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Sentencia CP-505-14 — Registro 13930

Resumen

Se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por el MP, contra la sentencia que condena como autor responsable penalmente de dos delitos consumados de asesinato

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

.."EL RECURSO ES DE RECIBO. El recurrente considera infringida la regla lógica de derivación al afirmar que el Tribunal a quo debió inexorablemente, después de evacuar los medios probatorios, derivar la participación del señor Francisco Javier Villegas Ramírez en los hechos enjuiciados. En este sentido, esta Sala de lo Penal está de acuerdo con que el Tribunal a quo ha infringido la regla de la lógica de derivación en la valoración probatoria -también ocurre lo mismo con el postulado de coherencia y el principio de contradicción- en tanto en cuanto la declaración del testigo protegido con clave CH06 informó, entre otras cosas, que estando en la aldea La Jutosa, aproximadamente a las ocho de la noche (20:00hrs), se conducía por un callejón y vio a los sujetos que se metieron a la vivienda del señor Samuel e Isabel (los hoy occisos) y como tuvo miedo se escondió porque tenían aspecto de mareros, logró escuchar dos disparos… al llegar a la escena vio que estaban muertos los dos, pudo observar que los sujetos que llegaron al lugar eran conocidos como “teletubi”, “el renco”, “garrobo” y “salivoso”… conoce a los sujetos porque son de la colonia (vecinos), manifestó que el “teletubi” se encontraba en la sala de juicio… que de las cuatro personas solo uno andaba arma de fuego y era “teletubi”… identificó a “teletubi” como F. J. V.. A esta y otra declaración (la del testigo protegido CH05) el Tribunal a quo les dio “credibilidad al resultar congruentes entre sí y además coherentes con el resto de la carga probatoria.” En este punto, esta Sala de lo Penal verifica que el sentenciador en su libre ejercicio de valoración probatoria alcanzó la conclusión de otorgarle credibilidad a pruebas incriminatorias, y con ello consideró como verdadera la participación del acusado F.J. V. en el hecho enjuiciado, la conclusión a la que arribó estaba justificada en razón de llenar la condición de suficiencia para existir a partir de lo informado en las declaraciones testificales y porque las consideró coherentes con el resto de la carga probatoria. Resulta, sin embargo, que el Tribunal a quo también concluyó credibilidad y congruencia sobre las declaraciones de descargo (la del testigo F. J. R. y el acusado F.J.V.), las cuales abstraen del lugar de los hechos al acusado y lo ubican en una aventura transnacional, esta última conclusión carece de suficiencia para que así sea y no de otra manera, en virtud que el a quo tomando en consideración la coherencia de las declaraciones testificales de cargo con “el resto de la carga probatoria”, aquí inclúyase la de descargo, concluyó como verdaderas las declaraciones de los testigos CH06 y CH05 que atribuyen responsabilidad penal al acusado F. J.V. y lo ubican en el tiempo y el espacio cometiendo los hechos objetos de este proceso. Sin duda, el pronunciamiento absolutorio del Tribunal a quo no reviste suficiencia y veracidad para existir, no procede de una valoración probatoria acorde a las reglas de la sana crítica. En importante tomar en consideración que el estado de ánimo del juez (duda) por el cual no alcanza convicción de certidumbre sobre la participación del acusado en los hechos, no puede reposar en pura subjetividad sino que debe derivarse racional y objetivamente de la valoración de las pruebas del proceso, en este sentido, al dar credibilidad a los testigos de cargo, los cuales inculpan al acusado F. J. V., su conclusión de pronunciamiento absolutorio carece de derivación lógica. Por esta razón la Sala de lo Penal concluye que el a quo ha infringido el principio lógico de derivación. Ocurre también lo mismo con la ley lógica de coherencia, la cual manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia, en su valoración negativa, exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. Por su parte, el principio de contradicción exige que las proposiciones “A” es igual que “B” y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba un hecho, una persona o una cosa no pueden ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. Al dar credibilidad a dos proposiciones contradictorias y excluyentes entre sí, el Tribunal a quo incurre nuevamente en un vicio in procedendo, por infringir el postulado de coherencia y el principio de contradicción, véase en el numeral primero del título “Valoración de la Prueba” donde después de valorar descriptivamente las declaraciones de los testigos protegidos CH06 y CH05, el Tribunal a quo intelectivamente alcanzó a concluir credibilidad en sus deposiciones, es decir, cree que sus dichos son verdaderos y consecuentemente da como partícipe del hecho al acusado F. J.V., quien es involucrado diáfanamente por el testigo protegido con clave CH06; por otra parte, el numeral sexto del mismo título, también la mayoría del Tribunal de Sentencia otorga credibilidad a las declaraciones del testigo de descargo F. J. R. R. y el acusado Francisco J. V.R., con ello da como creíble que el acusado se encontraba en una travesía transnacional para ingresar ilegalmente a los Estados Unidos de América. Sin género de duda, las anteriores proposiciones son incompatibles, se niegan recíprocamente al ubicar al acusado en dos lugares distintos en un mismo momento, en consecuencia, la conclusión de absolución del Tribunal de Sentencia no es el resultado de una valoración respetuosa de las reglas de la sana crítica racional.

