Sentencia CP-506-14 — Registro 11467
Resumen
En primera instancia se condena a los imputados por el delito de secuestro gravado, se declara sin lugar el recurso de casaciòn interpuesto por su defensa
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
.." El único motivo no es de recibo. Conviene recordar que el cauce casacional ahora utilizado, de acuerdo con numerosos pronunciamientos de esta Sala de lo Penal, supone tan solo la comprobación por este Tribunal de Casación de la correcta subsunción de los hechos declarados probados en los preceptos de orden sustantivo que integran el ordenamiento penal, sin que sea posible, por esta vía, cuestionar los fundamentos y pruebas de tales hechos. Esta labor parte de un principio esencial, el cual es la intangibilidad de la narración de los hechos probados llevada por el Tribunal de Sentencia, sobre la convicción que los mismos son ciertos e inalterables, los cuales en el presente caso se confrontan con la norma penal sustantiva asignada por el juzgador. En ese sentido, el cuarto hecho probado de la sentencia narra: “…El mismo día viernes 20 de abril del año 2012, el Grupo Especial Antisecuestros (GEAS), tenía información que en el sector de Chamelecón, San Pedro Sula C., en la Colonia Suyapa, en una casa color verde, con Barrotes negros techo de sin, ubicada en la quinta avenida, 1 y 2 calle, se encontraba el señor J. A. P., por lo que se desplazaron los agentes policiales a ese lugar, logrando ubicar la vivienda y a eso de las 16:50 horas, procedieron a allanar la misma, en su interior se encontraba acostado en una cama el señor P., atado de pies y manos, siendo vigilado por el acusado J. P. C. G. (Fallecido), asimismo en el interior de dicha vivienda se encontraba la imputada M. A. C. y un menor de edad no identificado, a quienes se les dio detención por parte de agentes de la Policía.” Por otra parte, el artículo 192 del Código Penal establece: “Será sancionado con la pena de reclusión de veinte (20) años a privación de la libertad de por vida, aún cuando no consiguiere su propósito, quien con violencia, intimidación, engaño u otra forma que vicie el consentimiento, sustraiga, retenga, desplace, oculte o prive de cualquier otra manera de su libertad a una o más personas, con cualesquiera de los propósitos siguientes: a) Obtener a cambio de la libertad de la o las personas secuestradas, dinero, bienes, títulos u otra utilidad o beneficio. b) Obligar a alguien a que haga o deje de hacer algo; y, c) Publicitarios o políticos….” Las acciones narradas constatan que la señora M. A. C. junto con el señor J. P. C. G., eran los encargados de mantener vigilada la habitación donde estaba cautivo el señor P., así como también mantener su subsistencia, demuestra un dominio conjunto del hecho con el señor L. G. C., en forma coordinada y planificada que denota un concierto previo, confirmado por la distribución de tareas complementarias y necesarias para la consecución del objetivo, en este caso cometer el delito de secuestro en perjuicio del señor J. A. P.; en este sentido afirma Welzel: “coautoría es autoría, cuya especialidad consiste en que el dominio del hecho delictivamente unitario no reside en un individuo, sino que reside conjuntamente en varios…El dominio del hecho corresponde aquí en común a todos: no a un individuo, ni tampoco varios individuos en concreto, sino que todos juntos son titulares de la decisión, constituyendo la actividad de cada uno, junto con las de los demás, en virtud de la conexión de sentido dada por la decisión común de acción, un todo unitario”; en consecuencia, luego de un análisis comparativo entre el precepto invocado como infringido y los hechos declarados probados, no aprecia este Tribunal de Casación error de subsunción; no se colige que el tribunal de instancia se equivocara en el análisis al asignar a los hechos probados un precepto penal sustantivo que ciertamente le es atribuible, por todas estas razones no procede el motivo de casación invocado.."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días de noviembre de dos mil dieciocho, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García en su calidad de coordinadora, Jose Olivio Rodriguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha dieciséis de junio de dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional, mediante la cual falló: 1) Condenar al señor L. G. A., a la pena de veintitrés (23) años de reclusión, por el delito de secuestro agravado, en perjuicio de la libertad del señor J. A. P.. 2) Condenar a la señora M. A. C., a la pena de veintiún (21) años de reclusión, por el delito de secuestro agravado, en perjuicio de la libertad del señor J. A. P.. 3) Condenar a los señores L. G. A. y M. A. C., a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, por el tiempo que dure la condena. 4) Decretar sobreseimiento definitivo al señor J. P. C. G., por la extinción de la responsabilidad penal. 5) Declarar la responsabilidad civil de los señores L. G. A. y M. A. C.. 6) No procede condena en costas. 7) Se declara el comiso de: 1) Un celular LG azul con negro IMEI 0121337-00731503-5 batería chip Tigo 8050402402081737322; 2) Un celular Motorola color negro con gris sin su tapadera IMEI no legible, batería y chip Tigo 8950402502013747321; y 3) Un celular NYX azul con negro IMEI 358383045443916 sin chip. Interpuso el recurso de casación por Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Ley, la Abogada N. E. F. Q., en su condición de apoderada defensora del señor L. G. A.; interpuso recurso por Infracción de Ley la Abogada M. K. A. E., en su condición de defensora pública de la señora M. A. C.. Son partes en única instancia: la Abogada N. E. F. Q., en su condición de apoderada defensora del señor L. G. A.; la Abogada M. K. A. E., en su condición de defensora pública de la señora M. A. C., también como recurrente; y la Abogada D. E. R. C., agente fiscal del Ministerio Público, en su condición de recurrida. II. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “PRIMERO: El día viernes 13 de abril del año 2012, a eso de las 9:00 de la mañana., el señor J. A. P. Salió de su casa de habitación ubicada en la Colonia Santa Rosa de San Pedro Sula, Salida al Municipio de La Lima C.; cuando había transitado a unas pocas cuadras, fue interceptado por un vehículo tipo turismo, color negro, del cual se bajaron tres individuos quienes sin mediar palabras sometieron al señor P. al interior del automotor en el que se conducían ellos, despojándolo de sus pertenencias personales como ser un teléfono celular Marca Motorola, color negro con número de xxxxxxxx; y documentos personales, llevándose al señor P. con rumbo desconocido.- Este mismo día a entre las 13:35:52 y 13:52:47 de la tarde, la señora A. del C. Cortes hija del ofendido, recibió una llamada a su teléfono celular número N..xxxxxxx, la cual provenía del numero:xxxxxxx, manifestándole la persona que le llamaba que tenían secuestrado a su padre el señor J. A. P., ordenándole que no dieran reporte a la Policía, y que pedían por la liberación del señor P. la cantidad de seis millones de Lempiras. SEGUNDO: El día Sábado 14 de abril a las 11:51 de la mañana., nuevamente la familia del señor J. P., recibió otra llamada telefónica del número .xxxxxxx, mediante la cual un individuo que se identificó como “Maco”, les preguntó que si ya tenían el dinero que habían exigido por la liberación del señor P., diciéndoles además que si no les daban plazo hasta el día lunes 16 de abril del año 2012, para que cumplieran con las exigencias. TERCERO: El día viernes 20 de abril del año 2012, el grupo Especial Antisecuestros (GEAS), obtuvieron información que en la Colonia Villas del Río, sector de Villa Nueva C., se encontraba el ofendido J. A. P. y que específicamente estaba en una casa que se ubica en el segundo pasaje, una casa color melón, portón de metal color negro, y que la misma era habitada por el señor L. G. A. C., razón por la cual los Agentes de Policía se trasladaron al lugar, ubicando la vivienda ya una vez ubicada la misma, se contactaron a la señora C. M. P. S. quien es la esposa del señor L. G. A., quien les autorizó ingresar a la referida vivienda, en el interior se encontraba su compañero de hogar el señor A. C., quien intentó escaparse del lugar al mirar la presencia policial, a quien se le cayó un teléfono Celular Marca Motorola, Color Negro con Gris, mismo que era propiedad de la víctima señor J. A. P.. CUARTO: El mismo día viernes 