Sentencia CP-75-15 — Registro 13950
Resumen
En primera instancia se condena al imputado por los delitos de Homicidio Simple en su grado de Ejecución de Tentativa y Portación Ilegal de Armas, se declara sin lugar el recurso de casaciòn interpuesto por su defensa
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. Tal como lo establece la doctrina, el Recurso de Casación fundado en la Infracción de Ley, se circunscribe a la redacción de hechos probados que haya establecido el Sentenciador, los cuales son inalterables en esta etapa casacional. Ante lo planteado por la recurrente, considera esta Sala de lo Penal que es posible haya equivocado la vía recursiva con la que pretendió fundamentar su recurso, pues dentro de sus argumentos establece que se violentó la norma constitucional del artículo 96 que refiere el Principio de retroactividad[1] de la Ley Penal, manifestaciones que son propias de un Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, pues en esencia no alega la falta de aplicación del artículo 332B del Código Penal, si no la violación de una Garantía Constitucional pretendiendo la aplicación del artículo 96, es decir que la acción cometida por el imputado se ampare en los decretos 184-2013 y 63-2014 emitido por el Honorable Congreso Nacional, en razón de la retroactividad de la ley penal cuando ésta favorezca al reo. Si analizamos los hechos probados, en ellos encontramos todos los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de Portación Ilegal de Armas, por tanto, el Aquo no ha aplicado incorrectamente el precepto penal contenido en el artículo 332-B del Código Penal. Este Tribunal de Casación es del criterio que, los decretos legislativos 184-2013 y 63-2014 no es posible aplicarlos retroactivamente a las acciones cometidas por el señor Oscar Armando Amaya, conforme al principio de retroactividad de la ley penal favorable al reo, como pretende el censor, pues los decretos legislativos antes relacionados fueron creados con la finalidad de que los ciudadanos que tuviesen en su poder armas sin autorización de portarlas, pudieran trasladarse con ellas hacia las oficinas policiales a registrarlas, sin miedo de que, pudieran ser capturados en posesión de ellas y sin el permiso respectivo; pero en ningún momento los decretos legislativos 184-2013 y 63-2014 establece que se exime además de dicho permiso a los ciudadanos que son capturadas cometiendo ilícitos penales y utilizando esas armas de fuego sin los permisos correspondientes. En el caso de autos el imputado Oscar Armando Amaya fue capturado por los agentes policiales utilizando un arma de fuego, con la cual disparó a la humanidad del ofendido Jose Abraham Mejia Diaz causándole heridas graves, de lo que se deduce, que en ningún momento tenía la intención de registrar su arma conforme a los decretos legislativos antes mencionados, sino que utilizaba su arma de fuego para delinquir, razones suficientes para que no le sea aplicado el artículo 96 de la Constitución de la República. Por todo lo argumentado es procedente desestimar el presente recurso de casación por Infracción de Ley..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha cuatro de diciembre del año dos mil dieciocho, que literalmente dice: “I. SENTENCIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los cuatro (4) días de diciembre de dos mil dieciocho (2018), el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados: Alma Consuelo Guzmán García en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncia: EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, La sentencia en el Recurso de Casación número SP 75-2015 por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha veintisiete de noviembre de dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, mediante la cual falló: 1) Condenando al señor Oscar Armando Amaya a la pena de diez (10) años de reclusión, por el delito de Homicidio Simple en su grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio de José Abraham Mejía Díaz. 2) Condenando al imputado Oscar Armando Amaya, a la pena de tres (03) años de reclusión, por el delito de Portación Ilegal de Armas en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. 3) Condenando al señor Oscar Armando Amaya, a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, por el tiempo que dure la condena. 4) Declaró la responsabilidad civil de dicho imputado. 5) No condenó en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por dicho juicio. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley, la Abogada Victoria Elizabeth Fúnez en su condición de Defensora Pública del señor Oscar Armando Amaya. SON PARTES: El Abogado Mario Reniery Amador en su condición de Defensor Público del imputado, como parte recurrente y la Abogada Ilse Adela Fuentes Núñez en su calidad del Fiscal del Ministerio Público como parte recurrida. II. HECHOS PROBADOS. UNICO: El dos de noviembre de dos mil doce, a eso de las siete de la mañana, el señor JOSÉ ABRAHAM MEJÍA DÍAZ, se encontraba en los baños públicos del mercado municipal de la Aldea Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa, Cortés, cuando el señor OSCAR ARMANDO AMAYA, de manera imprevista, le realizó cinco disparos con un arma de fuego, impactándole dos, uno de ellos en el rostro y el otro en el tórax, eludiendo el resto (tres disparos) al salir corriendo de dicho lugar con dirección a la Posta Policial de ese sector, donde denunció lo ocurrido, y minutos después, los Agentes Policiales detuvieron al acusado, a quien le incautaron un arma de fuego tipo revólver, marca F & L, modelo DOBERMAN, calibre .22 LR, serie número 09413X, en buen estado de funcionamiento, de la cual no portaba el permiso correspondiente y que momentos antes había utilizado para disparar en contra de JOSÉ ABRAHAM MEJÍA DÍAZ. III. RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS. RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY. “EXPRESION DEL MOTIVO DE CASACION. MOTIVO UNICO: Infracción por aplicación indebida del precepto Contenido en el artículo 332-B del Código Penal; En relación con el 96 de la Constitución de la República y con el 2 Decreto 184-13 y 1 Decreto 63-2014. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 párrafo primero del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO. La norma sustantiva aplicada indebidamente es el artículo 332-B del Código Penal que establece: “Quien, sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivos y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones, explosivos y otros materiales relacionados con ellas. Se entenderá por armas de fuego personal, defensa o deportivas, municiones, explosivos y similares, las descritas en la ley especial. La norma constitucional violentada es el artículo 96 de la Constitución de la Republica la cual dispone que la ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado. En cuanto al artículo 332-B del Código Penal consideramos que se ha aplicado incorrectamente por parte del Tribunal de Sentencias, al no haberse tomado en cuenta lo que establece el artículo 96 de la Constitución de la República en relación con el No.2 del Decreto Legislativo No. 183-2013 de fecha 1 de septiembre de 2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el cinco de octubre del mismo año, y que fuera ampliado por seis meses más, mediante el Decreto No.63-2014 publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33574 de fecha 6 de noviembre de 2014, referente a la Veda de Armas. EL Tribunal en referencia declaro como probado el siguiente hecho: “UNICO: El dos de noviembre de dos mil doce, a eso de las siete de la mañana, el señor )OSÉ ABRAHAM MEMA DÍAZ, se encontraba en los baños públicos del mercado municipal de la aldea de Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa, Cortés, cuando el señor OSCAR ARMANDO AMAYA, de manera imprevista, le realizó cinco disparos con un arma de fuego, impactándole dos, uno de ellos en el rostro y el otro en el tórax, eludiendo el resto (tres disparos) al salir corriendo de dicho lugar con dirección a la posta policial de ese sector, donde denuncio lo ocurrido, y minutos después, los agentes policiales detuvieron al acusado, a quien le incautaron un arma de fuego tipo revolver, marca F & 1, modelo DOBERMAN, calibre LR, serie número 09413X, en buen estado de funcionamiento, de la cual no portaba el permiso correspondiente y que momentos antes había utilizado para disparar en contra de JOSÉ ABRAHAM MEJÍA DÍAZ. Al analizar el contenido del Único hecho probado se observa que el Tribunal no tomó en cuenta el artículo 96 de la Constitución de la República como la ampliación del artículo el artículo 2 del Decreto en mención, ampliación esta que fue efectuada mediante Decreto No.63-2014 de la Gaceta 33574 de fecha 6 de noviembre de 2014, la que deja en suspenso la aplicación de la norma contenida en el artículo 332-B del Código Penal.- Desde ese punto de vista se puede sostener que el Estado al dictar una nueva norma ha decidido cambiar el sentido de aquella manera más favorable, lo que da lugar a que los supuestos de hecho realizados se beneficien de esta nueva orientación de la política legislativa y criminal. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en casos similares ha manifestado: “.....Si bien es cierto el Decreto no menciona expresamente que deroga la normativa penal que sanciona la Portación Ilegal de Armas, importa una derogatoria tácita temporal derivada de la naturaleza de la norma intermedia pues si entendiéramos que la pretensión del Legislador era dejar vigente el artículo 332-B del Código Penal, al regir tanto el artículo 2 del Decreto 69-2007, aun las personas que hubieran acudido a registrar sus armas dentro del plazo fijado por el mencionado artículo 2, incurrirían en el delito de Portación Ilegal de Armas por el tiempo que la ostentaron antes de acudir a dicho registro, en cuyo caso no tendría sentido el Decreto 184-13 como la ampliación por seis meses más otorgado por la disposición intermedia. Así se desprende del contenido del precepto autorizante (artículo 360 Código Procesal Penal) cuando dice: “habrá lugar al recurso de casación por Infracción de Ley o de Doctrina Legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia se haya infringido un precepto penal, en el caso de autos el artículo 332-B del Código Penal vigente; pues no se tomó en cuenta el artículo 96 de la Constitución de la República, el Decreto 184-13 así como la ampliación a la vigencia de la Veda de armas contenida en el Decreto 63-2014 publicada en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 6 de noviembre de 2014, por lo que en el caso subjudice cabe la aplicación de la retroactividad de la que habla el artículo 96 de la Constitución de la República, con respecto a la aplicación indebida del artículo 332-B del Código penal en la sentencia proferida por el Aquo. Examinado lo anterior, somos del criterio que en los casos de recurso de casación por Infracción de Ley, como el presente, por disposición del artículo 369 del Código Procesal Penal, el Tribunal de Casación en ningún caso podrá modificar los hechos que la sentencia recurrida tenga como probados, sin embargo, mientras estos no se modifiquen, es posible revisar su encuadramiento a las normas jurídicas aplicadas; siendo esta la pretensión del presente recurso de casación en el que la decisión del Juzgador no se ajusta a las previsiones del legislador al regular una veda en la Portación ilegal de armas de fuego; debiéndose para tal efecto declarar sin lugar el fallo contra mi representado Oscar Armando Amaya por el delito de Portación Ilegal de Arma en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERNA DEL ESTADO HONDUREÑO.