Por todo lo expuesto, esta Sala de lo Penal estima declarar ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por el Ministerio Público.."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Esta Sala de lo Penal sostiene que es un requisito imprescindible de las sentencias penales la existencia de un relato de hechos probados que permita su comprensión no solo por el justiciable al que afectan directamente, sino también por el tribunal que conoce la sentencia en vía de recurso y, además, por la sociedad en su conjunto, en cuanto pueda tener interés en una resolución pública. En el caso concreto, conviene dar respuesta al recurrente en el sentido que las meras omisiones de datos fácticos en el hecho probado no conllevan una falta de claridad, en tanto que su relación sintáctica permita subsumir los hechos en el ámbito situacional de la norma penal sustantiva que se ha aplicado y permita determinar la forma de participación de los acusados en dichos hechos. La recurrente arguye la imposibilidad de determinar quién disparó materialmente el arma que causó la muerte de las víctimas, es decir el autor material y que la dicción “portando armas de fuego dispararon” no indica si tal acción se predica sobre “Anthony” u “otros sujetos”. Esta Sala de lo Penal al haber dado lectura al hecho probado que contiene la sentencia impugnada, concluye que el mismo es claro o terminante, a razón de describir que los señores M. I.R. y de S. M. A. fueron sorprendidos en su casa de habitación por el acusado A. W. M. R. y otros sujetos desconocidos, quienes, portando armas de fuego, dispararon en contra de la humanidad de los primeros. El hecho probado describe que el acusado junto a otros sujetos dispararon en contra de los hoy occisos, es decir, se incluye al acusado A. W. M. R. como una de las personas que ejecutaron materialmente el hecho lesivo. Contrario indica la censora, la dicción del Tribunal de Sentencia permite subsumir la conducta del acusado en el ámbito situacional del tipo penal escogido, así como su participación a título de autor. El hecho probado no produce oscuridad alguna para la comprensión de lo narrado en la sentencia, cosa distinta es que la recurrente pretenda ensanchar el fáctum con elementos descriptivos que considere esenciales por repercutir en el fallo. En conclusión, el hecho probado que sustenta la sentencia venida en casación obedece a los requisitos mínimos exigidos por la legislación procesal penal, al ser expresados en forma conclusiva, inequívoca y categórica..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha diez de octubre del año dos mil dieciocho, que literalmente dice: “ I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los diez (10)días de octubre del año dos mil dieciocho (2018), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García, en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncia: EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La sentencia en el expediente número SP505-2014, conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintitrés de junio del año dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, mediante la cual falló: 1) Que debemos condenar y al efecto condenamos al acusado A.W. M. R., como autor responsable penalmente de dos delitos consumados de asesinato en concurso real en perjuicio de M. I. R. y S. M. A., a la pena de veinte años de reclusión por cada uno de los delitos, con las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil durante el tiempo de duración de la pena principal. 2) Por mayoría de votos se absuelve de toda responsabilidad penal al acusado F.J.V. R. del delito de asesinato, en perjuicio de M. I. R. y S. M. A., del que venía siendo acusado. 3) Se declara al señor A. W. M.R., responsable civilmente de la reparación de gastos ocasionados y de la compensación y de los perjuicios causados por el delito por el que es condenado. 4) No procede comiso. 5) No procede condena en costas procesales, personales o gastos ocasionados por el juicio. Interpusieron Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, el Abogado G. C., actuando en su condición de fiscal del Ministerio Público, y la Abogada M. I. P. N., actuando en su condición de apoderada defensora del señor A. W. M. R..SON PARTES: La abogada M. E. G., actuando en su condición de fiscal del Ministerio Público, como recurrente; y, las Abogadas N.E. F. Q. y M. I. P. N., apoderadas defensoras, también como recurrentes. II. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA“Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral y público, de acuerdo a los criterios de la sana crítica, este Tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: UNICO: En fecha cinco de julio del año dos mil doce, siendo aproximadamente las ocho con treinta minutos de la noche, los señores M. I.R. Y S.M. A., se encontraban en su casa de habitación ubicada en aldea La Jutosa, del municipio de Choloma Cortés, cuando fueron sorprendidos por A. W. M. R. en compañía de otros sujetos, quienes portando armas de fuego dispararon contra su humanidad, quitándoles la vida, para luego huir del lugar.”III. RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS.El recurrente abogado G. C., en su condición de fiscal del Ministerio Público, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA UNICO MOTIVO: No haber observado el Sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la Sana Crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el artículo 362.3 del CCP. El precepto penal adjetivo que se invoca como infringido prescribe: “Artículo 202 Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”. En relación con el párrafo primero del artículo 336 del C .P .P. Expuesto lo anterior, veamos en qué consisten los vicios de valoración de prueba en que incurrió el sentenciador de instancia: Declaración del testigo F. J.R. R. (descargo), quién declaró: “En fecha veinticuatro de junio cuando decidió irse para Estados Unidos, se encontró a F. J. (imputado) a quién le propuso que se fueran, manifestándole aquel que no tenía dinero, pero como él conocía quería irse con él, por lo que el acusado le dijo que le pediría el dinero a la novia, fue así que salieron de Choloma el 26 de junio, saliendo por Corinto y se quedaron en Guatemala, después llegaron a México y en fecha 02 de julio estaban en Oaxacualco, esto porque el tren se había descarrilado y no había pasada, además que no tenían dinero y F. V. le pidió a la novia que le mandara más dinero y ella se lo mandó pero a nombre de una señora que les hizo el favor de cobrar el dinero, después se fueron con rumbo a tierra blanca y llegaron a Saltillo Coahuila, para el cuatro de julio llegaron a la casa de inmigrante, pero al darse un problema allí se fueron, entonces como no salía tren se quedaron donde un muchacho quién les reconoció como inmigrantes y el día cinco amanecieron en la casa de él, el día seis de julio de 2012 F. J. llamó a la novia para que le mandara dinero y se lo mandó a nombre de una señora y se lo entrego, a los diez días el tren pasó y era de noche, en ese tren llegaron a Laredo y en ese lugar unas personas les siguieron en un carro, por lo que ellos corrieron y los perdieron, por lo que llamó a un amigo de nombre A. para que los fuera a recoger y él llegó y les dijo que ese lugar era peligroso, por lo que él les dio posada, y como él (testigo) andaba el dinero para pasar, pero F. J. no andaba, se quedó allí un tiempo más, mientras que él (testigo) logró pasar al otro lado y Javier al no conseguir dinero se regresó aquí. Declaración de F.J. V. R. (imputado), quién declaró: “Llegó un amigo de La Ceiba y le dijo que se fueran mojados, respondiéndole que no tenía dinero y después le dijo que si, diciéndole el amigo que los iba a llevar, por lo que se fueron para Estados unidos, pero al día siguiente no se pudieron ir porque no tenía el dinero, por lo que le pidió el dinero a la novia, quién no quería que se fuera, pero siempre se fueron el veintiséis de junio, para lo cual llevaba un teléfono pequeño con el cual se iba comunicando con la novia. Cuando llegó a la frontera de Corinto y como no llevaba documentos se fue para la Terminal de Santa Elena, después tomaron un autobús que los llevó al Naranjo y después tomaron una lancha, hasta llegar a Tenosique, en ese lugar subieron a un tren y llegaron a la frontera, deteniéndose en Oaxacualco y para ese momento no tenía dinero pero la novia le mando más y como no andaba papeles le pidió el favor a una señora para que lo sacara y como no estaba saliendo tren tomaron un autobús para Tierra Blanca y donde otra vez subieron a un tren y llegaron al DF donde lograron comer algo para luego abordar otro tren, más adelante nos detuvimos en saltíto Coahuila, y en la casa del inmigrante les ayudaron y salieron de nuevo y en la vía encontraron a un muchacho quién les dijo que era de Honduras y que estaba trabajando allí, entonces ese muchacho les dio posada en un cuarto que alquilaba y les ofreció ayudarles a conseguir trabajo, fue así que llegaron con el señor y siempre mantuvo comunicación con su novia. Estando en Saltito la novia lo llamó y le contó que habían matado una pareja aquí en Honduras, que se trataba de unos vecinos de ella, después dejaron de comunicarse y se quedaron trabajando en ese lugar y después su novia le giró un dinero y le dijo que la gente andaba diciendo que él había cometido ese hecho y que por eso andaba huyendo, por lo que le dijo a ella que no se preocupara porque ella sabía adónde estaba él y que no le hiciera caso a eso. Después siguieron el camino y llegaron a la vía del tren y se fueron rumbo a Monterrey y en ese período surgió un problema con su amigo, debido a que unos muchachos que estaban en el lugar estaban lanzando piedras al tren y cuando pasaron por donde estaban ellos lanzaron una piedra y el gritó cuidado y la piedra le pegó al amigo en el ojo, pero lograron llegar a Monterrey y después salieron para Laredo donde buscaron comunicarse con su familia, pero no lo lograron, momento en el que se detuvo una camioneta y se bajaron unas personas mal vestidas que se dirigían a ellos, por eso salieron corriendo y los siguieron, por lo que se metieron a una propiedad privada y llegaron a un pueblito y se metieron a una casa donde se escondieron en unas láminas y allí amanecieron; una persona los miró y les preguntó que pasaba, contándoles entonces que eran inmigrantes, y que se habían escondido porque los habían seguido, y esas personas les consiguieron un lugar para hacer una llamada y el muchacho que iba con él, se comunicó con el hermano para que una persona los fuera a recoger hasta ese lugar y esa persona