sentencia definitiva sometida a su respectivo control, actúan verdaderamente como Tribunales de legitimación de la decisión adoptada en la instancia, en cuanto verificar la solidez y razonabilidad de las conclusiones alcanzadas, confirmándolas o rechazándolas y por tanto controlando la efectividad de la interdicción de toda decisión inmotivada o con motivación arbitraria, como acontece en el caso de mi representada I. E. B. P. Reclamaciones Hechas Para Subsanar El Vicio Procesal. El Vicio Procesal que da fundamento al Motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma expuesto en el presente Recurso, fue cometido en el acto mismo de la Sentencia, y por tanto, por su naturaleza no era posible intentar reclamo alguno para su subsanación más que la interposición del presente Recurso. Alcance De La Petición Del Recurrente: A la Honorable Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, respetuosamente pido, declarar Ha Lugar el único Motivo de Casación Por Infracción de Precepto Constitucional, Siendo así, se pide a la Sala de lo Penal, que habiendo constado bajo control casacional que la sentencia recurrida fue dictada con prueba insuficiente para obtener el carácter incriminatorio, consecuentemente se declare que no se enervó la presunción de inocencia de la imputada, ya que el tribunal de sentencia valoró de forma irracional la prueba practicada, estableciéndose la irracionalidad de los juicios e inferencias alcanzados en la sentencia definitiva, en sí, la inexistencia de actividad probatoria de cargo suficiente respecto de los elementos de los hechos objeto de la condena y de la participación en los mismos de la imputada I. E. B. P. encontrándose por lo tanto, la Sala de lo Penal facultada ante la ausencia de valoración probatoria, dictar el fallo absolutorio procedente.”FUNDAMENTACIÓN JURÍDICARecurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional.El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional; Esta Sala de lo Penal ha entendido que se trata de una tercera vía recursiva distinta a las tradicionales de fondo (infracción de ley) y forma (quebrantamiento de forma).Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[1]. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso deberá denunciar la infracción de un derecho fundamental, un derecho reconocido en el bloque constitucional o de doctrina legal constitucional, cuando dicha violación haya tenido una influencia decisiva en la decisión del Órgano Jurisdiccional; En este último sentido L. F. expresa que (L. F. De La R. Á. en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, R. A. M. L , Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115):“la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”.Entonces los motivos a plantear en este Recurso de Casación, presentados bajo Numerus Apertus, son: a. Negación de un derecho constitucional o que integre el bloque constitucional, o de doctrina legal constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; b. Aplicación restrictiva de un derecho constitucional o que integre el bloque constitucional, o de doctrina legal constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; c. Interpretación errónea sobre la naturaleza y/o alcance de un derecho constitucional del bloque constitucional, o sobre una doctrina legal constitucional, que atañe al derecho procesal penal o al derecho penal sustantivo. En una buena técnica recursiva, el Recurrente debe hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplia aplicación (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Único Motivo. *Norma Autorizante: 361 del Código Procesal Penal; *Normas que se denuncian Infringidas: Artículo 89 de la Constitución de la República; Artículo 2 del Código Procesal Penal; *Concepto de la Infracción: Violación al estado material de inocencia; *Reclamación Ex Ante: Imposibilidad al constar el defecto en la sentencia definitiva; *Pretensión: Se dicte sentencia absolutoria. Primero el recurrente establece como punto de apoyo de su reclamo la insuficiencia probatoria en la causa para destruir el estado material de inocencia de la acusada. - Agrega que al realizar un examen al juicio de argumentación sobre las inferencias probatorias del A-Quo, se puede llegar a la conclusión de que dichas reflexiones son irracionales, ilógicas y no ajustadas a las reglas de la sana crítica. Cuestiona que las declaraciones de la menor R. E. B. C. y de la señora R. E. C. L. están motivadas por la indignación que les produjo que la primera no participara en el evento educativo denominado “Catrachilandia”, al grado de “configurar” actos supuestamente cometidos por la acusada I. E. B. constitutivos de maltrato por transgresión, los que no son respaldados por otros testimonios de cargo o descargo. Acusa el recurrente que lo declarado por las testigos “son mentiras”, motivado por el ánimo de venganza pero que pese a ello fueron valorados positivamente por el Tribunal de Sentencia con un razonamiento judicial insuficiente o mezquino, que deja mucho que desear para justificar la quimera conclusión.Insiste el recurrente que las declaraciones de la menor R. E. B. C. y de la señora R. E. C. L. no son “hábiles” para enervar la presunción de inocencia de la acusada, pues ambos relatos son rebatidos con las declaraciones de las testigos C. O. P. y Y. M. C. T. Del Derecho/Principio del Estado Material de Inocencia En el planteamiento del recurso se señalan como violentados tres artículos de la Constitución de la República que contienen igual número de derechos fundamentales: artículo 89 que reconoce el Derecho al Estado Material de Inocencia; El artículo 90 reconoce el Derecho a un Debido Proceso y el artículo 94 reconoce el derecho al contradictorio y ser juzgado por un juez predeterminado por la ley.