Sentencia CP-496-14 — Registro 11462
Resumen
En primera instancia se condena al imputado como autor responsable del delito de portación ilegal de arma prohibida, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."EL RECURSO NO ES DE RECIBO. La recurrente denuncia infringido el precepto constitucional de retroactividad de la ley penal contenido en el artículo 96 de la Constitución de la República. El hecho objeto de juzgamiento reseña que el acusado J. S. I. G., en fecha 15 de octubre de 2011, alrededor de las ocho de la noche (20:00 hrs), en la colonia Policarpo Paz de la ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Central, portaba un arma de fuego de fabricación cacera, cuando fue requerido por la autoridad policial hizo un ademán con dicha arma, por lo que un agente realizó un disparo de advertencia al suelo, el cual rebotó y le impactó en el pie al acusado, por lo que fue subido a la patrulla y trasladado a un centro hospitalario con el fin de que se le diera atención médica. Por este hecho el acusado fue condenado por el delito de portación ilegal de arma prohibida a la pena de ocho años de reclusión y al pago de una multa de cinco mil lempiras (L 5, 000.00). Sucede que, para la fecha del dictado de la sentencia condenatoria, a veintinueve de abril de dos mil catorce, se encontraba en vigencia el decreto legislativo número 183-2013, el cual, inter alia, establece en su artículo 2 lo siguiente: Se concede un plazo de veda para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial, proceda a realizar los trámites correspondientes para su registro, presentando la documentación respectiva con excepción a la factura de venta de la Armería, la cual no será necesaria presentar en dicho tiempo. En el segundo párrafo la norma además señala que las armas consideradas de uso ilegal podrán ser entregadas a la Secretaría de Seguridad sin ninguna responsabilidad producto de su tenencia, debiendo a procederse a su inmediata destrucción. La redacción del artículo anterior no es la más afortunada, en especial al tratar un tema tan importante como lo es la seguridad nacional; así pues el término “veda” no es el correcto, puesto que este refiere a una disposición que prohíbe por un determinado tiempo la realización de un acto que normalmente está permitido, generalmente relacionado con la caza y pesca; más el sentido que quiere darle el legislador es la permisión por cierto tiempo de un acto que normalmente está prohibido, que es en sí todo lo contrario al significado de la palabra, por lo que el término correcto que se debió utilizar es “gracia”. En cualquier caso, en el primer párrafo del artículo 2 se establece la posibilidad de inscripción de armas de fuego sin la necesidad de la presentación de factura de compra, es pues que debe de entenderse que esta norma refiere a aquellas armas que la ley prescribe como permitidas su tenencia y portación previo permiso de autoridad competente, enumeradas en el artículo 7 de la Ley de Control de Armas; como consecuencia, el tipo penal que sanciona la tenencia y portación de armas comerciales y de uso personal de fabricación industrial perdió positividad, siendo éste el artículo 332-B del Código Penal, en cuyo tiempo se daba la oportunidad para que las personas pudiesen hacer el trámite de registro de las armas, no afectando lo relativo a la fabricación, importación, exportación y venta de armas, conductas que siguieron siendo punibles. Explicándolo de otra forma, el legislador, mediante esta norma, le concedió un año a las personas que tienen en su poder armas de fuego de carácter comercial para su registro; durante dicho término el Estado de Honduras no podía exigirle a la persona que fuese encontrada con un arma de fuego que muestre la documentación de registro de la misma, puesto que transcurría un tiempo concedido para realizar dicho trámite y mientras el término llegara a la fecha límite, no podía exigirse y sancionar la falta de dicho registro. Empero lo anterior y es muy importante resaltarlo, adicional al elemento temporal, deben tomarse en cuenta pautas orientativas que conlleven a colegir sin ningún género de dudas, que la persona que portaba un arma de fuego comercial sin autorización durante el tiempo de la “veda”, tenía la intencionalidad de ir a registrarla, o bien, que la persona que tenía en su poder un arma de fuego de uso prohibido tenía la intencionalidad de ir a entregarla a la autoridad competente para su destrucción. El segundo párrafo del artículo 2 refiere a las armas de fuego ilegales o prohibidas descritas en el artículo 8 de la Ley de Armas, cuya tenencia y portación está tipificada como delito en el artículo 332-A del Código Penal. Este párrafo dispone que las personas que tengan en su poder éste tipo de armas deberán de entregarlas a la Secretaría de Seguridad, quedando exentos de responsabilidad alguna por su tenencia, procediendo la autoridad a su destrucción; claramente se deduce que no se trata de armas comerciales o de uso personal, puesto que en primer término respecto a éstas la norma se ha pronunciado en el primer párrafo, en segundo término, porque el párrafo segundo inicia señalando nuevamente el plazo de “veda” de un año, dando a entender que se trata de una nueva disposición; en tercer término, el segundo párrafo dispone su inmediata destrucción, es pues que son armas cuya circulación, tenencia y uso no está permitida en ningún caso (no susceptibles de registro) y que por tanto amerita su destrucción, y en cuarto término, si presumiéramos que el segundo párrafo del artículo 2 trata también de armas comerciales y de uso personal, el legislador estaría haciendo dos regulaciones diferentes sobre un mismo objeto señalando en el primer párrafo que es posible su registro y en el segundo párrafo que es procedente su destrucción; por tanto, bajo una interpretación sistemática de la norma, se concluye que el segundo párrafo del artículo 2 del Decreto 184-2013 trata de las armas de fuego prohibidas señaladas en el artículo 8 de la Ley de Armas. El plazo de un año de “veda” o de gracia que establece el artículo 2, comenzó a correr en fecha 05 de octubre de 2013 y venció el 05 de octubre de 2014, posteriormente fue prorrogado por seis meses según el decreto 63-2014, quedando en suspenso la positividad de las normas que establecen sanciones administrativas contenidas en la Ley de Control de Armas y de los delitos contenidos en los artículos 332-A y 332-B, desde luego tomando en cuenta la casuística que permita colegir la intencionalidad o no de registro y entrega de armas de fuego comercial y de uso prohibido respectivamente. En cuanto a las conductas de almacenar, transportar, poseer y usar referente a las armas de fuego de fabricación comercial y de guerra, respecto al material de guerra o de combate, municiones, explosivos y accesorios prohibidos, a las armas de fabricación casera o artesanal (chimbas) y en cuanto a las conductas de fabricar, importar, exportar y vender armas de fuego comercial y de guerra, su positividad se mantiene intacta. De lo anterior se desprenden dos factores que inciden para que la conducta enjuiciada no tenga subsunción en el decreto legislativo 183-2013, el primero de ellos es que al tratarse de un decreto temporal y no una ley intermedia, como erróneamente señala el recúrrete, para que tenga aplicación debe de estar vigente al momento de la comisión de la conducta reprochada; el decreto temporal deja en suspenso, con la concurrencia de otras condiciones, algunos de los verbos rectores del artículo 332 A y 332 B, pero tiene un plazo taxativo de vigencia y como principio fundamentador que no se aplicara a supuestos ni en momentos distintos de los comprendidos expresamente en ellas. En cambio, la ley intermedia al ser una ley posterior deroga la ley anterior, se da identidad plena en cuanto al hecho regulado y se viene a dar una sucesión de leyes penales. En el caso concreto se pretende la retroactividad de un decreto temporal, lo cual no abarca el principio de retroactividad de la ley penal. El segundo factor consiste en que el acusado portaba un arma de fabricación casera, la cual no puede ser objeto de registro, tampoco se evidencia que la intencionalidad del sujeto pasivo era encaminarse a la autoridad administrativa para entregar el arma con la finalidad de que ésta procediera a su destrucción, al contrario, realizó ademanes con dicha arma con una clara finalidad de intimidar a la autoridad policial, la cual tuvo que hacer uso proporcional de la fuerza para lograr repeler una posible agresión. En definitiva, el decreto 184-2013 autoriza la entrega y/o registro, según el caso, sin responsabilidad penal, pero en ninguna manera permite la simple portación de un arma de fabricación casera (chimba) o deja sin positividad el tipo penal elegido por el a quo. Por todas estas razones, deviene improcedente el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha dos de noviembre del año dos mil dieciocho, que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los dos (2) días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García, en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncia: EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, La sentencia en el expediente S.P.496-2014, conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha veintinueve de abril del año dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, mediante la cual falló: 1) Condenar al señor J. S.I. G., como autor responsable del delito de portación ilegal de arma prohibida en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras a la pena de ocho (8) años de reclusión; 2) Condenar al señor J. S. I. G., al pago de la multa de cinco mil lempiras (L 5, 000.00), la cual deberá ser enterada a la Tesorería General de la República; 3) Condenar al señor J.S. I. G., a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal. Se declaró su responsabilidad civil. 4) Se declara el comiso de un arma de fuego de fabricación casera tipo chimba, la cual consta de su sistema de percusión y cañón desmontable metálico y guardafangos y chasis de madera calibre 12GA, la cual se encuentra en el almacén de evidencias del Ministerio Público, respecto de la cual se ordena su posterior destrucción, la cual correrá a cargo del Juez de Ejecución competente una vez que el fallo adquiera el carácter de firme. 5) Se declara al señor J.S.I. G., responsable civilmente de la compensación e indemnización de daños y perjuicios causados, los que se fijaran en la fase de ejecución de pena. 6) No hubo condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional la abogada G. D. Z., defensora pública del encausado J.S. I. G.. Son partes en única instancia: Los abogados D.L.D. y M. R. A.E., defensores públicos del encausado J. S. I. G., como recurrentes; y, el abogado S. C. A., fiscal del Ministerio Público, como recurrida. II. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA“Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, de acuerdo a los criterios de la sana crítica, este Tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: UNICO: En fecha quince de octubre del año dos mil once, alrededor de las ocho de la noche, en la colonia Policarpo Paz de la ciudad de Comayagüela, M.D.C., el señor J. S.I. G. portaba un arma de fabricación casera, y cuando fue requerido por la autoridad policial, hizo un ademan con dicha arma, por lo que un agente realizo un disparo de advertencia al suelo, el cual reboto y le impactó en el pie al señor J. S., por lo que fue subido a la patrulla y trasladado a un centro hospitalario, a fin de que se diera atención medica.” III. RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS. La recurrente, Abogada G. D. Z., actuando en su condición de defensora pública del señor J. S.I.G., procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional de la manera siguiente: “1. Exposicion Del Motivo De Casacion. Motivo Unico Por violación del artículo 96 en relación al 221 de la Constitución de la República en relación al artículo 2 párrafo segundo del Decreto N. 184-2013 emitido por el poder Legislativo publicado en fecha 5 de octubre del 2013. Precepto Autorizante El motivo enunciado se encuentra establecido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. II. Explicación Del Motivo de Casación Los preceptos constitucionales citados como infringidos textualmente dicen: Artículo 96: “La ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado” Por su parte la norma constitucional citada en relación en su parte conducente dispone “La ley es obligatoria en virtud de su promulgación y después de haber transcurrido (20) veinte días de terminada su publicación en el Diario Oficial la Gaceta...” La Infracción por la cual se ha condenado a mi representando se produjo cuando de los hechos probados se deriva que mi representado fue detenido en posesión de un arma de fabricación casera; sin embargo, del artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 183-20013 de fecha 1 de septiembre de 2013, publicado en el diario oficial la Gaceta el 5 de octubre del mismo año, que se invoca como infringido se desprende que; durante este termino de un año, las personas que tengan en su poder armas consideradas de uso ilegal, pueden hacer entrega de las mismas a la secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, sin ningún tipo de responsabilidad producto de su tenencia. Explicación del Vicio. De ahí pues que resulta claro que al entrar en vigencia el Artículo 2 del Decreto en mención, deja en suspenso la aplicación de la norma contenida en el artículo 332-A, del Código Penal, con fundamento en el principio de retroactividad de la ley regulada en el artículo 96 constitucional, debió aplicarse la norma prescrita en el artículo 2 arriba indicado, por cuanto que esa nueva ley (Decreto 184-2013) es en materia penal y favorece desde luego a mi poderdante.- Sumado a lo anterior, cuando de leyes penales intermedias se trata se reconoce por la mayoría, que en justicia el Juez debe también tomar en cuenta estas leyes de manera que cuando exista una sucesión de dos, tres, o más leyes entre la fecha de comisión y la fecha de la sentencia, debe el juez aplicar aquella de entre esas tres o más leyes le sea más favorable al reo, pues la retroactividad obedece bien a razones humanitarias de política criminal. Desde ese punto de vista se puede sostener que el Estado al dictar una nueva norma ha decidido cambiar el sentido de aquella manera más favorable, lo que da lugar a que los supuestos de hecho realizados con anterioridad se beneficien de esta nueva orientación de la política legislativa y criminal. Así las cosas, resulta manifiesta en la sentencia impetrada la violación a la garantía regulada en el artículo 96 de la Constitución de la República en relación al artículo 221 del mismo, por cuanto que se ha irrespetado por parte del sentenciador los derechos, garantías y formalidades establecidas por la constitución, los pactos internacionales y la Ley Procesal Penal. En tal sentido respecto a la eficacia de la ley intermedia Francisco Muñoz Conde y Mercedes García Aarón en su obra Derecho Penal, Parte General (pág. 144-145) exponen: Se denomina ley intermedia a la que no estaba en vigor en el momento de comisión de los hechos ni lo está en el momento del juicio sino ha tenido vigencia entre uno y otro.- Las dudas que plantea su posible aplicación provienen del hecho de la valoración contenida en dicha ley no era mantenida por el legislador cuando se cometió la conducta, pero tampoco lo es en el momento en que esta se enjuicia. Pese a ello, si la ley intermedia resulta más beneficiosa para el reo, se acepta su aplicación en atención a que este pudo ser juzgado con arreglo a la misma si el juicio se hubiera celebrado bajo su vigencia y si ello no ha ocurrido, no deben aplicársele las consecuencias de la ley .que le perjudica.- En este orden de ideas el caso que nos ocupa mi representado J.S.I. G. es detenido en la comisión de la conducta en fecha quince de octubre del dos mil once.- Sin estar en vigencia e1 decreto 184-2013, es enjuiciado el cuatro de marzo del dos mil trece, sin embargo se le dicta sentencia condenatoria por dicha conducta en veintinueve de abril dos mil catorce estando el citado decreto en plena vigencia.- Los Honorables Magistrados de esta Corte ya se han pronunciado en este tipo de situaciones para lo cual se cita la sentencia dictada bajo el numero 48-2009, en la cual se declaro: “... procede la aplicación del artículo 96 de la Constitución de la República, por lo tanto esta Sala de lo Penal aprecia que si puede aplicarse la norma invocada por el censor a los hechos por los cuales se encontró culpable al encartado y que al no aplicarla el juzgador de instancia infringió por falta de aplicación en tanto la falta de aplicación se da cuando la norma no es seleccionada para resolver el caso, debiendo serlo, independientemente de a qué resultado se haya llegado ya sea porque se ignora su existencia, porque no se le considera vigente o por un equivocado entendimiento de su significación o su alcance... tenemos una ley intermedia que no regía cuando se cometió el hecho, que cobró vigencia durante el juicio y que al momento del fallo ya no estaba vigente, por tanto, la ley más favorable al imputado es la intermedia.” Con el presente motivo de casación pretendo que, al no existir una correcta aplicación de la norma constitucional en relación al decreto legislativo, se someta a control de logicidad de la Honorable Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, a efecto de que declare CON LUGAR el motivo de casación anteriormente expuesto, dictando una sentencia absolutoria para el señor J. S. I. G..” IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse Recurso de Casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al Recurso de Casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior.[1] En general toda norma legal puede enlazarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe de seleccionar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (recursos extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández de la Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”La esencia del Recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Único Motivo. *Precepto Autorizante: 361 del Código Procesal Penal. *Normas que se denuncian infringidas: Artículo 96 de la Constitución de la República. *Concepto de la Infracción: Violación al principio de retroactividad de la ley penal; y, *Pretensión: Declarar Ha Lugar el recurso. El recurrente denuncia la infracción al precepto constitucional de retroactividad de la ley penal contenido en el artículo 96 de la Constitución de la República. Asume que con la vigencia del decreto legislativo 184-2014, al momento de dictarse el fallo condenatorio, debió aplicarse este decreto por ser el más favorable para el acusado y no el artículo 332-A del Código Penal Vigente. Del Principio de Retroactividad de la Ley Penal. La exigencia para que un hecho pueda castigarse como delito es preciso de modo ineludible, que previamente haya sido declarado como tal por una ley, así se refleja en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre del 10 de diciembre de 1948; artículo 11.2: "Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.”. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, esto se le llama el principio de identidadentre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigencia una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el tribunal de justicia deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que ninguna persona debe ser castigada por una conducta que al momento de la comisión era lícita, de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben de ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello. H. señala que "una ley que pretenda ser aplicable a un caso que haya ocurrido antes de que la ley haya entrado en vigor, es un fantasma del Estado Policía (Hassemer, Winfried, Fundamentos del Derecho Penal, Bosh, Casa Editorial S.A., 1984., Pág. 320)", en virtud de que el daño, que se pretende evitar por parte de la comunidad, ya ha sido producido antes de su promulgación, cuando la misma era de carácter lícito y no reprochable. Claus Roxin (Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civitas A.S., España, p. 141) explica los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión, sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible, sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); y 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Tales tipos de retroactividad no son posibles ya que el Estado debe de determinar ante fáctum los hechos que consienta prohibidos, de modo que los ciudadanos tengan confianza en que los límites de su libertad están determinados y que pueden actuar dentro de esos límites establecidos sin que posteriormente puedan ser objetos de algún reproche por los mismos. Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva o innecesaria, lo que debe de ser apreciado no solo en procesos penales pendientes, como el caso que nos ocupa, sino además en los procesos con resoluciones firmes, antes o durante el cumplimiento de las penas. "Una Ley más favorable no es una ley abusiva, por el contrario, significa el reconocimiento de mayores ámbitos de libertad, luego la retroactividad de la ley más favorable no niega el principio de legalidad, si no que más bien lo afirma." (Bustos Ramírez Juan, Manual de Derecho penal, Parte General, Barcelona, Edit. Ariel S.A, 3° Edición, 1989, pg. 82). Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entra en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente, "esta exigencia es inseparable del principio de legalidad penal; si debe existir una ley que defina las conductas delictivas para poder perseguirlas, dicha ley debe estar vigente en el momento en que se cometen los hechos, por eso la ley penal es irretroactiva y no puede aplicarse a hechos anteriores a su entrada en vigor (Muñoz Conde, Francisco. Derecho Penal, parte general, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia España, 1° edición, 1993, pg. 98.)", salvo el caso mencionado, cuando sea más beneficiosa. Ante una nueva regulación penal corresponde al juzgador determinar cuál es la ley que es más favorable al acusado o condenado: la vigente al momento del hecho o la vigente al momento de juzgamiento o ejecución de la pena, dándose tal respuesta a depender de: 1. Si la ley penal vigente al momento de los hechos ha sido derogada por una nueva ley, lo que sin dificultad se concluye que la nueva ley es más beneficiosa por despenalizar lo que la anterior tipificaba como delito; 2. Si la ley penal vigente al momento del hecho contemplaba una pena de la misma naturaleza más grave que la prevista en la ley penal vigente al momento del juzgamiento o ejecución de la pena, entonces se debe de aplicar la ley penal vigente (ley nueva), por ser más beneficiosa; o 3. Si la Ley penal vigente al momento del hecho contemplaba una pena de distinta naturaleza a la prevista en la ley penal vigente al momento de juzgamiento o ejecución de la pena, el órgano jurisdiccional decidirá conforme al caso concreto y en la eventual situación de duda podrá consultar a la persona condenada cuál de las normas le resulta más beneficiosa, pues a la postre el destinatario de las mismas es ella, y el principio lo que busca es su beneficio. Lo anterior nos lleva a otra posibilidad, existirán casos en que la nueva ley contenga aspectos que le beneficie al reo o procesado, pero que a su vez también le perjudique, lo que obliga, como en el caso anterior, a que el juez realice un estudio del caso concreto, a fin de determinar cuál de las normas es la más beneficiosa en su totalidad, es decir, tomando en cuenta tanto los beneficios como los perjuicios de su aplicación, no siendo posible aplicar los aspectos más beneficiosos de la nueva ley sin aplicar los perjudiciales, ya que, como señala Muñoz Conde, "el Tribunal estaría creando una nueva norma (…) y desempeñando con ello funciones legislativas que no le competen." (Muñoz Conde; Francisco; García Arán, Mercedes. Derecho Penal Parte General, 3° Edición. Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 1998, Pág. 159 y 160). En definitiva, el texto del artículo 96 de la Constitución de la República establece que "la ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", lo cual está desarrollado en el artículo 9 del Código Penal, que indica que: “Las leyes penales tienen efecto retroactivo en cuanto favorezcan al procesado, aunque al entrar en vigencia aquella hubiere recaído sentencia firme y el reo estuviere cumpliendo la condena.”. DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO.- EL RECURSO NO ES DE RECIBO. La recurrente denuncia infringido el precepto constitucional de retroactividad de la ley penal contenido en el artículo 96 de la Constitución de la República. El hecho objeto de juzgamiento reseña que el acusado J. S. I. G., en fecha 15 de octubre de 2011, alrededor de las ocho de la noche (20:00 hrs), en la colonia Policarpo Paz de la ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Central, portaba un arma de fuego de fabricación cacera, cuando fue requerido por la autoridad policial hizo un ademán con dicha arma, por lo que un agente realizó un disparo de advertencia al suelo, el cual rebotó y le impactó en el pie al acusado, por lo que fue subido a la patrulla y trasladado a un centro hospitalario con el fin de que se le diera atención médica. Por este hecho el acusado fue condenado por el delito de portación ilegal de arma prohibida a la pena de ocho años de reclusión y al pago de una multa de cinco mil lempiras (L 5, 000.00). Sucede que, para la fecha del dictado de la sentencia condenatoria, a veintinueve de abril de dos mil catorce, se encontraba en vigencia el decreto legislativo número 183-2013, el cual, inter alia, establece en su artículo 2 lo siguiente: Se concede un plazo de veda para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial, proceda a realizar los trámites correspondientes para su registro, presentando la documentación respectiva con excepción a la factura de venta de la Armería, la cual no será necesaria presentar en dicho tiempo. En el segundo párrafo la norma además señala que las armas consideradas de uso ilegal podrán ser entregadas a la Secretaría de Seguridad sin ninguna responsabilidad producto de su tenencia, debiendo a procederse a su inmediata destrucción. La redacción del artículo anterior no es la más afortunada, en especial al tratar un tema tan importante como lo es la seguridad nacional; así pues el término “veda” no es el correcto, puesto que este refiere a una disposición que prohíbe por un determinado tiempo la realización de un acto que normalmente está permitido, generalmente relacionado con la caza y pesca; más el sentido que quiere darle el legislador es la permisión por cierto tiempo de un acto que normalmente está prohibido, que es en sí todo lo contrario al significado de la palabra, por lo que el término correcto que se debió utilizar es “gracia”. En cualquier caso, en el primer párrafo del artículo 2 se establece la posibilidad de inscripción de armas de fuego sin la necesidad de la presentación de factura de compra, es pues que debe de entenderse que esta norma refiere a aquellas armas que la ley prescribe como permitidas su tenencia y portación previo permiso de autoridad competente, enumeradas en el artículo 7 de la Ley de Control de Armas; como consecuencia, el tipo penal que sanciona la tenencia y portación de armas comerciales y de uso personal de fabricación industrial perdió positividad, siendo éste el artículo 332-B del Código Penal, en cuyo tiempo se daba la oportunidad para que las personas pudiesen hacer el trámite de registro de las armas, no afectando lo relativo a la fabricación, importación, exportación y venta de armas, conductas que siguieron siendo punibles. Explicándolo de otra forma, el legislador, mediante esta norma, le concedió un año a las personas que tienen en su poder armas de fuego de carácter comercial para su registro; durante dicho término el Estado de Honduras no podía exigirle a la persona que fuese encontrada con un arma de fuego que muestre la documentación de registro de la misma, puesto que transcurría un tiempo concedido para realizar dicho trámite y mientras el término llegara a la fecha límite, no podía exigirse y sancionar la falta de dicho registro. Empero lo anterior y es muy importante resaltarlo, adicional al elemento temporal, deben tomarse en cuenta pautas orientativas que conlleven a colegir sin ningún género de dudas, que la persona que portaba un arma de fuego comercial sin autorización durante el tiempo de la “veda”, tenía la intencionalidad de ir a registrarla, o bien, que la persona que tenía en su poder un arma de fuego de uso prohibido tenía la intencionalidad de ir a entregarla a la autoridad competente para su destrucción. El segundo párrafo del artículo 2 refiere a las armas de fuego ilegales o prohibidas descritas en el artículo 8 de la Ley de Armas, cuya tenencia y portación está tipificada como delito en el artículo 332-A del Código Penal. Este párrafo dispone que las personas que tengan en su poder éste tipo de armas deberán de entregarlas a la Secretaría de Seguridad, quedando exentos de responsabilidad alguna por su tenencia, procediendo la autoridad a su destrucción; claramente se deduce que no se trata de armas comerciales o de uso personal, puesto que en primer término respecto a éstas la norma se ha pronunciado en el primer párrafo, en segundo término, porque el párrafo segundo inicia señalando nuevamente el plazo de “veda” de un año, dando a entender que se trata de una nueva disposición; en tercer término, el segundo párrafo dispone su inmediata destrucción, es pues que son armas cuya circulación, tenencia y uso no está permitida en ningún caso (no susceptibles de registro) y que por tanto amerita su destrucción, y en cuarto término, si presumiéramos que el segundo párrafo del artículo 2 trata también de armas comerciales y de uso personal, el legislador estaría haciendo dos regulaciones diferentes sobre un mismo objeto señalando en el primer párrafo que es posible su registro y en el segundo párrafo que es procedente su destrucción; por tanto, bajo una interpretación sistemática de la norma, se concluye que el segundo párrafo del artículo 2 del Decreto 184-2013 trata de las armas de fuego prohibidas señaladas en el artículo 8 de la Ley de Armas. El plazo de un año de “veda” o de gracia que establece el artículo 2, comenzó a correr en fecha 05 de octubre de 2013 y venció el 05 de octubre de 2014, posteriormente fue prorrogado por seis meses según el decreto 63-2014, quedando en suspenso la positividad de las normas que establecen sanciones administrativas contenidas en la Ley de Control de Armas y de los delitos contenidos en los artículos 332-A y 332-B, desde luego tomando en cuenta la casuística que permita colegir la intencionalidad o no de registro y entrega de armas de fuego comercial y de uso prohibido respectivamente. En cuanto a las conductas de almacenar, transportar, poseer y usar referente a las armas de fuego de fabricación comercial y de guerra, respecto al material de guerra o de combate, municiones, explosivos y accesorios prohibidos, a las armas de fabricación casera o artesanal (chimbas) y en cuanto a las conductas de fabricar, importar, exportar y vender armas de fuego comercial y de guerra, su positividad se mantiene intacta. De lo anterior se desprenden dos factores que inciden para que la conducta enjuiciada no tenga subsunción en el decreto legislativo 183-2013, el primero de ellos es que al tratarse de un decreto temporal y no una ley intermedia, como erróneamente señala el recúrrete, para que tenga aplicación debe de estar vigente al momento de la comisión de la conducta reprochada; el decreto temporal deja en suspenso, con la concurrencia de otras condiciones, algunos de los verbos rectores del artículo 332 A y 332 B, pero tiene un plazo taxativo de vigencia y como principio fundamentador que no se aplicara a supuestos ni en momentos distintos de los comprendidos expresamente en ellas. En cambio, la ley intermedia al ser una ley posterior deroga la ley anterior, se da identidad plena en cuanto al hecho regulado y se viene a dar una sucesión de leyes penales. En el caso concreto se pretende la retroactividad de un decreto temporal, lo cual no abarca el principio de retroactividad de la ley penal. El segundo factor consiste en que el acusado portaba un arma de fabricación casera, la cual no puede ser objeto de registro, tampoco se evidencia que la intencionalidad del sujeto pasivo era encaminarse a la autoridad administrativa para entregar el arma con la finalidad de que ésta procediera a su destrucción, al contrario, realizó ademanes con dicha arma con una clara finalidad de intimidar a la autoridad policial, la cual tuvo que hacer uso proporcional de la fuerza para lograr repeler una posible agresión. En definitiva, el decreto 184-2013 autoriza la entrega y/o registro, según el caso, sin responsabilidad penal, pero en ninguna manera permite la simple portación de un arma de fabricación casera (chimba) o deja sin positividad el tipo penal elegido por el a quo. Por todas estas razones, deviene improcedente el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. V. DECISIÓN No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo. VI. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y 363 del Código Procesal Penal, FALLA: 1) DECLARA NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo interpuesto por la Abogada G. D. Z., en su condición de defensora pública del señor Jonathan S. I.G.; 2) DECLARA FIRME Y EJECUTABLE la sentencia de fecha veintinueve de abril de dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, que contiene el fallo condenatorio dictado en contra del señor J. S. I. G.. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.FIRMAS Y SELLO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. Magistrada Coordinadora. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. Magistrado. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. Magistrado. FIRMA Y SELLO. JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA. Receptor Adscrito. Sala de lo Penal.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de febrero del año dos mil diecinueve. Certificación de la Sentencia de fecha dos de noviembre del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-496-2014.
JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA
RECEPTOR ADSCRITO
SALA DE LO PENAL
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[1]El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.