Sentencia CP-67-15 — Registro 13585
Resumen
En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Actos de Lujuria Agravados, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. Esta Sala de lo Penal una vez que ha revisado y analizado la sentencia recurrida concluye que no existe el yerro denunciado por la Censora, es decir el derecho a la presunción de inocencia del acusado, así como el Debido Proceso, fueron en todo momento observados y respetados por el Tribunal Sentenciador, todo lo cual concluyó en una sentencia condenatoria para el acusado. La declaración de la menor ofendida K. A. R. S. es tajante al establecer que Don Mario Chacón empezó a tocar sus partes íntimas, que él se desnudó y le quería meter el pene en la vulva, cuando en ese momento llegó su mamá y su hermana, quienes lógicamente no lograron ver todo lo que ocurría, únicamente al imputado subirse los pantalones y la menor en el baño; si bien se cuestiona que la niña no tiene efectos psicológicos dañosos por este evento, eso no significa que el hecho no existió; por lo que, con toda la prueba vista en su conjunto se llega a la misma conclusión que le llevó al sentenciador, es decir a considerar culpable al ahora imputado de los delitos de actos lujuria, debemos tomar en cuenta varias situaciones, primero la edad de la menor, cuenta con solo 10 años, su baja escolaridad y su relación con el acusado pues le conocía ya que éste la cuidaba mientras su madre llegaba para asear su casa, es decir es lógico que la menor se sintiera aturdida y no quisiera contar a su madre lo que había ocurrido, pero tal como lo ha razonado el Juzgador, con su testimonio es posible determinar la responsabilidad de señor Chacón en el delito de actos de lujuria. En algún momento la Censora establece en sus argumentos que la menor ofendida ha establecido varias versiones al momento en que fue evaluada por los médicos que la atendieron (Psicólogo, Psiquiatra), al respecto esta Sala de lo Penal en su jurisprudencia ha establecido que, el Medio Pericial tiene como objeto aportar información especializada al Tribunal en torno a una ciencia, arte u oficio; y que para ello se designan personas que tengan la experiencia relacionada con el tema a estudiar, quienes con ese afán recaban los datos necesarios para luego hacer uso de sus conocimientos particulares y dar una opinión apoyada tanto en los principios científicos que rigen el tema, como en su misma experiencia profesional. En los estudios clínicos, como las pruebas de evaluación médica, psiquiátrica o psicológica, la Historia Médico Legal es precisamente parte de ese proceso de abordaje al caso, donde el perito consigna la información de que dispone previo a realizar el estudio y así poder formular una opinión más próxima al caso concreto, esta información muchas veces es proporcionada por el imputado, testigos o víctima del proceso penal, quienes enterados del propósito de la diligencia colaboran contestando las preguntas del perito. Más estas manifestaciones no pueden ser consideradas como declaraciones procesales, mucho menos equipararlas a las que formalmente se reciben ante órgano jurisdiccional. El Artículo 88 de la Constitución de la República determina que solo hará prueba la declaración rendida ante juez competente, ello porque el órgano jurisdiccional que recibe ésta declaración se encarga de la observancia de los principios que gobiernan la actividad procesal, tales como la igualdad, contradicción, concentración, publicidad, defensa e inmediación; y que no son, ni tienen que ser observados en un estudio clínico, habida cuenta que no es ese su objeto, sino que, como ya se ha señalado, es el estudio científico o empírico (Dependiendo si son peritos letrados o iletrados en el campo de estudio) de un hecho relacionado con la causa criminal.[2]. Por lo que, lo que vale para este Tribunal de Casación son las declaraciones que se hayan rendido ante Juez Competente, en este caso la deposición de la menor que rindió en el momento del Juicio Oral y de la cual es posible extraer o derivar los elementos necesarios para considerar culpable al señor Mario Chacón de los hechos a él acusados; por lo que es procedente desestimar el presente recurso de casación..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I.
SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos (2) días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados: Alma Consuelo Guzmán García en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncia: EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, La sentencia en el Recurso de Casación S.P.67-2015 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha dieciséis de octubre del dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: 1) Condenando al señor Mario Chacón, a la pena de Siete (7) años, seis (6) meses de reclusión, por el delito de Actos de Lujuria Agravados, en perjuicio de K. A. R. S.. 2) Asimismo, se condenó al señor Mario Chacón, a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, por el tiempo que dure la condena principal. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, la Abogada Giovinezza Dubois, en su condición de Defensora Pública del señor Mario Chacón. SON PARTES: El Abogado Jose Roberto Izaguirre Santos en su condición de Defensor Público del imputado, como parte recurrente y el Abogado Salvador Cuestas Arévalo en su calidad del Fiscal del Ministerio Público como parte recurrida. II. HECHOS PROBADOS. PRIMERO: En fecha veintidós de octubre del dos mil doce, en horas del mediodía, la menor K. A. R. S., de diez años y ocho meses de edad, quien cursaba el cuarto grado de primaria en la escuela John F. Kennedy, de la colonia Kennedy, de esta ciudad de Tegucigalpa, salió de dicha Escuela y se dirigió a la casa de don Mario Chacón, que se ubica a inmediaciones de la Escuela antes mencionada, en virtud de que su madre la señora Vilma Sierra Castillo, desde hacía muchos años prestaba servicios de aseo en dicha casa, y también realizaba labores de lavado y planchado de ropa, en casas aledañas, razón por la cual la menor K. siempre llegaba a la casa del señor Mario Chacón a esperar a que su mamá llegara para irse a su domicilio en la colonia Brisas de Oriente, en horas de la tarde. SEGUNDO: Ese día 22 de Octubre de 2012, cuando la menor K. A. R. S., llega a la casa del señor Chacón, este se encontraba solo, lo que aprovechó y llevó a la menor a su dormitorio, donde la acostó en la cama, la desvistió, quitándole la falda y el blúmer, luego procedió a bajarse su pantalón y bóxer y luego empezó a rozar la vulva de la menor con su pene.- La señora María Vilma Sierra Castillo, llega a dicha vivienda y observa al señor Mario Chacón, que estaba de pie subiéndose los pantalones y la niña K. se levanta de la cama con su uniforme puesto y sale hacia el baño. III. RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. “EXPRESION DEL MOTIVO DE CASACIÓN. MOTIVO UNICO: Infracción de los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 1, 2 y 339 del Código Procesal Penal.— PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal.- EXPOSICION DEL MOTIVO La infracción de los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República, se configura al condenar el Tribunal de Sentencia al imputado por el delito de ACTOS DE LUJURIA AGRAVADOS en perjuicio K. A. R. S., quebrantando el estado de inocencia existiendo insuficiencia probatoria sobre su participación en los hechos.- Explicamos el vicio de la siguiente forma: PRIMERO: En la valoración de la prueba testifical, el sentenciador arribó al juicio de culpabilidad del imputado por el delito de ACTOS DE LUJURIA AGRAVADOS, sustentando en la declaración de la propia ofendida. El Tribunal sostiene que su testimonio es tomado en cuenta al momento de la valoración, “dándole crédito a su dicho, es que el tribunal deja o estima probado que Mario Chacón le tocó con el pene a la menor su vulva, acción que no fue vista por su madre, es decir que cuando está llega al lugar del hecho, la acción de tocamiento por parte del acusado ha terminado, la niña ya está vestida y él se está vistiendo, lo que dificulta al Tribunal dar por acreditado que efectivamente hubo intento de violación como lo ha aseverado el Ministerio Público…”, así mismo en la valoración: “…llegando a la conclusión el Tribunal que lo que ocurrió fueron meros tocamientos por parte del acusado en el área de la vulva de la ofendida, no dándole crédito a lo que le narra la madre y ofendida a la Psiquiatra Maria Elena Solano, cuando ésta la evalúa donde ya se introducen otros elementos no mencionados antes como ser que fue abusada vía rectal y que sangré, aspecto no corroborado con la prueba objetiva y confiable que fue la evaluación física que le practica el Dr. Camoriano, a escasas horas de ocurrir el hecho…”, de lo anterior esta parte defensora hace una interrogante ¿Puede la ofendida decir la verdad con respecto a una cosa y mentir sobre otra?.