20 de abril del año 2012, el Grupo Especial Antisecuestros (GEAS), tenía información que en el sector de Chamelecón, San Pedro Sula C., en la Colonia Suyapa, en una casa color verde, con Barrotes negros techo de sin, ubicada en la quinta avenida, l y 2 calle, se encontraba el señor J. A. P., por lo que se desplazaron los Agentes Policiales, a ese lugar, logrando ubicar la vivienda y a eso de las 16: 50 horas, procedieron a Allanar la misma, en su interior se encontraba acostado en una cama el señor P., atado de pies y manos, siendo vigilado por el acusado J. P. C. G. (Fallecido), asimismo en el interior de dicha vivienda se encontraba la Imputada M. A. C. y un menor de edad no identificado, a quienes se les dio detención por parte de agentes de la Policía.” III. RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS. La recurrente, abogada N. E. F. Q., en su condición de apoderada defensora del señor L. G. A. C., procedió a formalizar su recurso de casación por Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Ley de la manera siguiente: “RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. PRIMER MOTIVO: Declaración de los hechos probados que no sea clara y terminante. PRECEPTO AUTORIZANTE: Art. 362.1 en relación con el 338 del Código Procesal Penal. Como punto de partida, expongo la demarcación que vuestra Sala Penal ha otorgado al presente vicio formal: “Esta Sala considera pertinente destacar que el vicio procesal denunciado por él. recurrente se origina exclusivamente cuando la redacción de los hechos probados aparece confusa, dubitativa o imprecisa, de moda que por su insuficiencia o oscuridad, o por no expresar en forma conclusiva, imperativa, terminante o categórica, sino vacilante o dubitativa, puede conducir a subsunciones alternativas, en definitiva, a consecuencia de la ambig1edad del relato……” “…..también cuando por omisión de elementos o circunstancias importantes, se impide conocer la verdadera realidad de lo ocurrido con la lógica consecuencia de que falta base fáctica para determinar si los hechos son o no constitutivos de la infracción penal, o cual ha sido la participación concreta de los acusados en la ejecución del delito. Por consiguiente, no basta para apreciar el defecto procesal que la narración se ofrezca oscura o ininteligible en alguna de las partes, o en términos de ambigüedad o imprecisión que haga difícil su comprensión, sino que es necesario que tales defectuosidades se hallen en conexión con los condicionamientos determinantes de la calificación penal asignada a los hechos probados, provocando una laguna o vacío en la descripción histórica de les mismos, que determina una falta de premisa fáctica para formular la calificación jurídica……”[1] Al tenor de tal concepto, denunció que según el numeral tercero del hecho probado, la conducta que se reprocha a mi representado consiste en: A) portar un teléfono móvil que pertenecía al ofendido, y B) haber huido de la presencia policial. A toda luz, ello no basta para que subsuma tal conducta como co-autor del tipo penal del secuestro en su forma agravada, y por ello se impugna que la redacción no se dicta en términos claros y terminantes, según exige el art. 362.1 y 338 del código procesal penal. Cuestión distinta seria si el hecho probado describa actos cometidos por mi representado, como ser la intercepción, el traslado o albergue, la negociación del dinero de rescate exigido para liberar a la víctima. Tales hechos bastarían para determinar de manera clara y terminante la subsunción de ello en coautoría de secuestro. Sin embargo, el recurrido se limité a declarar que mi representado incurre en dos actos ya mencionados, portar un móvil de la víctima y huir, cuestión que no basta para la mencionada subsunción. Por el carácter escueto del hecho probado se comprende que el sentenciador utilizó la técnica de solo declarar como probados los hallazgos encontrados a mi representado, y luego en la fundamentación jurídica explica porqué esos actos los considera como indicios que mi representado participé en el secuestro. Sin embargo, el problema de únicamente declarar como hecho hallazgos que sirven de premisas para inferir mayor participación delictiva, es que entonces la conducta punible queda referida de manera tácita, y no descrita con claridad y precisión. Es decir, se declaran los hallazgos por los que se interpreta que hubo participación, más no se describe en qué consiste esa participación. Ello a su vez conlleva que la declaración del hecho no es terminante, ya que carece de un descripción precisa de la conducta que se subsuma en los elementos fácticos del tipo penal, ya que los meros hallazgos no bastan para tal subsunción. Recalco que lo anterior ocurre en la sentencia impugnada: Limita a describir, sobre mí representado, la conducta de portar un celular perteneciente a la víctima del secuestro, y huir de la policía. Estos hechos en sí carecen de incidencia en la privación de libertad a cambio de dinero, por lo que no bastan por sí para sustentar una calificación de co autoría, ni complicidad, de secuestro. Si el a quo considera que dichos actos son premisas para entrever mayor participación de mi representado, en lugar de discursar ello en la fundamentación jurídica, debió declarar en el hecho probado en qué consistió tal participación, es decir describir con exactitud actos cometidos por mi representado que sí representen un favorecimiento real en la consumación de un secuestro. En tal caso, entonces se hubiese declarado hechos que sirvan de base fáctica suficiente para la calificación legal de co-autoría en secuestro. Por ello se considera patentado el vicio de no haber redactado el hecho probado en términos claros y terminantes. A modo de referencia, cito un precedente escolástico, por su valor pedagógico, de vuestra Ilustro Sala Penal de la CSJ, en el que se muestra con claridad el argumento del vicio que he expuesto: “Esta Sala de lo Penal observa que efectivamente, tal como esgrime el recurrente, los hechos declarados probados no son claros, ni terminantes al describir la acción ilícita reprochada a los encausados señores C. A. O. H. y D. J. M. T., que se pueda subsumir en la figura penal de Violación, tipificada y sancionada en el Artículo 140 del Código Penal. De manera sucinta se limita a describir el Juzgador, en el hecho probado segundo, que los acusados fueron encontrados par los agentes de la policía, en 1 lugar indicado, junto a la ofendida, la cual fue evaluada el mismo día por la Dirección de Medicina Forense, habiéndose detectado en ella lesiones localizadas en el área vaginal y A.l compatibles con coito reciente. No se aprecia una clara y terminante relación causal entre la acción desplegada por los acusados y el resultado lesivo al bien jurídico protegido de la Libertad sexual, por. Lo que partiendo desde el relato fáctico contenido en La sentencia impugnada, no es posible afirmar más allá de toda duda razonable, que los encausados sean autores o partícipes del hecho justiciable.[2] En dicho caso, como en el presente, el hecho probado se limita a declarar hallazgos, que no implican un nexo causal entre dicha conducta. Así se da en el presente caso, ya que el acto de huir de la policía y portar celular de la víctima no constituye acto que se subsuma en co participación en secuestro. En el caso citado, el que los imputados se hallen junto a una mujer quien luego muestra lesiones compatibles con coito reciente, no es una redacción terminante que ha descrito cabalmente una conducta que subsuma en el tipo de violación. En ambos casos, el del precedente y el actual, el A QUO únicamente declara hallazgos, del cual infiere una participación, pero sin llegar a definir el contenido de ésta. Y por tanto se incurre en el vicio de carencia de redacción clara y terminante. Recurso Agotado en Instancia: En virtud que el vicio denunciado luce por primera vez en la sentencia definitiva, no hubo oportunidad de ejercer remedio procesal en primera instancia. RECURSO DE CASACION POR INFRACCIÓN DE LEY SUSTANTIVA. MOTIVO UNICO: INFRACCION O FALTA DE APLICACION DEL ART. 388 NUMERAL TRES DEL CODIGO PENAL VIGENTE. PRECEPTO AUTORIZANTE: ART. 360 DEL CODIGO PROCESAL PENAL. El presente motivo se base en que la conducta declarada contra mi representado es la tenencia de un celular ajeno, perteneciente a la víctima de un secuestro, y su huida. El hecho probado no declara ninguna circunstancia adicional cometida por mi representado. Tal conducta no se