- Sin embargo, atendiendo el contenido de los argumentos recursivos identifica esta Sala de lo Penal que el reclamo se centra en la violación al artículo 89 de la Constitución de la República, por lo que la respuesta gravitará en cuanto al derecho fundamental que se reconoce en dicha norma. El Derecho/Principio de Inocencia es proclamado y reconocido por la Declaración Universal sobre los Derechos Humanos en el artículo 11.1, por el Paco Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 14.2, por la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 8.2 y por la Constitución de la República en su artículo 89, desarrollado por el Código Procesal Penal en los artículos 2, 191.2 y 282.5, cuyo contenido establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente, y que no solo debe estar presente en el proceso penal, sino que debe respetarse por todo poder público en el desarrollo de sus funciones; Ahora bien, en la esfera jurisdiccional este derecho-principio constituye una regla de juicio, endosando el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías; Por su importancia tal principio ha sido plasmado en el Estatuto de Roma, que establece la necesidad de que los Magistrados de la Corte Penal Internacional estén convencidos, más allá de toda duda razonable, de la culpabilidad que se imputa para dictar una sentencia condenatoria (Art. 66.3). De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de delito será válida, sin infracción del derecho al estado de inocencia, cuando se sustente en al menos una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar certeza de la culpabilidad del acusado o acusada. El Derecho/Principio de Inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. (Ver al respecto el fallo de fecha 04 de octubre del 2005 en Exp. 2597-2004 de la Sala de lo Penal).El Derecho/Principio de Inocencia está íntimamente relacionado a la base fáctica que dicta la realidad del hecho y la participación que en él haya tenido el acusado, incluyendo juicios de inferencia sobre el animus, que en conjunto autorizan la aplicación del IusPuniendi, pues ningún elemento del delito, sea objetivo o subjetivo, pueden ser presumido en contra de la persona acusada; Por ello el Derecho/Principio de Inocencia está relacionado con el debido proceso probatorio, pues solo los hechos de culpabilidad pueden arrebatarle el estado de inocencia a una persona; recuerdése que el proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el Tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad. Para el pronunciamiento de la sentencia condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al juzgador, sin vacilaciones y sin dudas establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable. En el informe No. 50/00 del caso 11,298 del 13 de abril de 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha señalado que: “118 […] De todas las garantías judiciales propias del ámbito penal, la más elemental es, quizás, la presunción de inocencia […].”; Por su parte este Tribunal de Casación en fallo de fecha 14 de mayo del 2007 del Expediente 312-2006, declaró que el Estado de Inocencia “… es un estado inherente a la persona humana …”, este derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art.14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8.2), además es norma pilar de la Constitución de la República (Art. 89 Superior) que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (Arts. 1 y 2 CPP), y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto si no se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, válida y acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la sentencia de fecha 01 de septiembre de 2011, dictada con ocasión del caso López Mendoza vs. Venezuela ha indicado:128.- En el ámbito penal esta Corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales. La presunción de inocencia implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probando corresponde a quien acusa. Así, la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado. Además, la falta de prueba plena de la responsabilidad en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de presunción de inocencia, el cual es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho de defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme […].”.Es de considerar además que esta Sala de lo Penal ha señalado en sentencia del 30 de mayo de 2011, en expediente 304-2010:“La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.”. En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal tendrá como competencia el verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que aunque mínima, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el tribunal de sentencia según las reglas de la sana crítica; así pues en casación se deberá examinar, en la medida que las partes lo expongan como motivo: (Ver al respecto el fallo de fecha 05 de abril del 2011, en el Exp. 042-2009 de la Sala de lo Penal): a) Licitud de la Prueba: Si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos; b) Debido Proceso Probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal; c) Debida Motivación: Si las conclusiones probatorias del Tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad (Art. 141 CPP); d) Debido Razonamiento Probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada, sin involucrar los aspectos que exigen inmediación, de la cual carece el tribunal de casación; y e) Suficiente Carga Probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación en el hecho del acusado y su grado de culpabilidad en ellos, con la virtualidad de arrebatarle el estado material de inocencia a la persona acusada. Al respecto la Corte IDH en sentencia de fecha 26 de noviembre de 2010, en el caso C. G. y M. F. Vs. México, determinó que:“183. Asimismo, el Tribunal ha sostenido que tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención, dicho principio exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla. Así, la falta de prueba plena de la responsabilidad penal en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de inocencia, […].”