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Sentencia CP-87-17 — Registro 13995

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado como autor de los delitos de Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de los Funcionarios, en perjuicio de La Administración Pública, resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL MOTIVO ES DE RECIBO. Esta Sala de lo Penal, ante lo denunciado por la recurrente y luego de analizar la fundamentación fáctica de la Sentencia recurrida, encuentra que en efecto el Sentenciador ha incurrido en el vicio de predeterminación del fallo, al establecer en los hechos probados la frase “en cumplimiento de una orden ilegal”, la cual sin lugar a dudas es una expresión técnico-jurídico, que en el caso subjudice define la esencia del tipo penal de abuso de autoridad por el cual fue condenado al ahora acusado; de igual forma es una locución accesible en el gremio de abogados, teniendo relación de causalidad con el fallo que se recurre, de tal forma de que, si eliminamos dicho concepto del cuadro fáctico, se deja sin fundamento y sin sustento a la narración histórica, dejando una vacante en el factum de la sentencia que lo vuelve incoherente. Ahora bien para este Tribunal de Casación, ante el yerro denunciado y encontrado, bastaría con que se anulara la Sentencia recurrida, no así el debate o juicio oral que se efectuó y se ordene a los Jueces que dictaron el fallo, la enmienda correspondiente mediante la modificación de los hechos probados, tal como lo establece el artículo 369 del Código Procesal Penal, segundo párrafo: “Si el recurso se intenta por quebrantamiento de forma y la Corte lo considera procedente, actuará de acuerdo con lo previsto en el párrafo anterior y su sentencia anulará el fallo recurrido y los actos realizados de modo irregular. Ordenará, asimismo, la devolución de los antecedentes al respectivo Tribunal de Sentencia para que el trámite de que se trate sea substanciado nuevamente de conformidad con la ley, Si el juicio tuviera que celebrarse nuevamente desde su inicio, no podrán participar en el mismo los jueces que hayan intervenido en la sentencia anulada.” Sin embargo, al analizar los demás motivos de casación que planteó la recurrente, específicamente el tercer motivo de casación en el que denuncia “Motivación Contradictoria” entre los hechos probados de la Sentencia y la valoración probatoria, encuentra también otro vicio que merece reproche casacional. Conforme a la jurisprudencia de esta Sala de Casación, la MOTIVACIÓN CONTRADICTORIA se da cuando: “Los fundamentos plasmados en la sentencia no respetan el principio de coherencia que informa el recto entendimiento humano, ya que el contenido de un fallo debe ser armónico y congruente en cada una de sus partes, por lo que no le es permitido al juzgador expresar juicios contradictorios entre lo relatado en el cuadro fáctico y lo afirmado en la valoración de las pruebas o la fundamentación jurídica[2]”. Esta Sala de lo Penal encuentra que en el cuadro fáctico, el Sentenciador declara como probado que el acusado Marlon René Coto Flores al incautar el dinero al señor Orlinter Cruz Everett, lo trasladó a la base naval de Puerto Castilla, donde los oculta con la colaboración de otros y no informa de su incautación ni del lugar donde se encuentren a las autoridades del Ministerio Público; pero en la valoración de la prueba, numeral primero, al razonar la prueba testifical de la acusación externa lo siguiente: “En términos generales no existió controversia entre la acusación y la defensa, ambas partes admiten que se produjo la incautación del dinero en dólares y se acepta el destino que se le dio a la misma en calidad de evidencia, al realizarse la incautación, es aceptado que se trasladó el dinero a la Base Naval de Puerto Castilla, donde permaneció hasta que, enterada por una denuncia interpuesta, un agente fiscal del Ministerio Público de Puerto Lempira procede a requerir tales efectos años más tarde.” Resulta evidente para este Tribunal de Casación la contradicción en la que incurre el Sentenciador entre la fundamentación fáctica que declara como probado y la valoración de los testigos de cargo; pues en los sucesos establece que el ahora acusado “ocultó el dinero incautado” en confabulación con otras autoridades en la Base Naval de Puerto Castilla, pero paradójicamente en la valoración probatoria establece que el dinero incautado fue trasladado a la Base Naval en calidad de “Evidencia”; por tanto resulta contradictorio que primero advierta el Juzgador que el ahora imputado ocultó el dinero, dando a entender que existe alguna malicia de su parte, para luego establecer que lo trasladó a las instalaciones de la Base Naval en calidad de evidencia, entendiéndose que como tal debe dársele el resguardo policial necesario. En tal sentido considera esta Sala de lo Penal que la Sentencia que ahora se recurre, posee vicios de casación que no pueden ser enmendados con solo la nulidad del fallo, sino que se requiere que un nuevo Tribunal de Sentencia lleve a cabo un nuevo juicio oral o debate y establezca con una adecuada motivación fáctica y jurídica, la responsabilidad o no del acusado en los hechos ahora imputados; razones por las cuales es procedente declarar ha lugar el presente recurso de casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por la Defensa del ahora acusado. Esta Sala de lo Penal no se pronuncia acerca de los restantes motivos de casación por quebrantamiento de forma, puesto que ha prosperado el primer motivo presentado por la defensa del acusado, con las consecuencias legales correspondientes..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha dos de noviembre del año dos mil dieciocho, que literalmente dice: “I. Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de noviembre de dos mil dieciocho, el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados: Alma Consuelo Guzmán García en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian En Nombre Del Estado De Honduras La sentencia en el Recurso de Casación SP 87-2017 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veinticuatro de noviembre del dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, departamento de Atlántida, mediante la cual falló, Primero: Condenó al señor Marlon René Coto Flores, como autor de los delitos de Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de los Funcionarios, en perjuicio de La Administración Pública, a la pena de Tres (3) años de reclusión. Segundo: Condenó al señor Marlon René Coto Flores, a las penas accesorias de Inhabilitación Especial para ejercer como Teniente de Fragata de la Fuerza Naval de Honduras o para optar a cualquier cargo militar en cualquiera de sus ramas o funciones por el periodo de seis años, más la pena accesoria de Interdicción Civil por el tiempo que dure la condena principal. Tercero: Se declaró la responsabilidad civil del señor Marlon René Coto Flores. Cuarto: Declaró el comiso de un arma de fuego tipo pistola, 9 mm, marca Girsan Parabellum niquelada, serie T6368-08 A0338, y se ordena la devolución de cuatro mil trescientos setenta y cuatro dólares americanos al ciudadano Orlinter Cruz Everett. Quinto: No procede la condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, la abogada Selenia Barahona Castro en su condición de Defensora Pública del imputado. Son Partes En La Única Instancia: El abogado Jacobo Cálix Hernández, en su condición de Defensor Privado del acusado, como parte recurrente y la abogada Marina Audely Varela, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. II. Hechos Probados Único: El 12 de mayo del 2009 en el Apostadero Naval de Palacios, ubicado en el Municipio de Juan Francisco Bulnes del departamento de Gracias a Dios, Marlon René Coto Flores, Teniente de Fragata de la Fuerza Naval de Honduras, en cumplimiento de una orden ilegal y con conocimiento de ello, procede sin justificación a incautar la cantidad de cuatro mil trescientos setenta y cuatro dólares americanos ($4,374.00) al ciudadano Orlenter Cruz Everett, un comerciante de la aldea la Plapaya, del mismo municipio, a quien decide no detener, asimismo devolverle otra cantidad de dinero en lempiras y un arma de fuego que también portaba; acto seguido decide trasladar la cantidad de dinero en dólares antes descrita a la Base Naval de Puerto Castilla de esa misma jurisdicción, donde los oculta con la colaboración de otros y no informa de su incautación ni del lugar donde se encuentra a las autoridades del Ministerio Público de su jurisdicción. III. Recurso De Casación. Motivos y Argumentos Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma EXPRESION DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. PRIMER MOTIVO: Clara predeterminación del fallo en la fundamentación fáctica de la Sentencia. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 362 numeral 1), en relación al artículo 338 con sujeción a la regla cuarta del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO INVOCADO La Sentencia recurrida refleja un grave vicio in procedendo que deslegitima la función jurisdiccional al aparecer un evidente error de predeterminación- en la fundamentación fáctica -al momento de la redacción de los hechos probados, los cuales constituyen la base de la estructura de la sentencia, razón por la cual es elemental que el juzgador haga una descripción clara, precisa y circunstanciada de los hechos que se establecen como verdaderos, sin incurrir al momento de establecer los hechos probados en valoraciones de índole jurídica que adelanten el momento de la – fundamentación jurídica- en la cual el juzgador teniendo como base el hecho probado que se haya establecido deberá analizar las distintas hipótesis debatidas por las partes, para determinar cuál de ellas es la que se considera puede ser subsumida o no en un determinado tipo penal, lo que ya no es posible cuando como en el presente caso, se ha incorporado en los hechos probados un término mediante el cual se predetermina el fallo condenatorio que se dictara. Al respecto, La Sala de lo Penal ya ha reiterado que el vicio de predeterminación concurre cuando se “emplean expresiones que con independencia de la estimación valorativa a efectuar en la fundamentación jurídica de la sentencia, deben reservarse para dicho sector de la misma. En definitiva, el vicio denunciado encuentra su razón de ser en evitar la sustitución de un hecho o sucesión de hechos, elemento fáctico de la Sentencia Penal, por un concepto jurídico lo que supone, ya de antemano, la valoración penal del comportamiento, de modo que tiene lugar cuando el Tribunal de instancia ha adelantado en los hechos probados la subsunción “. (Sentencia casación penal No. 42- 2009, de fecha 5 de abril de 2011). En la sentencia contra la cual se recurre como podrá apreciar la Sala de lo Penal al resolver el recurso que se presenta, de manera notoria aparece una evidente predeterminación del fallo, es decir, se ha adelantado la calificación jurídica en los mismos hechos probados. Precisamente, puede verse categóricamente la predeterminación denunciada, en la redacción del hecho probado único, que dice lo siguiente: “El 12 de mayo del 2009 en el Apostadero Naval de Palacios, ubicado en el municipio de Juan Francisco Bulnes del departamento de Gracias a Dios, Marlon René Coto Flores, teniente de fragata de la fuerza naval de honduras, en cumplimiento de una orden ilegal y con conocimiento de ello, procede sin justificación a incautar la cantidad de cuatro mil trescientos setenta y cuatro dólares americanos ($4,374.00) al ciudadano Orlinter Cruz Everett, un comerciante de la aldea de plaplaya, del mismo municipio, a quien decide no detener, asimismo devolverle otra cantidad de dinero en lempiras y un arma de fuego que también portaba; acto seguido decide trasladar la cantidad de dinero en dólares antes descrita a la Base Naval de Puerto Castilla de esa misma jurisdicción, donde los oculta con la colaboración de otros y no informa de su incautación ni del lugar donde se encuentra a las autoridades del Ministerio Público de su jurisdicción”. (La negrita no es del original se usa para resaltar la clara predeterminación denunciada). Es evidente, que en el hecho probado citado aparece un término que por sí mismo describe una infracción delictiva contraria a derecho, como lo es el calificar que la actuación del acusado en cumplimiento de sus deberes fue en