Sentencia CP-86-15 — Registro 13994
Resumen
En primera instancia se condenó a los imputados por el delito de Detención Ilegal, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"... De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. Este Tribunal de Casación ha revisado de manera minuciosa la sentencia recurrida, haciendo énfasis en la valoración probatoria que ha efectuado el Sentenciador y no encuentra que se haya cometido equivocación alguna que merezca reproche casacional, es decir no existe quebranto al derecho a la presunción de inocencia alegado por la censora. Encontramos que en el acápite Valoración de la Prueba, el sentenciador valoró la declaración de los señores Rommel Fernando Vivas Andino, Jesús Joel Alcerro Andino y Jose Enrique Graudnard Paz, el primero de ellos es la persona ofendida en la presente causa y quien relató de manera detallada y circunstanciada, cómo fue objeto de una detención ilegal violenta al mismo tiempo de golpes físicos por parte de los ahora acusados, los juicios de valor que el Sentenciador ha externado en relación a estos testigos son coherentes, derivados y concordes con el dictamen médico practicado al ofendido, por lo que, al relacionar toda la prueba se llega a la conclusión de responsabilidad penal para los ahora imputados. Lastimosamente lo ocurrido al señor Rommel Fernando Vivas Andino es una práctica bastante común entre algunos miembros de la policía nacional, quienes contrario a enaltecer con sus acciones el nombre de tan noble institución, denigran con éstos abusos de poder el uniforme que se les ha confiado, por lo que, para este Tribunal de Casación el Sentenciador actuó de manera correcta y respetó en todo momento de los derechos constitucionales de los acusados, razones suficientes para desestimar el presente motivo de casación..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha dos de noviembre del año dos mil dieciocho, que literalmente dice: “I. Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días de noviembre de dos mil dieciocho, el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados: Alma Consuelo Guzmán García en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian En Nombre Del Estado De Honduras La sentencia en el Recurso de Casación SP 86-2015 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha doce de diciembre de dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, departamento de Atlántida, mediante la cual falló: 1) Condenando a los señores Juan Ángel Amaya Martinez y Orlando Paz Vasquez, a la pena de Tres (03) años de reclusión y al pago de una multa de Cincuenta mil lempiras (LPS.50.000.00), por el delito de Detención Ilegal cometida por Funcionarios contra el Ejercicio de los Derechos Garantizados por la Constitución, en perjuicio del señor Rommel Fernando Vivas Andino. 2) Condenando a los imputados Juan Ángel Amaya Martinez y Orlando Paz Vasquez, a las penas accesorias de Inhabilitación Especial en el cargo de Policías Preventivos e Interdicción Civil, durante el tiempo que dure la pena. 3) Declaró la responsabilidad Civil de los imputados. 4) No condenó en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por dicho juicio. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional la Abogada Tirza Calix Padilla, actuando en su condición de Defensora Pública de los señores Juan Ángel Amaya Martinez y Orlando Paz Vasquez. Son Partes En La Única Instancia: El Abogado Arnaldo Alcides Garcia Alvarado en su condición de Defensor Público de los imputados, como parte recurrente y la Abogada Miriam Emilda Garcia en su calidad de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. II. Hechos Probados Primero: Aproximadamente a las dos con treinta minutos de la mañana del doce de junio del dos mil cinco, el señor Rommel Fernando Vivas Andino rompió un cristal de una puerta de la Discoteca La Casona, ubicada en la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida, repentinamente aparecen cuatro Agentes de la Policía Preventiva, entre los cuales se encontraban Juan Ángel Amaya Martínez y Orlando Paz Vásquez, quienes proceden a detener a Rommel Fernando Vivas Andino y a continuación es golpeado por los Policías Juan Ángel Amaya Martínez y Orlando Paz Vásquez y un tercer Policía ; luego es conducido a la Jefatura de la Policía donde permanece sin comunicación hasta que es examinado a las ocho con cincuenta y cinco de la mañana por un médico forense. Segundo: Como consecuencia de los golpes que Juan Ángel Amaya Martínez y Orlando Paz Vásquez y el tercer Policía le dan a Rommel Fernando Vivas Andino este resultó con las heridas siguientes: a) De dos centímetros de longitud que se ubica en cara derecha, región de la frente; b) De tres centímetros de longitud que se ubica en cara derecha, región de la frente; C) De dos centímetros de longitud que se ubica en antebrazo derecho, tercio medio, región antebraqueal posterior D) De tres centímetros de longitud que se ubica en boca, labio superior; produciéndole además equimosis ubicadas en antebrazo izquierdo tercio distal, regios antebraquial anterior, en boca y labio inferior, excoriación en antebrazo derecho; las que le produjeron incapacidad temporal de siete días. III. Recurso De Casación. Motivos y Argumentos Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. “EXPRESION DEL MOTIVO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. MOTIVO UNICO. Infracción del precepto constitucional contenido en el artículo 89 de la Constitución en relación con el 1 y 90 de la misma carta magna, 8 No.2 de la convención Americana de Derechos Humanos, 2 del Código procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO. Las normas sustantivas infringidas son los artículos 89 de la Constitución de la República que establece: “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”. Artículo 90.