.Un Estado que se llame así mismo democrático de derecho, no puede asumir como un riesgo permitido la condena a personas inocentes para evitar la posibilidad de absolver a personas culpables, pues lo primero implica un abuso intolerable de autoridad en contra de la propia condición humana, mientras que lo segundo es la consecuencia que se debe sufrir como producto de un proceso penal con endeble carga probatoria; absolver a un culpable es el fracaso de un proceso penal, pero condenar a un inocente es un fracaso de la sociedad entera. De la Procedencia del Recurso El Recurso No es de Recibo. – El planteamiento del recurso adolece de defectos de forma y de fondo que en conjunto niegan la razón al recurrente, debiendo ser declarado sin lugar el recurso. Desde el aspecto formal el recurso carece de precisión, pues de inicio se anuncia que la violación al Estado de Inocencia es como consecuencia de insuficiencia probatoria, pero luego en el libelo se ataca la valoración de la prueba a la que se le acusa de ser arbitraria, ilógica y espuria y con ello el reclamo muta de la denuncia de un supuesto vicio a otro vicio distinto. Además, el planteamiento erra al no dirigir las argumentaciones recursivas a demostrar la existencia de cuando menos uno de los vicios denunciados: i.- Respecto a la insuficiencia probatoria, el recurrente no hace el debido pareo entre los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal aplicado por el tribunal de sentencia y los medios de prueba que fueron presentados en la audiencia del debate a efecto de demostrar que uno o más de aquellos elementos no fueron objeto de probanza, dejando un vacío demostrativo que resulta importante y que impide identificar en lo probado la plenitud del supuesto de hecho previsto en la norma; ii.- Respecto a una indebida valoración probatoria, el recurrente procede a atacar a las declaraciones testificales de la menor R. E. B. C. y de la señora R. E. C. L. a las que acusa de mentirosas, señalando que éstas se motivaron por venganza, al no haber participado la primera en el evento escolar denominado “Catrachilandia”, lo que constituye un alegato de primera instancia y no de única instancia, pues con éste, el recurrente lo que pide es que la Sala de lo Penal, sin contar con la inmediación, recalifique la valoración probatoria asignada por el A-Quo a dichas declaraciones, negándoles credibilidad; en el mismo sentido hace mención de las declaraciones testificales de las niñas C. I. P. B. y Y. M. C. T. señalando que éstas fueron valoradas negativamente siendo esto una conclusión no coherente ni derivada de principios lógicos. El recurrente, olvida que lo revisable en casación es la legalidad de lo resuelto y dentro de ello que los argumentos judiciales sean construidos conforme a las reglas de la sana crítica, ergo, en su caso, se debió señalar cual o cuales fueron las valoraciones intelectivas que consideraba viciadas, pero aún más importante: demostrar por qué dichas valoraciones inobservaron las reglas de la sana crítica mediante la confrontación debida entre unas y otras, pero en su lugar el recurrente hace su valoración privada de los medios de prueba solicitando que sea ésta la que debe ser tomada como válida. En cuanto al fondo: es de tener presente que la Ley Fundamental de la Educación reconoce a los educandos como titulares de derechos y actor principal del proceso enseñanza/aprendizaje (Art. 1); establece además que los docentes tendrán libertad de cátedra (Art. 11.2), empero ésta debe desarrollarse bajo el principio de Dialogicidad, que rechaza cualquier forma de autoritarismo en la relación pedagógica (Art. 13); por otra parte el Estatuto del Docente señala que es una obligación del docente “respetar la libertad, dignidad e integridad física, psíquica y moral de los educandos” (Art. 9.10), señalando el Código de la Niñez y de la Adolescencia que la educación deberá impartirse de modo que fomente el respeto recíproco entre el educador y el educando (Art. 35.b), y que en ningún caso podrá someterse a menores de edad a tratos humillantes, aun cuando con ellos se pretenda realizar acto disciplinario o correctivo (Art. 24).El recurrente en el libelo realza que la menor R. E. B. C. no se comportaba de manera adecuada, mostrándose “malcriada” tanto con su madre como con la acusada I. E. B. P. alegato que, como se ha señalado previo, no es propio en Casación pues se busca con éste que se revalore la prueba aminorando el crédito dado a las testigos de cargo, pero que además no es propio respecto al fondo, pues aun cuando esto lo hubiese tenido por probado el Tribunal de Sentencia, de ninguna forma justifica a la acusada para dar como respuesta un maltrato verbal a su alumna, como consecuencia del mal comportamiento de ésta. Entiéndase por maltrato toda acción u omisión que violente los derechos del menor, afectando, entre otros, su estado mental y/o emocional (Art. 162 Código de la Niñez); el maltrato puede ser por transgresión, que ocurre cuando se somete al niño o niña a conductas de rechazo y/o humillantes (Art. 165 Código de la Niñez), como fue tenido por probado en este caso, donde la acusada I. E. B. P. en su condición de maestra de la menor R. E. B. la maltrató verbalmente, calificándola de menos, con un fin humillante, degradándola de manera privada y pública delante de los demás alumnos; hecho que no solo genera responsabilidad penal, sino que además responsabilidad administrativa (Art. 166 Código de la Niñez).DECISIÓN Declarar no ha lugar el recurso de casación por infracción de precepto constitucional, en su único motivo. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y 361 del Código Procesal Penal.- Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por el Abogado B. A. D. P., apoderado defensor de la acusada I. E. B. P.- Segundo:Declara Firme y Ejecutable la sentencia dictada en fecha veintinueve (29) de enero de dos mil catorce (2014), dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara.- Y Manda: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. - Notifíquese.FIRMAS Y SELLO.JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de julio del año dos mil diecinueve. Certificación de la Sentencia de fecha treinta de mayo del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-03-2016.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
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[1]El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que, durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.