cumplimiento de una orden ilegal, desde ese mismo momento el Tribunal predetermina calificando jurídicamente como contraria a derecho (cumplimiento de una orden ilegal) la conducta del acusado, en consecuencia, adelanta el fallo en clara trasgresión de la normativa procesal penal, específicamente inobservando el contenido del artículo 338 regla cuarta en la cual se establece que. “Se consignará la fundamentación del fallo de la manera siguiente: 1) Declaración de hechos probados. En párrafos separados y numerados, se hará declaración expresa y terminante de los hechos que se consideran probados, descritos con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse. 2) Valoración de la prueba. Seguidamente, se expresarán las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos, justificando, según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio y, en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de indicios, igualmente declarados probados. 3) Fundamentación jurídica. En párrafos también separados y numerados se consignarán, de forma clara, sucinta y precisa, con indicación de los preceptos o doctrina legal aplicables, los fundamentos legales de la calificación de los hechos que se hubiesen tenido para cada uno (1) de los procesados; de las causas de exención, atenuación o agravación de la responsabilidad penal, en caso de que concurra alguna de ellas; y de las penas que se impongan, en caso de condena, así como, los fundamentos doctrinales y legales de la responsabilidad civil en que pudieran haber incurrido las personas acusadas u otras sujetas a ella; del pronunciamiento sobre las costas; y de las disposiciones que puedan adoptarse sobre el destino de los objetos secuestrados”. La expresión en cumplimiento de una “orden ilegal”, constituye claramente una frase técnico - jurídica que por si engloba la definición de un determinado tipo penal, como lo es uno de los supuestos del tipo penal de Abuso de Autoridad en este caso el mismo delito imputado artículo 349 numeral 2) del Código Penal, según el cual concurre ese delito cuando se: “Dicte o ejecute órdenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contrarios a la Constitución de la República o a las leyes o se abstenga de cumplir lo dispuesto por cualquiera de dichos ordenamientos jurídicos”. Al establecerse en el hecho probado que e trataba del cumplimiento de una orden “ilegal”, el Tribunal de sentencia “anticipo” en el relato fáctico de hechos probados términos de estricta técnica penal, que es propio de la redacción y definición misma del delito acusado que define como una de sus hipótesis precisamente ejecutar ordenes contrarias a la Constitución o las leyes, la adecuación de esa imputación es la calificación y valoración jurídica de considerarla como una orden ilegal, esa adecuación o subsunción de la descripción del tipo penal debe ser realizada como ya se ha mencionado y tal como lo ordena el artículo 338 supra citado en la respectiva fundamentación jurídica, caso contrario, si ya aparece desde la redacción de los hechos probados, constituye anticipadamente una valoración jurídico penal del comportamiento acusado. Nótese, que como ya se menciono el delito imputado es el de Abuso de Autoridad, la frase utilizada (en cumplimiento de una orden ilegal), constituye una expresión técnico -jurídica que define la determinación misma del delito acusado. Por ende, es claro que desde el momento mismo que se redactan los hechos probados al utilizarse dicha frase, el fallo inevitablemente es condenatorio, ya que el tipo penal imputado en su descripción objetiva contempla como definición de la conducta prohibida el ejecutar ordenes contrarias a la Constitución o a las leyes, al decirse que se trataba de una “orden ilegal” se utiliza en estricto sentido jurídico la definición legal del concepto contemplado en el tipo penal. Además de lo anterior, la predeterminación que se hace en los hechos probados es tan grave, que no sólo adelanta la calificación legal del caso; sino que también afirma los elementos del análisis del delito, cuando además de decir que se trata del cumplimiento de una orden ilegal, dice también “y con conocimiento de ello”, al referir en el hecho probado, que se tenía conocimiento de que la orden era ilegal se está haciendo una valoración de los elementos de la teoría del delito, ya que al referirse al “conocimiento” se hace una clara anticipación de que la conducta del acusado es dolosa, haciendo una referencia a la concurrencia del tipo subjetivo como parte de la tipicidad, aspecto que de igual forma debe ser analizado en la fundamentación jurídica como lo establece el artículo 338 ya referido. Al respecto, la doctrina es unánime al referir que en la fundamentación jurídica una vez establecidos los hechos probados, procede calificar jurídicamente la conducta desplegada por el acusado, también se comprende discutir las categorías analíticas del delito, la tipicidad, la anti juridicidad, la culpabilidad de la conducta. En el presente caso como hemos señalado y la Sala de lo Penal podrá observar en el hecho probado se han hecho y adelantado valoraciones y determinaciones que corresponden al momento de la fundamentación jurídica, causando el vicio in procedendo que se denuncia. En conclusión, es evidente, que el Tribunal incurrió en un grave error de predeterminación al utilizar términos de valoración jurídica en un momento procesal impropio en detrimento de la imparcialidad del juzgador que es imperativo mantener incólume como regla del debido proceso y la tutela judicial efectiva, dejando asimismo en manifiesto el desconocimiento dialéctico de la dinámica del proceso penal y de la estructura de las reglas de la sentencia, que establecen por un lado, un orden de relación histórica del hecho enjuiciado y, por otro, la respectiva valoración jurídica de ese hecho, es decir, la separación clara entre factum (relato de hechos probados) y iudicium (fundamentación jurídica), de conformidad a los momentos señalados en la regla cuarta contenida en el artículo 338 del Código Procesal Penal supra citado. Por haberse producido el vicio en el propio acto de redacción de la sentencia no ha sido posible reclamar su subsanación.”

“SEGUNDO MOTIVO: Clara motivación fáctica o jurídica insuficiente. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 362 numeral 3), en relación al 338 con sujeción a la regla cuarta numeral 2 de la valoración de la prueba, numeral 3 de la fundamentación jurídica y 141 del Código Procesal Penal. Concurre tanto falta de motivación fáctica como falta de motivación jurídica, ambos vicios se interponen en el mismo motivo por estar vinculados. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO INVOCADO La sentencia recurrida evidencia en el apartado de valoración de la prueba (motivación fáctica insuficiente) que, no permite deducir razonablemente cual ha sido el proceso de valoración del Tribunal para concluir sus conclusiones, pues en la valoración de varios medios de prueba de la defensa los juzgadores hicieron un examen limitado al razonar su decisión, resultando imposible así develar con claridad cuáles son los razonamientos coherentes utilizados en la valoración de la prueba. La falencia procesal del Tribunal sentenciador transgrede las reglas del debido proceso que establece la Constitución de la República al contravenir la disposición más democrática del proceso penal que se consigna en el artículo 141 del Código Procesal Penal- la obligatoriedad de motivación de las resoluciones judiciales- , que en sus Párrafos segundo y tercero establece: “Los actos y las sentencias tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación, la designación del tribunal que lo dicta, el lugar, fecha y la resolución respectiva”. “La motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y, en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido”. Tal como la Sala de lo Penal podrá observar en el apartado de valoración de la prueba en el numeral séptimo el Tribunal antes de entrar a la delicada función de valoración de la prueba, específicamente la de la defensa, se limita a decir: “la defensa del acusado presento testigos con el fin de justificar las acciones del acusado, pero el Tribunal es del parecer que los mismos revelaron información que apoya la tesis acusatoria así como la acción dolosa del acusado”. Nótese, que por un lado, de entrada sin análisis alguno el Tribunal considera que los testigos son presentados para justificar las acciones del acusado desconociendo la finalidad de los medios de prueba, por otro lado, de igual forma sin ningún análisis adelanta que los mismos revelaron información que apoya la tesis acusatoria, así como la acción dolosa del acusado. El vicio grave que se acusa- de motivación fáctica insuficiente- ocurre justamente cuando los jueces garantes de las reglas del debido proceso omiten el contenido del artículo 141 en relación al artículo 338 de las reglas para la redacción de la sentencia, pues describen los medios de prueba, pero no consignan clara y de manera suficiente al momento de la valoración el proceso intelectivo seguido, quedando ese proceso de valoración de la prueba lejos de lo que establece la regla cuarta de la redacción de la sentencia, sin justificación y sin poderse deducir siquiera los razonamientos utilizados para sus conclusiones, que es lo mismo como cuando en la valoración de la prueba sólo se dice que tal o cual prueba merece crédito o no merece crédito, sin expresar las razones de dicha conclusión, tal como sucede en el presente caso, ya que después de hacer la valoración subjetiva que se cito, puede verse que la sentencia se limita a un resumen de lo declarado por los testigos: 1.- Juan José Elías Mejía Ortiz 2.- Hector Manuel Tercero López 3.- Mauricio Javier Alemán Quiroz 4.- René Lobo Reyes. En grave y manifiesto error in procedendo los jueces al referirse a estos medios de prueba que son trascendentales y de conocimiento directo del suceso imputado se limitan de manera extremadamente reducida a decir que: “Todos y cada uno vinieron a respaldar la prueba del Ministerio Público, y no lograron justificar de ningún modo la acción acusada” (véase parte final del numeral séptimo de la valoración de la prueba a pagina 16 de la sentencia recurrida). En el numeral noveno el Tribunal hace de igual manera un escueto y aislado análisis en relación a los testigos Héctor Manuel Tercero López y Javier Alemán Quiroz, sólo haciendo referencia a un punto de sus declaraciones que el acusado “siguió la línea de mando” y concluyendo de manera subjetiva sin análisis alguno, que éstos no tienen utilidad defensiva porque en materia de investigación la dirección le corresponde al Ministerio Público, siendo evidente que las expresiones de valoración del Tribunal no alcanzan a tener una motivación minina suficiente para justificar de manera coherente y Lógica la validez de los mismos. Al respecto, la jurisprudencia de la Sala de lo Penal ha señalado que hay motivación insuficiente cuando en la sentencia: “Se obvia un análisis crítico de las pruebas, o cuando por ejemplo el juzgador hace una cansina reiteración de lo que los testigos dijeron y pericias demuestran, sin que haga una verdadera valoración de los contenidos, o cuando se pretende llenar con una fraseología hueca la carencia de ese análisis crítico, por ejemplo cuando se expresa que la prueba testifical es clara, coherente y convincente y queda en la subjetividad del juzgador, establecer el porqué de esos criterios”. (Sentencia de casación penal No. 385-2009, del 11 de mayo de 2001). En cuanto a la insuficiente motivación jurídica, en la sentencia recurrida, resulta claro de la lectura de la misma en su apartado de fundamentación jurídica, no es suficiente, pues los juzgadores no desarrollaron con claridad porque la conducta desplegada por el acusado alcanzaba las categorías analíticas del delito (acción, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad). El tribunal se limita a describir el tipo penal imputado y una cita de las disposiciones procesales que considera infringidas haciendo consideraciones que no se corresponden a la valoración probatoria. Siendo evidente la falencia cuando analizan el tipo objetivo, que es el análisis de cada uno de los elementos que determinan el tipo imputado, el Tribunal en un claro desconocimiento de la dogmática penal , por un lado, incurre nuevamente en el error de señalar que el acusado decidió ocultar evidencia sin que haya procedido a dar parte a las autoridades del Ministerio Público, por otro lado, en el análisis del tipo objetivo relaciona y considera que no se observo el artículo 92 del Código Procesal Penal, cuando el delito imputado y que califica es el 349 numeral 2, del Código Penal del cual no analiza sus elementos. Por haberse producido el vicio en el propio acto de redacción de la sentencia no ha sido posible reclamar su subsanación.” “TERCER MOTIVO: Motivación contradictoria. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO INVOCADO El vicio denunciado ocurre cuando los razonamientos del juzgador no mantienen una relación y concordancia vinculado con la coherencia de los razonamientos que deben fundamentar la sentencia. Los juzgadores en la sentencia recurrida de manera sistemática se alejan de la obligación de expresar de forma clara, completa, legitima y sin contradicciones su motivación, incurriendo en otro claro vicio in procedendo, que da lugar a la nulidad de la sentencia al existir contradicción entre los hechos probados y la valoración probatoria, viciando la sentencia al contener argumentos excluyentes, que no permiten tener certeza ni seguridad en la resolución judicial que emitieron. En los hechos probados se establece que el dinero en dólares que se le incauto al señor Orlinter Cruz Everett, el acusado Marlon René Coto Flores lo traslado a la Base Naval de Puerto Castilla, donde los oculta con la colaboración de otros y no informa de su incautación ni del lugar donde se encuentran a las autoridades del Ministerio público (de igual manera hace la misma afirmación en la fundamentación jurídica numeral primero al analizar el tipo objetivo). En la valoración de la prueba de los testigos de cargo Orlinter Cruz Everett, Orlin Ivander Cruz Padilla, Luis Alberto Reyes y Ricardo Geovanny Rodríguez, el Tribunal determina que no hubo “ocultamiento” cuando expresa: “En términos generales no existió controversia entre la acusación y la defensa; ambas partes admiten que se produjo la incautación de dinero en dólares y se acepta el destino que se le dio a la misma en calidad de evidencia, al realizarse la incautación es aceptado que se traslado el dinero a la Base Naval de Puerto Castilla, donde permaneció hasta que, enterada por una denuncia interpuesta un agente fiscal del Ministerio Público de Puerto Lempira procede a requerir tales efectos años más tarde”. (Véase valoración de la prueba en el numeral primero a pagina 9). De lo anterior puede verse, que por un lado, en los hechos probados se deja establecido que el dinero incautado en dólares se traslada a la Base Naval de Puerto Castilla; donde son ocultados con la colaboración de otros No obstante, ningún medio de prueba evacuado hace acreditación de tal extremo, ni que se “ocultaron”, ni de la “colaboración de otros en ese hecho” todo lo contrario en los medios de prueba se establece a quien se entrego el dinero en qué lugar (bóveda) se guardo la evidencia y el procedimiento utilizado (ver declaración del testigo René Lobo Reyes) por otro lado, efectivamente, el mismo Tribunal en la valoración probatoria de cargo concluye que el dinero en dólares decomisado se traslado a la Base Naval, en calidad de evidencia, así también en el numeral tercero se hace la valoración de la constancia visible a folio 17 extendida en fecha 12 de mayo del 2009 en la que se hace constar que el acusado por ordenanza de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico DLCN, realizo el decomiso. El Tribunal concluye en su Valoración de éste medio de prueba que: “Con las constancias antes descritas, se acredita que la incautación del dinero en dólares existió y que fue realizada por parte del acusado” De igual forma, refiriéndose a la constancia que constituyo prueba en común de las partes el Tribunal razona diciendo: “Se acepta por parte del acusado que se recibió el dinero en calidad de evidencia. Lo cuestionable es el procedimiento posterior y la forma inusual del acusado de documentar la diligencia de incautación a través de constancias; pues si se trata de evidencia lo apropiado era proceder a la elaboración del acta correspondiente, y al traslado de los mismos junto con el sospechoso ante la autoridad correspondiente”. (Véase página 11 de la sentencia). éste razonamiento de valoración probatoria se establece, que no existió ocultamiento alguno, es más el propio Tribunal concluye que el caso se trata de un asunto en el que lo cuestionable es el procedimiento utilizado para documentar la evidencia, el cual considera erróneo, pues no debió ser en constancias, sino en actas, con dicho razonamiento el Tribunal excluye tanto la afirmación de que se había ocultado el dinero, como la propia conclusión calificando el delito por el cual condena al señor Marlon René Escoto, PUES RESULTA EVIDENTE NO EXISTIÓ LA INTENCIÓN DE COMETER DELITO ALGUNO DE ABUSO DE AUTORIDAD. Por haberse producido el vicio en el propio acto de redacción de la sentencia no ha sido posible reclamar su subsanación.” “CUARTO MOTIVO: No haberse observado en la valoración de la prueba las reglas de la sana crítica.- PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 362 numeral 3), en relación al artículo 202 del código procesal penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO INVOCADO Conocido es que la prueba evacuada en el proceso penal es la única que puede determinar la culpabilidad del acusado, siempre que no se trate de prueba ilícita, y cuando de esa prueba se pueda alcanzar un estado de certeza absoluto de culpabilidad sin ninguna duda. Además de lo anterior, el Tribunal debe necesariamente legitimar su función jurisdiccional al momento de dictar la sentencia externado imperativamente con claridad y logicidad los razonamientos que determinan su resolución judicial, es decir, debe valorar las pruebas en concordancia con las reglas de la sana critica tal como dispone el artículo 202 del Código Procesal Penal al indicar: “Valoración de las pruebas. La sana crítica. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”, en el mismo sentido el artículo 338 regla cuarta numeral 2 de la valoración de la prueba.” El vicio denunciado ocurre como en el presente caso cuando el juzgador no ajusta sus razonamientos al momento de valorar la prueba de acuerdo a las reglas de la sana critica, la lógica, la psicológica y la experiencia común, específicamente y como se expondrá a continuación el Tribunal vulnera las leyes fundamentales de la coherencia, derivación y el principio de razón suficiente en la valoración de la prueba testifical propuesta por la defensa, de acuerdo a los cuales las conclusiones de los juzgadores deben tener coherencia entre si y debe ser razonable la derivación que se hace de la valoración de cada medio de prueba del cual debe surgir la conclusión que se externa. En el caso que se recurre vía casación se juzgo al señor Marlon René Escoto aduciendo que en su condición de Teniente de Fragata de la Fuerza Naval al encontrarse de patrulla en el apostadero Naval del municipio de Juan Francisco Bulnes del Departamento de Gracias a Dios, en el año 2009, se le hizo parada al señor Orlinter Cruz Everett quien se transportaba en una lancha con la cantidad de $ 4,374.00 y otra cantidad de dinero en lempiras, dos armas una con permiso y otra sin permiso, a quien después de informar al Comandante de la Base Naval respectivo y éste indicar que por orden de la DLCN se requieran los dólares, se entregue la cantidad en dinero y se devuelva el arma con permiso dejando en libertad al señor Everett, a quien le entregaron un recibo haciendo constar que el dinero se quedaba en custodia de la Fuerza Naval de Honduras. Los juzgadores han concluido vulnerando las reglas de la sana critica que el hecho imputado constituye el delito de Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de los Funcionarios, calificación legal que además de no poderse subsumir en el hecho imputado, no se deriva de manera coherente de la prueba evacuada ni resulta de razonamientos con suficiente justificación lógica. Así puede verse, que de las declaraciones de los testigos Juan José Elías Mejía, Héctor Manuel Tercero López, Mauricio Javier Alemán Quiroz y René Lobo Reyes, se derivan conclusiones claras, armónicas y coherentes diferentes a las que de manera subjetiva llegan los juzgadores. Al respecto, de la declaración del testigo Juan José Elías Mejía, queda claro que, efectivamente se encontraban de servicio junto al acusado, se requirió al ofendido para que se reportara y se pegara al muelle porque no quería hacerlo, éste testigo relata como el Teniente de Fragata Escoto reporto el hecho y recibió instrucciones del Comandante de Navío de apellido Tercero quien dio instrucciones, que por orden de la Lucha contra el Narcotráfico se retuvieran los dólares. De igual manera, consta la respectiva declaración del testigo Capitán de navío Héctor Manuel Tercero Flores, quien relata que cuando sucedieron los hechos fungía como Comandante de la Base Naval de Puerto Castilla, que dieron la orden después de consultar a las autoridades superiores del decomiso de pistola y dólares, transmitiéndole las instrucciones del Director de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, General Arístides Gonzáles, por medio del Jefe del Departamento de Inteligencia de la Fuerza Naval, Capitán de Navío Mauricio Alemán, “instruyendo de tal manera el Capitán tercero al Alférez Coto que le dieran chance si tenía permiso para portación lo presentara, se informo por escrito al Ministerio Público de Trujillo del decomiso de los dólares el 20 de mayo del año 2009... “, dejando claro el testigo, que después de consultar le dio la orden al Alférez Coto de decomisar el arma sin documentos y los dólares, no se detuvo a la persona porque una de las armas estaba legal, existía la duda que la otra también ya que el señor Orlinter Cruz afirmo tener el permiso, esa fue la instrucción que le dieron a él. De las declaraciones de estos dos testigos se deriva que la actuación del acusado Marlon René Escoto, no se efectuó con la voluntad de pretender cometer delito alguno de Abuso de Autoridad o Violación de los Deberes de los Funcionarios, pues tratándose de una zona en la cual es ampliamente conocido pueden existir incidentes derivados del trafico de drogas, diligentemente y de manera responsable informa al Comandante de Navío y es cuando éste da las instrucciones que manifiesta haber recibido del Director del Departamento de Inteligencia de las Fuerza Naval de Honduras y de la DLCN, (tal como el mismo comandante Héctor Manuel Tercero lo relata), que el acusado y los miembros de la patrulla naval proceden al decomiso de los dólares y del arma sin permiso de portación. Resulta claro, que la declaración del testigo Juan José Elías (quien se encontraba de servicio junto al acusado), no se queda huérfana en su relato, sino que encuentra coherencia y soporte en lo declarado por el Comandante de Navío en cuanto al desarrollo del suceso, no se puede reprochar de manera lógica la actuación del acusado como lo hace a “secas” el Tribunal aduciendo que “no procedió a su detención como remisión a las autoridades correspondientes como se ordena en las normas procedimentales”, éste razonamiento resulta ilógico y no es consecuente con lo declarado por los dos testigos referidos, pues el acusado siguió un procedimiento lo cual queda claro en sus deposiciones, siendo el correcto que se estila en esos casos, el testigo Tercero Comandante de navío refiere claramente a quien consulto- al Director de la DLCN- no tiene en consecuencia derivación coherente la afirmación del Tribunal que el acusado decidió sin estar facultado que dinero tenia circulación legal y cual no, pues de la declaración de los testigos se deduce con claridad que la decisión de que dinero decomisar y cual no, fue en razón y después de la consulta hecha al Comandante de la Base y éste a la vez al Director de la DLCN, (DIRECCION QUE TIENE MAS DE 20 AÑOS DE PERTENECER AL MINISTERIO PÚBLICO). No fue una decisión tomada de manera subjetiva por el acusado mucho menos por sus jefes superiores, mostrando las conclusiones de los juzgadores el desconocimiento que tienen del procedimiento militar y su cadena de mando, misma que debe tener igual coherencia lógica entre si, como la tiene el debido proceso y debe ser razonable en su acatamiento por los oficiales debidamente instruidos en sus operaciones militares. Tampoco se encuentra razonamiento lógico cuando el Tribunal en la valoración del testigo Juan José Elías Mejía, dice que ya ha fallecido (el General Gonzáles), queriendo hacer insinuación, pero sin precisar en lo absoluto qué por esa razón no cree al testigo Juan José Elías Mejía, porque no puede acreditar que existió la orden superior, es erróneo el Tribunal, pues lo relatado por el testigo Mejía sobre éste aspecto, es corroborado por el Capitán de Navío Héctor Tercero, quien afirma que se dio la instrucción (existió) y es éste quien corrobora que se le comunico al General Gonzales. Nótese que en su declaración ambos testigos son claros y contundentes al relatar que dio la instrucción el jefe de inteligencia de la Fuerza Naval Mauricio Alemán por orden del General Arístides Gonzales Director de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico. El Tribunal tampoco hace la mas mínima (ninguna) consideración para valorar la veracidad de los testigos en cuanto a ese extremo, por tanto también, atenta contra las reglas de la sana critica (la psicológica), y no se deriva de manera lógica la afirmación que hace. De igual manera la declaración del Capitán de Navío encuentra coherencia y es corroborada plenamente en la declaración de/testigo Mauricio Javier Alemán Quiroz, quien relata claramente y sin ambigüedades en razón de ser en ese entonces el Jefe de Antinarcóticos de la Base Naval, la comunicación que se hizo al entonces Director de Lucha contra el Narcotráfico Arístides Gonzales quien dio la orden para que se la traspasara al comandante de la Base Naval, lo cual lo responde de manera clara y contundente a la pregunta del mismo representante del Ministerio Público (tal como aparece en el acta del debate). Nótese, que de la declaración del testigo René Lobo Reyes, se deriva relacionado con las otras declaraciones que la evidencia no se escondido en ningún momento, pues fue recibida y depositada en la caja fuerte por él en su carácter de administrador de la Base Naval, quien señala que la embalo el Comandante Tercero y además se encontraban presentes miembros de la DLCN, a quienes sólo se les conoce por su número de placa, los cuales es evidente por la naturaleza del hecho desde ese momento asumen el conocimiento para la realización del respectivo procedimiento y posteriormente por el oficio correctamente