subsume de manera alguna en co autoría en secuestro. Citando la propia sentencia recurrida, no todo aporte o acción se subsume en co autoría. (Folio 310). El acto que represente co autoría debe ser un aporte esencial, es decir un favorecimiento vital para la ejecución de la empresa delictiva. Sin embargo, los actos sindicados a mi representado, portar un celular y huir de la policía, no suponen si quiera un aporte tenue para la privación forzosa de una persona y pedir dinero a cambio de su liberación (secuestro). Es decir, la conducta declarada probada contra mi representado no incide, favorece o pesa de manera alguna en el secuestro reprochado. Por tanto, la conducta no contiene los elementos fácticos para la aplicación de la figura de secuestro, ni en grado de participación de co autoría. Sin embargo, hay base fáctica para un encubrimiento, en tanto el celular había sido despojado y era portado por mi representado, y el intento de huída demuestra el aspecto subjetivo del dolo. Por tanto, queda patentada una incorrecta aplicación del tipo penal de secuestro, y la falta de aplicación correcta, que es la de la figura del encubrimiento, del art. 388 numeral 3 del código penal, a la base fáctica declarada en el hecho probado. Aplicación Pretendida: Que se subsuma el hecho probado, en relación a lo imputado a mi representado, en el delito del encubrimiento, según el art. 388 numeral tres del código penal. Por tanto se aplique una pena de reclusión por tres años, en virtud de no existir los agravantes específicos del tipo, ni los generales. RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. SEGUNDO MOTIVO: PRECEPTO AUTORIZANTE: Art. 90 de la Constitución de la República, en relación con el Art. 361 en relación con el 200 y 212 del código Procesal Penal y 99 de la Constitución de la República. El presente vicio lo denuncio en contra que el Tribunal ha valorado en sentencia la siguiente prueba: 1) acta de Allanamiento de fecha 20 de Abril del Dos mil Catorce, 2) Acta de inspección ocular parte del testimonio de J. D. Peña Morán 3) y W. A. S., ambos en el tramo que relata sobre un allanamiento de morada realizado en Colonia Villas, del sector Villanueva C.. Dicho allanamiento es ilícito, ya que no cumple con lo dispuesto en el art. 212 del Código Procesal Penal, ni el art. 99 de la Constitución de la República. Por tanto debió excluirse de la valoración probatoria, como lo manda el art. 200 del código procesal penal, para así respetar el derecho de mí representado a ser enjuiciado mediante el debido proceso, con exclusión de pruebas que han violado sus derechos constitucionales. La ilicitud de las pruebas denunciadas consiste en que son resultantes de un allanamiento realizado en la Colona Villas del Río, segunda casa, cuarto pasaje, el cual se realizó en violación del derecho fundamental de la inviolabilidad del domicilio, ya que han ingresado sin autorización judicial, ni permiso de morador. De una simple lectura de la sentencia, se relaciona como prueba documental el acta de allanamiento de morada levantada por O. L.. Sin embargo, la descripción de tal acta en la sentencia no describe autorización mediante firma de morador alguno, y en efecto el acta misma (folio 8) no contiene marca alguna que suponga firma de morador. Tampoco existe documento que represente una autorización judicial o acta de autorización de ingreso a vivienda, que se haya admitido como prueba en juicio. Por tanto, no hubo autorización alguna que legitime la introducción de los agentes policiales al domicilio de mi representado. No se ha acreditado que el allanamiento estuviese realizado bajo una situación de urgencia o flagrancia, que motiven un allanamiento no autorizado de vivienda, ni por orden judicial ni por parte del Ministerio público. Sobre éste concepto vuestro honorable Sala Penal ha dado una pauta muy clara en el precedente que paso a citar: “La Policía Preventiva o la Dirección General de Investigación Criminal, cuando no pueda obtener autorización del Ministerio Público o autorización judicial por medio del Ministerio Público para la práctica de un allanamiento o cuando el trámite para la obtención de la misma represente grave peligro de perder el objetivo de su ejecución, podrá practicarlo: i) Cuando exista noticia fundada de que una persona extraña a las que habitan una morada, casa, lugar en que viva una persona, fue vista en el momento en que se introducía a esta en circunstancias inusuales; ii) Cuando la persona que es perseguida para su captura, entra a una casa habitada, sea propia o ajena; iii) Cuando de una morada, se oyen voces o gritos de alarma que pongan de manifiesto que se está cometiendo un delito o que alguien solicita auxilio; iv) Cuando el allanamiento se haga necesario por causa de incendio, terremoto, inundación, epidemia u otro peligro semejante, para efectos de impedir o minimizar los daños a la vida y a los bienes.”[3] En el caso presente, según el testigo policía de investigación, W. A. S., (cuya declaración obra a folio 27 vuelto y 28), el jefe de la unidad anti secuestro conocía de antemano la posible vinculación de la vivienda que allA.ron con el secuestro. Por tanto, no hay suceso repentino que implique flagrancia, y es por ello que tal situación no se subsume en los causales que vuestra Sala ha apuntado como circunstancias cuya concurrencia legitimen a la policía de investigación para allanar la morada de persona alguna, sin autorización judicial o por parte del Ministerio Público. Por otra parte, cualquier allanamiento a morada sin orden judicial, debe ser convalidado por el juzgador, y el juicio carece de prueba alguna que suponga tal convalidación. Ello sin obstar que el allanamiento pueda ser consentido u por flagrancia, si el control judicial no se ejerció de antemano mediante el proceso de diligencia prejudicial, debe entonces someterse tal control judicial mediante la convalidación del acto de allanamiento dentro de las 24 horas posteriores a éste, al tenor del art. 212 del Cód. Procesal Penal. Y el documento que suponga tal convalidación es la fuente de legitimación de tal allanamiento, cuestión que no se aportó al juicio, según la sentencia recurrida. Por tanto, el allanamiento en la morada de mi representado ha sido ilícita, y en directa violación de la Inviolabilidad de Domicilio, consagrada en el art. 99 de la Constitución de la República. Y tal prueba determinó el fallo, ya que según la fundamentación jurídica de la sentencia (folio 311), lo ocurrido durante el allanamiento ha sido determinante para tener por culpable a mi representado, como ser el intento de huída cuando la policía ingresa a la vivienda y el hallazgo de un celular, supuestamente del ofendido, en la casa allanada. Ambas de estas acciones no se habrían dado sin el allanamiento ilícito, y por tanto no hubiera base alguna para inculpar a mi representado del secuestro reprochado. Por tanto, la violación del precepto constitucional por el allanamiento ilícito de la morada de mi representado, hubo sido determinante del fallo. Por tanto se tiene una violación al debido proceso, que resulta toral para que mi representado haya sido declarado condenado. Recurso Agotado Previo: En conclusión se señaló al Tribunal que debía excluir de la valoración probatoria el allanamiento a la vivienda ahora denunciado, bajo los mismos motivos ahora alegados, tal como consta en la sentencia en el resumen de la intervención de la defensa en conclusiones.(folio 295 vueltos y 296, y relacionados en la sentencia a folio 300).” La recurrente, abogada M. K. A. E., en su condición de defensora pública de la señora M. A. C., procedió a formalizar su recurso de casación por Infracción de Ley de la manera siguiente: “EXPRESION DEL MOTIVO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY. PRIMER MOTIVO: Infracción de ley por aplicación indebida del precepto contenido en el artículo 192 párrafo primero, literal a) en relación a 194 numeral 1,2, del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 párrafo primero del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO: La norma sustantiva infringida es el artículo 192 párrafo segundo del Código Penal que establece: “Será sancionado con la pena a de veinte años a privación de libertado de por vida, aun cuando no consiguiere su propósito, quien con violencia, intimidación, engaño, u otra forma que vicie el consentimiento, sustraiga, retenga, desplace, oculte o prive de cualquier otra manera de su libertad a una o más personas, con cualquiera de los propósitos siguientes: a) Obtener a cambio de la libertad de la o las personas secuestradas, dinero, bienes, títulos u otra utilidad o beneficio; b) obligar a alguien a que haga o deje de hacer algo y c) publicitarios o políticos.“. Artículo que ha aplicado incorrectamente el Tribunal de Sentencias, al no ajustarse a la declaración de los hechos probados con el tipo penal que establece ese artículo por las razones siguientes así: El Juzgador en referencia declaró como probados los siguientes hechos: “PRIMERO: El día viernes 13 de abril del año 2012, a eso de las 9.00 de la mañana., el señor J. A. P., salió de su casa de habitación ubicada en la Colonia Santa Rosa de San Pedro Sula, salida al Municipio de la Lima, C., cuando había transitado a unas pocas cuadras, fue interceptado por un vehículo tipo turismo, color negro, del cual se bajaron tres individuos quienes sin mediar al señor P. al interior del automotor en el que se conducían ellos, despojándolo de sus pertenencias personales como ser un teléfono celular marca Motorola, color negro con numero de .xxxxxxx y documentos personales, llevándose al señor P. con rumbo desconocido. Este mismo día a entre las 13:35:52 y 13:52:4 7 de la tarde, la señora A. del C. C., hija del ofendido, recibió una llamada a su teléfono celular número N .xxxxxx, la cual provenía del numero .xxxxxx.xxx, manifestándole la persona que le llamaba que tenían secuestrado a su padre el señor J. A. P., ordenándole que no dieran reporte a la Policía y que pedían por la liberación del señor P. la cantidad de seis millones de Lempiras. SEGUNDO: El día sábado 14 de abril a las 11.51 de la mañana., nuevamente la familia del señor J. P., recibió otra llamada telefónica del numero xxxxx, mediante la cual un individuo que se identifico como “maco” les pregunto que si ya tenían el dinero que habían exigido por la liberación del señor P., diciéndoles además que si no les daban plazo hasta el día lunes 16 de abril del año 2012, para que cumplieran con las exigencias. TERCERO: El día viernes 20 de abril del año 2012, el grupo Especial Antisecuestros (GEAS), obtuvieron información que en la Colonia Villas del Río, Sector de Villa Nueva Cortes, se encontraba el ofendido J. A. P. y que específicamente estaba en una casa que se ubica en el segundo pasaje, una casa color melón, portón de metal color negro, y que la misma era habitada por el señor L. G. A. C., razón por la cual los Agentes de Policía se trasladaron al lugar, ubicando la vivienda ya una vez ubicada la misma, se contactaron a la señora C. M. P. S. quien es la esposa del señor L. G. A., quien les autorizo ingresar a la referida vivienda, en el interior se encontraba su compañero de hogar el señor A. C., quien intento escaparse del lugar al mirar, la presencia policial, a quien se le cayó un teléfono celular, marca Motorola, color negro con gris, mismo que era propiedad de la victima señor J. A. P.. CUARTO: El mismo día viernes 20 de abril del año 2012, el Grupo Especial Antisecuestros (GEAS), tenía información que en el sector de Chamelecón, San Pedro Sula Cortes, en la Colonia Suyapa, en una casa color verde, con barrotes negros techo de sin, ubicada en la quinta avenida, 1 y 2, calle, se encontraba el señor J. A. P., por lo que se desplazaron los agentes policiales a ese lugar, logrando ubicar la vivienda y a eso de las 16:50 horas procedieron a allanar la misma, en su interior se encontraba acostado en una cama el señor P., atado de pies y manos, siendo vigilado por el acusado J. P. C. G. (fallecido), así mismo en el interior de dicha vivienda se encontraba la imputada M. A. C. y un menor de edad no identificado, a quienes se le dio detención por parte de agentes de la Policía” Arealizar el contenido de los transcritos hechos probado se puede observar que el Tribunal ha establecido que la conducta ejecutada por la imputada M. A. C. se subsume en el delito de Secuestro Agravado, tipificado en el artículo 192 párrafo primero, literal a ) en relación a 194 numeral 1,2, del Código Penal, sin embargo la interpretación pretendida al Arealizar el contenido de los hechos probados se observa que no se le atribuye ninguna acción que se le pudiera implicar en la comisión del delito que nos ocupa. Es entendido en el presente caso que el agravio ocasionado a mi representado es haberle dictado sentencia por el delito de SECUESTRO AGRAVADO, sin que para el caso se cumpliesen los elementos del tipo que rigen dicha figura delictiva, en el cuadro fáctico de la sentencia no se le atribuye acción al imputado que de manera puntual revele la intención de privar de libertad Al señor J. A. P., ya que los mismos tienen que estar sustentados en auténticos medios de prueba, que no quede margen de duda. Tomando en cuenta los hechos declarados como probados por el Tribunal de Instancia la aplicación que debió hacer el A-quo en primer término era proceder a dictar un fallo absolutorio a favor de la señora M. A. C..-realizando los CUATRO hechos declarados probados en la sentencia recurrida, en ninguno de sus enunciados se establece que la imputada M. A. C., haya realizado el acto ilícito como lo es el Secuestro Agravado. Los hechos probados se constituyen como la conclusión a que ha llegado el Juzgador ante el análisis de la prueba evacuada en juicio, y al no determinarse en la conclusión (hechos probados), de la sentencia impugnada, que la imputada haya cometido tal ilícito, se ha incurrido en una infracción de ley por aplicación indebida de los articulo 192 párrafo primero, literal a) en relación a 194 numeral 1,2, del Código Penal. Por lo que el fallo recurrido no está dictado conforme a las exigencias de los artículos citados, debiendo declarar con lugar el recurso interpuesto y por consiguiente declarar sin lugar la sentencia emitida por A-quo.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de casación por quebrantamiento de forma. El proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El recurso de casación por quebrantamiento de las formas procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas fijadas en la ley. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Primer Motivo. Normas autorizantes citadas: 362.1 del Código Procesal Penal. Normas procesales que se denuncian infringidas: No determinado por la censora. Concepto de la Infracción: Los hechos probados no son claros y terminantes. Acciones de Saneamiento: Imposibilidad de reclamo previo pues el vicio nace en la sentencia. Pretensión: Declarar ha lugar el recurso de casación interpuesto. La recurrente interpone recurso de casación por quebrantamiento de forma denunciando que los hechos probados no son claros y terminantes, que no describen los actos cometidos por el acusado como ser intercepción, traslado, albergue o negociación del dinero de rescate exigido para la liberación de la víctima, y que solamente declara los hallazgos encontrados a su representado así como que huyó de la presencia policial; en definitiva concluye que se ocasiona el vicio porque la conducta imputada al acusado no se encuentra descrita con claridad y precisión en los hechos probados. De la declaración de los hechos probados Los hechos probados son el relato histórico respecto a los acontecimientos que están siendo debatidos; es una descripción donde los juzgadores hacen un recuento cronológico, ordenado, claro y terminante de lo que aconteció, el cual es extraído a partir de la valoración de los medios probatorios reproducidos en la audiencia de debate; los hechos probados podrán ser elaborados conforme al estilo de sus redactores, pero siempre deberán determinar aspectos básicos como tiempo, lugar, identificación de las personas que participan, los hechos objeto de debate y, en su caso, el resultado del acontecimiento; es a partir de los hechos probados que los juzgadores determinan la norma legal aplicable al caso y de allí su imperativa importancia. Por lo anterior, el artículo 338 del Código Procesal Penal manda que los hechos probados deberán estar dispuestos en párrafos separados y numerados, con la consignación expresa y terminante de los hechos que lograron probarse en la audiencia de debate, descrito en forma clara, precisa y coherente, sin utilizar en ellos conceptos que por su exclusivo carácter jurídico puedan predeterminar el fallo que haya de dictarse. Se desprende de la citada norma que los hechos probados deben reunir los siguientes requisitos: 1. Requisitos de forma: Hechos probados