- Constitución de la República: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…..” Artículo 2.- Código Procesal Penal: “Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente de conformidad con las normas de este Código. Artículo 8 No.2 de las Garantías Judiciales.- Convención Americana Sobre Derechos Humanos: “…… Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad “. PRIMERO: Artículos estos que han sido violentados por el Tribunal de Sentencias, quebrantando de esta forma el estado de inocencia de mis representados, prescindiendo de las formalidades que la ley establece para determinar la concurrencia del ánimo tendencial de llegar al delito de “Detención Ilegal cometido por funcionarios contra el ejercido de los derechos Garantizados por la constitución” por una parte queremos referirnos a la valoración de la prueba de cargo consistente en la declaración del supuesto ofendido Romel Fernando Vivas Andino, Jesús Joel Alcerro Andino y Jose Enrique Graugnard Paz donde queremos hacer manifestar que los mismos tienen un interés manifiesto específico en perjudicar a nuestros representados, en vista que el señor Jesús Joel Alcerro es hermano del ofendido y el señor Graugnard es amigo del ofendido, por lo que es lógico que los mismos se presentaron como testigos de cargo a la audiencia de juicio Oral y Público faltando a la verdad de cómo en realidad sucedieron los hechos involucrando a mis representados como los autores del ilícito que se les imputa; por otra parte el ofendido Romel Vivas al prestar su declaración como tal la misma es exagerada, en vista de referir que le propinaron una cantidad de golpes, a lo cual esto no quedo evidentemente probado por el dictamen médico del Doctor Carlos Lanza Zapata, por lo que relacionados la declaración de Romel Vivas con la de su hermano Jesús Joel Alcerro y la de Jose Enrique Graugnard Paz, esta última se contradice con la de los hermanos Romel y Jesús, en el sentido que Graugnard dice que los policías sacaron a Rommel de la Discote a la fuerza y que este sin ofrecer resistencia los policías se aprovecharon de la autoridad que tenían y lo golpearon, pero el ofendido y su hermano si dejan claro que se resistió a la detención; por otra parte consideramos ilógico que si los policías sabían que eran seguidos por el hermano del detenido quien refirió en juicio que vio que trataban con violencia a su hermano, que era empujado por los policías luego de haberse dado el altercado en la Discoteca, estos lo fueran golpeando esa forma que afirma el ofendido. Por último manifiesta tanto el ofendido como testigos supuestamente presénciales que el día del hecho doce de junio de 2005 participaron cuatro policías en la detención, por lo que no entendemos el hecho que solo estén juzgando a dos policías si participaron cuatro, no enfatizando en juicio el ofendido la participación de los otros dos, lo que nos crea duda razonable si el ofendido, el hermano de este y su amigo dicen la verdad sobre los hechos que se les imputa a mis representados. SEGUNDO: La defensa de los imputados no comparte el criterio esbozado por el Tribunal de mérito, mas sin embargo al analizar la valoración del A-quo, específicamente la del ofendido como la del hermano y amigo del ofendido nos deja la duda razonable por las razones antes expuestas, observamos que dicho tribunal sentenciador les otorgo eficacia probatoria a testigos de cargo que nos dejan duda razonable si en verdad así sucedieron los hechos que se investigan y que se les imputa a mis representados; Considerándose de esta forma que los argumentos del Ministerio público no reúnen los requisitos que establece la ley de delitos cometidos por Funcionarios contra el ejercicio de los Derechos Garantizados por la Constitución, y menos con los testigos de cargo que se contradicen, no acreditándose en juicio la comisión del delito que se les acusa a mis representados, ni la participación en el hecho, resultando de ello existir prueba de cargo dudosa presentada por el Ministerio Público, quebrantando con ello lo estipulado en las normas constitucionales y demás afines que denunciamos como infringidas, por lo que al haber el sentenciador condenado a los señores Juan Ángel Amaya Martinez y Orlando Paz Vásquez por el delito de Detención Ilegal cometido por Funcionarios contra el Ejercicio de los derechos Garantizados por la Constitución, se vulnera las formalidades que sujetan a la valoración de la prueba, concretamente en lo referente a la sana critica, al no derivar el ánimo tendencial de Detención Ilegal con medios de prueba dudosos e inconsistentes, vulnerándose la presunción de inocencia como principio constitucional, por lo que se solicita a la Sala Penal absolver a mis representados por el delito que se le venía imputando, en vista de apreciarse, más allá de toda duda razonable, que los mismos fueron los que participaron en el hecho que se les imputa y que no quedo claro en juicio Oral y Público. TERCERO: Consideramos que el Tribunal sentenciador no debió darle valor probatorio a la prueba testifical de cargo por ser la misma inconsistente y dudosa, siendo que la prueba en materia penal es sinónimo de garantía y como tal debe de manejarse tanto en la fase de formación, como al introducirla en el proceso y finalmente al momento de apreciarle por parte del Juzgador quien debe acudir a los más estrictos criterios dentro del esquema de la libre convicción (sana crítica) para no mancillar esa condición, pues la naturaleza de garantía la convierte en imperativa, de ahí que cada vez que la prueba sea dudosa y se le niegue este carácter de garantía en el proceso penal, la consecuencia lógica es la NULIDAD ABSOLUTA de esta. Y como es lógico, los efectos que de ella promanan, por lo que no podemos dudar que cuando el Juzgador basa su decisión en una prueba que da lugar a dudas no viola la norma que disciplina el método para adquirir, aplicar o valorar la prueba, sino que viola directamente la norma que lo vincula a juzgar conforme a pruebas legítimas. Si queremos hacer realidad nuestro anhelo de tener un proceso ajustado a derecho, necesariamente, debemos respetar la forma que la Constitución nos indica. Todo ello para lograr una tutela eficaz de la persona humana y de sus derechos fundamentales, debemos “VENERAR” nuestra ley fundamental y defenderla de quienes no quieran acatarla. Es la única manera de lograr la efectiva vigencia del derecho constitucional al debido proceso que toda persona tiene. Partimos del hecho que un testimonio es una prueba licita; una confesión es una prueba licita; pero si aquél o esta se obtiene mediante la violación a un derecho fundamental como lo es la presunción de inocencia, valorando prueba dudosa como la de las testigos de cargo, se convierte en un medio ilícito de administrar la justicia. En una palabra, será ilícito todo aquél elemento probatorio que no sea valorado de acuerdo a las reglas de la sana crítica, específicamente las reglas de la derivación, por lo que el único camino hacia la justicia es el respeto a nuestra carta magna. Y los únicos vehículos que nos llevaran a aquel destino son las garantías. Por consiguiente haciéndolo así haremos que sea la justicia Judicial realmente un instrumento de tutela y no un instrumento de agravio. Dicho lo anterior al haber el sentenciador condenado a los señores Juan Ángel Amaya Martínez y Orlando Paz Vásquez por el delito de Detención Ilegal cometido por Funcionarios contra el Ejercicio de los Derechos Garantizados por la Constitución se vulneran las formalidades que sujetan a la valoración de la prueba, concretamente en cuanto a la sana crítica, al no derivar el ánimo tendencial de detención Ilegal de medios probatorios certeros y convincentes, sino más bien de prueba dudosa. En consecuencia se vulnera la presunción de inocencia, como principio constitucional, solicitando a la Sala Penal absolver a los imputados del delito de Detención Ilegal cometido por Funcionarios contra el ejercicio de los derechos Garantizados por la Constitución, al no poder apreciarse, más allá de toda duda razonable que mis representados sean culpables de dicho delito. RECLAMACION HECHA PARA LA SUBSANA CION DEL YERRO. Siendo que el Tribunal de Sentencias tomó en cuenta una prueba dudosa e inconsistente propuesta por el ente acusador admitida en tiempo y forma, basando por una parte su fallo el tribunal bajo el argumento que lo consideraba como prueba válida, para así condenar a mis representados por DETENCION ILEGAL COMETIDO POR FUNCIONARIOS CONTRA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS GARANTIZADOS POR LA CONSTITUCION contra ROMMEL FERNANDO VIVAS ANDINO, resolución con la cual no está de acuerdo la defensa de los indiciados por violentarse no solo garantías constitucionales; sino que también convenios internacionales como ser el artículo 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, lo cual únicamente puede ser subsanado a través del presente recurso.” IV. Fundamentación 1) Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional El Artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentar la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del Legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el Artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica, el peticionario debe de hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). La esencia del Recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República, frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. 1.a) Único Motivo Norma Autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Penal. Norma Constitucional que se denuncia Infringida: Artículo 89 de la Constitución de la República. Concepto de la Infracción: Violación a la Presunción de Inocencia. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el Pretensor. Pretensión: Que se dicte una nueva sentencia que case el fallo recurrido. Explicó el recurrente que la valoración que realizó el Juez A-quo de la prueba testifical consistente en la declaración del ofendido Romel Fernando Vivas Andino, Jesús Joel Alcerro Andino y Jose Enrique Graugnard Paz, tienen un interés particular de perjudicar al imputado; pero el Tribunal les concede valor probatorio, pero sus testimonios dejan duda de cómo realmente ocurrieron los hechos. 1.b) Del Derecho a la Presunción de Inocencia. Resulta conveniente establecer los parámetros que ha establecido esta Sala de lo Penal, acerca del derecho a la presunción de inocencia. El artículo 89 de la Constitución de la República establece: “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”. El derecho fundamental a la presunción de inocencia, además de encontrarse expresamente reconocido en nuestra Constitución y normas legales secundarias (vid. Arts. 1 y 2 del Código Procesal Penal), también lo está en instrumentos jurídicos internacionales suscritos por el Estado de Honduras, como son entre otros, la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948 (art. 11.1), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 19 de diciembre de 1966 (art.14.2) y la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8.2). Significa el derecho de todo acusado a ser absuelto sino se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria y de la intervención en los mismos del procesado. En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal deberá considerar: a) Las pruebas que tuvo en cuenta el Tribunal de Instancia para atribuir unos hechos delictivos a una persona, b) Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción y publicidad, c) Si de haber sido practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal, d) Si las pruebas se practicaron con observancia de las normas procesales y respeto a los derechos fundamentales, y e) Si las conclusiones probatorias del Tribunal sentenciador no resultan arbitrarias. En este sentido, corresponde al Tribunal de Casación comprobar que el Tribunal de Instancia ha dispuesto de la precisa actividad probatoria para la afirmación fáctica contenida en la sentencia, lo que supone constatar que existió, que se ha realizado con observancia de la legalidad en su obtención y se practica en el juicio oral bajo la vigencia de los principios de inmediación, oralidad, contradicción efectiva y publicidad, y que el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos y razonables que permitan su consideración de prueba de cargo[1]. 1.c) De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. Este Tribunal de Casación ha revisado de manera minuciosa la sentencia recurrida, haciendo énfasis en la valoración probatoria que ha efectuado el Sentenciador y no encuentra que se haya cometido equivocación alguna que merezca reproche casacional, es decir no existe quebranto al derecho a la presunción de inocencia alegado por la censora. Encontramos que en el acápite Valoración de la Prueba, el sentenciador valoró la declaración de los señores Rommel Fernando Vivas Andino, Jesús Joel Alcerro Andino y Jose Enrique Graudnard Paz, el primero de ellos es la persona ofendida en la presente causa y quien relató de manera detallada y circunstanciada, cómo fue objeto de una detención ilegal violenta al mismo tiempo de golpes físicos por parte de los ahora acusados, los juicios de valor que el Sentenciador ha externado en relación a estos testigos son coherentes, derivados y concordes con el dictamen médico practicado al ofendido, por lo que, al relacionar toda la prueba se llega a la conclusión de responsabilidad penal para los ahora imputados. Lastimosamente lo ocurrido al señor Rommel Fernando Vivas Andino es una práctica bastante común entre algunos miembros de la policía nacional, quienes contrario a enaltecer con sus acciones el nombre de tan noble institución, denigran con éstos abusos de poder el uniforme que se les ha confiado, por lo que, para este Tribunal de Casación el Sentenciador actuó de manera correcta y respetó en todo momento de los derechos constitucionales de los acusados, razones suficientes para desestimar el presente motivo de casación. V. Decisión Se declara no ha lugar el presente Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional presentado por la Defensa Pública. VI. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 89, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 361, 363 y 369 del Código Procesal Penal. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la Abogada Tirza Cálix Padilla, en su condición de Defensora Pública de los señores Juan Ángel Amaya Martinez y Orlando Paz Vasquez a quienes se les condenó por el delito de Detención Ilegal (Art 333 numeral 1 del Código Penal) en perjuicio de Rommel Fernando Vivas Andino. Segundo: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha doce de diciembre del dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, departamento de Atlántida. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA COORDINADORA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA. RECEPTOR ADSCRITO. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho. Certificación de la Sentencia de fecha dos de noviembre del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-86-2015.
JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA
RECEPTOR ADSCRITO
SALA DE LO PENAL
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[1] Sentencia de Casación Penal SP 42-2009 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 05 de abril del 2011