enviado al Ministerio Publico de Trujillo, Colon por parte del Comandante Tercero.. Existe razón lógica y suficiente de lo aportado por cada testigo de la defensa, de los cuales se deriva de manera coherente que el acusado no incurrió en la comisión de delito alguno y tampoco se le puede imputar que una vez recibida en la Base Naval, no lo haya puesto en conocimiento del Ministerio Público, esto lo hizo como correspondía el Comandante de la Naval. Así consta en el Informe de fecha 20 de mayo del 2009, dirigido al Fiscal Oswaldo Osorio de Trujillo Colon, erróneamente el Tribunal deduce en la valoración de éste medio de prueba diciendo que se le pretende trasladar la responsabilidad al ente fiscal y objetando la redacción del informe por lo cual dice no produce valor probatorio de interés para la defensa. El Tribunal de manera aislada y sin fundamento lógico valora y desestima éste medio de prueba como si fuera el acusado quien lo envió y se equivoco en el contenido de su redacción, cuando es notorio eso ya no le correspondía hacerlo a él, pues ya era de conocimiento del Jefe de la Base Naval desde el momento mismo que sucede el hecho, dicho medio lo que acredita es que el acusado realizo el procedimiento que a él le correspondía y no actuó de manera subjetiva ni arbitraria, sino siguiendo la instrucción que evidentemente al afirmarse venia de la DLCN, era razonable asumir como correcta, lo cual resulta coherente con el informe de la misión de fecha 13 de mayo de 2009, en el cual el Alférez de Fragata Marlon René Coto informa al Comandante Héctor Manuel Tercero las novedades, el Tribunal de manera ilógica dice que éste informe es el que tenía que haber remitido al Ministerio Público, pues como ya expusimos una vez en conocimiento del Comandante es éste por Cadena de Mando quien asume las actuaciones correspondientes, dicha conclusión también resulta contraria a las máximas de la experiencia común la cual nos dice que no sería acostumbrado y menos aún en unidades militares que ante un evento como el acaecido sea el subalterno y no el Comandante una vez puesto en conocimiento quien deba dar las instrucciones del procedimiento a seguir o el responsable de informar a otras autoridades posteriormente, el acusado cumplió lo que si le correspondía dar su informe al Comandante tal como costa en autos, medio de prueba que él Tribunal no valora diciendo que “a estas alturas ya no exime de responsabilidad al acusado”, desconociendo que es en el juicio oral y público que se decide y valora la responsabilidad o no del hecho imputado. En conclusión, es manifiesto que la sentencia recurrida quebranta las reglas de la sana critica la lógica y el principio de derivación o razón suficiente, pues es claro que de los elementos de prueba presentados, no pueden derivarse razonable y de manera coherente las conclusiones de los juzgadores, por las razones que se han expuesto es procedente se decrete la nulidad del fallo recurrido para ser conocido por otro Tribunal de Sentencia.” IV. Fundamentación Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El juicio penal debe su legalidad al respeto de las formalidades establecidas en la ley, para que el proceso pueda desembocar en una sentencia válida, pero además a las formalidades exigidas en la redacción de la sentencia misma; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que la norma procesal ordena (Inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (Inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal. Esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. Primer Motivo Norma Autorizante: Artículo 362 numeral 1 del Código Procesal Penal. Norma Procesal que se denuncia Infringida: Artículo 338 regla cuarta del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: Predeterminación del Fallo en la fundamentación fáctica. Reclamación Ex Ante: Por haberse producido el vicio en el propio acto de redacción de la sentencia no ha sido posible reclamar su subsanación. Pretensión: Sin determinar por la pretensora. Explicó la recurrente que la sentencia recurrida contiene un grave vicio y es error de predeterminación en la fundamentación fáctica de la sentencia, pues en el hecho probado aparece un término que por sí mismo describe una infracción delictiva contraria a derecho, como lo es calificar que la actuación del acusado fue en cumplimiento de una orden ilegal. La expresión “en cumplimiento de una orden ilegal” constituye claramente una frase técnico-jurídica que por si engloba la definición de un determinado tipo penal, como lo es uno de los supuestos del tipo penal de abuso de autoridad establecido en el artículo 349 numeral 2 del Código Penal. De la Predeterminación del fallo. Esta Sala considera importante recordar, que el vicio alegado por el casacionista tiene lugar cuando en la redacción de los hechos probados se emplean conceptos que unitariamente describen una infracción delictiva, de frases técnico-jurídicas que engloban la definición de un concreto tipo punible, siempre que por ellas solas se llegue indefectiblemente al pronunciamiento decisorio acordado, de modo que trastocando el orden de la relación histórica del acontecer enjuiciado y valoración jurídica del mismo, esta separación entre factum (relato de hechos probados) y iudicium (fundamentación jurídica) impuesta por el artículo 338 del Código Procesal Penal, se anticipan en el relato fáctico términos, locuciones o frases de estricta técnica penal, de aquellas que selectivamente se emplean en la elaboración científica sustantiva de las distintas figuras penales, o utilizadas cuando se trata de definir los grados de participación, fases de ejecución o de circunstancias modificativas de la responsabilidad; expresiones que con independencia de la estimación valorativa a efectuar en la fundamentación jurídica de la sentencia, deben reservarse para dicho sector de la misma. En definitiva, el vicio denunciado encuentra su razón de ser en evitar la sustitución de un hecho o sucesión de hechos, elemento fáctico de la sentencia penal, por un concepto jurídico, lo que supone, ya de antemano, la valoración penal del comportamiento, de modo que tiene lugar cuando el Tribunal de instancia ha adelantado en los hechos probados la subsunción, de tal manera que el Tribunal de casación no puede conocer el hecho imputado como tal, sino sólo a través de su significación jurídica. Para que prospere el motivo invocado es necesario que concurran los siguientes requisitos: 1) Que se trate de expresiones técnico-jurídicas que definan o den nombre a la esencia del tipo delictivo aplicado. 2) Que tales expresiones sean asequibles tan sólo a los juristas entendidos en Derecho y su uso no sea compartido en el lenguaje común. 3) Que tengan relación causal con el fallo. 4) Que suprimiendo tales conceptos, dejen sin base el hecho o los hechos históricamente narrados, es decir, que tal supresión de lugar a un vacío fáctico y haga incongruente el fallo[1]. De la Procedencia del Recurso. El Motivo es de Recibo. Esta Sala de lo Penal, ante lo denunciado por la recurrente y luego de analizar la fundamentación fáctica de la Sentencia recurrida, encuentra que en efecto el Sentenciador ha incurrido en el vicio de predeterminación del fallo, al establecer en los hechos probados la frase “en cumplimiento de una orden ilegal”, la cual sin lugar a dudas es una expresión técnico-jurídico, que en el caso subjudice define la esencia del tipo penal de abuso de autoridad por el cual fue condenado al ahora acusado; de igual forma es una locución accesible en el gremio de abogados, teniendo relación de causalidad con el fallo que se recurre, de tal forma de que, si eliminamos dicho concepto del cuadro fáctico, se deja sin fundamento y sin sustento a la narración histórica, dejando una vacante en el factum de la sentencia que lo vuelve incoherente. Ahora bien para este Tribunal de Casación, ante el yerro denunciado y encontrado, bastaría con que se anulara la Sentencia recurrida, no así el debate o juicio oral que se efectuó y se ordene a los Jueces que dictaron el fallo, la enmienda correspondiente mediante la modificación de los hechos probados, tal como lo establece el artículo 369 del Código Procesal Penal, segundo párrafo: “Si el recurso se intenta por quebrantamiento de forma y la Corte lo considera procedente, actuará de acuerdo con lo previsto en el párrafo anterior y su sentencia anulará el fallo recurrido y los actos realizados de modo irregular. Ordenará, asimismo, la devolución de los antecedentes al respectivo Tribunal de Sentencia para que el trámite de que se trate sea substanciado nuevamente de conformidad con la ley, Si el juicio tuviera que celebrarse nuevamente desde su inicio, no podrán participar en el mismo los jueces que hayan intervenido en la sentencia anulada.” Sin embargo, al analizar los demás motivos de casación que planteó la recurrente, específicamente el tercer motivo de casación en el que denuncia “Motivación Contradictoria” entre los hechos probados de la Sentencia y la valoración probatoria, encuentra también otro vicio que merece reproche casacional. Conforme a la jurisprudencia de esta Sala de Casación, la motivación contradictoria se da cuando: “Los fundamentos plasmados en la sentencia no respetan el principio de coherencia que informa el recto entendimiento humano, ya que el contenido de un fallo debe ser armónico y congruente en cada una de sus partes, por lo que no le es permitido al juzgador expresar juicios contradictorios entre lo relatado en el cuadro fáctico y lo afirmado en la valoración de las pruebas o la fundamentación jurídica[2]”. Esta Sala de lo Penal encuentra que en el cuadro fáctico, el Sentenciador declara como probado que el acusado Marlon René Coto Flores al incautar el dinero al señor Orlinter Cruz Everett, lo trasladó a la base naval de Puerto Castilla, donde los oculta con la colaboración de otros y no informa de su incautación ni del lugar donde se encuentren a las autoridades del Ministerio Público; pero en la valoración de la prueba, numeral primero, al razonar la prueba testifical de la acusación externa lo siguiente: “En términos generales no existió controversia entre la acusación y la defensa, ambas partes admiten que se produjo la incautación del dinero en dólares y se acepta el destino que se le dio a la misma en calidad de evidencia, al realizarse la incautación, es aceptado que se trasladó el dinero a la Base Naval de Puerto Castilla, donde permaneció hasta que, enterada por una denuncia interpuesta, un agente fiscal del Ministerio Público de Puerto Lempira procede a requerir tales efectos años más tarde.” Resulta evidente para este Tribunal de Casación la contradicción en la que incurre el Sentenciador entre la fundamentación fáctica que declara como probado y la valoración de los testigos de cargo; pues en los sucesos establece que el ahora acusado “ocultó el dinero incautado” en confabulación con otras autoridades en la Base Naval de Puerto Castilla, pero paradójicamente en la valoración probatoria establece que el dinero incautado fue trasladado a la Base Naval en calidad de “Evidencia”; por tanto resulta contradictorio que primero advierta el Juzgador que el ahora imputado ocultó el dinero, dando a entender que existe alguna malicia de su parte, para luego establecer que lo trasladó a las instalaciones de la Base Naval en calidad de evidencia, entendiéndose que como tal debe dársele el resguardo policial necesario. En tal sentido considera esta Sala de lo Penal que la Sentencia que ahora se recurre, posee vicios de casación que no pueden ser enmendados con solo la nulidad del fallo, sino que se requiere que un nuevo Tribunal de Sentencia lleve a cabo un nuevo juicio oral o debate y establezca con una adecuada motivación fáctica y jurídica, la responsabilidad o no del acusado en los hechos ahora imputados; razones por las cuales es procedente declarar ha lugar el presente recurso de casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por la Defensa del ahora acusado. Esta Sala de lo Penal no se pronuncia acerca de los restantes motivos de casación por quebrantamiento de forma, puesto que ha prosperado el primer motivo presentado por la defensa del acusado, con las consecuencias legales correspondientes. V. Decisión Se declara ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por la Defensa del acusado Marlon René Coto Flores. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 338, 359, 362 numeral 1, 363 y 369 del Código Procesal Penal. Falla: Primero: Declara Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por la Abogada Selenia Barahona Castro, en su condición de Defensora Pública del señor Marlon René Coto Flores a quien se le sigue proceso por el delito de Abuso de Autoridad y Violación de los deberes de los Funcionarios en perjuicio de La administración Pública. Segundo: Casa la sentencia. Tercero: Declara la nulidad del debate y de la sentencia de fecha veinticuatro (24) de noviembre del dos mil dieciséis (2016), dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, departamento de Atlántida. Y manda: I. Que se repita el debate con un Tribunal integrado por Jueces distintos a los que conocieron el juicio anulado. II. Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que se proceda conforme a derecho. Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA COORDINADORA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA. RECEPTOR ADSCRITO. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho. Certificación de la Sentencia de fecha dos de noviembre del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-87-2017.

JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA

RECEPTOR ADSCRITO

SALA DE LO PENAL

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[1] Sentencia de Casación Penal SP 42-2009, dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 05 de abril del 2011

[2] Sentencia de Casación Penal SP 148-2010, dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, en fecha 24 de enero del dos mil doce.