debidamente separados y merados, de conformidad a la complejidad del relato y la exposición de ideas; y 2. Requisitos de fondo: a. Precisos: Los hechos probados deben ser la reproducción del hecho histórico que fue objeto de controversia en la audiencia de debate, por tanto serán estos los hechos que deben ser fijados, evitando divagarse sobre hechos distintos que si bien hayan sido acreditados, no sean de utilidad para definir la existencia o inexistencia de responsabilidad penal; b. Claros: “… la falta de claridad de los hechos probados se da cuando los juzgadores los redactan entre otros casos utilizando términos ambiguos, oscuros, incompletos o confusos que imposibilitan su comprensión” (Ver sentencia de fecha 15 de diciembre de 2010 recaída en el Exp 377-2008 de la Sala de lo Penal), “…supone la confusión, redacción dubitativa e imprecisión de tal forma que por su insuficiencia u oscuridad, no conduzcan al lector a una conclusión precisa del hecho” (Ver sentencia de fecha 28 de octubre de 2010 recaída en el Exp 129-2009); c. Terminantes: “…Los hechos probados se consideran no terminantes cuando se pone de manifiesto alguna indecisión de parte del Tribunal como cuando emplea algunas afirmaciones tales como “posiblemente”, “casi seguro” u otras similares que no impliquen la concreción segura del relato, en ese sentido…” (Ver sentencia de fecha 13 de abril del 2011 recaída en el Exp 250-2009); d. La no utilización de conceptos que predeterminen el fallo: Los hechos probados son el resultado de la valoración intelectiva de la actividad probatoria, son pues las conclusiones de ésta, relatados de manera lógica, cronológica y personalizada; en su construcción los juzgadores no deben hacer recuento de actuaciones investigativas o descripción de medios probatorios, pues estos no son los hechos debatidos, sino los medios que ayudan a llegar a dichos hechos; tampoco los juzgadores deben hacer uso de términos que por ser exclusivamente jurídicos predeterminen el fallo, relevando la obligación de hacer el proceso de subsunción de los hechos en los elementos objetivos y subjetivos que componen el tipo penal que sustenta la acción penal. Siguiendo a F.de la Reguera (Fernández de la Reguera, Ángel Llorente, en Cuadernos de Estudios Judiciales “Rafael Alvarado Manzano”, Los Recursos; Litocom S. de R.L. de C.V.; Tegucigalpa, Honduras, Abril de 2011. pág. 118), esta Sala de lo Penal señala que se requerirá como requisitos para declarar como faltos de claridad o terminación los hechos probados, los siguientes: 1. Que el contexto de la narración fáctica se aprecie incomprensión de lo que se quiso manifestar debido a utilización de frases ininteligibles, omisiones, empleo de juicios dubitativos o por ser los hechos probados la mera descripción del resultado de las pruebas sin el acompañamiento del razonamiento del Tribunal de Sentencia, razonamiento que no debe entenderse como valoración probatoria, sino como aquellas afirmaciones conclusivas arribadas a partir de la prueba; 2. Que la falencia no permita subsumir los hechos en el ámbito situacional de la norma penal sustantiva que se ha aplicado, impidiendo determinar si los hechos son o no constitutivos de delito, determinar la clara participación de los acusados en dichos hechos o si concurren circunstancias que excluyen la conducta, causas de atipicidad, causas de justificación, causas de inculpabilidad, causas de inimputabilidad o causas absolutorias de la pena, ello cuando se trate de sentencias absolutorias basadas en alguna de ellas; 3. Que esa falta de entendimiento o incomprensión provoque un vacío o laguna en el relato histórico de los hechos; y 4. Que el censor en el planteamiento del motivo, identifique con acierto la sección de los hechos probados que estima como faltos de claridad o terminación. De la Procedencia del Recurso. El primer motivo no es de recibo. Como bien lo indica la reiterada jurisprudencia de esta Sala de lo Penal, el vicio denunciado se origina cuando la redacción de los hechos probados aparece confusa, dubitativa o imprecisa; o por no expresar en forma conclusiva, imperativa, terminante o categórica, sino vacilante o dubitativa, esto último puede deberse al empleo de palabras tales como “probablemente”, “aparentemente” u otras similares que no conlleven a obtener certeza del acontecimiento histórico que se narra. Lo mismo ocurrirá cuando en los hechos probados se empleen términos inteligibles que impidan asimilar lo que el Tribunal trata de referir y solo sea comprensible para un exclusivo grupo de personas. La falta de claridad no se integra en ningún caso por omisiones de datos fácticos en los hechos probados, éste surge por vicios sintácticos o vicios de comprensibilidad que impiden conocer que es lo que el Tribunal de Sentencia consideró probado y siempre que esa omisión esté directamente relacionada con la calificación jurídica. Al revisar el contenido de los hechos probados de la sentencia recurrida no se encuentra ninguna expresión ininteligible u omisiones sintácticas que conlleven a generar incomprensión acerca de lo que el juzgador quiso dar a conocer; lo que el recurrente denuncia es la omisión de datos fácticos que según él son importantes para subsumir la conducta del acusado narrada en el fáctum en calificación jurídica asignada por el tribunal en la sentencia. En este sentido, las omisiones fácticas en los hechos probados que tengan relevancia con el tipo penal seleccionado por el juzgador y que debieron ser incluidos, no se contempla por el motivo casacional utilizado por el recurrente. Los hechos probados pueden ser perfectamente claros y terminantes y aun así resultar incompletos para subsumir la conducta atribuida, que desde luego, en modo alguno constituye el defecto procesal del precepto invocado por el recurrente. Por todas estas razones, el recurso no es de recibimiento. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Segundo Motivo. Normas autorizantes citadas: 90 y 99 de la Constitución de la República; 200, 212 y 361 del Código Procesal Penal. Normas procesales que se denuncian infringidas: No determinado por la censora. Concepto de la Infracción: No determinado por la censora. Acciones de Saneamiento: Se señaló el vicio en las conclusiones de juicio. Pretensión: Declarar ha lugar el recurso de casación interpuesto. Considera la recurrente la violación a preceptos constitucionales y normas procesales debido a que el allanamiento realizado en la morada del acusado lo considera ilícito; que se infringió el precepto constitucional que garantiza la inviolabilidad del domicilio, así como que no existía orden judicial previa para convalidar dicho allanamiento; tampoco se desprende que el allanamiento se realizó bajo una situación de urgencia o flagrancia, y por estas razones no se legitima la introducción de los agentes policiales a la morada del acusado. De la Procedencia del Recurso. El segundo motivo no es de recibo. Resulta evidente que en este segundo motivo casacional no se han considerado y respetado los requerimientos mínimos exigibles para la interposición de un recurso de casación; puesto que se ha citado en el recurso de casación por quebrantamiento de forma, la violación de preceptos constitucionales –debido proceso e inviolabilidad del domicilio-, denuncias que deben ser explicadas y comprobadas a partir de un recurso de casación por infracción de precepto constitucional. Se entremezclan constantemente alegatos del recurso de casación por quebrantamiento de forma y por infracción de precepto constitucional, también entremezcla diversos tipos de motivos, lo que impide a esta Sala de lo Penal tener una guía de cuál es la denuncia de la censora y poder dar una respuesta en la medida y extensión que amerita un recurso de casación interpuesto en consonancia con las reglas establecidas por el Código Procesal Penal. Ha sido reiterada jurisprudencia de esta Sala de lo Penal ignorar a propósito los defectos de forma de los que adolezca un recurso, siempre y cuando se logre al menos deducir cuál es la denuncia central del recurrente, ello en aras de garantizar la tutela judicial efectiva plasmada en el artículo 8.2.h de la Convención Americana. de Derechos Humanos; sucede, sin embargo, que en el presente caso, causa confusión el hecho de que el recurrente denuncie que la sentencia recurrida se basa en medios probatorios no incorporados legalmente a juicio -el segundo de los motivos de casación por quebrantamiento de