- Debiendo para tal efecto declarar con lugar el recurso de casación interpuesto por haberse infringido el artículo 96 Constitucional como los Decretos en referencia.” IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. 1) DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY. Como lo ha reiterado esta Sala de lo Penal, por tratarse de un Recurso de Casación por Infracción de Ley, solo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El Recurso de Casación por Infracción de Ley, tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala, de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso, dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. En este sentido, el Recurso de Casación por Infracción de Ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el Juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (Hechos Probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Conforme lo regula el artículo 360 del Código Procesal Penal, el objeto de la Infracción en un Recurso de Casación por Infracción de Ley puede recaer en tres aspectos: a) Precepto Penal de Carácter Sustantivo, es decir normas penales en sentido estricto, como son las que determinan delitos, faltas, estados peligrosos, penas, medidas de seguridad, eximentes de responsabilidad penal, formas de intervención en el delito, grados de realización del delito, circunstancias agravantes o atenuantes, reglas relativas a la responsabilidad civil etc., es decir aquellas que conforman el derecho penal material o sustantivo. b) Norma Extrapenal, referente a aquellas que pertenecen al derecho penal sustantivo, que no se encuentran en el Código Penal o leyes penales especiales, pero que deben ser “observadas para la aplicación de la ley penal”, por ejemplo las leyes penales en blanco, que son aquellas que señalando la pena aplicable al delito, omiten establecer todo o parte de la conducta punible y para poder completarla se remite a otra norma, bien sea penal o no. c) Principio de Doctrina Legal, debemos entender por doctrina, de conformidad al párrafo segundo del artículo 360 del Código Procesal Penal, “La reconocida como tal por la Corte Suprema de Justicia, por medio de tres sentencias conformes sobre un mismo asunto” . Otra circunstancia a considerar al momento de plantear un Recurso de Casación, son las diferentes especies del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, las cuales son: a) Violación o Falta de Aplicación, consistente en la falta de aplicación de la ley o doctrinas legales que correspondan o se ajusten a los hechos probados que enuncia la sentencia. Es la omisión de parte del Juzgador, en cuanto a la cita o aplicación de la norma aplicable al caso y que justifica legalmente los hechos probados de la sentencia. b) Aplicación Indebida, consiste precisamente en la invocación por el Juzgador, de leyes o doctrinas legales ajenas a la verdad concebida en los hechos probados de la sentencia, de tal suerte que se aprecia la incongruencia en el fáctum de la resolución y la norma que se le asigna. c) Interpretación Errónea, consistente en que citando la sentencia la ley correspondiente, se aplica otorgándole un sentido distinto al que tiene. 1.A) ÚNICO MOTIVO. *Norma Autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal. *Norma Sustantiva que se denuncia Infringida: Artículo 332-B del Código Penal, en relación al 96 de la Constitución de la República, 2 del Decreto 184-2013 y 1 del Decreto 63-2014. *Concepto de la Infracción: Aplicación Indebida del artículo 332B del Código Penal, referente al delito de Portación Ilegal de Armas. *Pretensión: Declarar con lugar el Recurso de Casación. Explicó la recurrente que se ha aplicado incorrectamente por parte del Tribunal de Sentencias el artículo 332 B del Código Penal, al no haberse tomado en cuenta lo que establece el artículo 96 de la Constitución de la República en relación a los decretos 183-2013 y 63-2014, referente a la veda de armas. Argumentó la censora que el Estado al dictar una nueva norma ha decidido cambiar el sentido de aquella más favorable, lo que da lugar a los supuestos de hecho realizados se beneficien de esta nueva orientación de la política legislativa y criminal. 