llegó a traerlos y los llevó para su casa, esa persona se llama J., y vive cerca de la frontera, él les ayudó mucho, por lo que en ese momento decidió tomar el evangelio y trabajo en ese lugar como albañil, con el tiempo se comunicó con su hermana y le dijo que estaba en la frontera, y ella le dijo que no tenía dinero para mandarle y le dijo que sin eso no podía seguir, entonces ella le sugirió que trabajaría y que en un mes le mandaría el dinero y que se quedara en ese lugar, fue así que se quedó trabajando, mientras que el otro muchacho se logró ir porque ya le habían mandado el dinero. Al mes lo llamó su hermana y le dijo que solo tenía mil dólares, por lo que le dijo que se lo mandara y que con eso cruzaría, pero ella le dijo que no porque era muy peligroso, por lo que él le dijo que mejor se regresaría para acá, pero ella no quería por lo que decían aquí, sin embargo, él (acusado) le dijo que no se preocupara porque él no tenía nada que ver con eso; ella le pidió que no se fuera para su casa que se fuera para donde la mamá. Luego llegó a Veracruz y en ese lugar se entregó a Migración, desde allí lo regresaron a Chiapas y después salió el autobús para Corinto desde donde llamó a la novia, quién le repitió que no se regresara a ese lugar; cuando llegó a su casa la mamá lo atendió y después llegaron los de la DNIC a traerlo a la casa de la mamá y cuando lo llevaban le preguntaban por el arma pero él les decía que no había hecho nada y que no conocía a la pareja que habían matado; le preguntaron adonde estaba cuando sucedió el hecho y les respondió que andaba de mojado y ellos no le creyeron. Se evacuó en debate el Dictamen de Autopsia, elaborado por la Doctora M.Á. y el Acta de Levantamiento de Cadáver junto con el álbum fotográfico y croquis elaborado por el Agente de Investigación D.R. B., en donde se establece que la causa de muerte de M. I. .R Ama ya, fue por laceración cerebral a consecuencia de una herida de proyectil disparada por arma de fuego a corta distancia, que la bala recuperada en su cuerpo fue por arma tipo pistola, calibre 38 o 9mmcorto, y S. Mango A., presentaba una herida producida por proyectil de arma de fuego, provocando laceración cerebral, disparo producido a larga distancia. Sin embargo, por mayoría de votos una vez valorada la declaración que en su descargo rindiera el acusado F. J.V. R., la cual fue sustentada con lo dicho por el testigo F. J.R. R., encontrando en ambas congruencia y por ende confianza, y de la prueba de cargo, también encontrar certeza en las declaraciones rendidas por los testigos protegidos que identifican al acusado como otro de los partícipes en la muerte de los ofendidos, ello genere una duda razonable, al encontrar dos versiones creíbles para la mayoría del Tribunal, lo que deviene en la obligación de absolver, con el voto particular, en el cual no se le da credibilidad a la prueba de la defensa ni a la declaración del acusado F. V., y por ende considera se debe declarar culpable al mismo. Una vez analizada la prueba testifical y pericial antes referida nos adentramos a la valoración, que de dichos testimonios y pericias ha efectuado el Tribunal. El A quo, en el Apartado de Valoración de la Prueba, numeral primero, respecto al análisis de la misma, concluye, por mayoría de votos, que una vez valorada la declaración que en su descargo rindiera el acusado F.J. V. R., la cual fue sustentada con lo dicho por el testigo F. J. R.R., encontrando en ambas congruencia y por ende certeza, y de la prueba de cargo, también encontrar certeza en las declaraciones rendidas por los testigos protegidos que identifican al acusado como otro de los partícipes en la muerte de los ofendidos, ello genera una duda razonable, al encontrar dos versiones creíbles para la mayoría del Tribunal, lo que deviene en la obligación de absolver, con el voto particular, en el cual no se le da credibilidad a la prueba de la defensa ni a la declaración del acusado F.V.., y por ende considera se debe declarar culpable al mismo. El Tribunal Sentenciador ha fundamentado la totalidad de su fallo Absolviendo, por el delito de Asesinato a F. J. V., basándose en que las declaraciones del testigo de la defensa y la del mismo imputado son lógicas, no son contradictorias, por tanto, son creíbles y por considerar consecuentemente que les surge una duda razonable respecto a la responsabilidad que dicho acusado pueda tener realmente en los hechos objeto de procesamiento. Esta Fiscalía entiende que dichos testigos han relatado una historia de emigrantes hacia Estados Unidos, misma que puede ser, la hayan vivido en tiempos diferentes a la fecha de acaecido el crimen, ya que en relación al dinero que mencionan, envió la novia del imputado, no hay pruebas de este envío de dinero tampoco, no hay vaciado telefónico de esas supuestas llamadas que realizó (la novia), no fue propuesta como testigo por ende no declaró; asimismo, no compareció a debate el amigo llamado A. quién supuestamente fue a recogerlos y les dio posada; también en el relato se hace mención de una persona que los trasladó en lancha estando en México y no se obtuvo declaración de la misma, asegura el imputado que llegó a Veracruz y en ese lugar se entregó a Migración, de esto no hay prueba documental. En conclusión no debe sustentar el Tribunal por mayoría, que hay duda razonable puesto que esas probanzas a las que nos referimos anteriormente, no fueron corroboradas con prueba periférica, en cambio la prueba de cargo si fue confirmada, con la declaración del testigo protegido CH-06, al manifestar en debate con absoluta claridad que las cuatro personas solo uno andaba arma de fuego, y era Teletubi(refiriéndose al F. J. V. R.) guíen la portaba, asimismo, describió a ambos, que el alias “el renco” es chaparro, trigueño, pelo liso y renquea cuando camina y al Teletubi lo describió, colocho y delgado, ambos estaban en el lugar del crimen ese día y los reconoció en la sala de juicios, además apuntó que los conoce porque son de la colonia, que el renco vive cerca de una pulpería que está a media cuadra de la parada de buses que le llaman “El Mango’ es decir los diferenció muy bien en su de posición; de igual manera, el la prueba científica (dictamen de autopsia) sirvió de sustento a la declaración de dicho testigo. Es importante destacar que el Juez en su voto disidente, afirma su postura a favor del ente acusador al plasmar en éste, que en definitiva con las declaraciones de los testigos protegidos, no le queda ningún género de dudas que A. W. M. R. y F. J. V. R. en compañía de otros sujetos, quienes portando armas de fuego dispararon contra su humanidad quitándoles la vida y huyendo del lugar; por lo que considera que ambos debieron ser condenados por el delito de asesinato y no solamente A. W. M. R., ya que ambos individuos participaron directamente en los hechos y son en consecuencia autores del delito de asesinato, pues existen suficientes elementos probatorios para dar por acreditados los hechos declarados como probados. Es incuestionable que el órgano acusador presentó la prueba de cargo fehaciente e idónea que demuestra con las deposiciones de los testigos protegidos “CH-06” y “CH-05”, la dinámica de cómo ocurrieron los hechos, ante tal situación el Sentenciador debió adquirir la certeza que en efecto también el imputado F. J. V. participó como autor directo junto a A. M. y otros, en el Asesinato en perjuicio de M. I. y S.M. A., y no que más bien el Tribunal por mayoría cavila que la prueba de descargo les crea fuerte duda que genera inculpabilidad a favor del imputado F. J. V.R., cuando más bien, debió considerar que ese relato en juicio por el mismo y otro testigo de descargo fue parte de una estrategia montada por el defensor para lograr su absolución, como bien lo logró únicamente ante dos de los Juzgadores, porque al tercero no lograron convencer de la trama articulada. De igual manera, frente a la tesis acusatoria del Ministerio Público la Defensa como señalamos anteriormente, no presentó documentos que acreditaran fechas, recibos de transporte y otros documentos que acreditaran que realmente F.J. V. R. y el testigo de descargo que dice lo acompañó en el viaje hacia Estados Unidos, para constatar que en la fecha que ocurrieron los hechos no se encontraba en el País o específicamente en la ciudad de Choloma, Cortés; donde ocurrió el hecho sangriento. Por lo que opinamos, que en total desapego a lo dispuesto en el 362.3 del CPP, el Tribunal ha valorado las pruebas violentando las reglas de la Sana Crítica en el fundamento intelectivo y las normas del correcto entendimiento humano. Es -como hemos dicho anteriormente- obligatorio que la sentencia sea congruente, verdadera y suficiente para no incurrir en la inobservancia del postulado esencial de la derivación que da contenido a la regla de la Lógica. Con este inconsistente argumento, el Tribunal Sentenciador, a criterio del Ministerio Público ha infringido el postulado de la Derivación, pues a pesar de la coherencia de las declaraciones testificales y el Dictamen de Autopsia, que establece hallazgos propios del tipo penal, el Tribunal no ha considerado su valoración siguiendo las reglas de la Sana Crítica, faltando así al postulado en referencia, y resultando en una sentencia Absolutoria diferente a las pretensiones de la Agente Fiscal, pues éstas fueron contundentes para emitir un fallo condenatorio por el delito de Asesinato, de lo que se desprende que el razonamiento intelectivo del Juzgador (por mayoría) no se ha derivado de elementos auténticos o aptos para producir, de manera razonable, el convencimiento cierto respecto del hecho. Como podréis observar, ilustrísimo Tribunal de Casación, si nos remitimos a la prueba descrita y la confrontamos con el razonamiento del Juzgador (por mayoría), encontramos que esa conclusión valorativa como motivación es inválida, pues no se ajusta a los principios de la Derivación que exigen Razón Suficiente y fundada de cada conclusión, mismas que deben estar constituidas por inferencias razonables deducidas de la prueba. La motivación debe ser concordante, esto es que a cada conclusión afirmada o negada debe corresponder convenientemente un elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella conclusión. El Tribunal (por mayoría), no ha derivado su conclusión en los medios de prueba pericial y testifical, ultrajando la regla de la Derivación que integra el gran concepto de logicidad perteneciente a la Sana Crítica racional. Como se ha demostrado con la exposición del recurso, la sentencia objetada adolece de graves vicios de forma, que se traduce en la Absolución del imputado por el delito de Asesinato, siendo violatorios del sistema de la Sana Critica racional que inspira el modelo procesal vigente, en consecuencia, el vicio denunciado se afirma, traduciéndose en quebrantamiento de forma. Por haberse producido él vicio en el propio acto de sentenciar, no ha sido posible reclamar su subsanación.”La recurrente abogada M.I. P.N., en su condición apoderada defensora del señor A. W.M. R., procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma de la manera siguiente:“RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. MOTIVO PRIMERO: LA DECLARACIÓN DEL HECHO PROBADO NO SEA CLARA Y TERMINANTE. PRECEPTO AUTORIZANTE: ART. 362.1El hecho probado tiene el siguiente tramo: “Cuando fueron sorprendidos por A. W. M. R. en compañía de otras sujetas, quienes portando armas de fuego dispararon contra su humanidad, quitándoles la vida, para luego huir del lugar.” A causa de lo anterior, no se determina quién disparé materialmente el arma que causa la muerte de las víctimas, es decir el autor material. La dicción, “portando armas de fuego dispararon”, no indica si tal acción se predica sobre “A.” u “otros sujetos”. Por lo tanto, se carece precisión para determinar cuál es la acción de A., el haber directamente detonado arma, o estar presente mientras “otros sujetos” lo hicieron. Y ello se agrava con la fundamentación jurídica de la sentencia dicta un silogismo tendiendo hacia una co-participación, en lugar de una participación material directa: “Ejecuto todos los actos necesarios para que el delito se consume, el mismo en compañía de otros, obró sobre la base de una decisión común en la configuración del hecho criminal, que funda el dominio del mismo, generado por un vínculo de solidaridad, en consecuencia recíproca responsabilidad, pues los implicado aseguran cumplir cada quien con el rol asignado, y habiendo colaborado consistente y voluntariamente.” En caso de que el recurrido buscaba fundamentar una coautoría, por existe un reparto de roles, entonces el hecho probado debe definir con precisión qué papel ejecuta A.M. Ello permite discernir si éste constituyó un coautor, es decir aportó una contribución determinante para La consumación del delito, o un mero cómplice simple, que contribuye con un aporte cuya exclusión hipotética no hubiese impedido el resultado punible. Y tal discernimiento se dicta en el fundamento jurídico, lógicamente posterior a una clara redacción de la participación del encausado en el hecho probado. Lo anterior es de mayor importe ya que tanto el coautor y el cómplice, pueden estar sabido del plan delictivo, como así lo fundamenta el Asesor Legal de Vuestra Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, G. V.. [1] Entonces ambos, coautor y cómplice, conocen del plan delictivo, y ambos aportan una contribución a la concretización de éste, sin embargo la distinción la ha esclarecido la misma Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia con claridad diáfana: “Si lo que aporta el autor es, según las circunstancias, un bien escaso, el partícipe será cooperador necesario, pero si lo aportado es, un bien abundante, habrá complicidad”.[2] Así mismo lo ha dictaminado el mismo Coordinador General de Fiscales de Honduras, R.A.., quien siguiendo la línea trazada por el Jurista Muñoz Conde, ha dictaminado: “En este sentido ésta despacho estima que si bien las diligencias de investigación orientan a concluir que el investigado participó en la comisión del ilícito, su colaboración no fue decisiva o vital en el núcleo del delito, al menos así se desprende del material probatorio, pues éste fue detenido tiempo después mientras conducía el automotor en compañía de otros imputados. Así las cosas, y con el respaldo del elenco probatorio evacuado, ésta dirección estima que la participación de S. E. L.D. es a título de cómplice del delito de Robo Agravado Continuada...” [3] Ante ello, en el caso presente la discriminación anterior resulta imposible, ya que e! hecho probado no determina la participación de A.M., corno se exhibió. Y tal falta de claridad, en efecto incide en la subsunción jurídica de la participación del imputado, ya que impide determinar con atino si la participación reviste la calidad de una co-autoría o mera complicidad (cuestión que varía la pena). Por tanto, se concreta una falta de claridad que impide una precisa subsunción de la conducta punible, por lo que se patenta el vicio aducido de quebrantamiento de forma por falta de claridad en la redacción del hecho probado. AGOTAMIENTO DE RECURSOS PREVIOS. - El vicio aquí denunciado aparece por primer momento en la sentencia, lo que impide un ejercicio recursivo previo al presente de casación. RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. SEGUNDO MOTIVO: Violación de la Sana Crítica en la Valoración de la Prueba, infracción del principio de contradicción. PRECEPTO AUTORIZANTE: ART. 362.3 del código procesal penal. Se ha incurrido en la infracción de violación de la sana crítica, en el principio de contradicción, en la valoración de la prueba toral del presente juicio. Ello se cerciora en los próximos tramos de fa sentencia recurrida: En el Numeral Primero, del título “Valoración de Prueba”, de la sentencia recurrida, se hubo apreciado la declaración testifical de los testigos protegidos Ch-06 y Ch-05. En lo conducente, reconocen a ambos de los imputados presentes en la sala de audiencia, F.V. y A. M., como los autores del delito de homicidio contra las víctimas. Así lo dicta la sentencia: “El testigo identificó en la sala de juicio a teletubi a F. J. V., y a el renco como A. W. M., indicando que ambos se encontraban presentes en la sala.”{pg.3 de la sentencia, reglón último) Dicha declaración fue apreciada y en consecuencia el tribunal le otorgó plena credibilidad y veracidad, tal y como lo discursa en el tramo de la sentencia aquí señalado. Por tanto, se tuvo como cierta la declaración de Ch-06, que ubica a A.M. y F.V. como autores del delito. Sin embargo, la recurrida también otorga plena credibilidad a la declaración del imputado F. - V., como así lo manifiesta el numeral sexto, del título valoración de la prueba, en la sentencia recurrida. La versión de dicho imputado era en sentido directamente contrario a los testigos Ch6- y Ch5, ya que mientras estos cercioran que J. V. estaba presente en la escena del hecho punible (La Jutosa, Choloma), J.dijo haber estado en otro país cuando ocurre los delitos objetos del juicio. Ante ello, el tribunal también critica la versión de J. V.manera positiva, al dictar: “Para la mayoría de los juzgadores, la presente declaración resulta congruente entre sí, dando una serie de detalles en las cuales coinciden ambos sujetos en su relato, sin encontrar, mediante la inmediatez que rige las audiencias, signo de falsedad, por el contrario, la mayoría considera encontrar en ambos credibilidad. Sin embargo, al existir a su vez prueba de cargo que señala a F. J.V. como participe en la muerte de las víctimas, al contrastar ambas posturas que generan certeza, surge entonces una duda razonable respecto a la responsabilidad que dicho acusado pueda tener realmente en los hechos.”Entonces, la crítica a partir de la declaración de J.V. resulta en que su declaración es creíble, y que tiene el efecto de generar duda sobre las otras versiones, las que lo señalan como partícipe del delito. Sin embargo, cabe recordar que el mismo recurrido había asentado la credibilidad de los testigos que señalaban que J. V. era participe del delito. Y ahí se cristaliza la contradicción: Se otorgó credibilidad a la versión de dos testigos de cargo (Ch5 y Ch6), solo para luego también otorgar credibilidad a la versión contraria del imputado, y en ella declarar que esta versión le resta credibilidad a la de los testigos, ya que genera duda sobre la certeza de los relatos de estos testigos. Por lógica, no pueden coexistir dos versiones divergentes y ciertas sobre un mismo evento. Ante el concurso de versiones, el tribunal elige una y descarta la otra, y luego debe justificar tal discriminación. El tribunal en este caso ha acogido tanto la de los testigos de cargo, ya que fue explícito al otorgarle credibilidad en la critica a estos, y también al descargo del imputado, donde más bien alega que la dicha versión tiene la fuerza para generar duda sobre las versiones de aquellos testigos. Por tanto, en un tramo de la sentencia reconoce la credibilidad de los testigos de cargo, y luego declara sufrir duda sobre tal credibilidad. Por tanto, la sentencia incurre en una contradicción inconciliable. Debió ser firme en una de dos posturas: O los testigos de cargo son creíbles y el imputado ha mentido, o a contrario sensu, los testigos dejan dudas y mientras el imputado ha sido veraz. Pero ambas posturas no pueden estar reflejadas en la redacción de la sentencia, porque ello incurre en la causal de nulidad de sentencia, vía casación, por quebranto del principio de contradicción, de la sana critica en la valoración de la prueba. AGOTAMIENTO DE RECURSOS PREVIOS. – El vicio aquí denunciado aparece por primer momento en la sentencia, lo que impide un ejercicio recursivo previo al presente de casación. -RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA.-TERCER MOTIVO: LA INOBSERVANCIA DE LAS REGLAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CÓDIGO PARA LA REALIZACIÓN DEL JUICIO ORAL Y PÚBLICO. PRECEPTO AUTORIZANTE: ART. 352.5 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL en relación con el art. 242 y244 del Código Procesal Penal. El marco del presente recurso es que el sentenciador ha causado efectiva indefensión con su manejo del recurso, en perjuicio de la defensa de mi representado. Ello en virtud del siguiente contexto procesal: Se hubo determinado audiencia para juramentación de perito de balística, L.M., para fecha Trece de Junio del Dos Mil Trece. Sin embargo, no se cumplimentó, ya que no acudió el mismo perito, ni el acusador público, y de tal levantó constancia la secretaría del despacho. Luego de ello no hubo mayor noticia al respecto de la juramentación del perito. Sin embargo, el día de la apertura del debate, ésta defensa observa en el expediente judicial una constancia de fecha Siete de Mayo del dos mil catorce, (A escasos cuatro días antes del debate), según la cual se hubo juramentado al perito L. M.. Lo anterior se consumó sin convocatoria a las partes, ni la asistencia de tales. Tampoco se notificó a la defensa de la cumplimentación de la juramentación, luego de haberse gestado. Lo anterior coartó toda posibilidad de la defensa de peticionar al juzgado, en presencia del perito, que se nos autorice estar presente en el acto de la pericia. Y

ello aún cuando el art. 242 del código procesal penal dicta de forma manifiesta, que resulta necesario para el juzgador poner en conocimiento de las partes el momento en que se realizará la diligencia pericial, con el expreso propósito de facilitarles a éstos la oportunidad de asistir a la pericia. Sin embargo, la manera irregular en que se realizó la juramentación, impidió el derecho de asistencia la pericia por parte de la defensa. Ello ya que, mientras no se había perito juramentado, era prematuro exigir presenciar un peritaje, ya que sin la juramentación no procede pericia alguna. Por tanto, la posición correcta es esperar un eventual citación a audiencia de juramentación de peritos, para presentar en dicha audiencia la solicitud de presenciar el peritaje. Y ésta defensa mantuvo firme esa posición, sin embargo, la secretaria judicial realizó la investidura sin aviso a nadie, y de ello resulta que la defensa se percaté de éste detalle hasta en la apertura de debate, cuando el acusador presenta el dictamen pericial ya realizado. En tal momento, que fue la primera noticia que recibió la defensa de que en efecto hubo juramentación de perito y ya se había realizado la pericia, no había más oportunidad de valer el derecho de asistir a la pericia. La actividad procesal defectuosa anterior genera indefensión, la cual se define como cuando una irregularidad procesal que impide o disminuye una oportunidad de defensa o intervención a la parte, cuando está oportunidad ha sido reconocida por la ley. En el presente caso es patentado, ya que se consuma una irregularidad procesal, ya que se juramentó perito por el secretario judicial, sin brindar ningún aviso a las partes. Y a causa de tal yerro, la defensa queda impedida de su derecho de presenciar la pericia. Dicha cuestión de relevancia para determinar el método y resultados, observaciones que luego serían manifestados en su planteamiento del caso. Es por tal motivo que el art. 242 del código procesal penal es enfático, débase comunicar a las partes el momento de la pericia, para efectos de posibilitar su asistencia. Ello no es una disposición hueca, sino que salvaguarda una posibilidad de contradicción de la defensa, que puede surgir a partir de observar la pericia realizada. Por tanto, la actividad procesal defectuosa objeto del presente motivo de recurso, no fue un yerro procesal sin incidencia material, sino que más bien impidió el ejercicio de una verdadera facultad de la defensa técnica, otorgada por imperativo legal. La interpretación anterior ha sido reflejada en vuestra Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, según el precedente infra citado: “Y en cuanto a que el A Quo, dejó de considerar al dictamen pericial del doctor JL EV1 forense del ministerio público, dicha decisión se encuentra amparada en lo que establece la normativa procesal penal en cuanto a la forma en que deben de practicarse las pericias una vez judicializadas las causas, que deben hacerse con conocimiento de las partes”[4]Por tanto, se patenta que se la actividad procesal denunciada violenta el debido proceso, y en específico priva un ejercicio de defensa reconocido a la defensa técnica del imputado, como es presenciar las pericias. Por tanto, genera una indefensión en relación a la prueba pericial y disminuye una oportunidad de contradicción, que podría surgir de la observación de la pericia. Ello genera el vicio aquí denunciado. AGOTAMIENTO DE RECURSOS PREVIOS: La juramentación irregular del perito, al no haber sido comunicado a ésta defensa, antes ni luego de haberse realizado, impidió conocer de lo ocurrido, hasta el día de apertura de debate en juicio oral y público, en el cual el acusador público presenta como prueba en etapa de incidentes, el dictamen pericial de un perito. Ahí opusimos que no se hubo juramentado a tal, y se nos replicó que sí, sin embargo, pudimos verificar el yerro procesal. En ese mismo momento, interpusimos recurso de nulidad ante el Tribunal Recurrido, en el que expusimos los motivos alegados en el presente segundo motivo de recurso de casación por quebranto de forma. Éste recurso fue declarado sin lugar. Lo anterior consta en el acta de Juicio.” IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que ésta sentencia tenga validez debe de estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe de subordinar su actividad, es pues éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumplen con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas fijadas en la ley. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por el Ministerio Público. Único Motivo. *Norma autorizante citada: Artículo 362.3 del Código Procesal Penal; * Normas procesales que se denuncian infringidas: Artículo 202 y 336 del Código Procesal Penal; *Concepto de la infracción: En la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana critica; * Acciones de saneamiento: Imposibilidad de reclamo previo pues el vicio consta en la sentencia; * Pretensión: Resolver conforme a ley.El censor cita el contenido de los medios probatorios evacuados en juicio y la valoración que de ellos hace el Tribunal a quo; entiende que las declaraciones de descargo han relatado una historia de emigrantes hacia Estados Unidos, misma que pudo ser vivida en tiempos diferentes a la fecha del hecho enjuiciado; describe algunas de las formas de cómo pudieron corroborarse tales declaraciones, las que no se hicieron por parte de la defensa; colige que el Tribunal de Sentencia no debe absolver por duda razonable al acusado F. J.V. ., puesto que las declaraciones de descargo que sustentaron ese estado psicológico carecen de corroboraciones periféricas, en cambio, con la declaración del testigo protegido con clave CH06, quien manifestó con claridad que de las cuatro personas que intervinieron en el hecho solo uno andaba arma de fuego y era “el teletubi” refiriéndose al acusado F.J.V. R., de quien refirió sus características físicas y que además, la declaración fue corroborada con prueba científica, el Tribunal a quo debió derivar su participación en el hecho criminoso, siendo esta la posición apoyada por el voto disidente al plasmar su postura a favor del ente acusador. Por lo anterior, considera el total desapego a lo dispuesto en el artículo 362 del Código Procesal Penal al haber infringido el Tribunal a quo en la valoración probatoria, la regla de la lógica de la sana crítica en su postulado de derivación, pues a pesar de la coherencia entre las declaraciones y el dictamen pericial, el juzgador no ha considerado en su valoración las reglas de la sana crítica faltando al postulado en referencia.De las Reglas de la Sana Crítica. Esta Sala de lo Penal, considera pertinente recordar que el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal).En el apartado de la valoración intelectiva el Juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: Íntima Convicción (propio del sistema de juzgamiento por jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias), y la sana crítica; es éste último, el que debe de observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de Sana Critica la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las pruebas en que se apoyen. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal). De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09).

Partiendo de la Doctrina Legal sentada por esta Sala de lo Penal, en los fallos de fecha 30 de noviembre del 2001, del Exp 194-2009, de fecha 30 de noviembre del 2011, contenido en el Exp 297-09, de fecha 02 de noviembre del 2011, en el Exp 242-09 y de fecha 30 de noviembre del 2011 que resuelve el caso del Exp 125-2010, componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, sin relación alguna con el caso concreto que se juzga, y que se adquieren a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por éste hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a los fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, siendo el antónimo de éstos, los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del Juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá de analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de un fenómeno. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerara el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos el por qué lo considera así; 2) Las Reglas de la Psicología: Están referidas no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento adquirido respecto del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y,3) Las Reglas de la Lógica: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El principio de identidad: Una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”; ii. El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera; iii. El principio de tercero excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: De este se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando. Exige que el razonamiento deba derivar de elementos auténticos y suficientes para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga .De la Procedencia del Recurso. EL RECURSO ES DE RECIBO. El recurrente considera infringida la regla lógica de derivación al afirmar que el Tribunal a quo debió inexorablemente, después de evacuar los medios probatorios, derivar la participación del señor Francisco Javier Villegas Ramírez en los hechos enjuiciados. En este sentido, esta Sala de lo Penal está de acuerdo con que el Tribunal a quo ha infringido la regla de la lógica de derivación en la valoración probatoria -también ocurre lo mismo con el postulado de coherencia y el principio de contradicción- en tanto en cuanto la declaración del testigo protegido con clave CH06 informó, entre otras cosas, que estando en la aldea La Jutosa, aproximadamente a las ocho de la noche (20:00hrs), se conducía por un callejón y vio a los sujetos que se metieron a la vivienda del señor Samuel e Isabel (los hoy occisos) y como tuvo miedo se escondió porque tenían aspecto de mareros, logró escuchar dos disparos… al llegar a la escena vio que estaban muertos los dos, pudo observar que los sujetos que llegaron al lugar eran conocidos como “teletubi”, “el renco”, “garrobo” y “salivoso”… conoce a los sujetos porque son de la colonia (vecinos), manifestó que el “teletubi” se encontraba en la sala de juicio… que de las cuatro personas solo uno andaba arma de fuego y era “teletubi”… identificó a “teletubi” como F. J. V.. A esta y otra declaración (la del testigo protegido CH05) el Tribunal a quo les dio “credibilidad al resultar congruentes entre sí y además coherentes con el resto de la carga probatoria.” En este punto, esta Sala de lo Penal verifica que el sentenciador en su libre ejercicio de valoración probatoria alcanzó la conclusión de otorgarle credibilidad a pruebas incriminatorias, y con ello consideró como verdadera la participación del acusado F.J. V. en el hecho enjuiciado, la conclusión a la que arribó estaba justificada en razón de llenar la condición de suficiencia para existir a partir de lo informado en las declaraciones testificales y porque las consideró coherentes con el resto de la carga probatoria. Resulta, sin embargo, que el Tribunal a quo también concluyó credibilidad y congruencia sobre las declaraciones de descargo (la del testigo F. J. R. y el acusado F.J.V.), las cuales abstraen del lugar de los hechos al acusado y lo ubican en una aventura transnacional, esta última conclusión carece de suficiencia para que así sea y no de otra manera, en virtud que el a quo tomando en consideración la coherencia de las declaraciones testificales de cargo con “el resto de la carga probatoria”, aquí inclúyase la de descargo, concluyó como verdaderas las declaraciones de los testigos CH06 y CH05 que atribuyen responsabilidad penal al acusado F. J.V. y lo ubican en el tiempo y el espacio cometiendo los hechos objetos de este proceso. Sin duda, el pronunciamiento absolutorio del Tribunal a quo no reviste suficiencia y veracidad para existir, no procede de una valoración probatoria acorde a las reglas de la sana crítica. En importante tomar en consideración que el estado de ánimo del juez (duda) por el cual no alcanza convicción de certidumbre sobre la participación del acusado en los hechos, no puede reposar en pura subjetividad sino que debe derivarse racional y objetivamente de la valoración de las pruebas del proceso, en este sentido, al dar credibilidad a los testigos de cargo, los cuales inculpan al acusado F. J. V., su conclusión de pronunciamiento absolutorio carece de derivación lógica. Por esta razón la Sala de lo Penal concluye que el a quo ha infringido el principio lógico de derivación. Ocurre también lo mismo con la ley lógica de coherencia, la cual manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia, en su valoración negativa, exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. Por su parte, el principio de contradicción exige que las proposiciones “A” es igual que “B” y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba un hecho, una persona o una cosa no pueden ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. Al dar credibilidad a dos proposiciones contradictorias y excluyentes entre sí, el Tribunal a quo incurre nuevamente en un vicio in procedendo, por infringir el postulado de coherencia y el principio de contradicción, véase en el numeral primero del título “Valoración de la Prueba” donde después de valorar descriptivamente las declaraciones de los testigos protegidos CH06 y CH05, el Tribunal a quo intelectivamente alcanzó a concluir credibilidad en sus deposiciones, es decir, cree que sus dichos son verdaderos y consecuentemente da como partícipe del hecho al acusado F. J.V., quien es involucrado diáfanamente por el testigo protegido con clave CH06; por otra parte, el numeral sexto del mismo título, también la mayoría del Tribunal de Sentencia otorga credibilidad a las declaraciones del testigo de descargo F. J. R. R. y el acusado Francisco J. V.R., con ello da como creíble que el acusado se encontraba en una travesía transnacional para ingresar ilegalmente a los Estados Unidos de América. Sin género de duda, las anteriores proposiciones son incompatibles, se niegan recíprocamente al ubicar al acusado en dos lugares distintos en un mismo momento, en consecuencia, la conclusión de absolución del Tribunal de Sentencia no es el resultado de una valoración respetuosa de las reglas de la sana crítica racional.

Por todo lo expuesto, esta Sala de lo Penal estima declarar ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por el Ministerio Público.Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por la apoderada defensora. Primer motivo. * Norma autorizante citada: Artículo 362.1 del Código Procesal Penal;Normas procesales que se denuncian infringidas: No determinado por la censora; Concepto de la infracción: La declaración del hecho probado no es clara y terminante; * Acciones de saneamiento: Imposibilidad de reclamo previo pues el vicio consta en la sentencia;*Pretensión: Declarar ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, anular la sentencia recurrida y devolver las actuaciones al tribunal de origen para la repetición del juicio.En el presente motivo la recurrente considera el quebrantamiento de forma por la falta de claridad y precisión de los hechos probados, ya que no se determina con precisión quién disparó materialmente el arma que causó la muerte de las víctimas, es decir el autor material; el hecho probado carece de precisión para determinar cuál es la acción de Anthony, si detonar el arma de fuego o estar presente mientras otros sujetos lo hicieron. Que la fundamentación de la sentencia conduce a una co-participación en lugar de una participación material directa, y en el caso que el a quo busque fundamentar una co-autoría, el hecho probado debe con precisión determinar qué papel ejecuta A., lo que permitirá discernir si éste aportó una contribución determinante para la consumación del delito o un mero cómplice simple que contribuye con un aporte cuya exclusión hipotética no hubiese impedido el resultado punible. En definitiva, colige que en el presente caso la discriminación resulta imposible, ya que el hecho probado no determina la participación de A.M., y la falta de claridad incide en la subsunción jurídica de la participación del imputado, ya que impide determinar con atino si la participación reviste la calidad de co-autoría o complicidad.De la Declaración de los Hechos Probados. Los hechos probados son el relato histórico respecto a los acontecimientos que están siendo debatidos; es una descripción donde los juzgadores hacen un recuento cronológico, ordenado, claro y terminante de lo que aconteció, el cual es extraído a partir de la valoración de los medios probatorios reproducidos en la audiencia de debate; los hechos probados podrán ser elaborados conforme al estilo de sus redactores, pero siempre deberán de determinar aspectos básicos como tiempo, lugar, identificación de las personas que participan, los hechos objeto de debate y, en su caso, el resultado del acontecimiento; es a partir de los hechos probados que los juzgadores determinan la norma legal aplicable al caso y de allí su imperativa importancia. Por lo anterior, el artículo 338 del Código Procesal Penal manda que los hechos probados deberán estar dispuestos en párrafos separados y numerados, con la consignación expresa y terminante de los hechos que lograron probarse en la audiencia de debate, descrito en forma clara, precisa y coherente, sin utilizar en ellos conceptos que por su exclusivo carácter jurídico puedan predeterminar el fallo que haya de dictarse. Se desprende de la citada norma que los hechos probados deben reunir los siguientes requisitos: 1. Requisitos de Forma: Hechos probados debidamente separados y numerados, de conformidad a la complejidad del relato y la exposición de ideas; y 2. Requisitos de Fondo: a. Precisos: Los hechos probados deben de ser la reproducción del hecho histórico que fue objeto de controversia en la audiencia de debate, por tanto, serán estos los hechos que deben de ser fijados, evitando divagarse sobre hechos distintos que, si bien hayan sido acreditados, no sean de utilidad para definir la existencia o inexistencia de responsabilidad penal; b. Claros: “… la falta de claridad de los hechos probados se da cuando los juzgadores los redactan entre otros casos utilizando términos ambiguos, oscuros, incompletos o confusos que imposibilitan su comprensión” (Ver sentencia de fecha 15 de diciembre de 2010 recaída en el Exp 377-2008 de la Sala de lo Penal), “…supone la confusión, redacción dubitativa e imprecisión de tal forma que por su insuficiencia u oscuridad, no conduzcan al lector a una conclusión precisa del hecho” (Ver sentencia de fecha 28 de octubre de 2010 recaída en el Exp 129-2009); c. Terminantes: “…Los hechos probados se consideran no terminantes cuando se pone de manifiesto alguna indecisión de parte del Tribunal como cuando emplea algunas afirmaciones tales como “posiblemente”, “casi seguro” u otras similares que no impliquen la concreción segura del relato, en ese sentido…” (Ver sentencia de fecha 13 de abril del 2011 recaída en el Exp 250-2009); d. La no utilización de conceptos que predeterminen el fallo: Los hechos probados son el resultado de la valoración intelectiva de la actividad probatoria, son pues las conclusiones de ésta, relatados de manera lógica, cronológica y personalizada; en su construcción los juzgadores no deben de hacer recuento de actuaciones investigativas o descripción de medios probatorios, pues estos no son los hechos debatidos, sino los medios que ayudan a llegar a dichos hechos; tampoco los juzgadores deben hacer uso de términos que por ser exclusivamente jurídicos predeterminen el fallo, relevando la obligación de hacer el proceso de subsunción de los hechos en los elementos objetivos y subjetivos que componen el tipo penal que sustenta la acción penal. Siguiendo a Fernández de la Reguera (Fernández de la Reguera, Ángel Llorente, en Cuadernos de Estudios Judiciales “Rafael Alvarado Manzano”, Los Recursos; Litocom S. de R.L. de C.V.; Tegucigalpa, Honduras, abril de 2011. pág. 118), esta Sala de lo Penal señala que se requerirá como requisitos para declarar como faltos de claridad o terminación los hechos probados, los siguientes: 1. Que el contexto de la narración fáctica se aprecie incomprensión de lo que se quiso manifestar debido a: Utilización de frases ininteligibles, omisiones, empleo de juicios dubitativos o por ser los hechos probados la mera descripción del resultado de las pruebas sin el acompañamiento del razonamiento del Tribunal de Sentencia, razonamiento que no debe de entenderse como valoración probatoria, sino como aquellas afirmaciones conclusivas arribadas a partir de la prueba; 2. Que la falencia no permita subsumir los hechos en el ámbito situacional de la norma penal sustantiva que se ha aplicado, impidiendo determinar si los hechos son o no constitutivos de delito, determinar la clara participación de los acusados en dichos hechos o si concurren circunstancias que excluyen la conducta, causas de atipicidad, causas de justificación, causas de inculpabilidad, causas de inimputabilidad o causas absolutorias de la pena, ello cuando se trate de sentencias absolutorias basadas en alguna de ellas; 3. Que esa falta de entendimiento o incomprensión provoque un vacío o laguna en el relato histórico de los hechos; y Que el censor en el planteamiento del motivo, identifique con acierto la sección de los hechos probados que estima como faltos de claridad o terminación. De la Procedencia del Recurso. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Esta Sala de lo Penal sostiene que es un requisito imprescindible de las sentencias penales la existencia de un relato de hechos probados que permita su comprensión no solo por el justiciable al que afectan directamente, sino también por el tribunal que conoce la sentencia en vía de recurso y, además, por la sociedad en su conjunto, en cuanto pueda tener interés en una resolución pública. En el caso concreto, conviene dar respuesta al recurrente en el sentido que las meras omisiones de datos fácticos en el hecho probado no conllevan una falta de claridad, en tanto que su relación sintáctica permita subsumir los hechos en el ámbito situacional de la norma penal sustantiva que se ha aplicado y permita determinar la forma de participación de los acusados en dichos hechos. La recurrente arguye la imposibilidad de determinar quién disparó materialmente el arma que causó la muerte de las víctimas, es decir el autor material y que la dicción “portando armas de fuego dispararon” no indica si tal acción se predica sobre “Anthony” u “otros sujetos”. Esta Sala de lo Penal al haber dado lectura al hecho probado que contiene la sentencia impugnada, concluye que el mismo es claro o terminante, a razón de describir que los señores M. I.R. y de S. M. A. fueron sorprendidos en su casa de habitación por el acusado A. W. M. R. y otros sujetos desconocidos, quienes, portando armas de fuego, dispararon en contra de la humanidad de los primeros. El hecho probado describe que el acusado junto a otros sujetos dispararon en contra de los hoy occisos, es decir, se incluye al acusado A. W. M. R. como una de las personas que ejecutaron materialmente el hecho lesivo. Contrario indica la censora, la dicción del Tribunal de Sentencia permite subsumir la conducta del acusado en el ámbito situacional del tipo penal escogido, así como su participación a título de autor. El hecho probado no produce oscuridad alguna para la comprensión de lo narrado en la sentencia, cosa distinta es que la recurrente pretenda ensanchar el fáctum con elementos descriptivos que considere esenciales por repercutir en el fallo. En conclusión, el hecho probado que sustenta la sentencia venida en casación obedece a los requisitos mínimos exigidos por la legislación procesal penal, al ser expresados en forma conclusiva, inequívoca y categórica.Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por la apoderada defensora. Segundo motivo. * Norma autorizante citada: Artículo 362.3 del Código Procesal Penal; * Normas procesales que se denuncian infringidas: No determinado por la censora; * Concepto de la infracción: Infracción a las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba; * Acciones de saneamiento: Imposibilidad de reclamo previo pues el vicio consta en la sentencia; * Pretensión: Declarar ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, anular la sentencia recurrida y devolver las actuaciones al tribunal de origen para la repetición del juicio. La defensa privada fustiga la valoración probatoria de la sentencia venida en casación al considerar que se infringieron en ella las reglas de la sana crítica, en concreto, el principio de contradicción. Explica que la valoración probatoria de los testigos protegidos con clave CH06 y CH05 contradice directamente lo expuesto por el acusado Francisco Javier Villegas Ramírez, ya que mientras aquellos cercioran que éste estaba presente en la escena del hecho punible, el acusado dijo haber estado en otro país cuando ocurrieron los delitos objeto de juicio. A ambos el tribunal de sentencia les da credibilidad.De la Procedencia del Recurso. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Esta Sala de lo Penal ha hecho un examen del proceso de valoración probatoria seguido por el a quo y ha determinado, como se explica en la respuesta del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por el Ministerio Público, que en efecto el Tribunal de Sentencia ha infringido las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba que sustentó el fallo absolutorio del acusado F. J. V. R.. Resulta, sin embargo, que se mantuvo la coherencia y la derivación al momento de valorar la prueba de signo acusatorio en contra del señor A. W. M. R.. En este sentido véase el numeral sexto del título “Valoración de la prueba” donde el juzgador en el análisis intelectivo de las declaraciones de las señoras A.M. M. G. y N. E. M. R., concluye que no resultan suficientes para sostener como estrategia de defensa que el acusado A. W. M.se encontraba en otro lugar distinto al de los hechos, al advertirse en las declaraciones el ánimo único de librar de responsabilidad al acusado y también por encontrar contradicciones en sus dichos; concluyen por unanimidad de votos que el imputado en mención es responsable del delito de asesinato en perjuicio de los señores M. I.R. y S. M. A.; en ese mismo orden de ideas, en la valoración probatoria de los testigos de cargo CH06 y CH05 concluyó que han sido claras al manifestar lo que observaron por sus sentidos, señalando por sus alias a los sujetos que vieron en un inicio dirigirse en dirección a la casa de los ofendidos y que luego de los disparos salieron de la vivienda, pudiendo ver que una de las personas que portaba un arma de fuego en sus manos era “el renco” a quien identifican como el ahora acusado A.W. M. R.; encontrando los juzgadores credibilidad en sus dichos por ser congruentes entre sí y coherentes con el resto de la carga probatoria. De lo anterior no se desprende violación al principio lógico de contradicción por parte del Tribunal de Sentencia en relación a la valoración probatoria que sirvió de base para el pronunciamiento condenatorio del acusado A.W.M., sino más bien, en relación al pronunciamiento absolutorio del acusado F. J. V. R.. Las afirmaciones, deducciones y conclusiones en relación al recurrente guardan una adecuada correlación y concordancia entre sí, respetan las reglas de la sana crítica y las mismas resultan no contradictorias por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles. Sumado a lo anterior, esta Sala de lo Penal ha sido del criterio que para que los razonamientos contradictorios en la valoración probatoria causen el efecto de anular la sentencia venida en casación así como del debate que la pronunció, deben versar sobre elementos fundamentales y trascendentales, y no sobre asuntos periféricos o superfluos; en el caso de mérito, como se ha dicho, las contradicciones señaladas ocasionan perjuicio bastante sobre el pronunciamiento del señor F. J.V. R. y en nada sobre el de A.W.M.. Por esta razón, deviene improcedente el motivo denunciado por la recurrente. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por la apoderada defensora. Tercer motivo. * Norma autorizante citada: Artículo 362.5 del Código Procesal Penal; * Normas procesales que se denuncian infringidas: No determinado por la censora; * Concepto de la infracción: La inobservancia de las reglas establecidas en el CPP para la realización del juicio oral y público; * Acciones de saneamiento: interposición de recurso de nulidad en la instancia el cual fue declarado sin lugar; * Pretensión: Declarar ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, anular la sentencia recurrida y devolver las actuaciones al tribunal de origen para la repetición del juicio.La recurrente denuncia la efectiva indefensión de su representado en virtud que se señaló audiencia para juramentación de perito de balística, L.M., para fecha trece de junio de dos mil trece. Sin embargo, no se cumplimentó ya que no acudió el perito ni el acusador público; que de ello levantó acta el secretario del despacho. Sin embargo, el día de apertura del debate se percató de una constancia de fecha siete de mayo de dos mil catorce, a cuatro días del debate, según la cual se juramentó al perito en mención. Que lo anterior se consumó sin convocatoria a las partes ni la asistencia de tales, tampoco se notificó a la defensa de la cumplimentación de la juramentación luego de haberse gestado; que la manera irregular en que se realizó la juramentación impidió el derecho de asistencia a la pericia. Que esa actividad procesal defectuosa generó indefensión. Con ello se ha infringido el artículo 242 del Código Procesal Penal el cual es enfático en señalar el deber de comunicar a las partes el momento de las pericias para efectos de posibilitar su asistencia. Presentó en su momento recurso de nulidad. De la Procedencia del Recurso. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Al término de la lectura y análisis de las actuaciones, esta Sala de lo Penal considera que contrario denuncia la censora si se han observado las reglas del juicio oral y público. Véase lo que establece el artículo 326 del Código Procesal Penal en relación a la evacuación del medio de prueba dictamen pericial: “Una vez identificados, los peritos serán juramentados y advertidos de las consecuencias legales de sus actos si faltan a la verdad. Rendirán sus dictámenes en forma verbal y mientras cumplen sus funciones podrán consultar documentos de cualquier clase. Si el dictamen pericial ha sido rendido por escrito, se leerá durante la audiencia, a efectos de su ratificación y sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo tercero del mismo artículo. Siempre que sea posible, las operaciones periciales se efectuaran en la misma audiencia. Los peritos responderán a las preguntas que formulen las partes, los consultores técnicos y los miembros del tribunal.” En ese sentido, el señor L.F. M. H. fue juramentado como perito oficial el siete de mayo de dos mil catorce, prestó su promesa previa advertencia de las penas de falso testimonio, así se desprende a folio 174 de la primera pieza; consta a folio 192v que en la audiencia pública fue nuevamente juramentado previo a ratificar el peritaje balístico de forma oral; tanto la defensa como el ente acusador realizaron un interrogatorio sobre el contenido del informe, y en fin, se cumplió con las reglas establecidas para la evacuación de este medio de prueba realizando los principios de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción, que son los principios sobre los cuales descansa el juicio. Se ha dicho por parte de esta Sala de lo Penal que para la designación y nombramiento de peritos, de manera complementaria a las directrices que se establecen en el Código Procesal Penal, también se debe considerar el Instructivo para regular la citación de peritos y consultores técnicos ante el juzgado o tribunal, publicado en el diario oficial la gaceta el 27 de noviembre de 2004, el cual establece la diferencia entre peritos oficiales y no oficiales, entendiéndose como oficiales aquellos profesionales que laboren para cualquier institución del Estado, es decir una institución pública. Los peritos oficiales están envestidos desde el momento en que son empleados o funcionarios públicos para efectuar cualquier labor que en el ejercicio de su cargo se les encomiende, bastará su juramento en audiencia para considerarlo válido. Además el alegato del recurrente de que se le causó efectiva indefensión por no habérsele citado para comparecer a las actuaciones propias de la pericia, debió en instancia acreditar un perjuicio material con el nombramiento de dicho perito, que tuviera una causa de recusación en contra de él o que ponga en precario su aptitud o imparcialidad para realizar la pericia y no solo comparecer a la audiencia sin más solo para presenciar la juramentación del perito, sin perjuicio que su alegato se desborda del motivo casacional invocado como autorizante y se aproxima a un recurso de casación por infracción de precepto constitucional. Por lo anterior, deviene no ha lugar el tercer motivo de casación por quebrantamiento de forma. V. DECISIÓN Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo interpuesto por el Ministerio Público. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus tres motivos interpuesto por la apoderada defensora.VI. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y 363 del Código Procesal Penal. FALLA: 1) DECLARA HA LUGAR el Recurso de Casación de Quebrantamiento de Forma, en su único motivo, interpuesto por el abogado G.C., fiscal en representación del Ministerio Público; 2) DECLARA LA NULIDAD PARCIAL DE LA SENTENCIA de fecha veintitrés de junio de dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, y del debate que la pronunció. 3) DECLARA NO HA LUGAR el Recurso de Casación de Quebrantamiento de Forma, en sus tres motivos, interpuesto por la abogada M.I. P.. N., apoderada defensora del señor A. W. M. R.; 4) DECLARA FIRME Y EJECUTABLE el pronunciamiento condenatorio proferido contra el señor A. W. M.R. por dos delitos de asesinato en perjuicio de M. I. R. y S.M. A.. Y MANDA: 1) Que se repita el debate con jueces diferentes a los que participaron en el anulado únicamente en relación a la acusación formulada contra el señor F. J. V. R.; 2) Que, con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a derecho. NOTIFÍQUESE.FIRMAS Y SELLO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. Magistrada Coordinadora. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. Magistrado. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. Magistrado. FIRMA Y SELLO. JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA. Receptor Adscrito. Sala de lo Penal.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho. Certificación de la Sentencia de fecha diez de octubre del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-505-2014.

JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA

RECEPTOR ADSCRITO

SALA DE LO PENAL

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[1] Guzmán Valladares, Marlon Eduardo; Concurso de Personas en el Delito de autoría y participación, Temas de Derecho Penal, Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Penal, Tegucigalpa, Honduras, p. 263

[2] Doctrina Legal de la Corte Suprema de Justicia, conformada por la sentencia numero Cp. 1330-2004, CP 09-08 y CP 296-09.

[3] Director General de la Fiscalía, Rolando Edgardo Argueta, Resolución DGF-116-2014, del Veintiocho de Abril del Dos Mil Catorce.

[4] Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia de fecha 18 de Mayo del 2010, caída en recurso con numero de registro SP 307-2008