forma- y, asimismo, denuncie infringido el debido proceso y la inviolabilidad del domicilio preceptos contenidos en los artículos 90 y 99 de la Constitución de la República, los cuales como se ha dicho deben partir de un recurso de casación por infracción de precepto constitucional. No se tiene certeza si se debe dar respuesta a un recurso de casación por quebrantamiento de forma o a un recurso de casación por infracción de precepto constitucional. Se reitera, que no se trata de una simple rigidez de la naturaleza del recurso impuesta por un formalismo procesal sin sentido, antes bien, la norma pretende orientar al censor de tal forma que su reproche recursivo se encause dentro de los parámetros establecidos en la norma procesal con el propósito de precisar mediante este instrumento la falencia del vicio de juicio o de la actividad procesal que agravia al justiciable, convirtiéndose las exigencias del recurso en una garantía procesal del reclamo que se intenta, en tanto estos pretenden allanar el camino a la respuesta jurisdiccional mediante el planteamiento de un recurso claro y preciso que importe la aprehensión del recurso ante el tribunal de casación a efectos de favorecer la respuesta más congruente ante el recurso interpuesto. No atender tal falta de claridad, pone en riesgo al Tribunal de Casación de hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, lo cual está vedado por el artículo 350 del Código Procesal Penal, siendo entonces lo consecuente declarar no ha lugar el segundo motivo. Recurso de Casación por Infracción de Ley Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el Juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los Hechos Probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados. 2. Falta de Correspondencia entre los Hechos Probados y el fallo por Infracción de Precepto Sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso. b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis. c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal. d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión, a través del Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, solo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva hecha por el Tribunal de Sentencia, o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio -en esencia- consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de Casación por Infracción de Ley interpuesto por la Abogada N. E. F. Q. en su condición a apoderada defensora del señor L. G. A. C.. Único Motivo. Precepto Autorizante: 360 del Código Procesal Penal. Normas que se denuncian infringidas: Artículo 388.3 del Código Penal. Concepto de la Infracción: Falta de aplicación del artículo 388.3 del Código Penal; y, Pretensión: Declarar ha lugar el recurso interpuesto. Denuncia la recurrente que según la redacción del hecho probado la conducta del acusado fue la tenencia de un celular ajeno, perteneciente a la víctima de un secuestro, también se le atribuye haber huido de la presencia policial al momento que ingresaron a su domicilio; que el hecho probado no declara ninguna circunstancia adicional. Por estas razones concluye que la conducta de su representado no se subsume en el tipo penal de secuestro agravado, considera sin embargo la existencia fáctica suficiente para calificar la conducta como un delito de encubrimiento en tanto que el celular despojado a la víctima de un secuestro era portado por el acusado A. C.. De la Procedencia del Recurso. El único motivo no es de recibo. Partiendo de la denuncia de la recurrente podemos concluir que se trata de un motivo por el que solo se plantean y discuten problemas relativos a la falta de aplicación de la norma penal sustantiva, que exige partir de unos hechos probados los cuales deberán ser sometidos a una reevaluación judicial. En el presente caso, el fáctum de la sentencia se confrontará con el tipo penal de encubrimiento, el cual, según la recurrente, es la norma penal que se ha dejado de aplicar. La norma penal citada como infringida establece: “Incurrirá en reclusión de tres (3) a cinco (5) años de reclusión, quien sin concierto previo con los autores o cómplices de un delito, pero con motivos suficientes para suponer la comisión de éste: … 3) Guarda, esconde, compra, vende o recibe en prenda o permuta los efectos o instrumentos del delito…” De lo anterior se desprende que el delito de encubrimiento es una conducta dolosa llevada a cabo por quien sin tener participación en un delito anterior cuya comisión conoce o cuando menos presume, ayuda al responsable del mismo a eludir la acción de la justicia o se aprovecha de los efectos del delito. Con este delito se tutela la administración pública según su ubicación en el Código Penal Vigente, Título XIII “delitos contra la administración pública”. Un elemento objetivo del tipo penal bajo estudio es que el encubridor no haya participado en el delito anterior, circunstancia que de plano no concurre en el presente caso, dado que del fáctum de la sentencia se desprende que el acusado L. G. A. C., a quien el recurrente asume como agente encubridor, no solamente tuvo conocimiento de la comisión de un delito anterior de secuestro, sino que también participó en él. El acusado A. C. huyó de la presencia de los miembros del grupo especial antisecuestros (GEAS) al momento en que éstos realizaban un allanamiento en su casa de habitación en busca del señor J. A. P. –víctima del secuestro-; aquél portaba el teléfono móvil de éste, del cual dicho sea de paso se envió un mensaje interesándose por la subsistencia de la víctima y asegurándose que estuviera privado de su libertad. Respecto de la conducta del acusado A. C., el mismo Tribunal de Sentencia estimó que existieron elementos indiciarios suficientes para acreditar su responsabilidad penal a titulo de autor. Todo ello conduce a concluir que el artículo 192 relacionado con el 194 del Código Penal, norma penal asignada por el juzgador a la conducta del acusado, resulta correcta. El relato fáctico recoge las condiciones necesarias para subsumir la conducta del acusado en la norma penal sustantiva asignada, por todas estas razones procede la desestimación del recurso. Recurso de Casación por Infracción de Ley interpuesto por la Abogada M. K. A. E., en su condición de defensora pública de la señora M. A. C.. Único Motivo. Precepto Autorizante: 360 del Código Procesal Penal. Normas que se denuncian infringidas: Artículo 192 del Código Penal. Concepto de la Infracción: Aplicación indebida del artículo 192 del Código Penal; y, Pretensión: Declarar ha lugar el recurso interpuesto. La recurrente considera infringido el artículo 192 del Código Penal que contiene el tipo penal de secuestro. Entiende que causa agravio a su representada el que haya sido condenada por dicha figura delictiva y que del cuadro fáctico de la sentencia no se le atribuye acción alguna que revele la intención de privar de la libertad al señor J. A. P.; que al Analizar los cuatro hechos declarados probados en la sentencia recurrida, en ninguno de sus enunciados se establece que la imputada M. A. C., haya realizado el acto ilícito como lo es el secuestro agravado. Del tipo penal de secuestro extorsivo Interpretando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esta Sala de lo Penal indica que la vida (Art. 3), la dignidad humana A. (Art. 1) y la libertad (Art.3), constituyen los derechos primarios por excelencia, de los que derivan las cuatro generaciones de derechos humanos reconocidos. La libertad también constituye un derecho de primera categoría para la Constitución de la República, (arts. 69, 70 y 81), para la Convención Americana. Sobre Derechos Humanos (Art. 7.1 y 7.2) y para el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 9.1), que en resumen reconocen a la libertad como un derecho inherente de la persona humana A., entendida como un “… atributo de la capacidad que tiene una persona para decidir lo que quiere o no quiere hacer y para trasladarse de un lugar a otro o situarse por sí mismo en el espacio, sin que su decisión se vea constreñida o mediatizada por otras personas.”