1.B) DE LOS DECRETOS LEGISLATIVOS 184-2013 Y 63-2014 EMITIDOS POR EL SOBERANO CONGRESO NACIONAL. El decreto legislativo 184-2013 relata: “Establecer a partir de la vigencia del presente Decreto y por el término de un (1) año, un periodo de veda para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de la Armería, proceda con la documentación respectiva a excepción de dicha factura, a realizar los trámites correspondientes de registro ante la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad…” Este decreto legislativo entró en vigencia el 05 de octubre del 2013, fecha en la que fue publicado en el Diario Oficial la Gaceta. El Artículo 1 del Decreto Legislativo 63-2014 refiere: “Prorrogar la vigencia de lo dispuesto en el Decreto N° 184-2013 de fecha 01 de septiembre del 2013, el cual establece un período de veda por un (1) año, para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de la Armería, proceda con la documentación respectiva a excepción de dicha factura, realizar los trámites correspondientes para dicho registro, por un periodo de seis (6) meses, contados a partir de la fecha del vencimiento del Decreto referido.” El referido decreto legislativo fue publicado en el diario oficial La Gaceta en fecha 06 de noviembre de 2014, fecha en la que entró en vigencia. 1.C) DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. Tal como lo establece la doctrina, el Recurso de Casación fundado en la Infracción de Ley, se circunscribe a la redacción de hechos probados que haya establecido el Sentenciador, los cuales son inalterables en esta etapa casacional. Ante lo planteado por la recurrente, considera esta Sala de lo Penal que es posible haya equivocado la vía recursiva con la que pretendió fundamentar su recurso, pues dentro de sus argumentos establece que se violentó la norma constitucional del artículo 96 que refiere el Principio de retroactividad[1] de la Ley Penal, manifestaciones que son propias de un Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, pues en esencia no alega la falta de aplicación del artículo 332B del Código Penal, si no la violación de una Garantía Constitucional pretendiendo la aplicación del artículo 96, es decir que la acción cometida por el imputado se ampare en los decretos 184-2013 y 63-2014 emitido por el Honorable Congreso Nacional, en razón de la retroactividad de la ley penal cuando ésta favorezca al reo. Si analizamos los hechos probados, en ellos encontramos todos los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de Portación Ilegal de Armas, por tanto, el Aquo no ha aplicado incorrectamente el precepto penal contenido en el artículo 332-B del Código Penal. Este Tribunal de Casación es del criterio que, los decretos legislativos 184-2013 y 63-2014 no es posible aplicarlos retroactivamente a las acciones cometidas por el señor Oscar Armando Amaya, conforme al principio de retroactividad de la ley penal favorable al reo, como pretende el censor, pues los decretos legislativos antes relacionados fueron creados con la finalidad de que los ciudadanos que tuviesen en su poder armas sin autorización de portarlas, pudieran trasladarse con ellas hacia las oficinas policiales a registrarlas, sin miedo de que, pudieran ser capturados en posesión de ellas y sin el permiso respectivo; pero en ningún momento los decretos legislativos 184-2013 y 63-2014 establece que se exime además de dicho permiso a los ciudadanos que son capturadas cometiendo ilícitos penales y utilizando esas armas de fuego sin los permisos correspondientes. En el caso de autos el imputado Oscar Armando Amaya fue capturado por los agentes policiales utilizando un arma de fuego, con la cual disparó a la humanidad del ofendido Jose Abraham Mejia Diaz causándole heridas graves, de lo que se deduce, que en ningún momento tenía la intención de registrar su arma conforme a los decretos legislativos antes mencionados, sino que utilizaba su arma de fuego para delinquir, razones suficientes para que no le sea aplicado el artículo 96 de la Constitución de la República. Por todo lo argumentado es procedente desestimar el presente recurso de casación por Infracción de Ley. V. DECISIÓN. Se declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley, interpuesto por la Defensa Pública. VI. POR TANTO, la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, con la concurrencia del Magistrado José Olivio Rodríguez Vásquez, al no compartir parte de la fundamentación jurídica con la mayoría de los Magistrados de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 96, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 360, 363 y 369 del código procesal penal; 332b del Código Penal. FALLA: PRIMERO: DECLARA NO HA LUGAR el Recurso de Casación Por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por la abogada Victoria Elizabeth Fúnez, en su condición de defensora pública del señor Oscar Armando Amaya a quien se le condenó por el delito de Homicidio Simple en su grado de Ejecución de Tentativa en perjuicio de José Abraham Mejía Díaz y por el delito Portación Ilegal de Armas en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras. SEGUNDO: DECLARA FIRME Y EJECUTABLE la sentencia de fecha veintisiete (27) de noviembre del dos mil catorce (2014), dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés. Y MANDA: que la secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al tribunal de sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. Magistrada Coordinadora. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. Magistrado. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. Magistrado. FIRMA Y SELLO. JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA. Receptor Adscrito. Sala de lo Penal.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil diecinueve. Certificación de la Sentencia de fecha cuatro de diciembre del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-75-2015.
JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA
RECEPTOR ADSCRITO
SALA DE LO PENAL
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[1] La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado