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Sentencia CP-508-14 — Registro 11468

Resumen

En primera instancia se condena al imputado por el delito de actos de lujuria agravados, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Acerca del alcance de un motivo de casación basado en la infracción del derecho a la presunción de inocencia, la tarea de esta Sala de lo Penal no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas a presencia del juzgador de instancia, porque a éste solo corresponde esa función valorativa, pero si puede este Tribunal de Casación verificar que, el A quo contó con suficiente prueba de signo acusatorio sobre la comisión del hecho, la participación del acusado en él y que además esta prueba fue valorada con racionalidad y logicidad. En el presente caso, la recurrente alega que no existe prueba suficiente para mantener el juicio de culpabilidad contra el acusado J. E. R. por el delito de actos de lujuria agravados; que la declaración de la ofendida incorporada mediante lectura autorizada al debate resulta insuficiente e inverosímil ya que no se corrobora con la prueba pericial, y que estas razones dan vida a un pronunciamiento absolutorio.No tiene razón la recurrente. Esta Sala de lo Penal ha dado estudio a las actuaciones y no se desprende la incorporación de medios probatorios al margen de las garantías procesales que asisten a las partes. Las pruebas consistente en la declaración testifical de la señora A. N. A.; el documento de certificación de nacimiento de la niña H. H. R.D.; el dictamen médico legal número 136-2013, realizado a la niña H.H. R.D. y ratificado por el Doctor C. W.; el dictamen psicológico realizado a la niña H.H. R. D. y ratificado por la perito K. M.M., fueron practicadas y evacuadas en juicio oral y público para realizar los principios de oralidad, contradicción, inmediación y publicidad; en el caso de la incorporación mediante lectura autorizada al debate de la declaración testifical de la ofendida H. H. R. D., la misma reúne los requisitos exigidos en el artículo 311 del Código Procesal Penal para su incorporación. Los medios probatorios anteriormente descritos fueron valorados conforme a las reglas de la Sana Critica, no se desprende incoherencia o falta de derivación de las conclusiones intelectivas arribadas por el juzgador, y éste da razones suficientes para mantener el reproche culpabilístico en contra del señor J.E. R. P.. En relación a la suficiencia probatoria, se enfatiza que no incumbe a esta Sala de lo Penal una nueva valoración –en este caso, de la prueba testifical incorporada mediante lectura, el dictamen psicológico, y la declaración del acusado- la impugnación nos autoriza a comprobar su suficiencia completada con el resto del material probatorio ponderado por el Tribunal de Sentencia, así como la racionalidad del proceso de valoración. La declaración de la ofendida fue corroborada por su congruencia con el resultado del dictamen psicológico y con la declaración de la testigo A. N. A.. La valoración de estos medios probatorios, no hace suponer o inventar en contra del acusado los elementos objetivos y subjetivos del tipo delictivo. No ha existido, por tanto, vulneración al principio constitucional de inocencia, el Tribunal de Sentencia ponderó prueba lícita, de inequívoco signo acusatorio y lo hizo conforme a las reglas de la sana crítica que exige nuestra normativa procesal. Por todas estas razones, el motivo no es de recibo..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha diez de octubre del año dos mil dieciocho, que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días de octubre del año dos mil dieciocho, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García, en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el expediente 508-2014, conociendo del recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha dos de octubre del año dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de la Ceiba, departamento de Atlántida, mediante la cual condenó al señor J. E. R.P., como autor responsable del delito de actos de lujuria agravados en perjuicio de H. H. R. D. a la pena de siete (7) años y seis (6) meses de reclusión; asimismo, lo condenó a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal. Se declaró su responsabilidad civil. No hubo condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. Interpuso el recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional la abogada J.I. H.K., defensora pública del encausado J. E. R.P..Son partes en única instancia: La abogada J.I.H.K., defensora pública del encausado J. E. R.P., como recurrente; y, la abogada R. L.C. G., fiscal del Ministerio Público, como recurrida.II. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA“Valorando la prueba practicada en el juicio oral, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, este Tribunal declara, expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: Este Tribunal da como probado los hechos siguientes: Primero: H. H.R. D., es hija de los Señores H. H. D. B. y J. E. R.P., nació el 16 de Septiembre del Mil Novecientos noventa y nueve (1999) en el municipio de Sabá, Departamento de Colón. Segundo: En fecha veintinueve (29) de Enero del Año Dos Mil Trece (2013), la menor H. H. R.D., en ese momento de Trece (13) Años se encontraba en su casa sita en la Colonia Balfate, Sandy Bay, Roatán, Islas de la Bahía, descansando en su habitación cuando a las nueve (9) de la noche su padre el Señor J.E.R. P. se le acerca y comienza a tocarle sus pechos introduciendo sus manos por debajo de su blusa, seguidamente procede a tocarle sus órganos genitales (vulva) con los dedos de la mano.”III.RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS.El recurrente, La abogada J. I. H.K., defensora pública del encausado J. E. R.P., procedió a formalizar su recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional de la manera siguiente:“EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN MOTIVO ÚNICO: Violación del artículo 89 de la Constitucional de la República PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO La norma Constitucional que se invoca como infringida es el artículo 89 que reza: “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente.” En tal virtud para que dicha autoridad llegue al convencimiento sobre la responsabilidad penal de un ciudadano debe contar con la prueba suficiente que no le deje duda sobre la vulneración el Estado de inocencia que asiste a un imputado. PRIMERO: De lo anterior se desprende que es una obligación de los jueces hacer una valoración de la prueba, sin escatimar ningún esfuerzo en la búsqueda de la verdad, para garantizarle a quien lo enfrenta, un juicio justo y apegado a derecho. Utilizar una declaración rendida con las formalidades de prueba anticipada como base para condenar, sin que en dicha declaración sea sustentada por ningún otro medio de prueba, es una flagrante violación al DERECHO DE INOCENCIA, resultando inútil el ejercicio del Ministerio Publico en actuar con absoluta objetividad, investigando no solo las circunstancias que comprueben la acusación sino también aquellas que la eximan, dicho yerro solo puede ser subsanado a través del presente recurso de casación. Resulta Honorable Corte, que el Tribunal al emitir el fallo condenatorio en contra de nuestro patrocinado, lo ha hecho tomando como base y fundamento principal la declaración anticipada de la ofendida H. H. R. D., incorporada por lectura autorizada debido a la no comparecencia al juicio oral y público de dicho testigo.- Aun cuando se hicieron los edictos de mérito los que resultaron infructuosos para lograr la comparecencia de esta persona.- Con lo cual queda al descubierto la falta de interés no solo de la ofendida sino también de su representante legal de ponerla a la disposición de los honorables juzgadores y así poder llegar a la verdad de los hechos investigados. La ofendida refiere a preguntas del Ente Acusador “p/sabes porque estás aquí c/estoy aquí porque mi papá ha tratado de abusar de mil... p/a que te referís cuando decís que ha tratado de abusar de mi c/ a tratado que quitarme la ropa/ en esa misma declaración contradice ese supuesto al expresar “p/que te hizo ese día c/me quitó el pantalón y luego me empezó a tocar p/ que te empezó a tocar c/ las bubis, y todo el resto de su declaración resulta ambigua sin mayores detalles a juicio de a Defensa carente de veracidad. SEGUNDO: Durante el juicio oral y público, se evacuó la pericia psicológica realizada por la licenciada K. M. M. M. medio de prueba a criterio del Juzgador corrobora lo dicho por la ofendida, sin embargo en dicha evaluación la perito en su comentario señala que la menor actualmente se encuentra atravesando por dos situaciones psicosociales; supervisión y control inadecuado por parte de los padres, y problemas relacionados por presunto abuso sexual que pueden afectar directamente su estado emocional y que se encuentran directamente relacionados con las secuelas emocionales negativas que actualmente experimente la menor. Esta pericia establece que pueden ser dos los acontecimientos que originan secuelas negativas en la menor, sin embargo la licenciada K.M. M. M. ni siquiera toma en consideración que la menor fue abandonada por su madre a la corta edad de nueve meses y que recibe, maltrato por parte de la madrastra.- Por lo cual consideramos que dicha pericia se realizó de forma parcializada faltando a la objetividad que debe caracterizar este tipo de pericias. TERCERO: En el caso que nos ocupa nuestro patrocinado hizo uso de suderecho material a defenderse aportando al Tribunal Sentenciador las causas que motivan su injusto enjuiciamiento a razón que la madre biológica de la menor la abandonó cuando era una bebé de nueve meses de edad para irse a Estados Unidos, se dio cuenta que hace dos años regresó a Honduras y le hizo llegar un anónimo donde le decía que iba a recuperar a su hija como fuera lugar, y que el día que fue arrestado la madre de la menor estaba en la iglesia y allí la recogió.- Lo cual como el mismo imputado manifiesta es una gran casualidad. Sumado a lo anterior la testigo A. N.A., ha venido a referenciar lo que le dijo la menor ofendida, sin embargo de su deposición transcribimos “la menor vivía en colonia Sandy Bay, si conocí la casa donde vivía la menor ella con su familia, no sé porque no le entregaba la hija a la mamá, entiendo que desde chiquita la hija no había estado con la mamá, antes de eso yo tenía conocimiento de la mamá, antes jamás había visto a mamá....nunca escuchamos en la iglesia que los otros menores se hayan quedado”.- Lo cual ratifica lo declarado por nuestro representado que por el interés de la madre en recuperar a su menor hija haya tramado esta historia en la que se le ha juzgado como culpable de atentar contra la integridad sexual de su hija.- Sigue manifestando la testigo “nunca la vi maltratada” contradiciendo la manifestado por la ofendida a la perito la licenciada en psicología M. M. ya que la ofendida manifestó que era castigada muy severamente utilizando alambre de púas. La conocida jurista española María Félix Tena Aragón, en su obra MANUAL DE DERECHO CONSTITUCIONAL página 34 inciso 7 establece: “Este Derecho, en su vertiente de regla de juicio que es la que vamos tratar este tema, más allá de su contenido material, que será objeto de exposición en tema 5, se configura como el derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo válida”.- Tal como ocurre en el caso de nuestro representado fue imposible la repetición en juicio oral y público de la declaración de la ofendida lo que a criterio de esta Defensa era determinante para esclarecer la escueta declaración que fue agregada al Debate por lectura autorizada.- La incomparecencia de la menor al Debate a criterio de esta Defensa se debe a la que madre logró su cometido de quitársela al padre sea como fuera, por ello los intentos del Ministerio Público por hacer comparecer a la menor a juicio oral resultaron infructuosos, a todas luces la madre de la menor que lleva su mismo nombre H. H. si tiene un interés en el proceso en perjudicar a J. E.R.P.; Honorables Magistrados es a razón de lo anterior relacionado que consideramos que la vía de hacerle justicia a nuestro poderdante es mediante el presente recurso de casación.”.IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de casación por infracción de precepto constitucional.El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional.Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior.[1] En general toda norma legal puede enlazarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe de seleccionar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro (recurso ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (recursos extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández de la Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial.Único Motivo. * Precepto Autorizante: 361 del Código Procesal Penal. * Normas que se denuncian infringidas: Artículo 89 de la Constitución de la República. * Concepto de la Infracción: Violación al principio de inocencia; y, * Pretensión: Resolver conforme a derecho.La recurrente alega como infringido el principio constitucional de inocencia por considerar que existe insuficiencia probatoria; que el pronunciamiento de culpabilidad se basa exclusivamente en la declaración de la ofendida, la cual fue incorporada mediante lectura al debate y que no se corrobora con la prueba científica. Del principio del estado material de inocencia.El derecho al estado de inocencia, proclamado y reconocido por la Constitución de la República en su artículo 89 establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente; este principio constituye una regla de juicio, pues opera en el ámbito de la jurisdicción penal, endosando el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías; por su importancia, tal derecho ha sido plasmado en el Estatuto de Roma, que establece la necesidad de que los Magistrados de la Corte Penal Internacional estén convencidos, más allá de toda duda razonable, de la culpabilidad que se imputa para dictar una sentencia condenatoria (Art. 66.3)De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de delito será válida, sin infracción del derecho al estado de inocencia, cuando se sustente en al menos una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar certeza de la culpabilidad del acusado o acusada. El derecho de inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. (Ver al respecto el fallo de fecha 04 de octubre del 2005 en Exp. 2597-2004 de la Sala de lo Penal).El derecho de inocencia está íntimamente relacionado con el debido proceso probatorio: El proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad; para el pronunciamiento de la sentencia condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al juzgador, sin vacilaciones y sin dudas establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable.En el informe No. 50/00 del caso 11,298 del 13 de abril de 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha señalado que: “118 […] De todas las garantías judiciales propias del ámbito penal, la más elemental es, quizás, la presunción de inocencia […].”;por su parte este Tribunal de Casación en fallo de fecha 14 de mayo del 2007 del expediente 312-2006, declaró que el estado de inocencia “… es un estado inherente a la persona humana …”, este derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art.14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8.2), además es norma pilar de la Constitución de la República (Art. 89 Superior) que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (Arts. 1 y 2 CPP), y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto sino se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la Sentencia de fecha 01 de Septiembre de 2011, dictada con ocasión del caso López Mendoza vs. Venezuela ha indicado:“128.- En el ámbito penal esta Corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales. La presunción de inocencia implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probando corresponde a quien acusa. Así, la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado. Además, la falta de prueba plena de la responsabilidad en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de presunción de inocencia, el cual es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho de defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme […].”.Es de considerar además que esta Sala de lo Penal ha señalado en sentencia del 30 de mayo de 2011, en el expediente 304-2010:“La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.”