- SEGUNDO: La madre de la menor refirió que cuando llegó a la casa, la puerta estaba abierta sin llave y el portoncito también, la niña estaba en el baño y con uniforme, si bien es cierto la madre en ningún momento es testigo presencial de los hechos, pero resulta interesante lo referente al portón, por lo general en este tipo de ilícitos los autores buscan la clandestinidad para cometerlos, en ningún momento mi defendido tuvo la intención de cometer actos lujuriosos en contra de la menor, no se iba a exponer que llegara cualquier persona y lo sorprendiera, lo más lógico era cerrar con llave toda puerta y asegurar que nadie ingresara, además la menor estaba con su uniforme de la escuela.- Del mismo relato se desprende que la niña se encontraba en el Jugar de los hechos en vista que la misma madre la llevaba donde mi representado MARIO CHACON, mientras ella lavaba ajeno la niña quedaba al cuidado de dicho señor, por lo tanto, se justifica la presencia de la menor en la casa de mi defendido.- La madre también manifestó que el imputado se estaba subiendo los pantalones, del relato de la menor a pregunta del Ministerio Público ¿Cómo es la casa de don Mario?, Una sala, cocina, todo al mismo tiempo, de lo anterior se ilustra que es una sola habitación, por lo tanto, el lugar le sirve para vestirse y para hacer sus demás actividades personales (cocinar, descansar, etc), por lo tanto, no son suficientes indicios que incriminen a mi defendido.- TERCERO: En cuanto a la prueba pericial, quedó plenamente establecido con el dictamen elaborado por la Doctora MARIA ELENA SOLA ROMERO, en la parte del historial clínica que la ofendida ha manifestado ser víctima de abuso sexual y en la parte final se establece que hubo una penetración anal y que la evaluada sangró sobre este aspecto es importante dejar claro que el Doctor Gerardo Alfredo Camoriano, al momento de hacer la evaluación física y específicamente en la historia médico legal tiene otra versión de los hechos NIEGA MANIPULACION GENITAL, el perito concluye que a nivel genital se encontró himen integro, área anal pliegues radiados conservados y tono de esfínter anal normal, laboratorialmente, no se encontró semen, sin evidencia de lesiones extragenitales y paragenitales, que cree quien dio la información es la niña porque tiene diez años, de lo anterior nos hacemos la interrogante ¿Es posible un abuso sexual vía anal y no dejar secuelas?, volviendo al examen psiquiátrico específicamente en la parte del examen mental: normal, agregando además el hecho que la menor no presente daño psiquiátrico, no quiere decir que no lo pueda desarrollar en el futuro, que en los niños o adolescentes se puede presentar en la adolescencia cuando hay conflictos, durante la fase de la vida adulta, además que (o que presenta es una situación de vulnerabilidad, del peritaje se desprende que hasta estos momentos no hay secuelas que demuestre que la niña K. A. R. S. haya sido abusada sexualmente, podría ser que el futuro aparezcan o no, por lo tanto hay incertidumbre sobre la ocurrencia de esos episodios traumáticos, y como no ser vulnerable, si del relato de la propia madre se aprecia que la niña es de un hogar desintegrado y no tiene nadie que la cuide, aun con estas inconsistencias el Tribunal Sentenciador considera que el relato de la víctima es veraz y creíble (a medias), tomando por certero parte de los dichos de la deponente, y niega otros, sin fundamentar tal conclusión, dando como resultado un proceso intelectivo arbitrario.- Dicho de otro modo, el Tribunal de Sentencia, arbitrariamente, determina que aspectos de la declaración de la víctima son ciertos, y cuáles no. En este sentido, llamamos la atención a la circunstancia que la condena se edifica sobre una deposición con afirmaciones inverosímiles, que al ser contrastadas con la prueba científica se muestran inconsistentes.