[4]; la libertad atañe a todos los ámbitos de actuación de la persona humana . así por ejemplo, tenemos la libertad de pensamiento, de expresión, de reunión, de asociación, de religión, libertad sexual, libertad ambulatoria, entre otras, cada una de ellas, como lo indica el artículo 70 Constitucional, solo están limitadas por el ejercicio de ese mismo derecho por otras personas, permitiendo así la convivencia social. Particularmente, la libertad ambulatoria implica la potestad de poder desplazarse libremente de un lugar a otro o el de poder permanecer en un lugar a la libre voluntad, siempre que, como ya se dijo, que no implique la trasgresión del derecho de otros. Con el afán de proteger este derecho, el legislador nacional ha previsto en el Título VI del Libro Segundo del Código Penal, delitos que protegen la libertad, es decir que reprochan el ataque a otro bien jurídico del que su goce solo es posible cuando se tiene libertad, entre estos -el secuestro- que reprocha cuando una o más personas privan de su libertad ambulatoria a otra con el propósito de obtener algún provecho o utilidad injusta, por ello Diego Diez[5] señala que “… El delito de coacciones es el género, mientras que la detención ilegal es la especie y el secuestro es la especie agravada. Las coacciones actúan sobre el derecho a la libertad, la detención ilegal sobre la libertad ambulatoria y el secuestro sobre la libertad ambulatoria con un propósito determinado…”. El bien jurídico que de manera primaria se protege en el delito de secuestro es, como se dijo, la libertad ambulatoria y al mismo tiempo el delito de secuestro contemplado en el artículo 192 del Decreto legislativo No.125-2003 vigente al momento del hecho que nos ocupa protege el bien jurídico patrimonio de manera secundaria, entendido como todos aquellos intereses que el hombre aprecia fuera de sí mismo, de su vida y de su libertad y que son susceptibles de apropiación. Señala el artículo 192 reformado mediante decreto legislativo No.125-2003 (vigente a partir del 16 de enero de 2004) del Código penal que se castigará “[…] quien, con violencia, intimidación, engaño u otra forma que vicie el consentimiento, sustraiga, retenga, desplace, oculte o prive de cualquier manera de su libertad a una o más personas con cualquiera de los siguientes propósitos: a). Obtener a cambio de la libertad de la o las personas secuestradas dinero, bienes, títulos u otra utilidad o beneficio; b)… c)…”. Los elementos objetivos del tipo penal citado, son: A. Sujeto activo: Se trata de un tipo penal común donde los autores o participes no requieren tener una cualidad específica, por ello el delito puede ser cometido por cualquier persona; B. Sujeto pasivo, de igual forma puede ser cualquier individuo, tenga o no tenga vínculos consanguíneos con el sujeto activo, quien por acción de éste es privado de su libertad ambulatoria; Por otra parte, tendrá el carácter de perjudicado la persona que como consecuencia de la petición hecha por los secuestradores se vio obligada a entregar u otorgar un beneficio injusto; C. Objeto material del delito: es la libertad ambulatoria como bien jurídico principal y el patrimonio como bien jurídico secundario; D. Conducta criminosa: centrada en el verbo rector, que en este caso son las conductas de sustraer, retener, desplazar, ocultar y privar de la libertad a una persona. Entendidos como: 1. Sustraer: Es la acción de sacar a la persona del lugar en que se encuentre, del lugar al que pertenece, donde desenvuelve su vida en libertad, o bajo la guarda de terceros (Ejemplo: Persona cumpliendo condena de reclusión); 2. Retener: es obligar a la persona a permanecer en un lugar determinado durante un lapso que puede ser más o menos prolongado, que lo saca de su ámbito de libertad; La retención puede realizarse en un lugar hasta donde el sujeto pasivo ha llegado voluntariamente pero del que no puede alejarse a consecuencia de alguna acción del sujeto activo; 3. Desplazar: Es trasladar a la persona de un lugar a otro sin su conocimiento consentido; 4. Ocultar, que equivale a esconder a la persona, lo cual se logra trasladándola a un lugar desconocido por terceros, de modo que se dificulte la acción de encontrarla o negando conocimiento de su paradero; y 5. Privar: Es quitar o despojar de la libertad a una persona, es decir del poder decisión de alguien de poder ir, permanecer o alejarse; Este verbo rector es en realidad el efecto de los antes enumerados. E. Modalidad Criminosa: entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector; La acción de secuestrar puede ser realizada por diversas maneras, siempre que ésta vaya en contra de la voluntad del sujeto pasivo, ya que no podríamos hablar de privación de libertad en el caso de que la persona ofendida voluntariamente accediera a dicha condición, es por ello que en la acción de secuestro debe observarse violencia, intimidación, engaño o aprovechamiento del sujeto activo de una condición particular de la víctima que no le permita oponer resistencia: 1. Violencia (Vis física): Existente cuando se ejerce fuerza en el sujeto pasivo; 2. Intimidación (Vis compulsa o psíquica): Que ocurre cuando el sujeto activo provoca en el sujeto pasivo un estado mental de vulnerabilidad que le hace temer por su seguridad o por la de un tercero importante en su vida; entonces existe intimidación cuando el sujeto activo ejerce violencia en contra de algún familiar del sujeto pasivo o amenaza con hacerlo o cuando estas amenazas son proferidas a la víctima directamente; 3. Engaño: Donde el Sujeto Activo representa una falsa realidad al sujeto pasivo, quien incurriendo en error realiza acciones u omisiones en perjuicio de su propia libertad ambulatoria; y 4. Sin consentimiento pleno: Dado en los casos donde el sujeto pasivo es menor de edad, padece de algún trastorno mental o se encuentra privado del raciocinio temporalmente por la ingesta de alcohol u otras drogas. Como elemento subjetivo el tipo penal de secuestro se compone: por un lado el dolo que es dar vida a los elementos objetivos del tipo con conocimiento y la voluntad de hacerlo, pero además debe existir un propósito específico y es obtener a cambio de la libertad de la persona secuestrada dinero, bienes, títulos o documentos que produzcan un provecho o utilidad, lo que nos lleva a varias consideraciones: A. Una privación de libertad preexistente ilegítima, puede transformarse en secuestro ulteriormente, mediante la agregación de la exigencia de obtener un beneficio a cambio de su libertad; B. El provecho injusto puede solicitarse a la propia persona privada de libertad o a un tercero; C. Existe delito aun cuando se haya producido la muerte del ofendido en el proceso de sustracción, desplazamiento, retención o cuando se le tenga oculto, debido a que el tipo penal no exige que dicha persona sea efectivamente liberada, sino que la privación de la libertad se haya realizado con el propósito de obtener el beneficio injusto, propósito que podría perseguirse ocultando a terceros a los que se les exige “el rescate” que aquella persona cuya liberación se promete y que en realidad ya ha fallecido. Finalmente en cuanto a la penalidad del delito de secuestro está fijada por el legislador en varias escalas a depender de los hechos: A. De 10 a 20 años de reclusión, si el sujeto pasivo es liberado voluntariamente por los sujetos activos sin que éstos hubiesen obtenido el beneficio o utilidad reclamada; B. De 20 años a privación de la libertad de por vida, si los sujetos activos liberasen a la persona privada de su libertad después de haber obtenido el beneficio o utilidad reclamado; C. De 20 años a privación de la libertad de por vida, cuando en el proceso de rescate de la persona secuestrada, ésta u otra persona sufrieren lesiones; Si bien el artículo no establece que clase de lesiones, deben entenderse que éstas al menos deben ser alguna de aquellas que el Código Penal tipifica como delito, sin que puedan considerarse aquellas tipificadas como faltas; Todo ello con independencia de si han obtenido o no, el beneficio o utilidad pretendida; D. De 30 años de reclusión a privación de la libertad de por vida, si la persona secuestrada u otra persona muriese en el proceso de rescate, con independencia de si los sujetos activos hayan obtenido o no, el beneficio o utilidad reclamada; y E. De 40 años de reclusión a privación de la libertad de por vida, en el caso de que los sujetos activos ocasionaren o dieren muerte al secuestrado, en cualquier momento desde que éste es privado de su libertad, con independencia si han obtenido o no, el beneficio o utilidad pretendida; Partiendo de lo anterior, se identifican como características del tipo penal de secuestro extorsivo contenido en el artículo 192 reformado por Decreto 125-2003: A. Según Su Estructura: 1. Tipo penal especial: Al contener en los elementos del tipo penal