.En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal tendrá la tarea de verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que aunque mínima, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el tribunal de sentencia según las reglas de la sana crítica, así pues en casación se deberá de examinar (Ver al respecto el fallo de fecha 05 de abril del 2011, en el Exp. 042-2009 de la Sala de lo Penal): a. Licitud de la prueba: Si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos; b. Debido proceso probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal; c. Debida motivación: Si las conclusiones probatorias del Tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad; d. Debido razonamiento probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada; y e. Suficiente carga probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación en el hecho del acusado y su grado de culpabilidad en ellos.Al respecto la Corte IDH en sentencia de fecha 26 de noviembre de 2010, en el caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, determinó que:“183. Asimismo el Tribunal ha sostenido que tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención, dicho principio exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla. Así, la falta de prueba plena de la responsabilidad penal en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de inocencia, […].”.De la Procedencia del Recurso El recurso no es de recibo. Acerca del alcance de un motivo de casación basado en la infracción del derecho a la presunción de inocencia, la tarea de esta Sala de lo Penal no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas a presencia del juzgador de instancia, porque a éste solo corresponde esa función valorativa, pero si puede este Tribunal de Casación verificar que, el A quo contó con suficiente prueba de signo acusatorio sobre la comisión del hecho, la participación del acusado en él y que además esta prueba fue valorada con racionalidad y logicidad. En el presente caso, la recurrente alega que no existe prueba suficiente para mantener el juicio de culpabilidad contra el acusado J. E. R. por el delito de actos de lujuria agravados; que la declaración de la ofendida incorporada mediante lectura autorizada al debate resulta insuficiente e inverosímil ya que no se corrobora con la prueba pericial, y que estas razones dan vida a un pronunciamiento absolutorio.No tiene razón la recurrente. Esta Sala de lo Penal ha dado estudio a las actuaciones y no se desprende la incorporación de medios probatorios al margen de las garantías procesales que asisten a las partes. Las pruebas consistente en la declaración testifical de la señora A. N. A.; el documento de certificación de nacimiento de la niña H. H. R.D.; el dictamen médico legal número 136-2013, realizado a la niña H.H. R.D. y ratificado por el Doctor C. W.; el dictamen psicológico realizado a la niña H.H. R. D. y ratificado por la perito K. M.M., fueron practicadas y evacuadas en juicio oral y público para realizar los principios de oralidad, contradicción, inmediación y publicidad; en el caso de la incorporación mediante lectura autorizada al debate de la declaración testifical de la ofendida H. H. R. D., la misma reúne los requisitos exigidos en el artículo 311 del Código Procesal Penal para su incorporación. Los medios probatorios anteriormente descritos fueron valorados conforme a las reglas de la Sana Critica, no se desprende incoherencia o falta de derivación de las conclusiones intelectivas arribadas por el juzgador, y éste da razones suficientes para mantener el reproche culpabilístico en contra del señor J.E. R. P.. En relación a la suficiencia probatoria, se enfatiza que no incumbe a esta Sala de lo Penal una nueva valoración –en este caso, de la prueba testifical incorporada mediante lectura, el dictamen psicológico, y la declaración del acusado- la impugnación nos autoriza a comprobar su suficiencia completada con el resto del material probatorio ponderado por el Tribunal de Sentencia, así como la racionalidad del proceso de valoración. La declaración de la ofendida fue corroborada por su congruencia con el resultado del dictamen psicológico y con la declaración de la testigo A. N. A.. La valoración de estos medios probatorios, no hace suponer o inventar en contra del acusado los elementos objetivos y subjetivos del tipo delictivo. No ha existido, por tanto, vulneración al principio constitucional de inocencia, el Tribunal de Sentencia ponderó prueba lícita, de inequívoco signo acusatorio y lo hizo conforme a las reglas de la sana crítica que exige nuestra normativa procesal. Por todas estas razones, el motivo no es de recibo.V. DECISIÓNNo Ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo. VI. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y 363 del Código Procesal Penal, Falla: 1) Declara No Ha Lugar el recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo interpuesto por la Abogada J.I. H.K., en su condición de defensora pública del señor J.E. R.; 2) Declara firme y ejecutable la sentencia de fecha dos de octubre de dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de la Ceiba, departamento de Atlántida, que contiene la sentencia condenatoria dictada en contra del señor J.E. R. P.. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA COORDINADORA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA. RECEPTOR ADSCRITO. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho. Certificación de la Sentencia de fecha diez de octubre del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-508-2014.

JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA

RECEPTOR ADSCRITO

SALA DE LO PENAL

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[1]El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.