- CUARTO: De manera que es razonable inferir que el testimonio de la menor puede ser inducido por las presiones de la madre (gritos), por lo tanto, dicho relato queda huérfano de credibilidad y de respaldo probatorio que permitan arribar a conclusiones distintas a las que arribó el Tribunal de Sentencia, la inverosimilitud del testimonio de la ofendida que no fue corroborado por otro elemento probatorio, hace imposible que sea tomada como base para un fallo condenatorio, y tal como lo ha establecido con anterioridad en otros fallos la Sala Penal: “...en casos como este en que solo se cuenta con el testimonio cíe la ofendida con las inconsistencias señaladas, no hay forma de apariencia, de que esa única declaración al no contarse con otros elementos periféricos adicionales y debidamente enlazados en orden de su presencia y oportunidad física para la comisión del hecho delictivo o la oportunidad material para cometerlo, se pueda llegar de manera lógica y coherente a deducir la culpabilidad del acusado cuando el soporte probatorio ya referido, no es concluyente para determinar dicha culpabilidad, deben tenerse presente también que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le imputa, ya que onus probando corresponde a quien acusa”. Tal como sucede en el presente sub judice donde la versión de la joven K. A. R. no encuentra apoyo en ningún testigo presencial, la madre no estaba presente en los hechos descritos por la víctima y con la prueba pericial se visualiza más las inconsistencias, por lo tanto, no hay más elementos que incriminen a mi defendido. QUINTO: La valoración de la prueba del sentenciador es arbitraria y en términos lógicos, insuficiente, ya que con la declaración inverosímil de la víctima, se condena al señor MARIO CHACON, en flagrante violación a la presunción de inocencia y al debido proceso, por una insuficiente actividad probatoria tal como se pone en manifiesto en la misma sentencia condenatoria en la parte de la valoración conjunta de la prueba, Pág. 13 “...el hecho de verlo subiéndose los pantalones al acusado, no es Indicio suficiente para tener por acreditada la acción que ejecutó el acusado, quien realmente y es la única que sabe cómo ya se dio lo que ocurrió, es la menor ofendida, de lo anterior se plasma que el Tribunal Sentenciador considera que solamente hay la existencia de un solo indicio, sobre este aspecto la Sala Penal también se ha pronunciado anteriormente en otros fallos “…Debe tenerse en cuenta que los indicios son hechos plenamente probados y no simple probabilidades, por ello, deben ser preferentemente acreditados con prueba directa, pues las sentencias en materia penal deben sustentarse en pruebas concluyentes que den certeza absoluta de la existencia del delito y de la identidad del delincuente…” En la sentencia recurrida, el juzgador no cumple con los requisitos de prueba indiciaria, ya que de la declaración de la víctima se opone a la prueba científica; por lo que se llega a la conclusión, que al imputado se le violentó su derecho constitucional de presunción de inocencia y en consecuencia del debido proceso, al condenársele con una escasa actividad probatoria. Por lo anterior, resulta procedente que la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, declare Con Lugar el presente motivo absolviendo de toda responsabilidad al señor MARIO CHACON.” IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. 1) DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. El Artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentar la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del Legislador de dar apertura al Recurso de Casación, en acatamiento de lo dispuesto en el Artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica, el peticionario debe de hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). La esencia del Recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República, frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. 1.A) ÚNICO MOTIVO. Norma Autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Penal. Norma Constitucional que se denuncia Infringida: Artículos 89 y 90 de la Constitución de la República. Concepto de la Infracción: Violación a la Presunción de Inocencia y al Debido Proceso. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el Pretensor. Pretensión: Que se absuelva al imputado de toda responsabilidad. Explicó la recurrente que en la sentencia recurrida no se cumplen con los requisitos de prueba indiciaria, ya que la declaración de la víctima se opone a la prueba científica, por lo que se llega a la conclusión que al imputado se le violentó su derecho constitucional de presunción de inocencia y en consecuencia de debido proceso, al condenársele con una escasa actividad probatoria. 1.B) DEL DERECHO A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Resulta conveniente establecer los parámetros que ha establecido esta Sala de lo Penal, acerca del derecho a la presunción de inocencia. El artículo 89 de la Constitución de la República establece: “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”. El derecho fundamental a la presunción de inocencia, además de encontrarse expresamente reconocido en nuestra Constitución y normas legales secundarias (vid. Arts. 1 y 2 del Código Procesal Penal), también lo está en instrumentos jurídicos internacionales suscritos por el Estado de Honduras, como son entre otros, la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948 (art. 11.1), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 19 de diciembre de 1966 (art.14.2) y la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8.2). Significa el derecho de todo acusado a ser absuelto sino se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria y de la intervención en los mismos del procesado. En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal deberá considerar: a) Las pruebas que tuvo en cuenta el Tribunal de Instancia para atribuir unos hechos delictivos a una persona, b) Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción y publicidad, c) Si de haber sido practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal, d) Si las pruebas se practicaron con observancia de las normas procesales y respeto a los derechos fundamentales, y e) Si las conclusiones probatorias del Tribunal sentenciador no resultan arbitrarias. En este sentido, corresponde al Tribunal de Casación comprobar que el Tribunal de Instancia ha dispuesto de la precisa actividad probatoria para la afirmación fáctica contenida en la sentencia, lo que supone constatar que existió, que se ha realizado con observancia de la legalidad en su obtención y se practica en el juicio oral bajo la vigencia de los principios de inmediación, oralidad, contradicción efectiva y publicidad, y que el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos y razonables que permitan su consideración de prueba de cargo[1]. 1.C) DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO. La garantía del debido proceso se encuentra regulada por el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República, conocida como el debido proceso legal, el cual refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (Con independencia de su naturaleza). El Principio del Debido Proceso Legal más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez o jueza natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que éste juez o jueza además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues los llamados Principios Procesales o Principios Informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento, como ser: i. Prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; ii. Derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; iii. A un juez/a predeterminado por la ley; iv. A la imparcialidad e independencia del juez/a; v. Derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; vi. A la igualdad de armas procesales; vii. A un proceso público sin dilaciones indebidas; viii. Respeto al principio de presunción de inocencia; ix. Posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; x. Derecho a ser oído en un plazo razonable; xi. Deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; xii. El derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; xiii. A una justicia gratuita. En fin, el derecho a un debido Proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. El debido Proceso legal se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe de substanciarse la etapa de Juicio y en particular el debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. Con conclusión la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado. 1.D) DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. Esta Sala de lo Penal una vez que ha revisado y analizado la sentencia recurrida concluye que no existe el yerro denunciado por la Censora, es decir el derecho a la presunción de inocencia del acusado, así como el Debido Proceso, fueron en todo momento observados y respetados por el Tribunal Sentenciador, todo lo cual concluyó en una sentencia condenatoria para el acusado. La declaración de la menor ofendida K. A. R. S. es tajante al establecer que Don Mario Chacón empezó a tocar sus partes íntimas, que él se desnudó y le quería meter el pene en la vulva, cuando en ese momento llegó su mamá y su hermana, quienes lógicamente no lograron ver todo lo que ocurría, únicamente al imputado subirse los pantalones y la menor en el baño; si bien se cuestiona que la niña no tiene efectos psicológicos dañosos por este evento, eso no significa que el hecho no existió; por lo que, con toda la prueba vista en su conjunto se llega a la misma conclusión que le llevó al sentenciador, es decir a considerar culpable al ahora imputado de los delitos de actos lujuria, debemos tomar en cuenta varias situaciones, primero la edad de la menor, cuenta con solo 10 años, su baja escolaridad y su relación con el acusado pues le conocía ya que éste la cuidaba mientras su madre llegaba para asear su casa, es decir es lógico que la menor se sintiera aturdida y no quisiera contar a su madre lo que había ocurrido, pero tal como lo ha razonado el Juzgador, con su testimonio es posible determinar la responsabilidad de señor Chacón en el delito de actos de lujuria. En algún momento la Censora establece en sus argumentos que la menor ofendida ha establecido varias versiones al momento en que fue evaluada por los médicos que la atendieron (Psicólogo, Psiquiatra), al respecto esta Sala de lo Penal en su jurisprudencia ha establecido que, el Medio Pericial tiene como objeto aportar información especializada al Tribunal en torno a una ciencia, arte u oficio; y que para ello se designan personas que tengan la experiencia relacionada con el tema a estudiar, quienes con ese afán recaban los datos necesarios para luego hacer uso de sus conocimientos particulares y dar una opinión apoyada tanto en los principios científicos que rigen el tema, como en su misma experiencia profesional. En los estudios clínicos, como las pruebas de evaluación médica, psiquiátrica o psicológica, la Historia Médico Legal es precisamente parte de ese proceso de abordaje al caso, donde el perito consigna la información de que dispone previo a realizar el estudio y así poder formular una opinión más próxima al caso concreto, esta información muchas veces es proporcionada por el imputado, testigos o víctima del proceso penal, quienes enterados del propósito de la diligencia colaboran contestando las preguntas del perito. Más estas manifestaciones no pueden ser consideradas como declaraciones procesales, mucho menos equipararlas a las que formalmente se reciben ante órgano jurisdiccional. El Artículo 88 de la Constitución de la República determina que solo hará prueba la declaración rendida ante juez competente, ello porque el órgano jurisdiccional que recibe ésta declaración se encarga de la observancia de los principios que gobiernan la actividad procesal, tales como la igualdad, contradicción, concentración, publicidad, defensa e inmediación; y que no son, ni tienen que ser observados en un estudio clínico, habida cuenta que no es ese su objeto, sino que, como ya se ha señalado, es el estudio científico o empírico (Dependiendo si son peritos letrados o iletrados en el campo de estudio) de un hecho relacionado con la causa criminal.[2]. Por lo que, lo que vale para este Tribunal de Casación son las declaraciones que se hayan rendido ante Juez Competente, en este caso la deposición de la menor que rindió en el momento del Juicio Oral y de la cual es posible extraer o derivar los elementos necesarios para considerar culpable al señor Mario Chacón de los hechos a él acusados; por lo que es procedente desestimar el presente recurso de casación. V. DECISIÓN. Se declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto por la Defensa Pública. VI. POR TANTO, La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 89, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 361, 363 y 369 del Código Procesal Penal. FALLA: PRIMERO: DECLARA NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo interpuesto por la Abogada Giovinezza Dubois, en su condición de Defensora Pública del señor Mario Chacón a quien se le condenó por el delito de Actos de Lujuria Agravados en perjuicio de la menor K. A. R. S.. SEGUNDO: DECLARA FIRME Y EJECUTABLE la sentencia de fecha dieciséis de octubre del dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán. Y MANDA: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. Magistrada Coordinadora. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. Magistrado. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. Magistrado. Firma y Sello. José ramón Cruz Ferrera. Receptor Adscrito. Sala de lo Penal.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho. Certificación de la sentencia de fecha dos de noviembre del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-67-2015.
JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA
RECEPTOR ADSCRITO
SALA DE LO PENAL
[1] Sentencia de Casación Penal SP 42-2009 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 05 de abril del 2011
[2] Sentencia de Casación Penal N° SP 98-2011 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, en fecha 07 de mayo del 2013.