básico de detención ilegal, al que se le suman elementos especiales; 2. Tipo Penal Complejo: Ya que describe cinco modelo de comportamiento diferentes, cualquiera de los cuales puede dar vida al delito; B. Según su Contenido: 1. Tipo Penal de resultado, dado que la conducta debe ir aparejada con un resultado en el mundo físico, misma que al final es la privación de la libertad ambulatoria de una persona, aun cuando los sujetos activos no hayan obtenido el beneficio o utilidad; 2. Tipo de conducta permanente, debido a que la conducta reprochada se renueva continuamente durante todo el tiempo en que la persona esté privada de su libertad o, en su caso, durante el tiempo en que aun cuando la persona privada de su libertad haya fallecido, los sujetos activos continúen con su pretensión de obtener un beneficio injusto por parte de un tercero bajo la promesa de liberar a la persona secuestrada; 3. Tipo penal de acción, porque la conducta criminosas descrita cinco verbos rectores, describen un modelo de comportamiento comisivo; 4. Tipo penal cerrado al estar determinada la conducta objeto de reproche de manera precisa. C. Según el Sujeto Activo: 1. Unisubjetivo, al describir una conducta que puede ser realizada con la concurrencia de un solo sujeto activo, sin desconocer de que la casuística revela que casi en la totalidad se trata de delitos cometidos por dos o más personas y frecuentemente a cargo del crimen organizado; 2. Tipo penal de sujeto activo común ya que determina que el sujeto activo puede ser cualquier persona distinta al sujeto pasivo, sin que se requiera ninguna cualificación especial o particular; D. Según el bien jurídico tutelado: 1. Tipo penal pluriofensivo, al proteger principalmente la libertad ambulatoria como bien jurídico, pero además complementariamente protege el patrimonio; es importante insistir en que el bien jurídicamente tutelado primario es la libertad, por ello es que el delito se produce cuando la persona ha sido coartada de ella, aun cuando no se haya obtenido ni se obtenga el beneficio o utilidad; 2. Tipo Penal de Lesión: El tipo penal describe conductas que lesionan el bien jurídico libertad ambulatoria, por lo que es de considerar que es posible que el tipo penal se presente en su grado de ejecución de tentativa, cuando por causas ajenas a la voluntad de los sujetos activos no logren privar de la libertad a una persona con el propósito de recibir a cambio de su liberación un beneficio injusto. De la Procedencia del Recurso. El único motivo no es de recibo. Conviene recordar que el cauce casacional ahora utilizado, de acuerdo con numerosos pronunciamientos de esta Sala de lo Penal, supone tan solo la comprobación por este Tribunal de Casación de la correcta subsunción de los hechos declarados probados en los preceptos de orden sustantivo que integran el ordenamiento penal, sin que sea posible, por esta vía, cuestionar los fundamentos y pruebas de tales hechos. Esta labor parte de un principio esencial, el cual es la intangibilidad de la narración de los hechos probados llevada por el Tribunal de Sentencia, sobre la convicción que los mismos son ciertos e inalterables, los cuales en el presente caso se confrontan con la norma penal sustantiva asignada por el juzgador. En ese sentido, el cuarto hecho probado de la sentencia narra: “…El mismo día viernes 20 de abril del año 2012, el Grupo Especial Antisecuestros (GEAS), tenía información que en el sector de Chamelecón, San Pedro Sula C., en la Colonia Suyapa, en una casa color verde, con Barrotes negros techo de sin, ubicada en la quinta avenida, 1 y 2 calle, se encontraba el señor J. A. P., por lo que se desplazaron los agentes policiales a ese lugar, logrando ubicar la vivienda y a eso de las 16:50 horas, procedieron a allanar la misma, en su interior se encontraba acostado en una cama el señor P., atado de pies y manos, siendo vigilado por el acusado J. P. C. G. (Fallecido), asimismo en el interior de dicha vivienda se encontraba la imputada M. A. C. y un menor de edad no identificado, a quienes se les dio detención por parte de agentes de la Policía.” Por otra parte, el artículo 192 del Código Penal establece: “Será sancionado con la pena de reclusión de veinte (20) años a privación de la libertad de por vida, aún cuando no consiguiere su propósito, quien con violencia, intimidación, engaño u otra forma que vicie el consentimiento, sustraiga, retenga, desplace, oculte o prive de cualquier otra manera de su libertad a una o más personas, con cualesquiera de los propósitos siguientes: a) Obtener a cambio de la libertad de la o las personas secuestradas, dinero, bienes, títulos u otra utilidad o beneficio. b) Obligar a alguien a que haga o deje de hacer algo; y, c) Publicitarios o políticos….” Las acciones narradas constatan que la señora M. A. C. junto con el señor J. P. C. G., eran los encargados de mantener vigilada la habitación donde estaba cautivo el señor P., así como también mantener su subsistencia, demuestra un dominio conjunto del hecho con el señor L. G. C., en forma coordinada y planificada que denota un concierto previo, confirmado por la distribución de tareas complementarias y necesarias para la consecución del objetivo, en este caso cometer el delito de secuestro en perjuicio del señor J. A. P.; en este sentido afirma Welzel: “coautoría es autoría, cuya especialidad consiste en que el dominio del hecho delictivamente unitario no reside en un individuo, sino que reside conjuntamente en varios…El dominio del hecho corresponde aquí en común a todos: no a un individuo, ni tampoco varios individuos en concreto, sino que todos juntos son titulares de la decisión, constituyendo la actividad de cada uno, junto con las de los demás, en virtud de la conexión de sentido dada por la decisión común de acción, un todo unitario”; en consecuencia, luego de un análisis comparativo entre el precepto invocado como infringido y los hechos declarados probados, no aprecia este Tribunal de Casación error de subsunción; no se colige que el tribunal de instancia se equivocara en el análisis al asignar a los hechos probados un precepto penal sustantivo que ciertamente le es atribuible, por todas estas razones no procede el motivo de casación invocado. V. DECISIÓN No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos interpuesto por la Abogada N. E. F. Q.. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo interpuesto por la Abogada N. E. F. Q.. No ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su motivo único interpuesto por la defensora pública M. K. A. E.. VI. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 360 y 362 del Código Procesal Penal, Falla: 1) Declara NO HA LUGAR el recurso de casación por Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos interpuesto por la Abogada N. E. F. Q., apoderada defensora del encausado L. G. A. C.; 2) Declara NO HA LUGAR el recurso de casación por Infracción de ley en su único motivo interpuesto por la Abogada N. E. F. Q., apoderada defensora del encausado L. G. A. C.; 3) Declara NO HA LUGAR el recurso de casación por Infracción de Ley en su único motivo interpuesto por la Abogada M. K. A. E., defensora pública de la encausada M. A. C.; 4) Declara firme y ejecutable la sentencia de fecha dieciséis de junio de dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Jurisdicción Nacional, que contiene la sentencia condenatoria dictada en contra de los señores L. G. A. C. y M. A. C.. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada. Jose Olivio Rodriguez Vásquez. Magistrado. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Firma y Sello. Jose ramón Cruz Ferrera. Receptor Adscrito. Sala de lo Penal.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho. Certificación de la sentencia de fecha dos de noviembre del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-506-2014.
J. RAMÓN CRUZ FERRERA
RECEPTOR ADSCRITO
SALA DE LO PENAL
[1]1 Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia de fecha once de junio de dos mil nueve, recaída en el recurso de casación No. S.P. No.321—07
[2] Op cit.
[3] Resolución de fecha veinticuatro de enero de dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No.S.P.308=2010
[4] Muñoz Conde, Francisco; Derecho Penal Parte Especial, 14ªEdición, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, Pág. 154.
[5] De Diego Díez, Alfredo; Manual de Derecho Penal, Parte Especial Volumen I, Ediciones San Miguel, Tegucigalpa, Honduras, Agosto del 2006, Pág. 140.